Ocurrió hace varias semanas, pero la misa en la Basílica de Luján en la que se recordó el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco resulta ser un ejemplo cabal de lo que pretende reflejar el título de esta columna.

En un sector, los funcionarios oficialistas con la estridente ausencia de la vicepresidenta de la Nación que no asistió para no sentarse junto a ellos. Más allá, los opositores encabezados por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gestos adustos, comentarios por lo bajo, ni un saludo a la distancia, exhibidos sin prurito en un recinto muy caro a los sentimientos religiosos del pueblo argentino en el que coincidieron dirigentes que llegaron hasta allí solo con el objetivo de no dejar que “los otros” se apropien de la figura y el legado del Pontífice.

Aquella escena se ha tornado habitual. Los políticos que no comparten las mismas ideas evitan saludarse, se destratan, se muestran hostiles siempre, agreden con palabras. La enemistad es la marca de la disputa por el poder. Desde hace años, la lógica de trincheras domina la vida pública.

El caso del legado del papa Francisco resulta ilustrativo. Ni siquiera en torno a una figura global que ha construido su mensaje sobre la idea de encuentro es posible alcanzar un consenso básico. Cada facción lo recorta, lo interpreta, lo utiliza según su conveniencia. La figura se fragmenta, se vuelve campo de disputa. Ni siquiera aquí es posible acordar un mínimo común. La consecuencia es que la fractura política adquiere una dimensión cultural profunda.

Es la grieta en toda su dimensión. Un fenómeno que se verifica en muchas otras naciones, y se ha exacerbado en este tiempo. Caracterizado de la siguiente manera por la periodista y escritora estadounidense Anne Applebaum en su libro El ocaso de la democracia: “El irritante y disonante sonido de la política moderna; la ira que rezuman los informativos de televisión; el increíble ritmo de las redes sociales; los titulares que se contradicen entre sí cuando pasamos de uno a otro; la contrastante torpeza y lentitud de la burocracia y los tribunales: todo eso ha desconcertado a aquella parte de la población. La propia democracia siempre ha sido ruidosa y estridente en sí misma, pero cuando se siguen sus reglas, a la larga acaba creando consenso. No ocurre así con el debate moderno, que en algunas personas inspira, por el contrario, el deseo de silenciar al resto por la fuerza”.

La polarización cada vez más agresiva viene hoy acompañada de otro fenómeno. Quizás sea menos visible y más silencioso, pero no por ello intrascendente. Mientras la confrontación política se intensifica, varios sectores de la sociedad parecen replegarse hacia su propio “metro cuadrado”. Asoma la indiferencia como producto de la desconfianza en lo público a raíz de las promesas incumplidas y las frustraciones reiteradas.

La enemistad política se potencia con la indiferencia pública. Los vínculos entre la dirigencia están rotos por la grieta. Los sociales se debilitan con el alejamiento y la distancia que la ciudadanía toma por los asuntos que deberían interesarle.

De este modo, a la agresión permanente y la acción política destinada a destruir los puentes con quienes piensan distinto se le suma la destrucción de lazos culturales que, en otro tiempo, fortalecían la cohesión social. El odio visible y la indiferencia silenciosa conviven y se retroalimentan, con consecuencias notorias.

Por caso, la política no tiene capacidad de alcanzar acuerdos mínimos. Esa imprevisibilidad debilita las condiciones de gobernabilidad. Al mismo tiempo, en la sociedad, se profundiza el recelo porque se extiende la idea de que la dirigencia vive de la charlatanería, la mentira y la desinformación. El repliegue daña el tejido comunitario y las crisis de convivencia van de la mano con la falta de empatía y el desinterés.

En los temas centrales de la vida pública no es posible estar juntos. Hastiados de no conseguir los consensos más elementales y de observar cómo los dirigentes siguen fomentando la enemistad, la vida social -que poco tiene que ver con el microclima especial de la minoría que “debate” con similar agresividad en las redes sociales- tampoco halla cómo estar cerca. Entonces, convivir con el conflicto solo agiganta la polarización y la autonomía personal se convierte en indiferencia. 

Bajo aplausos y vítores ingresó al ring de la Cámara de Diputados. “¡Vamos Manuel!”, se le escuchó gritar al presidente en modo barra.  Todo el oficialismo le tributó una bienvenida repleta de algazara, de la que se podía inferir la trascendencia política del combate que se aprestaba a librar.

Manuel Adorni, sentado en el centro del recinto, se dedicó a cumplir con el guion previsto. Leyó durante largas horas, recobró algunos tonos altaneros que había perdido en los escarceos surgidos tras la serie de denuncias en su contra y se volcó con toda decisión a cumplir con el objetivo propuesto: subsistir.

Lo consiguió. No lo noquearon. Pero tampoco logró que le levantaran la mano en señal de triunfo. Sostenido por un ruidoso “rincón”, liderado por el presidente de la Nación quien volvió a desplegar todo su arsenal de improperios y acusaciones, pudo terminar el round de pie, aunque sigue entre las cuerdas.

Como en tantos combates extensos, la pelea se definió más por la resistencia que por los golpes certeros. Hubo momentos de intensidad, cruces ásperos y gestos de confrontación, que no lograron torcer el resultado. El paso de las horas fue consolidando una lógica en la que sobrevivir se volvió más importante que imponerse y en la que el desenlace quedó abierto.

Con los matices propios de un Congreso que no siempre está a la altura de las circunstancias, la institucionalidad no sufrió. Puede afirmarse, entonces, que la estrategia legalista pergeñada por el oficialismo salió airosa.

Más allá de que la frecuencia mensual de presentaciones en el Congreso nunca ha existido ni en este ni en ningún gobierno anterior, se cumplió lo que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional sobre los informes del jefe de Gabinete a las cámaras del Parlamento. Este “partido formal” exhibió escasas alternativas sobresalientes. Los cruces entre Milei y la izquierda extrema atrajeron los focos. Mientras, tomando como eje la cuestión patrimonial del jefe de Gabinete, los legisladores kirchneristas interrumpían con gritos y amagaban con una moción de censura que finalmente no se produjo.

Adorni no perdió el control de su discurso y tampoco dejó frases desafortunadas como en otras ocasiones. Mantuvo un tono firme y, como podía esperarse, hizo una defensa férrea del gobierno. Su estrategia tenía un fin claro: antes que intentar la victoria había que trabajar para no perder. Llegó al final sin mayores desbordes, aplaudido por las gradas libertarias y apuntalado por la falta de eficacia política de una oposición que no logró acorralarlo. Resultó ser, al final, un nuevo episodio de una conocida saga de la política argentina de la que el Congreso es escenario, pero no herramienta.

El jefe de Gabinete dará explicaciones en la Justicia. Así lo reafirmó en el momento en que finalizaba su faena. Logró mantenerse en pie, protegido por el respaldo del poder. Pero dejó intactas las sospechas que lo persiguen desde hace varias semanas.

Es decir, cumplió desde lo institucional. Pero sus deudas se mantienen y no solo tienen como acreedoras a ignotas jubiladas. También la ciudadanía merece respuestas. Mientras las espera, la opinión pública se pregunta si, como tantas otras veces, en las cuestiones más sensibles seguirá “estando de Adorni”.

En el comienzo del escándalo político y de las instancias judiciales que lo tienen como protagonista por supuesto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió a una consulta con la frase “apenas sos un periodista”, intentando subrayar que la prensa no tiene el rol de juez para evaluar sus gastos personales.

Días después, el presidente Javier Milei dejó al descubierto -por lo menos hasta el momento de escribir estas líneas- que la estrategia del gobierno para defender a Adorni pasa por redoblar los ataques a la prensa. Entonces, volvió a apelar a la agresión señalando que el 95% de los periodistas son “delincuentes”. Asimismo, cuando viajó a Israel, insistió en que gran parte de los periodistas juegan para “las fuerzas del mal”.  Insiste en reiterar el repertorio que le sirvió para hacerse conocido en las redes sociales hace algunos años, pero que resulta riesgoso si es utilizado por un presidente.

También se reveló, según una investigación de organizaciones periodísticas internacionales, que algunos medios de comunicación y periodistas alineados con posiciones contrarias al gobierno habrían recibido pagos para difundir información falsa con la intención de erosionar la confianza pública. De acuerdo con ese informe, los fondos estarían relacionados con  organizaciones con posibles vínculos con intereses rusos, con antecedentes de campañas de desinformación detectadas en otros países.

En ese marco y en medio de esas denuncias, la relación conflictiva con la prensa alcanzó un nuevo punto de tensión cuando el gobierno prohibió el ingreso a la Casa Rosada primero a los periodistas de los medios que habrían actuado en esa campaña de desinformación. Y escaló luego, denunciando filmaciones difundidas por un canal de noticias que “podrían afectar la seguridad nacional”, retiró las credenciales de todos los trabajadores de prensa destacados allí, en una decisión que no tiene antecedentes ni siquiera en la última dictadura militar.

Se podrá señalar que la arremetida contra la prensa no figura entre los temas urgentes que afectan la vida de los argentinos. Pero estos episodios, en especial la prohibición, afectan el esencial principio de libre expresión y roen el derecho a la información de una sociedad.

Bajo aquello de que  “no odiamos suficiente a los periodistas” se reflotan acusaciones con agresividad verbal y desdén hacia la función de la prensa.

De todos modos, vale aclarar que la tirria del poder contra el periodismo no es nueva. Solo cambian las épocas, los personajes, los tonos y los modos de deslegitimación. Van desde la censura lisa y llana en tiempos lejanos, pasando por restricciones más sutiles como presión económica e intentos de imposición cotidianos, pero solapados; hasta llegar a “pedidos de cabezas”,  “invitaciones” a salivar las fotografías de los periodistas, proferir insultos de toda laya y exclamar agresivamente generalizaciones incomprobables que terminaron esta semana una decisión prohibitiva que la historia no registra.

Es preciso admitir  la crisis de la comunicación masiva por imperio de factores internos y externos que han irrumpido con fuerza.  Este es el contexto en el que aparecen prácticas que degradan al periodismo. Algunas desplazan la verificación por la operación y la búsqueda de la verdad por intereses ajenos a la tarea informativa. En ese mismo sentido, influyen las posturas que dejan de lado la imprescindible mirada crítica sobre la realidad para adoptar la militancia en  favor de alguna facción.

Pero ni siquiera tomando en consideración estas circunstancias que afectan a la prensa y a los medios en un tiempo de profundas reconfiguraciones éticas, políticas, tecnológicas y discursivas, pueden justificarse ataques indiscriminados. Además, se ignora el aporte valioso que el periodismo hace a la salud republicana cuando revela hechos de corrupción y pone en evidencia a sus protagonistas, casi siempre cercanos al poder.

El próximo 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La efeméride se presentará como una ocasión propicia para reflexionar sobre aquella frase de Adorni. Un concepto que puede dejar de ser un agravio para transformarse en una definición. No para aceptar los intentos de desacreditación generalizados. Tampoco como respuesta a quienes tildan al 95% de los hombres de prensa como delincuentes ni para reclamar a quienes prohíben el trabajo del periodismo en el recinto del poder. Sí como una forma de rescatar el valor social de este oficio frente a los cuestionamientos de los gobernantes de ahora y de todos los tiempos.

Los intentos de deslegitimación, las presiones y los agravios continuarán. Y obligarán a redoblar la mirada hacia adentro del oficio. Porque, como sostiene el periodista sanfrancisqueño Ricardo Trotti, la crisis de la prensa no se resuelve con mejores herramientas tecnológicas sino con estándares éticos más exigentes que se encarnen en las tareas centrales de preguntar, investigar, verificar y relatar con honestidad intelectual.

Ser “apenas un periodista” es nada más que eso. Nada menos que eso.

Por Fernando Quaglia | LVSJ

Fuerte impacto provocó la difusión del índice de precios al consumidor de marzo pasado. El 3,4% registrado fue un cimbronazo para el optimismo gubernamental, aun cuando ya se advertían paraguas abiertos que presagiaban una nueva tormenta. En este contexto, van quedando vacíos aquellos pronósticos de que en agosto la inflación comenzaría con cero.Es un nuevo frente que se suma a los varios temporales que siguen azotando la credibilidad del gobierno libertario, en especial el que se ventila en la Justicia y tiene como protagonista al jefe de Gabinete.

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió días antes que el índice del costo de vida comenzaría con 3. Pero, pese al impacto del dato, fue enfático al señalar que “lo peor ya pasó” y que se vienen meses de crecimiento y recuperación productiva. Algo similar hizo el presidente de la Nación, quien, aun reconociendo que no le gustó el número que difundió el Indec, apeló a la paciencia de los argentinos con la esperanza de que la situación mejore.Las reacciones del titular de Economía y del primer mandatario no se salen del manual que parecen haber estudiado los funcionarios desde hace décadas. Existe una tradición discursiva en la política argentina que pronostica bienestar, pero que una y otra vez termina chocando con la realidad a poco de andar. Ante los tropiezos, el relato insiste con los mensajes esperanzadores y las apelaciones voluntaristas.Las palabras sobre la inflación y la marcha de la economía van y vienen en la política nacional. Las frases se van, pero regresan. Algunas reformuladas, otras con objetivos similares. También están las que se mantienen intactas. Conceptos que exhiben una secuencia recurrente. A las promesas de que los problemas quedarán atrás la realidad se encarga -una y otra vez- de ponerlas en vereda. Pueden cambiar las fórmulas discursivas, pero no la lógica: el presente puede ser difícil, pero el futuro será mejor. Habituada a escuchar promesas de mejoras que pocas veces llegan, la sociedad argentina tiene bien desarrollado su escepticismo. Ha constatado que la credibilidad no se edifica sobre frases bonitas o promesas de cambio, sino con hechos que las respalden.

Al final de la dictadura militar, Lorenzo Sigaut afirmó que “el que apuesta al dólar pierde” en una de las frases que más chocaron con la realidad. Domingo Cavallo pronosticó que con la Convertibilidad vendrían “seis décadas de crecimiento y prosperidad”. De la Rúa, diciendo que es muy lindo dar buenas noticias, auguró que “el 2001 será un gran año”. Durante aquel año dramático, Eduardo Duhalde prometió que los que habían depositado dólares recibirían dólares. En octubre de 2007, Néstor Kirchner aseguraba que “la inflación del Indec es la correcta”, pese a que, en enero de ese año, su secretario de Comercio, Guillermo Moreno, había intervenido el organismo y comenzado a falsear las estadísticas. Cristina decía que el déficit fiscal “no es la causa” del crecimiento de precios, mientras la dinámica inflacionaria mostraba lo contrario.  Kicillof pedía tranquilidad “porque esto está estudiado en profundidad”, mientras los controles de precios se profundizaban. En ese período, hasta hubo un efímero ministro -Hernán Lorenzino- que no pudo responder una pregunta sobre el tema. El “me quiero ir” quedó para la historia. Más acá, todavía se espera el “segundo semestre” de Macri, quien fracasó con sus recetas graduales para terminar con “la borrachera que provoca cierto placer, pero cuando perdura en el tiempo genera una estafa a los que menos tienen", según su propia definición. Después se borraron pronto los senderos de estabilización de Martín Guzmán. Y Sergio Massa, fiel a su ubicuidad, dijo: “Ya tengo bastante con el Ministerio de Economía. Mi obligación para 2023 es bajar la inflación, no pensar en candidaturas". Por supuesto, fue candidato. Y los precios siguieron escalando.Los estudiosos de la comunicación política dirán que el discurso optimista ordena expectativas en contextos de fragilidad. Abundarán en análisis sobre la construcción de narrativas que sean capaces de sostener políticamente las acciones de un gobierno. Afirmarán que se trata de una herramienta útil para capear temporales. El problema aparece cuando la estrategia se hace rutinaria y la realidad no acompaña el relato. Cuando el anuncio de que “lo peor ya pasó” deja de ser un diagnóstico para transformarse en una frase hecha.Es verdad que ningún programa económico puede sostenerse si no existe un horizonte de mejora. Pero la confianza nunca brotará cuando la experiencia demuestra que los gobernantes intentan convencer a la ciudadanía de que -como Menem decía- “estamos mal, pero vamos bien”, luego de que transcurrieron decenas de inviernos desde aquel que Alsogaray dijo que había que pasar. En realidad, a nadie le gustó -no solo al presidente- que el índice de inflación de marzo comience con 3. Pero, desde hace años, en la Argentina los números siempre han preocupado. En cambio, las palabras ya no sorprenden.

En declaraciones periodísticas, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el hecho de que funcionarios del gobierno y legisladores hayan accedido a créditos hipotecarios del Banco Nación. Estos préstamos originaron un pedido de investigación impulsado por diputados opositores.  

Las palabras del funcionario resonaron con fuerza: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, dijo. Afirmó que él mismo incentivó el uso de estas líneas: “Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”.

La misma mirada, aunque más “penetrante”, fue exhibida por el presidente de la Nación en una entrevista reciente. Milei minimizó la controversia argumentando que su uso no causó muertes, ni afectó la libertad de las personas. Agregó que los préstamos se tomaron a tasas de mercado, con lo que cerró cualquier posibilidad de debate e ignoró aspectos como la desigualdad en el acceso o la discusión sobre el destino de los fondos públicos.

En verdad, la legalidad de estos créditos estaría fuera de discusión. No obstante, en el plano de la ética pública es donde aquellas explicaciones pierden consistencia. En la Argentina nos hemos acostumbrado a que ciertos sectores o personajes tienen privilegios a la hora de alcanzar algunos beneficios. Saltarse la cola para acceder antes que los demás a determinados privilegios es un hecho de una habitualidad lamentablemente naturalizada.

En este sentido, el caso del vacunatorio VIP durante la pandemia permite entender el propio límite del razonamiento presidencial: allí sí pueden identificarse consecuencias graves, incluso muertes, producto de las decisiones discrecionales de los funcionarios kirchneristas. Pero si ese fuera el único umbral para cuestionar una conducta, quedarían fuera del análisis una serie de prácticas que, sin provocar daños inmediatos ni restringir libertades, afectan principios esenciales de la ética pública y erosionan la ilusión de muchos ciudadanos que apostaron a la llegada de un outsider que venía a “limpiar” los privilegios y abusos de una casta política responsable, sin dudas, de la decadencia nacional.

La distinción entre lo legal (lo permitido por las normas) y lo ético (lo correcto en función de valores como el bien común y la equidad) es un debate clásico de la filosofía política. Por ello, los préstamos que recibieron altos funcionarios bien pueden ser cuestionados desde la ética administrativa y la transparencia que debe reclamarse a las acciones de gobierno.

Aunque el ministro de Economía diga que los préstamos del Nación están disponibles “para todos”, acceder a los montos que se han publicado no es habitual. Los salarios de la administración pública, aun cuando quien lo reciba ocupe una alta función, tampoco permitirían préstamos millonarios. Asimismo, funcionarios del área económica o del oficialismo pueden verse beneficiados por tener información privilegiada, hecho que sí ingresaría en el terreno del derecho. De igual modo, si el acceso a los préstamos es facilitado por la cercanía política o por el otorgamiento de favores, también la cuestión legal juega en el análisis.

Reducir la ética pública a la ausencia de daño visible es confundir legalidad con legitimidad. La historia reciente ofrece ejemplos elocuentes: las designaciones de familiares en cargos estatales antes de su prohibición no produjeron muertes ni restringieron libertades, pero sí lesionaron principios básicos como la igualdad de oportunidades. Las habituales excepciones en los procesos licitatorios que direccionan los recursos a los “amigos del poder” pueden estar revestidas de legalidad si cumplen determinados requisitos, pero los principios de transparencia y competencia, pilares de la ética pública, se debilitan al extremo.

Es decir, la evaluación ética de una decisión gubernamental no debería agotarse en observar si produjo un daño inmediato (según Milei, muertes o pérdida de libertades), sino que puede ser cuestionable si consolida desigualdades o compromete recursos públicos que podrían destinarse hacia otros fines. Por ejemplo, no hay ilegalidad en que una diputada oficialista por Salta destine los pasajes de avión que recibe cada mes para que su hijo pueda estudiar en Buenos Aires. Pero reducir la discusión a que no hay daños graves para otros implica una mirada minimalista de la ética. Además, en una república los recursos del Estado deben orientarse al bien común, no solo a operaciones “correctas”.

En este contexto, el valor de la equidad se ve afectado. El acceso al crédito para el ciudadano promedio es caro, difícil o burocrático y el hecho de que altos miembros del gobierno utilicen el cupo de préstamos de un banco público trastoca el orden de las prioridades que deberían guiar la misión de esa entidad financiera.

En definitiva, lo que está en discusión no es si algo puede hacerse, sino si debe hacerse. En el primer caso, la Justicia dilucidará la cuestión. En el segundo, referido a la ética, las zonas grises abundan.

La petrolera YPF es, desde hace días, protagonista de la realidad nacional. Viene ajustando los precios de los combustibles en un contexto internacional tensionado por la guerra en Medio Oriente, entre otros factores. A eso se suma el fallo de la Justicia de Estados Unidos, que fue recibido con estruendoso alivio por el gobierno nacional.

Lo que en términos judiciales constituye un resultado favorable -al menos en esta instancia- fue rápidamente presentado como un triunfo político y utilizado como proyectil para arrojar a los adversarios. Es decir, se evita el pago de 16 mil millones de dólares (o más según algunas interpretaciones), pero apenas la política toma nota de la auspiciosa novedad, la convierte en un elemento de la batalla ideológica. “Me atribuyo el éxito y humillo al otro”, es frase de cabecera.

Atreverse a señalar que hubo continuidad en la estrategia defensiva en los tribunales de Nueva York resulta difícil de explicar. No es sencillo sostener este argumento en un país donde los líderes políticos están enfrentados y no se dirigen la palabra. Lo que puede denominarse “continuidad” fue más inercia que empuje. No hubo coordinación estratégica entre gobiernos sucesivos. Lo que existió fue la persistencia de una línea defensiva que ningún gobierno reformuló de manera integral, no por acuerdo estratégico sino por falta de alternativas claras y de consensos, lo que impide -en este caso y en muchos otros- alcanzar el estatus de política de Estado.

En ese marco, Milei y Kicillof, los protagonistas de esta saga, usaron el fallo para conseguir oxígeno político. Y no dudaron en convertirlo en herramienta de la batalla ideológica y cultural.

El presidente celebró la decisión del tribunal norteamericano con su tono agresivo habitual. Aprovechó para insistir en descalificar a quienes, embebecidos en su lógica ideológica, tomaron decisiones que sentaron al país en el banquillo. En ese contexto, la sentencia judicial también contribuyó, al menos momentáneamente, a desplazar el impacto de las semanas de zozobra que atraviesa el gobierno por la “confusión” entre lo público y lo privado de su jefe de Gabinete.

Por su parte, el fallo le quitó a Axel Kicillof el mayor peso de su potencial campaña presidencial: enfrentar debates en los que tendría que justificar ante los contribuyentes un gasto tan elevado decidido por él mismo. El gobernador de Buenos Aires entrevió la oportunidad de reivindicarse como el impulsor exitoso de la YPF estatal y utilizó el fallo para escalar su “cruzada” cuyo objetivo es convertirse en el líder del peronismo. Los abucheos que recibió en un acto de egreso de policías de su provincia son signo de está todavía lejana de alcanzar esa condición. Además, en su mochila todavía pesan las críticas de los jueces sobre la violación del estatuto de la empresa y la inseguridad jurídica que sembró.

Así, en ambos casos, la narrativa del triunfo histórico asoma efímera porque funciona en el corto plazo, pero no tiene la consistencia necesaria para sostenerse más allá de la coyuntura. De este modo, la épica con la que la política abordó el éxito en los tribunales neoyorquinos forma parte de una dinámica de calesita en la que predomina la incapacidad estructural de la dirigencia para construir sentido común compartido. Es un movimiento constante sin desplazamiento, en el que la sortija no sale.

En definitiva, la política argentina sigue rodando en círculos. Hasta lo que puede considerarse un triunfo queda atrapado en una lógica de confrontación que impide encontrar nuevos puntos de partida.

“Cuando enseño en Berkeley, en el primer curso de Ciencia Cognitiva, lo primero que hago es darles a los estudiantes un ejercicio. El ejercicio es: no pienses en un elefante. Hagas lo que hagas, no pienses en un elefante”.

Así comienza uno de los capítulos del libro del lingüista norteamericano George Lakoff, titulado precisamente “No pienses en un elefante”, que analiza el discurso y el lenguaje de la política. El autor revela que, después de varios años, “no he encontrado todavía a un estudiante capaz de hacerlo”. Todos piensan en un elefante y activan un marco, un escenario en el que se les aparece el paquidermo.

La conclusión de Lakoff es que “cuando negamos el marco, evocamos el marco”. Recuerda al respecto que cuando se descubrió que Richard Nixon estaba involucrado en el escándalo Watergate, “se dirigió al país por  televisión. Se presentó ante los ciudadanos y dijo: ‘No soy un criminal’. Y todo el mundo pensó que lo era”.

Sobran los ejemplos de personajes públicos -no solo de la política- acorralados por denuncias que apelan al lenguaje defensivo y promueven el conflicto con sus interlocutores para evitar las explicaciones que deben brindar a la opinión pública sobre los hechos que protagonizan. El objetivo es que el contenido del mensaje se diluya en la confrontación.

La última conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acuciado por las denuncias sobre sus viajes en aviones privados y sus supuestas omisiones de bienes en sus declaraciones juradas, mantuvo esa dirección. “No tengo nada que esconder”; “vos no sos juez”;  “no me voy a sentar a que me den clases de ética”, fueron las frases que más resonaron luego de su exposición. Su estrategia discursiva se apoyó en un marco. Pero la repercusión de sus dichos cruzó de vereda. La regla de Lakoff no se cumplió. En la comunicación política, “negar en negativo” no neutraliza ni atenúa las imputaciones. Muchas veces las refuerza.  

Por cierto, las estrategias discursivas pueden variar. Y, sin embargo, producir efectos similares.  “Me acusan de ser responsable de 203 casos de cohechos pasivos, coimas. ¿Dónde, cuándo, cómo, quién las recibió? ¿Yo? ¿De quién? ¿Cuándo, cómo, cuánto? Pero además, ¿dónde está toda esa plata?”; “Si me hubiera robado miles de millones no estaría sentada acá”. Las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en su alegato frente a los jueces que la juzgan en la causa Cuadernos procuraron, además de negar, amplificar los márgenes del debate hasta volver difuso el eje central. Cuestiona la verosimilitud de las acusaciones, pero no las refuta.  

Este modo de defensa, al correrse de los hechos concretos hacia contextos más generales, no esclarece. Por el contrario, la expansión del mensaje hacia otros planos mediante un exceso de lenguaje, el uso de consignas reiteradas y la diseminación de acusaciones hacia otros terrenos no desmiente ni oculta los hechos.  Y termina generando la misma consecuencia: se niega el marco, pero quien recibe el mensaje lo evoca.

Debe admitirse no obstante que, en este tiempo, hay quienes no comprenden o no asumen los efectos de este tipo de lógicas discursivas en la política. Especialmente esto ocurre entre quienes conviven en las “cámaras de eco” de las redes sociales. Sistemas de circuito cerrado en los que sus participantes hablan y se escuchan entre ellos, instalados en la comodidad de un territorio donde no son contradichos y en el que se difunden mensajes para negar -otra vez este verbo- el marco en el que ocurren los hechos.

En octubre de 2022, Javier Milei, desde siempre un activo usuario de estas redes, denunciaba que el gobierno anterior saturaba el relato para ocultar la situación económica. En ese contexto, escribió: “¿Cómo se hace para esconder a un elefante? Se lo rodea de una cantidad enorme de elefantes”. Por estos días, uno de sus principales funcionarios utiliza la misma estrategia. Un recurso discursivo que el kirchnerismo utilizó frecuentemente cuando dominaba la escena y que reaparece ahora en los estrados judiciales. Al menos en este punto, distintos pero parecidos.

Cuando se enfrentan a la imposibilidad de explicar sus acciones, los políticos de todo el mundo intentan disolverlas mediante un exceso de lenguaje, negaciones sistemáticas, elaboración de teorías conspirativas y consignas, entre otros recursos. Son los elefantes que terminan ocultando lo esencial.

En una de sus últimas mediciones, el Termómetro Ciudadano que elabora la consultora Opinaia marca que “el 40% de los encuestados considera que el esfuerzo económico actual no vale la pena”.

Por su parte, el 42% sigue pensando que vale la pena, aunque las mejoras se verán a largo plazo, y solo el 18% sostiene que ya son visibles. En ese marco, el desempleo se afirma como la principal preocupación de los argentinos, según el estudio relevado en marzo de este año.

Las estadísticas del Indec difundidas en la semana ratifican esta percepción social.

Los números sugieren que algo está empezando a cambiar. La caída de puestos de trabajo es un dato que siempre inquieta. Confirma la sensación de que las expectativas están resquebrajándose. Y, al mismo tiempo, abre la puerta a un fenómeno que ha tenido varios capítulos en la historia reciente.

La resonancia pública de casos en los que se investigan posibles maniobras ilícitas en el seno del gobierno deja expuesta la sensación de que la tolerancia frente a la corrupción depende de las percepciones sociales sobre la marcha de la economía. En este caso, se activan preocupaciones sociales que habían quedado en segundo plano desde la asunción de Milei. Un contexto internacional de creciente tensión, una inflación que, aunque contenida respecto de picos anteriores, sigue siendo elevada para los estándares de normalidad que maneja el mundo, el encogimiento de las actividades productivas y la incertidumbre sobre el empleo, entre otros factores, son determinantes para configurar una atmósfera distinta. 

La estabilidad y la promesa de bienestar luego del esfuerzo habían amortiguado tensiones. Pero varias de ellas están comenzando a ubicarse en el centro de la escena.  En este punto, desde Maquiavelo, el realismo político sugiere que al gobernante se le perdona casi todo si garantiza la prosperidad. Aunque la figura pueda parecer de otro tiempo, cuando los índices de confianza en un gobierno comienzan a caer, escándalos como el de $Libra trepan a la tapa de los diarios. Y muchos siguen escalando hasta volverse incontrolables.

Este comportamiento social es un patrón recurrente. Carlos Menem fue reelegido con amplio respaldo mientras la estabilidad de la Convertibilidad contenía los costos de muchos episodios de corrupción. Fernando de la Rúa llegó con una promesa de ética pública que se desmoronó en paralelo al deterioro económico y el escándalo de la Banelco. Durante los años del kirchnerismo, las denuncias de maniobras corruptas coexistieron con altos niveles de apoyo que erosionaron cuando el estancamiento y la inflación se convirtieron en preocupaciones. En el gobierno de Mauricio Macri, la agenda ética perdió gravitación frente a la crisis de 2018. Y la crisis desatada tras la foto de Olivos durante la pandemia mostró cómo un episodio puntual puede demoler una gestión cuando el malestar social ya está en marcha.

Entonces, en el momento en que la ciudadanía vuelve a preguntarse si el esfuerzo tiene sentido, crece el impacto de episodios que golpean al gobierno. Entre ellos, las revelaciones periodísticas del caso $Libra -vinculadas a posibles irregularidades en el manejo de fondos-, las investigaciones sobre la Andis -bajo sospecha por maniobras bajo investigación- y el revuelo generado por los viajes del jefe de Gabinete –“deslices éticos” que hacen crujir relatos que proponen lo contrario-.

Frente a estos sucesos, las respuestas institucionales han sido débiles. Por caso, el flamante ministro de Justicia incluso planteó la posible nulidad de algunas investigaciones. Se trató de una defensa de los funcionarios más cercana al rol de abogado que al del funcionario que debe garantizar el funcionamiento judicial.

Por fortuna para el gobierno, ese proceso convive con la memoria reciente. La reaparición de Cristina Fernández de Kirchner, con su tono confrontativo, su jactancia y su monólogo en el juicio del caso Cuadernos -que solo refuerza la adhesión de su militancia incondicional-, reactivó el recuerdo de experiencias asociadas a la corrupción y el deterioro económico. Esa memoria funciona todavía, aunque no se puede precisar hasta cuándo, como dique de contención.

En este contexto, asoma un tiempo en el que el gobierno tendrá que enfrentar un cambio de escenario. La historia reciente enseña que llega un momento en el que el crédito basado en expectativas ya no alcanza por sí solo. Entonces, la percepción social se desplaza hacia resultados económicos que despejen la incertidumbre y, al mismo tiempo, con un rigor que no se manifiesta en épocas de cierta bonanza o expectativas de cambio, hacia demandas más estrictas de transparencia.

El umbral de la tolerancia parece acercarse. Un punto de inflexión en el que las denuncias, las controversias, las internas y la opacidad dejan de ser hechos aislados para convertirse en síntoma.

El 26 de abril de 1985, el presidente Alfonsín salió al balcón de la Casa Rosada. Ante la multitud reunida en la Plaza de Mayo “para defender la democracia”, pronunció su histórico discurso en el que anunció una "economía de guerra" con el objetivo de enfrentar la crítica situación social y la alta inflación. El mensaje solicitó un esfuerzo compartido de la sociedad para superar una herencia de "Estado devastado" y "economía desangrada”.

Juan Carlos Torre, funcionario de aquel gobierno radical, relató lo que devino luego de ese recordado episodio en su libro “Diario de una temporada en el quinto piso”. Escribió que “buena parte de la gente convocada se marchó descontenta. Los radicales, perplejos, escucharon en silencio a su líder político. La militancia radical regresó a sus comités, con la cabeza gacha, todavía no repuesta del shock. A los radicales no les convenció la intervención del presidente. Fue demasiado sincera, sin anestesia, no estaban preparados”.

Cuatro décadas más tarde, luego de innumerables traspiés económicos, la Argentina eligió a un presidente que describía en su discurso un panorama incluso más grave al que había planteado Alfonsín. Hastiada de fracasos, de corrupción y de experimentos populistas demagógicos,  el voto de la mayoría de la sociedad exhibió la convicción de que era necesario afrontar un período difícil y de privaciones e, incluso, soportar la desmesura verbal, las contradicciones y los tropiezos políticos de novatos gobernantes, para luego recuperar -si alguna vez la tuvo- la percepción social de bienestar.

En las palabras presidenciales pronunciadas durante la semana en Nueva York reapareció aquella palabra clave del mensaje de Alfonsín. Según Milei, “vamos a ganarla”. Nos comunicó que el país estaba en guerra, hecho que, hasta el momento, no se corresponde con la realidad.

No se refirió a la guerra que, en sentido metafórico, suele aplicarse a las vicisitudes económicas a las que estamos acostumbrados.  Tampoco aludió la que tiene como enemigo a la “casta política”. Vale señalar que, en los últimos días, el propio gobierno sufrió heridas -muchas autoinfligidas- en ese frente. Por caso, la incorporación al gabinete de apellidos vinculados a espacios subterráneos del poder o la inclusión de la esposa de un alto funcionario en la comitiva que viajó a Estados Unidos, con el argumento de que el funcionario no podía “deslomarse” trabajando allí sin la presencia de su mujer.

Milei habló de la guerra de verdad, la que tiene como escenario el Medio Oriente. Se deduce que la intención fue reforzar el alineamiento con Estados Unidos e Israel. Pero la Argentina no está en guerra. Tampoco está en condiciones de librar una. Muchos menos de ganarla. Pero es verdad que el país vive, desde hace mucho, duras batallas en materia política y económica, con derrotas que apesadumbraron a la población, condicionaron la vigencia de varias administraciones y el futuro de ésta.

Este gobierno llegó al poder con la promesa de ordenar la economía. Avances hubo y muy concretos. Varios de los indicadores técnicos son elogiados aquí y en otras geografías. En alcanzar estos objetivos consistió la “guerra” de estos años recientes. A diferencia de 1985, la sociedad se preparó para afrontar un proceso que, aunque doloroso, era inevitable.

Sin embargo, la “economía de guerra” reclama hoy victorias en otro ámbito. El que se vincula con la vida cotidiana. Allí se legitima políticamente el esfuerzo social. En este punto, encuestas y publicaciones en la prensa y en las redes señalan que las consecuencias de la retracción económica han vuelto a ocupar un lugar central entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Aunque todavía persiste una disposición social a tolerar el ajuste con la expectativa de un horizonte de mejora, la paciencia no es infinita.

Las batallas culturales o ideológicas son importantes. Por ello, es comprensible que, en ese terreno, se asuman posiciones frente a los conflictos internacionales que hoy tensan al mundo. Pero la verdadera “guerra” que debe ganar la Argentina no se libra en Medio Oriente, ni en las redes sociales, ni en las disputas internas del poder. Tampoco se gana con discursos encendidos desde un atril o con ataques permanentes a adversarios reales o imaginarios.

La guerra por ganar es la de la economía cotidiana. Una guerra doméstica, en la que vastos sectores sociales llegan cada día al campo de batalla portando un arma que, como tantas veces en la historia reciente, va perdiendo poder de fuego: el bolsillo.

En un ensayo político titulado “Post populismo: la nueva ola que sacudirá a Occidente”, el politólogo francés Thibauld Muzergues plantea la aparición de una nueva fase política que surge tras la "disrupción populista" de la década anterior. Lo hace a partir del análisis de la experiencia del gobierno derechista de Giorgia Meloni en Italia.

A partir de los giros pragmáticos de la líder italiana, establece que podría comenzar un período en el que las tendencias políticas de derecha superen las lógicas populistas clásicas y adopten rasgos mixtos entre el liberalismo económico, el conservadurismo político y nuevas formas de gestión que podrían alterar la manera en la que históricamente se han concebido las instituciones democráticas.

La “nueva ola” procuraría superar la dicotomía populistas de “nosotros versus ellos” para regresar a un debate ideológico más tradicional en las que las categorías “derecha – izquierda” volverían a aflorar, aun cuando pudieran aparecer nuevos términos para denominarlas.

En este marco, el autor sostiene que Meloni va camino a convertirse en una líder post populista: en política exterior rompió con la tradición de la derecha radical europea de coquetear con Rusia, apoya la Otan y a Ucrania y se asume europeísta. Además, su gestión, no exenta de sobresaltos, mantiene la estabilidad de los mercados y ha moderado la retórica extremista con la que llegó al poder en la cresta de la ola populista. Esto da paso a que se la observe como una estadista fiable, que, sin embargo, no renuncia a su agenda conservadora. Para Muzergues, el camino de la primera ministra italiana es el que probablemente sigan las derechas que quieran sobrevivir a largo plazo.

A partir de ese análisis, mientras aún resuenan los ecos del estruendoso, por momentos escandaloso, episodio de un presidente vociferando desde un atril en el Congreso de la Nación contra un sector de la oposición que tampoco se quedó atrás en sus airadas manifestaciones y en el momento en el que la humanidad experimenta  otra preocupante experiencia de guerra que exhibe todavía la vigencia de lógicas populistas, podría pensarse que la Argentina todavía navega en el encrespado mar del populismo, aunque con indicios de que podría surgir algo similar a eso denominado post populismo. Es decir, se viviría un tiempo híbrido.

Por un lado, el discurso del Congreso reprodujo con claridad el antagonismo planteado por Ernesto Laclau: la retórica inflamada para marcar la frontera entre “nosotros y ellos”. La teatralización estudiada del presidente para su presentación en el Parlamento encaja de lleno en el populismo clásico.

No obstante, diferencia de las prácticas populistas previas que buscaban alianzas "antihegemónicas", Milei ha declarado un alineamiento incondicional con EE. UU. e Israel. Asimismo, con alteraciones coyunturales y varias contradicciones, el gobierno insiste en ejecutar un programa rígido, en el que aparecen claves ideológicas tradicionales que lo acercan al planteo post populista. La épica del lenguaje populista centrada en la lucha contra “la casta” -destinataria de insultos varios del presidente durante su discurso en el Congreso- convive con el lenguaje técnico de administración sana, promesas (aunque sin precisiones) de nuevas y numerosas reformas y búsqueda de previsibilidad macroeconómica.

Un último dato dispara interrogantes. Se trata del  anuncio sobre  “modificar la arquitectura institucional” que refuerza las dudas acerca de cómo se concibe el funcionamiento de las instituciones democráticas, un flanco que abre caminos potencialmente riesgosos.

En definitiva, mientras el eco del atril sigue resonando, el outsider que llegó para derribar con la motosierra un sistema político decadente utiliza las formas populistas de siempre, aunque muestra indicios de que podría transitar un camino hacia el post populismo.

Algo similar podría ocurrir en el laberinto opositor. Mientras los sectores más radicalizados mantienen lógicas que no logran mover el termómetro electoral, la posibilidad cierta de que el gobierno sea ratificado el año próximo en las urnas comienza a impulsar intentos de reunir facciones cercanas a la tradicional categoría ideológica de la izquierda o centroizquierda, bajo la premisa -al menos declarativa- de no repetir prácticas populistas fracasadas. Siguiendo el razonamiento del autor francés, también allí podría registrarse un viraje hacia el “post”.

Quizás el rasgo dominante de esta etapa sea la hibridez. Esto es, una realidad política en la que el eco del atril muestra al populismo clásico, pero que empezaría a insinuar algo diferente.

Alcanza ribetes insólitos -hasta llega a extremos de ridiculez- la decisión de la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino de suspender la novena fecha del torneo de la Liga Profesional, debido a que los máximos dirigentes de esa entidad fueron citados a declarar ante la Justicia en una causa por una supuesta millonaria evasión fiscal.

La trama del anunciado lockout futbolero revela, una vez más, que el ejercicio del poder está plagado de gestos y decisiones cargados de significación. En este caso, se confirma aquello de que los sistemas de poder construyen su propio relato con la intención de perpetuarse.

Asimismo, las reacciones de los protagonistas cuando se hallan en problemas están escritas en los manuales: negación o minimización, búsqueda de chivos expiatorios, denuncia de persecuciones, aumento del control, cooptación de aliados e intensificación en la toma de decisiones que tienen como objetivo aparentar firmeza o resistencia. A veces, por la tensión existente, bajo la presión y la amenaza de que se derrumbe lo “construido”, algunas de estas estrategias afloran en decisiones de una torpeza manifiesta.  La huelga del fútbol parece ser uno de esos casos.

Si bien no se relacionan directamente con la causa que motivó la citación judicial de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, sus apellidos atraviesan otros asuntos que son materia de investigaciones en los tribunales. En uno de ellos, el sobrevuelo de drones sobre una fastuosa residencia en Pilar, Buenos Aires, cuya propiedad estaría vinculada al tesorero de la AFA , permitió descubrir la existencia de un extravagante helipuerto. En un extremo del sitio donde aterrizaban helicópteros que habrían transportado a encumbrados personajes cercanos a ámbitos de poder (como el judicial) para participar de lujosas celebraciones, aparece el nombre de Servicios Neurus, una firma asociada al opaco entorno de este personaje siempre agresivo en sus apariciones en redes sociales. Quizás sea coincidencia. Tal vez no. Pero esa denominación activa la memoria cultural compartida y remite a un dibujo animado que marcó a generaciones: Hijitus.

El poder caricaturizado

En aquella inolvidable creación de Manuel García Ferré, Neurus es el autoritarismo hecho caricatura. El profesor tiene la obsesión de concentrar el poder. Y, para ello, monopoliza la palabra y reduce a los demás a meros ejecutores. Una frase muy repetida, condensa este modo de actuar: “Uno para ti, otro para ti y cien para mí”. Expresa una concepción del orden basada en la desigualdad, ajena a la justicia o al mérito y apoyada en decisiones que no admiten discrepancia. La legalidad y el sentido común se subordinan a la conveniencia del que manda y ordena.

Para que exista esta manera de ejercer el poder se necesitan personajes como Pucho, cuyas limitaciones -personales o contextuales- reducen su capacidad de respuesta y generan una obediencia que no nace de la racionalidad, sino de la dependencia, y que, a veces, deriva en complicidad.

Así, la semiología -disciplina que, a veces y con alguna razón, es calificada como excesivamente abstracta- encuentra aquí una aplicación concreta. En la AFA, dos Neurus, uno de los cuales incluso estampó ese nombre en un helipuerto, protagonizan un guion en el que el poder se encierra para proteger sus propios intereses, aun a costa de perjudicar al conjunto. Y varios Pucho, dirigentes de ligas o clubes, otorgan callando, replican en sus redes comunicados de apoyo calcados o deben salir a explicar a la afición que no son “corderitos”. Mientras, las tribunas rugen.

El paro del fútbol ya lanzado y los evidentes gestos de obediencia dirigencial que delatan dependencia conforman una trama que excede largamente las peripecias judiciales de Tapia y Toviggino, pues revela cómo el poder se representa a sí mismo y de qué modo su afán de autoprotección comunica, de forma cada vez más explícita, el objetivo de alcanzar impunidad.  

Sin embargo, en la entrañable historieta, por torpeza o falta de malicia, el ayudante del autoritario profesor termina complicándole la vida al soberbio estratega que piensa y ejecuta buscando su propio beneficio. Puede inferirse entonces que hay espacio para la esperanza de que aparezcan algunos Pucho involucrados en el mundo del fútbol que se propongan neutralizar a los Neurus de la AFA.

Varias frases utilizadas en las crónicas periodísticas para explicar situaciones que se producen en las contiendas deportivas están cargadas de significados oportunos para aplicar a la palpitante y convulsa política nacional. Mucho más en una semana agitada, en la que el gobierno volvió a enredarse solo, cometió errores de principiante y dejó la pelota picando en la puerta del arco… De su propio arco.

En este juego de analogías, resulta inevitable evocar aquel entretiempo del Mundial de 1990, cuando, tras haber sufrido un verdadero baile ante Brasil, el entonces director técnico de la selección nacional se limitó a advertirles a sus jugadores que “si se la siguen dando a los de amarillo vamos a perder”. Si bien en la simbología política argentina el amarillo se identifica con lo que queda del PRO, aliado del gobierno, la lógica de aquella frase de Carlos Bilardo, personaje al que públicamente el presidente le expresa admiración, también aplica a lo ocurrido.

El gobierno se vio contra las cuerdas cuando advirtió que el artículo referido a las licencias por enfermedad incluido en el proyecto de reforma laboral había caído muy mal, incluso en muchos de sus propios votantes. El episodio expuso, una vez más, una seguidilla de errores no forzados. Nadie se hizo cargo de la inclusión de ese texto, aprobado a ciegas por senadores que dieron muestras de amateurismo parlamentario, y las explicaciones posteriores del ministro Federico Sturzenegger definitivamente embarraron la cancha. El intento de “arreglarlo” luego vía decreto reglamentario fue percibido como una jugada antirreglamentaria. La intención de cambiar las reglas de juego cuando el partido se estaba jugando evocó de inmediato las argucias de la actual dirigencia de la AFA. Finalmente, algo de cordura apareció y el artículo 44 fue eliminado del proyecto que, no sin sobresaltos, aprobó Diputados y remitió nuevamente al Senado.

Gracias a los desajustes tácticos y estratégicos del gobierno, la CGT, que venía perdiendo todos los rounds, se despabiló. Encontró argumentos, clima y oportunidad para llamar a un paro general. Cuando todo indicaba que estaba por tirar la toalla, la oposición más dura se paró de nuevo en el centro del ring. La votación favorable en Diputados aminoró el fallido que casi provoca el despiste del oficialismo y recordó aquella memorable asistencia de Maradona para que Caniggia definiera el cotejo en el que le daban todas las pelotas a los de amarillo y sellara el pase a la siguiente ronda.

La aprobación de la reforma sin el texto más resistido y la expectativa de su pronta sanción definitiva atenuaron el barquinazo. Pero el partido, claramente, no ha terminado. El cierre de Fate fue un golpe seco, de esos que hacen tambalear incluso al que va ganando. Se da en un contexto económico que empieza a mostrar efectos sociales evidentes. Tanto que hasta el Fondo Monetario Internacional habló de “mitigar los costos de transición”. Es un banderín en alto que advierte sobre la necesidad de encontrar recetas para no caer en “offside” frente a una problemática muy sensible.  

Sin embargo, pese a que la actuación de su equipo tiene aspectos que desconciertan,  Milei sigue conservando un importante nivel de aceptación. La explicación vuelve a estar en la política: no aparecen alternativas sólidas, ni liderazgos que disputen el dominio del juego. Escenas como la de una diputada desconectando micrófonos y lanzando insultos en plena sesión funcionan como muestras del desenchufe de una oposición que no logra conectar en la cancha.

Todo indica que el oficialismo buscará exhibir la sanción definitiva de la reforma laboral como trofeo en la próxima apertura de sesiones del Congreso. En verdad, sería una victoria relevante para un gobierno no peronista. Pero el juego sigue. Y varios funcionarios parecen haberse acostumbrado a meter dentro de su propio arco las pelotas que van afuera. Por eso, frente a lo acontecido en los últimos días y aunque el tablero marque ventaja, prevalece la cautela.

Tras la agitada semana que se vivió, si esto fuera un tuit, el jefe de Gabinete escribiría “fin”. Pero en la política argentina, como en el fútbol, el alargue y los penales siempre traen sorpresas.¿Fin?

La semana que pasó estuvo marcada por el triunfo oficialista en el Senado. Por primera vez desde el retorno democrático, un gobierno no peronista logró avanzar sobre un terreno que había resultado inaccesible para Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. La reacción presidencial no se tiñó de sus habituales estridencias: hubo celebración medida, quizás como resultado de que la media sanción fue posible a fuerza de pragmatismo y una dosis de realismo político.

De todos modos, el gobierno alcanzó una victoria política relevante que rompe con el estigma del fracaso recurrente de los gobiernos no peronistas en materia laboral. Es verdad que debió negociar con estructuras como el sindicalismo y los gobernadores y resignar parte del contenido original del proyecto. No obstante, la media sanción alcanzó para quebrar una inercia histórica. Por primera vez, el statu quo sindical y la resistencia combinada de algunos sectores gremiales y políticos no lograron bloquear por completo una reforma laboral. No se demolió el viejo modelo, pero sí se lo fisuró.

El proyecto que salió del Senado rumbo a Diputados sufrió más de 50 modificaciones respecto del dictamen original. Una victoria de los gremios fue conservar la facultad de cobrar compulsivamente los llamados “aportes solidarios”, con un tope del 2%. Como gesto de equilibrio, se mantuvieron también los aportes obligatorios de las cámaras empresarias, limitados al 0,5%. Asimismo, el gobierno dio marcha atrás en la reducción de la carga patronal destinada a las obras sociales sindicales.

Los gobernadores lograron la eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%. No hubo reforma tributaria y tampoco alivio fiscal para el sector productivo. En ese terreno, el cambio quedó postergado. Asimismo, el Fondo de Asistencia Laboral fue aprobado sin sobresaltos. En materia de servicios esenciales, educación y cuidado de menores deberán garantizar un 50% de prestación durante medidas de fuerza. También, se avanzó en el traspaso del fuero laboral federal a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, aspectos como el régimen de licencias por enfermedad, las vacaciones y los bancos de horas podrían ser factibles de modificaciones, pese a la intención oficial de que en Diputados el proyecto se apruebe tal como llegó del Senado.

Así, resulta evidente que el proyecto aprobado no constituye una solución integral a los problemas del mercado laboral. Pero tampoco lo habría sido una norma más ambiciosa o ideológicamente más “pura”. Son muchos los aspectos de la vida política y económica que deben transformarse en el país, y por eso es un error suponer que una sola ley pueda revertir décadas de decadencia.

Los sindicalistas, beneficiarios directos de una legislación obsoleta, no lograron articular una respuesta contundente. No hubo paro general porque no había adhesión. La CGT marchó, pero se marchó tan pronto como comenzaron los incidentes. Sus líderes mostraron un silencio casi satisfecho. Salvaron la caja, conservaron algo de su poder y evitaron una confrontación frontal. Los gremios combativos quedaron fuera de la discusión real. Y la izquierda extrema volvió a refugiarse en la violencia, las bombas molotov, los piedrazos y su retórica agarrotada. Habría que sugerirle que proyecte alguna reforma en este aspecto porque sus métodos generan amplísimo rechazo.

La modernización laboral, si se convierte en ley, fungirá como una señal del debilitamiento del peronismo y del sindicalismo tradicional. Fragmentación, falta de liderazgo y ausencia de una alternativa creíble explican el desenlace distinto. Para peor, el kirchnerismo sigue ofreciendo las mismas recetas, con la promesa de repetirlas con mayor fervor ideológico.

En su libro “Gracias por llegar tarde”, el prestigioso periodista estadounidense Thomas Friedman advierte que el mundo del trabajo cambió de manera irreversible. Sostiene que pretender sostener estructuras del siglo XX en una economía del siglo XXI conduce a más informalidad, menos empleo registrado y un sistema previsional al borde del colapso, variables verificables en la Argentina de hoy.

Frente a esta realidad, la reforma laboral que ahora tratará la Cámara de Diputados no destruye el viejo modelo, pero tampoco lo eterniza. Quizás no sea la que el oficialismo soñó. Pero es la primera vez que se está a punto de atravesar un muro que durante décadas fue inexpugnable.

En el sitio web oficial de la Casa Blanca de los Estados Unidos se publica diariamente una página titulada “Media Bias” (https://www.whitehouse.gov/mediabias), en la que funcionarios de la presidencia exponen supuestas mentiras o desinformaciones atribuidas a la prensa estadounidense publica. Allí, el pasado viernes se pudo observar el logotipo de CNN, debajo de una frase condenatoria: “Engañoso, sesgado, expuesto”.

Si se sigue recorriendo ese portal, aparece el “Salón de la vergüenza de los delincuentes”, un registro de noticias falsas y engañosas que, según la Casa Blanca,  habrían difudido los medios de comunicación. Luego, invita a desplazarse hacia abajo “para ver la verdad”. Inmediatamente asoma una suerte de tabla de clasificación de una “carrera hacia el abismo” que presuntamente protagonizan los principales medios de comunicación de los Estados Unidos.

En su esfuerzo por mimetizarse con el gobierno de Donald Trump, el presidente Milei, su asesor estrella en las sombras y el jefe de Gabinete anunciaron la creación de una “oficina de respuesta oficial” que tendría como misión patrullar las informaciones difundidas por los medios de comunicación y  “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”. Es decir, replicará lo que hace “Media Bias”.

La decisión de imitar esta arrogante, grotesca y agresiva actividad del gobierno contra el periodismo contra el periodismo en el país que se presenta como paladín de la libertad demuestra que la originalidad no es una cualidad frecuente entre nuestros actuales gobernantes, lo que se extiende también a buena parte de la dirigencia política. Más aún si se recuerda que durante el gobierno de Alberto Fernández se intentó un control similar cuando se lanzó un “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales” (Nodio) o cuando durante el mandato de Cristina Kirchner funcionó la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional.

Con una claridad casi nunca tan nítida, queda expuesta una maniobra oficial para que militantes digitales y voceros del pensamiento gubernamental intenten manejar la agenda pública, etiqueten como falsas informaciones “inoportunas” y cercenen la crítica y los disensos.  Peor aún: están copiando las peores prácticas de los gobiernos kirchneristas contra la libertad de prensa y expresión.

Que el periodismo todavía se esté adaptando al nuevo ecosistema de medios en el que cualquiera puede lanzar informaciones y opiniones sin argumentación lógica, generando una selva mediática que todo confunde y ciénagas en las que la violencia discursiva está de moda, no implica que su función social haya dejado de ser relevante. Por lo menos así lo consideraban muchos dirigentes hoy oficialistas que denunciaban estos atropellos, pero esta vez guardan incómodo silencio.

Episodios de imitación como éste revelan cierta pobreza intelectual de dirigentes obsesionados por dominar -a cualquier precio- las voluntades ciudadanas. Joseph Pulitzer, en tiempos igual de agitados, pero más románticos y no cargados del actual escepticismo, escribió que “el periodismo difunde inteligencia como el sol difunde luz”. No siempre ocurre así. Pero la vigencia de la libertad de prensa, imprescindible para satisfacer el derecho de la ciudadanía a estar informada, interpela cada día a quienes abrazan con rigor y pasión este oficio en tiempos en los que predominan los nubarrones.

“La  confianza (de una sociedad en sus gobernantes) solo es posible en un estado medio entre saber y no saber. Confianza significa: a pesar del no saber en relación con el otro, construir una relación positiva con él. La confianza hace posibles acciones a pesar de la falta de saber. Si lo sé todo de antemano, sobra la confianza. La transparencia es un estado en el que se elimina todo no saber. La exigencia de transparencia se hace oír precisamente cuando ya no hay ninguna confianza”.

El filósofo coreano Byung Chul Han, en su libro “La sociedad de la transparencia”, escribe que confianza y transparencia son caras opuestas de una misma moneda. Cuando se rompe la confianza, asoma la necesidad de la transparencia. Por extensión, cuando los indicadores que marcan la vida de la sociedad no son confiables, el reclamo porque lo sean se torna imperativo y la necesidad de explicaciones cristalinas aparece con nitidez.

La renuncia del economista Marco Lavagna a la titularidad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos abrió el escenario de sensaciones descripto más arriba. Recobró vigor la histórica desconfianza en los guarismos que se difunden sobre la inflación, aumentada a niveles estratosféricos luego del estropicio cometido por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno entre 2007 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas cuando se alteraron de manera escandalosa los números. En la semana han vuelto a escucharse reclamos de transparencia. Algo atenuados por cierto desde quienes intentan minimizar aquella destrucción del prestigio del Indec. En estos casos, según Pablo Mendelevich, se simula “una  equiparación de pecados, por llamarlos de alguna manera, con eventuales debilidades de sus adversarios y así licuar culpas”. El mensaje sería, “vieron, hacen lo mismo que Moreno”, aunque sin cuestionar lo que hizo este singular personaje.

No sorprende, por cierto, que el gobierno de Milei haya vuelto a dejar la pelota en la red al cometer un nuevo error no forzado. La susceptibilidad sobre las mediciones del Indec se había atenuado en los últimos dos años. Más allá de su filiación política, el funcionario renunciante había continuado trabajando luego de la asunción de este gobierno y su figura fue elogiada por las más altas autoridades. Se había transformado en un ejemplo simbólico de la primacía de las instituciones por sobre los intereses partidarios. Tras el portazo, hoy es vilipendiado por las usinas mileístas en las redes sociales. Asumir actitudes similares al kirchnerismo no figuraba entre las promesas de los actuales gobernantes.

Lo cierto es que la salida de Marco Lavagna reavivó la desconfianza en las estadísticas oficiales. El Indec no es hoy el espacio militante y falaz de la época de Moreno ni atraviesa hoy una crisis comparable a la de otros períodos. Sin embargo, la renuncia de su titular -motivada porque el Ejecutivo rechazó el cambio de metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor- generó preocupación en la ciudadanía. Y también en los organismos internacionales, los potenciales inversores y actores económicos que toman decisiones a partir de los datos oficiales.

Al mismo tiempo, el ruido sobre la estratégica económica se intensificó. La desaceleración inflacionaria es uno de los activos políticos más significativos del gobierno. ¿Lo sigue siendo luego de un episodio en el que se refuerza la idea de oportunismo en el manejo de las estadísticas? El carácter retórico del interrogante impide advertir que se ha erosionado la narrativa oficial que había recuperado el prestigio del Indec y, con ello, se debilitó la credibilidad de sus mediciones aun cuando los datos puedan seguir siendo técnicamente correctos.

En ese contexto, reabrir el debate sobre el Indec se transformó en un ruido innecesario. Porque la sensación que se filtra es que el gobierno volvió a subestimar el costo político de determinadas decisiones, confiando en que los números bastan para clausurar cualquier discusión.

Así, otra vez el eje se ha cambiado. Ya no se habla de “cuánto” subieron los precios. Sino “cómo se mide” la inflación. El debilitamiento del mensaje gubernamental es evidente consecuencia del despropósito que significa anunciar un nuevo método y frenar su implementación de modo imprevisto, generando otra crisis innecesaria y con escasos recursos para brindar explicaciones claras.

“La exigencia de transparencia se hace oír precisamente cuando no hay confianza”, dice Chul Han.

El verano político argentino transcurre con episodios que marcan el clima de época. Mientras la rosca se mueve entre sombras, algunas playas bonaerenses, teatros marplatenses y festivales cordobeses son escenario propicio para la aparición de gobernantes con la intención de “bañarse” de aplausos y vítores. Negociaciones arduas para sumar adhesiones a la reforma laboral y un suspenso que mantiene en vilo a los actores de la política nacional.

En este marco, el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso prevé ajustadas expectativas. Todo parece indicar que el Senado aprobará el proyecto de reforma laboral, aunque deberá ceder en algunos aspectos puntuales, especialmente referidos a disposiciones tributarias que son resistidas por varios gobernadores. Llamativo es este aspecto: sobre una ley que reformula o moderniza las condiciones de trabajo de los argentinos se discuten las aún no resueltas cuestiones impositivas y fiscales entre Nación y provincias.

Esta situación, además, expone los límites reales del poder. Y coloca a la ley laboral en el sitial que ocupan las pruebas de gobernabilidad. El debate exigirá la acción de equilibristas políticos que, pragmatismo mediante, asuman con realismo hasta dónde se puede tensar la cuerda ante un respaldo que existe, pero que exhibe condicionamientos.

La negociación encarnada en las giras por el interior del ministro Santilli no constituye un dato sorprendente. Sí lo es la ausencia de un conflicto mayor. Puede ser que el verano haya amainado los reclamos. Sin embargo, ante la inminencia del debate y pese a las amenazas de algunos gremios combativos, la conducción de la CGT solo expresa su oposición de modo verbal. La resistencia históricamente explosiva a los anteriores intentos de reformas laborales aún no se manifiesta. Es muy posible que esta circunstancia exprese la incapacidad de buena parte de la dirigencia política para leer el presente político y sus disrupciones nacionales e internacionales.

Sin haber demostrado todavía que se aprendieron las lecciones de los fracasos legislativos del año pasado, el gobierno confía en que la reforma laboral saldrá del Senado. Es así como Milei mantiene su protagonismo oscilando entre anuncios de racionalidad (tendremos leyes de “países normales”, dijo) y su habitual histrionismo especialmente cuando se encuentra con los militantes más fervorosos. Sus apariciones públicas, sus números musicales en festivales folklóricos cordobeses y el teatro marplatense le sirvieron para captar la existencia de un clima que mantendría las expectativas expresadas en las urnas en septiembre pasado. Es su estilo confrontador y polémico. Pero también una manera de ocupar el espacio que otros han dejado vacante.

El discurso que pronunció Milei en la Cumbre de Davos no hizo ruido como el del año pasado, cuando arremetió sin miramientos contra la cultura “woke”. Sin embargo, los conceptos allí expuestos permiten entender la controversia abierta a partir de la decisión oficial de adjudicar a una empresa extranjera -con una oferta más competitiva- una licitación millonaria para la provisión de caños destinados a un oleoducto en Vaca Muerta. La disputa expresa la mirada tajante que descarta la intervención del Estado para beneficiar a actores locales, en nombre de un “capitalismo justo”. Y, al mismo tiempo, ratifica el intento de producir un quiebre de las prácticas económicas y empresariales del pasado, al exponer a un poderoso grupo industrial de origen nacional como símbolo de discrecionalidad y búsqueda de beneficios.

Tanto es así, que no hesitó en colocarle el apodo de “Dr. Chatarrín” a uno de los empresarios más poderosos del país, quien se quejó porque una empresa de la India obtuvo la referida licitación. De este modo, repuso en la escena nacional la discusión tan añeja como no resuelta, que enfrenta a las posturas aperturistas con las proteccionistas que, por imperio de las disrupciones de Donald Trump, hoy también envuelve al mundo.

Lejos del estilo didascálico de Davos y aun considerando las enormes diferencias entre los auditorios, su discurso en el evento “Derecha Fest” renovó su faceta más ácida y provocadora. “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, sostuvo en clara alusión a las críticas que hizo el líder del grupo Techint. Y afirmó que “siempre existen piedras en el camino”, en referencia directa al apellido Rocca. 

Así, entre ironías, excesos, “Rock del gato”, “Amores salvajes”, viajes a las provincias del ministro del Interior, poroteos en el Senado, reclamos provinciales ante la posible merma de recursos que pueda generar la reforma laboral, incertidumbre de dirigentes opositores y gremiales que no aciertan en su lectura del presente y  el sonoro choque con un peso pesado del empresariado,  transcurre un verano argentino en el que afloran las mismas controversias no saldadas de siempre -coparticipación, importaciones versus producción nacional, por caso. Para no perder la costumbre, el estío nos encuentra -otra vez- hasta los caños.

El Boletín Oficial del primer día hábil de este año llegó con una sorpresa. Un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (el 941/25) estableció modificaciones importantes a la Ley de Inteligencia Nacional. De inmediato se abrió un debate político y jurídico que fue creciendo aun cuando funcionarios, legisladores y magistrados judiciales están hoy más atentos al oleaje del mar que a las vicisitudes políticas e institucionales.

El decreto reforma la estructura y amplía las atribuciones de la Secretaría Inteligencia del Estado (Side).  El nuevo esquema combina disposiciones que buscan actualizar el sistema frente a amenazas contemporáneas con otras que despiertan serias dudas por su posible impacto sobre derechos y garantías constitucionales.

Por cierto, el contexto político es un dato clave para analizar el futuro de este decreto. Luego de las últimas elecciones de medio término, la actual conformación del Parlamento dificulta reunir mayorías en ambas cámaras para rechazar un DNU

Aprovechando la insólita  estructura normativa que volvió casi inexpugnables a los decretos presidenciales -diseñada durante el kirchnerismo-, Milei decidió avanzar. Y es posible que se tome revancha de la derrota que sufrió cuando pretendió asignar millonarios fondos a la Side y el Congreso, por primera vez en la historia, anuló esa decisión “de necesidad y urgencia”.

La historia de los servicios de inteligencia argentinos es controvertida y también poco recordada. Desde la creación de la Cide durante el primer peronismo hasta la Side y sus múltiples reformulaciones, la inteligencia estatal estuvo durante largos períodos asociada al control político interno. Espionaje a personajes públicos de varios ámbitos, superposición de organismos y vínculos con prácticas represivas forman parte de un pasado que no distingue ideologías.

Como recuerda Pablo Mendelevich en La Nación, el problema no es nuevo: la cultura del espionaje político se consolidó mucho antes de la actual administración y nunca fue plenamente desmantelada, ni siquiera cuando se intentó hacerlo por vía legal con la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 en 2001. La paradoja, como señala el periodista, es que sectores del peronismo y otras fuerzas políticas que hoy se presentan como defensores de la República rara vez revisaron su propia responsabilidad en la construcción de un sistema opaco y proclive a excesos.

El DNU reorganiza el sistema de inteligencia nacional y actualiza algunas funciones frente a nuevas amenazas, en especial en materia de ciberinteligencia y protección de infraestructuras críticas ante eventuales ataques tecnológicos. Además, reafirma -al menos en el plano declarativo-, que no se podrá hacer inteligencia o contrainteligencia “sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Sin embargo, junto a estas afirmaciones generales aparecen disposiciones que generan fundada preocupación jurídica e institucional. En primer lugar, el decreto no cumpliría con los requisitos constitucionales para legislar por DNU, ya que no justificaría por sí mismo la urgencia exigida por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Otro punto crítico es la caracterización de todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”, un término ambiguo que provoca confusión.

El aspecto más sensible es la habilitación para detener personas en el marco de actividades de inteligencia sin una intervención judicial. Esta facultad abre la puerta a decisiones arbitrarias y afecta garantías básicas constitucionales. En el mismo sentido, la ampliación de funciones de la Side, combinada con controles debilitados, podría restringir la labor judicial en la investigación de supuestos delitos.

Se espera que, una vez reanudada la actividad parlamentaria, la agenda oficial estará concentrada en la reforma laboral. El gobierno confía en que la actual composición del Congreso le permitirá neutralizar los intentos de rechazo del DNU. Es probable que abunden las denuncias y las proclamas opositoras, pero con escaso margen para avanzar más allá de ese plano.

En este escenario, la Justicia aparece nuevamente como la barrera última para poner límites a una posible vulneración de normas y derechos ciudadanos, en un país donde el espionaje político ha sido, durante décadas, una añeja y censurable costumbre.