Hoy, 2 de abil, la Argentina recuerda a quienes cayeron en la guerra de Malvinas y homenajeó a los que regresaron al continente luego de participar en aquella triste contienda.

Por ello, la evocación de aquellos que derramaron su sangre y también hacia los que lucharon valientemente en Malvinas es hoy una de las efemérides más significativas de nuestro calendario. Además, coincidió este año con la conmemoración del Jueves Santo, que evoca el comienzo de la Pasión de Jesucristo y tiene una significación trascendente para los fieles cristianos.

Sin ingresar en interpretaciones dogmáticas - sean de carácter estrictamente religioso o aquellas que intentan vincular hechos cuyo parangón resulta difícil de establecer-, la coincidencia entre el 2 de abril y el Jueves Santo no requiere una lectura confesional, pero sí invita a la reflexión. Más allá de los credos, existen valores que atraviesan a toda comunidad, como la entrega, el sacrificio, el compromiso con otros y el costo humano de las decisiones del poder.

De este modo, resulta pertinente un cruce de sentidos. Una mirada en la que el recuerdo de los caídos en Malvinas y el heroísmo de tantos otros que durante años permanecieron invisibilizados permite significar aquella experiencia bélica en una dimensión que contribuya a construir una memoria respetuosa, alejada de interpretaciones maniqueas o manipulaciones. Una memoria en la que una comunidad recuerda unida, como la grey cristiana en la Semana Santa.

El recuerdo de aquellos días de 1982 atraviesa también esos mismos valores. Aquellos jóvenes asumieron una responsabilidad extrema en un contexto que los desbordaba. Vivieron condiciones límite que pusieron a prueba su entereza emocional y su resistencia física. Por ello, se impone reconocer el costo profundo que esa experiencia tuvo en sus vidas y en las de sus familias. Detrás de cada uno de sus nombres hay una historia de vida que, durante algunos meses, la guerra interrumpió.

En este marco, también es necesario afirmar que el reclamo por Malvinas debe mantenerse en alto. No hay que dejar que el tiempo pase sin continuar con el reclamo pacífico en todos los foros internacionales, sin reivindicar la soberanía sobre aquellas islas, ni tampoco dejar de lado todos los esfuerzos posibles para integrar definitivamente nuestro territorio. Es una obligación que hace al ser argentino. Y a la que no puede renunciarse.

Al respecto, los periodistas Sergio Suppo y Alejandra Conti escribieron un libro revelador sobre la vida en Malvinas, “el lugar más amado y desconocido para los argentinos”. Finalizaron su escrito afirmando que la cuestión de las islas “merece seguir estando presente en todos los foros diplomáticos. Aun a costa de que la intransigencia y la soberbia de los gobiernos británicos continúen obstaculizando nuestra fundada reivindicación. Quizás la persistencia en esta postura sea la mejor manera de rendir tributo a quienes hoy descansan para siempre en aquellas tierras”.

Se anunció recientemente el inicio de la campaña de vacunación antigripal en la ciudad ante la inminencia de la llegada del tiempo frío, que trae consigo el incremento de enfermedades respiratorias. La estrategia sanitaria busca proteger, en primer término, a los grupos de riesgo. Pero también es un llamado de atención para toda la población, especialmente en tiempos en los que ciertos sectores cuestionan o minimizan el impacto positivo de la vacunación en la situación sanitaria de una población.

Este año existe un antecedente que debe atenderse.  Durante el último invierno del hemisferio norte, el virus de influenza A, particularmente la variante H3N2, también denominado K, provocó un aumento significativo de contagios en Europa y América del Norte. Informes epidemiológicos indican que esta variante posee una capacidad de transmisión aproximadamente un 56% mayor que la observada en temporadas anteriores, lo que favoreció su rápida expansión en más de treinta países.

El resultado fue una temporada gripal más temprana e intensa. En varios países europeos la actividad viral comenzó casi un mes antes de lo habitual y provocó un incremento sustancial de las hospitalizaciones. En distintos sistemas sanitarios del viejo continente, esta situación generó una presión considerable sobre hospitales y servicios de emergencia.

Entre quienes presentan mayor riesgo de padecer cuadros graves se encuentran los adultos mayores, los niños pequeños, las embarazadas, los pacientes inmunodeprimidos y las personas con enfermedades crónicas, además del personal de salud. En estos sectores se concentra la mayor tasa de hospitalización y mortalidad asociada a la gripe, razón por la cual las campañas priorizan su inmunización.

Pero el valor de la vacunación no se limita a la protección individual. Más allá del cumplimiento de un calendario oficial, la vacunación debe ser entendida como una responsabilidad social más amplia, que involucra no solo a los sistemas de salud sino también a la conciencia individual de la población. Cuando una comunidad alcanza niveles adecuados de cobertura, se reduce la circulación del virus y se genera un efecto protector colectivo que beneficia incluso a quienes no pueden vacunarse por razones médicas. Este principio, ampliamente demostrado en la salud pública, es el que ha permitido controlar numerosas enfermedades infecciosas a lo largo de las últimas décadas.

En ese contexto, la vacuna antigripal cumple un papel central. Aunque la inmunización no siempre evita la infección sí reduce la probabilidad de padecer cuadros graves. Por ello, la campaña de vacunación antigripal representa una oportunidad que no debería ser desaprovechada. Porque la prevención sigue siendo el recurso más efectivo frente a enfermedades que, aun cuando muchas veces se subestiman como “simples gripes”, pueden desencadenar complicaciones severas y afectar seriamente a los sectores más vulnerables.

Hace 50 años, la Argentina caía en el abismo. En el reinado de la muerte y el desprecio por el semejante. Una época triste y dolorosa, con heridas aún abiertas que, lamentablemente, no terminan de sanar. Las disputas por el poder ya no se dirimen mediante violencia armada, grupos clandestinos, asesinatos o desapariciones, pero la vocación de encuentro, tan necesaria, no aparece con frecuencia.

Al hacer memoria, no se puede evitar sostener que aquel tiempo fue un momento en el que en el país se consagró la violencia como forma de resolver las diferencias políticas, sociales e ideológicas. Fue la época en la que se instauró una cultura de la muerte y se abrieron las más hondas heridas, muchas de las cuales siguen abiertas. Además, la utilización sesgada de la memoria durante años de democracia contribuyó a que el reencuentro pareciera más una quimera que una posibilidad real.

Hace medio siglo el país vivió un irracional tiempo de violencia política. Primero, con organizaciones guerrilleras que recurrieron a la lucha armada. Luego, mucho más grave, con un Estado que, con el objetivo de combatir a esos grupos, desterró la noción misma del Estado de derecho al implementar prácticas contrarias a la vida y la dignidad humanas. La reciente identificación de las identidades de personas desaparecidas durante la dictadura militar en un sector del centro de detención clandestino de La Perla es un episodio más de esta dolorosa catarata de circunstancias aberrantes.

Fue un tiempo caracterizado por el desprecio hacia las instituciones. Luego de una crisis política y económica muy importante, derivada del desgobierno que sucedió al fallecimiento de Perón, de la continua acción violenta de grupos subversivos y de las virulentas disputas internas de la facción gobernante, las Fuerzas Armadas tomaron por la fuerza el poder y lanzaron un plan de acción fuera de la ley que procuró acallar cualquier voz disidente para disciplinar al cuerpo social. No fue un hecho circunstancial, sino un plan sistemático que pretendía acabar -con deleznables métodos comprobados por la Justicia- con el accionar guerrillero y también con cualquier otra manifestación que no se ajustara a su ideario.

A medio siglo de aquel último golpe de Estado, por momentos el país sigue sumido en discusiones y enfrentamientos. Ya no con las armas, es verdad, pero muy lejos de alcanzar los acuerdos básicos que permitan avizorar un horizonte más fraterno. Frente a este panorama, es necesario elevar la mirada y alentar la idea de que el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia sirva para recrear los valores más sublimes de nuestra cultura y para continuar en la búsqueda de los caminos que permitan reconciliar a la Nación.

No puede haber reconstrucción sin respeto a la vida de todos los argentinos, a su dignidad, a su libertad de pensamiento, a la vigencia de la ley y a la defensa de las instituciones democráticas. Ninguna reconciliación puede lograrse sin apelar a la búsqueda del bien común. Tampoco se alcanza sin verdadera memoria, sin verdad y mucho menos sin justicia.

La información oficial proveniente del municipio señala que la Secretaría de Servicios Públicos llevó adelante varios  operativos de limpieza y erradicación de minibasurales en distintos sectores de la ciudad. Se indicó que, en el período de una semana, agentes municipales debieron intervenir en más de 30 puntos donde se registraba acumulación de residuos.

Por ello, desde las áreas del Estado local relacionadas con esta problemática se reiteró el pedido a los vecinos para que tomen conciencia y eviten arrojar basura en lugares no habilitados, ya que esta práctica genera problemas ambientales y afecta el normal funcionamiento de los servicios.

En este punto, las declaraciones del funcionario encargado de la logística de maquinarias en el municipio brindaron un dato preocupante: habría en la ciudad casi 70 puntos crónicos, entre espacios públicos, sitios baldíos privados y canales de desagües que son utilizados por vecinos desaprensivos para arrojar residuos de todo tipo. Y esto sucede en numerosos barrios de la ciudad, incluso en sectores cercanos a la zona céntrica.

En reiteradas ocasiones se lo ha sostenido desde esta misma columna.  En una ciudad en la que el servicio de recolección de residuos e inertes se cumple de modo regular, no se comprende y, mucho menos, tampoco se  justifica que haya personas que arrojen basura en veredas, baldíos u otros sitios de la ciudad. El atentado contra la salud pública que esta conducta lleva implícita obliga a la acción más enérgica de las autoridades para sancionar a los desaprensivos que continúan ensuciando el lugar que habitan.

El problema es de índole cultural. La mala costumbre de arrojar desperdicios en cualquier sitio se mantiene, pese a las advertencias de la municipalidad y a las medidas que históricamente se han adoptado para evitar esta práctica. Por caso, la hemeroteca de este diario nos recuerda que, en 2011, se habían instalado seis cámaras móviles en distintos puntos estratégicos del ejido urbano donde se habían generado estos sitios de almacenamiento de basura. En aquella ocasión se multó a los infractores. Pero eso no alcanzó para eliminar la inconducta, porque inmediatamente aparecieron otros minibasurales fuera del alcance de aquellos dispositivos.

Resulta redundante insistir en que la acumulación de basura en sitios no adecuados convierte a estos lugares en focos de contaminación que son una amenaza para la salud pública y el medio ambiente. Difícil es comprender cómo algunos vecinos no tomen conciencia de los perjuicios de sus acciones en este sentido. Más aún: que mantengan su mala costumbre pese a los reclamos de las autoridades, las medidas de prevención que se adoptan y la queja de sus propios conciudadanos.  

Es este el contexto en el que el municipio anunció la intención de recuperar algunos sitios donde históricamente existieron estos minibasurales para para transformarlos en espacios de uso comunitario. Este saludable objetivo no puede chocar con la necedad y desidia de quienes que no comprenden el valor de la sana convivencia ciudadana y continúan con arrojando desperdicios y afeando decenas de espacios urbanos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó envuelto en una controversia que generó repercusión política cuando intentó justificar el hecho de que su esposa viajara con él a Nueva York en un vuelo oficial. Argumentó que “se deslomaba trabajando” y quería que ella lo acompañara. Una explicación bastante débil para quien se presenta como paladín de una visión enfocada en la moralidad de los actos de gobierno.

En los medios y las redes se habló más de este suceso que de lo ocurrido en la denominada “Argentina week”, evento que procuraba reunir a los grandes financistas y empresarios de la potencia del norte con el objetivo de lograr inversiones en diversos sectores productivos de la economía nacional. De este modo, el principal motivo del viaje de la comitiva gubernamental quedó en segundo plano frente al revuelo producido por la decisión de Adorni y su controvertida explicación. Asimismo, también un vuelo privado hacia Punta del Este en la semana de carnaval apunta a un manejo poco claro de este funcionario. 

Estas situaciones que involucran al jefe de Gabinete desgastan la credibilidad de su retórica que plantea aspectos similares a una cruzada moral para diferenciarse de las prácticas populistas y también corruptas del kirchnerismo. En estos casos, podría no tratarse de hechos graves de corrupción, pero sí son una falta ética evidente.

El propio Adorni ha sido el vocero de las medidas destinadas a sanear determinadas actividades dentro del Estado relacionadas con la decencia y la sana administración. Por caso, había señalado que los familiares no integrarían comitivas oficiales. Está a la vista que “deslomarse” trabajando en Nueva York no ingresaba en aquellas afirmaciones. De este modo, quedó crudamente expuesto el discurso oficial que prometía austeridad y se diferenciaba respecto de gobiernos anteriores.

El micromundo de las redes sociales está habitado mayoritariamente por militantes que atacan o defienden ardorosamente actitudes de la clase dirigente. Solo pretenden imponer su “verdad”, aunque ésta no se acomode a los hechos. Es la época de la posverdad en toda su dimensión. Un tiempo en el que los aspectos éticos se subordinan al “tener razón”, aunque para ello se deba recurrir a estrategias insólitas para mantener un discurso que se ajuste al criterio propio de superioridad moral.

Otro ejemplo de esta realidad son las críticas del kirchnerismo y de sectores de la izquierda a Lionel Messi por haber participado en un encuentro institucional en la Casa Blanca, donde el presidente de Estados Unidos recibió al equipo campeón de la liga local. En este tipo de cuestionamientos resulta difícil descifrar, la lógica argumentativa sobre todo cuando proviene de espacios políticos que aún no comprenden por qué una parte importante de la ciudadanía decidió retirarles su apoyo.

No es auspicioso comprobar que el actual gobierno cae repetidamente en un terreno similar, marcado por las inconsistencias entre lo prometido y lo efectivamente realizado.  Aunque el episodio de la esposa de Adorni probablemente no defina una elección, erosiona el relato oficial y daña su capital político. Cuando el discurso público se apoya en la superioridad moral y en la promesa de hacer las cosas de otro modo, los gestos adquieren un peso mayor. En la vida pública en general, es necesario sostener los principios declamados con conductas que los respalden. De allí que conserva plena vigencia aquello de que no solo importa ser, sino también parecer.

Apenas ganó las elecciones de 2024, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el rasgo distintivo de su política exterior iba a centrarse en “detener guerras”. En ese tiempo, su vicepresidente, J. D. Vance, publicó una nota de opinión en The Wall Street Journal, titulada , “¿La mejor política exterior de Trump? No iniciar ninguna guerra”. En ese texto se presentaba a la no intervención en asuntos de otros países o regiones como una virtud estratégica. 

La contradicción con lo que actualmente ocurre es evidente: al fracaso en detener la guerra de Ucrania, le siguieron bombardeos en varios países, la intervención en Venezuela y la operación “Furia Épica” que descabezó al tétrico régimen islamista de Irán. A un mensaje que recogía el anhelo de una sociedad hastiada de conflictos, le siguieron acciones que desmintieron aquella promesa antibelicista.

Lo que devino de la acción militar que terminó con la vida del líder iraní Alí Jamenei es una coyuntura de imprevisibles derivaciones, tanto por las diferentes perspectivas del presidente estadounidense y del primer ministro israelí, como por la inestabilidad política que se abrió en el régimen de Teherán. Netanyahu no tiene otro objetivo que terminar con cualquier amenaza de Irán, mientras Trump -como ocurrió en Venezuela- podría conformarse con un Irán debilitado, con escasa capacidad de negociación.

Esta posible diferencia de miradas se enfrenta a varias incógnitas que, pasada una semana, todavía no se despejan. Por caso, no está claro el potencial de resistencia de lo que queda del régimen iraní, ni tampoco qué escenario interno se presenta. En este último punto, los especialistas oscilan entre extremos que van desde la fragmentación racial y territorial hasta una mayor radicalización de la nueva jerarquía, pasando por las brutales alteraciones económicas que surgen de la inestabilidad que afecta a la producción y el comercio de petróleo.

En palabras del prestigioso columnista norteamericano Thomas Friedman, “el régimen enfrenta cuatro grandes disyuntivas: la soledad regional e internacional, ya que apenas cuentan con apoyos reales en el exterior; la fragilidad mostrada ante los sorprendentes ataques de Israel y Estados Unidos; la tensión y el descontento social , que se ha derivado en multitudinarias protestas en los últimos meses; y la sucesión en el poder de Teherán, puesto que con la muerte del ayatolá Alí Jameneí no queda claro qué corriente interna se puede imponer y marcar las prioridades de los iraníes”.

En verdad, la caída del régimen de los ayatolas es lamentada solo por algunos nostálgicos pregones de ideologías extremas y portadores de un antisemitismo inconcebible. Pero se ha abierto una etapa signada por la imprevisibilidad y varios riesgos vinculados más con la política y la geopolítica que con lo estrictamente militar. El desafío pasará por encontrar el modo para evitar que esta guerra termine profundizando la inestabilidad regional y global. Por eso, el mundo está en vilo.

Las principales autoridades de varias de las provincias cuya geografía está marcada por la cercanía a la Cordillera de los Andes han renovado sus reclamos para que la minería se desarrolle en sus territorios. Para ello, algunos gobernadores demandan que se modifique o se reglamente la denominada Ley de Glaciares para que se puedan atraer inversiones y consolidar la actividad minera.

Por ejemplo, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue contundente al respecto luego de una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. “Es necesario concluir con el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares o una nueva ley que vaya al Congreso de la Nación, estableciendo que sean las provincias la autoridad de aplicación para determinar lo que es un glaciar”, expresó, subrayando la necesidad de descentralizar el control ambiental para fomentar el desarrollo económico regional.

Asimismo, el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Iván Grgic, explicó la postura del sector empresarial. Comentó: “No queremos modificar la ley, sino reglamentarla. La provincia necesita herramientas claras para avanzar en el desarrollo minero sin vulnerar la protección ambiental”.

Precisamente, el dilema que se plantea entre la necesidad de que la minería se desarrolle y la preservación del ambiente todavía no ha encontrado el equilibrio necesario. La ley, promulgada hace 15 años, resguarda los glaciares y todo lo que los rodea, prohibiendo la actividad extractiva o la explotación petrolera en esas zonas. El problema es que el concepto “periglaciar” no estaría definido claridad en el texto de la ley. Así, se impide incluso la posibilidad de analizar nuevas zonas que puedan dedicarse a la minería porque figuran en el inventario de “periglaciares” que forma parte de la norma.

Una de las quejas principales es que el texto de la ley sancionada en 2010 tiene contenido más político e ideológico que definiciones científicas. Se afirma que hay artículos cuya ambigüedad es notoria, lo que genera incertidumbre e impide que las provincias puedan avanzar en el desarrollo de una industria que, para esos distritos, es estratégica.

El anuncio de que el gobierno nacional promovería modificaciones a la ley de Glaciares abre nuevamente la expectativa de consolidar oportunidades para las provincias andinas. Por cierto, el desarrollo productivo debe equilibrarse con la protección ambiental. En este punto, los textos que se promuevan deben ser claros y científicamente sólidos para que la ley contemple el desarrollo minero responsable, con los beneficios económicos y sociales que puede tener la actividad para la población de estos distritos y, al mismo tiempo, preserve las gigantescas reservas hídricas de nuestra cordillera.

La minería y la protección del ambiente no son incompatibles cuando se implementan prácticas sostenibles, tecnologías limpias y una gestión ambiental que mitigue los impactos negativos. Para ello, deben estar claras las reglas. Es de esperar que la modificación o la reglamentación de la Ley de Glaciares esclarezca definitivamente la cuestión.

Comienzan las clases. A esta altura del año se impone, en forma recurrente, la reflexión acerca de la educación, de su importancia para la conformación de una sociedad madura y democrática y de su trascendencia en la formación de personas honestas, probas, sensatas y capaces.

La reflexión sobre la educación lleva, en un primer plano, al reconocimiento de que la Argentina ha vivido un grave retroceso en estas últimas décadas, debido a la introducción de ideologías en las aulas, revanchismos, estrategias populistas, intolerancia y experimentos pedagógicos que han generado marchas y contramarchas, cambios curriculares no siempre acertados y modificaciones en el rol central de la escuela en virtud de la influencia de nuevas realidades políticas, sociales, culturales, tecnológicas y económicas, entre otras.

En este marco, un nuevo informe de la ONG Argentinos por la Educación señala que  “21 provincias planifican menos de 190 días de clases y 7 (Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, San Juan, Buenos Aires, Río Negro y Chubut) no cumplen con las 760 horas anuales acordadas por el Consejo Federal de Educación. Esto significa que más de 700.000 alumnos no tendrán el mínimo de horas de clase requerido en 2026. Solo Santiago del Estero, San Luis y Mendoza planificaron un calendario escolar que garantiza 190 días”.

Se afirma asimismo que “el panorama resulta aún más complejo si se tiene en cuenta que no hay información pública sobre los días y horas efectivos de clase. La Argentina aún no tiene un sistema de información nominal que permita hacer ese seguimiento. Distintos estudios muestran una brecha significativa entre la planificación de los calendarios y el tiempo escolar efectivo. Sin datos públicos sobre los días efectivos de clase, es difícil dimensionar la gravedad del problema, que impacta en las oportunidades de aprendizaje de los chicos”.

Uno de los autores del trabajo, Gustavo Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires explicó que en nuestro país “no cumplir con los acuerdos educativos, como en tantos otros temas trascendentales, no tiene consecuencias para los funcionarios de turno. Ni siquiera el contralor nacional se ocupa de su acatamiento, en especial cuando se sabe que los calendarios firmados y publicados distan en mucho de su concreción durante el año”.

El informe referido es una evidencia más de las tantas que pueden citarse para que se despierte la conciencia comunitaria, se asuma el deterioro y vuelva la educación a ser la prioridad que nunca dejó de ser.

De todos modos, el concepto de escuela implica la renovación de la esperanza en el comienzo de un nuevo ciclo lectivo. Porque es la educación el pilar que sostendrá el futuro del país. Su cimiento es el esfuerzo y la dedicación de la mayoría de los docentes argentinos. Ponen el pecho a las contradicciones y el hombro a las adversidades y carencias. También son mayoría las familias que, sin distinción de condición social, entienden que el fortalecimiento del sistema educativo es una condición ineludible para garantizar el porvenir de sus hijos.

Cuando las aulas vuelven a poblarse y la alegría del reencuentro sea el portal hacia nuevas experiencias y conocimientos, es tiempo de que el discurso de gobernantes y dirigentes abra paso a nuevas realidades educativas que respeten los compromisos asumidos, el cumplimiento de las normas y valoren debidamente el rol de maestros y profesores. Todo ello, acompañado de un compromiso social que ponga a la educación en el sitial que corresponde y exprese la vocación por recuperar aquel prestigio educativo que era admirado en el mundo.  

“Todos los pueblos tienen derecho a conocer su pasado”. Trabajamos “desde el año 1996 con el propósito de rescatar, conservar, organizar y exhibir, estudiar y difundir los elementos que hicieron a la vida de nuestros ancestros. Por ello, desde entonces, quienes desean conocer y valorar el ayer para mejorar su formación, cuentan con él como un fuerte aliado a la hora de investigar la historia local y regional”.

El párrafo anterior, extraído del portal oficial de la Fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco esclarece la función trascendente que esta entidad cumple desde hace 30 años. Se ha constituido en una entidad que conserva el pasado y brinda un aporte de especial significación en el que la historia común se recrea para fortalecer los cimientos de la cultura y la educación de nuestra comunidad.

Hace diez años, en esta columna se afirmó que “el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco es el mejor ejemplo de cómo las ideas y los sueños pueden corporizarse si existe amor por el terruño y pasión por su cultura, si el talento es acompañado por el sudor y el tesón, si la claridad en los objetivos es la que delinea el camino. Una trayectoria honrada, perseverante, significativa, plagada de concreciones, repleta de esfuerzos y de entrega desinteresada hacia un fin que hace al Bien Común”.

Transcurrió otra década. El aporte de esta entidad a la vida comunitaria de San Francisco ha crecido de manera considerable. Se ha fortalecido como faro cultural. Ha conseguido el reconocimiento nacional e internacional que proyecta a esta institución señera hacia un futuro venturoso, para alegría de las nuevas generaciones que seguirán teniendo la ocasión de abrevar en sus raíces y comprender los rasgos identitarios de toda esta región del país.

LA VOZ DE SAN JUSTO tiene el orgullo de haber sido el ámbito en el que comenzó a cobrar vida esta institución que hoy cumple 30 años. Liderados por Arturo Bienedell, el gran impulsor y difusor de la historia y la cultura sanfrancisqueñas, un grupo de periodistas y allegados comenzó tímidamente a recolectar fotografías y documentos que sirvieran como testimonio de tiempos pretéritos. Que mostraran cómo vivían nuestros antepasados y que recogieran las más diversas experiencias para luego ponerlas a disposición de todos los habitantes de la ciudad y la región.

Desde aquel comienzo esperanzador a esta tangible exitosa realidad han transcurrido tres décadas de servicio invalorable. Fruto del incansable trabajo de Arturo y su equipo. Y también del aporte de ciudadanos, empresas y entidades que comprendieron la importancia de la misión que unos pocos se impusieron y que muchos otros apoyaron luego. Porque la sociedad de San Francisco, a pesar de todas las vicisitudes y problemas, supo de inmediato que el crecimiento del Archivo Gráfico y Museo Histórico era condición indispensable para garantizar el cuidado y la preservación de su pasado.

Con más de 110 años sirviendo periodísticamente a esta comunidad, LA VOZ DE SAN JUSTO comparte con entusiasmo la alegría de haber acompañado desde el comienzo a una entidad cuya trayectoria es hoy orgullo de la comunidad. Su prestigio es el signo visible del esfuerzo empeñado a partir de aquel mágico momento en el que las fotografías que retratan nuestra historia común comenzaron a poblar el escritorio de Arturo Bienedell en la redacción de este diario. 

Nuestro país obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) elaborado todos los años por la ONG Transparencia Internacional. Este número es un punto menor a la registrada en 2024, por lo que la Argentina retrocedió cinco puestos en el ranking global, ubicándose en el puesto 104 entre 176 naciones.

El retroceso argentino en este índice supone la idea de que la ciudadanía percibe un país más corrupto que hace dos años. Pero también habilita la reflexión acerca de un tema que, en virtud de los vaivenes económicos y otras temáticas que afligen a la sociedad como la inseguridad, vuelve a instalarse en la agenda pública. La corrupción otra vez se instala como matriz de decadencia, debilitamiento de las instituciones y persistencia de prácticas que se contradicen con el discurso de los gobernantes.

No es sorprendente la ausencia de una conciencia colectiva y política frente a este fenómeno que erosiona las posibilidades de progreso, altera la convivencia y afecta a la democracia. Solo confirman lo que se sabe y se vivencia. Sin embargo, la experiencia indica que la gravedad del tema sigue acumulando frustraciones en un país que durante décadas romantizó y hasta alabó la “viveza” criolla, generando una suerte de cultura tolerante que relativizó la profunda significación moral que encierra la práctica de la corrupción, en todos los niveles sociales, pero especialmente en las altas esferas de la vida política. Es este el marco para que cobre vida una triste reflexión de la periodista y escritora española Nieves Concostrina: “Lo que para el común de los mortales es corrupción, para los corruptos es lo normal”.

La decadencia de la Argentina tiene en estas prácticas ilegales y en la falta de observación de las leyes que deberían regir la convivencia el germen de un mal endémico, cuyos actores siguen regodéandose ante la ineficiencia del actual gobierno en instalar disposiciones y políticas que cumplan con su promesa de modificar las estructuras y el funcionamiento de las prácticas que todos conocen, pocos denuncian y muchos protagonizan. Es más, las revelaciones sobre acciones oscuras en el seno de la actual administración acentúan la visión negativa que determinó el retroceso en el señalado índice.

Precisamente, Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, el capítulo local de Transparencia Internacional explicó que “las malas novedades para la Argentina en este índice están relacionadas con la ausencia total de interés por parte del Gobierno en impulsar políticas anticorrupción. Los casos de $LIBRA y de la Andis, no generaron una respuesta contundente por parte del Gobierno”.

Frente a esta realidad poco edificante, la mirada no puede ceñirse a ver la aguja en pajares de otros. Restablecer valores básicos y reflexionar comunitariamente sobre el tema es una responsabilidad que debería asumirse. La matriz perversa de la corrupción continúa gozando de buena salud. La única forma de empezar a sanar esta enfermedad es levantar la voz y erradicar la tolerancia frente a las prácticas corruptas.

Se afirma que la función de la cultura es dotar de sentido al mundo. A partir de esta sentencia, cobra vital importancia el papel de la Antropología como ciencia clave para interpretar los símbolos que identifican a una comunidad.

Clifford Geertz fue un destacado antropólogo norteamericano, autor de una obra clave, “La interpretación de las culturas”, en la que describe a la cultura utilizando la metáfora de un pulpo “cuyos tentáculos están en gran parte integrados de manera separada y pobremente conectados neurológicamente el uno con el otro, con lo que, sin embargo, el animal consigue moverse y conservarse, en todo caso por un tiempo, como una entidad viva”. Los tentáculos de la cultura alcanzan las más variadas manifestaciones del accionar del hombre, presentándose, dice Geertz, como sistemas de símbolos que dan significado a la existencia humana.

Es decir, la cultura abarca innumerables aspectos de la vida humana no solo lo artístico, aunque esta faceta pueda ser reconocida más fácilmente como una de sus expresiones. También la gastronomía se presenta como un componente esencial de la identidad cultural de un pueblo. Todas las prácticas culinarias entremezclan historia, memoria, contextos naturales, economía y gustos particulares. Se transmiten de generación en generación y son parte importante de los rituales, los usos sociales y acontecimientos festivo de un pueblo.

Lo anterior permite comprender que, desde hace más de dos décadas, cada febrero es una oportunidad para redescubrir la identidad cultural sanfrancisqueña, conjugando expresiones artísticas de alto nivel con la gastronomía de todas las colectividades que han forjado la fisonomía propia de nuestra ciudad.

La fiesta que nuevamente hoy se da cita en el predio de la Sociedad Rural apunta a precisamente a eso. A poner en valor parte importante de nuestra cultura. Con la música y el humor. Y también a través de las tradiciones gastronómicas, porque son las comidas que trajeron nuestros antepasados  y sus modos de elaboración elementos que nos identifican a los sanfrancisqueños. No son los únicos, por cierto. Pero a la hora de otorgar sentido a la existencia de nuestra comunidad adquieren una fuerza singular. Todos conocemos que San Francisco tiene festividades en las que la buena mesa se viste con alimentos cuyas recetas hemos recibido de nuestros antepasados. Y que cada colectividad representativa de aquellos inmigrantes mantiene vivas.

De este modo, siguen siendo uno de los tentáculos más sobresalientes de ese “pulpo” que hemos conformado en esta región de la enorme pampa argentina. Por ello, este fin de semana volveremos a tener una oportunidad manifiesta para que los sanfrancisqueños abrevemos otra vez en nuestras raíces en un ya tradicional festival con el que le mostramos al país las bondades de un acervo cultural particular y cargado de simbolismo. 

 Un informe difundido por la Bolsa de Comercio de Rosario vuelve a demostrar que el complejo agroindustrial es uno de los principales puntos de apoyo de la economía argentina. En efecto, las cadenas agroindustriales representaron 1,8 pesos de cada 10 pesos del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, es decir, una participación del 18% en el año 2024, según un reciente informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario. Vale consignar que este indicado indicador económico que mide la contribución de un sector a la riqueza total, calculándose como el valor de la producción menos los consumos intermedios (bienes y servicios usados en el proceso productivo). También, resulta fundamental para entender la actividad económica y es un componente esencial para calcular el Producto Interno Bruto. 

Más allá de las cuestiones técnicas, que siempre son densas y merecen análisis especializados, es un hecho que casi dos de cada diez pesos que genera la economía nacional provienen de las cadenas agroindustriales. En este sentido, luego del golpe excepcional de la sequía de 2023, el sector agroindustrial recuperó en 2024 un nivel de participación cercano a su promedio histórico, lo que da cuenta  de su resiliencia y de su peso en el entramado productivo del país.

El documento de la bolsa rosarina señala, además, que la agroindustria representó el 56% de las exportaciones nacionales en los últimos 20 años. Con sus respectivas cosechas y picos de precios internacionales, ha llegado a explicar más del 67% de las exportaciones en años como el 2020 y 2021. Según se expresa en ese texto, en 2024 como en el primer semestre del 2025 los complejos de la agroindustria representaron el 58% de las exportaciones argentinas. En la misma dirección, los cultivos de soja, girasol, maíz, trigo y cebada representaron cerca del 70% de las exportaciones agroindustriales y el 41% del total exportado en 2024. Como si esto fuese poco, de los principales diez complejos exportadores del país, siete son agroindustriales. A todo esto, se suma la contribución cercana al 20% de los ingresos tributarios nacionales y la generación de más de uno de cada cinco puestos de trabajo privados.

Las estadísticas son elocuentes. El agro y las industrias vinculadas a su producción son variables centrales para el desarrollo económico y social del país. Por ello, no es exagerado ni caprichoso el reclamo a los gobiernos para que brinden mayor atención y apoyo al sector. Sin políticas que contemplen la variabilidad climática y la inversión en infraestructura y tecnología, la economía en su conjunto queda expuesta a vaivenes que pueden provocar desajustes severos y crisis sociales. La experiencia así lo demuestra.

El aporte  del complejo agroindustrial a la estabilidad macroeconómica ya no puede formar parte de discusiones ideológicas. El desarrollo federal y la posibilidad de crecimiento sostenido tienen como base a estas actividades. Reconocer su centralidad no implica menoscabar la necesidad de diversificar las actividades productivas. Pero es necesario comprender que, para salir del deterioro económico que lleva décadas, es que el desarrollo de una política económica que contemple el fortalecimiento sostenible de su principal actividad productiva.

En la prensa cordobesa se difundió una noticia que llamó la atención por su rareza. Una madre denunció que un joven, a quien identificó como un “therian”, mordió a su hija adolescente en una calle de Jesús María. La chica, de 14 años, le contó a su familia lo que pasó tras ver en redes sociales el fenómeno que rápidamente se extiende en Argentina y entendió qué le habría ocurrido tiempo atrás, a la salida del colegio.Según el relato de la madre, luego de lo que habría sido un encuentro de  “jóvenes therians” , se acercaron a su hija y “la empezaron a olfatear y a corretear un poco, y ella se reía, pensaba que era broma, pero después le mordieron el tobillo. Ahí se dio cuenta que no estaban bromeando y ella atinó a querer meterle una patada y se fue corriendo. Eran una bandita de tres o cuatro, más o menos con máscaras de perro”,  explicó la mujer.El episodio no sería más que una anécdota si no fuese porque la viralización de los grupos “therian” hace suponer -por cierto erróneamente- que se trata de un movimiento masivo. Más aún, existe la sensación de que una mal entendida corrección política impide críticas hacia esta práctica. Los “therians” (abreviatura de therianthrope) son personas que aseguran identificarse de modo profundo y persistente con un animal. Algunos hablan de un componente psicológico; otros, de una dimensión espiritual o simbólica. Frente a esta definición, la polémica está servida. En este punto, determinados análisis aparecen temerosos de ser acusados de actitudes que lleven a la discriminación; algunas pocas voces manifiestan incomodidad porque este fenómeno podría deslegitimar las luchas por los derechos sexuales y de género. El “therianismo” se expande principalmente en ecosistemas digitales juveniles, donde la visibilidad y el reconocimiento tienen fuerte efecto simbólico. Esto sugiere que se trata de una performance amplificada por las redes sociales, cuyo contenido lúdico hasta podría ser aceptable. Pero no podría asimilarse a una identidad biológica ni a una condición psicológica reconocida como para ubicarlo en categorías jurídicas o políticas. Además, la centralidad mediática de este fenómeno marginal genera una agenda pública desproporcionada respecto de su impacto social real.El clima normativo de este tiempo consolidó la idea de que cuestionar públicamente prácticas como ésta ubica al crítico en la puerta de la discriminación. Entonces, surge el temor a la sanción y a la cancelación. Esto es aprovechado por el “therianismo” que se protege comparándose con luchas históricas por derechos civiles que no tienen relación conceptual ni política con este fenómeno. Advertir sobre posibles perjuicios que acarrearía este fenómeno podría ser tomado como un cuestionamiento a derechos conquistados a lo largo de los años. Sin embargo, el ejercicio del pensamiento crítico es, en este tema, imprescindible. Más allá de que la experiencia demuestra que este tipo de grupos tienen corta existencia, no puede asumirse sin más que lo extravagante o ridículo quede blindado contra las críticas solo por inseguridad conceptual, circunstancias externas o corrección política. Cuestionar la pretensión de reconocimiento social del “therianismo” no significa negar derechos ni atacar identidades. Implica, simplemente, aplicar el sentido común.

Son numerosos los temas trascendentes para la vida de los argentinos que este año cobrarán resonancia pública porque se tratarán en el Congreso de la Nación con el objetivo de generar o reformar la legislación vigente. Por caso, la reforma laboral ya se halla en plena discusión. Y también varias otras iniciativas que, no siempre, cuentan con la atención preferente de la opinión pública.

En este contexto, una de ellas sí es seguida con atención. Se trata de la anunciada reforma del régimen penal juvenil que propugna rebajar la edad de imputabilidad de los menores de edad que cometen delitos graves. A tono con lo que sucede en la mayoría de los países de la región y en varias democracias de otros continentes, se pretende reducir a 13 o 14 años la edad en la que un joven puede ser juzgado. Por cierto, de inmediato, las dos bibliotecas que en este tema son evidentes se hicieron presentes con fuerza.

Por un lado, quienes impulsan la reforma apelan a la incontrastable evidencia de que existe una participación creciente de menores en delitos graves, y que el marco legal vigente no refleja esa realidad. La baja de la edad de imputabilidad permitiría que el sistema penal tenga herramientas frente a hechos de extrema gravedad. Aclaran además que no se pretende, en general, equiparar a los menores con los adultos, sino establecer un régimen especial, con penas y procesos adecuados a la edad, pero que evite la impunidad total ante delitos graves. Ello, porque la inimputabilidad absoluta favorecería el uso instrumental de menores por parte de adultos y también porque el Estado debe dar respuesta a las víctimas y garantizar la justicia, incluso cuando el perpetrador es menor de edad.

En la vereda contraria se paran los que sostienen que no hay experiencias sólidas que demuestran que bajar la edad de imputabilidad reduzca los niveles de criminalidad juvenil. Y, fundamentalmente, advierten que la medida impactaría mayormente en jóvenes de sectores vulnerables, reforzando circuitos de exclusión, sin atacar las causas estructurales del delito. Además, se plantea que el foco debería estar en educación, contención, salud mental y políticas de prevención de la drogadicción y combate contra el narcotráfico, antes que en una respuesta penal más temprana. En este contexto, no es menor que parte de estos argumentos hayan sido esgrimidos por altos prelados de la Iglesia Católica.

Así es que la agenda pública del país tendrá a esta problemática en el centro de la escena durante las próximas semanas. Es auspicioso que así suceda. Especialmente porque durante los largos años de gobiernos kirchneristas, la sola mención de la baja de la edad de imputabilidad era rápidamente clausurada, asociada de manera automática a discursos “punitivistas” o “de derecha”, sin habilitar una discusión seria y plural. No permitir que se discuta el asunto era la regla.

Por eso, que el Congreso, los medios y la sociedad en su conjunto asuman la conversación pública sobre este tema es un avance notorio. En verdad, todos los sondeos indican que la opinión mayoritaria está a favor de bajar la edad de imputabilidad. No obstante, debe ser la discusión democrática la que, en definitiva, termine saldando la cuestión de un problema que no puede continuar sin modificaciones. Quizás este último punto sea coincidente entre las posiciones antagónicas. Es esta circunstancia la que resalta, con gran nitidez, el valor del debate de un asunto muy sensible.

 “El enemigo aparecía a mis pies seguramente a no más de cien yardas. Su bandera flameaba alegremente, sus tambores y pitos tocaban marcha redoblada, cuando en un instante y a toda brida los dos escuadrones desembocaron por atrás del convento y flanqueando al enemigo por las dos alas, comenzaron con sus lucientes sables la matanza, que fue instantánea y espantosa. Las tropas de San Martín recibieron una descarga solamente, pero desatinada, del enemigo; porque, cerca de él, como estaba la caballería, sólo cinco hombres cayeron en la embestida contra los marinos. Todo lo demás fue derrota, estrago y espanto entre aquel desdichado cuerpo. La persecución y el triunfo siguieron al asalto de las tropas de Buenos Aires. La suerte de la batalla, aun para un ojo inexperto como el mío, no estuvo indecisa tres minutos”.

El relato del combate de San Lorenzo, del que se cumplieron esta semana 213 años, pertenece al comerciante inglés  G. P. Robertson, quien fue espectador de la batalla al encontrarse de modo fortuito en cercanías del convento donde los granaderos de San Martín aguardaban a los españoles. Esta porción de la crónica que hizo de esta refriega clave en la lucha por la independencia nacional cobra pertinencia como introducción de una polémica que recobró inusitada vigencia y que tiene como protagonista al sable corvo del Padre de la Patria.

Desafortunadamente, el arma que acompañó a San Martín durante su genial trayectoria militar se convirtió, en las últimas décadas, en presa de la lucha ideológica que agrietó a la Argentina. Los descendientes del general donaron el arma a la Nación. Durante mucho tiempo fue expuesto en el Museo Histórico Nacional. Pero en la década de los años 60, grupos de la Juventud Peronista pretendieron apropiárselo y lo tomaron como un símbolo político de la resistencia. Lo robaron en dos ocasiones y luego lo devolvieron. Luego de estos episodios, se decretó que su custodia pase al Regimiento de Granaderos a Caballo en 1967. En 2015, el sable corvo fue depositado otra vez en una vitrina del Museo. Se trató de un acto en el que el kirchnerismo buscó recrear la épica sesentista y devolverle el peso simbólico que la JP le había conferido en aquellos años tumultuosos.  Ahora, el gobierno nacional lo devuelve a los granaderos en lo que se presenta como un gesto de restitución y hasta de desagravio a la formación creada por el propio San Martín.

Como era de esperar, la polémica se expandió con rapidez. Los que defienden la decisión del Ejecutivo sostienen que se trata de una reparación histórica, puesto que el sable corvo perteneció al creador del Regimiento de Granaderos a Caballo y, por lo tanto, debía estar bajo su custodia. También se argumentó que el regimiento cuenta con protocolos de seguridad adecuados y que el gesto refuerza valores de tradición, identidad nacional y respeto por las instituciones militares. Por el contrario, algunos historiadores, dirigentes políticos opositores y organizaciones culturales cuestionaron la decisión por considerar que el sable es patrimonio de toda la sociedad. Señalaron que los museos garantizan conservación profesional y acceso ciudadano y también hubo posturas que reafirmaron su rechazo a cualquier reivindicación de nuestras Fuerzas Armadas. También hubo críticas al carácter unilateral de la medida y a la falta de consulta a organismos especializados.

Salvo los extremos, ambas posturas tienen argumentos razonables que podrían converger en una solución que a todos satisfaga. Sin embargo,  triste resulta constatar que, a esta altura de los tiempos, nos encontremos otra vez tironeando el sable del Libertador, un objeto fundacional de la Nación que fue propiedad de quien tuvo siempre como prioridad evitar las divisiones y los enfrentamientos que todavía hoy contaminan el ambiente político nacional. Es hora de entender que ninguna facción y ningún gobernante puede disponer arbitrariamente de los símbolos que siempre estarán por encima de las disputas y las mezquindades de las luchas ideológicas.

El nombre del gobernador dejó de aparecer en las comunicaciones que emite el gobierno de la provincia de Córdoba. En efecto, desde hace poco tiempo, se observa un rediseño de la comunicación visual oficial de administración liderada por Martín Llaryora.

Las publicaciones que difundieron esta novedad recogieron afirmaciones lanzadas por voceros del área de Comunicación provincial, quienes señalaron que los mensajes serán ahora más “despersonalizados” y estarán centrados en abarcar a “los cordobeses”. Es decir, se eliminan frases como “gestión tal” o la mención explícita del nombre del gobernador, en favor de un diseño más cuidado desde lo visual y sin alusiones personalistas. 

En los tiempos que corren, esta decisión no es frecuente. No se trata de un cambio pueril o meramente estético. Supone una ruptura con años de  intentos por instalar en la opinión pública la idea de que el gobernante es el único “constructor” de todas las obras y avances alcanzados, aun cuando estos sean el resultado del esfuerzo colectivo y del aporte de los ciudadanos.

En verdad, la medida tiene también razones de índole política. Apunta a una mejor sintonía con el ánimo sociales, especialmente en una provincia en la que la mayoría ha dado reiteradas muestras de rechazo a los personalismos y cualquier forma de comunicación o acción oficial que recuerde prácticas asociadas a regímenes populistas, de los cuales se cuentan numerosos ejemplos en los años recientes.

La tendencia a personalizar la acción de gobierno llegó a generar situaciones ridículas. Así, los nombres de los funcionarios, acompañados por el concepto “gestión”, aparecían en zapatillas, útiles escolares, vehículos, edificios inaugurados o restaurados, entre otros ejemplos. En la mayoría de los casos, quienes incurren en este tipo de excesos suelen partir de la errada convicción de que aquello que se logra con recursos públicos puede ser presentado como un mérito estrictamente personal.

No deja de ser llamativo, además, que estas prácticas varíen según el lugar que los dirigentes ocupen en el escenario político. Muchos de ellos, en su rol de opositores, denuncian abiertamente de las prácticas personalistas. Aunque apenas asumen el poder se apresuran a “plotear” con sus nombres la flota de vehículos del Estado, los edificios públicos y hasta la más simple papelería oficial.

Podrá afirmarse que esta práctica, muy extendida en las últimas décadas, forma parte de versiones renovadas del tradicional caudillismo argentino. Pero quizás haya llegado el momento de dejarla atrás. Por eso, la decisión tomada por el gobierno de la  va en la dirección correcta, más allá de las interpretaciones políticas que puedan formularse.

En definitiva, no resulta necesario reiterar el nombre del gobernante como si se tratara de un acto permanente de pleitesía. Si una gestión es positiva y cumple con los compromisos asumidos ante la sociedad, el reconocimiento llegará de todos modos, aun cuando el nombre del funcionario no esté presente en cada pieza de comunicación oficial.

La red de caminos rurales que atraviesa nuestra región es un eslabón indispensable para el desarrollo productivo y la vida cotidiana de las distintas poblaciones y colonias del departamento San Justo. Su adecuado mantenimiento es un tema siempre vigente, porque de su estado dependen la salida eficiente de granos, leche y hacienda, la rentabilidad del productor y el vínculo permanente entre el campo y los centros urbanos.

Desde hace años, el esfuerzo de los consorcios camineros y ciertas decisiones del gobierno provincial han sido decisivas para sostener en condiciones aceptables las redes secundaria y terciaria, ya sea mediante pavimentación puntual, enripiado o tareas básicas de consolidación. Sin embargo, ese trabajo suele verse condicionado por factores climáticos que, en el verano, adquieren particular relevancia. En esta temporada estival, la falta de lluvias puede convertirse en un factor que agrave el panorama. Serruchos, pozos y polvo en suspensión convierten a muchos tramos en recorridos riesgosos. Asimismo, la falta de humedad impide realizar arreglos duraderos sin empeorar la superficie.

Existe entre los productores agropecuarios una sensación de que la carencia de precipitaciones comienza a generar problemas en las redes camineras rurales, al punto de tornar impracticable el uso de motoniveladoras en determinadas circunstancias. Estas circunstancias obligan a asumir que, al menos en este período, las posibilidades de intervención inmediata son limitadas. Quienes conocen el tema incluso recomiendan aguardar a que llueva para iniciar los retoques.

Otro aspecto no menos importante se relaciona con la seguridad en el tránsito. Con frecuencia, algunos caminos que bordean los “cuadrados” donde el campo exhibe todo su potencial son escenario de accidentes graves, algunos de ellos con consecuencias fatales. La experiencia demuestra que la combinación de calzadas deterioradas, visibilidad reducida y conductas imprudentes -exceso de velocidad, la más evidente- constituye una amenaza concreta. Que no sean caminos muy transitados no implica que la conducción de vehículos carezca de responsabilidad.

Conservar los caminos rurales es, entonces, una necesidad productiva y social. Pero también lo es extremar las precauciones al circular por ellos, especialmente en contextos climáticos adversos como el actual. Mientras se aguardan las condiciones que permitan mejoras sostenidas, la prudencia individual se convierte en la principal herramienta para evitar tragedias. Cuidar los caminos es cuidar la producción; circular con responsabilidad es cuidar la vida.

El turista que llegaba años atrás a cualquier localidad de las sierras de Córdoba observaba, con alguna sorpresa, a vecinos de esa población sentados con su reposera a la vera de la ruta y exhibiendo carteles precarios con los que se ofrecían alquileres de viviendas por temporada. Aquella escena ha quedado relegada al terreno de la nostalgia, desplazada por el avance tecnológico,

Hoy, poderosas aplicaciones digitales ofrecen un amplio abanico de posibilidades de alquiler de casas o departamentos por día en casi todo el mundo. Esta modalidad no es reciente. Lleva varios años expandiéndose  y los principales destinos turísticos del país y del mundo se vieron obligados a atender los reclamos del sector hotelero, que ve mermada de manera significativa la posibilidad de ocupar sus plazas, debido al auge de esta forma de alojamiento. Un fenómeno que, ahora, ya no se limita a los lugares que tienen al turismo como actividad principal.

La consolidación paulatina de San Francisco en su aspiración de convertirse en una ciudad de eventos abrió la puerta para que esta problemática se manifieste a nivel local. Precisamente, en una reciente nota publicada en este diario, un empresario hotelero expresó el reclamo del sector para que se regulen los alojamientos temporarios:  “En San Francisco hay muchos departamentos que ofician de hotel y no son hoteles. Hoy lo sentimos como una competencia desleal”, advirtió.

Los argumentos planteados ante las autoridades municipales son similares a los que se han expuesto en otras ciudades donde fue necesario abordar esta cuestión. Numerosas propiedades se ofrecen en las aplicaciones específicas y en las redes sociales sin estar registradas como establecimientos hoteleros y, por ende, sin tributar como tales. Incluso algunas no cumplirían con los requisitos mínimos que se deben adoptar para alojar pasajeros. Es más, el hotelero que efectuó el reclamo de manera pública sostuvo que “hay gente que alquila su casa cuando se va de viaje”.

En verdad, muchos propietarios optan por el alquiler diario a turistas o a personas que deben estar en la ciudad durante varias jornadas porque concurren o son parte de los eventos que aquí se programan con frecuencia. Esta práctica, además de reducir la oferta de arriendo para los residentes, genera también un efecto indirecto que aumenta los precios de los alquileres permanentes.

Se supo que recientemente hubo un encuentro entre propietarios de hoteles y funcionarios municipales en el que el planteo - ya formulado en anteriores ocasiones- volvió a presentarse. Los alquileres temporarios de unidades habitacionales son un fenómeno mundial que ha llegado para quedarse. Por ello, seria oportuno analizar las disposiciones adoptadas en numerosas ciudades del país y del exterior con el fin de establecer un marco regulatorio adecuado.

Una regulación de este tipo permitiría atenuar situaciones de competencia desleal que afectan al sector hotelero, garantizar condiciones de seguridad y confort para quienes visitan la ciudad y, al mismo tiempo, fortalecer el perfil de San Francisco como ciudad de eventos, objetivo que promueven el municipio y las entidades intermedias locales.

 El 7 de enero de 2026, Good, una mujer blanca de 37 años, madre de tres hijos, fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Estados Unidos. Good murió a pocos metros de donde George Floyd, un hombre negro de 46 años, pronunció sus últimas palabras: "No puedo respirar", cuando el oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin se arrodilló sobre su cuello en 2020. Recordado hecho que también conmocionó a la opinión pública norteamericana y también a la de varios otros países.

El suceso que se tornó viral refuerza la idea de que, en algunas geografías, se está imponiendo como norma la violencia como respuesta no ya frente a manifestantes que provocan disturbios, sino frente a la simple disidencia o la presencia incómoda de un ciudadano. Las movilizaciones no se hicieron esperar y las repercusiones alcanzaron dimensiones internacionales. En la era de la hiperconectividad, episodios de este tipo se convierten en símbolos de un clima político que atraviesa fronteras.

Sin ingresar en la política interna de Estados Unidos, no se puede ignorar el marco en el que este hecho se inscribe. Las políticas de inmigración y deportación impulsadas en los últimos años, endurecidas han transformado a organismos administrativos en actores centrales de la coerción estatal. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU (ICE) concebido como una agencia civil, tiene hoy una capacidad de intervención armada que lo coloca en una zona gris. Porque no es un cuerpo militar ni una policía tradicional, pero actúa con armas letales sobre civiles que ni siquiera están cometiendo un delito en flagrancia.

La decisión de que sea el propio ICE el organismo encargado de investigar el accionar de su agente introduce otro motivo de polémica. En un sistema constitucional, la legítima defensa solo se constata en los tribunales. Debe evaluarse según variables probatorias durante un proceso judicial. En teoría esto debe suceder en cualquier régimen democrático. Mucho más en Estados Unidos, nación que construyó su identidad sobre el valor de la libertad. Precisamente por eso, cada vez que esos principios parecen relativizarse, el impacto es mundial. Es el rasgo de una época marcada por la polarización y la intolerancia.

En este punto, la reflexión interpela también a nuestro país. En tiempos en los que cambió el paradigma sobre la seguridad ciudadana y se abandonó la inacción estatal que, durante muchos años, hizo caso omiso a numerosas violaciones de la ley, se hace preciso remarcar que la legitimidad del uso de la fuerza solo existe cuando está sometida al marco normativo.

Conviene, entonces, insistir en que cuando se dispara sin rendir cuentas, lo que se dispara es la violencia y el caos. Peor aún si el que dispara sin ajustarse a las normas es el Estado, porque se generan realidades que dañan el tejido social y deterioran las instituciones democráticas.

 La capital paraguaya, Asunción, fue el escenario este fin de semana de la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Tras un cuarto de siglo de negociaciones y obstáculos se abre un escenario novedoso, no exento de advertencias y dificultades, pero dotado de un potencial poderío para transformarse en un enorme espacio común entre dos regiones centrales del planeta.

El tratado generará una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Se reducirán de manera progresiva casi la totalidad de los aranceles, se eliminarán barreras comerciales y se procurará la armonización de normas en todos los países que participan. Al mismo tiempo, las proyecciones indican que se dinamizará la exportación de bienes entre Europa y el Cono Sur. Esto se proyectará sobre un mercado de casi 800 millones de personas, en cuyos países se reúne el 25% del PBI global.

El camino no fue sencillo. Las resistencias fueron férreas. Y aún persisten. Los agricultores de Francia pusieron el grito en el cielo y su gobierno fue el más enfático opositor al acuerdo. Polonia y Hungría se opusieron. Italia planteó numerosas dudas, pero finalmente aceptó las condiciones y su postura fue decisiva para destrabar la votación en el marco de la Unión Europea. En este lado del mapa, el acuerdo significará reformulaciones profundas en algunos sectores productivos y unificar posiciones respecto de numerosos temas, algo que, a la vista de las diferencias ideológicas y las posturas personales de quienes hoy gobiernan, será bastante dificultoso.

Sin embargo, por casualidad, el tratado parece llegar en el momento justo. Un diario alemán afirmó que se trata de “un golpe de suerte geopolítico”. El rotativo Die Zeit sostiene que "Donald Trump quiere apoderarse de Groenlandia, ¿y qué hace Europa? Está incorporando a Latinoamérica, el continente que Trump considera su patio trasero y al que trata como tal. Decir esto sea tal vez algo exagerado, pero no es falso”.

El tratado funge como una clara señal a favor de asociaciones entre países que comparten valores y normas. En tiempos de desequilibrio y de amenazas para las democracias puede asumirse que se transforma en una variable importante para la estabilidad internacional. Más allá de que su implementación será gradual y pese a que los efectos iniciales pueden ser modestos, que la UE y el Mercosur lograsen sacar adelante un texto común es una muestra de que el diálogo y las negociaciones racionales entre naciones pueden ser efectivas y se contraponen al antagonismo, a la coerción y al decisionismo unilateral que parecen liderar este nuevo tiempo.

Por ello, debe reconocerse la firma de este histórico tratado. Que obliga a replanteos y exhibirá dificultades, pero, al mismo tiempo, se transforma en un símbolo de cooperación entre las naciones justo en el momento en el que las turbulencias surgidas de una retrógrada concepción del poder sacuden la realidad política mundial.