Este martes inaugurarán las instalaciones de la sede administrativa de la Región Centro en el edificio que albergó durante años al Banco de la Provincia de Córdoba, ubicado en el Centro Cívico de nuestra ciudad. Con este acto, San Francisco se convierte en la virtual capital del ambicioso proyecto que supone unir a tres provincias con un potencial enorme aún por desarrollar.

Que este edificio esté en San Francisco y no en una de las grandes capitales provinciales tiene un valor simbólico que merece ser subrayado. La Región Centro nació, hace casi treinta años, como una respuesta al centralismo histórico del Área Metropolitana de Buenos Aires. Elegir a San Francisco -una ciudad media, productiva, con industria pujante, muy ligada al agro, con un potencial cultural y social magnífico- para instalar la administración del bloque interprovincial se convierte en un símbolo que demuestra la vocación federal de una entramada en cientos de pueblos que producen, exportan y sostienen la economía real de la Argentina.

Allá por 1998, los entonces gobernadores Ramón Mestre y Jorge Obeid firmaron el tratado fundacional entre Córdoba y Santa Fe en nuestra ciudad. En 2004, Entre Ríos se sumó para completar la trilogía. Desde entonces, la Región Centro ha tenido, con los altibajos propios de la inestabilidad política y económica del país, la intención de  convertirse en la expresión institucional de una cultura productiva basada en la férrea convicción de que el trabajo fecundo es el pilar del progreso.

La inauguración de la sede en San Francisco renueva aquel punto de partida. Esto es así porque, a casi tres décadas de aquel primer tratado, la Región Centro tiene una lista extensa de desafíos pendientes, varios de ellos de naturaleza estrictamente política.

El primero es romper de una vez con el centralismo porteño y terminar con la postergación del interior en la toma de decisiones fundamentales. A esto se suma la necesidad de una defensa coordinada de los recursos regionales, para lo cual se impone la articulación de los bloques legislativos de las tres provincias en el Congreso nacional, lo que sigue siendo una asignatura pendiente para traducir el consenso regional en leyes concretas.

Además, la eliminación de las retenciones agropecuarias, la discusión por la coparticipación, las tarifas energéticas y los subsidios al transporte son batallas que ninguna provincia puede dar en soledad con eficacia. Y, en materia de seguridad, en el límite interprovincial entre Santa Fe y Córdoba también asoma el reto de profundizar el combate contra el delito organizado y la comercialización de drogas.

El listado puede proseguir, por cierto. Está claro, asimismo que la nueva sede de San Francisco por sí sola no resolverá estos desafíos. Pero ofrece un espacio físico permanente donde esas discusiones puedan sostenerse en el tiempo, más allá de los vaivenes electorales y de las coyunturas políticas.

Nuestra ciudad tiene ahora la responsabilidad de ser anfitriona del proceso que debe conducir a que la Región Centro termine de asumir el proyecto federal que germinó también aquí hace 28 años.  

Lo que hasta hace poco tiempo solo era posible en filmes de ciencia ficción, ocurrió. Y las alarmas se encendieron. La empresa creadora de ChatGPT, OpenAI, admitió días atrás que uno de sus modelos más avanzados de inteligencia artificial se descontroló durante una prueba de seguridad y, por iniciativa propia, hackeó una popular plataforma para programadores.

La firma lo calificó como un “incidente cibernético sin precedentes” y aseguró que realizará una investigación conjunta con Hugging Face, la empresa afectada. Esta plataforma, denunció que había sido objeto de un ataque que “era diferente a todo lo que había gestionado antes”, al asegurar que “fue llevado a cabo, de principio a fin, por un sistema autónomo de agentes de IA”.

El hecho confirma los temores existentes en la comunidad científica internacional sobre la posibilidad de que los sistemas de inteligencia artificial tomen decisiones autónomas, alejadas de los parámetros éticos indispensables para que la tecnología sirva al ser humano como herramienta de progreso y no de destrucción.

Sería catastrófico que esta última posibilidad se concrete si los instrumentos de IA llegan a personas que tengan la intención de provocar daño. Por ello, son ya demasiadas las voces que propician la intensificación de esfuerzos conjuntos entre Estados y empresas para manejar de modo correcto situaciones de este tipo que, probablemente, serán habituales en un futuro cercano. 

Entre esos llamados se encuentra el del Papa León XIV, quien en su primera Encíclica sostiene que es un riesgo que la IA sea controlada exclusivamente por unas pocas corporaciones privadas, lo que podría ampliar la brecha entre ricos y excluidos. Al mismo tiempo, pide límites éticos para su utilización, reafirmando los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y reclamando una gobernanza internacional que regule el uso de algoritmos y datos con criterios de solidaridad, subsidiariedad y respeto a la dignidad del ser humano.

El temor es que la inteligencia artificial termine por despreciar la humanidad en los procesos tecnológicos. El hecho que origina esta columna demuestra que la velocidad con la que avanzan estos sistemas es imparable. Por ello, no se trata de frenar a la IA, sino de encontrar herramientas que permitan otorgar confianza en ella. Y, en esto, las instituciones juegan un rol fundamental, más allá de la tecnología.

En verdad, no será posible -ni tampoco sería deseable- detener el crecimiento de una herramienta formidable que, utilizada como corresponde, beneficiaría notablemente a la humanidad. Por eso hace falta la confianza. La misma que tenemos a diario con tecnologías que la mayoría no comprende como funcionan. Por ejemplo, la gente toma medicamentos sin conocer nada de bioquímica o farmacología y se sube a los aviones sin tener idea de cómo es posible que vuelen, por ejemplo.

En este punto, el llamado primero es a proporcionar un marco ético al desarrollo, regulación y aplicación de la inteligencia artificial. Cuando las sospechas no existen gracias al actuar coherente con los principios humanos centrales, la confianza aparece y permanece en el tiempo. Empresas, Estados y entes multilaterales tienen una misión impostergable para evitar que la acción autónoma de un agente de IA atacando a otros sistemas no sea una situación común. En definitiva, que no se desmadre.

A principios de los años 80, vastos sectores de la opinión pública internacional coincidían en alabar a los dirigentes nicaragüenses del Frente Sandinista de Liberación Nacional que lucharon para derrocar al dictador Anastasio Somoza. Esas voces elogiosas condensaban la posibilidad de que, al fin, ese país centroamericano encontrara -bajo el liderazgo que nacía del recuerdo del revolucionario Augusto Sandino- el retorno al ejercicio de las libertades.

La deriva autoritaria actual de Nicaragua tiene como protagonista a uno de aquellos líderes sandinistas. Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo se convirtieron en personajes bizarros y caricaturescos de países en los que el autoritarismo, la corrupción, la suspensión de la independencia de los poderes y la represión a las voces disidentes alcanzaron parámetros incluso superiores a los que existían en aquella dictadura somocista.

El anuncio de Ortega en el sentido de que ya no se convocará a elecciones en Nicaragua, calificando a los partidos opositores de "vendepatrias" e indicando que promoverá legislación para impedir su participación, termina de moldear un régimen similar al norcoreano y desterrar definitivamente aquella visión romántica que se impuso en los primeros tiempos del sandinismo.

Se asiste así a la culminación de un proceso autoritario que, con matices ideológicos diferentes, pero siempre extremos, parece estar dándose en varios países de América. Sin embargo, el caso nicaragüense tiene aristas muy particulares, algunas bizarras. Es la dictadura – tiranía de una familia. Un avejentado presidente acompañado por una esposa que asumió la copresidencia. Un modelo de sucesión dinástica y de control absoluto. Una sucesión ya planeada para uno de los hijos de ese matrimonio. Todo esto eliminando de plano la vigencia de todas las instituciones de una república.

Observadores de la situación han planteado que la radicalización absoluta del régimen sandinista podría originar respuestas por parte del impredecible gobierno actual de los Estados Unidos, como ocurrió con Venezuela. Sin embargo, sería poco probable que esto ocurriese, porque Nicaragua no afecta demasiado los intereses estadounidenses. De todos modos, la presión internacional no debería cesar porque están en juego valores centrales de la convivencia democrática.

El anuncio de la suspensión definitiva de elecciones es un jalón más en el penoso proceso de autocratización. Quizás el que más ruido ha hecho en los últimos tiempos, pero el que ratifica la dirección totalitaria de un matrimonio que, como ha ocurrido siempre en la historia, tendrá algún día que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones.

La mirada lúcida de un escritor nicaragüense consagrado fuera de las fronteras de su país que debió exiliarse de modo forzoso por la persecución del régimen describe un sentimiento que provoca empatía. La voz de Sergio Ramírez, premio Cervantes de Literatura, resuena más fuerte luego de los últimos anuncios de Ortega: “Nicaragua es ese lugar que está allí, es mi país, mi recuerdo, mi infancia. Es un sueño frustrado, porque yo quise un país distinto. Luché y comprometí mi propia vida en eso, y ahora no puedo evitar la frustración de que derrocamos una dictadura para tener otra peor, porque esta dictadura es mucho peor que la dictadura de Somoza”.

La noticia da cuenta de que el municipio anunció la integración de una mesa de trabajo interdisciplinaria para analizar el complejo problema de la creciente presencia de aves en la ciudad, especialmente en el microcentro. Se afirmó que este nuevo ente trabajará con  “una perspectiva integral, incorporando aspectos sanitarios, ambientales y operativos”, así como efectuando consultas a especialistas e instituciones.

Es una decisión que merece seguimiento porque el problema de las aves en algunos sitios ha llegado a extremos que pueden generar riesgos manifiestos en materia sanitaria. Por ello, la primera tarea anunciada tras la conformación de la comisión es perentoria y no debería llevar más tiempo. Porque la experiencia cotidiana muestra con claridad lo que se pretende relevar: los sitios de refugio de las aves en las zonas urbanas y su comportamiento en ese ámbito.

El problema es más complejo de lo que en principio podría suponerse. Porque genera trastornos en el cotidiano devenir de una comunidad que debe convivir con el riesgo sanitario que significan los excrementos de las aves que cada mañana pueblan las veredas. Y, además, porque encierra aspectos ambientales que no pueden ser ignorados.

Desde el propio municipio se admite que es una problemática  “que impacta sobre la salud pública, el estado de los espacios públicos, el patrimonio urbano y la actividad cotidiana del sector comercial”. Por ello, se requieren soluciones prontas, aunque -por cierto- sostenibles y adaptadas a las características de San Francisco.

En este contexto, debe señalarse que el debate sobre qué hacer con la proliferación de aves no es propiedad exclusiva de nuestra población. En la última semana, una publicación del diario Castellanos de Rafaela se hizo eco de un debate que posiblemente se replique aquí. El municipio de la ciudad santafesina decidió colocar redes sobre los árboles como una medida “específica y acotada” para evitar una elevada concentración de aves. Se señala que las estructuras de tanza, con cuadrículas de aproximadamente tres por tres centímetros, buscan impedir que las aves se posen sobre determinados árboles sin provocarles daño físico. La medida se complementa con un esquema permanente de baldeo y limpieza de veredas en la zona comercial.

Sin embargo, esto es cuestionado por determinados ambientalistas porque, según su  mirada, la llegada de los pájaros a las ciudades se relaciona con que la fauna es desplazada de sus ambientes naturales y que sumar un dispositivo disuasivo sobre el arbolado urbano constituiría una respuesta equivocada.

Así las cosas, en nuestra región existen antecedentes plausibles de generación de sectores de monte nativo en varias explotaciones, lo que permite mantener a las aves en un hábitat natural. Sin embargo, no parecen alcanzar, por lo que se impone la decisión de avanzar en decisiones que permitan la incorporación de más sectores con vegetación nativa que sirvan como refugio para la fauna y también la erección de cortinas forestales en las afueras de los centros urbanos.

Como se observa, el tema es muy sensible y tiene varias aristas de análisis. Es de esperar que la anunciada comisión trabaje con rapidez para elaborar una estrategia que permita eliminar -o, al menos, atenuar- los trastornos evidentes que produce la super población de aves en el ámbito urbano y contemplar, al mismo tiempo la protección de la fauna y el arbolado urbano.

Las dos primeras palabras que aparecieron frente a la hoja en blanco de la pantalla fueron las del título. Había que escribir sobre ella porque el domingo se juega. Había que hacerlo porque, agotados –“fritos” diría Eduardo Galeano- luego de un mes de fútbol, la selección argentina disputará frente a España el título mundial en Nueva York. Un titulo que ostenta desde aquel 18 de diciembre, cuando superó a Francia.

¿Habrá sido coincidencia? La nota editorial de este diario de aquella histórica jornada de 2022 se tituló así. Solo se refería a “la final”. El significado compartido por todos los argentinos era el mismo que hoy: nuestra selección vuelve disputar un partido decisivo en un Mundial de Fútbol. Con algún sentido cabulero, no cabía otro encabezamiento.

Los argentinos, pasionales, viscerales, futboleros la mayoría y también los que descubren en cada Mundial al juego más popular, estaremos pendientes de un encuentro que podría significar la cuarta estrella. Frente a la final de Qatar, aquella nota editorial recordó lo que escribió alguna vez Alejandro Dolina, en el sentido de que, para disfrutar del fútbol, es necesario "suspender la incredulidad" y entregarse a una "fe poética". Al igual que al ver una película o una obra de teatro, en la tribuna o frente a la pantalla tenemos que aceptar la ilusión y creer, aunque sea por un rato, que un triunfo o un gol mejorarán nuestra vida.

Esa idea, propia de la euforia futbolística que durante años exigió el triunfo a cualquier costa y que nuestra selección gane, brille y vapulee a sus rivales, ha dado paso a otro sentimiento. Más sereno y profundo. Que no surgió inmediato. Que se cocinó a fuego lento bajo la llama de un grupo de jugadores de fútbol que se demostraron a sí mismos y nos demostraron a todos que pueden alcanzar las metas con unidad, trabajo y talento puesto al servicio de los demás.

Quedó certificado que, en el fútbol y en la vida, aunque no se alcance el objetivo, haberlo dado todo compensa el dolor y retempla el ánimo para intentar otra vez.  Por ello, luego del épico triunfo frente a Inglaterra, se escuchó con frecuencia aquel “ya está” que Messi gritó en Qatar.

Sin embargo, la Argentina toda anhela ganar la final. De lo que harán esta tarde ese chico de casi 40 años junto a sus compañeros dependerá aquello de “la cuarta”, pero -por fin- no parece que la vida se arruina si el título no se consigue.

Porque la euforia y fanatismo quedarán reducidas a las bravatas de las redes sociales. Porque ha reverdecido aquel sentimiento que no es otro que el amor por los colores celeste y blanco estampados en una camiseta. Hoy los argentinos queremos a la selección. Descubrimos en ella valores cuya trascendencia excede largamente la conquista de un título.

Como escribió Eduardo Sacheri, “cuando se apague el Mundial, y cuando regresen los enviados especiales y los que se ganaron los viajes, y cuando esos muchachos multimillonarios regresen a Europa a esos clubes que son de otra galaxia”, la deberíamos seguir queriendo. Porque “cuando todo eso suceda yo me voy a quedar acá, queriendo a la Selección a sabiendas de que es muy difícil ganar, porque esto es fútbol. No me voy a quedar solo. Ahí nos encontraremos en esa noción dolorosa y sabia al mismo tiempo. Y querremos a la Selección desde ahí. Sin tanto prurito, ni tanta parafernalia, sin tanta solemne prescindencia”.

Días atrás, la plaza de barrio Bouchard fue escenario de un hecho de tinte policial con aristas que pueden parecer insólitas en un principio. Sin embargo, el hallazgo de un kilogramo de cocaína en ese sector verde, ubicado entre las calles Córdoba, Rioja y General Paz, es una señal que no puede minimizarse puesto que se trata de un episodio más de una amenaza persistente desde hace muchos años.

Estamos hablando de la venta ilegal, la acción de bandas de narcos  y el consumo de drogas en San Francisco y lo que llamamos triple frontera. Una problemática que aflige y debería encontrar respuestas más efectivas por parte de las autoridades, tanto de Córdoba como de Santa Fe.

La pregunta surge como lógica derivación de un estado de cosas conocido: ¿por qué debería sorprender la presencia de cocaína en una plaza  de la ciudad cuando la historia reciente recuerda hechos similares? Es cierto que el hecho llama la atención por sus características poco rutinarias. Pero no es un evento ocasional o aislado. La droga llega a la ciudad por la acción de estructuras delictivas aceitadas, vínculos, mercados y silencios que atruenan la conciencia y exigen decisiones.

Cada tanto, el conglomerado urbano que reúne a nuestra ciudad con Frontera y los barrios Acapulco y Veracruz de Josefina es el escenario de noticias similares a la que se produjo en barrio Bouchard. Basta remitirse a agosto de 1999, cuando, en cercanías del Aero Club, cayeron casi 400 kilos de marihuana en lo que se llamó la “lluvia verde”. Aquello no fue una anécdota pintoresca, sino la prueba de que la ciudad y zona son parte importante del circuito en el que se da el tráfico de sustancias ilegales.

A un  cuarto de siglo de aquel recordado episodio y teniendo en cuenta que en los años recientes se han repetido los hallazgos de droga, el contraste temporal muestra que el fenómeno adopta distintas modalidades y persiste en el tiempo. En este marco, aun considerando que la droga hallada es una cantidad menor respecto de otros procedimientos, sería un error minimizar el suceso.

Cuando se descubre un gran cargamento de drogas, el impacto público es notorio. Pero el daño habitual está dado por la venta minorista, el consumo problemático, la violencia que puede aparecer en cualquier momento, la captación de jóvenes por parte de las organizaciones de narcotraficantes, la circulación de dinero ilegal, el deterioro de los vínculos sociales y la ineficacia de algunas estrategias que se “venden” como necesarias para acabar con el problema.

Frente a este panorama, la aparición de un kilogramo de cocaína en una plaza barrial no es un hecho aislado. No puede leerse como una situación excepcional. Ello, en virtud de que la problemática de la droga en nuestra ciudad y la región exige que no se minimicen o ignoren estos hechos. Es parte de una trama que hace mucho tiempo dejó de ser ajena.

El problema habitacional en la Argentina es uno de los que más preocupación genera en la ciudadanía. La calidad de las construcciones, las debilidades en materia de infraestructura sanitaria urbana y las dificultades en el acceso a la vivienda propia continúan siendo requerimientos de gran parte de la población que no puede gozar de dignas condiciones de habitabilidad.

La inoperancia de los distintos gobiernos para mejorar las condiciones de vida y garantizar el derecho a una vivienda propia ha sido una constante durante décadas. En algunas regiones se mantienen deplorables situaciones de aglomeración y carencia de agua potable y cloacas que agreden la conciencia y obligan a la acción.

Los datos más recientes muestran que, al menos para ciudades como San Francisco, esa realidad ha cambiado de manera significativa. El Índice de Hábitat Urbano elaborado por la Fundación Tejido Urbano ubica a nuestra ciudad entre las de mejor desempeño del país en materia habitacional. Los indicadores son elocuentes: bajos niveles de hacinamiento, escasa presencia de viviendas irrecuperables, buena cobertura de servicios y un parque habitacional que, en términos generales, ofrece condiciones de habitabilidad superiores al promedio nacional.

No es un dato menor. Es el resultado de una expansión urbana relativamente ordenada, de importantes inversiones públicas y privadas, del extendido desarrollo de infraestructura básica y también de una comunidad que históricamente ha valorado la vivienda como un patrimonio familiar. Mientras muchas ciudades argentinas todavía deben enfrentar déficits estructurales muy severos, San Francisco exhibe, en este tema, fortalezas que merecen ser reconocidas.

Este dato tan auspicioso debe celebrarse, pero también obliga a mirar un problema diferente. Paradójicamente, cuanto mejores son las condiciones materiales de una ciudad, más evidente aparece una dificultad que durante muchos años permaneció en segundo plano: el acceso a la vivienda propia.

El informe citado revela que más de tres de cada diez hogares sanfrancisqueños viven en viviendas alquiladas, una proporción que ubica a la ciudad entre la parte baja de la “tabla de posiciones” de la categoría que analiza el acceso relativo a la propiedad, considerando el grupo de localidades con mejores indicadores urbanos.

En algunos países, alquilar una vivienda no es un síntoma de precariedad. Muchas son las ciudades donde ser inquilino es una opción plenamente aceptada. Sin embargo, por mandatos familiares o cuestiones culturales, la propiedad de la vivienda en la Argentina es mucho más que una aspiración. La seguridad patrimonial, la estabilidad familiar y la previsibilidad económica son activos muy valorados aquí. En nuestra ciudad también.

Por eso que un tercio de las viviendas sean alquiladas refleja las históricas dificultades para acceder al crédito hipotecario, el aumento sostenido del valor de los terrenos y el desfasaje entre los ingresos de las familias y el costo de un inmueble. La creación de condiciones para que muchas familias puedan ser propietarias es, por ello, una necesidad impostergable en la gestión de un gobierno.

Advertir sobre esta realidad pone en perspectiva los logros alcanzados en materia de habitabilidad en San Francisco. La ciudad ocupa un lugar privilegiado en un ranking que deja al descubierto realidades muy dolorosas. Es un logro que merece celebrarse. Y que permite concentrar esfuerzos en el ambicioso objetivo de generar reales oportunidades de acceso a la vivienda propia para muchas familias sanfrancisqueñas.

La historia relata que Belgrano la enarboló por primera vez a orillas del río Paraná el 27 de febrero de 1812, a las 18. Inauguraba así las baterías Libertad e Independencia del flamante y todavía frágil ejército que se creó para impedir el paso de las naves españolas por el Paraná.

Antes, el prócer le había pedido al Triunvirato que se declarase la escarapela nacional "que deberá componerse de los dos colores, blanco y azul celeste". Con esos mismos colores mandó a hacer la bandera que a partir de ese momento ocupó un lugar trascendente en la historia argentina. Aquel 27 de febrero Belgrano arengó a las tropas diciendo "la América del Sur será el templo de la independencia y la libertad".

A partir de allí, cada vez que se rememora el fallecimiento de su creador, el paño celeste y blanco que identifica a la Argentina en el mundo reaparece para instarnos a reflexionar sobre la importancia de exhibir el sentimiento patriótico mucho más allá del festejo de un gol en el Mundial de Fútbol, aunque éste sea quizás el único momento que como sociedad hemos encontrado ese sentimiento de unidad tan necesario para desarrollar las virtudes que nos permitan progresar.

La Bandera es el símbolo que más se relaciona con nuestra manera de vivir, aun a costa de los avatares y penurias que la Patria ha debido sortear a lo largo de su existencia. Su creador fue portador de sentimientos nobles y protagonista de sacrificios notables para que en esta tierra se respirase libertad. Su figura trasciende la enseñanza escolar que hemos recibido. Se extiende hacia todos los órdenes de la vida social y debería ser tomada como el ejemplo más cabal de lo que significa el amor a la Patria.

Sin embargo, como tantos otros hombres ejemplares de nuestra historia, la mirada esquiva hacia el que piensa distinto se traduce en el intento de apropiarse facciosamente de su obra y su pensamiento. La mezquindad que subyace detrás de estas conductas impide que Belgrano pueda ser un símbolo de cohesión nacional. Sus valores y su pensamiento son declamados, pero no imitados. Se los interpreta a la luz de intereses e ideologías que pretenden ajustarlas a su modo de observar la realidad.

En el maremágnum desinformativo actual y frente a la caótica discusión de los asuntos públicos que, desde hace tiempo, se vive en el país, las ideas y la acción de Belgrano resultan significativas a la hora de bucear en el pasado las lecciones para este presente. Porque no sólo tuvo participación militar. Su pensamiento fue importante en materia educativa, en el apoyo a la producción y al crecimiento económico, en el ámbito social, en el fomento de la cultura del trabajo y en la vocación permanente de progreso.

Fue un adelantado en muchas materias. Por ejemplo, a fines del siglo XVIII, Belgrano decía que “la libertad de prensa es la principal base de la ilustración pública. Es tan justa dicha facultad, como lo es la de pensar y hablar, y es tan injusto oprimirla como lo sería tener atados los entendimientos, las lenguas, las manos o los pies a todos los ciudadanos. Es necesaria para la instrucción pública, para el mejor gobierno de la Nación, y para su libertad, es decir, para evitar la tiranía de cualquier gobierno que se establezca”.

En estos días, las banderas en las ventanas y las camisetas a franjas celestas y blancas forman parte del paisaje cotidiano. La pasión por el fútbol lo hace posible. El problema es que, dentro de pocas semanas, el significado que hoy entregan al mundo quedará pronto sepultado hasta dentro de cuatro años.

Es posible que sea una exhortación estéril, pero la Patria nos sigue invitando a compartir el orgullo de la argentinidad sin intentos de apropiarse del máximo símbolo y de las enseñanzas de su creador para menoscabar o agredir al que piensa distinto.

Cuando se inauguraba el Mundial de Fútbol de 2010, esta columna editorial se tituló de la misma manera. Allí se expresaba el deseo de que esa competencia se convirtiese en una ocasión propicia para el entendimiento, el diálogo y la búsqueda de paz entre los pueblos y entre los Estados.

Se afirmó que “el deporte es un nexo trascendente para acercar a los pueblos, aprender a convivir en la pluralidad de razas, religiones y maneras de ver la vida”. Dieciséis años después, la realidad tiene aspectos radicalmente diferentes. A la luz de los sucesos políticos, económicos, militares, sociales y culturales que hoy dominan el escenario, suena como algo ingenuo o romántico señalar que una pelota puede ser garante de la transformación hacia un mundo más humano, fraterno, pacífico.

El contexto global está hoy atravesado por conflictos bélicos y tensiones geopolíticas de las que tenemos información al instante y están signadas por el griterío, la división y el desprecio al que se ubica en otra vereda. Sin embargo, más allá del negocio que impera y a veces domina al deporte, el fútbol es un lenguaje común que sobrevive a la fragmentación. Como la gran mayoría de los deportes, tiene una gramática básica de reglas que deben ser respetadas. Que implican el reconocimiento del otro, aunque sea adversario. Por ello, puede convertirse en una herramienta pedagógica global que enseñe a redescubrir la convivencia.

La gran vidriera del Mundial de Fútbol se rediseña en un tiempo donde los liderazgos son oscilantes y las tentaciones autoritarias se esparcen por algunas democracias. En este marco, resulta pertinente vincular una idea planteada por el primer ministro canadiense -uno de los anfitriones del evento- en el último Foro de Davos, cuando subrayó que el crecimiento y el progreso sólo son sostenibles si son inclusivos y construidos sobre la cooperación. Trasladado al fútbol, puede afirmarse que no hay juego posible sin reglas compartidas ni reconocimiento mutuo. Así, el Mundial puede convertirse en una narración alternativa a la lógica del enfrentamiento permanente.

El contacto real entre personas de distintos países, culturas y creencias es una experiencia notable de coexistencia y desarmadora de prejuicios. Es válido por ello el ejemplo de 2010. Sudáfrica organizó una competencia que -junto con el Mundial de Rugby, un par de años antes- se transformó en el símbolo de la reconciliación tras el apartheid. Así, la que se inaugura en América del Norte puede también entregar el mensaje de que es posible compartir un espacio común sin negar las diferencias.

Resolver los conflictos estructurales no es tarea del fútbol. Pero el deporte global enseña que países con liderazgos e intereses divergentes acepten un marco común de competencia en el que subyace una experiencia compartida que supone ganar o perder dentro de reglas aceptadas por todos. La política internacional actual parece descreer o ignorar el simbolismo de convivencia que exhibe un balón rodando en un campo de juego.

El deseo de que nuestra selección llegue otra vez a instancias decisivas, con el anhelo de revivir sensaciones similares a las de diciembre de 2022 y aun cuando se tilde de ingenua esta pretensión, se impone no renunciar a la idea de que una pelota puede cambiar el mundo.  

El juez Carlos Mahiques, integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del ministro de Justicia de la Nación, denunció un proceso de “acoso mediático” contra los integrantes del Poder Judicial y pidió aplicar “sanciones éticas” por el intercambio de información entre magistrados y periodistas.

Se trata de una posición acorde con un tiempo en el que la prensa recibe insultos y hostigamientos desde varios estamentos del poder.

Es verdad que son épocas en las que la reconfiguración de los ecosistemas mediáticos han establecido parámetros confusos que complican la tarea de separar la información fiable y rigurosa de la que prolifera en esta suerte de desconcierto desinformativo, dominado por las redes sociales y la búsqueda de impacto inmediato que se mide en cantidad de "clikbaits".

Aun así, los conceptos del juez Mahiques constituyen un ataque a valores republicanos centrales que, por su investidura, está obligado a cumplir y defender.

Admitiendo que un juez o cualquier otro funcionario puede sentirse desprotegido ante una crítica, la realidad demuestra que existe una honda asimetría de poder a favor del Estado. Por ello, es cuestionable la intención de sancionar como una "grave falta" en cualquier ámbito de la Justicia el intercambio de información con periodistas bajo el rótulo de "fuentes no revelables".

Se infiere que el magistrado conoce el principio constitucional expreso de garantía del secreto profesional periodístico y la protección de las fuentes. No es un privilegio corporativo, sino la garantía que permite ejercer el derecho ciudadano a la información.

Muchas de las grandes investigaciones sobre corrupción o connivencia política dentro de los tribunales (asuntos de altísimo interés público) han visto la luz gracias a fuentes que pidieron expresamente no ser identificadas. Sancionarlas equivale a imponer una mordaza inconcebible en un estado de Derecho.

Asimismo, el argumento del juez de que las críticas producen un "efecto corrosivo" en la legitimidad de la justicia invierte la lógica. En una república, la confianza en las instituciones no se construye mediante el secreto o el silencio forzado, sino a través de la transparencia y la rendición de cuentas.

Si la opinión pública cuestiona la integridad de un magistrado por sus vínculos o decisiones, el remedio democrático es una mayor apertura, explicaciones públicas y el sometimiento a los mecanismos institucionales de control, no el blindaje informativo de los tribunales.

Mahiques, por algunas de sus acciones y sus vínculos opacos con ciertas figuras controvertidas, ha recibido cuestionamientos que está obligado a despejar.

Sus conceptos exhiben la decisión de no hacerlo. Porque no apela al remedio democrático de una mayor apertura, explicaciones públicas y el sometimiento a los mecanismos institucionales de control, sino que intenta un inadmisible blindaje informativo.

Pretender penalizar el discurso periodístico desnaturaliza la función de contralor de la prensa, cuyo rol histórico es, precisamente, vigilar a quienes ostentan ese poder.

El último informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba ubica a nuestra provincia nuevamente disputando el liderazgo nacional en la producción de maíz. Con casi 2,9 millones de hectáreas a cosechar, rindes promedio de 80 quintales y un crecimiento del 12% respecto de la anterior campaña -y del 40% con el promedio del período que va desde 2009- el desempeño del cereal confirma una campaña excepcional.

En ese sentido, si bien la soja todavía mantiene el liderazgo entre los cultivos estivales de Córdoba, el avance sostenido del maíz abre un interrogante pertinente. ¿Es solo una buena temporada o asoma un cambio de tendencia en el modelo agrícola argentino?

Las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario son incluso más optimistas. Según su último informe, Córdoba alcanzaría los 20,98 millones de toneladas al final del ciclo, frente los 22,6 millones de Buenos Aires, que implantó 3,45 millones de hectáreas. Entre las dos provincias explicarán casi dos tercios de la cosecha nacional, ajustada ahora a 67 millones de toneladas. Para eso, las lluvias de febrero y marzo fueron determinantes. Pero hubo un hecho incluso más relevante: se sembraron 420 mil hectáreas más en el país.

Estos números permiten interpretar que el ciclo monocultivo podría estar llegando un límite. No se trata de un reemplazo, sino del surgimiento de un nuevo equilibrio. Durante años, la soja impuso una lógica productiva dominada por la rentabilidad, la simplicidad de manejo y la ampliación de las fronteras agrícolas. Hoy, sin embargo, especialistas y productores advierten sobre la aparición de restricciones agronómicas, económicas y ambientales que favorecen la diversificación.

Conocido es que la rotación de cultivos mejora la estructura del suelo y aporta nutrientes que incrementan su fertilidad. La sustentabilidad gana peso como estrategia para enfrentar la creciente variabilidad climática. En ese marco, el crecimiento del maíz revela no solo un cambio productivo, sino también el retorno de prácticas que habían quedado relegadas durante el auge sojero.

Por cierto, la posible redefinición del mapa agrario reactualiza un desafío que debe afrontarse con decisión. El maíz es un insumo estratégico para cadenas como las de la carne, la leche y la bioenergía. Por ello, agregar valor es una necesidad. Cada tonelada del grano transformada en el ámbito local multiplica empleo, inversión y divisas.

Es verdad que la Argentina continúa con sus ciclos inestables, estrategias de corto plazo y deficiencias logísticas, entre otras variables. Sin embargo, con el maíz como protagonista, el escenario que plantea este posible retorno a un perfil más equilibrado de rotación podría dinamizar economías regionales y consolidar un perfil productivo basado en el valor agregado.

Es una oportunidad visible. Dejarla pasar sería persistir la inercia e implicaría resignar futuro.

Es una noticia que bien puede no haber tenido gran trascendencia, salvo para quienes palpitan a diario la vida de una institución como Sportivo Belgrano. Sin embargo, la decisión de colocar el nombre de Mateo Eladio Rodríguez a la platea alta del estadio de barrio Alberione es una decisión que excede el marco de un simple gesto, por más significativo que sea.

En principio, porque ese tramo del “Juan Pablo Francia” ya tenía nombre. Y quien había sido homenajeado tuvo un gesto que lo enaltece y merece ser reconocido. Ex goleador, expresidente y actual secretario técnico del club, Juan Manuel Aróstegui cedió el honor a otra gran figura de la historia de Sportivo Belgrano. De otro tiempo, es verdad. Pero cuyo aporte a la grandeza de la institución de barrio Alberione ha tenido similar gravitación que la del delantero que le dio el único ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

Se trata de una conducta poco frecuente en estos tiempos. Aróstegui renunció a un reconocimiento personal en favor de otro referente “verde”. Su gesto exhibe una comprensión profunda del legado que un deportista puede dejar. No pierde protagonismo. Al contrario, lo resignifica y demuestra su convicción de que la institución está por encima de cualquier nombre propio.

Yendo más allá del caso puntual, es valioso que las instituciones deportivas hayan retomado una costumbre sana como la de colocar nombres de grandes atletas o dirigentes de clubes sanfrancisqueños a los espacios deportivos. Además del homenaje que significan este tipo de decisiones, se afianza el marco formativo que cualquier institución debe contener. Porque la denominación de un espacio trasmite la historia a las nuevas generaciones, genera sentido de pertenencia y construye referencias culturales bien locales. Así se fortalece la identidad y el vínculo con una institución.

A lo largo de los años, los clubes de San Francisco han tenido la virtud de homenajear a sus grandes figuras o a quienes contribuyeron a engrandecerlas. Varios son los estadios o espacios que llevan el nombre de personas destacadas. Sin embargo, en el último tiempo especialmente, la tendencia ha sido homenajear solo a figuras recientes o cercanas. Frente a ello, muchas generaciones anteriores quedan invisibilizadas y, con ello, se pierde la posibilidad de que los jóvenes conozcan a quienes fueron los pioneros.

Como exceden lo inmediato, el homenaje a las trayectorias de Eladio Rodríguez y el Patrullero Vidal -cuyo nombre ahora tendrá una de las canchas del predio de entrenamiento- permiten recrear un pasado plagado de éxitos, demostrando que la historia deportiva -y la de cualquier otra índole- es acumulativa y no se basa solo en episodios aislados.

La decisión de Sportivo Belgrano es un gesto que merece ser replicado en las demás instituciones. Porque cuando un club decide a quién recordar, educa y fortalece identidad hacia el futuro. Y el gesto de Juan Manuel Aróstegui tiene que ser valorado como corresponde. Porque demuestra su humildad y bonhomía, así como trasciende a su persona y proyecta la imagen de que la institución de barrio Alberione tiene claros cuáles son los valores que debe transmitir.

Han sido similares las decisiones adoptadas en las provincias de Córdoba y Santa Fe frente a las amenazas de tiroteos que se produjeron en masa semanas atrás en los establecimientos educativos. En ambos casos, los gobiernos han resuelto avanzar en mecanismos administrativos y legales destinados a recuperar los costos que generan los operativos de seguridad activados por este tipo de hechos, trasladando la responsabilidad patrimonial a los adultos a cargo de los menores involucrados.

La simultaneidad de estas medidas revela un diagnóstico compartido sobre la gravedad del problema, más allá de la intención de preservar los recursos públicos y desalentar conductas que alteran el funcionamiento del sistema educativo. Tanto en Córdoba como en Santa Fe, los procedimientos contemplan la identificación de los responsables, la cuantificación de los gastos y la posterior intimación de pago, en plazos breves y con posibilidad de ejecución judicial ante incumplimientos.

¿Es correcto que así se proceda? Varios argumentos permiten sostener una respuesta positiva. La amenaza falsa, cada inscripción intimidatoria o cada episodio que obliga a desplegar brigadas especializadas implica la movilización de recursos humanos y materiales que el Estado dispone para atender situaciones de riesgo real. La reiteración de estos hechos debilita la capacidad de respuesta ante emergencias genuinas, generando un efecto social que va mucho más allá del ámbito escolar.

En ese contexto, la determinación de exigir el resarcimiento a los adultos responsables introduce un elemento de reflexión que debe darse en el seno del ámbito familiar en el que se convive con niños y jóvenes. La adolescencia, en especial, constituye una etapa atravesada por búsquedas y desafíos, en la que la presencia orientadora de los adultos resulta decisiva. La intervención estatal, en este caso, pretendería orientarse a reforzar esa responsabilidad primaria, recordando que las conductas de los menores se desarrollan en un entramado de vínculos donde el diálogo y los límites ocupan un lugar preponderante.

De acuerdo con lo que se ha publicado en la prensa, en especial la de Santa Fe, la reacción de algunos progenitores ante las intimaciones -expresada en términos de sorpresa frente a los montos reclamados- exhibe una distancia entre la percepción del acto y sus consecuencias reales. Muchos adultos parecen no comprender la gravedad de la situación y tampoco sus posibles derivaciones. Se trata de no naturalizar los hechos. El miedo y la tensión fueron protagonistas de estos sucesos. Considerarlos como meras travesuras es un error grave.

Más allá de la sanción económica, lo que debe quedar claro es la necesidad de recuperar el sentido de la responsabilidad en la formación de las personas. La escuela cumple un rol también central, pero no puede asumir en soledad la tarea de encauzar conductas que se originan fuera de las aulas. La familia, el primer núcleo de formación y socialización, conserva una función indelegable en la transmisión de normas, la adquisición de sanos hábitos y en la construcción de criterios.

Luego de los agitados días en los que las amenazas se esparcieron por cientos de establecimientos educativos, la polémica sobre el traslado de los costos de los operativos a los padres de los adolescentes que protagonizaron los hechos no tendría mayor sustento. ES que  no  se trata únicamente de resarcir un gasto, sino de reponer principios básicos de convivencia. Y entender que las acciones tienen consecuencias y que deben ser asumidas. Banalizar ciertos comportamientos y diluir los límites no es una opción.

Un reciente informe elaborado por Argentinos por la Educación, titulado “Institutos de formación docente” (julio de 2025), vuelve a evidenciar un problema estructural que padece el sistema educativo argentino y que debería ser motivo de preocupación: la falta de datos confiables, sistematizados y desagregados sobre los procesos de formación de los futuros maestros y profesores.

En un país donde más de mil institutos -de gestión estatal y privada- asumen la misión de formar a los futuros docentes, no existen estadísticas actualizadas ni instrumentos de evaluación rigurosos que permitan conocer con exactitud cuántos estudiantes ingresan, cuántos egresan, cuánto tiempo demoran en hacerlo o en qué condiciones cursan sus trayectos formativos.

En este punto, asoma una obviedad. Se habla permanentemente de mejorar la formación de los maestros y profesores, pero no hay información precisa respecto del panorama global del asunto. Debería comprenderse que lo que no se conoce no puede mejorarse, y lo que no se mide, difícilmente puede ser objeto de una política efectiva.

El sistema de formación docente argentino funciona con una lógica fragmentada. El informe citado ofrece un ejemplo elocuente al comparar las situaciones de Córdoba y Santa Fe. El texto señala que la primera cuenta con 140 institutos y alcanza un 20% de egresos sobre el total de su matrícula, la segunda -con 118 institutos- apenas supera el 7% de egreso efectivo. En general, el problema se agudiza en los profesorados de secundaria, carreras que no tienen matrícula elevada y no son elegidas por quienes salen del secundario. Este fenómeno es, desde hace años, una realidad que no parece factible de ser revertida.

Los problemas de la formación docente en el país evidencian también una falta de planificación estratégica en la asignación de recursos, en la evaluación de resultados y en la articulación entre niveles del Estado. No parece existir, en términos generales, una política nacional capaz de establecer criterios comunes, estándares de calidad, mecanismos de monitoreo y metas verificables. La consecuencia es un sistema que funciona casi sin control, opera por inercia y reproduce desigualdades estructurales.

Por ello, se hace necesaria la organización de un marco común de referencia, con metas compartidas y del que emane información suficiente para tomar decisiones. La inversión pública que implica el sostenimiento de centenares de institutos debería estar acompañada de un análisis riguroso de su impacto y pertinencia. Porque no se trata solo de una cuestión de asignación o quita de recursos económicos del Estado respecto de la matrícula que tenga una carrera determinada en un instituto superior.

En tiempos donde la calidad educativa en el país es fuertemente cuestionada, no puede ignorarse que la mejora de los aprendizajes está directamente vinculada con la calidad de la formación de los docentes. Y el primer paso para consolidar un sistema de formación docente eficiente es construir una base de información que permita repensar, desde la base, el sistema.

A partir de allí, comienza otro enorme desafío: encontrar los parámetros adecuados para decidir cómo formar a quienes deben formar en un tiempo vertiginoso e incierto.

En “Voces de Chernobyl”, la premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alexievich, le puso rostros al desastre. Escribió que en el lugar de la tragedia “se recuerda ante todo la vida después de todo: los objetos sin el hombre, los paisajes sin el hombre. Un camino hacia la nada, unos cables hacia ninguna parte. Hasta te asalta la duda de si se trata del pasado o del futuro. En más de una ocasión me ha parecido estar anotando el futuro”.

La mirada de la escritora ucraniana se convierte en un alerta oportuno en el momento en el que se cumplen 40 años de la explosión de la central nuclear cuyo nombre quedó impreso en la memoria de la humanidad como sinónimo de catástrofe. Y obliga, aún hoy, a analizar con detenimiento las posibilidades energéticas en un mundo cambiante y caótico.

Los recordatorios dirán que el accidente del 26 de abril de 1986 en la central nuclear ubicada en territorio de la entonces Unión Soviética -hoy la castigada Ucrania-, fue el resultado de un diseño defectuoso de maquinarias de la central. Que se unió a la presencia de personal con formación insuficiente y a la irresponsabilidad de jerarcas de un régimen oprobioso como el que se instauró desde Moscú durante largas décadas del siglo pasado.

Fue enorme el impacto de un simple ensayo técnico que desestabilizó al reactor nuclear por haberse ignorado las advertencias de seguridad. El mayor desastre de este tipo en la historia es un punto de inflexión que marcó la discusión sobre el uso de la energía nuclear, en especial en Europa. También ha incidido en la percepción que las sociedades tienen sobre las políticas energéticas.

Más de treinta vidas se perdieron durante la primera noche. Sin embargo, más de ocho millones de seres humanos  estuvieron expuestos a la radiación en una amplia geografía del viejo continente. Se afirma hoy que los muertos pueden haber sido más de 100 mil y que decenas de miles padecieron cáncer y anomalías congénitas.

Estas graves consecuencias podrían haber sido menores si la cerrazón ideológica de líderes que solo pensaban en cómo sojuzgar a su pueblo y dominar a otros no hubiese prevalecido por sobre la racionalidad. Una semana tardó Moscú en admitir el accidente. Lo tuvo que hacer ante las evidentes constataciones de que el hecho se había producido en su territorio y luego de haberlo negado públicamente en reiteradas ocasiones. Incluso se ocultó a su propio pueblo la magnitud del hecho.

Transcurrieron cuatro décadas. La revolución de la tecnología ha modificado parámetros y percepciones. Se supone que, luego de haber sido cuestionadas durante largo tiempo, las centrales nucleares hoy son mucho más seguras. Hoy se las vuelve a valorar. Pero están expuestas a los vaivenes del poder. La invasión rusa a Ucrania así lo ha certificado y obliga a redoblar la acción preventiva de los organismos internacionales con competencia en la cuestión.

Chernobyl fue una tragedia que marcó a un tiempo controvertido. Fue el comienzo del fin para el régimen soviético y también para la Guerra Fría. Se transformó en un símbolo de las consecuencias que puede generar el uso no ético de la tecnología. Por esto mismo, no puede olvidarse. Ni repetirse.

El estudio científico de los océanos permitió conocer la importancia que tienen para la vida humana en numerosos aspectos. Las corrientes que desplazan las enormes masas de agua permiten el equilibrio de las temperaturas y el desarrollo de ecosistemas que han favorecido la vida humana y ha generados beneficios sociales, económicos y culturales que enriquecieron la existencia.

La función reguladora del clima global es una faceta trascendente que hoy se halla amenazada. La elevación del nivel del mar y las variaciones de las corrientes son el resultado del proceso de calentamiento global que la comunidad científica ha venido comprobando en los últimos años. El impacto que tendrá en el planeta ya puede ser medido y exige la atención de la comunidad internacional frente al riesgo que supone para numerosas regiones costeras.

Un ejemplo ilustrativo de este problema es el desplazamiento de la corriente de Kuroshio, "río negro" del Pacífico, y sus efectos para las costas de Japón. Debido al calentamiento global, esta corriente sufre alteraciones sin precedentes, con un desplazamiento de hasta 480 km hacia el norte entre 2023-2024, trayendo aguas cálidas inusuales a costas japonesas. Este fenómeno ha elevado temperaturas del agua 6°C en varias zonas de la isla asiática. Las consecuencias incluyen la reconfiguración de ecosistemas marinos, impactos en la pesca y riesgos de inundación costera en Japón.

Es muy posible que la evidencia científica de este caso se replique en otras zonas del planeta, con consecuencias también medibles. Ello es así porque los océanos son el termómetro del cambio climático. Absorben el 90% del exceso de calor, por lo que la expansión térmica que se verifica en prácticamente todo el globo determina el aumento del nivel de las aguas y la suba de la temperatura en las costas.

En tiempos en los que algunos líderes niegan las consecuencias del fenómeno producido por los gases de efecto invernadero, existen hoy fundamentos científicos que desarman la idea de que estos fenómenos son coyunturales. Por el contrario, están provocando crisis severas en la industria pesquera, un desplazamiento nunca visto de especies marinas, acidificación y destrucción de las barreras de coral, entre otras alteraciones.

Asimismo, el problema ambiental afecta modos de vida y culturas milenarias. Provoca además episodios climáticos extremos, aumento de las migraciones y amenaza la seguridad alimentaria en varias regiones. Algunas ya lo están sintiendo. Y otras lo sufrirán en el futuro si no se adoptan medidas concretas para abordar estos fenómenos. En este punto, la ciencia proyecta que el aumento del nivel del mar podría ser de casi 40 centímetros hacia fines de este siglo.

La evidencia empírica y científica, cada vez más contundente, se da de bruces con la parálisis política que ha hecho retroceder los compromisos asumidos por las naciones y afectó la cooperación internacional para dar respuesta al calentamiento global. Este “calentamiento político” debilita las respuestas posibles. Y acrecienta las chances de que las transformaciones advertidas sean incluso más graves.

El conflicto suscitado por las nuevas disposiciones del Pami respecto de los honorarios de los médicos prestadores tiene impacto directo en millones de jubilados y pensionados. Así, un adulto mayor que ya se ve agobiado por el monto ínfimo que percibe cada mes, pagaría las consultas, además de los medicamentos y otras prestaciones. Con ello, el margen para alcanzar una vida digna se reduce al mínimo.

En efecto, la reciente resolución del ente nacional provoca una reducción de ingresos importante para los médicos de cabecera porque elimina adicionales por atención presencial y fija un monto mensual insuficiente. Según lo que señalaron los voceros del grupo de prestadores, el monto que percibiría un profesional se reduciría a la mitad. Por ello, se adoptaron medidas de fuerza y se advirtió que un jubilado debería abonar 15 mil pesos por cada consulta. En este contexto, la disputa ingresa en terreno sensible, ya que altera de modo concreto el acceso a la salud de uno de los sectores más vulnerables.

Por cierto, debe atenderse el reclamo médico. Sus honorarios actuales no cubren costos ni justifican la continuidad de la prestación. La disposición del Pami solo agravó la situación y derivó en el riesgo de renuncias masivas. A esto se suma el retraso en los pagos a farmacias y clínicas. El reclamo puede sonar a corporativo, pero desnuda la debilidad estructural de un sistema que no brinda condiciones dignas ni para los profesionales ni para los beneficiarios.

La persistencia de estos dilemas expone las fallas de un sistema previsional y sanitario que no protege a los jubilados. Por el contrario, los empuja a situaciones de permanente fragilidad. Ingresos insuficientes y decisiones que trasladan costos a los beneficiarios exigen que éstos tengan la “obligación” de elegir entre atender la salud o cubrir otros gastos básicos. Una disyuntiva que no debería existir en un esquema de protección social porque, directamente, se transforma en una barrera de acceso a las prestaciones de salud.

La cuestión es de alta sensibilidad social y exige una respuesta inmediata. El sistema está tensionado y amenaza con quebrarse si no se actúa con responsabilidad. No hay contradicción entre defender a los jubilados y reclamar que se garanticen honorarios dignos a los médicos. Ambas condiciones son inseparables para que las cosas funcionen. Porque un sistema que paga mal expulsa profesionales y uno que traslada costos al paciente excluye a los más débiles. El desequilibrio no es una opción cuando entran en juego derechos básicos.

La última encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés señala que solo el 33% de los argentinos se declara satisfecho con la marcha del país, mientras el 65% expresa insatisfacción. Más significativo aún es el cambio en las preocupaciones sociales. Ahora pasan primero por los bajos salarios y la falta de trabajo desplazando a la inflación al tercer puesto.

Otros sondeos brindan resultados similares, lo que al parecer está demostrando que la percepción social se ha corrido del eje que mantuvo durante mucho tiempo, en especial luego del fracaso evidente del anterior gobierno nacional en esta materia. Entonces, ya no se está permanentemente pensando en cuánto suben los precios -aunque lo siguen haciendo-, sino de cuánto rinde el salario y cómo mantener o encontrar empleo.

Esta nueva realidad exhibe un dato de difícil digestión. Para muchos argentinos, trabajar ya no alcanza para llegar a fin de mes. La tasa de desempleo, antes una radiografía certera del mercado laboral, hoy ya no resulta suficiente para describir el panorama. La última medición de ese indicador fue del 7,5%, lo que llevaría a suponer una relativa estabilidad. Pero las encuestas revelan que  uno de cada cinco trabajadores necesita más empleo o mejores ingresos. Así, están creciendo los ocupados que demandan otro empleo porque con uno solo no alcanza para vivir con dignidad.

Esta realidad se refleja también en el hecho de que más de la mitad de los hogares recurre al crédito para cubrir gastos básicos y casi 9 de cada 10 tienen dificultades para afrontarlo. Se afirma que el crédito dejó de ser una herramienta financiera para convertirse en un recurso de subsistencia.

Además, al reto del presente se le suma la incertidumbre del futuro del trabajo. Son tiempos en los que la inteligencia artificial permite atisbar la desaparición de numerosos ámbitos laborales, en los que también la educación tiene serias dificultades para afianzar la vida de una persona y el riesgo de exclusión social por incapacidad formativa se acrecienta. En este contexto, la problemática del trabajo está en permanente cambio y redefinición, lo que determina que va más allá de cualquier situación coyuntural.

Es verdad que la economía argentina arrastra desequilibrios profundos que derivaron en un ajuste inevitable tras años de desorden macroeconómico. En ese marco, es comprensible que el proceso suponga costos. Pero también es legítimo que la preocupación por el empleo y los ingresos comience a ocupar un lugar central.  El desafío, entonces, va más allá de una ley de reforma laboral que puede ser necesaria, pero quizás no llegue a ser suficiente.

El trabajo dignifica a la persona humana. El trabajo educa, forma, permite la socialización y debería ser el resorte principal para alcanzar el bienestar. Si todas estas condiciones no se alcanzan teniendo un empleo, el problema se traslada a la sociedad en su conjunto. Recuperar ingresos, garantizar estabilidad y proyectar el crecimiento deben ser objetivos de cualquier política económica. Porque son necesidades humanas impostergables, más aún en una coyuntura signada por bolsillos flacos que originan una lógica preocupación y requieren de urgentes respuestas.

El Concejo Deliberante de nuestra ciudad fue el marco en el que se desarrolló un interesante cruce de opiniones respecto de una iniciativa presentada por una edil opositora que propiciaba el registro y la transmisión en vivo de las sesiones ordinarias del cuerpo, a través de canales digitales y redes sociales oficiales.

La propuesta se fundamentó en el artículo 28 del reglamento interno del Concejo que establece el carácter público de los debates legislativos. Según el texto del proyecto, el objetivo sería fortalecer los mecanismos de transparencia institucional y el principio de publicidad de los actos de gobierno, aprovechando que la utilización de herramientas tecnológicas permite ampliar significativamente el alcance de las discusiones para aquellos vecinos que no pueden concurrir de manera presencial al recinto.

En este punto, debe admitirse que las causas de la escasa cantidad de vecinos que asisten a las sesiones del cuerpo legislativo municipal pueden atribuirse a cuestiones laborales y, también, a cierta indiferencia ciudadana respecto de la importancia de la discusión de los temas de la ciudad en ese ámbito. No obstante, la discusión no puede centrarse en este aspecto solamente. Porque la formación en el ejercicio de la ciudadanía es responsabilidad también de los distintos estamentos del Estado ,que siempre deben propender a ampliar el acceso ciudadano a la información de interés público. En este punto, la cuestión se convierte en institucional.

El acceso del ciudadano a la información es un principio básico del sistema republicano. La publicidad de los actos de gobierno es requisito indispensable para el buen funcionamiento de las instituciones. Asimismo, la ley de acceso a la información pública establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información del Estado, sin necesidad de justificar su interés. A esta altura no puede ponerse en duda de que el ejercicio pleno de la ciudadanía requiere del acceso a la información.  

Que los sanfrancisqueños puedan ver a sus concejales sesionando en vivo hace efectivo ese derecho. Además, hay probados antecedentes de numerosas ciudades del país que lo hacen. Basta ingresar a la plataforma You Tube para encontrar numerosos ejemplos de cuerpos legislativos que adoptaron esta modalidad como una práctica habitual.

Es cierto que las decisiones legislativas forman parte del juego democrático. Sin embargo, hay temáticas que deberían trascender las mayorías circunstanciales. El recientemente fallecido filósofo Jurgën Habermas advertía sobre el riesgo de renunciar al esfuerzo de formarse una opinión propia mediante la deliberación pública. Sostenía que la legitimidad democrática se construye a través de la deliberación.

Deliberante es parte del nombre del Concejo. En tiempos donde la tecnología facilita las cosas, hacer más visibles sus debates no tendría que ser motivo de ninguna discusión o controversia. 

En los últimos tiempos, se ha fortalecido el consenso respecto de la necesidad de limitar el uso de teléfonos celulares en las escuela. El objetivo es proteger el proceso educativo, evitar que la atención se disperse, reducir el impacto cognitivo negativo de su utilización sin control o procurar que no se produzcan situaciones que alteren la convivencia. Así también garantizar la mejora en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Sin embargo, el mismo rigor no aparece cuando se trata del uso de los dispositivos móviles dentro de las unidades penitenciarias. Por cierto, no en todos los sistemas carcelarios, aunque son varios los que todavía mantienen las autorizaciones. Habilitaciones que podrían haber sido útiles en la época de la pandemia del Covid 19, pero que -a la luz de hechos evidentes- no tienen sentido hoy.

Es que los celulares en las cárceles son estupendas herramientas para cometer delitos. Y también se convierten en vitrinas masivas de una vida carcelaria que, sorprendentemente, es exhibida sin pudores en las redes sociales. Se comprueba de este modo que, en muchos establecimientos, quienes purgan condenas por sus delitos tendrían un modo de vida superior al de muchos argentinos que se esfuerzan día a día y transitan su vida con honestidad inquebrantable.

La restricción en las escuelas es razonable desde el intento de ordenar el proceso educativo porque se ha llegado a conclusiones certeras sobre el impacto de los dispositivos móviles en la vida de los niños y adolescentes, aun cuando , su utilización pedagógica correcta es verificable luego de años de experimentación frente a las nuevas tecnologías. Entonces,  si esto es así en las escuelas, ¿por qué no sucede lo mismo en las cárceles? ¿La sociedad puede ser más estricta con estudiantes que con delincuentes?

Son meras preguntas retóricas. Pero que a la hora del análisis encontraron respuestas en las decisiones que se están tomando en el sistema educativo, pero no ocurre algo similar en numerosos ámbitos carcelarios. En varias provincias persisten los permisos originados en la pandemia para que los reclusos utilicen celulares, pese a que los estrados judiciales están abarrotados de casos en los que los delitos nacieron en las prisiones gracias a la flexibilidad y a la debilidad de los controles penitenciarios. Está claro que no se trata de la necesidad de comunicación que cualquier ser humano tiene, sino que -en estos casos- el móvil es una   herramienta operativa para el delito.

La incongruencia es manifiesta. Las decisiones sobre el celular en la escuela procuran mejorar la formación de las personas. La permisividad en las prisiones favorece el crecimiento de algunos delitos. Llama la atención que la plausible discusión que se da en los ámbitos educativos sobre el tema no se replica -vaya a saberse por cuáles motivos- en los ámbitos penitenciarios. Una sociedad que discute cómo ordenar el uso de la tecnología en las aulas debería ser capaz, al menos, de impedir que esa misma tecnología se convierta en una herramienta para delinquir desde la cárcel.