Cuando se inauguraba el Mundial de Fútbol de 2010, esta columna editorial se tituló de la misma manera. Allí se expresaba el deseo de que esa competencia se convirtiese en una ocasión propicia para el entendimiento, el diálogo y la búsqueda de paz entre los pueblos y entre los Estados.

Se afirmó que “el deporte es un nexo trascendente para acercar a los pueblos, aprender a convivir en la pluralidad de razas, religiones y maneras de ver la vida”. Dieciséis años después, la realidad tiene aspectos radicalmente diferentes. A la luz de los sucesos políticos, económicos, militares, sociales y culturales que hoy dominan el escenario, suena como algo ingenuo o romántico señalar que una pelota puede ser garante de la transformación hacia un mundo más humano, fraterno, pacífico.

El contexto global está hoy atravesado por conflictos bélicos y tensiones geopolíticas de las que tenemos información al instante y están signadas por el griterío, la división y el desprecio al que se ubica en otra vereda. Sin embargo, más allá del negocio que impera y a veces domina al deporte, el fútbol es un lenguaje común que sobrevive a la fragmentación. Como la gran mayoría de los deportes, tiene una gramática básica de reglas que deben ser respetadas. Que implican el reconocimiento del otro, aunque sea adversario. Por ello, puede convertirse en una herramienta pedagógica global que enseñe a redescubrir la convivencia.

La gran vidriera del Mundial de Fútbol se rediseña en un tiempo donde los liderazgos son oscilantes y las tentaciones autoritarias se esparcen por algunas democracias. En este marco, resulta pertinente vincular una idea planteada por el primer ministro canadiense -uno de los anfitriones del evento- en el último Foro de Davos, cuando subrayó que el crecimiento y el progreso sólo son sostenibles si son inclusivos y construidos sobre la cooperación. Trasladado al fútbol, puede afirmarse que no hay juego posible sin reglas compartidas ni reconocimiento mutuo. Así, el Mundial puede convertirse en una narración alternativa a la lógica del enfrentamiento permanente.

El contacto real entre personas de distintos países, culturas y creencias es una experiencia notable de coexistencia y desarmadora de prejuicios. Es válido por ello el ejemplo de 2010. Sudáfrica organizó una competencia que -junto con el Mundial de Rugby, un par de años antes- se transformó en el símbolo de la reconciliación tras el apartheid. Así, la que se inaugura en América del Norte puede también entregar el mensaje de que es posible compartir un espacio común sin negar las diferencias.

Resolver los conflictos estructurales no es tarea del fútbol. Pero el deporte global enseña que países con liderazgos e intereses divergentes acepten un marco común de competencia en el que subyace una experiencia compartida que supone ganar o perder dentro de reglas aceptadas por todos. La política internacional actual parece descreer o ignorar el simbolismo de convivencia que exhibe un balón rodando en un campo de juego.

El deseo de que nuestra selección llegue otra vez a instancias decisivas, con el anhelo de revivir sensaciones similares a las de diciembre de 2022 y aun cuando se tilde de ingenua esta pretensión, se impone no renunciar a la idea de que una pelota puede cambiar el mundo.  

El juez Carlos Mahiques, integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del ministro de Justicia de la Nación, denunció un proceso de “acoso mediático” contra los integrantes del Poder Judicial y pidió aplicar “sanciones éticas” por el intercambio de información entre magistrados y periodistas.

Se trata de una posición acorde con un tiempo en el que la prensa recibe insultos y hostigamientos desde varios estamentos del poder.

Es verdad que son épocas en las que la reconfiguración de los ecosistemas mediáticos han establecido parámetros confusos que complican la tarea de separar la información fiable y rigurosa de la que prolifera en esta suerte de desconcierto desinformativo, dominado por las redes sociales y la búsqueda de impacto inmediato que se mide en cantidad de "clikbaits".

Aun así, los conceptos del juez Mahiques constituyen un ataque a valores republicanos centrales que, por su investidura, está obligado a cumplir y defender.

Admitiendo que un juez o cualquier otro funcionario puede sentirse desprotegido ante una crítica, la realidad demuestra que existe una honda asimetría de poder a favor del Estado. Por ello, es cuestionable la intención de sancionar como una "grave falta" en cualquier ámbito de la Justicia el intercambio de información con periodistas bajo el rótulo de "fuentes no revelables".

Se infiere que el magistrado conoce el principio constitucional expreso de garantía del secreto profesional periodístico y la protección de las fuentes. No es un privilegio corporativo, sino la garantía que permite ejercer el derecho ciudadano a la información.

Muchas de las grandes investigaciones sobre corrupción o connivencia política dentro de los tribunales (asuntos de altísimo interés público) han visto la luz gracias a fuentes que pidieron expresamente no ser identificadas. Sancionarlas equivale a imponer una mordaza inconcebible en un estado de Derecho.

Asimismo, el argumento del juez de que las críticas producen un "efecto corrosivo" en la legitimidad de la justicia invierte la lógica. En una república, la confianza en las instituciones no se construye mediante el secreto o el silencio forzado, sino a través de la transparencia y la rendición de cuentas.

Si la opinión pública cuestiona la integridad de un magistrado por sus vínculos o decisiones, el remedio democrático es una mayor apertura, explicaciones públicas y el sometimiento a los mecanismos institucionales de control, no el blindaje informativo de los tribunales.

Mahiques, por algunas de sus acciones y sus vínculos opacos con ciertas figuras controvertidas, ha recibido cuestionamientos que está obligado a despejar.

Sus conceptos exhiben la decisión de no hacerlo. Porque no apela al remedio democrático de una mayor apertura, explicaciones públicas y el sometimiento a los mecanismos institucionales de control, sino que intenta un inadmisible blindaje informativo.

Pretender penalizar el discurso periodístico desnaturaliza la función de contralor de la prensa, cuyo rol histórico es, precisamente, vigilar a quienes ostentan ese poder.

El último informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba ubica a nuestra provincia nuevamente disputando el liderazgo nacional en la producción de maíz. Con casi 2,9 millones de hectáreas a cosechar, rindes promedio de 80 quintales y un crecimiento del 12% respecto de la anterior campaña -y del 40% con el promedio del período que va desde 2009- el desempeño del cereal confirma una campaña excepcional.

En ese sentido, si bien la soja todavía mantiene el liderazgo entre los cultivos estivales de Córdoba, el avance sostenido del maíz abre un interrogante pertinente. ¿Es solo una buena temporada o asoma un cambio de tendencia en el modelo agrícola argentino?

Las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario son incluso más optimistas. Según su último informe, Córdoba alcanzaría los 20,98 millones de toneladas al final del ciclo, frente los 22,6 millones de Buenos Aires, que implantó 3,45 millones de hectáreas. Entre las dos provincias explicarán casi dos tercios de la cosecha nacional, ajustada ahora a 67 millones de toneladas. Para eso, las lluvias de febrero y marzo fueron determinantes. Pero hubo un hecho incluso más relevante: se sembraron 420 mil hectáreas más en el país.

Estos números permiten interpretar que el ciclo monocultivo podría estar llegando un límite. No se trata de un reemplazo, sino del surgimiento de un nuevo equilibrio. Durante años, la soja impuso una lógica productiva dominada por la rentabilidad, la simplicidad de manejo y la ampliación de las fronteras agrícolas. Hoy, sin embargo, especialistas y productores advierten sobre la aparición de restricciones agronómicas, económicas y ambientales que favorecen la diversificación.

Conocido es que la rotación de cultivos mejora la estructura del suelo y aporta nutrientes que incrementan su fertilidad. La sustentabilidad gana peso como estrategia para enfrentar la creciente variabilidad climática. En ese marco, el crecimiento del maíz revela no solo un cambio productivo, sino también el retorno de prácticas que habían quedado relegadas durante el auge sojero.

Por cierto, la posible redefinición del mapa agrario reactualiza un desafío que debe afrontarse con decisión. El maíz es un insumo estratégico para cadenas como las de la carne, la leche y la bioenergía. Por ello, agregar valor es una necesidad. Cada tonelada del grano transformada en el ámbito local multiplica empleo, inversión y divisas.

Es verdad que la Argentina continúa con sus ciclos inestables, estrategias de corto plazo y deficiencias logísticas, entre otras variables. Sin embargo, con el maíz como protagonista, el escenario que plantea este posible retorno a un perfil más equilibrado de rotación podría dinamizar economías regionales y consolidar un perfil productivo basado en el valor agregado.

Es una oportunidad visible. Dejarla pasar sería persistir la inercia e implicaría resignar futuro.

Es una noticia que bien puede no haber tenido gran trascendencia, salvo para quienes palpitan a diario la vida de una institución como Sportivo Belgrano. Sin embargo, la decisión de colocar el nombre de Mateo Eladio Rodríguez a la platea alta del estadio de barrio Alberione es una decisión que excede el marco de un simple gesto, por más significativo que sea.

En principio, porque ese tramo del “Juan Pablo Francia” ya tenía nombre. Y quien había sido homenajeado tuvo un gesto que lo enaltece y merece ser reconocido. Ex goleador, expresidente y actual secretario técnico del club, Juan Manuel Aróstegui cedió el honor a otra gran figura de la historia de Sportivo Belgrano. De otro tiempo, es verdad. Pero cuyo aporte a la grandeza de la institución de barrio Alberione ha tenido similar gravitación que la del delantero que le dio el único ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

Se trata de una conducta poco frecuente en estos tiempos. Aróstegui renunció a un reconocimiento personal en favor de otro referente “verde”. Su gesto exhibe una comprensión profunda del legado que un deportista puede dejar. No pierde protagonismo. Al contrario, lo resignifica y demuestra su convicción de que la institución está por encima de cualquier nombre propio.

Yendo más allá del caso puntual, es valioso que las instituciones deportivas hayan retomado una costumbre sana como la de colocar nombres de grandes atletas o dirigentes de clubes sanfrancisqueños a los espacios deportivos. Además del homenaje que significan este tipo de decisiones, se afianza el marco formativo que cualquier institución debe contener. Porque la denominación de un espacio trasmite la historia a las nuevas generaciones, genera sentido de pertenencia y construye referencias culturales bien locales. Así se fortalece la identidad y el vínculo con una institución.

A lo largo de los años, los clubes de San Francisco han tenido la virtud de homenajear a sus grandes figuras o a quienes contribuyeron a engrandecerlas. Varios son los estadios o espacios que llevan el nombre de personas destacadas. Sin embargo, en el último tiempo especialmente, la tendencia ha sido homenajear solo a figuras recientes o cercanas. Frente a ello, muchas generaciones anteriores quedan invisibilizadas y, con ello, se pierde la posibilidad de que los jóvenes conozcan a quienes fueron los pioneros.

Como exceden lo inmediato, el homenaje a las trayectorias de Eladio Rodríguez y el Patrullero Vidal -cuyo nombre ahora tendrá una de las canchas del predio de entrenamiento- permiten recrear un pasado plagado de éxitos, demostrando que la historia deportiva -y la de cualquier otra índole- es acumulativa y no se basa solo en episodios aislados.

La decisión de Sportivo Belgrano es un gesto que merece ser replicado en las demás instituciones. Porque cuando un club decide a quién recordar, educa y fortalece identidad hacia el futuro. Y el gesto de Juan Manuel Aróstegui tiene que ser valorado como corresponde. Porque demuestra su humildad y bonhomía, así como trasciende a su persona y proyecta la imagen de que la institución de barrio Alberione tiene claros cuáles son los valores que debe transmitir.

Han sido similares las decisiones adoptadas en las provincias de Córdoba y Santa Fe frente a las amenazas de tiroteos que se produjeron en masa semanas atrás en los establecimientos educativos. En ambos casos, los gobiernos han resuelto avanzar en mecanismos administrativos y legales destinados a recuperar los costos que generan los operativos de seguridad activados por este tipo de hechos, trasladando la responsabilidad patrimonial a los adultos a cargo de los menores involucrados.

La simultaneidad de estas medidas revela un diagnóstico compartido sobre la gravedad del problema, más allá de la intención de preservar los recursos públicos y desalentar conductas que alteran el funcionamiento del sistema educativo. Tanto en Córdoba como en Santa Fe, los procedimientos contemplan la identificación de los responsables, la cuantificación de los gastos y la posterior intimación de pago, en plazos breves y con posibilidad de ejecución judicial ante incumplimientos.

¿Es correcto que así se proceda? Varios argumentos permiten sostener una respuesta positiva. La amenaza falsa, cada inscripción intimidatoria o cada episodio que obliga a desplegar brigadas especializadas implica la movilización de recursos humanos y materiales que el Estado dispone para atender situaciones de riesgo real. La reiteración de estos hechos debilita la capacidad de respuesta ante emergencias genuinas, generando un efecto social que va mucho más allá del ámbito escolar.

En ese contexto, la determinación de exigir el resarcimiento a los adultos responsables introduce un elemento de reflexión que debe darse en el seno del ámbito familiar en el que se convive con niños y jóvenes. La adolescencia, en especial, constituye una etapa atravesada por búsquedas y desafíos, en la que la presencia orientadora de los adultos resulta decisiva. La intervención estatal, en este caso, pretendería orientarse a reforzar esa responsabilidad primaria, recordando que las conductas de los menores se desarrollan en un entramado de vínculos donde el diálogo y los límites ocupan un lugar preponderante.

De acuerdo con lo que se ha publicado en la prensa, en especial la de Santa Fe, la reacción de algunos progenitores ante las intimaciones -expresada en términos de sorpresa frente a los montos reclamados- exhibe una distancia entre la percepción del acto y sus consecuencias reales. Muchos adultos parecen no comprender la gravedad de la situación y tampoco sus posibles derivaciones. Se trata de no naturalizar los hechos. El miedo y la tensión fueron protagonistas de estos sucesos. Considerarlos como meras travesuras es un error grave.

Más allá de la sanción económica, lo que debe quedar claro es la necesidad de recuperar el sentido de la responsabilidad en la formación de las personas. La escuela cumple un rol también central, pero no puede asumir en soledad la tarea de encauzar conductas que se originan fuera de las aulas. La familia, el primer núcleo de formación y socialización, conserva una función indelegable en la transmisión de normas, la adquisición de sanos hábitos y en la construcción de criterios.

Luego de los agitados días en los que las amenazas se esparcieron por cientos de establecimientos educativos, la polémica sobre el traslado de los costos de los operativos a los padres de los adolescentes que protagonizaron los hechos no tendría mayor sustento. ES que  no  se trata únicamente de resarcir un gasto, sino de reponer principios básicos de convivencia. Y entender que las acciones tienen consecuencias y que deben ser asumidas. Banalizar ciertos comportamientos y diluir los límites no es una opción.

Un reciente informe elaborado por Argentinos por la Educación, titulado “Institutos de formación docente” (julio de 2025), vuelve a evidenciar un problema estructural que padece el sistema educativo argentino y que debería ser motivo de preocupación: la falta de datos confiables, sistematizados y desagregados sobre los procesos de formación de los futuros maestros y profesores.

En un país donde más de mil institutos -de gestión estatal y privada- asumen la misión de formar a los futuros docentes, no existen estadísticas actualizadas ni instrumentos de evaluación rigurosos que permitan conocer con exactitud cuántos estudiantes ingresan, cuántos egresan, cuánto tiempo demoran en hacerlo o en qué condiciones cursan sus trayectos formativos.

En este punto, asoma una obviedad. Se habla permanentemente de mejorar la formación de los maestros y profesores, pero no hay información precisa respecto del panorama global del asunto. Debería comprenderse que lo que no se conoce no puede mejorarse, y lo que no se mide, difícilmente puede ser objeto de una política efectiva.

El sistema de formación docente argentino funciona con una lógica fragmentada. El informe citado ofrece un ejemplo elocuente al comparar las situaciones de Córdoba y Santa Fe. El texto señala que la primera cuenta con 140 institutos y alcanza un 20% de egresos sobre el total de su matrícula, la segunda -con 118 institutos- apenas supera el 7% de egreso efectivo. En general, el problema se agudiza en los profesorados de secundaria, carreras que no tienen matrícula elevada y no son elegidas por quienes salen del secundario. Este fenómeno es, desde hace años, una realidad que no parece factible de ser revertida.

Los problemas de la formación docente en el país evidencian también una falta de planificación estratégica en la asignación de recursos, en la evaluación de resultados y en la articulación entre niveles del Estado. No parece existir, en términos generales, una política nacional capaz de establecer criterios comunes, estándares de calidad, mecanismos de monitoreo y metas verificables. La consecuencia es un sistema que funciona casi sin control, opera por inercia y reproduce desigualdades estructurales.

Por ello, se hace necesaria la organización de un marco común de referencia, con metas compartidas y del que emane información suficiente para tomar decisiones. La inversión pública que implica el sostenimiento de centenares de institutos debería estar acompañada de un análisis riguroso de su impacto y pertinencia. Porque no se trata solo de una cuestión de asignación o quita de recursos económicos del Estado respecto de la matrícula que tenga una carrera determinada en un instituto superior.

En tiempos donde la calidad educativa en el país es fuertemente cuestionada, no puede ignorarse que la mejora de los aprendizajes está directamente vinculada con la calidad de la formación de los docentes. Y el primer paso para consolidar un sistema de formación docente eficiente es construir una base de información que permita repensar, desde la base, el sistema.

A partir de allí, comienza otro enorme desafío: encontrar los parámetros adecuados para decidir cómo formar a quienes deben formar en un tiempo vertiginoso e incierto.

En “Voces de Chernobyl”, la premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alexievich, le puso rostros al desastre. Escribió que en el lugar de la tragedia “se recuerda ante todo la vida después de todo: los objetos sin el hombre, los paisajes sin el hombre. Un camino hacia la nada, unos cables hacia ninguna parte. Hasta te asalta la duda de si se trata del pasado o del futuro. En más de una ocasión me ha parecido estar anotando el futuro”.

La mirada de la escritora ucraniana se convierte en un alerta oportuno en el momento en el que se cumplen 40 años de la explosión de la central nuclear cuyo nombre quedó impreso en la memoria de la humanidad como sinónimo de catástrofe. Y obliga, aún hoy, a analizar con detenimiento las posibilidades energéticas en un mundo cambiante y caótico.

Los recordatorios dirán que el accidente del 26 de abril de 1986 en la central nuclear ubicada en territorio de la entonces Unión Soviética -hoy la castigada Ucrania-, fue el resultado de un diseño defectuoso de maquinarias de la central. Que se unió a la presencia de personal con formación insuficiente y a la irresponsabilidad de jerarcas de un régimen oprobioso como el que se instauró desde Moscú durante largas décadas del siglo pasado.

Fue enorme el impacto de un simple ensayo técnico que desestabilizó al reactor nuclear por haberse ignorado las advertencias de seguridad. El mayor desastre de este tipo en la historia es un punto de inflexión que marcó la discusión sobre el uso de la energía nuclear, en especial en Europa. También ha incidido en la percepción que las sociedades tienen sobre las políticas energéticas.

Más de treinta vidas se perdieron durante la primera noche. Sin embargo, más de ocho millones de seres humanos  estuvieron expuestos a la radiación en una amplia geografía del viejo continente. Se afirma hoy que los muertos pueden haber sido más de 100 mil y que decenas de miles padecieron cáncer y anomalías congénitas.

Estas graves consecuencias podrían haber sido menores si la cerrazón ideológica de líderes que solo pensaban en cómo sojuzgar a su pueblo y dominar a otros no hubiese prevalecido por sobre la racionalidad. Una semana tardó Moscú en admitir el accidente. Lo tuvo que hacer ante las evidentes constataciones de que el hecho se había producido en su territorio y luego de haberlo negado públicamente en reiteradas ocasiones. Incluso se ocultó a su propio pueblo la magnitud del hecho.

Transcurrieron cuatro décadas. La revolución de la tecnología ha modificado parámetros y percepciones. Se supone que, luego de haber sido cuestionadas durante largo tiempo, las centrales nucleares hoy son mucho más seguras. Hoy se las vuelve a valorar. Pero están expuestas a los vaivenes del poder. La invasión rusa a Ucrania así lo ha certificado y obliga a redoblar la acción preventiva de los organismos internacionales con competencia en la cuestión.

Chernobyl fue una tragedia que marcó a un tiempo controvertido. Fue el comienzo del fin para el régimen soviético y también para la Guerra Fría. Se transformó en un símbolo de las consecuencias que puede generar el uso no ético de la tecnología. Por esto mismo, no puede olvidarse. Ni repetirse.

El estudio científico de los océanos permitió conocer la importancia que tienen para la vida humana en numerosos aspectos. Las corrientes que desplazan las enormes masas de agua permiten el equilibrio de las temperaturas y el desarrollo de ecosistemas que han favorecido la vida humana y ha generados beneficios sociales, económicos y culturales que enriquecieron la existencia.

La función reguladora del clima global es una faceta trascendente que hoy se halla amenazada. La elevación del nivel del mar y las variaciones de las corrientes son el resultado del proceso de calentamiento global que la comunidad científica ha venido comprobando en los últimos años. El impacto que tendrá en el planeta ya puede ser medido y exige la atención de la comunidad internacional frente al riesgo que supone para numerosas regiones costeras.

Un ejemplo ilustrativo de este problema es el desplazamiento de la corriente de Kuroshio, "río negro" del Pacífico, y sus efectos para las costas de Japón. Debido al calentamiento global, esta corriente sufre alteraciones sin precedentes, con un desplazamiento de hasta 480 km hacia el norte entre 2023-2024, trayendo aguas cálidas inusuales a costas japonesas. Este fenómeno ha elevado temperaturas del agua 6°C en varias zonas de la isla asiática. Las consecuencias incluyen la reconfiguración de ecosistemas marinos, impactos en la pesca y riesgos de inundación costera en Japón.

Es muy posible que la evidencia científica de este caso se replique en otras zonas del planeta, con consecuencias también medibles. Ello es así porque los océanos son el termómetro del cambio climático. Absorben el 90% del exceso de calor, por lo que la expansión térmica que se verifica en prácticamente todo el globo determina el aumento del nivel de las aguas y la suba de la temperatura en las costas.

En tiempos en los que algunos líderes niegan las consecuencias del fenómeno producido por los gases de efecto invernadero, existen hoy fundamentos científicos que desarman la idea de que estos fenómenos son coyunturales. Por el contrario, están provocando crisis severas en la industria pesquera, un desplazamiento nunca visto de especies marinas, acidificación y destrucción de las barreras de coral, entre otras alteraciones.

Asimismo, el problema ambiental afecta modos de vida y culturas milenarias. Provoca además episodios climáticos extremos, aumento de las migraciones y amenaza la seguridad alimentaria en varias regiones. Algunas ya lo están sintiendo. Y otras lo sufrirán en el futuro si no se adoptan medidas concretas para abordar estos fenómenos. En este punto, la ciencia proyecta que el aumento del nivel del mar podría ser de casi 40 centímetros hacia fines de este siglo.

La evidencia empírica y científica, cada vez más contundente, se da de bruces con la parálisis política que ha hecho retroceder los compromisos asumidos por las naciones y afectó la cooperación internacional para dar respuesta al calentamiento global. Este “calentamiento político” debilita las respuestas posibles. Y acrecienta las chances de que las transformaciones advertidas sean incluso más graves.

El conflicto suscitado por las nuevas disposiciones del Pami respecto de los honorarios de los médicos prestadores tiene impacto directo en millones de jubilados y pensionados. Así, un adulto mayor que ya se ve agobiado por el monto ínfimo que percibe cada mes, pagaría las consultas, además de los medicamentos y otras prestaciones. Con ello, el margen para alcanzar una vida digna se reduce al mínimo.

En efecto, la reciente resolución del ente nacional provoca una reducción de ingresos importante para los médicos de cabecera porque elimina adicionales por atención presencial y fija un monto mensual insuficiente. Según lo que señalaron los voceros del grupo de prestadores, el monto que percibiría un profesional se reduciría a la mitad. Por ello, se adoptaron medidas de fuerza y se advirtió que un jubilado debería abonar 15 mil pesos por cada consulta. En este contexto, la disputa ingresa en terreno sensible, ya que altera de modo concreto el acceso a la salud de uno de los sectores más vulnerables.

Por cierto, debe atenderse el reclamo médico. Sus honorarios actuales no cubren costos ni justifican la continuidad de la prestación. La disposición del Pami solo agravó la situación y derivó en el riesgo de renuncias masivas. A esto se suma el retraso en los pagos a farmacias y clínicas. El reclamo puede sonar a corporativo, pero desnuda la debilidad estructural de un sistema que no brinda condiciones dignas ni para los profesionales ni para los beneficiarios.

La persistencia de estos dilemas expone las fallas de un sistema previsional y sanitario que no protege a los jubilados. Por el contrario, los empuja a situaciones de permanente fragilidad. Ingresos insuficientes y decisiones que trasladan costos a los beneficiarios exigen que éstos tengan la “obligación” de elegir entre atender la salud o cubrir otros gastos básicos. Una disyuntiva que no debería existir en un esquema de protección social porque, directamente, se transforma en una barrera de acceso a las prestaciones de salud.

La cuestión es de alta sensibilidad social y exige una respuesta inmediata. El sistema está tensionado y amenaza con quebrarse si no se actúa con responsabilidad. No hay contradicción entre defender a los jubilados y reclamar que se garanticen honorarios dignos a los médicos. Ambas condiciones son inseparables para que las cosas funcionen. Porque un sistema que paga mal expulsa profesionales y uno que traslada costos al paciente excluye a los más débiles. El desequilibrio no es una opción cuando entran en juego derechos básicos.

La última encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés señala que solo el 33% de los argentinos se declara satisfecho con la marcha del país, mientras el 65% expresa insatisfacción. Más significativo aún es el cambio en las preocupaciones sociales. Ahora pasan primero por los bajos salarios y la falta de trabajo desplazando a la inflación al tercer puesto.

Otros sondeos brindan resultados similares, lo que al parecer está demostrando que la percepción social se ha corrido del eje que mantuvo durante mucho tiempo, en especial luego del fracaso evidente del anterior gobierno nacional en esta materia. Entonces, ya no se está permanentemente pensando en cuánto suben los precios -aunque lo siguen haciendo-, sino de cuánto rinde el salario y cómo mantener o encontrar empleo.

Esta nueva realidad exhibe un dato de difícil digestión. Para muchos argentinos, trabajar ya no alcanza para llegar a fin de mes. La tasa de desempleo, antes una radiografía certera del mercado laboral, hoy ya no resulta suficiente para describir el panorama. La última medición de ese indicador fue del 7,5%, lo que llevaría a suponer una relativa estabilidad. Pero las encuestas revelan que  uno de cada cinco trabajadores necesita más empleo o mejores ingresos. Así, están creciendo los ocupados que demandan otro empleo porque con uno solo no alcanza para vivir con dignidad.

Esta realidad se refleja también en el hecho de que más de la mitad de los hogares recurre al crédito para cubrir gastos básicos y casi 9 de cada 10 tienen dificultades para afrontarlo. Se afirma que el crédito dejó de ser una herramienta financiera para convertirse en un recurso de subsistencia.

Además, al reto del presente se le suma la incertidumbre del futuro del trabajo. Son tiempos en los que la inteligencia artificial permite atisbar la desaparición de numerosos ámbitos laborales, en los que también la educación tiene serias dificultades para afianzar la vida de una persona y el riesgo de exclusión social por incapacidad formativa se acrecienta. En este contexto, la problemática del trabajo está en permanente cambio y redefinición, lo que determina que va más allá de cualquier situación coyuntural.

Es verdad que la economía argentina arrastra desequilibrios profundos que derivaron en un ajuste inevitable tras años de desorden macroeconómico. En ese marco, es comprensible que el proceso suponga costos. Pero también es legítimo que la preocupación por el empleo y los ingresos comience a ocupar un lugar central.  El desafío, entonces, va más allá de una ley de reforma laboral que puede ser necesaria, pero quizás no llegue a ser suficiente.

El trabajo dignifica a la persona humana. El trabajo educa, forma, permite la socialización y debería ser el resorte principal para alcanzar el bienestar. Si todas estas condiciones no se alcanzan teniendo un empleo, el problema se traslada a la sociedad en su conjunto. Recuperar ingresos, garantizar estabilidad y proyectar el crecimiento deben ser objetivos de cualquier política económica. Porque son necesidades humanas impostergables, más aún en una coyuntura signada por bolsillos flacos que originan una lógica preocupación y requieren de urgentes respuestas.

El Concejo Deliberante de nuestra ciudad fue el marco en el que se desarrolló un interesante cruce de opiniones respecto de una iniciativa presentada por una edil opositora que propiciaba el registro y la transmisión en vivo de las sesiones ordinarias del cuerpo, a través de canales digitales y redes sociales oficiales.

La propuesta se fundamentó en el artículo 28 del reglamento interno del Concejo que establece el carácter público de los debates legislativos. Según el texto del proyecto, el objetivo sería fortalecer los mecanismos de transparencia institucional y el principio de publicidad de los actos de gobierno, aprovechando que la utilización de herramientas tecnológicas permite ampliar significativamente el alcance de las discusiones para aquellos vecinos que no pueden concurrir de manera presencial al recinto.

En este punto, debe admitirse que las causas de la escasa cantidad de vecinos que asisten a las sesiones del cuerpo legislativo municipal pueden atribuirse a cuestiones laborales y, también, a cierta indiferencia ciudadana respecto de la importancia de la discusión de los temas de la ciudad en ese ámbito. No obstante, la discusión no puede centrarse en este aspecto solamente. Porque la formación en el ejercicio de la ciudadanía es responsabilidad también de los distintos estamentos del Estado ,que siempre deben propender a ampliar el acceso ciudadano a la información de interés público. En este punto, la cuestión se convierte en institucional.

El acceso del ciudadano a la información es un principio básico del sistema republicano. La publicidad de los actos de gobierno es requisito indispensable para el buen funcionamiento de las instituciones. Asimismo, la ley de acceso a la información pública establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información del Estado, sin necesidad de justificar su interés. A esta altura no puede ponerse en duda de que el ejercicio pleno de la ciudadanía requiere del acceso a la información.  

Que los sanfrancisqueños puedan ver a sus concejales sesionando en vivo hace efectivo ese derecho. Además, hay probados antecedentes de numerosas ciudades del país que lo hacen. Basta ingresar a la plataforma You Tube para encontrar numerosos ejemplos de cuerpos legislativos que adoptaron esta modalidad como una práctica habitual.

Es cierto que las decisiones legislativas forman parte del juego democrático. Sin embargo, hay temáticas que deberían trascender las mayorías circunstanciales. El recientemente fallecido filósofo Jurgën Habermas advertía sobre el riesgo de renunciar al esfuerzo de formarse una opinión propia mediante la deliberación pública. Sostenía que la legitimidad democrática se construye a través de la deliberación.

Deliberante es parte del nombre del Concejo. En tiempos donde la tecnología facilita las cosas, hacer más visibles sus debates no tendría que ser motivo de ninguna discusión o controversia. 

En los últimos tiempos, se ha fortalecido el consenso respecto de la necesidad de limitar el uso de teléfonos celulares en las escuela. El objetivo es proteger el proceso educativo, evitar que la atención se disperse, reducir el impacto cognitivo negativo de su utilización sin control o procurar que no se produzcan situaciones que alteren la convivencia. Así también garantizar la mejora en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Sin embargo, el mismo rigor no aparece cuando se trata del uso de los dispositivos móviles dentro de las unidades penitenciarias. Por cierto, no en todos los sistemas carcelarios, aunque son varios los que todavía mantienen las autorizaciones. Habilitaciones que podrían haber sido útiles en la época de la pandemia del Covid 19, pero que -a la luz de hechos evidentes- no tienen sentido hoy.

Es que los celulares en las cárceles son estupendas herramientas para cometer delitos. Y también se convierten en vitrinas masivas de una vida carcelaria que, sorprendentemente, es exhibida sin pudores en las redes sociales. Se comprueba de este modo que, en muchos establecimientos, quienes purgan condenas por sus delitos tendrían un modo de vida superior al de muchos argentinos que se esfuerzan día a día y transitan su vida con honestidad inquebrantable.

La restricción en las escuelas es razonable desde el intento de ordenar el proceso educativo porque se ha llegado a conclusiones certeras sobre el impacto de los dispositivos móviles en la vida de los niños y adolescentes, aun cuando , su utilización pedagógica correcta es verificable luego de años de experimentación frente a las nuevas tecnologías. Entonces,  si esto es así en las escuelas, ¿por qué no sucede lo mismo en las cárceles? ¿La sociedad puede ser más estricta con estudiantes que con delincuentes?

Son meras preguntas retóricas. Pero que a la hora del análisis encontraron respuestas en las decisiones que se están tomando en el sistema educativo, pero no ocurre algo similar en numerosos ámbitos carcelarios. En varias provincias persisten los permisos originados en la pandemia para que los reclusos utilicen celulares, pese a que los estrados judiciales están abarrotados de casos en los que los delitos nacieron en las prisiones gracias a la flexibilidad y a la debilidad de los controles penitenciarios. Está claro que no se trata de la necesidad de comunicación que cualquier ser humano tiene, sino que -en estos casos- el móvil es una   herramienta operativa para el delito.

La incongruencia es manifiesta. Las decisiones sobre el celular en la escuela procuran mejorar la formación de las personas. La permisividad en las prisiones favorece el crecimiento de algunos delitos. Llama la atención que la plausible discusión que se da en los ámbitos educativos sobre el tema no se replica -vaya a saberse por cuáles motivos- en los ámbitos penitenciarios. Una sociedad que discute cómo ordenar el uso de la tecnología en las aulas debería ser capaz, al menos, de impedir que esa misma tecnología se convierta en una herramienta para delinquir desde la cárcel.

Hoy, 2 de abil, la Argentina recuerda a quienes cayeron en la guerra de Malvinas y homenajeó a los que regresaron al continente luego de participar en aquella triste contienda.

Por ello, la evocación de aquellos que derramaron su sangre y también hacia los que lucharon valientemente en Malvinas es hoy una de las efemérides más significativas de nuestro calendario. Además, coincidió este año con la conmemoración del Jueves Santo, que evoca el comienzo de la Pasión de Jesucristo y tiene una significación trascendente para los fieles cristianos.

Sin ingresar en interpretaciones dogmáticas - sean de carácter estrictamente religioso o aquellas que intentan vincular hechos cuyo parangón resulta difícil de establecer-, la coincidencia entre el 2 de abril y el Jueves Santo no requiere una lectura confesional, pero sí invita a la reflexión. Más allá de los credos, existen valores que atraviesan a toda comunidad, como la entrega, el sacrificio, el compromiso con otros y el costo humano de las decisiones del poder.

De este modo, resulta pertinente un cruce de sentidos. Una mirada en la que el recuerdo de los caídos en Malvinas y el heroísmo de tantos otros que durante años permanecieron invisibilizados permite significar aquella experiencia bélica en una dimensión que contribuya a construir una memoria respetuosa, alejada de interpretaciones maniqueas o manipulaciones. Una memoria en la que una comunidad recuerda unida, como la grey cristiana en la Semana Santa.

El recuerdo de aquellos días de 1982 atraviesa también esos mismos valores. Aquellos jóvenes asumieron una responsabilidad extrema en un contexto que los desbordaba. Vivieron condiciones límite que pusieron a prueba su entereza emocional y su resistencia física. Por ello, se impone reconocer el costo profundo que esa experiencia tuvo en sus vidas y en las de sus familias. Detrás de cada uno de sus nombres hay una historia de vida que, durante algunos meses, la guerra interrumpió.

En este marco, también es necesario afirmar que el reclamo por Malvinas debe mantenerse en alto. No hay que dejar que el tiempo pase sin continuar con el reclamo pacífico en todos los foros internacionales, sin reivindicar la soberanía sobre aquellas islas, ni tampoco dejar de lado todos los esfuerzos posibles para integrar definitivamente nuestro territorio. Es una obligación que hace al ser argentino. Y a la que no puede renunciarse.

Al respecto, los periodistas Sergio Suppo y Alejandra Conti escribieron un libro revelador sobre la vida en Malvinas, “el lugar más amado y desconocido para los argentinos”. Finalizaron su escrito afirmando que la cuestión de las islas “merece seguir estando presente en todos los foros diplomáticos. Aun a costa de que la intransigencia y la soberbia de los gobiernos británicos continúen obstaculizando nuestra fundada reivindicación. Quizás la persistencia en esta postura sea la mejor manera de rendir tributo a quienes hoy descansan para siempre en aquellas tierras”.

Se anunció recientemente el inicio de la campaña de vacunación antigripal en la ciudad ante la inminencia de la llegada del tiempo frío, que trae consigo el incremento de enfermedades respiratorias. La estrategia sanitaria busca proteger, en primer término, a los grupos de riesgo. Pero también es un llamado de atención para toda la población, especialmente en tiempos en los que ciertos sectores cuestionan o minimizan el impacto positivo de la vacunación en la situación sanitaria de una población.

Este año existe un antecedente que debe atenderse.  Durante el último invierno del hemisferio norte, el virus de influenza A, particularmente la variante H3N2, también denominado K, provocó un aumento significativo de contagios en Europa y América del Norte. Informes epidemiológicos indican que esta variante posee una capacidad de transmisión aproximadamente un 56% mayor que la observada en temporadas anteriores, lo que favoreció su rápida expansión en más de treinta países.

El resultado fue una temporada gripal más temprana e intensa. En varios países europeos la actividad viral comenzó casi un mes antes de lo habitual y provocó un incremento sustancial de las hospitalizaciones. En distintos sistemas sanitarios del viejo continente, esta situación generó una presión considerable sobre hospitales y servicios de emergencia.

Entre quienes presentan mayor riesgo de padecer cuadros graves se encuentran los adultos mayores, los niños pequeños, las embarazadas, los pacientes inmunodeprimidos y las personas con enfermedades crónicas, además del personal de salud. En estos sectores se concentra la mayor tasa de hospitalización y mortalidad asociada a la gripe, razón por la cual las campañas priorizan su inmunización.

Pero el valor de la vacunación no se limita a la protección individual. Más allá del cumplimiento de un calendario oficial, la vacunación debe ser entendida como una responsabilidad social más amplia, que involucra no solo a los sistemas de salud sino también a la conciencia individual de la población. Cuando una comunidad alcanza niveles adecuados de cobertura, se reduce la circulación del virus y se genera un efecto protector colectivo que beneficia incluso a quienes no pueden vacunarse por razones médicas. Este principio, ampliamente demostrado en la salud pública, es el que ha permitido controlar numerosas enfermedades infecciosas a lo largo de las últimas décadas.

En ese contexto, la vacuna antigripal cumple un papel central. Aunque la inmunización no siempre evita la infección sí reduce la probabilidad de padecer cuadros graves. Por ello, la campaña de vacunación antigripal representa una oportunidad que no debería ser desaprovechada. Porque la prevención sigue siendo el recurso más efectivo frente a enfermedades que, aun cuando muchas veces se subestiman como “simples gripes”, pueden desencadenar complicaciones severas y afectar seriamente a los sectores más vulnerables.

Hace 50 años, la Argentina caía en el abismo. En el reinado de la muerte y el desprecio por el semejante. Una época triste y dolorosa, con heridas aún abiertas que, lamentablemente, no terminan de sanar. Las disputas por el poder ya no se dirimen mediante violencia armada, grupos clandestinos, asesinatos o desapariciones, pero la vocación de encuentro, tan necesaria, no aparece con frecuencia.

Al hacer memoria, no se puede evitar sostener que aquel tiempo fue un momento en el que en el país se consagró la violencia como forma de resolver las diferencias políticas, sociales e ideológicas. Fue la época en la que se instauró una cultura de la muerte y se abrieron las más hondas heridas, muchas de las cuales siguen abiertas. Además, la utilización sesgada de la memoria durante años de democracia contribuyó a que el reencuentro pareciera más una quimera que una posibilidad real.

Hace medio siglo el país vivió un irracional tiempo de violencia política. Primero, con organizaciones guerrilleras que recurrieron a la lucha armada. Luego, mucho más grave, con un Estado que, con el objetivo de combatir a esos grupos, desterró la noción misma del Estado de derecho al implementar prácticas contrarias a la vida y la dignidad humanas. La reciente identificación de las identidades de personas desaparecidas durante la dictadura militar en un sector del centro de detención clandestino de La Perla es un episodio más de esta dolorosa catarata de circunstancias aberrantes.

Fue un tiempo caracterizado por el desprecio hacia las instituciones. Luego de una crisis política y económica muy importante, derivada del desgobierno que sucedió al fallecimiento de Perón, de la continua acción violenta de grupos subversivos y de las virulentas disputas internas de la facción gobernante, las Fuerzas Armadas tomaron por la fuerza el poder y lanzaron un plan de acción fuera de la ley que procuró acallar cualquier voz disidente para disciplinar al cuerpo social. No fue un hecho circunstancial, sino un plan sistemático que pretendía acabar -con deleznables métodos comprobados por la Justicia- con el accionar guerrillero y también con cualquier otra manifestación que no se ajustara a su ideario.

A medio siglo de aquel último golpe de Estado, por momentos el país sigue sumido en discusiones y enfrentamientos. Ya no con las armas, es verdad, pero muy lejos de alcanzar los acuerdos básicos que permitan avizorar un horizonte más fraterno. Frente a este panorama, es necesario elevar la mirada y alentar la idea de que el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia sirva para recrear los valores más sublimes de nuestra cultura y para continuar en la búsqueda de los caminos que permitan reconciliar a la Nación.

No puede haber reconstrucción sin respeto a la vida de todos los argentinos, a su dignidad, a su libertad de pensamiento, a la vigencia de la ley y a la defensa de las instituciones democráticas. Ninguna reconciliación puede lograrse sin apelar a la búsqueda del bien común. Tampoco se alcanza sin verdadera memoria, sin verdad y mucho menos sin justicia.

La información oficial proveniente del municipio señala que la Secretaría de Servicios Públicos llevó adelante varios  operativos de limpieza y erradicación de minibasurales en distintos sectores de la ciudad. Se indicó que, en el período de una semana, agentes municipales debieron intervenir en más de 30 puntos donde se registraba acumulación de residuos.

Por ello, desde las áreas del Estado local relacionadas con esta problemática se reiteró el pedido a los vecinos para que tomen conciencia y eviten arrojar basura en lugares no habilitados, ya que esta práctica genera problemas ambientales y afecta el normal funcionamiento de los servicios.

En este punto, las declaraciones del funcionario encargado de la logística de maquinarias en el municipio brindaron un dato preocupante: habría en la ciudad casi 70 puntos crónicos, entre espacios públicos, sitios baldíos privados y canales de desagües que son utilizados por vecinos desaprensivos para arrojar residuos de todo tipo. Y esto sucede en numerosos barrios de la ciudad, incluso en sectores cercanos a la zona céntrica.

En reiteradas ocasiones se lo ha sostenido desde esta misma columna.  En una ciudad en la que el servicio de recolección de residuos e inertes se cumple de modo regular, no se comprende y, mucho menos, tampoco se  justifica que haya personas que arrojen basura en veredas, baldíos u otros sitios de la ciudad. El atentado contra la salud pública que esta conducta lleva implícita obliga a la acción más enérgica de las autoridades para sancionar a los desaprensivos que continúan ensuciando el lugar que habitan.

El problema es de índole cultural. La mala costumbre de arrojar desperdicios en cualquier sitio se mantiene, pese a las advertencias de la municipalidad y a las medidas que históricamente se han adoptado para evitar esta práctica. Por caso, la hemeroteca de este diario nos recuerda que, en 2011, se habían instalado seis cámaras móviles en distintos puntos estratégicos del ejido urbano donde se habían generado estos sitios de almacenamiento de basura. En aquella ocasión se multó a los infractores. Pero eso no alcanzó para eliminar la inconducta, porque inmediatamente aparecieron otros minibasurales fuera del alcance de aquellos dispositivos.

Resulta redundante insistir en que la acumulación de basura en sitios no adecuados convierte a estos lugares en focos de contaminación que son una amenaza para la salud pública y el medio ambiente. Difícil es comprender cómo algunos vecinos no tomen conciencia de los perjuicios de sus acciones en este sentido. Más aún: que mantengan su mala costumbre pese a los reclamos de las autoridades, las medidas de prevención que se adoptan y la queja de sus propios conciudadanos.  

Es este el contexto en el que el municipio anunció la intención de recuperar algunos sitios donde históricamente existieron estos minibasurales para para transformarlos en espacios de uso comunitario. Este saludable objetivo no puede chocar con la necedad y desidia de quienes que no comprenden el valor de la sana convivencia ciudadana y continúan con arrojando desperdicios y afeando decenas de espacios urbanos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó envuelto en una controversia que generó repercusión política cuando intentó justificar el hecho de que su esposa viajara con él a Nueva York en un vuelo oficial. Argumentó que “se deslomaba trabajando” y quería que ella lo acompañara. Una explicación bastante débil para quien se presenta como paladín de una visión enfocada en la moralidad de los actos de gobierno.

En los medios y las redes se habló más de este suceso que de lo ocurrido en la denominada “Argentina week”, evento que procuraba reunir a los grandes financistas y empresarios de la potencia del norte con el objetivo de lograr inversiones en diversos sectores productivos de la economía nacional. De este modo, el principal motivo del viaje de la comitiva gubernamental quedó en segundo plano frente al revuelo producido por la decisión de Adorni y su controvertida explicación. Asimismo, también un vuelo privado hacia Punta del Este en la semana de carnaval apunta a un manejo poco claro de este funcionario. 

Estas situaciones que involucran al jefe de Gabinete desgastan la credibilidad de su retórica que plantea aspectos similares a una cruzada moral para diferenciarse de las prácticas populistas y también corruptas del kirchnerismo. En estos casos, podría no tratarse de hechos graves de corrupción, pero sí son una falta ética evidente.

El propio Adorni ha sido el vocero de las medidas destinadas a sanear determinadas actividades dentro del Estado relacionadas con la decencia y la sana administración. Por caso, había señalado que los familiares no integrarían comitivas oficiales. Está a la vista que “deslomarse” trabajando en Nueva York no ingresaba en aquellas afirmaciones. De este modo, quedó crudamente expuesto el discurso oficial que prometía austeridad y se diferenciaba respecto de gobiernos anteriores.

El micromundo de las redes sociales está habitado mayoritariamente por militantes que atacan o defienden ardorosamente actitudes de la clase dirigente. Solo pretenden imponer su “verdad”, aunque ésta no se acomode a los hechos. Es la época de la posverdad en toda su dimensión. Un tiempo en el que los aspectos éticos se subordinan al “tener razón”, aunque para ello se deba recurrir a estrategias insólitas para mantener un discurso que se ajuste al criterio propio de superioridad moral.

Otro ejemplo de esta realidad son las críticas del kirchnerismo y de sectores de la izquierda a Lionel Messi por haber participado en un encuentro institucional en la Casa Blanca, donde el presidente de Estados Unidos recibió al equipo campeón de la liga local. En este tipo de cuestionamientos resulta difícil descifrar, la lógica argumentativa sobre todo cuando proviene de espacios políticos que aún no comprenden por qué una parte importante de la ciudadanía decidió retirarles su apoyo.

No es auspicioso comprobar que el actual gobierno cae repetidamente en un terreno similar, marcado por las inconsistencias entre lo prometido y lo efectivamente realizado.  Aunque el episodio de la esposa de Adorni probablemente no defina una elección, erosiona el relato oficial y daña su capital político. Cuando el discurso público se apoya en la superioridad moral y en la promesa de hacer las cosas de otro modo, los gestos adquieren un peso mayor. En la vida pública en general, es necesario sostener los principios declamados con conductas que los respalden. De allí que conserva plena vigencia aquello de que no solo importa ser, sino también parecer.

Apenas ganó las elecciones de 2024, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el rasgo distintivo de su política exterior iba a centrarse en “detener guerras”. En ese tiempo, su vicepresidente, J. D. Vance, publicó una nota de opinión en The Wall Street Journal, titulada , “¿La mejor política exterior de Trump? No iniciar ninguna guerra”. En ese texto se presentaba a la no intervención en asuntos de otros países o regiones como una virtud estratégica. 

La contradicción con lo que actualmente ocurre es evidente: al fracaso en detener la guerra de Ucrania, le siguieron bombardeos en varios países, la intervención en Venezuela y la operación “Furia Épica” que descabezó al tétrico régimen islamista de Irán. A un mensaje que recogía el anhelo de una sociedad hastiada de conflictos, le siguieron acciones que desmintieron aquella promesa antibelicista.

Lo que devino de la acción militar que terminó con la vida del líder iraní Alí Jamenei es una coyuntura de imprevisibles derivaciones, tanto por las diferentes perspectivas del presidente estadounidense y del primer ministro israelí, como por la inestabilidad política que se abrió en el régimen de Teherán. Netanyahu no tiene otro objetivo que terminar con cualquier amenaza de Irán, mientras Trump -como ocurrió en Venezuela- podría conformarse con un Irán debilitado, con escasa capacidad de negociación.

Esta posible diferencia de miradas se enfrenta a varias incógnitas que, pasada una semana, todavía no se despejan. Por caso, no está claro el potencial de resistencia de lo que queda del régimen iraní, ni tampoco qué escenario interno se presenta. En este último punto, los especialistas oscilan entre extremos que van desde la fragmentación racial y territorial hasta una mayor radicalización de la nueva jerarquía, pasando por las brutales alteraciones económicas que surgen de la inestabilidad que afecta a la producción y el comercio de petróleo.

En palabras del prestigioso columnista norteamericano Thomas Friedman, “el régimen enfrenta cuatro grandes disyuntivas: la soledad regional e internacional, ya que apenas cuentan con apoyos reales en el exterior; la fragilidad mostrada ante los sorprendentes ataques de Israel y Estados Unidos; la tensión y el descontento social , que se ha derivado en multitudinarias protestas en los últimos meses; y la sucesión en el poder de Teherán, puesto que con la muerte del ayatolá Alí Jameneí no queda claro qué corriente interna se puede imponer y marcar las prioridades de los iraníes”.

En verdad, la caída del régimen de los ayatolas es lamentada solo por algunos nostálgicos pregones de ideologías extremas y portadores de un antisemitismo inconcebible. Pero se ha abierto una etapa signada por la imprevisibilidad y varios riesgos vinculados más con la política y la geopolítica que con lo estrictamente militar. El desafío pasará por encontrar el modo para evitar que esta guerra termine profundizando la inestabilidad regional y global. Por eso, el mundo está en vilo.

Las principales autoridades de varias de las provincias cuya geografía está marcada por la cercanía a la Cordillera de los Andes han renovado sus reclamos para que la minería se desarrolle en sus territorios. Para ello, algunos gobernadores demandan que se modifique o se reglamente la denominada Ley de Glaciares para que se puedan atraer inversiones y consolidar la actividad minera.

Por ejemplo, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue contundente al respecto luego de una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. “Es necesario concluir con el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares o una nueva ley que vaya al Congreso de la Nación, estableciendo que sean las provincias la autoridad de aplicación para determinar lo que es un glaciar”, expresó, subrayando la necesidad de descentralizar el control ambiental para fomentar el desarrollo económico regional.

Asimismo, el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Iván Grgic, explicó la postura del sector empresarial. Comentó: “No queremos modificar la ley, sino reglamentarla. La provincia necesita herramientas claras para avanzar en el desarrollo minero sin vulnerar la protección ambiental”.

Precisamente, el dilema que se plantea entre la necesidad de que la minería se desarrolle y la preservación del ambiente todavía no ha encontrado el equilibrio necesario. La ley, promulgada hace 15 años, resguarda los glaciares y todo lo que los rodea, prohibiendo la actividad extractiva o la explotación petrolera en esas zonas. El problema es que el concepto “periglaciar” no estaría definido claridad en el texto de la ley. Así, se impide incluso la posibilidad de analizar nuevas zonas que puedan dedicarse a la minería porque figuran en el inventario de “periglaciares” que forma parte de la norma.

Una de las quejas principales es que el texto de la ley sancionada en 2010 tiene contenido más político e ideológico que definiciones científicas. Se afirma que hay artículos cuya ambigüedad es notoria, lo que genera incertidumbre e impide que las provincias puedan avanzar en el desarrollo de una industria que, para esos distritos, es estratégica.

El anuncio de que el gobierno nacional promovería modificaciones a la ley de Glaciares abre nuevamente la expectativa de consolidar oportunidades para las provincias andinas. Por cierto, el desarrollo productivo debe equilibrarse con la protección ambiental. En este punto, los textos que se promuevan deben ser claros y científicamente sólidos para que la ley contemple el desarrollo minero responsable, con los beneficios económicos y sociales que puede tener la actividad para la población de estos distritos y, al mismo tiempo, preserve las gigantescas reservas hídricas de nuestra cordillera.

La minería y la protección del ambiente no son incompatibles cuando se implementan prácticas sostenibles, tecnologías limpias y una gestión ambiental que mitigue los impactos negativos. Para ello, deben estar claras las reglas. Es de esperar que la modificación o la reglamentación de la Ley de Glaciares esclarezca definitivamente la cuestión.

Comienzan las clases. A esta altura del año se impone, en forma recurrente, la reflexión acerca de la educación, de su importancia para la conformación de una sociedad madura y democrática y de su trascendencia en la formación de personas honestas, probas, sensatas y capaces.

La reflexión sobre la educación lleva, en un primer plano, al reconocimiento de que la Argentina ha vivido un grave retroceso en estas últimas décadas, debido a la introducción de ideologías en las aulas, revanchismos, estrategias populistas, intolerancia y experimentos pedagógicos que han generado marchas y contramarchas, cambios curriculares no siempre acertados y modificaciones en el rol central de la escuela en virtud de la influencia de nuevas realidades políticas, sociales, culturales, tecnológicas y económicas, entre otras.

En este marco, un nuevo informe de la ONG Argentinos por la Educación señala que  “21 provincias planifican menos de 190 días de clases y 7 (Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, San Juan, Buenos Aires, Río Negro y Chubut) no cumplen con las 760 horas anuales acordadas por el Consejo Federal de Educación. Esto significa que más de 700.000 alumnos no tendrán el mínimo de horas de clase requerido en 2026. Solo Santiago del Estero, San Luis y Mendoza planificaron un calendario escolar que garantiza 190 días”.

Se afirma asimismo que “el panorama resulta aún más complejo si se tiene en cuenta que no hay información pública sobre los días y horas efectivos de clase. La Argentina aún no tiene un sistema de información nominal que permita hacer ese seguimiento. Distintos estudios muestran una brecha significativa entre la planificación de los calendarios y el tiempo escolar efectivo. Sin datos públicos sobre los días efectivos de clase, es difícil dimensionar la gravedad del problema, que impacta en las oportunidades de aprendizaje de los chicos”.

Uno de los autores del trabajo, Gustavo Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires explicó que en nuestro país “no cumplir con los acuerdos educativos, como en tantos otros temas trascendentales, no tiene consecuencias para los funcionarios de turno. Ni siquiera el contralor nacional se ocupa de su acatamiento, en especial cuando se sabe que los calendarios firmados y publicados distan en mucho de su concreción durante el año”.

El informe referido es una evidencia más de las tantas que pueden citarse para que se despierte la conciencia comunitaria, se asuma el deterioro y vuelva la educación a ser la prioridad que nunca dejó de ser.

De todos modos, el concepto de escuela implica la renovación de la esperanza en el comienzo de un nuevo ciclo lectivo. Porque es la educación el pilar que sostendrá el futuro del país. Su cimiento es el esfuerzo y la dedicación de la mayoría de los docentes argentinos. Ponen el pecho a las contradicciones y el hombro a las adversidades y carencias. También son mayoría las familias que, sin distinción de condición social, entienden que el fortalecimiento del sistema educativo es una condición ineludible para garantizar el porvenir de sus hijos.

Cuando las aulas vuelven a poblarse y la alegría del reencuentro sea el portal hacia nuevas experiencias y conocimientos, es tiempo de que el discurso de gobernantes y dirigentes abra paso a nuevas realidades educativas que respeten los compromisos asumidos, el cumplimiento de las normas y valoren debidamente el rol de maestros y profesores. Todo ello, acompañado de un compromiso social que ponga a la educación en el sitial que corresponde y exprese la vocación por recuperar aquel prestigio educativo que era admirado en el mundo.