Las declaraciones de la denominada Causa Cuadernos se retomaron este jueves y, en esta oportunidad, atestiguaron otros pilotos y tripulantes que pertenecieron a la flota presidencial, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 (TOF7).

Para esta jornada, fueron convocados ocho nuevos testigos que participaron, tanto en la operatoria como en la logística, de los vuelos oficiales: Ángel Heit, Carlos Micolucci, Claudio Trerotola, Gabriel Falaschi, Roberto Muller, Mariano Lesa, Gustavo Lyall y Héctor Molina.

Ninguno de los declarantes pudo constatar que las valijas trasladadas a la provincia de Santa Cruz hayan sido sometidas a los controles que se le hace habitualmente a los equipajes que se transportan en los aviones oficiales.

Por su parte, Muller, quien había sido piloto del Tango 01, afirmó que "jamás vio revisar un equipaje de nadie" y que si eso había sucedido "lo desconocía": “A veces los funcionarios bajaban del helicóptero y subían las valijas directamente al avión”, agregó.

En la misma línea, el ex tripulante del Tango 10, Micolucci, señaló que el escáner móvil "sólo se acercaba de manera ocasional" y manifestó que al ex presidente de la Nación "no le gustó mucho" cuando se le solicitó pasar por el escáner bolsas con regalos, en un viaje en la ciudad de Rosario.

Asimismo, Falaschi remarcó que todo el equipaje era cargado por personal de Ceremonial de la Presidencia e informó que las pertenencias de la tripulación, que sí pasaban por controles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se almacenaban en la bodega trasera de la avión.

En cuanto a la declaración de Trerotola, afirmó que nunca estuvo enterado sobre si había control de las valijas durante los vuelos presidenciales en el avión Tango 10, donde él trabajaba. Además, detalló que llevó periódicos y síntesis de medios de comunicación hacia El Calafate y se los entregaban a una persona que los esperaba en la plataforma.

Hasta el momento, ninguno de los pilotos que declaró en la causa pudo confirmar que el equipaje, que se trasladaba hacia el sur del país, pasara por los controles y escáners por los que suele atravesar cualquier tipo de bulto que viaja en un avión.

Se espera que la semana próxima, más precisamente el martes 23, se retomen las declaraciones de los testigos vinculados al caso.

El Gobierno nacional oficializó este jueves la Ley 27.805, que abre una ventana de un año para que los ciudadanos declaren armas de fuego de uso civil o condicional que no posean registro o tengan documentación irregular. La normativa, publicada en el Boletín Oficial, busca reducir el circuito de armamento ilegal mediante la regularización voluntaria ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

La disposición oficial otorga un plazo de 360 días corridos para que los poseedores de armamento realicen el trámite de inscripción. Esta medida entrará en vigencia efectiva 30 días después de su publicación para permitir la adaptación de los procedimientos administrativos.

Quienes se presenten de forma voluntaria podrán acceder a la exención de sanciones penales y administrativas previstas por la tenencia irregular. No obstante, este perdón legal solo se aplicará a personas que no tengan causas judiciales abiertas por tenencia ilegal al momento de iniciar el trámite.

La ley también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Este esquema promueve la entrega anónima y segura de materiales para disminuir la cantidad de piezas fuera del sistema de control estatal.

Para acceder al registro legal, los interesados deben presentarse ante la Anmac y declarar el arma o los repuestos principales en situación irregular. El proceso incluye verificaciones técnicas y administrativas rigurosas sobre el material y su titular.

Solo si se superan satisfactoriamente estos controles, los datos del material serán inscritos en el Banco Nacional Informatizado de Datos. En caso de detectarse alteraciones graves o armas prohibidas, la agencia podrá iniciar procedimientos para la incautación del material.

Aquellas personas que aún no cuenten con la condición de legítimo usuario deberán iniciar el trámite correspondiente de forma simultánea. Para ello, deberán presentar la solicitud formal y la autorización de tenencia específica del arma declarada.

Desde los organismos oficiales remarcaron que la iniciativa apunta a fortalecer el control estatal y contribuir a la prevención de la violencia en la sociedad. Antes de iniciar el registro, la Anmac tiene la obligación de informar sobre los riesgos de la tenencia y las opciones de entrega anónima.

Con esta medida, Argentina busca cumplir con compromisos internacionales en materia de seguridad ciudadana y facilitar el acceso al circuito legal de armas. Se espera que en las próximas semanas se lancen campañas informativas para detallar los puntos de atención en todo el país.

Intendentes del departamento San Justo participaron de una reunión encabezada por el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, junto a dirigentes de La Libertad Avanza en Casa Rosada.

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Escudos y contó con la presencia de los diputados nacionales por Córdoba Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado, además de la vocal del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Soledad Carrizo.

Entre los asistentes estuvieron varios mandatarios de localidades de San Justo, entre ellos Nora Pasero (Porteña), Miguel Maradona (Colonia Prosperidad), Gerardo Cerutti (Colonia Marina) y Fernando Salvagno (Colonia Iturraspe), quienes compartieron la jornada con intendentes de distintos puntos de la provincia.

Según se informó, durante la reunión se abordaron los principales temas de la agenda legislativa nacional y la situación que atraviesan los municipios cordobeses. Los intendentes expusieron aspectos vinculados a sus gestiones y las necesidades de sus comunidades.

Además de los temas de gestión, el encuentro tuvo un componente político vinculado al escenario electoral de los próximos años. De acuerdo con versiones difundidas tras la reunión, Santilli transmitió a los dirigentes que Córdoba es una provincia estratégica para el proyecto político del presidente Javier Milei y alentó a fortalecer el espacio opositor en el territorio provincial.

La convocatoria fue impulsada por el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y reunió a intendentes provenientes de diferentes espacios políticos que actualmente mantienen afinidad con el oficialismo nacional.

La reunión se dio en un contexto de creciente actividad política en Córdoba, donde distintos sectores ya comienzan a proyectar el escenario electoral de 2027.

El Gobierno nacional dispuso nuevas exenciones al Impuesto al Cheque para el sector fintech y cripto en respuesta a los avances tecnológicos y para equiparar las condiciones impositivas entre diferentes actores del sistema financiero.

La modificación de la reglamentación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias fue formalizada este jueves mediante el Decreto 475/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En los considerandos de la medida, el Ejecutivo explicó que resulta necesario "adecuar la normativa aplicable a ciertos actores en atención a los adelantos tecnológicos" y, simultáneamente, igualar el tratamiento fiscal para sujetos que realizan actividades similares pero que hasta ahora tenían cargas impositivas diferentes.

Las modificaciones afectan a diversos rubros de la economía digital y financiera:

El decreto establece que estas disposiciones entran en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial. Por lo tanto, los beneficios surtirán efecto para todos los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de este jueves 18 de junio.

La natalidad en Argentina está en baja y estiman que en 2027 no hará falta recurrir a la ampliación o construcción de nuevos jardines de infantes para cubrir el 100% de la matrícula.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el último informe elaborado por la ONG Argentinos por la Educación, titulado “Cobertura actual y proyectada para el jardín de infantes”, indica que la baja natalidad marcó la caída de la matrícula en el jardín de infantes en un 12% en los últimos años.

El estudio analiza no solo la evolución de la cobertura, sino también la matrícula y la oferta educativa en el nivel inicial; además de las proyecciones demográficas para los próximos años. El mismo estuvo a cargo de Sebastián Kiguel (Universidad de Illinois), María Sol Alzú y Martín Nistal.

“La reducción de la matrícula por la transición demográfica permitiría liberar capacidad instalada suficiente para garantizar que accedan al jardín de infantes todos los niños de 3 a 5 años, sin necesidad de ampliar la infraestructura. Aunque la sala de 5 ya está casi universalizada, solo el 58% de los niños y niñas de 3 años asiste al sistema educativo formal en Argentina”.

“Como consecuencia de la caída de la natalidad, Argentina podría alcanzar una cobertura cercana al 100% en el jardín de infantes en 2027, sin necesidad de construir nuevas salas”, asegura e informa que “entre 2016 y 2025, la población de niños de 3 a 5 años cayó un 31%: pasó de 2,25 millones a 1,56 millones. En el mismo período, la matrícula del nivel inicial disminuyó un 12%”.

“La estimación para 2027 parte de un escenario en el que la cantidad de vacantes del nivel inicial se mantiene constante y la capacidad instalada se utiliza plenamente. Bajo estos supuestos, una reorganización de los recursos actuales permitiría que la cobertura nacional en las salas de 3 a 5 años pase del 87% actual a acercarse al 100% en la mayoría de las provincias el año que viene”.

En 18 de las 24 provincias, la infraestructura disponible alcanzaría para ofrecer vacantes a todos los niños de 3 a 5 años. Sin embargo, los autores advierten que la existencia de vacantes no garantiza por sí misma una mayor asistencia. Por un lado, la distribución territorial de la oferta puede no coincidir con la localización de la población objetivo. Por otro, existe el desafío de convocar a los niños y niñas al sistema educativo y fortalecer la calidad de las experiencias educativas”, advierten.

En este sentido, “las proyecciones del INDEC indican que la caída de la natalidad continuará durante los próximos años. Se estima que la población de 3 a 5 años se reducirá un 16% adicional entre 2025 y 2030, hasta ubicarse en torno a 1,31 millones de niños. Esto significa que habrá cerca de 250.000 niños menos en edad de asistir al nivel inicial.

“Actualmente, la cobertura del nivel inicial presenta diferencias importantes según la edad. Mientras que la sala de 5 años está casi universalizada, con una tasa neta de escolarización del 99%, la sala de 4 alcanza el 87%. En cambio, la sala de 3 continúa siendo el principal desafío pendiente: solo el 58% de los niños de esa edad asiste al sistema educativo formal. Cabe aclarar que, en Argentina, existen los Centros de Primera Infancia (CPI) y otras ofertas por fuera del área de cobertura de los ministerios de educación”, describe.

“Las diferencias entre jurisdicciones son especialmente marcadas en la sala de 3. Las provincias de Buenos Aires y La Rioja lideran la cobertura con cifras superiores al 70%, mientras que Corrientes, Misiones y Formosa no alcanzan el 30%. En la sala de 4 años, la cobertura oscila entre valores superiores al 90% en provincias como La Pampa, San Luis, Córdoba, Chubut y San Juan, y niveles inferiores al 80% en Tierra del Fuego, Salta y Formosa”.

Además, dice que “la cobertura del nivel inicial creció de manera sostenida durante la última década. Entre 2016 y 2025, la tasa neta de escolarización de la sala de 3 años aumentó 18 puntos porcentuales a nivel nacional. En el mismo período, la sala de 4 avanzó 3 puntos y la sala de 5 creció 1 punto”.

“Los mayores incrementos en sala de 3 se registraron en San Juan (+49 puntos porcentuales), La Pampa (+48 pp), Córdoba (+39 pp), San Luis (+35 pp), Neuquén (+34 pp) y Tucumán (+33 pp)” suma y apunta que “los datos muestran que buena parte de la expansión reciente del nivel inicial se concentró en las edades más tempranas, donde históricamente existían mayores déficits de acceso”.

“Este crecimiento de la cobertura se explica no solo por una menor demanda educativa (menos niños), sino también por la expansión de la oferta (más salas). Entre 2016 y 2025, 19 de las 24 jurisdicciones aumentaron la cantidad de secciones (salas) del nivel inicial. A nivel nacional, las secciones de sala de 3 crecieron un 28%, mientras que las de sala de 4 y 5 disminuyeron un 5% y un 7%, respectivamente”.

“La educación de nivel inicial sienta las bases del desarrollo futuro. Sabemos que la educación temprana de calidad tiene impactos duraderos y puede cambiar vidas. Es una inversión con muy buen retorno y una manera efectiva de reducir las desigualdades tempranas. Sin embargo, el acceso a este nivel educativo ha sido limitado y desigual en la Argentina”, sostiene Sebastián Kiguel, coautor del informe. Y destaca “el progreso – dispar entre provincias– de la última década, reflejado en los aumentos de la cobertura y la escolarización de niñas y niños de 3 a 5 años”.

Además, los creadores destacan que “el desafío actual no se limita a seguir ampliando la cobertura: la evidencia internacional muestra que los beneficios de la educación temprana dependen tanto del acceso como de la calidad de las experiencias educativas. Por eso, sostienen que la expansión del nivel inicial debe ir acompañada por mejoras en aspectos como la formación docente y las condiciones de enseñanza”.

A su vez, señala que “la caída de la natalidad desde 2014 implicó una fuerte disminución en la demanda de vacantes en educación inicial. Esto, sumado a un leve aumento en la oferta total de secciones, resultó en una mejora importante de la cobertura. Sin embargo, hay dos desafíos que siguen presentes: por un lado, la cobertura aún no es universal y seguramente no lo será en forma automática, ya que la oferta no siempre se ajusta exactamente a las necesidades en cada espacio geográfico. Por el otro, una mayor cobertura no es garantía de educación de calidad, por lo que parece fundamental que el foco de las autoridades en los próximos años se dirija a este desafío: el mejoramiento de los resultados educativos para los niños que asisten a las escuelas de educación inicial en nuestro país", sostuvo el investigador principal de CIPPEC, Rafael Rofman.

En este sentido, sobre la situación en las provincias en el análisis “el informe pone de manifiesto que la situación en las provincias es bien dispar, tanto en el nivel de cobertura como en su evolución en los últimos años”, sosteniendo que "en algunas provincias se produjo un aumento de la oferta tanto privada como pública. En otras se observa una expansión considerable en la oferta pública y una caída en la oferta privada. En un tercer grupo (conformado por CABA y Chubut) hubo una caída en las secciones de jardín de infantes tanto del sector público como del sector privado. Por último, el cuarto grupo es el de las provincias donde se expandió la oferta privada y se retrajo la oferta pública (Tierra del Fuego y Santa Cruz)”.

A su vez, la investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano de la Universidad de San Andrés, Cecilia Adrogué, analiza que “la situación que enfrentan las familias en cada uno de estos grupos es claramente diferente”.

En consecuencia, “la disminución de la matrícula por la caída de la natalidad requiere de planificación para intervenir y dar lugar a demandas aún insatisfechas. Por ejemplo: el trabajo en pareja pedagógica, el estado de los edificios y sus instalaciones, las condiciones laborales de las y los educadores y su formación continua, la cobertura en zonas donde aún falta oferta de vacantes, la ampliación hacia edades más tempranas cuya cobertura sigue siendo principalmente privada, la extensión horaria y la universalización de la sala de 3. Garantizar el derecho a la educación es mucho más que asegurar el acceso a una vacante: es priorizar que las experiencias que niños y niñas reciben en las escuelas infantiles sean enriquecedoras y potenciadoras de su desarrollo y bienestar”, asegura la especialista en educación de la primera infancia y miembro de OMEP Argentina, Rut Kuitca.

“La caída de la natalidad impactará primero y con mayor intensidad en el nivel inicial, pero también abre una oportunidad para mejorar el acceso, la equidad y la calidad educativa. La educación inicial es un derecho y tiene efectos positivos sobre las trayectorias escolares y otros resultados sociales. Por eso, la expansión de la cobertura debe ir acompañada de una fuerte inversión en formación docente y en diseños curriculares específicos, especialmente para la sala de 3 años”, expone la profesora de la Universidad Nacional de La Plata y subdirectora del CEDLAS, María Laura Alzua, suma que “es necesario debatir cuestiones como la obligatoriedad, que la evidencia asocia con mayores niveles de asistencia, y la articulación de la educación temprana con políticas que favorezcan la participación laboral femenina”.

La Autoridad Regulatoria Nuclear de la Nación realizó una alerta para todo el país en las últimas horas por el robo de una cápsula de material radiactivo en la ciudad santafesina de Rosario.

Este martes el organismo regulador de la actividad nuclear en Argentina fue notificado por un usuario autorizado para el uso de material radiactivo, de la sustracción de una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137, empleada para la verificación de equipamiento en Medicina Nuclear.

La sustracción de la cápsula ocurrió en el Instituto de Cardiología de Rosario "Dr. Luis González Sabathie", informaron desde Radio LT3 a la agencia Noticias Argentinas.

Se detalló que la última utilización registrada fue el 12 de junio de 2026, pero todavía no se pudo establecer quién lo manipuló este martes.

Según explicaron las autoridades, “se trata de una fuente en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente. La misma se encontraba dentro de su blindaje correspondiente”.

Si bien el riesgo radiológico es muy bajo, solicitan que, en caso de encontrarla, no se toque, ni manipule, y que se dé aviso de manera inmediata a la Guardia SIER (011 1544718686) – (011 1544703839) – (011 1544214581).

Se trata de un isótopo radiactivo artificial que emite radiación beta y gamma. Se utiliza principalmente en medicina para radioterapia o como fuente de calibración, y en la industria.

Se remarca que su manejo inadecuado es extremadamente peligroso y puede causar quemaduras, daño celular y enfermedades graves. 

En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el oficialismo logró hoy firmar dictamen de mayoría al proyecto de ley que busca la autorización del Congreso para ejecutar un plan de pago a dos holdouts que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001.

Con 42 firmas, la iniciativa que refrenda los acuerdos de conciliación alcanzados por el Estado nacional con Bainbridge ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund quedó lista para ser votada (y convertida en ley) en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, prevista para el miércoles que viene.

Al comenzar la reunión, el presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, explicó que la deuda con Bainbridge a desembolsar asciende a 171 millones de dólares mientras que la deuda con el grupo Attestor es de 104 millones de dólares.

Advirtió asimismo que en caso de incumplimientos existe la amenaza concreta de embargos sobre acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

“Si no se aprueba el acuerdo conciliatorio podría caerse”, alertó Benegas Lynch que recordó que el plazo vence el 30 de junio.

Al plenario de comisiones concurrieron para defender el proyecto el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija.

Éste último destacó que “estos acuerdos se relacionan con dos juicios de muchos años, con acreedores que no entraron en ninguno de los canjes que se hicieron".

"Son los últimos grandes grupos de holdouts que quedan. Todos tenían sentencia firme desde hace años y estaban intentando ejecutarlas”, informó.

El funcionario ponderó que el acuerdo alcanzado es “muy beneficioso” para el país porque se consiguió con una “reducción sustancial” de la deuda, que en el caso de Bainbridge supone una quita del 30% sobre el monto, y en el caso de Attestor del 35%.

Aseguró que con estos desembolsos "desaparecen" las amenazas de embargos sobre activos soberanos, y garantizó que los acuerdos no le abren la puerta a ningún reclamo legal por parte de holdouts.

Stampalija señaló que los acreedores asumen el compromiso de no litigar por ningún bono anterior al default y “queda completamente cerrado este capítulo" de la deuda defaulteada del 2001.

"Estos son los únicos holdouts con sentencia firme y cerraríamos esto de una vez y para siempre”, finalizó.

El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó este miércoles la citación a indagatoria del exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a una transferencia de 200.000 dólares.

La causa lo relaciona con el empresario Federico “Fred” Machado, señalado en una investigación internacional por narcotráfico y condenado en Estados Unidos por fraude y maniobras de lavado de activos.

De acuerdo con la acusación fiscal, el dinero en cuestión habría sido transferido desde una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado en 2020. El total del acuerdo entre ambas partes, según surge del expediente, alcanzaría el millón de dólares.

El fiscal sostiene que parte de esos fondos habrían sido utilizados para dar apariencia de legalidad mediante la adquisición de bienes, entre ellos un BMW, un Lexus y pagos a un fideicomiso identificado como “Dunas”.

La investigación también alcanza a la sociedad Varianza S.A., vinculada a Espert, que según la fiscalía habría presentado documentación contable presuntamente falsa para justificar el origen del dinero.

En paralelo, el contador del exlegislador, Mariano Cosentino, también fue incluido en el pedido de indagatoria por su presunta participación en la registración de los movimientos financieros bajo análisis.

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, deberá resolver ahora si hace lugar a los pedidos formulados por el Ministerio Público Fiscal.

El expediente judicial se centra en la relación entre Espert y Fred Machado, quien habría brindado apoyo financiero al dirigente liberal durante su campaña presidencial de 2019.

Según la hipótesis fiscal, el vínculo económico entre ambos se habría extendido más allá de ese período, incluyendo el contrato de consultoría invocado por la defensa del exdiputado.

Espert había sostenido públicamente que los fondos correspondían a un acuerdo profesional para asesoramiento en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestiona esa versión al señalar inconsistencias, como la falta de viajes al país centroamericano y la ausencia de evidencia concreta sobre tareas realizadas.

Medidas judiciales y situación actual

Mientras avanza la investigación, Espert mantiene sus bienes congelados por disposición judicial, lo que le impide vender propiedades o disponer libremente de sus cuentas bancarias, salvo para gastos autorizados.

El caso ahora queda en manos del juez, que deberá definir si convoca a indagatoria al exdiputado y a los otros involucrados en la causa por presunto lavado de dinero.

El presidente Javier Milei recibirá esta tarde a autoridades del Banco Mundial, luego de que el organismo aprobara en las últimas horas un paquete de financiamiento por US$ 2.000 millones para Argentina.

La Agencia Noticias Argentinas confirmó que la reunión tendrá lugar desde las 17 y allí se hablará del reciente financiamineto del BM para la Argentina tendiente a "crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica", según se indicó.

La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) confirmó este martes que el consumo interno de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en 20 años debido a la erosión del poder adquisitivo de los ciudadanos frente a los precios actuales,.

El promedio por habitante se situó en 47,5 kilos anuales en mayo, lo que marca un retroceso de 3,1 kilos respecto al mismo período del año pasado.

En total, la demanda doméstica acumulada durante los primeros cinco meses de 2026 sufrió una caída del 11,1% anual.

Aunque el consumo se desplomó, el precio promedio de los cortes vacunos registró en mayo su segunda baja mensual consecutiva con un descenso del 0,7%.

A continuación, se detallan los valores promedio y las variaciones detectadas en los cortes más populares:

En sentido opuesto, la caja de hamburguesas congeladas sufrió un aumento mensual del 2,5%.

La industria frigorífica enfrenta actualmente un bajísimo nivel de actividad debido a la escasez de hacienda tras tres años de intensa liquidación de madres por factores climáticos adversos.

La cantidad de empresas empleadoras en el sector privado registró una caída del 2,8% en marzo en forma interanual, según un estudio privado.

Esta variación representa una pérdida neta de 14.044 firmas en doce meses, dejando un total de 481.635 empleadores activos en todo el país.

Con el dato de marzo, el indicador suma veinticinco meses consecutivos de descensos interanuales.

El informe detalla que desde septiembre de 2025 la velocidad de la caída se aceleró y que la baja registrada en el tercer mes de 2026 es la más fuerte detectada en todo ese período.

La información proviene de un informe de la Consultora Politikón Chaco, elaborado sobre la base de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y que procesó la Agencia Noticias Argentinas.

El estudio se centra exclusivamente en el sector privado formal, excluyendo al empleo público, organismos internacionales y servicio doméstico.

En el análisis por sectores, la industria manufacturera lideró las mermas relativas con un retroceso del 4,5%, lo que equivale a 2.167 empresas menos.

El sector comercial perdió 5.145 firmas en un año, una baja del 3,5%.

A nivel regional, 23 de las 24 jurisdicciones del país mostraron retrocesos. Neuquén fue la única provincia con crecimiento neto, sumando 12 empresas (0,1%).

En el otro extremo, La Rioja tuvo la caída más profunda con un -10,7%.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires explicó la mayor pérdida con 4.311 firmas menos, seguida por Córdoba con 2.187 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 1.539.

Al evaluar el impacto desde el cambio de gestión nacional, el reporte afirma que "en la era Milei, desaparecieron 26.213 empresas empleadoras en todo el país".

Esta cifra surge de comparar marzo de 2026 contra noviembre de 2023, periodo en el cual la cantidad de empleadores cayó un 5,2% a nivel nacional, siendo la construcción el sector más afectado con una baja del 9,5%.

Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026, mediante el cual se incorpora un nuevo suplemento salarial destinado al personal militar que posea títulos de educación superior, con el objetivo de incentivar la formación académica y fortalecer la profesionalización de las Fuerzas Armadas.

La medida modifica la Ley para el Personal Militar N°19.101 e incorpora el denominado "suplemento por título" como un suplemento general para todo el personal del cuadro permanente, siempre que la titulación sea afín a las funciones desempeñadas dentro de la fuerza correspondiente.

De acuerdo con el texto oficial, quienes cuenten con títulos de posgrado, especialización, maestría o doctorado percibirán un aumento salarial equivalente al 25% del haber mensual correspondiente a su grado. En tanto, los militares con títulos universitarios de grado de al menos cuatro años de duración recibirán un 15%, mientras que aquellos que posean tecnicaturas o títulos superiores equivalentes de dos años o más accederán a un incremento del 10%.

El beneficio no solo alcanzará al personal en actividad. El decreto también establece que el suplemento será extensivo a militares retirados y a familiares con derecho a pensión, siempre que el causante hubiera obtenido el título antes de pasar a retiro.

En los fundamentos de la norma, el Gobierno sostuvo que resulta "indispensable reconocer el esfuerzo que realiza el personal de las Fuerzas Armadas" y destacó que la formación académica contribuye tanto al desarrollo profesional como a una mejora en la calidad del servicio prestado.

Asimismo, el Ejecutivo argumentó que existe una "necesidad urgente de fortalecer la retención de personal altamente calificado" y atraer nuevos profesionales a las filas militares, especialmente en áreas estratégicas como ingeniería, informática, ciberseguridad, medicina, logística avanzada y derecho internacional humanitario.

Según el decreto, la falta de incentivos económicos para quienes obtienen títulos universitarios provoca una pérdida de recursos humanos especializados y afecta las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas en un contexto de modernización tecnológica.

La norma también elimina el anterior suplemento particular por título terciario, con el objetivo de unificar criterios y establecer un esquema de reconocimiento académico más amplio y homogéneo para todo el personal militar.

El nuevo régimen entrará en vigencia el próximo 1 de julio y será financiado con partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa. Además, el Poder Ejecutivo deberá remitir el DNU a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, tal como establece la legislación vigente sobre los decretos de necesidad y urgencia.

El Banco Mundial aprobó este martes un paquete de financiamiento por US$2.000 millones para la Argentina, que servirá para "crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica".

La aprobación de la ayuda financiera llega luego de la reunión que mantuvieron el Directorio del Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), por sus siglas en inglés.

El desembolso irá destinado a apoyar la agenda de reformas del Gobierno y a ayudar a restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital.

"La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas", señaló el comunicado.

El financiamiento combina dos garantías del Grupo Banco Mundial para movilizar hasta US$2.000 millones en préstamos comerciales. Por un lado, garantía basada en políticas (Policy-Based Guarantee, PBG) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); por otro, una garantía de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

En conjunto representan el 95% del total que debe afrontar el país en concepto de vencimientos de deuda. En julio deberá desprenderse de US$4.300 millones.

Desde PUENTE afirman que el Gobierno ya posee los fondos necesarios para julio. "En un contexto apuntalado por las recientes mejoras en las calificaciones crediticias soberanas, el despliegue de estos avales internacionales le permite al equipo económico garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y mitigar los riesgos de refinanciación, transformando de manera positiva las condiciones crediticias de cara al próximo ciclo electoral", explicó Eric Ritondale, economista jefe de la consultora.

La estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo, afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Las garantías del BIRF y de MIGA respaldarán acciones orientadas a movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios para las empresas. El préstamo comercial respaldado tendrá un plazo de seis años, con un período de gracia de tres años.

En su gira por Washington, Luis Caputo mantuvo varios encuentros con distintos organismos multilaterales: entre ellos figuran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Para el primero, se confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo (US$1.000 millones), en el segundo consiguió US$2.000 millones y en el último aguarda un desembolso de US$550 millones. También se suma otra línea adicional bajo análisis de la CAF por un monto de entre US$250 millones y US$500 millones.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, se reunió este martes con el titular del BID, Ilan Goldfajn. Se prevé que esta semana se dé una definición sobre este desembolso.

"Argentina ha logrado avances importantes en la recuperación de la estabilidad macroeconómica, sentando las bases para el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la pobreza. Conversamos sobre cómo construir sobre esos avances para movilizar más recursos para el país, incluso a través de las garantías del BID", dijo Goldfajn en sus redes.

El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes, según información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), superó los $600.000.

Según información del INDEC, para criar a un hijo de entre 6 y 12 años se necesitaron en mayo $665.950 y, para costear los gastos de un menor de 1 a 3 años, demandó la suma de $620.125.

Para llegar a tales números, el INDEC analiza el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

Menores de 1 año

Infantes de 1 a 3 años

Tramos de 4 y 5 años

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años

El informe del INDEC indica que “para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza”.

También, “dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)”.

Asimismo, sobre el costo del cuidado indica que “para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría 'Asistencia y cuidado de personas' del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”. 

La Justicia podría revocar la prisión domiciliaria de la ex presidenta y actual titular del PJ, Cristina Kirchner, por las manifestaciones la puerta de su casa situada en el barrio porteño de Constitución, en San José 1111.

El juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó formalmente a la ex mandataria a cumplir estrictamente las reglas de su detención y le advirtió que dejaría sin efecto el tipo de arresto que lleva a cabo actualmente, si continúan las conductas que alteran el orden público.

Esta medida judicial surgió en respuesta a los incidentes ocurridos el pasado domingo, frente al edificio donde vive la ex Presidenta, donde se realizó un "banderazo" con cortes en las calles aledañas y aglomeramiento de personas

La Justicia fundamenta su advertencia en que la ex mandataria participó activamente en la convocatoria al colgar una bandera de grandes dimensiones, que cruzaba la calle y estaba sostenida por cables entre su balcón y el edificio de enfrente.

Respecto a la alteración del orden, consideran que la convivencia con los vecinos del barrio se fe afectada, debido a las reiteradas manifestaciones y la instalación de estructuras que interrumpen la vida cotidiana del barrio y viola la normativa de comportamiento pacífico impuesta para mantener la detención domiciliaria.

Asimismo, se indicó que, para este tipo de intervenciones en la vía pública, se requiere autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que estos sucesos se podrían encuadrar en una contravención.

Para finalizar, la resolución judicial a la que se refiere Giménez Uriburu  invoca el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, en la que esta norma le otorga al magistrado la potestad de enviar a Cristina Kirchner a una cárcel común en caso de nuevos incumplimientos injustificados.

La incertidumbre crece en torno a la desaparición de cinco pescadores que zarparon el domingo desde la costa de Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, y desde entonces no volvieron a dar señales en el Río de la Plata. Mientras continúa el intenso operativo de búsqueda, familiares y allegados destacan que se trata de navegantes experimentados que contaban con todos los elementos de seguridad exigidos para este tipo de travesías.

Los hombres partieron a bordo de la lancha deportiva "Chamigo-Ho" durante la mañana del 14 de junio con el objetivo de pescar pejerreyes en aguas del Río de la Plata. Según estaba previsto, debían regresar esa misma tarde, pero al caer la noche la embarcación no había retornado al punto de partida.

La alerta fue emitida por personal del camping desde donde habían salido, al advertir que la lancha seguía sin aparecer y que los vehículos de los pescadores permanecían estacionados en el lugar.

A partir de ese momento, la Prefectura Naval Argentina desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluye embarcaciones, medios terrestres y un avión para rastrear tanto la zona costera como el sector comprendido entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata. Además, se realizaron intentos de contacto mediante telefonía celular y radio VHF, aunque hasta el momento no hubo respuestas.

Los desaparecidos fueron identificados como los hermanos Carlos Alberto Kovach, de 60 años, y Claudio Alejandro Kovach, de 50, ambos oriundos de Berazategui. Junto a ellos viajaban Damián Giubu, de 42 años; Diego Alejandro Boscardín, de 28; y Sebastián Romegialli.

Familiares de los pescadores remarcaron que todos tenían experiencia en navegación y que realizaban este tipo de salidas con frecuencia. Rodrigo Oviejo, hijastro de Claudio Kovach, señaló que no era la primera vez que el grupo navegaba por la zona y aseguró que contaban con el equipamiento correspondiente para afrontar la jornada.

Según explicaron sus allegados, la embarcación disponía de chalecos salvavidas, sistema GPS, bengalas de emergencia y radio VHF. Además, cada uno de los tripulantes llevaba teléfono celular.

La preocupación aumenta con el paso de las horas. Ricardo Kovach, hermano de dos de los desaparecidos, relató que era habitual que el grupo regresara antes del anochecer, por lo que la ausencia de noticias encendió rápidamente las alarmas.

También destacó que varios de los ocupantes poseían capacitación específica para la navegación. De acuerdo con su testimonio, al menos tres de ellos cuentan con habilitación de timonel y realizaron los cursos correspondientes ante Prefectura Naval.

Mientras el operativo continúa sin resultados positivos, familiares y amigos siguen esperando novedades sobre el paradero de los cinco hombres, cuya desaparición mantiene en vilo a la comunidad de Berazategui.

La actividad de la industria metalúrgica de Córdoba cayó 4,1% interanual en abril y mantiene una tendencia declinante.

Este retroceso en la provincia estuvo influenciado principalmente por la dinámica negativa en los sectores de autopartes y de maquinaria agrícola. A nivel nacional, el sector metalúrgico registró una contracción del 5,1% interanual y una baja del 1,4% respecto al mes de marzo en términos desestacionalizados.

Con estos resultados, la industria metalúrgica argentina acumula una caída del 6,0% en los primeros cuatro meses de 2026.

El sector continúa operando por debajo de sus niveles máximos recientes, reflejando una tendencia decreciente sostenida en lo que va del año.

Las cifras corresponden al último informe técnico elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

El documento señala que la utilización de la capacidad instalada en las plantas productivas se ubicó en el 39,8%, lo que representa uno de los niveles más bajos en términos históricos y una caída de 6,8 puntos porcentuales frente al año previo.

En el territorio cordobés, el desempeño de la maquinaria agrícola fue un factor determinante en la baja general, ya que este rubro marcó una tendencia negativa por primera vez en el año con un descenso del 8,6% a nivel nacional.

Asimismo, el sector de autopartes, de fuerte presencia en la provincia, registró una caída del 2,9% interanual.

El análisis de las cadenas de valor refuerza esta situación, destacando que las empresas vinculadas al agro tuvieron un registro negativo del 9,5%.

Otros subsectores del entramado metalúrgico también mostraron retrocesos significativos en abril: la fundición cayó un 8,9%, los bienes de capital un 6,8% y el equipamiento médico un 6,3%.

Por el contrario, el rubro de carrocerías y remolques fue el único que presentó un crecimiento interanual, con una suba del 1,9%.

Respecto al mercado de trabajo, el nivel de empleo en las empresas del sector registró una caída interanual del 2,2%.

En la comparación mensual contra marzo, la dotación de personal tuvo un descenso del 0,2%.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que “la nueva variación mensual refleja que la recuperación de la actividad aún presenta desafíos importantes, en un contexto donde la utilización de la capacidad instalada continúa en niveles reducidos para el sector”.

El directivo añadió que “la industria metalúrgica sigue atravesando un escenario de demanda moderada en distintos segmentos de actividad, lo que genera dificultades para muchas empresas”.

En la comparación regional, Córdoba se situó detrás de Buenos Aires, que tuvo la caída más pronunciada con un 5,9%, y de Santa Fe, que retrocedió un 5,1%.

Otras provincias con saldo negativo fueron Entre Ríos con un 3,8% y Mendoza con un 2,4%.

Las perspectivas para el corto plazo se mantienen sin señales de mejora inmediata.

Según el relevamiento de ADIMRA, 7 de cada 10 empresas del sector no esperan cambios positivos en sus niveles de producción para el próximo trimestre.

Del Re concluyó que es fundamental “continuar promoviendo condiciones que favorezcan la inversión, la producción y el sostenimiento del empleo a lo largo de toda la cadena industrial”.

El Gobierno volvió a extender el plazo para que prepagas y obras sociales implementen la “cuota transparente”, adecuando sus contratos al nuevo sistema, mediante la Resolución 1080/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida establece una nueva prórroga a la Resolución 1725/2025, que busca estandarizar la información que reciben los usuarios, obligando a las empresas a detallar con precisión qué se está pagando y qué servicios incluye cada plan.

Con la extensión dispuesta, las entidades contarán con 30 días adicionales para readecuar sus sistemas de facturación y contratos de cobertura. De esta manera, desde que se comunicó la medida van 210 días de margen para concretar la puesta en marcha, ya que previamente se extendió tres meses y luego dos veces otro mes, el plazo inicial que fijaba solo 30 días.

Al argumentar la nueva prórroga, el Ejecutivo explicó que “a la fecha no se encuentran dadas las condiciones necesarias para la efectiva implementación del régimen”, al indicar que está demorada “la adecuación de los sistemas de facturación y la adaptación integral de los instrumentos contractuales por parte de las entidades alcanzadas”.

En relación al efecto de la decisión, sostuvo que “la presente medida no altera los objetivos ni el contenido sustantivo de la resolución, sino que procura facilitar su ejecución efectiva, manteniendo la tutela de los derechos de los beneficiarios y/o usuarios y asegurando la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud”.

El nuevo modelo de factura y estado de cuenta obligatorio tiene como fin que el afiliado no reciba un monto cerrado sin explicaciones. Con este sistema, las prepagas deberán desglosar:

Las entidades de salud tienen ahora otro mes extra para cargar sus contratos actualizados en el aplicativo oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Para el 65,8% de los argentinos, las políticas del Gobierno nacional tuvieron un impacto negativo en su vida personal o familiar. El 19,9% lo califica como "muy negativo" y el 45,9% como "algo negativo". El 30,7% percibió algún efecto positivo.

Los datos corresponden al Estudio de Opinión Pública Nacional de Proyección Consultores, realizado entre el 1 y el 7 de junio sobre 1.236 casos en todo el país.

La percepción sobre la economía general agrava el diagnóstico. El 80,5% de los encuestados sostuvo que la situación económica del conjunto de los argentinos empeoró o se mantuvo igual de mal en los últimos meses. A nivel del propio hogar, el 69,6% evalúa su situación como negativa o estancada.

El deterioro tiene una expresión concreta en las finanzas domésticas. El 60,1% de los hogares debió pedir dinero prestado durante el último mes para cubrir sus gastos. La modalidad más frecuente fue recurrir a familiares o amigos (22,5%), seguida por el uso de tarjeta de crédito pagando el mínimo o en cuotas (14,6%) y los préstamos bancarios (9,4%).

El indicador no es nuevo. En diciembre de 2025, el 57,8% de los hogares ya recurría al endeudamiento para llegar a fin de mes. El número trepó al 64,1% en mayo y bajó levemente al 60,1% en junio. La caída es marginal y el nivel sigue siendo elevado en toda la serie.

Las perspectivas a futuro tampoco ofrecen alivio. El 65,5% cree que la situación económica del país seguirá igual de mal o empeorará en los próximos seis meses. Solo el 34,5% tiene expectativas positivas. A nivel del hogar, el 60,1% tampoco espera una mejora en ese mismo período.

El 51,6% evalúa negativamente el trabajo del Gobierno Nacional, frente a un 39,8% que lo hace de forma positiva. El Índice de Confianza Pública (ICP) cerró junio en 1,99, rozando la zona de desconfianza, definida entre 1 y 1,89, tras haber tocado fondo en mayo con 1,88. La tendencia de caída es sostenida desde febrero, cuando el indicador se ubicaba en 2,08.

El 55,4% considera que el Gobierno tiene poca o ninguna capacidad para resolver los problemas del país, mientras que sólo el 40,5% le reconoce alguna capacidad de gestión, una cifra que también retrocedió respecto de mediciones anteriores.

Las principales preocupaciones de la ciudadanía reflejan el cuadro de deterioro. Los bajos ingresos personales o familiares encabezan el ranking con el 50,9% de las menciones, seguidos por la inseguridad (36,2%), la corrupción política (33,5%) y la inflación (31,8%). La corrupción aparece con particular peso en un contexto marcado por el escándalo en torno a la declaración jurada del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El 53% considera que las decisiones del Gobierno llevan al país por un rumbo equivocado, frente al 37,9% que lo aprueba. El Índice de Perspectiva Económica (IPE) se ubica en 2,10 para junio, dentro de la zona de estancamiento.

El relevamiento fue realizado mediante cuestionario estructurado en modalidad CAWI, sobre una muestra de 1.236 casos efectivos en todo el país, ajustada por sexo, edad, nivel educativo, región y voto anterior. Período: 1 al 7 de junio de 2026. Margen de error: 2,79%. Nivel de confianza: 95%.

El total de trabajadores con empleo registrado en la Argentina alcanzó en marzo de este año las 12,830 millones de personas, lo que representa una reducción interanual de 40.900 puestos y una caída del 0,3% que afectó en especial al sector asalariado privado.

Respecto de febrero se evidenció una disminución del 0,2%, con resultados negativos en todas las modalidades de ocupación de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En tanto, para abril, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el nivel de empleo privado registrado del total de los aglomerados urbanos relevados, en empresas de más de 10 personas ocupadas, volvió a mostrar un signo negativo del 0,1% del empleo en el total de aglomerados relevados.

Los datos oficiales marcan que en marzo se contabilizaron 9,995 millones de personas con empleo asalariado registrado, incluyendo el sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares, y 2,834 millones de personas con trabajo independiente, que abarca a monotributistas y autónomos.

Pese a que marzo es un mes de reinicio de las actividades luego de las vacaciones, el empleo asalariado registrado mostró una variación de signo negativo del 0,1% en comparación con el mes anterior, detallando el reporte gubernamental que "todos los segmentos que integran esta categoría mostraron una reducción de empleo en ese período: tanto el empleo asalariado privado como el público retrocedieron un 0,1% mientras que el trabajo en casas particulares se redujo un 0,2%”.

Mientras que el trabajo independiente registró una caída intermensual del 0,6% también en todas sus variantes, desagregándose en bajas en el monotributo social con un -2,1%, autónomos con un -1,3% y el monotributo con un -0,3%. En comparación con el mismo período del año anterior, el empleo asalariado se redujo 1,2%, lo que equivale a 116.500 trabajadores menos, registrándose mermas en el sector asalariado privado del -1,5% con 96.600 personas menos, y en el sector público del -0,5% con 18.200 trabajadores menos, mientras que el trabajo en casas particulares registró una caída más moderada del -0,4% con 1.700 personas menos.

Por su parte, el trabajo independiente en su conjunto experimentó una expansión interanual del 2,7%, sumando 75.600 personas, existiendo al interior de este grupo dinámicas diferenciadas dado que la cantidad de aportantes al monotributo aumentó un 3,3% con 70.000 personas más y la cantidad de monotributistas sociales subió un 3% con 7.000 personas más, mientras que por el contrario la cantidad de trabajadores autónomos cayó un 0,5% con 1.900 personas menos.

El empleo asalariado privado sumó en marzo 6,188 millones de personas, ubicándose un 0,1% por debajo del nivel alcanzado en el mes anterior y un -1,5% respecto de marzo de 2025. El informe destaca que “desde septiembre de 2023 el empleo asalariado formal del sector privado muestra una tendencia descendente. La caída fue particularmente pronunciada durante el primer trimestre de 2024, para luego moderarse y estabilizarse hacia la segunda mitad de ese año.

Entre octubre y diciembre de 2024 se observó una recuperación moderada, que permitió recuperar parcialmente las pérdidas acumuladas en los meses previos. Sin embargo, durante los primeros meses de 2025 el empleo permaneció prácticamente sin variaciones y, a partir de junio de ese año, retomó una trayectoria descendente. Esta nueva fase contractiva se extendió durante el segundo semestre de 2025 (a un ritmo promedio mensual del -0,2%) y continuó durante el primer trimestre de 2026, aunque con una intensidad algo más moderada (-0,1% promedio mensual).”.

Por sectores, el desempeño laboral fue heterogéneo en la medición mensual, ya que cuatro ramas mostraron aumentos en el empleo, cuatro se mantuvieron estables y seis sectores redujeron el número de trabajadores. Las actividades que aumentaron la ocupación respecto al mes anterior fueron Explotación de minas y canteras con un 0,5%, Pesca con un 0,3%, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un 0,3%, y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con un 0,1%. 

Los rubros de Servicios sociales y de salud, Hoteles y restaurantes, Enseñanza y Construcción se mantuvieron estables, mientras que las mayores caídas de empleo se concentraron en Intermediación financiera con un -0,5%, Industrias manufactureras con un -0,4%, Transporte, almacenamiento y comunicaciones con un -0,3%, y Comercio y reparaciones con un -0,2%.

En términos interanuales, el empleo asalariado en el sector privado registró una caída del 1,5%, equivalente a 96.700 trabajadores menos, y si bien algunos sectores mostraron aumentos, entre ellos Pesca con un 5,8%, Construcción con un 1%, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un 0,7%, y Suministro de electricidad, gas y agua con un 0,6%, no lograron compensar las caídas observadas en otras actividades económicas, particularmente en Explotación de minas y canteras con un -5,7%, Industrias manufactureras con un -4%, Intermediación financiera con un -3,7%, y Comercio y reparaciones con un -1,9%.

Por provincias, en comparación con febrero, 5 de las veinticuatro jurisdicciones registraron un aumento del empleo, 3 se mantuvieron estables y en 16 se observó una contracción. Las provincias que experimentaron incrementos en el empleo fueron Neuquén con un 0,9%, San Juan con un 0,3%, Tucumán con un 0,3% y Río Negro con un 0,1%, mientras que en contraste el grupo de provincias que registró una disminución del empleo asalariado formal privado estuvo encabezado por La Rioja con un -2,7%, Catamarca con un -1,6%, Santiago del Estero con un -1,6%, Tierra del Fuego con un -1%, Corrientes con un -0,7%, Misiones con un -0,7% y Formosa con un -0,7%. Finalmente, en términos interanuales, cinco jurisdicciones registraron aumentos en el nivel de empleo y diecinueve mostraron variaciones negativas. __IP__

Las provincias con mayores incrementos fueron Neuquén con un 3,3%, Río Negro con un 3,2%, La Rioja con un 3% y San Juan con un 2,2%, mientras que por el contrario las mayores caídas del empleo se observaron en Tierra del Fuego con un -9,0%, Chubut con un -6,8%, Corrientes con un -5,3%, Formosa con un -5,3%, Chaco con un -5,2%, Santa Cruz con un -5,1% y Catamarca con un -4,5%.