La Fiscalía Penal Juvenil de cuarto turno imputó a dos adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”, en el marco de la investigación por mensajes que advertían sobre presuntos tiroteos en escuelas.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los hechos bajo análisis no se limitan a la capital provincial, sino que también se extienden a localidades como La Falda, Cosquín, Cruz del Eje y Jesús María, donde se desplegaron medidas procesales para esclarecer los casos.

La situación generó alarma en al menos nueve instituciones educativas, donde aparecieron mensajes con contenido intimidatorio, algunos de ellos con frases como “mañana tiroteo, no vengan”, lo que obligó a activar protocolos de emergencia.

Uno de los episodios iniciales se registró en el Ipem 142 Joaquín V. González, donde un cartel encendió las alarmas y motivó la inmediata intervención policial. Desde entonces, la presencia de fuerzas de seguridad en escuelas se intensificó en distintos puntos de la provincia.

“Decían ‘cuidado, tiroteo’ y agregaban fechas específicas, como el 21 de abril”, explicó la vicedirectora Marcela Ayús. Las inscripciones, realizadas con fibrón, se repetían en distintos sectores del colegio y formaban parte de una cadena de mensajes similares detectados en otras escuelas.

A pesar de la gravedad del contenido, desde la institución aclararon que no se encontraron elementos concretos que indiquen un riesgo inminente, por lo que las clases continuaron con normalidad.

Las autoridades sostienen que detrás de la reiteración de amenazas podría haber un desafío viral que circula en redes sociales, particularmente en plataformas como TikTok.

El ministro de Educación provincial, Horacio Ferreyra, indicó que los mensajes presentan patrones similares, lo que refuerza la hipótesis de una acción coordinada o replicada entre adolescentes.

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos y se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos relevantes. Según explicó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, una “pista firme” permitió avanzar sobre uno de los sospechosos.

El funcionario advirtió que algunos de los involucrados podrían estar vinculados a comunidades virtuales como la denominada “True Crime Community”, donde se comparten contenidos relacionados con hechos violentos.

Las autoridades remarcan que no se trata de simples bromas. “No estamos frente a una travesura, sino ante un delito”, subrayó Quinteros, al tiempo que pidió mayor control por parte de las familias sobre el uso de redes sociales.

La investigación continúa en distintas jurisdicciones, mientras la comunidad educativa permanece en estado de alerta y las autoridades refuerzan los protocolos de prevención para evitar cualquier riesgo en las escuelas.

Las autoridades reiteran que todo mensaje amenazante, ya sea escrito, verbal o difundido en redes, es investigado con la máxima seriedad. En estos casos se activan de inmediato los protocolos de seguridad conjuntos entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación y la Justicia.

La participación de un menor en este tipo de hechos pone en evidencia la necesidad de abordar no solo el aspecto represivo, sino también el acompañamiento psicológico y familiar de los adolescentes involucrados.

La comunidad educativa de la ciudad de La Falda amaneció este miércoles bajo un clima de extrema tensión a raíz de un mensaje que amenazaba por un presunto tiroteo. El aviso desplegó un operativo de emergencia en las instalaciones del Ipem 142 Joaquín V. González.

La situación generó una inmediata respuesta de las fuerzas de seguridad y de las autoridades judiciales de la región.

El texto, que rezaba específicamente: “Mañana 15/4 tiroteo. No vengan”, provocó la activación inmediata de los protocolos de seguridad.

"Hemos tenido un total hasta esta mañana de jueves de 9 amenazas registradas con los mismos carteles en los baños de los colegios de Córdoba", dijo a La Voz del Interior el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra.

"Por lo que me dicen los especialistas que están investigando el tema por pedido de Educación se trataría de un desafío viral que está dando vueltas por TikTok", agregó el funcionario.

La secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, advirtió sobre una situación crítica en el sistema sanitario a partir de recortes y deudas del Gobierno nacional que, según sostuvo, afectan programas esenciales, prestaciones médicas y el funcionamiento general del sector.

En ese marco, la funcionaria fue contundente al referirse a la decisión de interrumpir el envío de vacunas del calendario obligatorio: “Es un descuartizamiento”, afirmó, al tiempo que alertó que esta medida obliga a las provincias a asumir la responsabilidad de garantizar la cobertura.

Según detalló, la suspensión alcanza a dosis clave como la Triple Viral, la BCG, la vacuna contra el Covid pediátrico y la del HPV, lo que pone en tensión la capacidad de respuesta del sistema público de salud.

Montero vinculó esta situación con un deterioro más amplio y cuestionó el enfoque del Ejecutivo nacional: consideró que la salud está siendo tratada como un gasto y no como una inversión. En ese contexto, explicó que los profesionales médicos perciben actualmente 2100 pesos por afiliado, lo que implicaría la eliminación del pago por la consulta inicial anual y los controles posteriores.

Además, señaló que existe una deuda acumulada con médicos, odontólogos y farmacéuticos, lo que —según indicó— “pone en riesgo la integralidad del sistema sanitario”. A esto se suma un recorte en el Plan Remediar, programa que provee medicamentos esenciales en el primer nivel de atención y que surgió tras la crisis de 2001.

En relación a los fondos, la funcionaria precisó que el Gobierno nacional mantiene una deuda de 8400 millones de pesos con municipios cordobeses en el marco del programa Sumar, destinado a mejorar el acceso y la calidad de la atención sanitaria.

Respecto al PAMI, indicó que Nación adeuda 1300 millones de pesos correspondientes a 2026 en Córdoba, monto que ha sido cubierto por la Provincia para sostener las prestaciones en hospitales públicos para adultos mayores. La deuda total asciende a 4700 millones de pesos.

Finalmente, Montero advirtió sobre una “transferencia de responsabilidades” hacia las provincias sin el envío de recursos necesarios para afrontarlas, en un contexto que, según remarcó, compromete la sostenibilidad del sistema de salud.

Luego de una jornada agitada, que comenzó con algunos incidentes en la reunión de conciliación en la secretaría de Trabajo, por la interna en el gremio docente, en la tarde de este martes, el Gobierno provincial le entregó a la UEPC una nueva propuesta, que según informó la conducción provincial del sindicato, el aumento garantizado para todo el año tiene un piso del 40%.

La conducción provincial que lidera Roberto Cristalli fue recibida en el Centro Cívico por el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, que venía de una reunión con el gobernador Martín Llaryora, quien aprobó los últimos detalles del nuevo ofrecimiento.

Este miércoles, el propio Cristalli detalló las característica de la propuesta, en diálogo con La Voz del Interior.

En la síntesis de la propuesta oficial que difundió la UEPC, el aumento garantizado es del 40% para todo el corriente año, ya que de mediar un acuerdo, se extenderá hasta el 31 de enero del año próximo.

Con el sueldo de abril, una maestra o maestro de grado percibirá un aumento de $ 224.500, que significa un 23,3% de aumento. Mientras que los docentes con 30 horas cátedras percibirán un incremento de $ 248.796 (18,8%), y los cargos directivos percibirán este mes una suba de $ 304.601 (15,9%).

Este modo, se cumple una de las cuestiones que venían adelantando desde el Centro Cívico: el aumento sería mayor para los que menos cobran, que son los docentes de hasta 22 horas cátedras semanales.

Teniendo en cuenta que en caso de que la propuesta sea aceptada por la asamblea provincial de la UEPC, los docentes cobrarán el aumento retroactivo de febrero y marzo, un maestro recibirá por planilla complementaria, $ 426.300. Mientras que más de 30 horas cátedras percibirían ahora $ 541.800, y los jerárquicos $ 506.300.

Luego de estos aumentos en febrero, marzo y abril, a partir de mayo, los docentes cobrarían un aumento del 2% remunerativo y acumulativo, sin depender de la evolución de la inflación, y tampoco de la recaudación.

Según lo que informó la UEPC provincial, el Fonid también aumentaría un 92% a lo largo del año. Este fondo, que antes pagaba la Nación, pero que fue suspendido por el presidente Javier Milei en 2025, y se hizo cargo la Provincia, pasará de los actuales $ 67.000 a $ 128.000 en enero del año próximo.

El secretario General de la Gobernación, David Consalvi, quien lleva adelante la negociación con los docentes, se mostró optimista por la propuesta salarial que construyeron en el Centro Cívico.

"El gobernador Llaryora les dijo siempre a los docentes que la educación es una prioridad de su gestión. Esta oferta salarial, que les garantiza un piso del 40% de aumento, pero que podría llegar al 45%, porque los aumentos mensuales son acumulativos, refleja esa decisión política. No hay otra provincia en el país que les haya hecho esta oferta salarial a sus docentes", remarcó el funcionario llaryorista.

En cuanto a los tres días de paro que ya hicieron los docentes, de aprobarse esta oferta, no se descontaría la jornada de protesta del 19 de marzo pasado. En cuanto a los paros del 2 de marzo y el 18 del mismo mes, que ya fueron descontados, "se discutirá", dice la propuesta del Gobierno provincial.

Una de las salidas intermedias sería que esos dos días de paro que ya se descontaron con el salario de marzo, se descuente en cuotas. Por lo cual, habría una devolución, en una parte, en caso de llegar a un acuerdo paritario.

La conducción del gremio provincial de los docentes ya estipuló el cronograma de análisis de esta propuesta. Este miércoles, asambleas informativas por departamento. Jueves, asambleas informativas y resolutivas de una hora por turno en las escuelas.

Mientras que el viernes, asamblea resolutiva de delegadas y delegados escolares por departamento. En tanto, el lunes próximo será la asamblea provincial resolutiva de delegadas y delegados departamentales, que tendrá la última palabra sobre esta nueva oferta del Gobierno provincial.

Anoche, en la delegación Capital de la UEPC, que está enfrentada con la conducción provincial, había una reunión para analizar la propuesta del gobernador Llaryora.

Precisamente, la delegación Capital que conduce Franco Boczkowski, reclamaba un aumento del 40% para todo el año.

Antes de la reunión por la tarde en el Centro Cívico, este martes al mediodía, hubo momentos de tensión, en las puertas de la secretaría de Trabajo de la Provincia, donde se realizó la segunda audiencia de conciliación entre el Gobierno y el gremio docente.

Desde el Centro Cívico no se informaron los motivos por los cuales el Gobierno no presentó la oferta en el marco de la conciliación, como estaba previsto. Se puede interpretar que la decisión de Llaryora de convocar al gremio para darle personalmente el cuarto ofrecimiento, es un modo de remarcar que el gobernador se involucró personalmente en esta discusión.

En realidad, Llaryora hace varios días que viene siguiendo de cerca esta negociación. Es más, creó una mesa de trabajo especial para supervisar esta discusión paritaria, con la participación de varios ministros, más allá del secretario General de la Gobernación, David Consalvi, quien se sienta a dialogar con los gremios, y el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Además, Llaryora mantuvo el lunes de la semana pasada, una reunión con inspectoras e inspectores, y al día siguiente, recibió a más de 200 docentes que cobran los salarios más bajos.

A esos encuentros los repitió ayer y este martes, antes de terminar de construir la cuarta oferta salarial.

"El gobernador quiso conocer en primera personal lo que piensan los docentes, que la verdad están muy enojados por los salarios que perciben. No es de ahora, es un problema que viene desde hace varios años, pero ahora lo debe afrontar esta gestión", explicó uno de los ministros que participa en la mesa de trabajo que armó el gobernador para seguir la paritaria docente.

Como lo adelantó La Voz del Interior en su edición del domingo pasado, Llaryora modificó el esquema para esta nueva oferta salarial, que no está atada a la inflación y tampoco a la recaudación, como lo eran las tres propuestas anteriores que fueron rechazadas.

Las anteriores ofertas se basaban en un fuerte incremento del Fondo de Incentivo Docente (fonid), y luego aumento salariales mensuales, atados a la inflación del mes anterior. La tercera oferta recibió un rechazo contundente en la asamblea provincial de la UEPC, por lo cual, luego de escuchar a varios docentes, Llaryora decidió cambiar la estructura de la propuesta salarial.

En el Centro Cívico están convencidos que esta propuesta debería ser aprobada. Aunque en la UEPC hay mucha cautela. Será la asamblea provincial del gremio que el próximo lunes la que tenga la última palabra sobre esta propuesta.

Por otro lado, momentos de extrema tensión se vivieron en la sede de la secretaría de Trabajo provincial, cuando quedó expuesta la fuerte interna que hay en la UEPC. La conducción provincial que lidera Roberto Cristalli es cuestionada por la delegación Capital de la UEPC.

En ese marco, y cuando el secretario general de la UEPC comunicaba que por la tarde el Gobierno entregaría la cuarta oferta, comenzaron a generarse una serie de incidentes por parte de las columnas de Capital, con gritos y agresiones para con el dirigente provincial.

Cristalli se retiró custodiado por la Policía que durante varias cuadras hasta que llegó a la sede del gremio en el ingreso por calle Salta.

Un par de horas después de los incidentes, desde la conducción provincial del gremio docente ratificaron la reunión con el gobernador Llaryora de esta tarde, y que luego se habilitará el mecanismo de análisis en las escuelas de la nueva oferta del Gobierno.

La conducción de Cristalli cuestionó la delegación Capital por la tensión que se vivió frente a la secretaría de Trabajo. "Desde UEPC rechazamos los actos violencia y reafirmamos nuestra defensa democrática de las y los trabajadores de la educación. Nuestra organización históricamente está en contra de la violencia y a favor de la representación orgánica. La custodia policial que se presentó no fue pedida por nosotros porque confiamos en la capacidad de dirimir las diferencias a través del diálogo y nuestros mecanismos democráticos”, dijo la cúpula de la UEPC provincial.

Durante la audiencia de este martes, la UEPC informó que logró la restitución de la totalidad de las licencias gremiales que habían sido dadas de baja en las 26 delegaciones de la provincia.

Este era uno de los principales reclamos de la delegación Capital de la UEPC, que había denunciado que el Ministerio de Educación había dejado caer cuatro licencias gremiales, entre ellas, la del propio titular del gremio capitano, Franco Boczkowski 

Un relevamiento realizado por la consultora Zentrix advirtió sobre la compleja situación económica que atraviesan los hogares en Córdoba, donde 9 de cada 10 personas no logran pagar con facilidad las deudas que han contraído.

El titular de la consultora, Claudio Montiel, señaló a La Voz del Interior que el escenario es preocupante y aseguró que “la situación es muy delicada”. En ese marco, explicó que el nivel de endeudamiento y morosidad se encuentra por encima del promedio registrado en otras ciudades del país.

Entre los datos más relevantes del informe, se destaca que 8 de cada 10 cordobeses llegan solo hasta el día 20 de cada mes con sus ingresos, lo que evidencia dificultades para cubrir los gastos básicos durante todo el período mensual.

Además, el estudio reflejó un cambio en los hábitos de consumo: los alimentos se han convertido en uno de los principales gastos financiados con tarjeta de crédito, lo que da cuenta del impacto de la situación económica en la vida cotidiana.

Por último, Montiel indicó que la morosidad en tarjetas de crédito alcanza el 30%, consolidando un panorama que, según el especialista, muestra un creciente deterioro en la capacidad de pago de las familias.

La senadora nacional de Provincias Unidas Alejandra Vigo presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que se de a conocer la “gravísima” situación de afiliados de PAMI ante el corte de atención médica producto de la falta de pago a prestadores, y exigió la normalización del funcionamiento del sistema de salud.

La cordobesa también presentó un proyecto de declaración en la cual se expresa “la profunda preocupación” por la falta de cobertura a adultos mayores en todo el país, con especial gravedad en localidades de su provincia como Marcos Juárez y Villa María.

Esta iniciativa declara la “profunda preocupación por la crítica situación que están atravesando los afiliados en todo el país y en particular en la provincia de Córdoba por el recorte y la falta de pago de las prestaciones que les corresponden por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI)”

Según explicó Vigo en los fundamentos de la iniciativa, “la falta de regularización en los pagos de las prestaciones por parte del PAMI hacia los municipios cordobeses ha dejado de ser un problema administrativo para convertirse en una emergencia sanitaria y social de dimensiones alarmantes”. 

“Como es de público conocimiento, una reciente reunión de intendentes de diversos signos políticos ha puesto de manifiesto una deuda millonaria que asfixia financieramente a las administraciones locales, las cuales - en un esfuerzo de solidaridad institucional- ha sostenido la atención de los afiliados ante la retirada del sector privado”, señaló.

Para Vigo, “la salud de nuestros jubilados no puede quedar supeditada a las dilaciones burocráticas o a la falta de previsión presupuestaria del organismo nacional”. 

“El PAMI debe dar respuestas claras sobre el destino de los fondos y los plazos de regularización para asegurar la continuidad de servicios esenciales como la atención primaria, las cirugías programadas y el suministro de medicamentos en las farmacias locales”, agregó.

En este sentido, llamó a no “permanecer indiferentes ante este desfinanciamiento que vulnera el federalismo y, fundamentalmente, el derecho humano a la salud de quienes han dedicado su vida al trabajo y al crecimiento de nuestra nación”.

Por su parte, el diputado nacional de Provincias Unidas por la provincia de Córdoba Carlos Gutiérrez se hizo eco de la gravedad del problema en su provincia y advirtió que el PAMI está en estado de “colapso” y “los jubilados pagando las consecuencias”.

“El Gobierno Nacional recortó los ingresos de los médicos de cabecera en más del 50% de un día para el otro. La consecuencia directa: jubilados sin turnos, sin recetas, sin atención”, lamentó en un posteo de la red social X. 

“Todo esto mientras el PAMI acumula una deuda millonaria con farmacias y crece la sospecha de negociados en licitaciones del organismo”, sumó Gutiérrez. 

“Los jubilados no pueden ser el costo del ajuste. El Gobierno Nacional tiene que hacerse cargo y resolver esto ahora”, reclamó el legislador cordobés.

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, expresó su preocupación por la situación del PAMI y advirtió que existe un escenario “complejo y delicado” en la atención a jubilados, en medio de demoras en pagos a prestadores.

“Hay una situación financiera importante. No se puede tapar el sol con las manos”, sostuvo el dirigente, quien aseguró haber realizado gestiones ante autoridades del organismo para abordar la problemática.

Juez señaló que mantuvo contactos con representantes de farmacias y prestadores de salud, quienes le transmitieron dificultades derivadas de atrasos en los pagos del PAMI.

Además, indicó que envió una nota formal al titular del organismo, Esteban Leguízamo, en la que expuso la situación de una clínica del sudeste cordobés.

“Hay una deuda del PAMI que tiene que regularizarse. Tiene que ponerse al día con los prestadores”, afirmó.

El senador también apuntó contra la administración provincial por la falta de respuestas en áreas sensibles como salud, educación y seguridad.

“No es una prioridad para el Gobierno provincial la salud ni la educación”, cuestionó, y planteó que, de estar en funciones ejecutivas, buscaría acuerdos para garantizar la atención de jubilados en hospitales públicos.

En ese sentido, sugirió que la Provincia podría articular mecanismos para sostener prestaciones mientras se resuelven los problemas de financiamiento.

Juez vinculó la crisis del sistema con el contexto económico general y el impacto de la inflación, que en marzo fue del 3,4%.

“Hay sectores que la están pasando muy mal en Argentina. Requieren que el Estado esté presente, pero no lo está todavía”, advirtió.

Consultado sobre la gestión del presidente Javier Milei, el legislador evitó una defensa cerrada, aunque reconoció la complejidad del escenario heredado.

“No voy a justificar lo que no se puede justificar, pero venimos de años de destrucción. Aun así, hay que avanzar con mayor velocidad”, sostuvo.

Finalmente, Juez insistió en la necesidad de abordar el problema con una mirada integral y sin especulación política.

“Lo que está mal, está mal. Hay que decirlo con objetividad. No se resuelve con discursos, sino con decisiones y prioridades claras”, concluyó.

El planteo del senador se da en un contexto de creciente preocupación por el funcionamiento del sistema de salud para jubilados y el impacto de la situación económica en los servicios esenciales.

En el marco de la negociación paritaria 2026, el Gobierno provincial presentó una nueva propuesta salarial para el sector docente, que contempla un aumento anual mínimo garantizado del 40% y actualizaciones mensuales.

Tras la segunda audiencia en instancia de conciliación obligatoria, el plenario de secretarios generales resolvió poner en marcha los mecanismos de consulta interna para definir la aceptación o rechazo del ofrecimiento.

El gremio docente avanzará con un esquema de asambleas en toda la provincia de Córdoba:

Miércoles 15: asambleas informativas por departamento.Jueves 16: asambleas informativas y resolutivas en escuelas.Viernes 17: asambleas de delegados por departamento.Lunes 20: asamblea provincial resolutiva.

De este proceso surgirá la postura final del sector frente a la propuesta oficial.

El ofrecimiento abarca el período comprendido entre febrero de 2026 y enero de 2027, y establece una pauta salarial no atada a la recaudación.

Incluye un incremento mínimo garantizado del 40% anual, con aumentos todos los meses. En abril, por ejemplo, se prevén subas iniciales del 23,3% para una maestra de grado, del 18,8% para 30 horas cátedra y del 15,9% para cargos directivos.

Además, se contempla el pago retroactivo correspondiente a febrero y marzo.

Desde mayo, el esquema suma incrementos mensuales del 2%, remunerativos, bonificables y acumulativos, con revisión prevista para octubre.

La propuesta incluye también una serie de puntos complementarios:

Garantía de pago del FONID con actualización del 92%.Eliminación del tope del complemento remunerativo.Cláusula de revisión en octubre para seguir la evolución del IPC.Suspensión de descuentos por el paro del 19 de marzo, en caso de aceptación.

También se prevén mejoras para cargos jerárquicos, supervisores y jubilados, así como una cláusula de “igual tratamiento” en caso de aumentos a otros sectores.

El Índice de Precios al Consumidor de Córdoba (IPC-Cba) registró en marzo un incremento del 3,2% respecto al mes anterior, según el informe oficial difundido este martes.

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer trimestre del año alcanzó el 8,4%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 32,4%.

El informe también muestra diferencias entre los distintos componentes del índice.

Los bienes —que representan el 61% de la canasta— registraron una suba del 2,9%, mientras que los servicios —con el 39% restante— aumentaron un 3,5%, evidenciando una mayor presión en este último segmento.

En la desagregación por categorías, los precios regulados lideraron el incremento con un 4,9%, en línea con ajustes en tarifas y servicios.

El aumento del nivel general estuvo explicado principalmente por tres capítulos clave de la canasta:

-Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsados por subas en carnes y derivados.

-Vivienda, agua, electricidad y gas, con incrementos en alquileres y tarifas de servicios.

-Transporte, afectado por el aumento en combustibles.

Estos sectores volvieron a tener un peso determinante en la evolución de los precios durante el tercer mes del año.

Por su parte, los bienes y servicios estacionales mostraron una leve caída del 0,1%, mientras que el resto de los productos —que conforman la inflación núcleo— avanzaron un 2,9%.

El IPC-Cba releva mensualmente la variación de precios de un conjunto representativo del consumo de los hogares urbanos en la ciudad de Córdoba.

Para su elaboración, se registran alrededor de 16.500 precios de 493 productos en más de 1.500 establecimientos, incluyendo comercios, supermercados, empresas de servicios y viviendas en alquiler.

La metodología se basa en estándares internacionales y utiliza como referencia la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, lo que permite reflejar con mayor precisión los hábitos de consumo.

En medio de las fuertes críticas del gobernador Martín Llaryora al funcionamiento del PAMI, el presidente de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), Pablo Venturuzzi, respaldó ese diagnóstico y profundizó sobre la situación del sistema sanitario.“Yo describo la realidad como es, falta mucho por hacer, mejorar, quejas hay, somos conscientes de las quejas. Pero todo no se puede hacer de un día para el otro en un sistema, en un sistema donde está quebrado, un sistema que está en terapia intensiva hace años, pero los últimos 2 años se ha agravado considerablemente”, afirmó Venturuzzi en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.El funcionario advirtió además sobre el impacto estructural del financiamiento en el sistema de salud: “El 74% de las obras sociales sindicales no pueden cubrir, no pueden financiar un programa médico obligatorio. Eso hace que todos sus afiliados (…) caen en el sistema de Salud de la provincia. Por eso se ha incrementado 45% la actividad en los hospitales públicos y también el presupuesto destinado para ese ministerio”.En ese contexto, Venturuzzi marcó diferencias entre los distintos financiadores del sistema, en línea con los cuestionamientos del gobernador: “Hoy la diferencia entre un financiador y otro es contundente”. Y agregó: “A los intendentes no le pagan las prestaciones médicas, ni en los hospitales públicos, desbordados por la atención de pacientes con PAMI. Mire lo que pasó con Marco Juárez, donde cerró la única clínica privada que atiende PAMI: los jubilados no tienen clínica que los atiendan, tienen que trasladarse 130 kilómetros. Entonces, creo que es incomparable. Es incomparable la situación entre un financiador y otro”.Al mismo tiempo, el titular de Apross evitó plantear una lógica de competencia entre sistemas: “La gente necesita un servicio médico y eso es lo que estamos trabajando en Apross. No estamos comparando para ver quién es el mejor o el peor, sino que la gente tenga su servicio médico, su acceso a la salud como corresponde”.Finalmente, remarcó el contexto económico que atraviesa el sector: “Estamos en un país con una situación crítica económica donde el costo de la salud aumenta en mayores porcentajes que la inflación, los medicamentos cada vez son más onerosos, los tratamientos también lo son y todo eso hay que financiarlo”.Las declaraciones de Venturuzzi se dan luego de que Llaryora cuestionara con dureza al Gobierno nacional por la situación del PAMI. “Den la cara y asignen los recursos. No puede el PAMI estar dejando de lado a los abuelos”, sostuvo durante un discurso en el Centro Cívico.En la misma línea, el mandatario provincial remarcó: “No pueden mantener a todos los abuelos en estas condiciones” y reclamó a los referentes cordobeses con funciones nacionales: “Den la cara y gestionen los recursos, así como nosotros sostenemos el 45% del presupuesto en salud”.Además, en ese contexto se informó que profesionales del PAMI iniciaron una medida de fuerza de 72 horas en reclamo por recortes salariales.Llaryora también reafirmó el compromiso provincial: “No vamos a dejar a nadie sin atención médica”, y convocó a actuar con “coraje” para “defender a los abuelos”. “¿O no recuerdan todo lo que hicieron por esta patria y por este país?”, concluyó.

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, Carlos Galoppo, exigió la renuncia de las autoridades del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), al cuestionar el funcionamiento del organismo en un contexto que —según planteó— evidencia un deterioro sostenido en la atención a jubilados y pensionados.

El reclamo se da en un escenario marcado por haberes previsionales insuficientes, deudas con prestadores y crecientes dificultades en el acceso a medicamentos y tratamientos. Desde la Defensoría sostienen que esta situación impacta de manera directa sobre los derechos de las personas mayores, especialmente en lo vinculado a la cobertura de salud.

De acuerdo a lo expuesto, afiliadas y afiliados enfrentan obstáculos cada vez más frecuentes para acceder a prestaciones básicas, como estudios diagnósticos y prácticas médicas. Entre las problemáticas señaladas se encuentran la limitación de cupos por institución y por tipo de prestación, así como demoras en la asignación de turnos que, en algunos casos, superan los cuatro meses.

En la práctica, indicaron, aun contando con la orden médica correspondiente, el acceso a la atención queda supeditado a la disponibilidad y a circuitos administrativos que resultan cada vez más complejos para la autorización de prestaciones. Esta situación, remarcaron, se replica diariamente en las consultas que recibe la Defensoría.

Desde el organismo señalaron que cada vez son más los jubilados y pensionados que se acercan en busca de asistencia ante incumplimientos en prestaciones esenciales. Entre los casos más críticos, mencionaron dificultades para acceder a prótesis, tratamientos oncológicos, internaciones domiciliarias y cobertura en discapacidad.

En ese marco, Galoppo fue contundente en su posicionamiento: “El PAMI está empeorando la situación de los jubilados y pensionados, que carecen de medicamentos y tratamientos. Hay una clara indiferencia frente al dolor de las personas mayores que diariamente exigen respuestas”.

El funcionario agregó: “Por insensibilidad, impericia y por no estar a la altura de las circunstancias, exigimos la renuncia inmediata de todas las autoridades del PAMI Córdoba y de los responsables de su designación”.

Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo de Córdoba recordaron que continúan brindando atención gratuita a jubilados y pensionados a través de sus canales presenciales, telefónicos y virtuales. La sede central funciona de lunes a viernes de 8 a 18 en Deán Funes 352, en la ciudad de Córdoba, y también se puede acceder mediante la línea 0800-777-0337 o por WhatsApp.

"Imaginate si algún nene encontraba el arma tirada...", expresó una autoridad mientras se tomaba la cabeza.

En un serio episodio ocurrido en Córdoba Capital y que derivó en un rápido operativo policial, efectivos de azul secuestraron una pistola 9 milímetros cargada luego de que fuera encontrada tirada, en el suelo, frente a un jardín de infantes de barrio Ampliación Panamericano, en la zona norte de la Capital.

El arma, luego se determinaría, era de una mujer a quien se le cayó del techo del auto cuando se disponía a ir al Tiro Federal para una práctica tiro.

La pistola fue secuestrada y trasladada a una dependencia oficial, mientras en la unidad judicial se inició una causa.

Todo sucedió en la tarde del lunes cuando la Policía fue alertada, a través de la central de emergencias 911, sobre el hallazgo de una pistola calibre 9 milímetros frente a un jardín de infantes de calle 4 de Julio al 3900 del barrio Ampliación Panamericano.

De inmediato, se activaron todas las alarmas y alertas ante el temor de que pudiera tratarse de un inminente caso de violencia urbana o una amenaza entre personas. Nadie creía que hubiera sido un niño el que hubiera llevado el arma.

A los pocos instantes, arribaron varias patrullas al centro educativo para infantes. Los uniformados entrevistaron a la directora del establecimiento, quien les hizo entrega de un arma.

Efectivamente se trataba de una pistola automática calibre 9 milímetros que estaba operativa y presuntamente cargada con proyectiles.

La directora relató que un vecino la había encontrado tirada frente al jardín, por lo que había entrado a dar la noticia y a pedir que se llame a la Policía.

El arma fue secuestrada por los uniformados, quienes a su vez iniciaron las averiguaciones correspondientes para determinar de quién era la 9 milímetros.

Todo era tensión y nervios en el jardín maternal. Desde los móviles se pasó la novedad a la Jefatura. Se activaron distintos protocolos.

A los pocos minutos, según pudo saberse, apareció desesperada una mujer: Tenía el rostro pálido. Temblaba.

La mujer pidió hablar con los uniformados. Estaba al tanto del hallazgo del armamento.

Según trascendió, la joven comentó que era vecina de la institución y que se le había caído la pistola cuando se dirigía al Tiro Federal de La Calera.

"La mujer dijo que puso el arma en el techo del auto y se olvidó... Subió al coche, arrancó y se fue. En esas circunstancias, 'el fierro' se le cayó al piso. Y ella se fue. Al rato, se dio cuenta de que no tenía el arma y decidió volver", comentó una fuente oficial a La Voz del Interior.

"Estaba desesperada por lo que había pasado y comenzó a disculparse", añadió.

Se desconoce si la mujer es miembro de alguna fuerza de seguridad o una civil que cuenta con un arma y practica tiro de manera habitual.

"Imaginate si esa arma caía en manos equivocadas, lo que podría haber sido... Así estamos, son los tiempos que estamos viviendo", comentó un uniformado.

El arma fue secuestrada y trasladada a una dependencia policial bajo directivas judiciales, mientras continúa la pesquisa.

Las autoridades negaron de plano que se haya tratado de un arma llevada al establecimiento por un chico o un progenitor.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este lunes al Gobierno nacional por la situación del PAMI, durante un discurso en el Centro Cívico.

“Den la cara y asignen los recursos. No puede el PAMI estar dejando de lado a los abuelos”, sostuvo el mandatario provincial.

En la misma línea, remarcó: “No pueden mantener a todos los abuelos en estas condiciones”.

Además, dirigió un mensaje a los referentes cordobeses con funciones a nivel nacional: “Den la cara y gestionen los recursos, así como nosotros sostenemos el 45% del presupuesto en salud”.

En ese contexto, se informó que profesionales del PAMI iniciaron una medida de fuerza de 72 horas en reclamo por recortes salariales.

Llaryora también reafirmó: “No vamos a dejar a nadie sin atención médica”.

Por último, convocó a los responsables a actuar con “coraje” y a “defender a los abuelos”, y concluyó: “¿O no recuerdan todo lo que hicieron por esta patria y por este país?”.

La caída de los ingresos, explicada por la merma recaudatoria de aquellos tributos atados a la actividad económica, preocupa al gobierno de Martín Llaryora.

La recaudación total del mes de marzo 2026 fue de $799.396 millones. Según lo informó el Ministerio de Economía y Gestión Pública de Córdoba, a cargo de Guillermo Acosta, es un 4% menos respecto del mismo mes de 2025.

Por el lado de los recursos de origen provincial se presenta una caída real del 2% interanual, mientras que los de origen nacional, registraron una caída real interanual del 6%

La situación no es nueva. En el acumulado trimestral Provincia cuenta con un 6% menos de recursos tributarios en el acumulado trimestral respecto a lo que disponía en igual período un año atrás.

En tanto, la caída de la recaudación provincial y de los envíos nacionales correspondientes a impuestos coparticipables y otros de transferencia no automática derivó en que el gobernador haya conformado una mesa especial de seguimiento de los recursos y los gastos.

Los ministros Calvo, Acosta y Pastore coordinan la tarea que exhaustivamente realizan Gerardo Pintucci (Secretario de Ingresos Públicos) y la experimentada Mónica Zornberg (secretaria de administración financiera). El jueves y viernes de la semana pasada hubo reuniones en las que se planificó de acuerdo a distintos escenarios trazados hasta fin de año, según confirmaron fuentes oficiales a Cadena 3.

En marzo, Ingresos Brutos muestra un aumento del 4% en términos reales respecto a igual periodo del 2025. El Impuesto de Sellos, por su parte, mostró un incremento interanual, en términos reales, del 5%.

Los impuestos patrimoniales en su conjunto mostraron también caída real interanual (-5%). El inmobiliario concentró en marzo el 70% de este tipo de impuestos, registrando una caída interanual del 4% en términos reales.

En cuanto al Impuesto Automotor, la caída observada ascendió a un 7% en términos reales frente a marzo del año pasado

Ambos impuestos, atados a la actividad económica, retrocedieron fuertemente en el tercer mes del año y por ende también la coparticipación a las provincias.

Explican alrededor del 93% del total de recursos nacionales girados, de allí su importancia en el agregado. En marzo, los recursos coparticipados a Córdoba muestran una variación negativa del 20% en términos reales y frente a igual periodo del 2025.

Dicha variación negativa fue compensada por lo ocurrido en los recursos provenientes de leyes especiales, los que, en conjunto, muestran un aumento real del 122% interanual.

En dicho aumento impacta lo acontecido en la Ley de Financiamiento Educativo, la de mayor impacto entre las leyes especiales, la que presenta en el mes de marzo un aumento real interanual del 193%. Además, el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), mostró un aumento del 59% real interanual para el mes de marzo.

Contrarrestó, en alguna medida, el Impuesto sobre los Bienes Personales, el que presenta una caída del 9% real respecto a marzo 2025.

“El desempeño de los dos principales impuestos nacionales en marzo proyecta lo ocurrido en el agregado de impuestos nacionales, por su alta significancia en dicho agregado. Mientras que el IVA (neto de devoluciones) presenta, en marzo 2026, caída real del 4% respecto al mismo mes del año anterior, el Impuesto a las Ganancias presenta un nivel de caída del 13% en términos reales”, señala”, precisa el informe de recaudación elaborado por la cartera de Economía provincial.

En el primer trimestre, los ingresos provenientes de leyes especiales crecieron exponencialmente. contrarrestaron al mal desempeño de los principales impuestos de origen nacional, lo acontecido en la Ley de Financiamiento Educativo es el ejemplo más claro: el nivel de crecimiento interanual fue del 617% real, dado que dichos recursos fueron nulos durante el primer bimestre del año 2025, y el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), con un crecimiento real interanual del 82% en el acumulado al mes de marzo 2026 respecto a igual período de 2025

Finalmente, los datos de la recaudación revelan que a las arcas provinciales ingresaron en los primeros tres meses del año casi 12.000 millones de pesos del Impuesto a los Combustibles: 3450 pesos para obras de infraestructura y 8250 pesos para vialidad provincial.

El gobierno provincial presentará este martes la cuarta propuesta salarial a la Uepc, en el marco del conflicto docente.

La cuarta oferta salarial del Gobierno incluiría un aumento del 30% para todo el año, sin acuerdo por inflación, y un bono no remunerativo para los sectores que menos ganan.

Además, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de otorgar ese bono no remunerativo destinado a los docentes que perciben los salarios más bajos, como parte de una estrategia para destrabar la negociación.

La presentación se realizará durante la segunda audiencia convocada en la Secretaría de Trabajo, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por un período de 10 días hábiles.

En paralelo, desde la Uepc insisten con el pedido de devolución de los días descontados por paro, uno de los puntos que también forma parte de la discusión.

El Ejecutivo busca alcanzar un acuerdo salarial que permita encauzar el conflicto y garantizar la normalidad del ciclo lectivo.

Un hombre de 36 años murió en las últimas horas tras protagonizar un violento choque con una ambulancia en la Ruta Nacional 35, en el sur de Córdoba.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 620, en el tramo que conecta las localidades de Vicuña Mackenna y Del Campillo.

De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró a una camioneta Ford Ranger, en la que viajaba la víctima junto a dos mujeres de 25 y 36 años y un bebé de 11 meses, y a un utilitario Peugeot Boxer que funcionaba como ambulancia.

Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron y el conductor de la camioneta, oriundo de Jovita, sufrió heridas de extrema gravedad que provocaron su fallecimiento en el lugar.

En tanto, el resto de los ocupantes —incluidos el conductor de la ambulancia, un hombre de 26 años, y una enfermera de 53— fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al Hospital Municipal Dr. Enrique Carrozzi, primero, y luego derivados al Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto para recibir atención médica.

La jefa de bomberos de Vicuña Mackenna, Analía Aparicio, precisó a Cadena 3 sobre el accidente: “Había una pequeña neblina, pero la visibilidad era relativamente buena. La ambulancia era de una empresa de Huinca Renancó, iba el chofer y la enfermera. Hacía el trayecto Río Cuarto-Huinca. El otro vehículo, la camioneta, iba hacia Córdoba, con el conductor, que falleció, su esposa, otra mujer y el bebé de 11 meses”.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.

José Luis Zárate, un jubilado de 84 años, fue asesinado a golpes este jueves en su domicilio de Villa El Libertador, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, luego de recibir la visita de su nieto, que tras el crimen confesó haber protagonizado el hecho de violencia.

Según las primeras investigaciones, alrededor de las 16, Zárate se encontraba en su domicilio de la calle Vicente Forestieri al 4889, cuando su nieto, de 25 años de edad, tocó la puerta de entrada.

Los pesquisas sostienen que la visita comenzó a entablar una fuerte discusión con el dueño de casa. Al cabo de algunos minutos, el victimario habría tomado una silla para golpear en la cabeza a su pariente.

Ensangrentado, el joven caminó por las calles de la barriada hasta llegar al hospital Príncipe de Asturias, de Villa El Libertador, según fuentes oficiales. Allí pidió asistencia médica.

La sorpresa de los médicos no tardó en llegar: “Maté a mi abuelo. Lo dejé tirado en su casa”, habría mencionado.

La confesión derivó en la intervención y la constatación del hecho por parte de la Policía, que se trasladó hasta la vivienda de Zárate y halló el cuerpo sin vida del jubilado.

El joven (se reserva su identidad) fue imputado por el fiscal de la causa, Victor Hugo Chiapero, por el presunto delito de homicidio simple. Permanecerá detenido y podría ser trasladado a la cárcel de Bouwer en las próximas horas.

No obstante, en Tribunales 2 se habla de “un caso complejo” y no se descarta que el ataque pueda haber derivado de una cadena de actos violentos entre ambas partes.

Zárate no vivía con su nieto. Tampoco esperaba —según los primeros indicios que acumula la causa— su visita.

De acuerdo a la reconstrucción que realizaron los pesquisas a partir de testimonios, el joven llegó encolerizado hasta la vivienda donde se consumó el horror. “Golpeó fuerte la puerta. Venía a los gritos”, comentaron fuentes del caso.

El jubilado abrió la puerta e hizo pasar a su nieto. Los gritos se aplacaron.

Según la información proveniente de fuentes investigativas, el joven padecería algún tipo de condición psiquiátrica. “Estaba atravesando un brote de furia”, explican los comisionados.

Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió dentro de la vivienda.

Pasó una hora, aproximadamente, hasta que el presunto victimario se presentó en la sala de espera del hospital ubicado a pocas cuadras del lugar del hecho. El reloj marcaba las 17.30.

Los médicos habrían observado en el joven heridas evidentes. “Había sangre en su cuerpo y mostraba signos de dolor, aunque no se sabe aún si fueron autoinfligidas”, agregaron los pesquisas.

Cuando el joven rompió el silencio y dijo que había matado a su pariente, todo se precipitó y dejó de ser un simple paciente para ser un detenido, tras la intervención de Chiapero.

Si bien el fiscal mantiene un estricto silencio ante el caso, trascendió que a las pocas horas se dictaminó la imputación que derivó en la detención del sospechoso.

No se encuentra, al menos hasta ahora, un antecedente de violencia que haya sido efectivamente denunciado ante las autoridades: ni contra el joven, ni contra el jubilado.

Pero los investigadores ya trabajan sobre algunas líneas que, invariablemente, dejan al trasluz una potencial seguidilla de hechos violentos que podrían haber derivado en este este funesto desenlace.

Si bien aún todo es materia de investigación, abundan por esta hora testimonios sombríos sobre cómo habría sido la relación vincular entre el abuelo, su nieto y algunos otros miembros de la misma familia. Así lo aseguran fuentes investigativas.

Incluso los mismos pesquisas ya encendieron algunas alarmas vinculadas a potenciales actos de abuso sexual intrafamiliar, presunciones que fueron tajantemente rechazados desde el entorno más próximo de la víctima.

No obstante, en la fiscalía no descartan ninguna hipótesis.

En el domicilio del jubilado reina el dolor y el desconcierto. En las últimas horas, su círculo familiar más íntimo se encontraba esperando la entrega de los restos para poder continuar con el duelo.

Zárate vivía acompañado de la esposa, quien había festejado el cumpleaños el miércoles por la noche en la vivienda familiar. El matrimonio residía en ese mismo domicilio hace por lo menos cinco décadas.

Sin embargo, fuentes con acceso a la causa explicaron que dentro del círculo familiar había disidencias. La mamá del joven acusado ahora de haber matado al abuelo, era la hija de la víctima y había fallecido hace más de un año.

Si bien no se sabe a ciencia cierta por qué se encontraban distanciados, la facción de la cual es pariente directo el victimario no tiene vínculo frecuente con Zárate ni su esposa.

“Algo sucedió entre ellos y será materia de investigación”, detallaron los investigadores.

Tras cinco horas de reunión de la Unión de Educadores de Córdoba (Uepc) en el Ministerio de Trabajo no se presentaron propuestas por parte del gobierno provincial hacia los docentes.

Roberto Cristalli, Secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia declaró en Cadena 3: "Llevamos los requerimientos, las demandas y el gobierno planteó sus dificultades que tiene por el contexto que lo entendemos".

Además, enfatizó que desde el gobierno se comprometieron a mejorar una propuesta que se espera para el próximo martes.

Los docentes buscan un recupero del 25% de los aumentos no otorgados. Cristalli comentó que el gobierno expuso la complejidad de la situación económica, mencionando que "la inflación no para, la recaudación baja". Sin embargo, los docentes sostienen que tienen una "demanda real" y un "reclamo justo" por un aumento salarial.

La negociación se lleva a cabo bajo una conciliación obligatoria vigente, aunque ya se han descontado días de paro a los docentes. El secretario expresó que es necesario discutir estos descuentos en la mesa de negociación: "Es necesario que en una negociación para hacer un acuerdo salarial tengan que estar los descuentos de días de paro en la mesa".

"Hemos acercado cada una de las posiciones, nuestras demandas, nuestros requerimientos", agregó.

La Uepc espera una respuesta del gobierno en los próximos días, con la esperanza de alcanzar un acuerdo que contemple las necesidades de los docentes. 

A casi un año del derrumbe fatal ocurrido en boulevard San Juan al 600, la Justicia de Córdoba imputó por estrago culposo agravado al arquitecto Federico Yáñez, director técnico de la obra, y al ingeniero civil Guillermo Juri, encargado de construir el muro de revestimiento.

La decisión fue tomada por la fiscal Celeste Blasco tras analizar las pruebas recolectadas durante la investigación. El hecho, ocurrido el 17 de mayo de 2025, provocó la muerte de Ramiro Alaniz Cortés (34) y dejó a otras ocho personas heridas.

De acuerdo al avance de la causa, la Fiscalía entiende que ambos profesionales habrían incurrido en un delito contra la seguridad pública por imprudencia, negligencia o impericia en el desarrollo de la obra.

El peritaje técnico oficial fue clave para reconstruir lo ocurrido. Según publicó La Voz, el informe concluyó que el desprendimiento del revestimiento de la fachada Este del edificio María Reina V se debió a deficiencias en el diseño, la ejecución y el control técnico.

Además, el documento señaló que las condiciones climáticas de esa noche actuaron como un factor desencadenante, pero no como la causa principal del colapso.

El informe, firmado por el ingeniero Pedro Huerta Soaje, puso el foco en fallas estructurales que habrían sido evitables con medidas técnicas adecuadas. En ese sentido, la fiscal consideró que tanto Yáñez como Juri debieron adoptar mayores controles y previsiones para evitar el desprendimiento que terminó en tragedia.

Ambos imputados serán indagados en las próximas horas y, de mantenerse la calificación legal, podrían enfrentar penas de entre uno y cinco años de prisión.

La causa sigue en etapa de investigación mientras se avanza en la determinación de responsabilidades por uno de los episodios más graves ocurridos en la ciudad en el último tiempo.

La Legislatura de Córdoba aprobó por mayoría el proyecto que prohíbe la actividad de los naranjitas ilegales en toda la provincia y establece un nuevo marco para su regulación. La votación fue con 51 votos a favor y 19 en contra.

La iniciativa, impulsada por el legislador Agost Carreño, fue consensuada con otras propuestas presentadas por Matías Chamorro, del socialismo aliado al oficialismo provincial, y por los radicales Matías Gvozdenovich e Inés Contrera.

El punto central de la ley prevé la prohibición de los cuidacoches, salvo en aquellos casos en que los municipios decidan habilitarlos mediante ordenanzas locales.

En esos casos, quienes desarrollen la actividad deberán estar debidamente identificados y cobrar únicamente las tarifas fijadas por cada municipio, en las zonas que se determinen.

El proyecto también apunta a ordenar el espacio público y dar un marco legal a una actividad que hasta ahora funcionaba con escaso control en distintas ciudades y localidades cordobesas.

Además, la normativa contempla una prohibición total para los limpiavidrios, otra práctica extendida en la vía pública.

Con esta ley, la Provincia busca avanzar en la regulación de estas actividades y trasladar a los municipios la responsabilidad de definir cómo y dónde podrán funcionar los sistemas autorizados.