CORDOBA (Corresponsalía)-. Bajo una intensa lluvia y en el marco de una nueva movilización por Ni Una Menos, los familiares de Agostina Vega encabezaron este miércoles una de las columnas más numerosas que recorrieron el centro de Córdoba. Con banderas y carteles reclamando justicia, los abuelos de la adolescente de 14 años se sumaron al pedido colectivo contra la violencia de género y los femicidios.

Durante la marcha, Elizabeth Heredia, abuela de Agostina, reclamó que el caso de su nieta genere cambios en la forma en que se atienden las denuncias por desapariciones. “Que tomen en serio a las madres cuando van a pedir ayuda por sus hijas. Si después aparece, mejor. Pero si no, que investiguen desde el primer momento”, expresó.

La mujer también cuestionó la demora en la búsqueda de la adolescente y pidió que quienes ocupan cargos de responsabilidad actúen con “empatía, humanidad y escuchen a las madres”.

En ese sentido, sostuvo que la madre de Agostina no fue escuchada cuando intentó aportar información a la investigación. “Porque las personas que estaban en ese lugar no le dieron importancia a mi hija. Ella fue a denunciar la pérdida de su hija que había desaparecido y nadie la escuchó”, afirmó.

Al iniciar la movilización, la abuela también reclamó avances en la causa judicial. “Queremos que haya justicia y que caigan todos los que tienen que caer porque ese tipo no lo pudo haber hecho solo”, manifestó.

Además, exigió cambios en los organismos encargados de recibir denuncias. “Que pongan al frente (de la Justicia y la Policía) a personas que cuando reciban la denuncia escuchen a las mujeres. Que pongan personas que tengan empatía por el otro”, señaló.

Heredia también se refirió a la situación de la madre de la adolescente. “A mi nieta la siguen matando y con mi hija están encarnizados, ella es víctima igual que su hija. Melisa sigue sedada, sabe que su hija no está más pero no toma dimensión. Está muy mal psicológicamente”, expresó.

Sobre la investigación, recordó una reunión mantenida con el fiscal de la causa. “Cuando el fiscal Garzón nos recibió el martes, recién ahí empezaron a buscar en serio. A mi nieta ese hijo de puta ya la había matado pero que la encontraran ese mismo día en la dirección que nosotros dimos hubiera sido distinto, no nos hubieran torturado todos estos días”, dijo.

Según informaron los organizadores y fuentes policiales, la convocatoria reunió a más de 100 mil personas. Durante las 13 cuadras del recorrido, miles de manifestantes acompañaron a la familia de Agostina y renovaron el reclamo de justicia por la adolescente.

El fiscal Raúl Garzón rompió el silencio tras el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega y defendió el trabajo realizado por la fiscalía durante la búsqueda de la adolescente de 14 años. En una entrevista con Cadena 3, rechazó las críticas por los tiempos de la investigación y sostuvo que la denuncia inicial apuntaba a la desaparición de una menor y no a la investigación de un homicidio.

“A mí no me dijeron ‘investigue este crimen’. A mí me dijeron ‘busque a una niña desaparecida’. La denuncia dio ese direccionamiento y a las pocas horas ya la buscaba toda Córdoba”, afirmó el funcionario judicial.

Garzón explicó que la principal hipótesis inicial estaba vinculada a un encuentro de la adolescente con un supuesto amigo, aunque señaló que la investigación tomó otro rumbo con el paso de las horas. “A las 48 horas tuvimos una sospecha firme y tomamos decisiones inmediatas. Este señor imputado era el amigo de la mamá de Agostina”, indicó.

Consultado sobre los cuestionamientos que recibió y la posibilidad de enfrentar un eventual jury de enjuiciamiento, respondió: “Cuando un jury deba analizar el trabajo de este fiscal, son ellos los que deben evaluar lo que se hizo y lo que no. Los agravios los respondo con trabajo; entiendo las críticas porque la sociedad está muy golpeada”.

El fiscal también rechazó versiones sobre una supuesta protección al principal acusado. “De ninguna manera tuvo protección. No tengo vínculos políticos ni los tuve jamás. Cuando debí sentar a funcionarios públicos, lo hice”, aseguró.

Visiblemente conmovido, Garzón calificó el caso como el más duro de su carrera. “Es el caso más cruel que he visto en mi vida. Si me vieron firme y duro fue por la contaminación del trabajo y el dolor. Soy papá y abuelo; esta causa se investiga con el alma, con el cuerpo y con la ley. La busqué como a una hija”, expresó.

Asimismo, confirmó que se secuestró una importante cantidad de pruebas en el lugar de los hechos y sostuvo que la investigación continúa abierta. “La fiscalía es toda para Agostina. Si la prueba me lo permite, sí habrá más imputados; y si no, no”, manifestó.

En el tramo final de la entrevista, cuestionó la difusión anticipada de información sobre el hallazgo del cuerpo de la adolescente. “La noticia anticipada que este fiscal debía dar a esos padres y abuelos les llegó por los medios. Eso no es bueno, lo digo como papá. Por una primicia, tras una noticia a destiempo, ese abuelo se pudo haber matado. Mi obligación primera era cuidar a esa familia”, concluyó.

El gobernador Martín Llaryora ordenó a todos los funcionarios del Gobierno de Córdoba abstenerse de viajar al Mundial de Fútbol 2026, según una directiva interna difundida en las últimas horas.

La disposición alcanza a toda la estructura política de la administración provincial y comprende no solo el período en que se desarrollará la competencia deportiva, sino también los días previos y posteriores al evento.

De acuerdo con el texto comunicado a las distintas áreas del Estado, la decisión responde al objetivo de garantizar la “plena dedicación” de los funcionarios a las tareas para las que fueron designados y mantener el foco en la gestión de los asuntos provinciales.

La instrucción establece que no habrá excepciones y remarca que la medida responde a un requerimiento permanente del mandatario provincial.

Asimismo, la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la disposición recaerá sobre las máximas autoridades de cada ministerio, empresa, agencia y organismo estatal. Los titulares de cada dependencia deberán comunicar formalmente la restricción a los funcionarios bajo su órbita.

Circular por las rutas concesionadas de la Red de Accesos a Córdoba será más caro desde las 00 horas del próximo viernes 5 de junio. El Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) autorizó una nueva actualización tarifaria solicitada por Caminos de las Sierras, que impactará en todas las categorías de usuarios.

Con este ajuste, el peaje de referencia para los vehículos particulares alcanzará los $1.844 por cruce. La cifra implica una variación del 2,5% respecto al esquema vigente hasta ahora, que fijaba el valor en $1.799.

La diferencia será mayor para quienes continúen utilizando el pago manual. En esos casos, la empresa mantendrá el cargo adicional destinado a incentivar la adhesión al telepeaje, por lo que cada pasada tendrá un costo de $3.000.

Los conductores registrados en el sistema automático abonarán $1.752 durante los primeros diez usos mensuales y seguirán accediendo a bonificaciones progresivas a medida que aumente la cantidad de viajes realizados.

Desde el organismo de control señalaron que la revisión responde a la evolución de los costos operativos relevados hasta abril de 2026 y se enmarca en el mecanismo de actualización previsto por la normativa vigente.

Los peajes de la RAC acumulan un aumento cercano al 42% desde el comienzo del año. A fines de 2025, la tarifa para automóviles se ubicaba en $1.300 y desde entonces fue ajustándose mes a mes bajo el nuevo esquema implementado por la concesionaria.

La modalidad de incrementos periódicos comenzó a regir este año y sustituyó el sistema anterior, caracterizado por menos ajustes anuales, aunque de porcentajes considerablemente más elevados.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se refirió este martes al femicidio de Agostina durante el acto por el Día del Bombero Voluntario, donde además presentó tres nuevas aeronaves destinadas a fortalecer el combate de incendios forestales. En ese marco, expresó su profundo dolor por el crimen, renovó el pedido de justicia y ratificó la plena colaboración del Estado provincial con la investigación judicial.

Al inicio de la actividad, el mandatario pidió un minuto de silencio en memoria de la joven y en acompañamiento a su familia.

“Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos. Es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características”, manifestó.

Llaryora recordó que el domingo recibió al padre y a los abuelos de Agostina para informarles personalmente las acciones impulsadas por el Estado provincial y transmitirles el compromiso de continuar colaborando hasta el total esclarecimiento del caso.

“Como padre, antes que como gobernador, decidí hablar primero con la familia para explicarles lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo hasta que se haga justicia”, señaló.

El gobernador sostuvo además que la muerte de Agostina debe convertirse en un punto de reflexión colectiva y en un llamado a profundizar las acciones de prevención frente a la violencia de género.

“Tenemos que seguir trabajando juntos, fortaleciendo la prevención, concientizando en las escuelas y en toda la sociedad, y garantizando que quienes cometan estos delitos reciban todo el peso de la ley”, agregó.

En ese sentido, destacó la importancia de preservar la institucionalidad, la independencia de la Justicia y la separación de poderes, al tiempo que garantizó la plena colaboración del Ejecutivo provincial con la investigación.

“Lo que nos distingue a los cordobeses es la defensa de las instituciones. Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio”, afirmó.

Asimismo, recordó que Córdoba continúa sosteniendo políticas públicas orientadas a la prevención, asistencia y acompañamiento de las víctimas, además de acciones de concientización en ámbitos educativos y comunitarios.

“Mientras estos hechos sigan ocurriendo, tenemos que seguir trabajando, concientizando y actuando para que no se vuelvan a repetir. Esa es nuestra responsabilidad como Estado y como sociedad”, concluyó.

La crisis política desatada por el caso de Claudio Barrelier tendrá una consecuencia directa en el Concejo Deliberante de Córdoba: Ricardo Moreno dejará de ocupar su banca luego de la decisión del intendente Daniel Passerini de hacer regresar a Raúl La Cava al cuerpo legislativo municipal.

La medida se concretará el próximo jueves y llega en medio de la fuerte polémica generada por las declaraciones de Moreno, quien reconoció públicamente que fue él quien recomendó el ingreso de Barrelier como becario en la Municipalidad de Córdoba.

El ahora principal acusado por el femicidio de Agostina Vega había trabajado en la órbita municipal antes de quedar detenido por el crimen que conmociona a la provincia.

En los últimos días, el futuro de Moreno se había convertido en un problema político para el oficialismo. Desde distintos sectores se analizaban alternativas para evitar que la oposición impulsara un pedido formal de expulsión durante la próxima sesión del Concejo Deliberante.

Incluso trascendió que el propio edil evaluaba solicitar una licencia. Sin embargo, la decisión final llegó desde el Ejecutivo municipal.

Passerini resolvió que Raúl La Cava deje su licencia como concejal y retome la banca que le corresponde. Como consecuencia directa, Moreno quedará fuera del cuerpo legislativo.

La determinación fue interpretada en ámbitos políticos como una forma de cerrar el frente de conflicto abierto tras las declaraciones del concejal y evitar que el debate sobre su continuidad se trasladara al recinto.

La situación de Moreno cambió radicalmente cuando admitió haber intervenido para facilitar el ingreso de Barrelier al municipio. Sus dichos generaron cuestionamientos tanto de la oposición como dentro del propio oficialismo, en un contexto de enorme sensibilidad social por la investigación del femicidio de Agostina Vega.

Con la salida de Moreno, el oficialismo busca tomar distancia de una controversia que había escalado en los últimos días y que amenazaba con dominar la agenda política municipal.

Mientras tanto, la reestructuración también impactará en el gabinete de Passerini. La Secretaría de Desarrollo Social , que hasta ahora conducía La Cava , quedará a cargo de Andrea Ledesma, actual número dos del área y dirigente cercana al intendente.

La obra de completamiento de la Autopista Ruta Nacional 19, ejecutada por el Gobierno de Córdoba a través de Caminos de las Sierras, continúa avanzando entre Córdoba y San Francisco con una inversión prevista de 191.196 millones de pesos y la participación de más de 200 trabajadores entre empleos directos e indirectos.

El proyecto, considerado una obra vial de gran importancia para la provincia, se desarrolla a lo largo de 62,9 kilómetros. Actualmente se llevan adelante tareas de colocación de capas asfálticas, construcción de terraplenes, ejecución del paquete granular estructural y conformación de cunetas y taludes.

Entre los avances más destacados se encuentra la etapa final de construcción del puente de acceso a Los Chañaritos. En paralelo, se ejecutan trabajos sobre el camino de ingreso a esa localidad, que tendrá una extensión total de 3,3 kilómetros y será completamente asfaltado.

Asimismo, continúan las tareas en el puente de acceso a Tránsito y el hormigonado de alcantarillas transversales ubicadas en distintos sectores de la traza. También comenzaron los trabajos de hormigonado de las fundaciones del puente sobre el río Xanaes.

Por otra parte, ya fueron colocadas vigas en tres de los cinco puentes previstos en el tramo comprendido entre Colonia Jeanmaire y Devoto. En el acceso a Colonia Marina se ejecutaron pilotes, mientras que en diferentes sectores se desarrollan obras de drenaje.

Una vez finalizada, la Autopista 19 permitirá una conexión más segura y eficiente entre Córdoba y las localidades de los departamentos Río Primero, Río Segundo y San Justo, hasta llegar a San Francisco. Además, se espera que fortalezca el desarrollo productivo provincial y el intercambio comercial dentro del corredor del Mercosur.

La futura autopista contará con dos carriles por sentido de circulación, control total de accesos, colectoras y una velocidad máxima permitida de 130 kilómetros por hora. El proyecto incluye además cuatro distribuidores en Devoto, Colonia Marina, Tránsito y Los Chañaritos; seis retornos a distinto nivel; dos puentes de 150 metros sobre el río Xanaes; banquinas, sistemas de drenaje, iluminación, señalización y forestación.

Para optimizar los tiempos de ejecución, la obra se desarrolla en tres tramos: el primero entre Arroyito y Santiago Temple, con 29,4 kilómetros; el segundo entre San Francisco y Devoto, con una extensión de 16,8 kilómetros; y el tercero entre Devoto y Colonia Jeanmaire, a lo largo de 16,7 kilómetros.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recibió ayer domingo a los abuelos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada tras una semana de búsqueda. Durante el encuentro, el mandatario provincial se comprometió a poner a disposición todos los recursos humanos y tecnológicos necesarios para profundizar la investigación y determinar si existieron más personas involucradas en el crimen.

Tras la reunión, Miguel Heredia, abuelo de la menor, valoró el compromiso asumido por el Gobierno provincial y reiteró que la familia no considera cerrado el caso. Según explicó, esperan que la Justicia pueda establecer si hubo otros partícipes además del único detenido hasta el momento.

“Voy a estar conforme cuando estén detenidos todos los implicados”, afirmó Heredia al referirse al avance de la causa. Aunque aclaró que no puede señalar a otras personas en particular, sostuvo que la familia mantiene la sospecha de que hubo más involucrados. “Pensamos que sí. Pienso lo mismo, que hay más involucrados”, agregó.

En el mismo sentido se expresó Elizabeth, abuela de Agostina, quien acompañó el reclamo para que la investigación avance hasta esclarecer completamente lo ocurrido y determinar todas las responsabilidades.

Por su parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, respaldó públicamente el trabajo del fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa. “Es un gran fiscal; hizo una tarea muy importante”, sostuvo el funcionario, quien además manifestó su confianza en que la investigación permitirá identificar a todos los autores del crimen.

Quinteros también consideró que el caso debe generar una reflexión social más amplia. “Ojalá sea un caso bisagra para que no haya más Agostinas en el país”, expresó.

El ministro confirmó que a la familia “le ofrecimos toda la ayuda para llegar a la verdad. Queremos que Agostina descanse en paz y quienes cometieron este crimen horrendo paguen con prisiones perpetuas, sea uno o sean varios”.

En julio de 2025 escribía una columna titulada “El espanto no cesa, solo cambia de nombre”. Entonces eran Aralí Vivas, Guillermo Chiarotto y Zamir Torres. Tres menores asesinados en menos de un año. Tres comunidades cercanas a San Francisco atravesadas por la conmoción. Menos de doce meses después, otra vez el horror encuentra un nombre propio: Agostina Vega. Ahora, en la ciudad de Córdoba.

Agostina era una niña. Una adolescente de 14 años con proyectos, vínculos, miedos, sueños y una vida entera por delante.

Cuando una adolescente es asesinada, el hecho no se agota en la desaparición de una vida. Hay algo más profundo, más inquietante y más estructural. El cuerpo de una niña asesinada no es solamente la consecuencia de un delito; es también el reflejo de una sociedad que llega tarde. Habla de relaciones de poder, de vulnerabilidades aprovechadas y de mecanismos de protección que no alcanzaron.

El patrón aparece una y otra vez. En muchos casos, los agresores tenían antecedentes, denuncias o señales previas. En esta causa, el principal sospechoso, Claudio Barrelier, registraba antecedentes penales y una causa vinculada a violencia de género. Son datos que inevitablemente abren interrogantes sobre los controles, las decisiones institucionales y las oportunidades perdidas para prevenir.

Las estadísticas ayudan a dimensionar un problema que excede a un solo caso. En Argentina se registra una víctima de femicidio aproximadamente cada 44 horas. Y existe otro dato estremecedor: una reciente publicación de El País advirtió que, en promedio, un niño es asesinado cada mes por su propio padre en contextos de violencia vicaria, una de las expresiones más crueles de la violencia machista. Detrás de cada número, hay una vida que no pudo ser protegida.

Mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió con Agostina, surgen preguntas decisivas. Qué pasó dentro de la vivienda donde, según la investigación, fue vista por última vez. Cómo ocurrió el crimen. Si hubo otras personas que conocieron lo sucedido. Si existió abuso sexual. Son respuestas que deberá aportar la investigación, no las especulaciones.

Pero hay otra pregunta que nos corresponde a todos: ¿cómo llegamos a convivir con realidades donde una niña puede ser captada, vulnerada y asesinada?

Ninguna palabra alcanza. Porque cuando una niña es asesinada no pierde la vida solamente ella. También se rompe algo en el entramado social. Se quiebra la confianza elemental de que la infancia y la adolescencia deben ser territorios protegidos.

Cada caso tiene su historia y su contexto. Cada familia atraviesa un dolor imposible de comparar. Sin embargo, existe un denominador común: una vida joven truncada y un sistema que, demasiadas veces, aparece después de la tragedia.

Entonces la muerte de Agostina interpela mucho más que a un expediente. Nos interpela como sociedad. Y exige algo más que indignación pasajera. Exige memoria, responsabilidad y la decisión colectiva de no aceptar que matar a una niña pueda convertirse en una noticia más.

Los primeros días de aplicación de la nueva ley provincial que regula la actividad de cuidacoches y limpiavidrios dejaron una imagen que Córdoba buscó instalar desde el momento mismo de su entrada en vigencia: controles, secuestro de elementos utilizados en la vía pública y personas trasladadas a dependencias policiales por infracciones a las nuevas disposiciones.

La puesta en marcha de la normativa no solo tuvo impacto en la ciudad de Córdoba, donde durante la primera jornada se registraron casi treinta detenciones, sino que también comenzó a reflejarse en distintas localidades del interior provincial. Entre ellas aparece San Francisco, donde en las últimas horas se concretaron procedimientos vinculados con la actividad de limpiavidrios en la vía pública.

La secuencia de hechos permite observar uno de los principales objetivos de la ley: que las modificaciones introducidas al Código de Convivencia tengan aplicación efectiva desde el inicio. Por eso, junto con los anuncios oficiales, comenzaron los operativos policiales y los controles que incluyeron el secuestro de chalecos refractarios, baldes, escobillas, prendas de vestir, dinero y otros elementos relacionados con estas actividades.

De acuerdo con la información difundida oficialmente, las personas detenidas fueron trasladadas a sede policial junto a los objetos incautados. Además, desde la fuerza de seguridad indicaron que los controles continúan mediante tareas de vigilancia y seguimiento apoyadas en el sistema de cámaras de monitoreo.

La nueva regulación comenzó a regir el 26 de mayo. En la capital provincial, la Municipalidad de Córdoba puso en funcionamiento el esquema de constatadores urbanos para verificar el estacionamiento medido y reemplazar la presencia de naranjitas en las zonas habilitadas. Paralelamente, la legislación provincial estableció la prohibición de la actividad de limpiavidrios en la vía pública.

En ese contexto se encuadran los procedimientos realizados en San Francisco. Durante la tarde del viernes, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) intervino en la intersección de 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, en barrio Centro. Allí fue controlado un hombre de 33 años que, según la información policial, se encontraba realizando tareas de limpieza de parabrisas y vidrios de vehículos. Tras un palpado preventivo con resultado negativo, fue aprehendido.

Ese mismo día también se concretó otro procedimiento en la esquina de las avenidas Rosario de Santa Fe y Libertador Norte, en barrio Vélez Sarsfield. Según informó la Policía, dos hombres fueron controlados mientras realizaban tareas de limpieza de parabrisas y vidrios de vehículos en la vía pública. Luego de los controles preventivos, que también arrojaron resultado negativo, ambos fueron llevados a la comisaría.

A esas actuaciones se sumó un nuevo procedimiento durante la madrugada del sábado. Personal del CAP junto a efectivos de la Guardia Urbana aprehendieron a un hombre de 37 años por infracción al artículo 60 quater del Código de Convivencia Ciudadana. El operativo se realizó sobre calle Belgrano al 1700, donde los uniformados constataron que el hombre realizaba tareas de limpieza de vehículos en la vía pública. Tras la intervención, se procedió a su aprehensión y al secuestro de los elementos utilizados para desarrollar esa actividad.

Más allá del número de casos registrados en la ciudad, los procedimientos adquieren relevancia porque muestran que la aplicación de la ley comenzó a desplegarse de manera simultánea en distintos puntos de la provincia. La discusión sobre la actividad de naranjitas y limpiavidrios estuvo durante años concentrada en Córdoba capital, pero las recientes actuaciones reflejan que la mirada oficial ahora abarca tanto a los grandes centros urbanos como a las ciudades del interior.

Desde la Policía recordaron que la Ley Provincial Nº 11.117 incorporó modificaciones orientadas, según la definición oficial, a fortalecer el orden público, la seguridad vial y la convivencia en los espacios públicos. Entre los cambios se encuentran las sanciones para quienes realicen limpieza de parabrisas u otras superficies de vehículos sin autorización y para cuidadores de vehículos no habilitados.

La normativa prevé que quienes exijan dinero para permitir estacionar o retirar un vehículo sin contar con habilitación puedan recibir sanciones que incluyen arresto, multas o trabajo comunitario. También establece la prohibición expresa de la actividad de limpiavidrios en semáforos, banquinas, playas de estacionamiento y otros espacios de circulación pública.

En San Francisco, además, existe una regulación local previa. Desde hace más de un año el municipio realiza controles vinculados con la ordenanza Nº 4389, que prohíbe la presencia de cuidacoches en la vía pública. Esa normativa fue sancionada en 1997 y contempla distintas infracciones relacionadas con la detención de vehículos para solicitar colaboraciones económicas. En ese escenario, la entrada en vigencia de la nueva legislación provincial agrega un nuevo marco de actuación y reabre el debate sobre cómo ordenar estas actividades en el espacio público.

La actividad comercial en la ciudad de Córdoba volvió a mostrar señales de debilidad durante mayo. Según el relevamiento privado difundido este viernes, las ventas minoristas registraron una caída interanual del 21% en unidades, mientras que la rentabilidad descendió 22% respecto del mismo mes de 2025.

El informe surge del Observatorio Comercial que realiza la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) en corredores comerciales y shoppings de la Capital provincial. Los datos reflejan un escenario de consumo retraído, con menos operaciones y tickets promedio más bajos que en abril.

El dato de mayo es levemente inferior al registrado en abril, cuando la baja interanual registrada por la entidad se ubicó en 23%.

El retroceso no sólo se observó en la comparación interanual. De acuerdo con la CCC, en relación con abril las ventas minoristas bajaron 5% en unidades y la rentabilidad cayó 10%.

En paralelo, el ticket promedio de compra se ubicó en $124 mil durante mayo, por debajo de los $148.700 registrados el mes anterior.

El relevamiento de expectativas comerciales también mostró un escenario adverso: apenas el 9% de los comerciantes aseguró haber cumplido con las previsiones que tenía para el mes.

A pesar de la caída generalizada del consumo, algunos sectores lograron sostener una mejor dinámica de ventas.

Según el informe, los rubros con mayor actividad fueron Electrónica e Informática, accesorios de moda y artículos deportivos.

En cuanto a las modalidades de pago, la tarjeta de crédito continuó siendo la herramienta más utilizada por los consumidores cordobeses.

El informe de la CCC señaló además que las billeteras virtuales mantienen una fuerte presencia en las compras cotidianas. En contraste, la tarjeta de débito y el efectivo quedaron entre las opciones menos elegidas por los clientes.

La caída del consumo minorista se da en un contexto de cautela en el gasto de los hogares y de menor movimiento comercial en distintos corredores de la ciudad.

La Legislatura de Córdoba sancionó este jueves, durante la 8ª sesión ordinaria, el Régimen Provincial de Protección de las Víctimas de Delitos. La iniciativa, que unificó proyectos del Poder Ejecutivo y de diversos bloques opositores, busca saldar una deuda histórica del sistema judicial: poner a la víctima en el centro del proceso.

La normativa es conocida como la "Ley Joaquín", en memoria de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado en junio de 2023 en Laboulaye. Sus padres, Mariela Flores y Martín Sperani, estuvieron presentes en el recinto y fueron testigos del consenso alcanzado por todas las fuerzas políticas.

La normativa modifica la Ley 8.123 (Código Procesal Penal) y establece que los derechos de las víctimas deben ser "exigibles y operativos" desde el primer contacto con la autoridad. Entre sus ejes principales se destacan:

El caso de Joaquín Sperani conmovió a la provincia y fue el motor para que el arco político acelerara este debate. La ley reconoce el principio de "debida diligencia", obligando a los funcionarios a actuar con celeridad y profesionalismo para evitar que la intervención estatal agrave el daño sufrido.

La sesión, encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto, destacó el trabajo conjunto de las comisiones de Seguridad y Legislación General, logrando una síntesis entre los proyectos de legisladores como Oscar Agost Carreño, Karina Bruno, Alejandra Ferrero, Julieta Rinaldi, Gregorio Hernández Maqueda y Dante Rossi.

Con esta sanción, Córdoba se alinea con estándares internacionales de derechos humanos, asegurando que quienes atraviesan el dolor de un delito no queden desamparados frente a la burocracia judicial.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindó una conferencia de prensa este viernes en barrio Ampliación Ferreyra, en medio de un amplio operativo por la búsqueda de Agostina Vega, la joven desaparecida por la que está detenido Claudio Barrelier.

Quinteros aclaró que la Policía y las distintas áreas provinciales actúan como auxiliares de la Fiscalía. "Nosotros somos auxiliares de lo que la Fiscalía disponga en la línea investigativa", señaló, y precisó que el rastrillaje en esa zona es "una de las tantas vías de investigación" abiertas en la causa.

Ante la consulta sobre por qué llegaron a ese lugar, el ministro explicó: "Acá llegamos porque el fiscal estima que hay una línea de investigación que pondría al imputado en este lugar. A raíz de eso, hemos venido para no descartar absolutamente nada".

El funcionario detalló que en el operativo trabajan unas 150 personas, con "dos drones de última generación", personal del DUAR, ETAC, Bomberos, Policía y perros rastreadores. También indicó que se incorporaron kayaks y buzos debido a que la zona tiene lagunas, canteras viejas y sectores con agua.

Quinteros negó que el procedimiento estuviera centrado en la búsqueda de un auto abandonado. "El fiscal no nos pidió que vengamos a buscar un auto abandonado. Nos pidió que rastrillemos esta zona para ver si encontramos elementos relacionados a la causa", sostuvo.

El funcionario remarcó que cualquier testimonio de vecinos debe ser canalizado ante la Fiscalía. "Los relatos de los vecinos, si tienen algo para relatar, deberían hacerlo en la Fiscalía y declarar en la Fiscalía".

El ministro afirmó que el fiscal maneja elementos que vincularían al detenido con ese sector de la ciudad. "Estamos rastrillando el sector porque el fiscal evalúa que hay elementos de prueba que lo sindican a este individuo, a Barrelier, en este lugar", indicó. Según agregó, esa posible presencia habría sido anterior a la detención y posterior al momento en que, de acuerdo con la investigación, se ve a Agostina ingresar a la casa.

Sobre las expectativas de la búsqueda, Quinteros dijo que la obligación del Estado es encontrarla, aunque admitió que no se descarta ningún escenario. "Después de seis días, la obligación nuestra es buscarla, por supuesto con la expectativa de encontrarla con vida, pero también puede ser sin vida. No hay que descartar ninguna hipótesis", expresó.

En ese sentido, confirmó que trabajan con perros entrenados para distintos tipos de búsqueda. "Tenemos perros que buscan personas con vida y perros que buscan rastro humano sin vida", señaló.

Quinteros buscó transmitir tranquilidad a la familia de Agostina y a la sociedad. "Nosotros no hemos parado de trabajar ni un minuto", afirmó. Y agregó: "El Estado está presente. Tenemos 150 personas trabajando aquí".

El ministro aseguró que el gobernador Martín Llaryora dio instrucciones precisas desde el inicio de la búsqueda. "Desde el primer día de la desaparición de Agostina me dijo: para la búsqueda de Agostina, recursos ilimitados. Nosotros estamos poniendo absolutamente todo lo que tenemos y estamos trabajando sin parar las 24 horas del día", remarcó.

Por último, fue consultado por las críticas de la familia ante la demora en la activación de la Alerta Sofía. Quinteros sostuvo que la Provincia trabaja "desde el día uno", desde que la madre de Agostina hizo la denuncia el domingo cerca de las 9 de la mañana.

"Yo no voy a entrar en la polémica. Ustedes saben que el protocolo de búsqueda de Alerta Sofía se dicta pura y exclusivamente a través de una orden del fiscal", respondió. Y concluyó: "Estamos poniendo absolutamente todo y no vamos a parar hasta encontrarla".

En medio de la intensa búsqueda de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde hace seis días en la ciudad de Córdoba, la Justicia ordenó este viernes un nuevo allanamiento en la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa.

El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana en barrio Cofico y estuvo marcado por un fuerte operativo policial y un importante movimiento de investigadores en el lugar. Incluso, el tránsito fue interrumpido en la cuadra donde se desarrolló el allanamiento. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre qué elementos buscan los pesquisas.

La causa continúa bajo un fuerte hermetismo mientras crece la angustia entre familiares, vecinos y allegados de la adolescente, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

En paralelo al operativo, la madre de Agostina, Melisa, y el abogado de la familia, Carlos Nayi, participaron de una entrevista en la que insistieron en la necesidad de mantener activa la difusión del caso para lograr encontrar a la joven. Ambos reiteraron el pedido para que cualquier dato que pueda resultar útil sea aportado a la investigación.

Pese a los distintos procedimientos realizados durante los últimos días, la pesquisa todavía no logró reconstruir con claridad qué ocurrió con la adolescente ni establecer pistas firmes sobre dónde podría encontrarse.

Claudio Barrelier permanece detenido mientras avanza la investigación judicial. Entretanto, la Policía y la Justicia sostienen los operativos con el objetivo de hallar a Agostina con vida lo antes posible.

En la noche de este miércoles se entregó el cabo Leandro Quevedo, otro de los policías que habían sido condenados en el juicio por el crimen de Blas Correas y que estaba prófugo.

Quevedo había sido esquivo luego de la condena y tenía orden de captura desde que no se presentó el 22 de abril pasado.

Deberá cumplir una condena de cuatro años del prisión por encubrimiento, agravado por su rol de policía.

Cabe recordar que en la misma jornada, algunas horas antes, se había entregado el comisario Juan Antonio García, que también estaba prófugo y debe cumplir la misma condena. De esta manera, todos los condenados cumplen la sentencia.

El fiscal Raúl Garzón brindó este jueves nuevas precisiones sobre la investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente desde el sábado pasado en la ciudad de Córdoba.

En declaraciones realizadas en Tribunales II, el funcionario judicial confirmó que el único detenido de la causa declaró ante la fiscalía, aunque evitó dar detalles sobre el contenido de su testimonio.

“El epicentro de la investigación sigue siendo Córdoba”, sostuvo Garzón ante la prensa, mientras continúan los operativos y rastrillajes en distintos sectores de la capital provincial.

El fiscal también reconoció que, hasta el momento, no existen definiciones concretas sobre el paradero de la adolescente. “Aún no tenemos certezas”, afirmó, dejando en evidencia la complejidad del caso y el nivel de incertidumbre que todavía rodea a la investigación.

El detenido es Claudio Gabriel Barrelier, imputado por privación ilegítima de la libertad. Según había anticipado su abogado defensor, el acusado sostiene que Agostina nunca ingresó a su domicilio y que, tras encontrarse con él, se habría subido a un automóvil rojo que pasó por la zona.

Esa hipótesis, sin embargo, todavía no pudo ser corroborada por los investigadores. De hecho, hasta ahora no surgieron registros de cámaras de seguridad ni otros elementos que acrediten la existencia de ese vehículo.

La investigación intenta reconstruir qué ocurrió desde la noche del sábado, cuando Agostina salió de su casa en barrio General Mosconi, tomó un remis y llegó hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico, donde fue vista por última vez.

En paralelo, la familia aportó nuevos elementos a la causa. Según trascendió, la madre de la adolescente recibió en las últimas horas entre tres y cuatro llamadas desde números privados. En todas ellas, una voz masculina afirmó: “Claudio me entregó a Agostina”, antes de cortar la comunicación.

Esos llamados ya fueron incorporados a la investigación y son analizados por los pesquisas, aunque por ahora no existen indicios que permitan determinar si se trata de información real o de maniobras para entorpecer la causa.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de la adolescente y siguen los allanamientos y peritajes ordenados por la fiscalía en distintos puntos de Córdoba.

La Cámara Federal de Córdoba dictó un fallo inédito al establecer una relación de causalidad directa entre la aplicación de la vacuna Sputnik V y el fallecimiento de Melín Sartori. La joven, de 24 años, murió en julio de 2021 tras sufrir complicaciones neurológicas graves pocos días después de recibir la primera dosis.

En diálogo con La Voz del Interior, Virginia Ruiz, madre de la víctima y médica de profesión, relató el extenso proceso judicial necesario para obtener el reconocimiento institucional que inicialmente le fue denegado por las autoridades sanitarias de la provincia y la Nación,

Melín era una joven de 24 años, deportista y sin antecedentes médicos, que se encontraba iniciando un emprendimiento familiar de pastas al momento de su fallecimiento.

El 15 de julio de 2021 recibió la primera dosis de la vacuna y, apenas seis días después, comenzó a manifestar síntomas como cefaleas y vómitos. Tras un deterioro neurológico irreversible, murió 14 días después de la aplicación.

La demanda fue impulsada por su madre, María Virginia Ruiz, quien desde un inicio buscó visibilizar el caso ante el temor de que la dosis perteneciera a una tanda contaminada. Según explicó el abogado de la familia, Martín Barbará, el proceso fue "novedoso" y "engorroso", ya que al momento de los hechos no existían protocolos estandarizados para denunciar este tipo de situaciones.

Para la Justicia, resultó determinante el informe de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), que tras revisar el caso bajo el consenso científico internacional, reconoció formalmente el nexo de causalidad entre la vacuna y el daño sufrido.

El abogado Barbará subrayó dos puntos críticos que complicaron el cuadro:

Virginia Ruiz explicó que, tras la muerte de su hija, intentó comunicarse con el Ministerio de Salud de la Provincia para advertir sobre el número de lote de la vacuna aplicada. Su objetivo era prevenir complicaciones en otras personas que hubieran recibido dosis del mismo frasco multidosis.

"Mi primera urgencia era que el ministerio estuviera al tanto, que supiera el lote y que pudiera prevenirse en otra gente", señaló Ruiz. Sin embargo, la respuesta inicial fue que el caso estaba cerrado por falta de certezas sobre la causa. La madre denunció que en ese momento regía un "secreto ministerial" que impedía que los reportes de efectos adversos fueran remitidos a los organismos de investigación farmacológica correspondientes.

Ante el bloqueo administrativo, la familia inició una acción judicial basada en la Ley 27.573. Esta normativa, sancionada durante la pandemia, establece un régimen resarcitorio para quienes sufran daños por las vacunas contra el Covid-19.

El abogado de la familia, Martín Barbará, explicó que la Sala A de la Cámara Federal ordenó al Ministerio de Salud de la Nación concluir el trámite indemnizatorio en un plazo de 30 días. El fallo considera que la relación de causalidad es "indubitable".

"Se trata de una reparación del tipo institucional. Optamos por el camino que establece la ley para evitar discusiones jurídicas sobre competencias e inconstitucionalidades", detalló el letrado durante la entrevista.

El caso de Melín Sartori ha trascendido el ámbito judicial. Según se informó en el streaming, la experiencia médica fue expuesta en congresos, lo que permitió que otros profesionales identificaran síntomas similares y salvaran vidas en casos posteriores.

"Llega muy tarde porque la urgencia era que el sistema de salud estuviera advertido para que no hubiera otras muertes", lamentó Virginia Ruiz. No obstante, destacó la importancia de no acatar órdenes de salud de forma "irreflexiva" sin cuestionar la seguridad de los medicamentos.

Finalmente, el fallo judicial no solo representa un alivio para la familia Sartori, sino que marca un precedente legal sobre la responsabilidad del Estado en la administración de fármacos bajo condiciones de emergencia sanitaria.

La Justicia de Córdoba confirmó la fecha de inicio del juicio contra el exlegislador Oscar González por la tragedia vial ocurrida en el Camino de las Altas Cumbres. El hecho que terminó con la muerte de la docente Alejandra Bengoa y dejó gravemente heridas a dos jóvenes.

Según resolvió la Cámara del Crimen de Villa Dolores, el debate oral comenzará el próximo lunes 3 de agosto y se prevé que se extienda hasta el 27 de ese mes. González llegará a juicio imputado por los delitos de “homicidio culposo agravado” y “lesiones culposas agravadas” por el choque ocurrido el 29 de octubre de 2022.

En el vehículo de Bengoa viajaban también su hija Marina y su amiga Alexa, ambas ubicadas en el asiento trasero. Mientras Marina logró recuperarse sin secuelas, Alexa sufrió lesiones irreversibles y quedó parapléjica tras el impacto.

La elevación de la causa a juicio se concretó luego de que fracasara una propuesta impulsada por la defensa del exfuncionario, que contemplaba una reparación económica como salida alternativa. Sin embargo, el planteo fue rechazado durante el proceso judicial.

De acuerdo con las pericias oficiales incorporadas al expediente, González circulaba en dirección Córdoba–Mina Clavero cuando, presuntamente, invadió el carril contrario y provocó la colisión frontal con el automóvil en el que se trasladaba Bengoa.

Además, la investigación también puso el foco sobre el BMW que conducía el exlegislador, ya que se trataba de un vehículo de uso oficial.

Cabe recordar que González fue excarcelado a fines de febrero en el marco de otra causa derivada del mismo episodio, donde permanece imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado

Melisa, la madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el sábado en Córdoba, pidió este miércoles que le devuelvan a su hija y apuntó contra Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa.

"Son muchos días que no aparece mi hija, no me la devuelven, no me piden rescate, nada. No entiendo", expresó la mujer en diálogo con Cadena 3, en medio de la búsqueda que mantiene movilizados a familiares, allegados y fuerzas de seguridad.

En su pedido, Melisa se dirigió directamente al detenido: "Claudio, por favor, yo te pido por mi hija. No te hicimos nada, Claudio. ¿Quién la tiene? ¿A quién se la diste? Decile que me la devuelvan, que no le hagan daño. Cuidámela, por lo menos eso por mi hija".

La madre de Agostina sostuvo que cree que Barrelier sabe dónde está la adolescente. "Yo sé que él sabe quién la tiene. Que me la devuelva, que me la devuelva. La gente que está con él, devuélvanme a mi hija. No les hizo nada", reclamó. "Arréglensela con su familia, mi hija no tiene nada que ver. Que me devuelvan a mi hija, es lo único que pido", agregó Melisa.

La mujer contó además que habló con el fiscal a cargo de la investigación y que las fuerzas de seguridad continúan trabajando en la búsqueda. "El fiscal me dijo que toda la plana policial se está moviendo. Está haciendo todo lo que está a su alcance", señaló.

De todos modos, remarcó que la espera se volvió desesperante para la familia. "Yo comprendo su trabajo, sus tiempos, pero estoy desesperada. Quiero respuestas ya. Me pongo como loca, me exaspero, pero quiero a mi hija. Ya son muchos días, muchas horas", dijo.

Sobre Claudio Gabriel Barrelier, Melisa afirmó que no esperaba una situación así porque mantenían una relación de amistad. "No sé qué opinar. No me esperaba que me hiciera cosas, que me mintiera, porque éramos amigos", expresó.

Más temprano en Cadena 3, la mamá de Agostina ya había señalado al único detenido. "No aparece mi hija, no tenemos novedades de nada. Estamos esperando a ver si él habla y dice dónde está Agostina, porque fue la última persona que la vio, la única persona que estuvo con él y no se sabe más nada de mi hija", expresó la mujer.

Según relató Melisa, el sábado a la noche Agostina le dijo que iba a cruzarse al local de comidas de su abuelo, ubicado al lado de la vivienda familiar en barrio General Mosconi. Sin embargo, sostuvo que la adolescente nunca llegó a ese lugar.

Luego, de acuerdo con el relato de la madre, la joven tomó un remís con destino a barrio Cofico. Desde entonces, la familia perdió todo contacto con ella.

La Justicia de Córdoba avanza en la investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que es buscada intensamente tras activarse el Alerta Sofía. Este miércoles, el fiscal Raúl Garzón ordenó la detención de Claudio Gabriel Barrelier (33).

El detenido fue identificado como un conocido de la madre de la niña. Según los primeros datos de la investigación, se están realizando múltiples allanamientos en diferentes puntos de la ciudad para dar con el paradero de la niña.

Según los registros oficiales, Claudio Gabriel Barrelier posee antecedentes penales por robo, amenazas y privación ilegítima de la libertad.

Además de sus antecedentes, la fiscalía intenta acreditar si el sospechoso se desempeña como empleado municipal. El doctor Gustavo Baca, abogado de la familia de Agostina, precisó a Radio Mitre que aunque era conocido de la casa, la adolescente no tenía un vínculo directo ni contacto telefónico con él.

"Lo que sorprende es cómo ha conseguido contactarla", señaló el letrado Baca. La investigación busca determinar cómo se produjo el encuentro que derivó en la desaparición de la joven el pasado lunes.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos relatada por el abogado, Barrelier citó a la adolescente en la intersección de las calles Mariano Fragueiro y Juan del Campillo. Un remisero que trasladó a la menor hasta ese lugar se convirtió en un testigo clave tras presentarse a declarar espontáneamente.

El conductor reconoció a la joven y relató que ella le comentó que se encontraría con esta persona para comprar un regalo para su madre. Una vez que Agostina llegó al punto de encuentro, su teléfono celular dejó de funcionar y no respondió más llamadas.

El abogado de la querella reveló que, antes de ser detenido, Barrelier mantuvo contacto con la madre de la menor y brindó versiones contradictorias. Inicialmente negó haberla visto, pero luego cambió su relato.

En su segunda versión, el sospechoso afirmó haber visto a la adolescente subir a un "auto rojo". Sin embargo, el doctor Baca advirtió que "ese auto rojo nunca aparece" y no existe constancia alguna en la causa que respalde dicho testimonio.

Actualmente, el fiscal Raúl Garzón aguarda la declaración indagatoria del sospechoso para esclarecer las inconsistencias de su relato. Mientras tanto, el despliegue policial se mantiene bajo el protocolo de búsqueda de Alerta Sofía en todo el territorio nacional.

Cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de Agostina Vega debe ser comunicada de inmediato a la unidad judicial más cercana o al servicio de emergencias 911.