Un joven de 20 años fue detenido en las últimas horas por oficiales de la Patrulla Rural Noroeste en Córdoba. Según informó la Policía, estaría presuntamente vinculado a una investigación por hechos de abigeato.

El procedimiento se enmarcó en una serie de allanamientos simultáneos realizados en domicilios de las localidades de La Higuera, Cruz de Caña y el paraje Las Cebollitas.

Como resultado de los operativos, los oficiales lograron el secuestro de una importante cantidad de elementos relacionados con la actividad ilícita.

Entre lo incautado hay 16 armas blancas, varios kilos de carne, sierras, balanzas, tres freezer, un teléfono celular y una motocicleta con pedido de secuestro vigente por orden judicial, además de otros elementos de interés para la causa.

Finalmente, el detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.

Dos recientes operativos contra el abigeato en el norte santafesino permitieron recuperar más de 300 animales robados en distintos campos de la región. Sin embargo, productores agropecuarios advierten que estos casos representan solo una mínima parte del problema estructural que enfrentan.

Según datos relevados por entidades del agro, la provincia de Santa Fe acumula un promedio de 1.200 denuncias por abigeato al año. Muchas de ellas no prosperan en el ámbito judicial o policial, lo que impide recuperar la hacienda y deja a los damnificados sin respuestas.

En una reunión organizada por la Sociedad Rural de Vera, ganaderos del norte provincial expusieron la gravedad de la situación. Se estima que el robo de ganado representa hasta un 10% de pérdida en la producción total en los departamentos San Javier, San Cristóbal, San Justo, 9 de Julio, Vera y General Obligado, abarcando desde la ruta 39 hasta los límites con Chaco y Santiago del Estero.

“Generalmente se roban animales ya listos para la venta en remates. No es carne destinada al autoconsumo de quienes cometen el delito, sino parte de un circuito clandestino de comercialización”, explicaron los asistentes al encuentro.

Frente a esta situación, los productores volvieron a reclamar con urgencia la creación de una fiscalía especializada en delitos rurales y una Policía de Investigaciones (PDI) rural, que pueda actuar con mayor eficacia frente a una problemática que combina impunidad, logística criminal y falta de presencia del Estado en zonas clave.

Los dos casos que encendieron nuevamente la alarma ocurrieron en los departamentos San Cristóbal y Vera. En Huanqueros, un productor denunció el robo de 232 vacunos, mientras que en Fortín Olmos, casi en el límite con Chaco, fueron sustraídas 77 vaquillonas.

Sin embargo, el fenómeno no se limita al norte provincial. En el inicio del año, productores de la zona de islas frente a Coronda —sobre el río Paraná— denunciaron la venta de carne robada a través de redes sociales. El bajo patrullaje en esa zona contrastó con el accionar de Entre Ríos, que instaló un destacamento policial en jurisdicción de Diamante, logrando una reducción sostenida de este tipo de delitos.

En respuesta, la Policía de Santa Fe instaló un destacamento móvil sobre la costa. Pero, según los testimonios de productores, los controles duraron poco: “La casilla quedó vacía en cuestión de semanas”, señalaron.

Otro caso resonante ocurrió en el sur provincial. En el departamento Belgrano, un productor de Las Rosas denunció el robo de 1.500 cabezas de ganado en un campo de Montes de Oca. Las investigaciones derivaron en allanamientos en varios campos y la detención de tres personas de 22, 38 y 58 años.

La inseguridad rural también afecta a los campos del centro-oeste de la provincia. Leonardo Alassia, presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, fue contundente: “Muchos productores están dudando en continuar con la actividad. El faenamiento, el robo de herramientas y el abigeato continúan sin freno y no hemos tenido prácticamente respuestas”.

Según Alassia, la falta de seguridad en el campo tiene consecuencias que van más allá de lo económico. “Los hijos de productores eligen otros caminos, se mudan a las ciudades, y así hay menos familias que quieran quedarse en el campo. Es una pérdida que también es social y cultural”.

En los últimos años, la producción ganadera del norte santafesino ha demostrado ser clave para el desarrollo económico regional. Sin embargo, los productores denuncian que la falta de seguridad está poniendo en jaque la continuidad de muchas explotaciones familiares.

Los reclamos se centran en tres puntos concretos: creación de una fiscalía rural, mayor presencia policial en zonas críticas y acciones judiciales más ágiles para frenar la comercialización de carne robada.

A pesar de los operativos positivos y las promesas de mayor control, la percepción generalizada entre los productores es de abandono. “Los delincuentes saben que el campo está desprotegido y se aprovechan. Si no se toman medidas urgentes, esto se va a agravar”, señalaron desde la Sociedad Rural de Vera. 

La crisis económica está llevando a un aumento de los robos de animales en el campo. Según los responsables de la Policía Rural en Córdoba, el abigeato y el faenamiento irregular de animales, que históricamente fueron problemáticas en la zona, se han intensificado en los últimos años. Estos delitos están siendo impulsados en gran parte por la difícil situación económica que enfrentan algunas personas, que recurren al robo de ganado para satisfacer necesidades alimenticias básicas.

La inseguridad en las áreas rurales no es algo nuevo. A lo largo de la historia del país, el sector agropecuario fue víctima de robos y vandalismo. Sin embargo, en las últimas décadas, la frecuencia de estos delitos aumentaron, afectando gravemente la economía de los productores agropecuarios. Además de los robos de animales, los productores han denunciado la destrucción de silobolsas, el robo de maquinaria, insumos y hasta incendios intencionales de campos, hechos que dejaron a los productores rurales impotentes frente a la situación.

En este contexto, la seguridad rural se ha convertido en una prioridad para las autoridades de Córdoba. El Gobierno provincial decidió jerarquizar la estructura de la Patrulla Rural, un cuerpo especializado en la prevención de delitos en zonas rurales. La decisión vino acompañada de la creación de nuevas bases operativas y la incorporación de más móviles para patrullar las vastas extensiones de terreno.

Para entender mejor cómo se enfrenta la inseguridad en el campo, hablamos con el comisario inspector licenciado en Seguridad Cristian Trosales, director general de las Patrullas Rurales Norte, y comisario Pablo Lencinas, jefe de la División Patrulla Rural San Francisco. Ambos coincidieron en la necesidad de una “red de trabajo” que incluya tanto a las fuerzas de seguridad como a los productores agropecuarios y a la comunidad en general.

Crio. Trosales: “Trabajamos en una comunicación más cercana con los vecinos, y esto fue fundamental para poder reaccionar de manera más eficiente cuando se detecta una situación sospechosa”. 

“La Patrulla Rural se conforma justamente para dar respuesta al productor y a la gente que vive en el campo. Nuestro objetivo es atender las necesidades tanto de los pequeños productores como de los más grandes. La idea es poder conformar una red de comunicación efectiva”, explicó Trosales a LA VOZ DE SAN JUSTO.

Aunque reconoció que aún existen desafíos en cuanto a recursos, Trosales destacó los avances en la formación de personal y equipamiento. “Hemos dado un salto de calidad en cuanto a la capacidad operativa de la Patrulla Rural. Seguimos trabajando en conjunto con la Guardia Urbana, el inspector de tránsito y otras fuerzas especiales para optimizar los recursos y mejorar la seguridad”, agregó.

Una de las herramientas clave que utiliza la Policía Rural para mantener la seguridad en las zonas rurales es la creación de grupos de WhatsApp con los vecinos más comprometidos. “Trabajamos en una comunicación más cercana con los vecinos, y esto fue fundamental para poder reaccionar de manera más eficiente cuando se detecta una situación sospechosa”, señaló Trosales.

El comisario también resaltó la importancia de las entrevistas de proximidad, que permiten conocer mejor las necesidades de los productores y generar confianza con la comunidad. “Sabemos que las distancias en la zona rural son grandes y que el territorio es muy extenso. Por eso, la comunicación con los vecinos es crucial. No podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero sí podemos optimizar nuestra capacidad de respuesta gracias a la colaboración de la gente”, agregó.

Uno de los delitos que más preocupa a las autoridades es el abigeato, que en los últimos años ha aumentado notablemente. Según Lencinas, la situación económica generó un fenómeno donde el robo de ganado se ha convertido en “una problemática social. Los animales son despostados de manera irregular. No se llevan el animal completo, lo que indica que no se está robando para la comercialización, sino para el consumo propio. Esto es algo que hemos analizado, y aunque no justifica el delito, es un reflejo de la crisis económica que estamos viviendo”, advirtió.

El robo de animales no es un hecho aislado, y la tendencia es cada vez más frecuente en muchas zonas rurales. En algunos casos, los delincuentes no buscan vender la carne en mercados o carnicerías, sino que simplemente la utilizan para alimentarse.

Crio. Lencinas: “Los animales son despostados de manera irregular. No se llevan el animal completo (…) no se está robando para la comercialización, sino para el consumo propio. Aunque no justifica el delito, es un reflejo de la crisis económica”. 

Si bien el robo de animales y otros delitos rurales siguen ocurriendo, tanto Trosales como Lencinas coincidieron en que en la mayoría de los casos los responsables son capturados. Las herramientas judiciales son clave para combatir la inseguridad en el campo de manera efectiva. “Nosotros somos auxiliares de la justicia. Todas las intervenciones que realizamos se ponen a disposición de los fiscales. Pero es importante destacar que el trabajo en conjunto con la justicia es fundamental para poder solucionar estos casos de manera eficiente”, dijo Trosales.

Para mejorar la respuesta ante los delitos rurales, productores piden un mayor fortalecimiento de la justicia. Algunos sectores del campo reclaman que se destinen más recursos para la formación de personal especializado en investigaciones rurales. Sin embargo, Trosales defendió el trabajo coordinado: “Nosotros, como policía, cumplimos nuestra función, al igual que lo hace la justicia para ser más eficientes en la persecución de estos delitos. Trabajamos de manera coordinada para dar una respuesta rápida y adecuada a los productores”.

Según los jefes policiales, diciembre es el mes con mayor cantidad de delitos rurales. “Aproximadamente, de 90 hechos, el 70 por ciento ha sido esclarecido”, subrayó Lencinas. No obstante, los delitos rurales no son tan frecuentes como en las áreas urbanas. “Estamos registrando de dos a tres hechos por mes, lo cual no es una cantidad tan alta, pero existe”, agregó.

Respecto al perfil de los delincuentes, Lencinas indicó que la mayoría proviene de zonas cercanas a San Francisco. A pesar de la cantidad de delitos, las autoridades aseguran que la colaboración con la justicia y las acciones preventivas han permitido esclarecer una parte importante de los casos.

Más de 50 efectivos de diferentes fuerzas de seguridad participaron el pasado jueves en un megaoperativo de interfuerzas, llevado a cabo con el objetivo de esclarecer distintos hechos delictivos cometidos en la región. Este operativo, que se extendió hasta entrada la noche, incluyó a personal de la División Patrulla Rural Norte, la Patrulla Rural de San Francisco, Gendarmería Nacional, y otras fuerzas de seguridad, con la colaboración de la Fiscalía de segundo turno de los tribunales locales.

El operativo comenzó a las 15 y tuvo como punto de concentración el predio de la Sociedad Rural, desde donde las fuerzas de seguridad se desplegaron hacia diferentes puntos de la ciudad y la zona rural. Durante las operaciones se controlaron alrededor de un centenar de personas y aproximadamente ochenta vehículos, en un operativo de gran magnitud que involucró 18 unidades móviles.

El operativo interfuerzas no solo fue ejecutado por las Patrullas Rurales, sino que también contó con la participación de diversas unidades especializadas. Entre las fuerzas que intervinieron estuvieron Gendarmería Nacional, el grupo táctico ETER, Bomberos DUAR, División Investigaciones de la Departamental San Justo, División Investigaciones Patrulla Rural, y la División Motos de la Policía. Además, la Guardia Local de Prevención y Convivencia de la municipalidad, el grupo de Irrupción de Policía de Santa Fe y el CAP. 

Uno de los principales focos del operativo fueron los controles vehiculares. Se realizaron inspecciones a camiones, en cumplimiento con la normativa de SeNaSa, donde se detectaron irregularidades en el traslado de mercadería. Además, se llevaron a cabo múltiples allanamientos en diversos puntos de San Francisco y Frontera. Se secuestraron elementos y vehículos utilizados en delitos rurales, que ahora están a disposición de la Justicia para su análisis y procesamiento.

En particular, se incautaron herramientas y vehículos que habían sido utilizados en hechos delictivos ocurridos en la zona rural cercana a Freyre durante el mes de marzo. Estos delitos, relacionados con el robo de ganado y otros ilícitos rurales, habían sido denunciados por productores agropecuarios de la región.

El comisario Trosales destacó el compromiso de las fuerzas en la lucha contra la delincuencia rural. "Este operativo refleja el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad, tanto urbanas como rurales, y la importancia de estar unidos para enfrentar los delitos que afectan a nuestros productores agropecuarios y a la comunidad en general", expresó.

En cuanto a la seguridad en las zonas rurales, Trosales hizo un llamado a la comunidad a confiar en el personal policial y a colaborar en la prevención de delitos. “Es importante que los vecinos interactúen con los policías que patrullan sus zonas. Nosotros, como autoridad, estamos siempre a disposición. La idea es crear una red de comunicación efectiva para poder mejorar la seguridad”, concluyó y recordó que una de las líneas para denunciar es 3564 200205.