La travesía de Agostina Páez en Brasil ha pasado de ser un conflicto legal a una auténtica pesadilla personal. 

La abogada e influencer argentina, atrapada en Río de Janeiro bajo cargos de injuria racial, protagonizó un nuevo y alarmante capítulo: tuvo que abandonar de urgencia su residencia tras denunciar una presunta irrupción violenta.

“Papi, me quieren matar aquí”, fue el desesperado grito de auxilio que la joven le transmitió a su padre, Mariano Páez, luego de que tres hombres —que alegaron ser efectivos policiales en circunstancias poco claras— ingresaran al departamento donde se refugiaba. 

Este hecho, ocurrido a plena luz del día, forzó a la joven a buscar un nuevo paradero por recomendación de la propia seguridad del edificio.

Mientras el entorno de Páez denuncia amenazas y un clima de hostilidad creciente, la justicia carioca no cede. Los puntos clave de su situación actual son:

Vigilancia electrónica: la justicia le otorgó un plazo de cinco días para colocarse una tobillera electrónica. El objetivo es garantizar que no abandone el país mientras concluye la investigación.

Delito no excarcelable: en Brasil, la injuria racial es equiparable al racismo. Esto implica penas de 2 a 5 años de prisión y, fundamentalmente, la imposibilidad de salir bajo fianza.

Pruebas fílmicas: el caso se apoya en cámaras de seguridad de un local boliche en la Zona Sur, donde se la habría visto realizando gestos discriminatorios tras una discusión el pasado 14 de enero.

El abogado de la joven, Sebastián Robles, busca dar un giro al caso mediante un recurso de habeas corpus. La defensa sostiene que las medidas impuestas son "extremadamente severas" y cuestionan el contexto de los videos que sirven como prueba principal.

Para la familia, el estado psíquico de Agostina es crítico. Entre el asedio en redes sociales y la reciente intrusión en su vivienda, consideran que la joven está viviendo una detención de hecho en condiciones de inseguridad total. 

Mientras el consulado argentino brinda asistencia legal sin intervenir en el proceso, los Páez evalúan viajar de urgencia a Río para acompañarla en lo que definen como las horas más oscuras de su vida.

En un contexto judicial complejo, Alberto Arrieta, presidente del Colegio de Abogados de San Francisco, expresó su preocupación por las vacantes en diversos fueros de la ciudad y la región, lo que impacta negativamente en el servicio de justicia.

En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, en el marco del Día del Abogado, celebrado cada 29 de agosto en homenaje a Juan Bautista Alberdi, Arrieta analizó la actualidad y desafíos de la profesión que reúne unas mil matrículas activas en el departamento San Justo. Advirtió que “la Argentina está perdiendo institucionalidad y respeto de la Constitución, lo que en definitiva afecta de manera directa al funcionamiento del sistema judicial”.

Reclamó que “se necesitan más jueces” y adelantó que desde el Colegio pedirán a la Provincia un relevamiento sobre las distintas jurisdicciones para “designar o crear los jueces que resulten necesarios”, porque lo contrario “atenta no solo contra la actividad que tienen que desarrollar los abogados, sino también contra los justiciables”.

-       ¿Cómo describiría el ejercicio de la abogacía en Argentina en 2025, marcado por la crisis económica y los cambios sociales e institucionales?

Es un momento difícil para la abogacía, en función de que los abogados no estamos exentos de la situación socioeconómica en general. Y desde el punto de vista institucional también estamos preocupados porque coincidimos con el miembro de la Corte, el doctor Juan Carlos Maqueda, cuando sostiene que la Argentina está perdiendo institucionalidad y respeto de la Constitución, lo que en definitiva afecta de manera directa al funcionamiento del sistema judicial.

-       ¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones de los abogados en su circunscripción?

Hoy lo que nos preocupa de manera mucho más sostenida es la cuestión operativa de los tribunales en la provincia de Córdoba. La provincia, mejor dicho el Tribunal Superior de Justicia, ha implementado el procedimiento oral en todos los fueros, principalmente civil, laboral y penal. Con la implementación del proceso oral nosotros estamos de acuerdo, porque confiamos en la inmediatez, más allá de que la celeridad del proceso también está garantizada. Aunque no podemos perder de vista lo que decía el profesor Jorge Clariá Olmedo, en el sentido de que mucha celeridad también atenta contra la seguridad jurídica. Esa es la razón por la que entendemos que algunas modificaciones, algunas adecuaciones habría que hacer al procedimiento oral, particularmente el civil.

Pero lo que nos preocupa es que hay juzgados en el interior de la provincia, por ejemplo en Morteros, Las Varillas y Arroyito, cuyos jueces de competencia múltiple tienen que implementar, por un lado, el proceso oral civil con audiencia preliminar y audiencia complementaria, pero al mismo tiempo también las audiencias de contacto, las de conciliación voluntaria, las de control jurisdiccional, las de otorgamiento de la libertad a una persona en prisión preventiva y todas las demás que se van generando. Si además se agrega que deben ser jueces de sentencia tanto en el ámbito laboral como en el penal, es imposible que un magistrado pueda tomar la totalidad de esas audiencias, estar al día en sus despachos y adoptar resoluciones con un contenido jurídico de calidad. El observatorio permanente del funcionamiento de la Justicia ya detectó una baja en la calidad de las sentencias dictadas por los tribunales del interior de Córdoba.

-       Van más rápidos los cambios que la disponibilidad de recursos. ¿Cómo afecta la sobrecarga judicial a la tarea profesional?

Hace muchos años lo habíamos advertido con el doctor Mario Perrachione: la implementación del proceso oral requería necesariamente que se dote de los recursos que necesita la Justicia para funcionar. En este caso particular, lo que se necesitan son jueces. El TSJ no los puede designar, los tiene que crear la Provincia. Por eso estamos trabajando para elevar una propuesta al Poder Ejecutivo a través de la Federación de Colegios de Abogados, solicitando un relevamiento de la situación en cada circunscripción y designar o crear los jueces que resulten necesarios.

En San Francisco, por ejemplo, los jueces de primera instancia, prácticamente colapsados, han pedido el relevamiento de la competencia en materia de concurso y quiebra. La idea es trasladar esa competencia a Córdoba capital, lo que significa que concursados, síndicos y acreedores deberían trasladarse 250 kilómetros. Ni hablar de lo que ocurre con Huinca Renancó. Pero esa sobrecarga en otros tribunales también decantaría en más lentitud. ¿Qué pasaría si los juzgados de Arroyito, Morteros y Las Varillas derivan la totalidad de las causas penales al juez de control de San Francisco? Colapsaría. Es un sistema de frazada corta: antes de poner en práctica los procedimientos hay que relevar y planificar.

-       ¿Qué impacto tienen los cambios normativos en la labor cotidiana de los abogados? ¿Considera que la abogacía está perdiendo prestigio social?

Yo no creo que el abogado pierda prestigio frente al discurso del Gobierno nacional sobre las incumbencias. Cuando se determine ese análisis se verá que es imposible sacar de la competencia de los abogados materias como sucesiones o divorcios, porque en la mayoría de los casos requieren intervención judicial. Será una solución parcial, que no evitará los costos de un proceso ni acelerará el trámite. También se planteó eliminar la matrícula o el sistema de registración de los escribanos, permitiendo a los abogados realizar tareas propias de ellos. Nosotros creemos que cuando un sistema funciona, lo que se necesita es acelerar los procesos, pero no afectar incumbencias profesionales. Me parece que este intento va a quedar en la nada.

“No creo que el abogado pierda prestigio frente al discurso del Gobierno nacional sobre las incumbencias. Es imposible sacar de la competencia de los abogados materias como sucesiones o divorcios”

-       ¿Qué lugar ocupa hoy la ética profesional en un contexto donde muchas veces se percibe descreimiento hacia la Justicia?

El funcionamiento de la ética profesional es indispensable. El ejercicio de la abogacía sin un tribunal de disciplina es inviable. Todas las profesiones tienen su tribunal de disciplina y es indispensable el control interno para que el ejercicio profesional se haga adecuadamente.

-       ¿El Colegio está desarrollando capacitaciones para que los profesionales se adapten a la digitalización de los procesos judiciales?

Nosotros venimos sosteniendo la necesidad de que el abogado se mantenga actualizado y se capacite porque los procesos hoy son mucho más vertiginosos. El abogado que no se actualiza pierde el tren. Por eso estamos haciendo muchas capacitaciones y lanzaremos nuevas conferencias de primer nivel.

-       ¿Qué cambios está generando la inteligencia artificial en el trabajo de los abogados? ¿Es una amenaza o una oportunidad?

La inteligencia artificial puede servir, pero hay que tener cuidado. Ya hubo un antecedente en Rosario donde un abogado fue sancionado por usar ChatGPT y presentar citas falsas. Puede orientar, pero no razona. Hay que controlarla. En nuestro Colegio estamos estudiando implementar herramientas que faciliten la tarea del abogado, no que lo reemplacen. Bien utilizada, la IA mejorará la calidad de los servicios profesionales, como ya ocurre en medicina o ingeniería.

-       ¿Qué cree que debería cambiar en el sistema judicial argentino para fortalecer el ejercicio libre e independiente de la abogacía?

Yo creo que hay un problema vinculado a la pérdida de institucionalidad. No se respeta la división de poderes. El Poder Judicial es un poco el hermano pobre de este trío. Los recursos y la posibilidad de que se desarrolle de manera independiente se ven afectados si no tiene presupuesto adecuado. Si fuera entendido como verdadero poder, debería contar con la misma fuerza y recursos, al menos proporcionalmente, que los otros poderes.

-       ¿Cuál es el principal desafío que tiene el Colegio de Abogados hacia adelante?

La especialización hoy es fundamental. La actividad clínica ha desaparecido del ejercicio y se impone especializarse en alguna materia. Las universidades y colegios dictan cursos, y el abogado debe seguir estudiando incluso más que al inicio de la carrera, pero en áreas específicas.

 “En nuestro Colegio trabajamos con la Comisión de Jóvenes Abogados y pronto lanzaremos un programa de inicio en el litigio. Lo principal que les diría a los jóvenes abogados es que deben capacitarse de manera permanente y especializarse para estar a la altura de las circunstancias en este escenario complejo”, dijo Albero Arrieta.

Un abogado penalista, de 70 años, fue detenido en la provincia de Córdoba acusado de abuso sexual. La denunciante es la mamá de un joven que está detenido y cuyo defensor era el actual señalado.

La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 1° Turno ordenó la detención de Humberto Margara, un abogado del foro local, en el marco de una investigación por un hecho de abuso sexual con acceso carnal en contra de una mujer.

Según se pudo informar, la denunciante es la mamá de un detenido que era defendido por Margara. En la denuncia, se describió que los abusos tuvieron lugar en los diversos encuentros para negociar la liberación del joven.

Desde el medio La Voz detallaron que, en una de esas reuniones, el acusado le pidió $2 millones y que, cómo la mujer no alcanzaba a juntar esa suma de dinero, allí se habrían producido los ataques sexuales.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que la investigación por abuso sexual con acceso carnal continúa y por el momento rige secreto de sumario.

Los apartamientos de los abogados de Rodolfo Baqué y Martín Miguel de Vargas, de la defensa del enfermero Ricardo Almirón, imputado en la causa por la muerte de Diego Maradona, serán revisados tras un pedido del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.

En la primera semana del juicio oral en el Tribunal N°3 de San Isidro, se dictaminó el apartamiento de Baqué por supuestos intereses contrapuestos al ser también abogado de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien será sometida a un juicio por jurados a mediados de este año.

Ahora, a un mes de que haya iniciado el debate oral, desde Casación expresaron que la decisión del Tribunal “fue arbitraria y que vulneró garantías procesales”, motivo por el cual se deberá revisar el fallo.

De acuerdo al documento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se hizo lugar a los recursos presentados por ambas partes y “reenviar los autos para el dictado de un nuevo pronunciamiento que trate el fondo del recurso de apelación oportunamente articulado”.

El 11 de marzo de este año se dio inicio al juicio por la muerte de Maradona, tratándose así de uno de los más esperados del país.

En la primera audiencia se dictaminó que solo martes y jueves se desarrollarían las jornadas testimoniales.

En el juicio ya declararon todos los que aparecen en el acta de procedimiento al momento de la muerte del futbolista, médicos que participaron de la autopsia y analizaron al jugador, su hija Jana, las hermanas de Maradona y Verónica Ojeda.

Cada vez que nos referimos a un emprendimiento centenario, estamos haciendo un implícito homenaje a quien tuvo una visión que trascendió el tiempo. Esto cobra relevancia en la celebración de los 100 años del Estudio Jurídico Joaquín Gregorio Martínez y nos hace fijar la mirada en la vida de su fundador. 

El origen de esta historia es España, donde Damián Martínez de Mendivil, imprentero, nacido en Salinas de Leniz en el País Vasco y su esposa Ulpiana Maritorena, tomaron la decisión de viajar a la Argentina, urgidos por circunstancias históricas, sociales y personales.

Tras vivir un tiempo en diferentes ciudades, recalaron en San Francisco. Llegaron con su hija Juana, la única española y aquí nacieron Carlos, Joaquín y José el menor. Tuvieron cuatro hijos más. Tres murieron en una epidemia y el cuarto, Luis, falleció como consecuencia de la patada de un caballo. 

Joaquín nació el 24 de diciembre de 1896. A sus 13 años, un problema en un parto le arrebató a su madre, Doña Ulpiana. Su hermana Juanita se hizo cargo de sus hermanos menores y su padre. 

Damián había fundado el periódico La Semana y ese entorno de publicaciones e ideas, despertó en Joaquín un apego al conocimiento. Es así como ingresó a la escuela, asistiendo a los institutos particulares existentes en ese momento. En 1911 se aprobó la creación de la Escuela Normal, destinada a brindar educación secundaria y formar docentes.  Joaquín integró la segunda promoción de maestros normales en el año 1917 y su vida quedó marcada por esos años en los que se moldeó su carácter agradecido, su aspiración profesional y su vocación docente.

Para Joaquín, se abría ahora un porvenir que él imaginaba cursando el nivel universitario. Pero para acceder a esos estudios no alcanzaba con el título docente, debía realizar el bachillerato. Se instaló Santa Fe para rendir las equivalencias. Había obstáculos de tipo económico para ello. Pero la respuesta familiar a su anhelo tuvo un nombre: Carlos. Su hermano le dio el apoyo imprescindible para avanzar en sus aspiraciones y compensó las necesidades que atravesó en ese tiempo.

Alentado por su hermano mayor, se mantuvo en Santa Fe trabajando como maestro en una escuela para adultos. En 1919, ya con el título de bachiller, ingresó a la Facultad de Derecho en Córdoba, ciudad donde también estudiaría y trabajaría. Su ámbito laboral fueron los tribunales donde fue escribiendo de juzgado y luego secretario. Egresó como abogado en el año 1924, año en que fundó el estudio jurídico que lleva su nombre. Para el Dr, Martínez habría sido fácil quedarse en el ámbito judicial de Córdoba, pero su objetivo era servir a la tierra que lo vio nacer. Es así como fue el primer abogado nativo de San Francisco y comenzó a desempeñar su profesión en su estudio de calle General Paz 156. 

Quienes lo conocieron hablan de un balance entre el excelente profesional y un cálido ser humano. Dueño de un carácter firme, fue un abogado que exponía sus argumentos con claridad y con vuelo literario e intelectual. Trabajador incansable, disfrutaba de la práctica del derecho y nunca rechazaba una defensa sin importar el interés económico en discusión. Aún perdura en el Estudio Jurídico un cuadro donde se lee: “Ningún abogado es tan rico como para rechazar asuntos justos porque sean chicos, ni tan pobre como para aceptar asuntos injustos porque sean grandes”. Su desempeño profesional le abrió las puertas a numerosas e importantes empresas e instituciones de la ciudad y la región.

Siempre mostró sus ideas liberales y rechazaba cualquier forma de gobierno autoritaria, manifestándose y atacando a quienes consideraba como tales. Esto obviamente le trajo sinsabores a lo largo de su vida. Estas preocupaciones políticas no partidarias eran parte de una visión que muchas veces se vio reflejada en sus escritos. Así alimentaba expresaba su amor a las letras transmitido por la vicedirectora de la Escuela Normal, Rosalía Pubill, y los docentes que lo guiaron en su historia como alumno.

La literatura y la historia fueron parte inseparable de su personalidad, al punto que escribió varios libros que fueron referencia obligada para estudiosos de la historia de San Francisco y para conocer sobre la vida de personalidades importantes.

La educación fue una de sus obsesiones. Sus experiencias educativas lo marcaron profundamente. Por ello, no extrañó que decidiera iniciar la tarea de fundar un colegio nacional. Así, junto a reconocidos vecinos de la ciudad, comenzaron los trámites para fundar el colegio que más tarde sería el Colegio Nacional y Comercial San Martín. La oficialización llegó 1940 cuando el Dr. Martínez se desempeñaba como rector.

El sueño se había hecho realidad y varias generaciones pudieron completar sus estudios gracias al trabajo desinteresado de aquellos hombres. Su labor como docente en las cátedras de Literatura y de Historia, fue marcada por su rectitud, su severidad, pero también por su equidad y justicia.

Año 1924. El poblado ya había sido declarado ciudad, desde el año 1915. Su presente era promisorio: San Francisco experimentaba una expansión significativa en su producción agrícola y comenzaba a destacarse en la producción lechera, con la instalación de fábricas y cooperativas. La ciudad recibía inmigrantes y se avanzaba en la mejora de los caminos rurales que la conectaban con otras localidades. Era una época floreciente para la economía, la educación, el trabajo y las actividades culturales, deportivas y sociales.

En ese marco fundó su estudio jurídico el Doctor Joaquín Gregorio Martínez. Con el paso del tiempo, se incorporaron sus hijos, Joaquín Guillermo y Jorge Joaquín; uniéndose luego el Procurador Federico Madoery y la secretaria ejecutiva Rosita Guevara, quienes fueron pilares e inolvidables protagonistas de esta historia. Posteriormente, se incorporó la tercera generación, llegando al estudio Gustavo Damián Martínez hijo de Jorge Joaquín, quienes luego formaron su estudio propio. El Estudio Jurídico continuó liderado por el Dr. Joaquín Guillermo Martínez y sus hijos Julián María, Damián Pablo Martínez como abogados y Joaquin Guillermo (h) como contador y otros colaboradores asociados. Actualmente sus nietos continúan con el legado familiar.

Desde el comienzo, se proyectó con una destacada actividad en el asesoramiento de empresas, especialmente de seguro, agropecuarias, comerciales, industriales y médicas. Este funcionamiento se distingue por la idoneidad de sus profesionales y el compromiso de concretar resultados satisfactorios, obrando con lealtad, probidad y excelencia. Las bases sobre las que se apoyan y dan sentido a esta tarea son tres: Integridad ética, Profesionalismo y Excelencia.

Para estar a la altura de las demandas de sus clientes, el estudio contó con un equipo de abogados especialmente capacitados para asesorar en cuestiones de negocios, así como en la resolución de conflictos que se presenten con particulares y con las distintas agencias públicas. 

Al cumplir un siglo, el estudio es reconocido por su seriedad y ética en el desempeño de la actividad profesional. Ese reconocimiento se traduce en la antigüedad de su clientela, la cual ha sido atendida por su fundador y luego por sus hijos y nietos.

Estos valores se proyectan hacia el futuro ya que el estudio dispone de un equipo de profesionales entrenados en la práctica del pensamiento estratégico, para asesorar, prevenir el conflicto, solucionar los existentes, crear y mantener las buenas relaciones procurando resguardar los legítimos intereses y derechos del cliente. 

Por ello, repasar el ejemplo de esfuerzo y sacrificio que dio origen al estudio jurídico que cumple 100 años, permite celebrar la fidelidad a un legado y a las raíces que lo sustentan. 

Luego de que el Senado haya sancionado la ley por la nueva movilidad jubilatoria, el presidente Javier Milei vetó totalmente el proyecto. El decreto, que firmó el viernes por la noche, se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial y así la decisión se hizo efectiva. En simultáneo, el Ejecutivo oficializó un nuevo bono de 70 mil pesos para los jubilados en el marco del sistema de actualizaciones vigente. Lo que aún no se definió pero está bajo estudio es un incremento extra que podría rondar el 8%.

El decreto 782/2024 alega que la iniciativa aprobada por el Congreso es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. Este fue el principal argumento que sostiene el Ejecutivo desde la sanción de la ley. También plantearon que el proyecto “padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación”.

En este sentido, AM 1050 dialogó con el abogado previsionalista, Fernando Viera, quien se refirió al conflicto entre el poder Ejecutivo y el Legislativo sobre el futuro de la seguridad social del país.

“Esta Ley tiene varios puntos en cuestión, el primero de todos ratifica el aumento por inflación que dispuso Milei con el decreto 274 en abril, , eso quiere decir que van a seguir aumentando por inflación. Por otra parte, se establece que una vez al año hay que comparar si los sueldos le ganaron a la inflación y si eso da resultado positivo, el 50% de ese valor va a ser lo que van a aumentar una vez al año las jubilaciones de manera adicional. Esa pauta en particular lo que permite es darle una vida útil a la movilidad porque si le va bien a la Argentina y se controla la inflación, los jubilados no tendrían ningún tipo de aumento y no recomponen lo perdido años atrás, entonces esta ley lo que dice es que te mantiene el poder adquisitivo a lo largo del tiempo y en los años en los cuales a la Argentina le vaya bien, el país reconozca una diferencia para que los jubilados recompongan el haber”, manifestó Viera.

Por otra parte, el abogado detalló cual sería la jubilación mínima si se aprobará la ley e indicó: “Otro de los puntos en discusión es que se establecía una nueva jubilación mínima para las personas que tuvieran un sólo beneficio, en donde te calculaban 1.09 veces la canasta básica total de un adulto, ese valor a julio daba una jubilación mínima de 317 mil pesos. Además, se modificaba los índices de actualización de remuneraciones para los cálculos de la jubilación”.

A su vez, Viera explicó cómo sería el financiamiento del aumento y señaló la postura del Gobierno Nacional. "En el artículo 10 había una cláusula que era bastante costosa también para el Gobierno y que era pagar la deuda que tiene con la Caja de Jubilaciones no transferidas y pagar los juicios previsionales con sentencia firme, hacerlo en el plazo de seis meses, pero hacerlo con los impuestos que tiene la asignación específica, uno de estos impuestos con asignaciones específicas para la Seguridad Social es el impuesto país, entonces si promulgará esta ley ya le costaría más al Gobierno", argumentó.

Finalmente, indicó que entiende las dos posturas, la del Ejecutivo y la de los jubilados. "Los dos tienen razón, si vos te paras del lado de los jubilados esta ley es útil no es la panacea, pero es útil es mejor que lo que tenemos, pero desde el punto de vista del Gobierno hay que pagarla también. No es que uno sea el malo y el otro sea el bueno, lo que sí evidentemente al medio están metidos los jubilados en una pelea", concluyó.

Entrevista completa a Fernando Viera:

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El Gobierno nacional también advierte en el considerando del decreto que la iniciativa complicaría la recuperación del sistema previsional al proyectar que generaría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente del financiamiento.

Para ejemplificar sus argumentos, el Ejecutivo mencionó que el impacto estimado de la medida asciende a 6.160.000.000.000 para el año 2024, es decir seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y unos 15.430.000.000.000 para el año próximo. Estos números “equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquel, estimado para el año entrante”.

Con respecto al gasto previsional que implicaría para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), calculan que dichos importes representan un incremento del 18,5% para el año 2024 y de 29,2% para el año 2025. Además, indicaron que si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional, previsto en el presupuesto vigente, la medida “conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales”.

Tras el veto, el Congreso puede insistir con la nueva fórmula, por lo que la oposición deberá someterla nuevamente a votación y contar con el apoyo de los dos tercios de los miembros presentes en ambas Cámaras. Primero será tratado en Diputados, cámara de origen y, luego, en el Senado.

Por esto mismo, desde la aprobación en el Congreso, el Gobierno se focalizó en fortalecer los lazos con los legisladores aliados del oficialismo: el PRO y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). De esta manera, se reunió el viernes con los principales dirigentes para explicar por qué la medida no sería promulgada.

En este contexto, el PRO se comprometió a apoyar la decisión del Ejecutivo, pese a que sus legisladores habían votado a favor de la actualización de las jubilaciones.

Mientras tanto, el Ejecutivo oficializó un nuevo bono extraordinario previsional de 70 mi pesos para los titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES; aquellos beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más; y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo del organismo de la seguridad social.

Este monto se fijó en el decreto 783/2024, también publicado esta madrugada. La normativa establece además que “para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono extraordinario”.

“En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional que se otorga”, dispone el decreto.

El Colegio de Abogados de San Francisco tiene nuevas autoridades para el período 2024 - 2026. El Acto de Asunción de Autoridades se llevará a cabo en el Auditorio del Colegio de Abogados de nuestra ciudad.

El evento se llevará a cabo el día jueves 19 de abril a las 10:30 horas.

· Presidente: Mónica Raquel Gilli· Vicepresidente: Andrés Miguel Armando· Secretaria: Carolina Alejandra Fraire· Tesorero: Marcelo Alejandro Asan

Vocales Titulares:· Daniela Badía· Judith Melano· Horacio Marcelo Andreatta· María Celeste Peretti

Vocales Suplentes:· Cristian Alejandro Godoy· Juan Francisco Felizia· Carolina Mercedes Beltramino· María Elisa Cubría

· Presidente: Alberto H. A. Arrieta· Vicepresidente: Marcelo Alejandro Asan· Secretaria: Carolina Alejandra Fraire· Tesorero: Juan Francisco Felizia

Vocales Titulares:· Daniela Badía· Judith Melano· Horacio Marcelo Andreatta· María Celeste Peretti

Vocales Suplentes:· Cristian Alejandro Godoy· Andrés Miguel Armando· Carolina Mercedes Beltramino· María Elisa Cubría

La ceremonia también incluirá la asunción de las autoridades de las delegaciones de Arroyito, Morteros y Las Varillas.

El último fin de semana, se desarrolló el Torneo Nacional de Abogados en Mar del Plata y el colegio de nuestra ciudad, que conformó su equipo en conjunto con el de Villa María, se adueñó del título en la divisional más 45 con un golazo de tiro libre de Gerardo Martini.

El plantel campeón lo integraron: Sebastián Clemenz, Juan Layun, Roberto Gribaudo, Lucio Sarnago, Mariano Romano, Sergio Cortez, Mariano Palacio, Roberto Britos, David Bazán, Juan Lozano, Gerardo Martini, Juan Sebastián Tell, Martín Ochonga, Diego Rivarola, Gabriel Paoletti, Gonzalo Fernández, Luciano Gerbaudo, Lucas Porta y José Peralta.

El cuerpo técnico se conformó con Ezequiel Gramoy (entrenador), Julián Marinangelli (ayudante de campo) y Nicolás Bovero (preparador físico).

Este viernes murió a sus 87 años el abogado Ricardo Monner Sans, reconocido por su gran lucha contra la corrupción en Argentina, llevando adelante innumerables denuncias contra altos funcionarios nacionales. 

El letrado fallecido presidió durante dos décadas la Asociación Civil Anticorrupción, desde donde denunció múltiples maniobras irregulares en la política de distintos gobiernos.

Monner Sans ganó presencia en los medios en los años '90 al denunciar al gobierno de Carlos Menem, donde se destacó el escándalo de la venta de armas a Ecuador y Croacia, cuando ambos países transitaban conflictos bélicos. 

Denunció también las irregularidades en el PAMI en la gestión de Matilde Menéndez, titular entre 1992 y 1994, gestión que concluyó con la renuncia de Menéndez, quien debió enfrentar diversas causas judiciales.

Monner Sans también denunció a funcionarios kirchneristas, y entre los más conocidos figura la demanda contra el exvicepresidente Amado Boudou en el conocido caso Ciccone. 

Además, pidió la destitución del juez Daniel Rafecas por su desempeño en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Entre las múltiples modificaciones legales que propone el proyecto de la ley Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos que envió al Congreso el presidente Javier Milei figura la posibilidad de divorciarse sin pasar por la Justicia y sin asesoramiento profesional. También, una  modificación del Código Penal en materia de "resistencia a la autoridad" y de "legítima defensa", con el fin de dar mayor respaldo a las fuerzas de seguridad.

LA VOZ DE SAN JUSTO y AM 1050 dialogaron con especialistas sobre los cambios que incluye la ambiciosa iniciativa.  

Según explicó el abogado penalista Facundo Pérez LLoveras, se propone una modificación en el artículo 34 del Código Penal sobre la legítima defensa y establece que los familiares de quien cometa un delito, en caso de fallecimiento, no podrán “querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida” del perpetrador.

La iniciativa también le otorga a quien actúe en cumplimiento del deber el criterio para establecer la “proporcionalidad del medio empleado”, y empodera al que actúa en defensa propia para intervenir si “presume una agresión inminente”.

“Nos da el derecho de defenderos frente a una agresión ilegítima –dijo el entrevistado-. Si ocasionáramos un daño al agresor, nuestra conducta será impune. Pero en el artículo 34 se establecen ciertos requisitos. Se aumentan las posibilidades de defensa, no solo exigiendo la resistencia del sujeto en el domicilio sino que con solo pensar que el malviviente quiere agredirme y yo lo hiero, no seré perseguido por el delito de lesiones u homicidio”.

Precisamente, una de las principales modificaciones quedó plasmada en el inciso 4 del artículo 34, que considera no punibles a “quienes obraren en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”, pero agrega como continuidad que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.

La ley actual faculta a la Justicia a que establezca si el medio empleado está justificado, por lo que puede considerarse que quien obró en cumplimiento del deber quizá haya actuado con exceso y, en ese caso, le cabe una pena.

El proyecto también hace un agregado al inciso 6, que establece que no es punible quien actúe en defensa propia o de sus derechos dentro de su hogar, siempre que haya resistencia “o señales que pudieran hacer presumir una agresión inminente”, una aclaración que no consta en la ley actual.

Y agrega que se entiende “que concurren estas circunstancias cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual”.

En este inciso también considera que no será punible “quien se defendiere respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena”.

Finalmente, hace una aclaración especial dentro del inciso 7, que establece que es inimputable “el que obrare en defensa de la persona o derechos de otro”, pero aclara que “quien comete un delito, aún en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieren los eximentes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio de su deber, autoridad o cargo”.

Las modificaciones apuntan además a que quienes se defiendan en esas circunstancias sería legítima defensa si encontraran "un extraño dentro de su hogar o de un inmueble en el que legítimamente se alojara o trabajara, siempre que haya resistencia o señales que pudieran hacer presumir una agresión inminente", explicó Lloveras.

Asimismo, agrega que se entenderá lo mismo "cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual", remarcó el abogado. 

En este sentido, manifestó que la familia del malviviente no podrá demandar a quien lo ultime.  “El proyecto establece una cláusula que dice que los parientes no podrán ser parte del proceso penal como víctimas”, recordó.

“Las cuestiones probatorias van más allá de los supuestos de la ley. En los juicios debemos probar los hechos que ocurrieron. Es una cuestión más compleja que la letra legal”, concluyó Lloveras. 

El mega proyecto de ley ómnibus que presentó Milei en el Congreso propone un divorcio exprés que no incluye la participación de abogados ni jueces. 

En cuanto al trámite sucesorio no controversial, el anexo 4 de la ley se refiere a los “procesos sucesorios no contenciosos”. Se establece un nuevo régimen para los procesos sucesorios no contenciosos, facultando a los ciudadanos a transmitir la herencia a través de un proceso extrajudicial de manera más simple y menos costosa.

“El DNU 70/2023, en realidad, no hace referencia al trámite de divorcio sino que modifica el Código Civil y Comercial en aspectos relacionados con los contratos y las obligaciones. Donde sí se plantean modificaciones en relación a trámites de divorcio y sucesorios (entre otras cuantas) es en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso”, dijo la presidenta del Colegio de Abogados de San Francisco, Mónica Gilli. 

En cuanto al divorcio, el proyecto “prevé incorporar como causal de disolución del matrimonio la comunicación de la voluntad de disolver el vínculo presentada por los cónyuges en forma conjunta ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal”, indicó la entrevistada. 

Respecto al proceso sucesorio, “prevé la posibilidad de iniciarlo vía notaria, con patrocinio letrado, cuando no exista controversia entre los herederos.  A la menor controversia, se judicializa”, agregó.

Para Gilli, sacar estos procesos de la órbita judicial, como siempre estuvieron, más allá de que afecte las incumbencias profesionales de los abogados “sólo puede traer inseguridad jurídica puesto que en ambos casos son innumerables los conflictos que se pueden ir suscitando, lo que inexorablemente va a terminar con la intervención de algún juez”.

“Además, en el divorcio, por ejemplo, siempre es necesario el asesoramiento en materia de liquidación de bienes, de régimen de comunicación entre padres e hijos o en materia alimentaria y quienes estamos específicamente preparados para ese asesoramiento somos los abogados”, aseguró.

“Estos son proyectos que se reiteran de vez en cuando en el tiempo y hasta ahora han sido rechazados o abandonados por los inconvenientes que se plantearían en su funcionamiento práctico”, aclaró Gilli.

“Las entidades que nuclean a los abogados ya se han manifestado en contra de esto y los pasos a seguir se irán viendo con los restantes colegios y estas mismas entidades nacionales y provinciales, así como seguramente con los legisladores nacionales que representan a las provincias, que son quienes tienen la responsabilidad de aprobar o no en primer lugar la delegación legislativa amplia que plantea el Ejecutivo y, a partir de ahí, cada tema en particular puesto que es un proyecto amplísimo en las materias y por los sectores que atraviesa y afecta”, señaló Gilli.

Y reconoció “preocupación por la pretensión del Ejecutivo acerca de que se le deleguen facultades legislativas en casi todas las materias del Estado (económica, financiera, fiscal, social, previsional, seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social).  La amplitud que se le estaría dando al Ejecutivo para legislar en todas esas materias y por el lapso de dos años, susceptible de prorrogarse dos años más, en caso de aprobarse tal como está el proyecto, será una fuente constante de conflictos judiciales por cuestiones de constitucionalidad”, concluyó.