El obispo de San Francisco, monseñor Sergio Buenanueva, se refirió públicamente al caso que generó conmoción en nuestra ciudad: una mujer accedió a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Hospital Iturraspe cuando cursaba 32 semanas de gestación. La intervención se realizó en el marco de una investigación judicial por presunto abuso sexual.

A través de sus redes sociales y las de la diócesis, el prelado expresó su postura en línea con la Iglesia Católica. “Toda vida vale. El aborto de un niño de 32 semanas de vida y la violencia sexual contra la mujer que lo concibió ha conmovido a la comunidad de San Francisco. Que la conciencia rechace estas formas de injusticia es un síntoma alentador: la voz de Dios no puede ser callada”, escribió Buenanueva.

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En este contexto, destacó el rol de los profesionales de la salud que se niegan a realizar abortos por convicciones personales: “La objeción de conciencia de los profesionales de la salud, médicos y enfermeros, es un derecho fundamental que no puede ser desconocido”.

El caso está siendo investigado por la fiscal de Delitos Complejos, Silvana Quaglia. La mujer que solicitó la ILE mencionó a una persona como presunto autor del abuso; el acusado, según fuentes extraoficiales, niega los hechos y habría solicitado una prueba de ADN para descartar un vínculo biológico con el feto.

La Ley 27.610, que legalizó el aborto en Argentina en 2020, reconoce el derecho a la objeción de conciencia pero establece límites: solo puede invocarse en el acto directo de la práctica de interrupción del embarazo, y quien objeta debe informar y derivar a la paciente. Además, la ley prohíbe la objeción de conciencia institucional. Además, habilita la interrupción del embarazo después de las 14 semanas si hubo violación o hay riesgo para la salud integral de la persona gestante. Según la normativa, basta una declaración jurada ante el equipo médico para acceder a la práctica.

La Justicia de San Francisco investiga un presunto abuso sexual luego de que una mujer accediera a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Hospital Iturraspe, cuando cursaba 32 semanas de gestación. La causa, de reciente inicio, está a cargo de la fiscal de Delitos Complejos, Silvana Quaglia.

La mujer que solicitó la interrupción del embarazo mencionó a una persona como presunto autor de un abuso. Esta persona fue notificada por la fiscalía y ya se presentó con defensa legal. Según fuentes extraoficiales, el acusado niega los hechos y habría solicitado una prueba de ADN para descartar un vínculo biológico con el feto.

Desde la fiscalía evitaron brindar declaraciones. No obstante, aclararon que la Justicia no autoriza abortos, sino que estos se realizan en el marco de la Ley 27.610, que garantiza el derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. En tanto, en este caso, de confirmarse e abuso, la práctica médica se encuadraría dentro de las excepciones previstas por la ley: riesgo para la salud integral de la mujer o embarazo producto de una violación. La legislación permite su realización incluso más allá de las 14 semanas previstas inicialmente, si se cumplen estos requisitos.

La normativa contempla que basta con una declaración jurada de la persona gestante ante el equipo de salud para proceder, sin necesidad de denuncia penal. 

La vicepresidenta Victoria Villarruel consideró hoy que el ofrecer el "aborto" a una mujer "embarazada en dificultad" es abandonarse a la "mediocridad". Lo dijo en su exposición durante una actividad que llevaba el título de "Día del Niño por Nacer".

"Coincidimos en la necesidad de sacar a las mujeres argentinas de vulnerabilidad, pero consideramos que ofrecer el aborto como respuesta a una mujer embarazada en dificultad es abandonarnos a la mediocridad y el desaliento", reflexionó Villarruel.

Y continuó: "Es decirle desde el Estado que no puede traer vida al mundo y que un futuro mejor es inalcanzable: es un mensaje terrible. Por el contrario, el trato digno comienza con el respeto de la integrad física y el reconocimiento al derecho a la vida".

"La defensa de la vida y de la dignidad de la personas por nacer es una causa central en nuestro país y civilización", reflexionó Villarruel en un breve discurso de cierre que tuvo a otros exponentes con postura negativa a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Para la abogada, es importante que se reviertan "los procesos de desvalorización de la vida humana, la cultura de la muerte y el descarte". 

Según Villarruel, "el derecho a la vida y dignidad humana se protege desde la concepción hasta la muerte natural". 

"Con la tasa de natalidad más baja de la historia, se pone en evidencia un problema profundo que amenaza las posibilidades. La población es el recurso más valioso de una Nación y la necesidad de incremento de los nacimientos un desafío estratégico", agregó. 

En ese contexto, comparó la "tragedia de Bahía Blanca" -que, a su parecer, mostró "la esencia profundamente solidaria de nuestro pueblo"- con lo que denominó "cultura de la muerte". 

Y siguió: "Sin embargo, por otro lado, emerge también la llamada 'cultura de la muerte' que se manifiesta en la promoción de leyes que legalizan el aborto o en impulsar ideologías que contradicen la biología, generando una atmósfera de pesimismo y desaliento".

"Para la cultura de la muerte los hijos son una carga, y no lo que verdaderamente son: un gran signo de esperanza. Muchas veces, esta atmosfera cultural, y la falta de políticas consecuentes con la persona humana, han generado políticas públicas reduccionistas que promueven una cultura del descarte, alimentando un proceso de deshumanización", argumentó. 

Luego, habló de "políticas públicas": "Muchas madres en nuestro país, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, no encuentran el apoyo necesario para vivir sus embarazas con esperanza y alegría. Por eso, necesitamos políticas públicas globales que protejan a las madres y les garanticen a ellas y sus familias". 

La Suprema Corte de Justicia de México concedió este miércoles el recurso de amparo presentado por una organización no gubernamental para garantizar a todas las personas gestantes del país la posibilidad de interrumpir su embarazo sin ser criminalizadas."La Suprema Corte de Justicia de la Nación despenaliza el aborto a nivel federal. Gracias a un amparo ganado por Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), todas las mujeres y personas con capacidad de gestar podrán acceder a servicios de aborto en cualquier institución federal de salud", informó la organización en la red social X (exTwitter) ."Con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las instituciones federales de salud de todo el país tendrán que brindar el servicio de aborto a las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten", añadieron desde GIRE.

¡@SCJN despenaliza el aborto a nivel federal! Gracias a un amparo ganado por GIRE, todas las mujeres y personas con capacidad de gestar podrán acceder a servicios de aborto en IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución federal de salud 💚🌊 🔥 #SeptiembreVerde pic.twitter.com/QNQtXDpCQk

Desde un comunicado difundido por la ONG se explicó que con base en la sentencia sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila, que fue resuelto por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021, GIRE presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto.Según GIRE, la Corte analizó este amparo y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto ni el personal de salud o persona gestante "podrá ser criminalizado por ayudar a que alguien aborte o a quien lo haga".Además, el Congreso deberá "eliminar el delito de aborto" del Código Penal Federal y al haberse aprobado por unanimidad, "esta sentencia se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la Corte".Hasta este miércoles, el aborto estaba despenalizado en 12 de los 32 estados del país, consignó la agencia de noticias Sputnik.La primera ley de despenalización del aborto en el país fue aprobada por la Ciudad de México en 2007.