Un hombre de 42 años, identificado por las iniciales JDAM, permanecerá detenido sin plazos tras ser imputado por el abuso sexual de su hijo menor de edad y el ejercicio de violencia contra su pareja en la ciudad de Frontera. La resolución fue dictada en los tribunales de Rafaela por el juez Javier Bottero, quien avaló el pedido de la fiscal Brenda Baños, de la unidad GEFAS de la Fiscalía Regional 5.

Según la investigación, el imputado abusó sexualmente de manera reiterada de su hijo, quien se encuentra en edad escolar, aprovechando la convivencia en el domicilio familiar. Paralelamente, se le atribuyeron agresiones físicas y amenazas de muerte contra su pareja. La fiscal detalló que el sujeto golpeó a la mujer en el rostro con los puños y la intimidó con un arma blanca a mediados de este mes, enmarcando los sucesos en una dinámica de violencia de género prolongada.

El magistrado consideró que existen pruebas suficientes que acreditan, con grado de probabilidad, la autoría y materialidad de los hechos. Los fundamentos principales para dictar la prisión preventiva fueron: peligro de fuga: al ser de nacionalidad extranjera, existe una posibilidad latente de que intente trasladarse a su país de origen; riesgo procesal: Se busca garantizar la integridad de la declaración del niño en cámara Gesell, evitando que el imputado pueda interferir, amenazar u hostigar a las víctimas; gravedad de la pena: dada la calificación legal, se prevé una condena de cumplimiento efectivo en caso de juicio.

El imputado fue imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, lesiones leves calificadas y amenazas simples. El juez desestimó las medidas alternativas propuestas por la defensa, considerándolas insuficientes para asegurar el correcto desarrollo del proceso penal.

En horas de la noche, personal policial de la Departamental San Justo de Policía de Córdoba tomó intervención en un grave hecho ocurrido en la localidad de Sacanta, a partir de la denuncia de una mujer de 34 años de edad.

Según se informó en el parte de prensa, la mujer manifestó haber sido víctima de abuso sexual por parte de su padre, un hombre de 58 años, desde hace varios años. Además, indicó que el acusado le habría expresado intenciones de quitarse la vida.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía competente, que dispuso la detención del presunto padre abusador. El procedimiento se concretó en la localidad de Sacanta, donde además se procedió al secuestro de un teléfono celular marca Redmi Note 9, color azul.

El detenido fue trasladado a la alcaidía de Las Varillas, quedando a disposición de la Justicia, mientras continúan la investigación.

Un hombre fue condenado a la pena de 15 años de prisión por abusar sexualmente de dos nietas y la hija de su pareja en la ciudad santafesina de Esperanza.

Conforme a la información del Ministerio Público de la Acusación y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Pablo José Leguizamón cometió los delitos entre 2011 y 2020 en un domicilio situado en el barrio La Lona.

Los fiscales explicaron que el implicado de 38 años “le decía a una de las víctimas que si contaba lo sucedido nadie le creería y que también la retarían”, al tiempo que “la amenazaba” al afirmarle que si confesaba los hechos “su abuela se moriría”.

Los representantes del MPA solicitaron 20 años de condena durante la jornada celebrada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El abuelo fue sentenciado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante (por la guarda), corrupción de menores agravada por la guarda y abuso sexual simple.

El 19 de noviembre se estableció a nivel internacional como un día de reflexión y compromiso que busca visibilizar una realidad dolorosa que afecta cotidianamente a niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. En esta fecha, reforzamos la importancia de trabajar en prevención y concientización acerca de una forma de violencia que debe ser difundida y abordada en sintonía con la Convención sobre los Derechos del Niño.

El abuso sexual infantil comprende toda conducta que involucre una actividad sexual con niñas, niños o adolescentes que no pueden brindar un consentimiento libre, pleno o informado. Se produce dentro de una relación desigual de poder, implica manipulación, silencio impuesto y daño profundo, muchas veces invisible.

En términos legales, una persona de 13 años no puede dar nunca consentimiento válido para ningún tipo de contacto de índole sexual, porque se considera que no tiene la madurez ni desarrollo suficiente para tales fines, todas las acciones de connotación sexual realizadas a niñas y niños menores de 13 años son consideradas abusivas.

Cuando la víctima es mayor de13, deben darse algunas circunstancias para que haya delito, tales como la violencia, amenaza o la diferencia etaria, aquellas en las que la persona no haya podido consentir libremente la acción.

A partir de los 16 años, las relaciones consentidas no son delitos, solamente habrá delito si existe violencia o por cualquier circunstancia donde el adolescente no haya podido prestar su consentimiento libremente.

Las acciones abusivas no necesariamente implican contacto físico. Pueden ser comentarios sexualizados, exhibición de genitales, exhibición de material pornográfico, inducción a que la persona se desnude o masturbe. Pueden implicar contacto sexual sin penetración, pueden ser tocamientos en las partes íntimas, inducción a tocamientos al agresor.

Las estadísticas son alarmantes: 6 de cada 10 casos ocurren dentro del ámbito familiar, es decir, son cometidos por algún pariente del NNyA, y 4 de cada 10 víctimas conviven con su agresor.

En cuanto al género, el 86% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, y el 15% son varones, según datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Reconocer los indicios a tiempo es clave. Ningún signo aislado prueba un abuso, pero varios juntos deben encender la alarma. Los especialistas los agrupan en tres planos: conductuales, emocionales y físicos.

En lo conductual, pueden observarse evasión ante ciertas personas, miedos nuevos o regresiones, cambios bruscos de humor, conocimientos sexuales inapropiados para la edad o sobresaltos ante el contacto físico.

En lo emocional, tristeza persistente, ansiedad, culpa, vergüenza, frases o dibujos alusivos a secretos o sexualidad, caída del rendimiento escolar o dependencia extrema hacia adultos.

Y en lo físico, dolor al caminar o sentarse, ropa interior dañada o manchada, infecciones recurrentes sin causa médica, embarazos o enfermedades de transmisión sexual, o quejas difusas de dolor corporal.

Ante una posible situación de abuso, es fundamental escuchar sin presionar y contener sin interrogar. Se debe registrar lo que el niño o niña dice, con fecha y contexto, sin prometer secreto, explicándole que hay adultos que deben saberlo para protegerlo.

La escuela sigue siendo un espacio clave: fuera del entorno familiar, muchas veces es el lugar donde las infancias encuentran la confianza para hablar.

La denuncia debe realizarse de inmediato, puede hacerse en la Unidad Judicial o directamente en Fiscalía y debe realizarse sin perjuicio del tiempo transcurrido desde el hecho.

En este sentido, resultan fundamentales dos reformas legislativas:

Ley 27.206 (2015): modificó el artículo 67 del Código Penal, ampliando los plazos de prescripción en delitos sexuales contra menores. Antes de la reforma el delito comenzaba a prescribir a partir de cuando la víctima cumpliera la mayoría de edad, es decir, 18 años. Luego de la reforma, el plazo de prescripción se suspende hasta que la víctima realice la denuncia de los hechos. Por lo que se amplió el número de casos denunciados por víctimas que ya eran adultos.

Ley 27.455 (2018): modificó el artículo 72 del Código Penal, transformando el abuso sexual infantil en delito de acción pública. Esto significa que los fiscales pueden investigar de oficio, sin necesidad de que la víctima o su familia inicien la denuncia.

La prevención requiere acciones sostenidas y coordinadas entre familia, sociedad y Estado. En el seno de la familia, se construye el primer entorno de confianza, donde las infancias aprenden que su cuerpo les pertenece, que tienen derecho a decir “no”, y que nadie puede imponer silencio bajo la excusa del amor o del secreto familiar. En la sociedad, cada colegio, club u organización que trabaje con niñas, niños y adolescentes debe contar con protocolos claros, personal capacitado y una aplicación real de la Educación Sexual Integral (ESI), herramienta fundamental para prevenir, detectar y erradicar cualquier forma de abuso. En cuanto al Estado, no hay excusas posibles. Aunque el marco jurídico es claro, las respuestas muchas veces se limitan a charlas esporádicas, campañas de ocasión o capacitaciones superficiales. Se necesita formación sistemática, recursos reales, protocolos evaluables y seguimiento efectivo. Solo así las normas se transformarán en protección concreta.

Actualmente, solo 15 de las 24 jurisdicciones del país cuentan con protocolos o guías de intervención ante violencia sexual infantil, y muchos de ellos requieren actualización para alinearse con los avances jurídicos y las perspectivas actuales.

El abuso sexual infantil es un flagelo silencioso que puede afectar a cualquier niña, niño o adolescente de nuestro entorno. Lamentablemente, nadie está completamente a salvo de los riesgos que implica.

Desde nuestro lugar, y habiendo intervenido en diversas causas penales en las que NNyA han sido víctimas de abuso sexual, bregamos por un compromiso estatal y social más profundo, con el objeto de concientizar y en definitiva, lograr eficacia en materia preventiva, porque cuando nos enteramos de una situación de abuso sexual en contra de un NNA, que se encuentra tramitando en sede penal, siempre nos queda y nos quedará la amarga y angustiante sensación de que se llegó tarde, el Estado, los organismos, la sociedad toda en general, llegaron tarde.

Tarde porque la invasión y el avasallamiento a la integridad psicofísica del niño ya se habrá consumado, porque los daños psíquicos, morales, al proyecto de vida, también quedarán consolidados. Luego de la denuncia y mientras se encuentre en curso la investigación penal, comienza un largo camino de acompañamiento y reparación, trabajo interdisciplinario, que, por más comprometido que sea, no puede borrar del todo las secuelas, y los daños que generan estos lamentables hechos. Lo ha expresado el Comité de los Derechos del Niño: el maltrato infantil, en cualquiera de sus formas, deja efectos duraderos que atraviesan la niñez, la adolescencia y la vida adulta.

Por eso, como sociedad debemos ocuparnos, no solo reaccionar. Promover charlas, debates, espacios de formación y visibilización. Aprovechar la legislación vigente y fortalecer los organismos de niñez. Para un abordaje verdaderamente serio, es indispensable una capacitación integral e interdisciplinaria, continua y actualizada, que alcance a todos los actores que trabajan en el sistema de protección de derechos. Actualmente sólo existen cursos o talleres que no se sostienen en el tiempo, no se actualizan y no se destinan a todos los actores que trabajan a diario en temáticas de derechos de NNA.

Hay mucho por hacer, mucho por visibilizar. Esperamos que pronto la niñez y el sistema de protección integral, ocupen un lugar de privilegio en la agenda pública y política.

(*) Abogados (MP. 5-977 y MP. 5-702)

El Juzgado de Ejecución Penal de San Francisco ha acordado conceder la libertad condicional al preso Carlos Fuentes (75), condenado a 7 años de cárcel por abuso sexual al cumplirse tres cuartas partes de la pena.

El periodista y exdirector de Cultura de la municipalidad de San Francisco había sido condenado en julio de 2019 en el arco de un juicio que lo declaró autor de “abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una de sus hijas y abuso sexual simple en perjuicio de una amiga de su hija”. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó la sentencia. Por entonces, Fuentes cumplía prisión domiciliaria, sin embargo, en 2022 una decisión de la máxima instancia judicial de Córdoba lo devolvió a la cárcel. 

En las últimas horas, el exfuncionario municipal dejó el Establecimiento Penitenciario Nº 7 para cumplir la última etapa de la condena bajo el beneficio de la libertad condicional.  La noticia causó malestar en las víctimas y su entorno.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, las víctimas afirmaron: “Estamos muy enojadas pero de alguna forma ya la veíamos venir, nunca les va tan mal a estos monstruos. No vamos a volver atrás, nuestra prioridad hoy es protegernos y acompañarnos, no queremos dejar que este sujeto vuelva a ser el centro de nuestra vida”. Además, invitaron “a la movilización social; toda divulgación de esta nota o cualquier otra, de flyers con su cara, toda acción será bienvenida con el fin de que Fuentes no viva tan tranquilo. Queremos que la gente no olvide quién es y qué hizo”, instaron. 

“Fuentes es peligroso. Además de violador y pedófilo, es un golpeador, maltratador y manipulador, y está suelto”, sentenciaron.

Un hombre de 31 años, oriundo de San Francisco, fue imputado este domingo en los Tribunales de Rafaela por abuso sexual contra una niña menor de edad y por un hecho posterior de lesiones dolosas a su expareja, ocurrido en la ciudad de Frontera.

La audiencia imputativa estuvo a cargo del juez Javier Bottero. La acusación fue presentada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Flavia Burella, mientras que la defensa estuvo representada por el defensor público Adrián Roca.

Según indicó la fiscal, el primer hecho se habría registrado en 2021, cuando el imputado convivía con su entonces pareja y los hijos de ella. En ese contexto, y aprovechando la ausencia de la mujer por motivos laborales, el hombre habría abusado en reiteradas oportunidades de una niña de 9 años, hija de la mujer. La acusación sostiene que cometió tocamientos y conductas de índole sexual, configurando el delito de abuso sexual simple reiterado, agravado por la convivencia con la víctima menor de 13 años.

El segundo episodio ocurrió el 31 de agosto de 2023, luego de que se radicara la denuncia por los abusos. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el imputado habría embestido con su automóvil a su expareja cuando esta circulaba en moto junto al hijo menor de ambos. El impacto provocó lesiones en el niño, que sufrió una herida cortante en el rostro y golpes. Tras el hecho, el acusado se dio a la fuga.

La calificación legal incluye abuso sexual simple reiterado agravado, amenazas calificadas por el uso de arma y lesiones dolosas calificadas por el vínculo, todos en concurso real. Entre las pruebas incorporadas figuran testimonios, informes médicos y actas de intervención.

Durante la audiencia, el imputado se abstuvo de declarar. La madre de las víctimas expresó: “Lo único que pido es justicia por mis hijos”. En tanto, la audiencia de medida cautelar fue programada para este lunes.

Desde hace años, víctimas, organizaciones de derechos humanos y abogados veníamos esperando un pronunciamiento de la Corte Suprema que definiera con claridad el alcance de la prescripción en delitos de abuso sexual infantil. Este fallo era clave, no solo por el caso en sí, sino por su potencial impacto en cientos de causas similares en todo el país. Muchas víctimas que tardaron años en denunciar –por miedo, por vergüenza o por haber sido silenciadas– aguardaban una respuesta que hiciera posible el acceso a la justicia. La necesidad de que la Corte se expidiera en este punto era urgente, porque de ello dependía, en gran medida, el rumbo de numerosos procesos aún abiertos.

El 1 de julio de 2025 la Corte Suprema sobreseyó al ex-sacerdote Justo José Ilarraz. La razón fue puramente técnica: se consideró que el delito había prescripto –es decir, que había pasado demasiado tiempo para poder juzgarlo–, a pesar de que en 2018 la Justicia entrerriana lo había condenado a 25 años de prisión por abusar de siete seminaristas de entre 12 y 15 años.

Para quienes hemos acompañado a víctimas de violencia sexual, la noticia fue un mazazo. No porque las pruebas hayan cambiado –todos los testimonios siguen siendo igual de claros– sino porque el paso del tiempo volvió a jugar en contra de quienes más tardan en denunciar: niñas, niños y adolescentes que cargan con el miedo, la vergüenza y la soledad hasta que, muchos años después, se animan a hablar.

Recordemos que hasta el año 2011, la prescripción de estos aberrantes delitos, se regía por las reglas generales de la prescripción en materia penal, por tal motivo los abusos sexuales más graves, prescribían a los 12 años a contar desde que se cometió el hecho. En el año 2011 se sanciona la Ley 26.705 (conocida como “Ley Piazza”), que estableció que el plazo de prescripción comenzaba a correr desde la medianoche del día en que la víctima cumpliera los 18 años, y no desde la fecha del delito. Mientras que la última modificación, data del año 2015, a través de la Ley 27.206, que dispuso una mejora en el sistema, regulando que la prescripción de los delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores de edad comienza a correr desde que la víctima, ya siendo mayor de edad, formula la denuncia, o ratifica una denuncia realizada durante su minoría de edad. Esto, se aclara, tiene incidencia para los delitos cometidos desde el año 2015 en adelante. 

Ilarraz fue sobreseído debido a que la Corte Suprema ratificó, entre otras cosas, el principio de irretroactividad de la ley penal, por tal motivo, se aplicó el plazo de prescripción de 12 años, que terminó beneficiando al ex sacerdote. 

Una fuerte tensión entre el imperativo de justicia para las víctimas y la rígida aplicación de garantías penales y una pregunta abierta: ¿puede haber justicia tardía en delitos contra niños sin flexibilizar la prescripción?

El caso Ilarraz muestra los límites de nuestro sistema penal para reparar graves abusos  cometidos décadas atrás. La Corte actuó conforme a la ley. Pero la ley, ¿alcanza para proteger a las víctimas? Evidentemente en este caso, no. 

Cuando un chico sufre un abuso, no sólo se vulnera su cuerpo: se le roba la confianza en las personas adultas, en las instituciones y, muchas veces, en sí mismo.Quien está herido aprende a callarse para sobrevivir; no confía en que le crean y teme romper la familia, la parroquia o la escuela que le dan identidad. Por eso la mayoría recién rompe el silencio cuando ya es grande y puede mirarse, por fin, con algo menos de culpa y de miedo.

¿Y qué encuentra entonces? Con frecuencia, un Código Penal que le dice: “Llegaste tarde”. El caso Ilarraz es el ejemplo más descarnado de esa respuesta.

Desde abril se discute en la Cámara de Diputados un proyecto de ley, que declara imprescriptibles todos los delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores de 18 años. El proyecto no borra el dolor vivido, pero envía un mensaje claro: “El reloj judicial no puede beneficiar al agresor cuando la víctima fue un niño o una niña”.

De aprobarse, ninguna víctima  tendrá que mirar la fecha del abuso para saber si todavía puede exigir justicia. Bastará con animarse a contar la verdad.

¿Por qué la imprescriptibilidad es justa?: respeta los tiempos de la víctima, así cada persona procesa el trauma a su ritmo. La ley debe adaptarse a esa realidad y no al revés. Refuerza la prevención: un delito que nunca prescribe desalienta a potenciales abusadores, saben que la condena puede llegar aún 30 años después. Da coherencia al sistema evitando fallos tan contradictorios como Ilarraz, donde las pruebas sobran pero la puerta del tribunal se cierra por la fecha. Cumple compromisos internacionales: la Convención sobre los Derechos del Niño exige proteger de forma especial a quienes aún no pueden protegerse solos.

Dos grandes paraguas normativos: a) Convención sobre los Derechos del Niño (CDN): ratificada por Argentina en 1990 y con jerarquía constitucional, la CDN dice, sin vueltas, que el interés superior del niño está por encima de todo. Obliga al Estado a protegerlos de todo abuso y a garantizar su acceso a la justicia; b) Ley 26.061 de Protección Integral: desde 2005 esta ley baja a la vida cotidiana el mandato de la CDN. Reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y ordena a los poderes públicos brindarles acompañamiento, asistencia psicológica, patrocinio jurídico y un proceso judicial sin dilaciones.

Cuando la Corte cierra una causa por prescripción, incumple el espíritu –y la letra– de ambos instrumentos: deja desarmadas a las víctimas y refuerza la cultura del silencio.

Detrás de cada expediente hay un rostro y una historia, algunos nombres nos llegan en los diarios; la mayoría, no. Para ellos, que la Corte haya dicho “es tarde” significa mucho más que un fallo adverso: significa volver a ser ese chico al que nadie defendió.Para ellos, que el Congreso apruebe la imprescriptibilidad significará, en cambio, un paso firme hacia la justicia. Porque los delitos que quiebran la infancia no deberían quedar nunca atrapados en el calendario.

Como abogados focalizados en la atención de delitos contra la integridad sexual, sabemos que frente a estas situaciones muchas personas tienen dudas legítimas: ¿el hecho está prescripto?, ¿conviene denunciar?, ¿cómo se puede intervenir sin revictimizar? 

Ante estos interrogantes, es fundamental no quedarse en el silencio ni en la incertidumbre. Invitamos a la sociedad a consultar con profesionales especializados en la temática, que puedan brindar información precisa, acompañamiento jurídico adecuado y un abordaje integral del caso.

(*) M.P. 5-977 y M.P. 5-702

Un hombre de 30 años fue arrestado ayer martes en la esquina de Independencia y España, en barrio Roca de San Francisco, acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 12 años. La detención fue llevada a cabo por personal de la División Investigaciones de la Departmental San Justo de Policía de Córdoba, tras confirmarse que existía una orden de detención vigente, emitida por la fiscal Silvana Quaglia.

La medida judicial estaría vinculada a una denuncia realizada por la madre de la supuesta víctima. El hecho se conoció el pasado lunes 16 de junio, cuando efectivos de la Patrulla Motorizada fueron comisionados por el 911 a un domicilio de la ciudad, donde una mujer de 29 años informó que su hija habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, lo que motivó la intervención inmediata del área de Delitos Complejos. Luego de realizar las consultas correspondientes con la Fiscalía de turno, se libró la orden de detención contra el sospechoso. 

El hombre quedó a disposición de la Justicia y continúa la investigación judicial en curso para determinar responsabilidades.

Un fuerte operativo policial se llevó a cabo en la localidad de Devoto el viernes 16 de mayo, cuando personal de la División Investigaciones realizó un allanamiento en un domicilio de calle Avellaneda. La intervención fue ordenada por la Justicia y tuvo como resultado la detención de dos personas acusadas de delitos de extrema gravedad.

Se trata de un hombre de 37 años y una mujer de 32, quienes fueron detenidos e imputados en el marco de una causa por Abuso Sexual con Acceso Carnal Calificado y Promoción a la Corrupción de Menores Agravada en Concurso Ideal Reiterado, en perjuicio de una menor de tan solo 12 años.

Durante el procedimiento, que tuvo lugar a las 19 de la fecha mencionada anteriormente, los efectivos policiales también incautaron varios elementos considerados relevantes para la causa, cuyo contenido no fue detallado por el momento.

La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía de Turno, que ahora analiza las pruebas recolectadas para avanzar en el proceso judicial contra los acusados.

La Cámara en lo Criminal y Correccional 2° Nominación de la ciudad de Córdoba condenó a cuatro años de prisión a un hombre de 81 años, que tenía en su computadora de escritorio material de abuso y explotación sexual infantil. 

El acusado lo había descargado a través de un programa de intercambio de archivos, peer to peer (P2P), denominado eMule.

La camarista Inés Lucero explicó que este tipo de programas permiten que los archivos descargados por un usuario queden a disposición de otros integrantes de la red, hasta tanto sean retirados de la carpeta creada a tal efecto, que suele aparecer titulada como “Incoming” (un término en inglés que significa “entrante”). Este mecanismo posibilita que todos los usuarios conectados retroalimenten la red con el material que hayan descargado en sus computadoras personales.

La magistrada declaró a Sergio Abelardo Margara autor de facilitación de material de abuso y explotación sexual infantil agravado por la presencia de representaciones de menores de trece años de edad; y tenencia de representaciones de abuso y explotación sexual infantil con fines inequívocos de distribución agravada por ser la víctima menor de trece años de edad.

Durante el juicio, la defensa cuestionó la existencia del dolo exigible para la figura de la facilitación de material de abuso y explotación sexual infantil. Entre otros argumentos, sostuvo que el acusado ignoraba que mientras descargaba imágenes para su exclusivo consumo también contribuía a su difusión.

Sin embargo, la vocal Lucero puntualizó que dicha afirmación no se compadecía con la prueba incorporada. En primer lugar, recordó que, pese a su edad (79 años al momento de los hechos), el acusado residía solo en su domicilio, poseía plena autonomía y lucidez y, además, tenía un título en ingeniería. 

También refirió que el acusado no era un neófito en el campo informático; puesto que, entre otras cosas, había instalado en su computadora de escritorio dos programas peer to peer (P2P): eMule y Ares.

Recordó que una red P2P es esencialmente un programa de intercambio de archivos en el que se comparten todo tipo de documentos y que permite tanto el almacenamiento como la descarga directa desde el ordenador de uno o más usuarios de manera descentralizada, ya que cada equipo conectado a su red desempeña tanto funciones de servidor como cliente.

Asimismo, subrayó que Margara tenía instalados en una de sus computadoras más de cincuenta programas y que al menos cuatro de ellos eran de difícil manejo.

La sentencia señala, además, que eMule no es un programa "novedoso2; sino que circula hace varios años y que, actualmente, no se utiliza para descargar música, películas u otros materiales lícitos.

La camarista Lucero concluyó que el acusado claramente instaló, junto a otros cincuenta programas, uno que le proporcionaba lo que estaba buscando y que consiste en material prohibido. Para ello, utilizó un programa peer to peer cuya esencia es “compartir archivos con los demás integrantes de esa red".

"Sería irrisorio pensar que (…) Margara pretenda instalar la idea de que desconocía cómo funcionaba este programa. Pues no buscaba ''recetas de cocina'', indagaba nada más y nada menos que material de abuso sexual infantil, tal como surge de sus búsquedas específicas", añadió la magistrada.

Asimismo, refirió que el imputado efectuó indagaciones específicas de material que contuviera a menores en actividades sexuales. "Es decir que utilizó términos que resultan sumamente ilustrativos que se manejaba en un ámbito que conocía y que era prohibido", enfatizó.

Dado que el acusado continuará en libertad hasta que quede firme la condena a cuatro años de prisión (tal como lo solicitó el Ministerio Público Fiscal), el tribunal le prohibió, entre otras cosas, mantener contacto con personas menores de edad en forma personal o por cualquier otra vía (por ejemplo, telemática). También le ordenó realizar un tratamiento psicológico orientado a la esfera psicosexual y dispuso el decomisó de su computadora de escritorio.

Cuando la sentencia quede firme se comunicará al Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual y al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Germán Kiczka, exdiputado del partido Activar, fue condenado a 14 años de prisión por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil. Su hermano Sebastián recibió una pena de 12 años.

Tras tres horas de deliberación, los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (en carácter de subrogante) declararon culpables a los hermanos este miércoles por la noche.

Ambos fueron retirados esposados del Tribunal Penal N°1 de Posadas y serán trasladados a una unidad penitenciaria de la provincia.

El caso es considerado un precedente significativo en el ámbito judicial misionero.

El fiscal Martín Rau se expresó tras conocerse la sentencia y, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, afirmó: “Vinimos con una razón, que es tratar de hacer justicia, y creemos haberla conseguido”. Luego de una jornada que se extendió desde las 9.30 hasta las 22, sostuvo que están “conformes” con el fallo del tribunal.

El Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y Familia de Tercera Nominación de San Francisco, a cargo de Carlos Viramonte, resolvió días atrás imputar civilmente a un menor de 13 años que en el año 2020 abusó sexualmente de dos niñas de 3 y 6 años, respectivamente. 

A partir de ese fallo, los padres del adolescente deberán indemnizar a las víctimas y a su madre con una cifra que luego de las actualizaciones, asciende a los $ 65.120.285.

Si bien el agresor no pudo ser imputado penalmente ya que cuando cometió el hecho tenía 13 años, Viramonte justificó que la ley civil establece la imputabilidad a partir de los 10 años de edad (arts. 260, 261, 1749 y concordantes del CCC) y con el agravante de que la conducta del agresor fue ilícita y dolosa, ya que “cometió intencionalmente el hecho con el ánimo de menoscabar la integridad sexual de las víctimas”, según consigna el medio UP, que tuvo acceso al fallo judicial. 

Además el juez consideró que la madre de las niñas tiene legitimación activa para reclamar, por derecho propio, una indemnización del daño moral, toda vez que el hecho produjo una gran discapacidad en las niñas, en los términos del art. 1741 del Código Civil y Comercial.

La fiscal de Morteros, Yamila Di Tocco, dictó la prisión preventiva de los imputados por el atroz crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años cuya muerte conmocionó a Birnkmann y al país. Ezequiel Matías Simeone (padrastro de la niña), Cristian Hernán Varela (amigo del padrastro) y Rocío Milagros Rauch (madre de la niña) están por homicidio. La autopsia reveló que Aralí ya estaba muerta al momento del incendio; que presentaba un traumatismo en la zona craneal y que había sido víctima de abuso sexual.  

Las imputaciones de los detenidos:

Todos permanecen detenidos en el Complejo Carcelario Padre Lucchese (la cárcel de Bouwer) en Córdoba. Fueron indagados y negaron los hechos que se les imputa. 

El pasado 2 de noviembre se descubrió que lo que parecía un trágico incendio fue, en realidad, un intento de ocultar un crimen.

Según la investigación, el asesinato de Aralí ocurrió entre la 1 y las 6 de la mañana del sábado 2 de noviembre en la vivienda donde la niña se encontraba con sus hermanos. Cámaras de seguridad de la zona habrían captado a dos hombres, Simeone y Varela, entrando y saliendo de la casa en los horarios previos al incendio. Testigos afirman haber visto a los sospechosos en las inmediaciones durante esa madrugada.

La madre de Aralí había viajado a Morteros el día anterior y no regresó a la casa, lo que dejó a la niña al cuidado de sus hermanos.

A primeras horas de la tarde, la casa comenzó a incendiarse, y vecinos alertaron a los bomberos voluntarios. Al llegar al lugar y sofocar las llamas, los bomberos encontraron el cadáver de Aralí, quien estaba sola en el hogar. En un principio, se pensó que el incendio había sido la causa de su muerte. Sin embargo, el análisis de los peritos de la Dirección Bomberos de la Policía reveló que el fuego había sido provocado de manera intencional en una de las habitaciones.

Lo que pareció un accidente se transformó en una escalofriante revelación cuando los forenses informaron que Aralí no presentaba monóxido de carbono en su organismo, lo que indica que la niña fue asesinada antes de que se iniciara el incendio. Esta información confirmó que el fuego fue utilizado con el fin de ocultar el crimen.

Aralí Vivas padeció situaciones de violencia, abuso y maltrato sin límite hasta el día de su fallecimiento. Si bien los detalles de la investigación los mantiene bajo reserva, el médico Mario Vignolo, una de las voces expertas más reconocidas en nuestro país sobre abuso sexual infantil, y quien realizó la autopsia de la menor, calificó el caso como "uno de los más aberrantes" que ha visto en su carrera. En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, Vignolo reflexiona sobre la situación de la violencia en las infancias, los retrocesos en la prevención y la necesidad urgente de una educación sexual “con otro enfoque”. También derriba algunos mitos en cuanto al perfil de los agresores, que en su mayoría son varones adultos que están en el entorno de la víctima.

El 19 de noviembre se conmemorará el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, una fecha clave para visibilizar una problemática que, aunque ha dejado de ser un tema tabú, sigue siendo una de las mayores sombras que afectan a la sociedad. Según Vignolo, a pesar de los avances en las denuncias, los abusos sexuales infantiles continúan siendo una tragedia cotidiana.

“Hace 35 años que investigo abusos sexuales, porque fue un tema que me asustó y me apasionó desde que me recibí de legista y médico. En los años 90, cuando daba charlas sobre este tema en Ecuador y México, decía que salían dos o tres noticias por año. Hoy, todos los días hay noticias de estos casos, no porque no ocurrían antes, sino porque no se sabían. Hoy, por un lado, en buena hora se denuncian más, pero por otro, ocurren más también”, explicó Vignolo.

Subraya que, a pesar de la creciente visibilidad del problema, sigue existiendo una naturalización de estos delitos, lo que constituye uno de los mayores obstáculos para combatirlos. “Cuando alguien incorpora a la cultura algo tan aberrante como algo normal, el riesgo es que opacamos la gravedad del caso, y una vez que está naturalizado, es muy difícil combatirlo”, reflexionó.

“La educación sexual bien implementada es la mejor forma de prevenir abusos”.

Vignolo también se refirió a los factores sociales que agravan este flagelo, como la adicción a las drogas y el alcohol, las desavenencias familiares y la malversación de la educación sexual infantil. En relación con la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), fue crítico. “La ley significó un giro de 180 grados. Yo estaba muy contento, pero ¿qué pasó? La reglamentaron, pero nunca se hizo nada. Córdoba demoró dos años en ponerla en marcha, y el único esfuerzo que se hizo fue invitarnos a los profesionales a dar charlas para directores de escuelas, pero fue algo aislado”, indicó.

A pesar de la legislación, Vignolo argumentó que la educación sexual en las escuelas ha fallado en ofrecer una herramienta real para la prevención de abusos. Para él, la educación sexual bien implementada debe “enseñar a los niños que sus zonas genitales son propias, que nadie debe tocarlas, y que en caso de abuso deben salir corriendo a contar lo sucedido”.  

“No desperdiciemos el aula para enseñar, porque lo que no se enseña bien en el aula, se aprende mal en el recreo", instó. 

“El problema más grave es que este delito cuenta con la complicidad del silencio de la víctima. La mayoría de los casos ocurren dentro del ámbito familiar, y la víctima no habla porque tiene miedo o porque está amenazada. El 90% de los casos son perpetrados por alguien del entorno cercano. Esos niños muchas veces denuncian después de varios años, cuando perdieron el miedo”, afirmó el ex director del Hospital Iturraspe. 

“He dado charlas en escuelas, en comunidades, y a los dos o tres días aparecía una mujer y me decía: ‘doctor, a mí me pasó y nunca me animé a decirlo”, recordó. 

En su opinión, una educación sexual adecuada en las escuelas contribuiría a que muchos niños y niñas reconozcan que están siendo abusados y que se desarrollan en contextos donde la sexualidad se aprende de manera distorsionada y precoz. “No debemos ser hipócritas, esto ocurre incluso en niveles socioeconómicos altos, pero es mucho más frecuente en contextos de vulnerabilidad, donde no hay educación para defenderse. La mejor herramienta para prevenir el abuso sexual es enseñarles a los niños qué es normal y qué es anormal”, dijo.

El diagnóstico de Vignolo es claro: la educación sexual integral, tal como se propone en la ley, es esencial para prevenir abusos, pero debe ser implementada correctamente, sin enfoques trasgresores ni provocativos. “Está mal el enfoque que se le da a la ESI desde una mirada trasgresora y provocativa. Eso no es progreso, eso es perverso”, aseguró.

“Después, cuando sean más grandes, a los adolescentes se les explicará la posibilidad de embarazo o sobre enfermedades de trasmisión sexual que pueden ser irreversibles, eso es la educación sexual, y no ir a repartir preservativos a la plaza o enseñar una sola campana, incluso desvirtuando la sexualidad. Eso no es progreso, eso es perversión estatal; enseñarle a los niños cosas para lo que no están preparados ni maduros - agregó Vignolo-. Los niños nacen con un sexo y después pueden tener una orientación sexual que debe ser respetada, pero no se puede dirigir ni condicionar ni prohibir expresar la orientación sexual, o decir: ‘vos no tenés sexualidad hasta que no lo decidas de grande’, ¡es una locura!, es muy grave”. 

“Antes nos aterrorizábamos, hoy ya casi que se ha naturalizado, y ese es el problema. Cuando alguien incorpora a la cultura algo que es aberrante como natural o como común, corre el peligro de opacar la gravedad del caso, y una vez que está naturalizado, es muy difícil combatirlo”, agregó. 

El abuso en la familia: un círculo de horror

Uno de los puntos que Vignolo destacó con mayor énfasis es la relación de poder desigual que se establece entre el agresor adulto y la víctima infantil. El experto insistió en que la mayoría de los abusos sexuales ocurren dentro del ámbito familiar y señaló que los abusadores suelen ser personas con “una baja capacidad de asumir frustraciones y con una gran habilidad para manipular a las víctimas. Son personas seductoras, con una gran capacidad de generar culpa, pero no tienen empatía, no sienten el dolor ajeno", explicó.

La familia es, muchas veces, un espacio donde el abuso se oculta bajo una capa de silencio y complicidad. Vignolo ratificó que muchas veces las víctimas temen hablar por miedo a las represalias o por la protección del agresor. “He visto casos en los que la madre no cree en el relato de la hija, o no lo cree porque el agresor es el sostén del hogar. También tuvimos casos aberrantes en los que las madres participaban de los abusos sexuales”, comentó.

Respecto a los agresores, Vignolo desmitificó algunas creencias comunes. A menudo se cree que los padrastros son los agresores más frecuentes, pero las estadísticas muestran que, aunque en menor proporción, son los padres quienes cometen la mayor parte de los abusos. Además, refutó el mito de que todos los abusadores reinciden. “Según informes oficiales, el 37% de los abusadores que cumplen condena reinciden. No todos los abusadores son necesariamente reincidentes, aunque el peligro siempre está latente”, indicó.

Para Vignolo, uno de los mayores problemas es la falta de prevención. “Los casos de abuso siguen ocurriendo y aumentando, pero no es culpa de la justicia. La condena es importante, por supuesto, pero la solución está en la prevención”, aseveró. En este sentido, destacó la importancia de que los docentes estén alertas ante cambios de conducta, autoagresiones o aislamiento en los niños, ya que son señales claras de que algo no está bien. “A los maestros hay que enseñarles que no denunciarán a las personas, sino los hechos, y que pueden hacerlo en anonimato”, acotó.

El entrevistado además habló sobre el sistema judicial y la importancia de las herramientas legales en la lucha contra los abusos sexuales. “La justicia en Córdoba es una de las mejores del país, me atrevo a arriesgar que la mejor. Aquí, un abusador no sale de la cárcel a los tres años, como ocurre en otras provincias”, enfatizó. Sin embargo, también reconoció que “hay falencias en los mecanismos intermedios, que son los que tienen que ver, y a veces, están contaminados por la política”.

Además, defendió la Cámara Gesell como medio de prueba que “evita la re-victimización del menor de ir a declarar frente al agresor. Muchas veces las lesiones físicas no son tan contundentes, sobre todo en niños más pequeños. He visto chicos de menos de un año abusados, no son muchos”

“Generalmente, cuando se descubre el abuso, el niño lleva años de ser abusado –siguió Vignolo-. Si se descubre la primera vez, es porque hubo lesiones gravísimas, pero muchas veces el abuso sexual es progresivo y no se detecta hasta que pasó mucho tiempo. Entonces, el examen físico no alcanza. Así como también existen falsas denuncias. Es uno de los delitos más difíciles de comprobar y de investigar”.

“En mis más de 30 años de carrera, mínimo habré visto unos tres mil casos y el de Aralí Vivas es uno de lo más aberrante que vi. Hay una gran investigación en curso para saber qué ocurrió, pero si en la autopsia no descubríamos que la niña estaba quemada post mortem, podría haber quedado como un accidente. Es un caso complejo, y llegar a la verdad es una herramienta para salvar al resto de los hermanitos”, sostuvo Vignolo.

“Vi casos aberrantes, muchísimos. Pero con esta atrocidad, la perversidad de haber ocultado, de ocasionar un incendio, muy pocos”, añadió sobre el crimen que sacude a Brinkmann y a toda Córdoba y lo comparan con el caso Lucio Dupuy. Vignolo sostiene que el caso Aralí y la violencia en las infancias es un llamado de atención a la sociedad para romper el silencio y generar conciencia sobre el abuso sexual infantil. La educación, la prevención y la justicia son los pilares fundamentales en esta lucha. Como bien lo expresó, "la mejor forma de prevenir el abuso sexual es enseñar a los niños qué es normal y qué no lo es, y fomentar una cultura de denuncia que permita salvar a las futuras generaciones".

El diputado Germán Kiczka, capturado en Corrientes en la causa en la que se lo acusa de pedofilia, fue trasladado hacia Misiones donde quedó alojado en una comisaría de la ciudad de Apóstoles. Con máxima custodia, manifestó que se trata de la “foto que querían” y hasta pidió “basta de persecución política”.

Se trató de un fuerte operativo en el que los efectivos llevaban chalecos antibalas y hasta tenían escudos para evitar cualquier incidente. Además, el diputado fue escoltado por un grupo de agentes y motos hasta la Comisaría.

El traslado desde la ciudad correntina de Loreto hasta Apóstoles, en los que hay un tramo de 190 kilómetros, ocurrió en la madrugada de este jueves luego de que el miércoles por la noche haya sido detenido tras la denuncia de una vecina.

De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, el camino utilizado para regresar a Misiones fue la ruta 12 a Posadas. Al llegar al límite entre ambas provincias, el acusado fue custodiado y derivado a la otra fuerza de seguridad, la cual quedó a cargo de su llegada hasta la Comisaría.

Mientras avanza la investigación contra Germán Kiczka, su hermano Sebastián continúa prófugo y se cree que era la persona que, cuando la Policía llegó al camping, se escapó en una camioneta.

“El diputado no se resistió ni intentó escapar. Por lo que se pudo averiguar estuvo un par de días en el lugar, se encontraba solo y, por el momento permanecerá detenido en esta comisaría”, informó el Comisario López, jefe de la Policía de Misiones.

Un profesor de educación física está siendo investigado por la fiscalía de Delitos Complejos de San Francisco, tras recibir dos denuncias por presunto abuso sexual simple ocurridos en un gimnasio de la ciudad. 

Según fuentes cercanas a la investigación, las denunciantes son una menor de edad y una joven de 18 años. Ambas han indicado que los hechos involucraron "tocamientos".

De acuerdo a lo que pudo conocer este diario, la adolescente declaró en Cámara Gesell, mientras que la joven mayor de edad presentó su testimonio en calidad de adulta. El profesor señalado ha contratado un abogado defensor para seguir el desarrollo del proceso. Por el momento, no enfrenta cargos formales, pero en caso de ser imputado, se le tomará declaración indagatoria.

La Cámara del Crimen de Bell Ville condenó a 16 años de prisión efectiva a un líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de esta localidad, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de Abuso Sexual con acceso carnal calificado por la condición de guardador y ministro de culto, en perjuicio de dos personas menores de edad, y Tenencia ilegal de arma de uso civil.

Los hechos investigados ocurrieron en 2017 y el líder religioso fue detenido en 2022.

La Cámara estuvo constituida de forma unipersonal por el vocal Roberto Couretot, con la participación en el juicio de la fiscal de Cámara, Andrea Heredia Hidalgo.

Asimismo, según reveló el Ministerio Público Fiscal (MPF), se dispuso remitir los antecedentes a la Fiscalía de Instrucción de la sede Bell Ville, que por turno corresponda, por la posible comisión de delitos contra la integridad sexual de las presuntas hijas adoptivas del matrimonio del condenado (lo que implicaría una nueva causa con otras supuestas víctimas) y remitir antecedentes a la Dirección Nacional del Registro Nacional de Cultos ante la posible violación, por parte de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de normas de orden público, y las evidentes malas prácticas de dicho culto, frente a delitos contra la integridad sexual cometidos en el ejercicio de sus actividades religiosas.

También se recomendó a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días implementar medidas de prevención y respuesta frente a denuncias de abusos sexuales cometidos en el ejercicio de sus actividades religiosas, tales como: establecimiento de protocolos claros y específicos de acción frente a este tipo de denuncias, establecer una política estricta de cero tolerancia frente a abusos sexuales, asegurar mecanismos de supervisión y control para prevenir situaciones de abuso en su institución, desarrollar programas de formación y sensibilización sobre el abuso sexual infantil para todos sus miembros, establecer sistemas de apoyo y asistencia para las víctimas de abuso sexual, entre otras.

Asimismo, no se hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria y se ordenó decomisar las armas: pistola marca Bersa, calibre 22 corto, y un revolver calibre 22 corto, marca Italo Gra.

El caso de abusos sexuales en un barrio privado de nuestra ciudad tuvo un nuevo capítulo este martes ya que el imputado fue hallado responsable en un segundo juicio, aunque esto no le significó un agravamiento de su pena. 

E. B., que hoy tiene 24 años, había sido declarado culpable en un primer juicio por abusar sexualmente de dos hermanos, sus primos. A raíz de ello el tribunal lo condenó a 7 años de prisión por los hechos que se produjeron cuando el acusado ya era mayor de edad, aunque los abusos comenzaron siendo tanto él como las víctimas menores.

En tanto, este martes se realizó una audiencia por otros hechos que tuvieron a una joven –vecina del barrio privado- como víctima. En este caso estaba imputado por un hecho de “abuso sexual simple” y otro de “abuso sexual gravemente ultrajante”.

El imputado reconoció su culpabilidad y fue declarado culpable, pero como estos hechos fueron cometidos en su totalidad siendo menor de edad, no hay una condena adicional de cárcel.

“Reconoció su culpabilidad en los hechos, pero en ningún momento mostró arrepentimiento. Ni él ni su familia pidieron disculpas a sus víctimas y a sus familiares”, expresó a LA VOZ DE SAN JUSTO, Juan Alberione, representante de la familia de los hermanos.

La condena de 7 años “suena a poco”, reconoce Alberione, quien acota que “quizás el perfil social de clase media-alta lo benefició al acusado. Seguramente si se tratara de otro perfil social el imputado hubiera recibido, 12, 13 o más años de condena, pero son cosas con las que hay que lidiar”.

E. B. había sido detenido en noviembre de 2021 y desde ese entonces se encuentra alojado en la cárcel de nuestra ciudad. “Debido a esto en julio de 2026 podría recibir el beneficio de la libertad condicional”, explicó Alberione, quien considera que dado que se comprobaron hechos contra tres víctimas, se trata de un caso de abusador serial. 

“No me entra en la cabeza cómo le puede haber pasado algo así a mi hijo y no quiero que a otro niño le pase lo mismo”, dijo el padre del menor de 7 años que el pasado jueves 20 de junio fue víctima de secuestro e intento de abuso sexual en barrio Iturraspe. Por el caso, hay un hombre de 44 años detenido, que reside en el mismo barrio. 

“No le deseo esto a ningún padre, es un dolor inexplicable. Lo único que quiero es Jjusticia por mi hijo, quiero una condena ejemplar. No quiero que le pase más a nadie”, manifestó en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO. 

Si bien con la madre de su hijo están separados y ya no es vecino del barrio, el padre aseguró que conoce al imputado desde antes. “Nunca supe que él vivía ahí pero lo conozco porque iba a un instituto de educación especial con un pariente mío. Tengo cuatro hijos, tres mujeres y él es mi único hijo varón. Siempre le dije que nadie podía tocarlo. Nunca me imaginé que a él le pasaría algo así”. 

Por su parte, Ada Lucantis, abogada que representa a la víctima, destacó la relevancia para la causa de que esta persona esté detenida luego de haber estado internado en una clínica de psiquiatría de la ciudad bajo custodia policial y posteriormente trasladado a la cárcel local. “Da tranquilidad saber que este sujeto no esté en libertad”, afirmó a este diario.

Sin embargo, la letrada aseguró que, si bien el hombre cuenta con una "declaración de incapacidad", según el relato del menor y las pruebas aportadas, se infiere que hubo una intención del imputado de cometer graves delitos.

Según se pudo conocer, es un hombre con capacidades mentales limitadas. No obstante, la Justicia determinó que "comprende la criminalidad de sus actos", es decir, es imputable. 

Lucantis indicó que según el relato del menor y las pruebas aportadas, "se infiere de que hubo una intención del sujeto de cometer varios delitos, todos graves”.

“La conciencia comienza desde el abordaje del menor. El recorrido que hace el sujeto con el niño es más largo de lo que podría hacer, y eso deja a las claras que fue algo planeado”, sostuvo la abogada.

La Fiscalía encargada del caso podría indagar al acusado esta semana, mientras tanto, está revisando sus antecedentes debido a posibles implicaciones en casos similares ocurridos en años anteriores. De hecho, Lucantis sostiene que "hubo negligencia por parte de sus cuidadores" y mencionó que el imputado “tiene una causa penal previa por abuso sexual en la que fue sobreseído”. 

 El hecho sucedió el jueves 20 de junio pasado por la tarde cuando "el niño estaba jugando en la vereda frente a la puerta del garaje de su casa mientras su mamá lo vigilaba de cerca y amamantaba a su hermanito de 2 años”, narró la abogada. 

Cuando la madre advirtió la ausencia del chico, pensando que estaba jugando con otros niños  y creía escuchar su voz, él apareció y le dijo que “lo habían robado”. 

Inmediatamente, la mujer llamó al padre y a la Policía. Luego una ambulancia lo trasladó al Hospital “J. B. Iturraspe” para la revisión médica correspondiente. 

Las cámaras de seguridad de la vía pública en ese sector ayudaron a identificar a había secuestrado al niño y llevado a una casa abandonada donde habría intentado abusar sexualmente de él, aunque el menor logró escapar. 

“El pequeño relató el hecho con detalles, demostrando así que siempre estuvo en peligro su integridad física”, expresó Lucantis. 

La abogada destacó la importancia de denunciar los delitos contra la integridad sexual que tienen como víctimas a menores de edad y recordó la vigencia de la Ley Piazza que amplía los plazos de prescripción de la acción penal.  

El hombre de 44 años detenido la semana pasada en San Francisco por secuestro e intento de abuso sexual de un menor de 7 años en barrio Iturraspe, en las últimas horas fue dado de alta en la clínica de psiquiatría de la ciudad donde había sido internado bajo custodia policial y será trasladado a la cárcel local.

Permanecerá preso mientras la investigación continúa su curso con la solicitud de pericias adicionales para esclarecer el caso, según informaron fuentes judiciales.

Las mismas fuentes indicaron a LA VOZ DE SAN JUSTO que las pericias arrojaron que esta persona "comprende la criminalidad de sus actos", es decir, es imputable. 

La Fiscalía encargada del caso podría indagar al acusado la semana próxima, mientras tanto, está revisando sus antecedentes debido a posibles implicaciones en casos similares ocurridos en años anteriores.

Mientras tanto, el imputado ha designado como su abogada defensora a María de la Fe Moyano.

Recordemos que el hecho ocurrió el jueves 20 de junio alrededor de las 18.50. Tras el ataque, el niño fue llevado por familiares al Hospital "J. B. Iturraspe", donde los médicos descartaron abuso sexual con acceso carnal pero confirmaron lesiones en el cuello, indicativas de un intento de estrangulamiento durante la agresión.

El personal policial especializado brindó apoyo psicológico a la familia del menor, quienes inmediatamente alertaron a las autoridades tras escuchar el relato del niño. Según la madre, el agresor, descrito como robusto, abordó al niño cerca de su casa, lo trasladó a una vivienda abandonada en el mismo barrio e intentó abusar de él. La víctima logró resistirse, causando que el agresor perdiera sus lentes y permitiendo al niño escapar.

Tras una rápida respuesta policial bajo la dirección del comisario mayor Rubén Caporali, el sospechoso fue arrestado durante un allanamiento en su domicilio, donde se encontraron elementos relevantes para la investigación.

El hombre permanece detenido a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos, actualmente bajo la dirección de la fiscal Leonor Failla, quien lo ha imputado como supuesto autor de secuestro y abuso sexual.