El Ministerio de Salud dispuso a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad una actualización del 1,70% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a septiembre de 2026, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 3487/2026 firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas y la actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, mientras que la misma alcanza a todas las prestaciones sin distinción de tipo.

“Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de septiembre del año en curso, consistente en un incremento del 1,70 %, sin diferencia por tipo de prestación”, indicó la citada Resolución.

Asimismo, señaló que el mencionado porcentaje fue calculado “sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de agosto de 2026, respecto de los valores oportunamente aprobados mediante la Resolución N° 2775/2026 de esta Secretaría Nacional de Discapacidad”.

Además, informó: “Reconócese un adicional del 20 % sobre el arancel básico por zona desfavorable a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica”.

El Gobierno nacional envió este sábado al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con lo que busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.

Así lo confirmaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, y señalaron que ambos proyectos ingresaron por la Cámara de Senadores.

La estrategia fue definida tras una reunión de la "mesa chica" en Casa Rosada, de la que participaron figuras como Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. 

Las dos reformas ingresaron por el Senado, donde el gobierno logró construir una mayoría sólida y le servirá que sea Cámara de origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.

Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además de los nuevos proyectos, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca.

La idea del Gobierno es avanzar con Hojarasca el martes en comisión y, de no mediar dificultades, llevarlo al recinto al día siguiente.

Respecto a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el debate continúa abierto en el Senado, aunque sin fecha de dictamen debido a reparos de la oposición dialoguista sobre modificaciones que no fueron consensuadas tras la defensa del ministro Federico Sturzenegger en comisiones. Debido a los plazos reglamentarios, se estima que su llegada al recinto ocurriría recién en mayo.

El Gobierno anunció una actualización de entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador que determina los montos abonados a los prestadores de servicios destinados a la atención de personas con discapacidad, en medio de fuertes reclamos de familiares que denunciaron una caída de los fondos destinados al sector.

Tras la victoria electoral del oficialismo, se oficializó la medida a través de la Jefatura de Gabinete, que aclaró que se aplicará de manera escalonada entre octubre y diciembre de 2025, con el objetivo de acompañar el aumento de los costos del sector y brindar mayor previsibilidad al sistema.

Según informó la ANDIS (Agencia de Discapacidad), el incremento abarcará diversas modalidades y tipos de prestaciones contempladas en el nomenclador nacional, que sirve como referencia para instituciones públicas y privadas.

Desde el organismo, señalaron que el aumento busca sostener la calidad de los servicios y garantizar la continuidad de las prestaciones en internaciones, transporte especializado, acompañamiento educativo y laboral, atención médica y programas de rehabilitación.

Además, remarcaron que la actualización permitirá mantener los valores de las prestaciones por encima de la inflación estimada para 2026, \"aportando estabilidad a las relaciones entre prestadores, obras sociales y el Estado\".

El ajuste del nomenclador constituye una herramienta central para la financiación del sistema, ya que determina los valores reconocidos por el Programa Federal Incluir Salud y otros organismos financiadores.

La semana pasada, el Ministerio de Salud acató la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, de restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que el Gobierno había suspendido.