Mientras el gobierno nacional profundiza el ajuste y defiende el superávit fiscal como principal bandera económica, en San Francisco la administración municipal defiende la idea de mantener equilibradas las cuentas públicas sin detener obras, sin paralizar servicios y sin resignar asistencia social en un contexto económico que considera cada vez más delicado.

“Las finanzas de la Municipalidad de San Francisco están equilibradas”, aseguró el secretario de Economía Juan Carlos Sola en entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO. La definición no es menor. En medio de una caída de recursos nacionales, de mayores demandas sociales y de un escenario inflacionario todavía inestable, Sola planteó que la clave de la gestión local pasa por la eficiencia en el manejo de los recursos y no por aplicar una “motosierra” sobre el Estado municipal.

Según explicó, las instrucciones del intendente Damián Bernarte apuntan a sostener una administración eficiente sin caer en recortes extremos. “Las instrucciones recibidas en todo el Gabinete municipal, y por supuesto en Economía, es ser eficientes, tanto en el gasto como en los ingresos”, afirmó.

Insistió en que el equilibrio fiscal local no se consiguió paralizando inversiones. “Nosotros no hemos detenido ninguna obra, seguimos pensando en hacer obra pública, y se van a hacer muchas más”, prometió.

Para Sola, muchas de las críticas que recibe la gestión municipal surgen de discusiones atravesadas por posicionamientos políticos más que por análisis técnicos. “A veces las críticas vienen del lado de gente que no conoce técnicamente, y discutir haciendo política está mal, porque das una verdad media. Y la verdad media no es una verdad. Muchas veces discutimos con camisetas”, expresó.

Sostener la recaudación

Dentro de la estrategia económica del municipio aparece el esquema de beneficios impositivos implementado para 2026, que buscó incentivar el cumplimiento tributario sin recurrir a moratorias permanentes. Contempló una rebaja máxima del 55% para aquellos contribuyentes con todas las tasas y contribuciones municipales al día: 30% de descuento por cumplimiento, 10% por pago contado, otro 10% por adhesión al débito automático y 5% adicional por optar por el cedulón digital.

Consultado sobre el comportamiento de los contribuyentes tras la implementación de este sistema, el secretario de Economía reconoció que hubo una mejora en el nivel de adhesión a herramientas digitales y mecanismos automáticos de pago.

“Si bien se hizo el balance, como hicimos un cambio drástico del sistema, yo podría decir que hubo un pequeño incremento de gente, eso nos está permitiendo ahora estar equilibrados, fundamentalmente”, indicó.

El funcionario ratificó además que la intención oficial es sostener beneficios para quienes cumplen y evitar medidas que consideren injustas para los contribuyentes al día. “No va a haber moratorias. Porque para el que paga bien, para el que cumple, no es justo”, afirmó.

En paralelo, confirmó que por ahora no avanzará la posibilidad de excluir de esos beneficios a quienes tengan multas impagas en el Tribunal de Faltas, una medida que se había analizado para el segundo semestre. “No se aplicará esto por el momento”, informó Sola, aunque evitó profundizar sobre si el impacto en la recaudación o el eventual rechazo de contribuyentes influyó en la decisión de postergar la iniciativa.

Reiteró además que “recaudar no es una mala palabra”. Y explicó que, desde su mirada, la discusión sobre los tributos municipales muchas veces omite el funcionamiento cotidiano del Estado. “La gente tiene que entender que el municipio tiene que operar, tiene que trabajar. Nosotros estamos pagando obras, seguimos haciendo obras”, señaló.

Sola marcó diferencias con la política tributaria del gobierno nacional. “La gestión de Milei dice que bajó impuestos, pero bajaron impuestos que son coparticipables, es decir, no bajó solo la Nación, sino las provincias y municipios”, manifestó. Sin embargo, aclaró que comparte algunas decisiones de la administración nacional: “Celebro que acaben con el clientelismo de los planes sociales y toda acción de corrupción. Pero también hay que mantener las obras”.

El debate sobre el superávit

La posición del municipio frente al ajuste nacional apareció reiteradamente durante la charla. Sola cuestionó el modo en que el gobierno de Javier Milei exhibe el superávit fiscal mientras, según consideró, incumple obligaciones y reduce transferencias.

“La municipalidad está equilibrada. ¿Por qué nosotros no hablamos de superávit? Del tema del superávit… ¿cómo hace el gobierno nacional que ahora hay superávit pero no paga las deudas?”, planteó. Y profundizó: “El superávit lo tenés que ver de otra manera. Porque si nosotros hablamos del superávit por hablar del superávit y no cumpliendo con las obligaciones, es lo mismo que si una familia para sobrevivir no paga los créditos y tiene consecuencias”.

En esa línea, Sola remarcó: “Estamos equilibrados. De ingresos y de egresos (…) Los vecinos de San Francisco se merecen que la plata la manejemos como se corresponde y con eficiencia”.

Sola también respondió a cuestionamientos de la oposición sobre gastos municipales y defendió el modelo de gestión impulsado en empresas municipales como Emugas.

Recientemente, la concejal opositora Cecilia Roffé cuestionó los alquileres que paga el municipio para distintas dependencias y la decisión de destinar el exedificio del Banco de Córdoba a la sede de la Región Centro en lugar de utilizarlo para oficinas municipales. Frente a eso, Sola relativizó el impacto de esos costos. “Los gastos de alquileres hoy no son una cifra importante que impacte en el presupuesto municipal”, afirmó.

El contador puso como ejemplo el funcionamiento de la Empresa Municipal de Gas (Emugas), creada tras la municipalización del servicio que anteriormente prestaba Emprigas. “El ejemplo del gas natural en San Francisco es un reflejo de esta gestión que Llaryora inició con su Intendencia. La decisión de municipalizar Emprigas con la creación de Emugas hizo que hoy podamos pensar en trabajar para llevar la red de gas al 100 % de la ciudad en un plazo de tres años”, destacó.

Sola confirmó que el modelo de Emugas permite financiar obras con recursos generados por la propia empresa municipal. “Ese superávit se va 100% a la ejecución de las obras –señaló-. Emugas se manejó con criterios como si fuera una empresa privada”. Y recordó además el contexto en el que el municipio tomó la concesión del servicio en 2011: “Teníamos la tarifa congelada desde 2001”.

“Yo digo siempre: hoy tengo más socios que Coca-Cola. Tengo todos los contribuyentes que son socios de la municipalidad y a ellos tenemos que responderles”, sintetizó Sola la lógica de gestión que defiende el oficialismo municipal frente a la discusión sobre el tamaño del Estado.

“Hay que manejarlo como si fuera una empresa privada, pero con un fin social. Porque si no generamos, ¿cómo ayudamos a la gente?”, siguió.

Más gasto social en el segundo semestre

El Presupuesto municipal 2026 aprobado asciende a $88.372.301.518 entre gastos y recursos. Sin embargo, Sola admite que el escenario económico podría obligar a realizar modificaciones durante el año. Y pronostica que en el segundo semestre habrá mayores presiones sobre partidas sensibles como salud y asistencia social.

“Yo creo que sí, solo viendo el crecimiento de la demanda en la Asistencia Pública, en salud, en atención médica, remedios que hay que entregar a la gente, el laboratorio que tenemos, la distribución a los carenciados”, explicó. Recalcó además que el municipio continúa sosteniendo programas alimentarios: “Nosotros tampoco dejamos de entregar los bolsones alimentarios”.

“Va a haber mucho más demandas este año si esto no se detiene, si el gobierno nacional sigue cerrado en no entender”, advirtió.

Sola utilizó una metáfora para describir cómo cree que debería actuar la Nación frente a la crisis económica: “Yo no digo que pongan el pie en el freno, que pongan el pie en el embrague, que no conduzcan con caja automática”. Y agregó: “Que entiendan que tienen que buscar que el beneficio le llegue a la gente”.

El reclamo por los fondos nacionales

Uno de los puntos más duros de las críticas del municipio apunta a la distribución de recursos nacionales vinculados al impuesto a los combustibles. Sola respaldó el reclamo del intendente Damián Bernarte respecto a la falta de coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

“Es impresionante esa cifra porque esa es la plata que tendría que ir para las rutas”, señaló en referencia a los más de $15.000 millones acumulados desde diciembre de 2023 que, según denuncian, no regresaron a San Francisco.

El funcionario sostuvo que el gobierno nacional no solo dejó de transferir fondos, sino también de ejecutar obras estratégicas. “La Nación no lo da y no hace las rutas”, expresó. Como ejemplo mencionó la obra de la autopista de la ruta nacional 19. “De la ruta19 tuvo que hacerse cargo el gobierno provincial para terminar la obra. Martín Llaryora decidió hacerse cargo él, y está avanzando notoriamente”, dijo.

Sola amplió además las críticas al retiro del Estado nacional en otras áreas. “La Nación se olvidó de la discapacidad, se olvidó de la educación”, cuestionó.

Más control del consumo de agua

Otro de los temas abordados por el secretario de Economía fue la situación del servicio de agua potable y las tarifas administradas por Amos.

Sola ratificó que los incrementos aplicados estuvieron “muy por debajo” de los autorizados por el Ersep (Ente Regulador de los Servicios Públicos) a la Cotac (Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro Limitada), prestadora del servicio. “Sabemos la situación que vive la gente”, afirmó al explicar por qué el municipio decidió trasladar los aumentos de manera escalonada.

El funcionario sostuvo además que la estructura de costos sigue siendo compleja. “Nosotros recaudamos en Amos y cloacas prácticamente para pagar a la Cotac. Mano de obra, cloro, reparaciones, todo eso va de renta general”, detalló.

En paralelo, advirtió sobre problemas estructurales vinculados al sistema de medición. “El 30% de los medidores en la ciudad no funcionan”, expuso. Por eso, explicó que el municipio avanza hacia la instalación de medidores inteligentes que permitan mejorar el control del consumo y la facturación.

“No va a haber moratorias”

En materia tributaria, Sola descartó implementar moratorias y defendió la necesidad de sostener la recaudación municipal.

“No va a haber moratorias. Porque para el que paga bien, para el que cumple, no es justo”, planteó. El funcionario también expresó que el objetivo es evitar mayores cargas para los contribuyentes: “La idea es no generarle mayores gastos al vecino”.

Respecto a posibles recortes en el Estado municipal, negó que exista una lógica de ajuste extremo. “Estamos tratando de hacer gastos eficientes”, afirmó Sola. Como ejemplo, explicó que la compra de vehículos y maquinaria también se analiza desde una lógica financiera sustentable. “Vamos a comprar dos camionetas y estoy peleando con los bancos la tasa de interés”, señaló.

Sostuvo que la diferencia pasa por el destino del endeudamiento y advirtió sobre los riesgos de financiar gastos corrientes. “Podemos pelear tasas distintas cuando no nos estamos endeudando para gastos corrientes. Ese es el problema que tiene una empresa. Si empezás a endeudarte para gastos corrientes, no hay salida”.

El Gobierno aprobó un nuevo plan de retiro voluntario destinado al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), bajo un esquema de acuerdo mutuo.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 68/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, con el fin de continuar reduciendo la planta estatal, en el marco en las políticas de modernización y eficiencia del gasto público que viene implementando la administración de Javier Milei.

La iniciativa se denomina Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), y se sustenta en el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), lo que significa que la desvinculación se produce por "voluntad concurrente" de ambas partes.

El retiro deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo, y posteriormente tendrá que presentarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) para su ratificación y homologación.

En la normativa se estipuló que el régimen de retiro aplicará para el personal del organismo previsional que tenga al menos dos años de antigüedad y quedó establecido que la adhesión “constituye un acto estrictamente voluntario del agente, y su otorgamiento se encuentra sujeto a la exclusiva evaluación y aprobación de la Anses, sin generar derecho subjetivo alguno a su concesión”.

Entre los parámetros y condiciones que regirán para acceder al retiro se determinó que quedan excluidos quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los involucrados en procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado su renuncia, quienes superen los 62 años y quienes tengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos.

El período de adhesión se extenderá hasta el 5 de abril del 2026 inclusive, mientras que para aquellos que estén de licencia anual ordinaria o por maternidad, la firma del acuerdo puede diferirse hasta la finalización de la misma. 

Al mismo tiempo, el régimen establece que los empleados con mandatos sindicales vigentes deberán renunciar a su cargo y a la tutela sindical para poder aplicar, debiendo acreditarla de manera fehaciente ante la Dirección de Relaciones Sindicales.

El personal que suscriba al acuerdo recibirá una gratificación extraordinaria única de egreso, del 90% por cada año de antigüedad efectiva en Anses o fracción mayor a tres meses, calculada sobre los conceptos brutos mensuales, normales, regulares permanentes y habituales, con un tope de 24 haberes brutos.

La gratificación se abonará en una cuota de pago único, hasta la suma de $80 millones. En los casos en que los importes superen dicha cifra, el pago se efectuará en dos cuotas mensuales, iguales, y consecutivas.

El gasto del Estado cayó 5,1 puntos del PBI entre 2023 y 2025 y se ubicó en el 14,5% del PBI, el más bajo de la última década.

Los datos corresponden al último informe de Fundación Libertad. El ajuste se concentró principalmente en obra pública, subsidios económicos y transferencias corrientes, mientras que las prestaciones sociales pasaron a representar cerca del 66% del gasto total.

En contraste, las jubilaciones y pensiones explicaron una reducción mínima (0,13% del PBI), mientras que las asignaciones familiares y la AUH fueron la única partida que mostró crecimiento, con un aumento de 0,22 puntos del producto.

El ajuste del gasto durante la era de Milei se centró en aquellas partidas que no están relacionadas con políticas de ingresos o prestaciones sociales, esgrime la Fundación Libertad.

De hecho, en términos de participación dentro del gasto total del Estado, las prestaciones sociales (como jubilaciones, asignaciones, pensiones, entre otras) pasaron a representar aproximadamente el 66% del gasto total en 2025, frente a algo más del 54% en 2023.

En cambio, se registró una importante reducción en las transferencias corrientes (subsidios a provincias, universidades, entre otros) y en la obra pública.

En el recorte de 5,1 puntos del PIB, se advierte que el mayor cambio de ajuste fue la obra pública, en la que se vio reflejada una caída de 1,24% del producto, lo que implicó llevarla prácticamente a su mínima expresión.

Por su parte, las prestaciones sociales que no corresponden a jubilaciones, pensiones, AUH ni asignaciones familiares registraron un retroceso del 1,12% del PIB.

Los subsidios, tanto a la energía como al transporte, se redujeron en alrededor de 1 punto del producto respecto de 2023.

Asimismo, los salarios del sector público explicaron un recorte de 0,71% del PIB, mientras que las transferencias a provincias y a universidades se contrajeron en una magnitud similar, cercana a 0,7% del PIB, de acuerdo con el trabajo realizado por la Fundación Libertad.

Las jubilaciones y pensiones solo explicaron una reducción del 0,13% en relación con el producto, una cifra mínima si se compara con el ajuste total, pero que se encuentra en niveles históricamente bajos en términos reales, y también por debajo de los valores de años anteriores respecto al gasto del Estado.

Una partida particularmente relevante es la de los subsidios económicos, tanto a la energía como al transporte.

Si se suman ambos conceptos durante 2025, los subsidios representaron alrededor del 1% del PIB.

Este nivel es inferior al de 2024, cuando alcanzaron el 1,4% del PIB, y equivale a la mitad de lo registrado en 2023, cuando representaban cerca del 2% del producto.

Durante varios años, los subsidios estuvieron por encima del 2% y entre 2020 y 2023 se mantuvieron consistentemente por encima de ese umbral.

Dentro del desglose de los subsidios, se destaca una reducción significativa de los subsidios energéticos en términos del PIB, que pasaron de niveles elevados a situarse en torno al 0,6% del producto en 2025.

En cuanto a los subsidios al transporte, la disminución fue de casi la mitad en los últimos dos años, ubicándose actualmente en torno al 0,3% del PIB.

Mientras el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta recortes, despidos y cambios estructurales promovidos por el gobierno nacional, en las agencias locales el trabajo no se detiene. En San Francisco, un pequeño grupo de profesionales sigue llevando adelante tareas clave en la generación de información, la articulación con el sector privado y la formación continua de quienes sostienen la producción agropecuaria regional.

Alejandro Centeno, responsable de extensión local del INTA, traza un diagnóstico realista sobre el rol actual del organismo, sus vínculos con el territorio y los posibles efectos de las medidas de ajuste en marcha. Desde una mirada comprometida pero crítica, repasa el recorrido institucional y abre el debate sobre qué tipo de INTA necesita el país en esta etapa.

Centeno comienza por describir el trabajo que llevan adelante desde la agencia de San Francisco, situada en una zona de fuerte perfil agrícola-ganadero, con énfasis en la lechería. “Estamos de alguna manera cubriendo o satisfaciendo algunas necesidades que tienen que ver principalmente con lo que es la generación de información local a través de distintos ensayos en campos de productores, y con la formación continua de los profesionales que están en la actividad privada”, explica a LA VOZ DE SAN JUSTO. Y resume: “Si tuviese que explicarte brevemente qué es lo que hacemos, creo que esas dos son las principales actividades: capacitación de profesionales, productores y operarios o personal de campo, principalmente tamberos”.

Luego contextualiza históricamente: “Tengamos en cuenta que cuando se creó el INTA hace 70 años, la cantidad de productores profesionales que había en el territorio era mínima, prácticamente inexistente”. Recuerda que al inaugurarse la agencia local, hace más de medio siglo, “había solo cuatro colegas recibidos como ingenieros agrónomos trabajando”. Hoy, por el contrario, “hay un montón de profesionales vinculados al sector, que también generan información y apuntan al medio para lo que es la toma de decisiones”.

Centeno aclara que el INTA ya no tiene el monopolio en la producción de conocimiento técnico: “No todo es de INTA; alguna información también pertenece a empresas del medio, del sector”. Para él, esto no es negativo, sino parte de un proceso evolutivo. “El INTA ha perdido protagonismo, no por maldad del medio, sino porque todo ha evolucionado. La zona debe tener, en el departamento San Justo nada más, cerca de mil profesionales. Entonces, la importancia relativa de la institución en el territorio obviamente ha ido perdiendo peso”, reflexiona.

En este nuevo escenario, el vínculo con otras entidades es clave. “Tratamos permanentemente de generar alianzas con empresas privadas, multinacionales, colegas de la actividad privada, y otras instituciones locales como Sociedad Rural o la Asociación de Ingenieros Agrónomos”, enumera. Y destaca que muchas de las capacitaciones se realizan “codo a codo” con estas entidades, incluso en espacios compartidos como la sede de la Sociedad Rural.

Respecto al alcance territorial, describe una zona extensa y diversa: “El área geográfica nuestra va hacia el oeste hasta Arroyito, al norte hasta Freyre y al sur hasta Las Varillas, que es una zona grandísima”. Reconoce las limitaciones operativas: “No llegamos a todos lados. Somos apenas cuatro profesionales, cada uno con una especialidad específica”. 

Detalla que él se ocupa de los sistemas de producción forrajera; el equipo se completa con un médico veterinario especializado en reproducción, un becario de extensión que se forma en agricultura y una ingeniera agrónoma con amplia experiencia en huertas comunitarias y familiares, que inició su recorrido en el programa ProHuerta. “Ese programa ya no funciona más, hace un año que dejó de existir, pero la red de contactos que tiene Graciela (Gaspartti) hace que siga dando charlas, cursos y capacitaciones”, señala.

Frente a los rumores sobre nuevos recortes, Centeno es claro: “Sinceramente, no tenemos ninguna información oficial. Son todas versiones que maneja la prensa. Internamente no hay nada”. Aun así, da crédito a lo que circula: “Lo que están comentando los medios tiene sus fuentes, y seguro algo de eso va a suceder. Con qué intensidad, no lo sabemos”. Menciona que “hay versiones de que el primero de agosto se va a generar un segundo retiro voluntario”. El primero, ocurrido el año pasado, tuvo “cerca de 300 profesionales que se retiraron, cuando el objetivo era 1.500”. Ahora se espera una salida mayor, motivada por la incertidumbre: “Muchos están viendo que este contexto no es favorable para trabajar cómodos dentro de la institución”.

Consultado por las consecuencias de una posible reducción drástica, incluso el cierre del organismo, responde con honestidad: “No sé qué podría ser de facto. Tampoco sé cuánta gente se puede llegar a ir, ni si los que se van a ir son altamente necesarios”. Reconoce limitaciones: “Como toda institución pública, tengo que ser crítico. El INTA no funciona al 100% como debería. Podría mejorar. Es más, creo que debería mejorar”.

Centeno sorprende con una mirada poco frecuente desde adentro del sistema: “Muchas de las medidas que se van a tomar apuntan hacia eso. Por más que muchos de nosotros quedemos afuera, creo que es una necesidad que se genere una especialización en todos los órganos públicos”. Plantea que “el INTA necesitaba hace tiempo hacer un análisis interno, crítico, responsable y comprometido. Analizar efectivamente qué se estaba haciendo, con qué nivel de eficiencia, y si lo que se investigaba era verdaderamente necesario para el territorio o para el país”.

La imagen final que propone es potente, aunque incómoda: “Aunque no nos guste, esto viene bien. Llevarlo al terreno médico: cuando tenés una pierna envenenada y hay que cortarla, no te queda otra. Parece un proceso de supervivencia y de superación de la propia institución”. Y cierra con una frase que resume toda su visión: “Yo me imagino eso, me imagino un mejor INTA, por más que tenga que quedar afuera yo”.

El intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, se convirtió en una voz nacional tras la viralización de sus declaraciones sobre el desfinanciamiento de los municipios. En una entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, el jefe comunal radical profundizó sus críticas a la gestión nacional, expuso la crisis de los gobiernos locales, las contradicciones de los vecinos y reclamó por la reconstrucción del diálogo político.

Un almuerzo con una decena de intendentes en la redacción del diario Perfil fue el origen de todo. Una filmación de ese encuentro, donde Gustavo Benedetti reflexionaba sobre la realidad de su gestión, se viralizó y lo catapultó a la escena nacional. “Cuando me vi el video me dije, ¿esto me grabaron?”, confesó Benedetti, reconociendo que sus palabras no estaban preparadas para ese nivel de exposición.

Sus dichos pusieron en evidencia una tensión que viven los jefes comunales del interior: en la localidad de Arroyito, donde el presidente Javier Milei obtuvo el 80% de los votos, hoy los vecinos exigen respuestas que contradicen ese mandato." Votaron esta política de Milei, pero nos piden que gobernemos como el kirchnerismo", sentenció Benedetti en la afirmación que recorrió el país. El intendente radical, que atraviesa su cuarta gestión, aseguró que hoy los vecinos piden “el hospital gratis, los impuestos gratis, el nicho del cementerio gratis”.

La situación que describe Benedetti es crítica y, según él, compartida por la mayoría de sus pares. En la reunión con otros intendentes, “el 80% se quejó de lo mismo”. La queja principal es el desamparo por parte del Estado nacional, que deriva responsabilidades sin transferir los recursos correspondientes. "Favorece el discurso de Nación que termine resolviendo el municipio con la plata del municipio, que cada vez menos. Y los demás quedan bien con el discurso", lamentó.

Esta situación obliga a las gestiones locales a hacerse cargo de problemas que exceden su competencia, como el mantenimiento de las rutas nacionales. "¿Quién arregla las rutas nacionales si siguen siendo de la Nación y no se las pasan a la provincia? Entonces, ¿quién las arregla? Los municipios, cada uno arregla su tramo", denunció, relatando que deben tapar pozos y reponer luminarias en rutas y autopistas nacionales para evitar accidentes. El reclamo es unánime: “Vas a Buenos Aires y no te atienden, o que te dan una audiencia y después te atiende alguien que no tiene poder de decisión”.

Para el intendente de Arroyito, el ajuste implementado por el gobierno nacional tocó en el lugar equivocado. “Acá quisieron ajustar la casta y en vez de ajustar la casta la que menos, o la que no se ve perjudicar es la casta política, la casta terminó siendo el jubilado, el pensionado, el tipo que tiene los ingresos mínimos”, sentenciado con dureza.

Fue especialmente crítico con la gestión social, a la que acusa de generalizar y no atender los casos particulares. Puso como ejemplo la baja de pensiones por invalidez: “Acá dieron de baja en Arroyito a gente con discapacidad por vida”

Benedetti describe una ciudadanía que empieza a sentir los efectos del modelo que apoya mayoritariamente. “La gente ha votado en contra de... Y hoy, como todo esto pasa, yo creo que es un poco inhumano decir que si no quieres reconocer que me equivoqué o esto lo voté y ahora me perjudican”, reflexionó sobre la dificultad de los vecinos p

Esta disonancia, según el intendente, se refleja en la caída de la imagen presidencial, que “ganó con el 80%, y que, después bajó, a 60%, y que hoy está, abajo del 50%”.

Uno de los puntos más críticos que describió fue la situación de la salud. “Una clínica privada despidió a 20 de sus 40 empleados. ¿Dónde creen que van a ir? Al hospital público, que tampoco da abasto”, denunció. A esto se suma el congelamiento de cápitas en Pami que afectan a la sostenibilidad de los servicios básicos. 

El sistema de salud en “los pueblos menores de 10.000 habitantes, prácticamente las clínicas privadas han desaparecido”, lo que sobrecarga a los hospitales municipales. 

Paralelamente, las cooperativas de servicios públicos se enfrentan “Hoy es abismal la cantidad de gente que están notificados por el corte de luz, vienen desesperados. Y la solución final, siempre, termina en el municipio”

Más allá de la economía, a Benedetti le preocupa la degradación del debate. “Lo que se ha perdido, es lo humano”, aseguró, afirmando que “la antipolítica hoy está peor que la mala política”. Para el intendente “podemos tener diferentes puntos de vista, pero si no hablamos, si nos insultamos cuando nos cruzamos (...) el camino es corto”, reflexionó.

Criticó la incoherencia de un gobierno que “te insulta” y luego “te llama para hacer un acuerdo electoral”. Esta forma de hacer política, según él, demuestra un profundo desconocimiento del Estado y de la diferencia entre el compromiso de un intendente que recorre su ciudad y un candidato nacional que solo se expone en televisión.

Frente a este complejo escenario, Benedetti deposita sus esperanzas en la acción colectiva de los mandata. “Yo creo que, el aglutinamiento de los gobernadores es clave, los intendentes, por supuesto que  estamos acompañando esa medida, yo creo que es clave, porque, hay que poner un freno”, afirmó

Considere que las próximas elecciones legislativas son una oportunidad para que el gobierno no tenga mayoría en el Congreso y se vea forzado a dialogar. Advirtió sobre los riesgos de los personalismos en este contexto: “Si se separan, o si alguno se quiere salvar solo, se los va a llevar puesto todo”.

Antes de comenzar la entrevista, entre llamados y mensajes que interrumpían brevemente la espera, Damián Bernarte se preparaba para una charla donde no evitó ningún tema. Con tono firme, sostuvo que las medidas de ajuste que comenzó a aplicar su gestión son necesarias. “Es muy sencillo: si entra menos, hay que gastar menos”, repite. La salida del secretario de Economía, Marcelo Moreno, hacia un cargo provincial, se da en ese marco, pero el intendente asegura que no se trata de una consecuencia directa de la caída de la recaudación.

En una extensa entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, Bernarte defendió las decisiones, habló del futuro del gabinete, cuestionó la falta de un plan productivo a nivel nacional y respondió sobre la tensión con el sindicato municipal. También se refirió, desde su mirada jurídica, a la condena de Cristina Fernández de Kirchner.

-¿Cuál fue el criterio para los cambios en el gabinete y la reducción de la planta política, que pasó de 9 a 7 secretarías?

Va a tener un impacto importante en la masa salarial y en el funcionamiento. No cambia la operatividad, pero la idea es clara: menos egresos. Cuando en una familia bajan los ingresos, hay que gastar menos. A la municipalidad le está entrando menos dinero por coparticipación y por recaudación propia, producto del freno económico. Es una lógica que se aplica también en el Estado. Vamos a seguir ajustando; es inevitable. 

-¿Cómo impactan estos recortes en el funcionamiento diario del municipio?

Estamos adaptándonos a una nueva realidad. Antes presupuestábamos con proyecciones que después se superaban por la inflación. Hoy, probablemente, no lleguemos a los ingresos estimados en diciembre. Las reglas cambiaron y nos toca jugar este partido con otras condiciones.

-¿Cuánto cayó la recaudación municipal en los últimos meses?

En valores reales, sumando caída de coparticipación y recursos propios, hablamos de un 38%. La tasa más afectada es la de comercio, industria y servicios. No es evasión, es menor actividad. Incluso vemos facturaciones que bajan en términos nominales. En una economía con alta inflación, los números se cortan con cuchillo; cuando baja, hay que usar bisturí.

-¿Estos ajustes serán sostenidos o son coyunturales?

Son coyunturales, pero hay que ser claros. Tenemos que reducir gastos y buscar más ingresos. No hay créditos impagos, no hemos tomado deuda más allá de los programas del Banco de Córdoba. Pagamos sueldos al día y seguimos haciendo obra pública, aunque con más cautela.

-¿Evalúan buscar nuevas fuentes de financiamiento?

No. No hemos tomado deuda ni lo estamos considerando por ahora.

- Entonces, ¿no hay deuda municipal actualmente?

No. Todos los cheques se pagan, los sueldos están al día. En este escenario, tratamos de defender lo que se puede, pero bajando gastos.

“San Francisco paga buenos sueldos. Queremos cuidar al empleado municipal, pero también cuidar los números”

-¿Cuáles son hoy las prioridades de gestión?

Atender lo social: aumentó un 35% la asistencia alimentaria y un 40% la demanda de medicamentos. Eso no se toca. Los servicios básicos, como alumbrado, limpieza y barrido, se siguen prestando, pese a las asambleas sindicales. Las obras públicas se ralentizan: si hicimos 40 kilómetros de pavimento en tres años, quizás ahora hagamos tres. Hay gastos que pueden esperar. Por ejemplo, desde la quita de subsidios sostener el Transporte Urbano de Pasajeros es una carga muy grande. Lo defendemos porque muchos chicos lo usan para ir a la escuela. Pero estamos negociando con la empresa (Autobuses Santa Fe SRL). Ellos dicen que no pueden seguir con el canon actual, y nosotros no podemos pagar más. Es una situación muy delicada.

-¿Cómo avanza la negociación con el Suoem por el reclamo salarial?

Está algo trabada. Defiendo mucho el trabajo municipal, y cuando se dice que esta ciudad está limpia y ordenada, es por ellos. Pero si baja la recaudación, la masa salarial toma un peso mayor. No queremos que el empleado sea variable de ajuste, pero tenemos que cuidar los números. San Francisco paga muy buenos sueldos en promedio si se lo compara con otros municipios de Córdoba.

-El sindicato planteó revisar tercerizaciones…

No quiero polemizar. Mirar solo el presupuesto es un error porque presupone algo que después no pasa. En verano, por ejemplo, necesitamos reforzar tareas por la extensión de la ciudad. Prestamos muchos más servicios que antes: tenemos más de 40 nuevos. Seguridad, prevención, CLE (Coordinaciones Locales de Educación), todos requieren personal y recursos. Las ciudades asumimos competencias que antes eran provinciales o nacionales.

-¿Ya está confirmado el reemplazo de Marcelo Moreno en Economía? ¿Regresa Juan Carlos Sola?

Todavía no está definido. Estamos evaluando distintos perfiles y tomándonos el tiempo necesario, porque entendemos que el reemplazo debe tener características muy claras. Necesitamos a alguien con experiencia en la gestión pública, con conocimiento del funcionamiento interno del municipio y que pueda adaptarse rápidamente al contexto que estamos atravesando. En este momento no podemos permitirnos un período largo de adaptación. Por eso buscamos un perfil que no solo tenga la capacidad técnica, sino también la experiencia para tomar decisiones con inmediatez y claridad. En ese sentido, el nombre de Juan Carlos Sola es una de las posibilidades que estamos considerando. Su perfil se ajusta al tipo de liderazgo que hoy necesitamos: alguien que entienda que estamos atravesando una coyuntura compleja, que hay que tomar decisiones con austeridad, pero sin afectar el funcionamiento básico del municipio.

Marcelo Moreno ha venido siendo requerido desde hace tiempo por el Gobierno de la Provincia, particularmente por la Secretaría de Ingresos Públicos, para desempeñar un rol estratégico en la articulación con los municipios. Hoy, todas las intendencias están buscando formas de mejorar su recaudación, de optimizar los vínculos con Rentas para tener una fiscalización más eficaz. Hay una demanda creciente de asesoramiento y acompañamiento técnico en ese sentido, y Marcelo tiene un perfil muy buscado para ese tipo de tareas.

Nosotros tratamos de retenerlo el mayor tiempo posible, porque fue una pieza clave dentro del equipo económico. Pero entendemos que este nuevo rol representa un crecimiento para él, un paso importante en su carrera profesional, y también una oportunidad para que aporte desde otro lugar, ayudando a otros municipios a mejorar sus finanzas. Marcelo es un funcionario de excelencia, muy comprometido, y además una gran persona. No tengo dudas de que va a aportar soluciones valiosas en su nuevo rol en el gobierno provincial.

– ¿Entonces no hay relación directa entre su salida y la caída de la recaudación local, que viene presionando las finanzas municipales?

No, absolutamente no. Su salida tiene que ver con una propuesta que lo invita a crecer profesionalmente. Para nosotros, es un reconocimiento a su capacidad. Es cierto que estamos atravesando una situación económica compleja, con una fuerte caída en la coparticipación y una retracción importante de la recaudación local. Pero esto no está vinculado directamente con su salida. Es una decisión que se venía conversando hace tiempo, con la Provincia. Nosotros sabíamos que este momento iba a llegar, y lo acompañamos porque entendemos que es bueno para él y también para el vínculo institucional entre municipios.

Mientras tanto, seguimos trabajando en definir quién será su reemplazo. No queremos apresurarnos. Como dije, necesitamos alguien que pueda tomar la posta sin perder tiempo, porque este es un momento en el que no podemos frenar. Hay que seguir gestionando, haciendo rendir cada peso, manteniendo servicios y atendiendo una demanda social que crece día a día.

–El contador Sola en 2007 asumió una gestión marcada por la austeridad y por decisiones estructurales como la creación del FOSP (Fondo de Obras de Servicios Públicos), que aún sigue vigente. ¿El contexto de hoy se parece en algo al de aquel entonces?

Son momentos distintos. Aunque los contextos son diferentes, hay aprendizajes de aquella época que pueden ser valiosos hoy. En 2007, la municipalidad estaba prácticamente paralizada, con embargos judiciales y muchas dificultades para cumplir con sus obligaciones. Hoy no estamos en ese nivel de crisis, pero sí atravesamos un escenario de mucha tensión financiera. Por eso creemos que el perfil ideal para este momento es alguien que tenga experiencia, que haya gestionado en situaciones difíciles y que pueda encontrar ese equilibrio entre ajustar el gasto y sostener los servicios esenciales. Porque si la situación continúa deteriorándose, va a llegar un punto en el que tendremos que decirle con claridad a la comunidad: "Antes podíamos prestar estos servicios, ahora solo podemos mantener estos otros". No estamos todavía ahí, pero hay municipios en todo el país que ya están discutiendo esto internamente. Todos estamos en alerta. Por eso es tan importante que quien llegue al área económica tenga la capacidad de leer bien la situación y tomar decisiones que nos permitan sostenernos sin comprometer la calidad de vida de los vecinos. Que tenga un ojo puesto en la contención del gasto y otro en mejorar la eficiencia de los sistemas de recaudación.

“No veo un plan productivo nacional. Solo un programa macroeconómico. Eso preocupa”

-¿Qué piensa del modelo económico que impulsa Javier Milei?

Hay cosas positivas: la baja de la inflación es importante. Pero preocupa la caída de la actividad. Si la industria no puede producir, importa, y eso necesita menos gente. Nuestros empresarios hacen un gran esfuerzo por sostener el empleo, pero si sigue cayendo la actividad, va a aumentar la desocupación. Vemos un programa macroeconómico, pero no uno productivo. Eso es lo que falta.

-¿Lo dicen también los industriales locales?

Hay preocupación. Si seguimos sin un plan de producción, sin una política de infraestructura, ¿nos resignamos a ser solo proveedores de materias primas?. Los países normales tienen inflación baja y producción alta. Me preocupa que repitamos la receta de los 90, que terminó en 2001. Espero que hayamos aprendido.

-¿Qué piensa de la condena a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Tiene impacto político en el peronismo local o provincial?

Lo digo como abogado: no leí el expediente, así que no opino sobre el fallo. Sería irresponsable. No puedo decir si la condena a la expresidenta está bien o debió ser una absolución, porque no leí el expediente, y la única verdad  para los que nos hemos dedicado al Derecho Procesal Penal, está en el expediente.  En lo político, no tiene impacto local ni provincial. La Argentina sigue siendo dos países: el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y el resto. Hay otro país que discute y reclama otras cosas. En Córdoba queremos trabajar. Tenemos tierra fértil, industria, empresarios pujantes, educación, universidades prestigiosas, y eso debería ser ejemplo para la Nación. Si la Nación tomara el modelo cordobés, no tengo dudas que la Argentina estaría mejor. 

-¿La alternativa para 2027 podría salir de Córdoba?

Sí, debería. Córdoba tiene potencial.

-Y en ese escenario, ¿en qué rol se ve usted?

A mí me encantaría seguir estando en esta ciudad. Amo San Francisco. Estoy muy enfocado acá. De cara a las próximas elecciones, hay grandes dirigentes del departamento San Justo como Ignacio García Aresca, Manuel Calvo, Gustavo Tévez. Y una generación joven liderada por Martín Llaryora. Nos representan muy bien.

Hace algunas semanas, este medio dio a conocer la crítica situación que atraviesa el Centro de Día de Apadim, en virtud de los recortes económicos que obstaculizan la normal prestación de servicios destinados a las personas discapacitadas. Esa nota tuvo amplia repercusión en diversos ámbitos, ya que visibilizó una problemática sistemáticamente desatendida por los poderes públicos. 

Lo que se planteó en aquella nota periodística es un claro ejemplo de la profunda brecha que separa el discurso de la realidad concreta en materia de protección a la discapacidad. La preocupación no es solo de una institución, sino que atraviesa a todo el conjunto de actores involucrados en la atención y acompañamiento de personas con discapacidad: prestadores de servicios, transportistas, terapeutas, docentes, familias, entre otros.

Durante la semana pasada, se sucedieron paros y movilizaciones por parte de trabajadores del sector, quienes reclamaron la urgente actualización de los aranceles por prestaciones y el cumplimiento de los pagos en tiempo y forma. Estas deficiencias operativas y presupuestarias comprometen gravemente la calidad de vida de miles de personas que dependen de estos servicios para ejercer derechos básicos y llevar una vida digna.

Es verdad que, durante gestiones anteriores, la distancia entre el relato oficial y la realidad se profundizó hasta niveles dramáticos. Mientras se publicitaban políticas de inclusión y asistencia, se administraban de forma irresponsable recursos públicos que eran entregados sin los controles necesarios. Este manejo imprudente, rayano con la corrupción, derivó en abusos que, en algunos casos, alcanzaron niveles grotescos, y que justificaban una auditoría rigurosa.

Sin embargo, el necesario ordenamiento de ese escenario marcado por el despilfarro no puede traducirse en la parálisis del sistema. En este punto, resulta inquietante la pasividad y el silencio de los distintos niveles del Estado que tienen vinculación con esta problemática, incluso cuando sectores de la oposición -los mismos que fueron responsables del descontrol anterior- impulsan ahora una ley de emergencia para el sector de la discapacidad.

En este contexto, las protestas de la semana pasada están plenamente justificadas. La angustia frente a la demora crónica en los pagos y la congelación de los valores de las prestaciones es real y tangible. Las familias viven con desesperación la imposibilidad de garantizar condiciones de vida dignas para sus seres queridos.

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas difundió las “Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”.  Son un conjunto de recomendaciones a los Estados para garantizar los derechos de los discapacitados y favorecer su integración en las distintas sociedades. Tanto los excesos demagógicos del pasado reciente como la actual parálisis administrativa constituyen dos caras de una misma moneda: ambas situaciones vacían de contenido esas directrices internacionales y las múltiples leyes nacionales que buscan garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

La vulneración de sus derechos, así como de quienes trabajan en su atención es un hecho social de gravedad. Atenta contra el tejido comunitario, erosiona el sentido de justicia y debilita los principios de convivencia. Ningún argumento político o económico puede justificar la omisión de medidas que tiendan a la protección de este colectivo social.  El compromiso con la discapacidad debe ser constante y transversal: una verdadera prueba de humanidad para cualquier sociedad.

En respuesta a la delicada situación económica que atraviesa el país, el intendente Damián Bernarte impulsa una reestructuración en la planta política municipal. La iniciativa contempla la eliminación de secretarías, una reducción de sueldos y el congelamiento de los haberes de funcionarios por al menos 120 días. El presidente del bloque de concejales de Hacemos Unidos por Córdoba, Matías Beccaría, respaldó públicamente la medida.

“La grave crisis económica provocada por las decisiones del gobierno del presidente Javier Milei, que azota a la mayoría del pueblo argentino, aunque algunos no se hayan dado cuenta todavía, esconde una realidad que ahora está saliendo a la luz”, afirmó Beccaría. En ese sentido, citó un informe periodístico que revela que “9 de cada 10 familias argentinas están endeudadas; el 65% tiene más de tres deudas y el 58% usa tarjetas de crédito para comprar alimentos”.

El concejal sostuvo que “el régimen libertario de la Nación no solo está empobreciendo a los argentinos, sino que también ha reducido las transferencias a los municipios y viene incumpliendo obligaciones tras obligaciones, destruyendo al Estado desde sus cimientos”. Y destacó que, a diferencia de otras localidades que debieron endeudarse, “nosotros no tenemos ese problema y no tenemos deuda”.

En relación con las medidas implementadas, Beccaría recordó que “ya a comienzos de año se había reducido en un 20% la planta política” y explicó que ahora se profundizan los recortes. “Se va a reducir la estructura política con la eliminación de dos secretarías, pasando de nueve a siete”, señaló. Además, se reestructurará el 30% de los cargos políticos, que pasarán a tener menor rango, lo cual implicará una baja en las retribuciones y un ahorro para las arcas municipales.

“Se dispuso el congelamiento de sueldos de toda la planta política por un período mínimo de 120 días, incluyendo al intendente y su equipo de gestión”, indicó, y adelantó: “Imagino que vamos a acompañar como cuerpo Deliberativo esta medida y también vamos a congelar nuestros sueldos”.

Respecto a los cambios en la Ley Orgánica Municipal, Beccaría adelantó que “las áreas municipales serán reestructuradas para unificar acciones y continuar una coordinada implementación de políticas públicas”.

Asimismo, subrayó que estas medidas “permitirán sostener el avance de las principales obras estratégicas en marcha”, muchas de las cuales “aunque son gestionadas por la municipalidad, sus costos son financiados mayoritariamente por el Gobierno provincial”.

En cuanto a los servicios, Beccaría reafirmó que se busca “preservar las obras y los servicios y dar continuidad a las prioridades de los vecinos: pavimentación, bacheo, recambio de luminarias, limpieza y recolección de residuos, fortalecimiento de la salud y educación municipal, potenciación de la Guardia Urbana y, hoy más que nunca, la necesidad de estar más cerca de la gente con la cuestión social”.

Finalmente, el edil concluyó: “Estas medidas implican el esfuerzo de la familia municipal y principalmente de quienes tenemos mayores responsabilidades. Tal vez no sea el único esfuerzo que debamos hacer, pero es un intento de no contribuir con la crisis nacional provocada por el gobierno de Milei, con el que la oposición se está alineando para las elecciones de octubre”. Y aclaró: “Que quede claro que en el municipio no sobran empleados, porque cada uno de ellos es necesario para sostener los servicios que nuestros vecinos se merecen".

En medio de la crisis económica y la baja de ingresos, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto del intendente Damián Bernarte para reestructurar la planta política y administrativa. Aunque la oposición acompañó con su voto, criticó que no se informaran los números concretos del ahorro y acusó al oficialismo de “despilfarrar recursos” y limitarse a “mover sillas” sin un verdadero ajuste de fondo.

Se eliminarán secretarías, se recortarán cargos y sueldos, y se volverán a congelar las remuneraciones de toda la planta política por al menos 120 días. “Actuamos con responsabilidad y previsión. Tomamos decisiones necesarias y firmes para garantizar la estabilidad de nuestra ciudad”, expresó Bernarte.

La iniciativa busca sostener los servicios esenciales que el municipio hoy afronta con fondos propios, en un escenario marcado por la reducción de transferencias nacionales, la baja recaudación local y una creciente demanda de asistencia social. “Desde hace casi un año y medio, los gastos del municipio se incrementaron sustancialmente por el abandono de responsabilidades del Gobierno nacional”, explicó el intente.

El gabinete se achica: pasará de 9 a 7 secretarías 

La ordenanza prevé la reducción de nueve a siete secretarías, mediante la fusión de áreas como Innovación y Vinculación Educativa, y Prevención Urbana con Gobierno. Además, se reestructurará el 30 % de los cargos políticos, bajando su rango y retribuciones. A esto se suma el congelamiento de sueldos de toda la planta política, incluido el intendente, por un mínimo de cuatro meses. Cabe recordar que ya se había dispuesto una baja del 20 % en los salarios de ese mismo sector.

“Sabemos que estas medidas pueden afectar los ingresos de trabajadores municipales, pero es nuestra responsabilidad evitar problemas mayores mañana”, afirmó Bernarte. También se impondrán topes estrictos al pago de horas extras por secretaría para optimizar el uso del tiempo y los recursos públicos.

Las medidas, según indicó el municipio, permitirán sostener obras estratégicas en marcha —financiadas principalmente por el Gobierno provincial— y mantener prioridades como pavimentación, bacheo, luminarias, salud, educación y recolección de residuos. “El esfuerzo es de todos, pero la señal debe partir desde la política. La prioridad son los vecinos y los servicios que merecen”, concluyó el intendente.

Para la oposición, “medidas tardías, maquillaje político”

Pese al acompañamiento legislativo a la reducción de la planta política municipal, las voces críticas de la oposición no se hicieron esperar. Desde San Francisco Cambia y la Unión Cívica Radical (UCR) lanzaron fuertes cuestionamientos a Bernarte, a quien acusan de tomar medidas tardías y de mantener una gestión “ineficiente y alejada de las prioridades vecinales”.

“La situación que advertimos desde hace tiempo se hizo realidad: Bernarte chocó la calesita”, lanzó la concejal Cecilia Roffé (San Francisco Cambia), al referirse al ajuste anunciado por el Ejecutivo. Para la edil, el recorte no es una muestra de austeridad, sino la consecuencia directa de “la mala administración, el gasto sin control y una superestructura construida a medida para amigos del poder”.

Roffé también señaló que “el municipio está en rojo, en una situación crítica, y ahora no hay marcha atrás. Lamentablemente, los vecinos y empleados son quienes están pagando las consecuencias”. Además, denunció un “doble discurso” del gobierno local: “Mientras el intendente intenta responsabilizar al Gobierno nacional y vende maquillaje político, la realidad marca que sigue ampliando la planta jerárquica, aumentando sueldos de asesores y contratando empresas amigas”.

En la misma línea, desde la UCR también se cuestionó la medida. En un comunicado conjunto, el concejal Marco Puricelli (Juntos por el Cambio) y el tribuno de cuentas Cristian Canalis afirmaron que desde el inicio de la gestión alertaron sobre “el ingreso indiscriminado de personal, la tercerización innecesaria de servicios y el despilfarro de recursos en subsidios y obras que no responden a las verdaderas necesidades de los vecinos”.

“La construcción de una ciclovía en altura o de un edificio policial sobre la Plaza Cívica muestra que Bernarte priorizó los megaproyectos antes que lo urgente”, señalaron. También recordaron que, el año pasado, acompañaron el recorte de sueldos políticos —incluso aceptando la reducción de sus propias dietas—, pero lamentaron que nunca se informara a la ciudadanía en qué se utilizaron los fondos “ahorrados”.

Según los radicales, las decisiones actuales llegan demasiado tarde. “Ahora que la crisis económica nacional impacta en la recaudación municipal, Bernarte adopta medidas demagógicas y para la tribuna”, criticaron. Y concluyeron: “Al asumir se puso el traje de Papá Noel, generó la planta política más grande e ineficiente de la historia de nuestra ciudad y hoy los vecinos seguimos pagando esa mala administración”.

El Suoem profundiza la lucha 

El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) de San Francisco cuestionó la medida.  En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el secretario general del sindicato, Víctor Lescano, fue contundente: “Nosotros ya planteamos que el ajuste que él tenga que hacer no es responsabilidad nuestra. Si hay un déficit dentro de la municipalidad, esto no es un problema de los que ponen el lomo”.

Lescano cuestionó la administración municipal: “Si una municipalidad hoy está con un déficit de 350 millones de pesos, es porque hay mala administración y un desorden. Esto lo venimos reclamando hace mucho tiempo”.

Sobre el anuncio de reducción política, el dirigente gremial lo calificó como “una medida para la tribuna” y afirmó: “Más que tomar decisiones de anuncios para la tribuna, hay que revisar las partidas presupuestarias. Sin profundizar mucho, seguramente le encontraríamos la salida a esta situación”.Desde el sindicato señalaron que no están dispuestos a aceptar que los trabajadores paguen las consecuencias de decisiones políticas. “Rechazamos y vamos a resistir. Estamos en alerta y en estado de asamblea”, reiteró Lescano. A su vez, anticipó que se mantendrán reuniones con el Ejecutivo: “Quedamos en volver a juntarnos”.

El gremio reclama una revisión más profunda del presupuesto —que para 2025 asciende a $69.601 millones— y cuestiona el orden de prioridades. “Crean directores como si no hubieran consecuencias. Generan direcciones, después las bajan, pero las crearon y están adentro. Hay que ser más eficiente. Que el ajuste no caiga sobre quienes están en la calle prestando servicios”, enfatizó Lescano.

Además, denunció sueldos achatados e inflación creciente: “Arrastramos un 6 % del año pasado y vamos a cumplir tres meses sin aumento. Por eso seguimos en asamblea”.

Ser viejo y pobre en tiempos de ajuste es una cruel condena, una historia de hambre y desamparo donde la jubilación se evapora como el aire. En Argentina, millones de adultos mayores enfrentan una realidad desoladora, y Teresa Reynoso, con 81 años, es una de las víctimas más visibles de un sistema que ha desangrado los bolsillos ya vacíos. Como tantos otros, Teresa padece lo que enfrentan casi  4,7 millones de jubilados y pensionados que cobran haberes menores o iguales a la mínima, que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos,  y con esa cantidad sobrevivió durante años, gracias a la solidaridad de sus vecinos, ya que la ayuda de su familia brilla por su ausencia. Aunque fue madre de siete hijos y se quedó viuda hace más de 22 años, hoy se encuentra sola, abandonada por aquellos a quienes brindó lo mejor de sí.

Teresa perdió su sonrisa, su dignidad, y lo peor de todo: le robaron el derecho al descanso y la tranquilidad después de una vida de trabajo arduo. Los ajustes, ejecutados por gobiernos tras gobiernos, descargaron su peso sobre la vida de esta mujer, que después de más de 30 años de trabajar como empleada doméstica en la casa de una familia de San Francisco, fue despedida. Ahí se dio cuenta que nunca la habían registrado, nunca le hicieron los aportes, y por ende, sus años de trabajo fueron en vano.

Para poder acceder a una pensión, Teresa gestionó la “jubilación para amas de casa”, un régimen que no requería aportes. Pero la lucha no terminó allí. Una complicación de salud vinculada a la tiroides la obliga a tomar medicamentos crónicos, que el Pami demora en entregarle. La salud, un derecho inalienable, debería ser accesible para todos, incluidos los jubilados. Sin embargo, para Teresa, esto es una constante espera. 

Las lágrimas son constantes en su rostro envejecido. Casi no puede hablar sin que su voz se quiebre. “Pese a que trabajé toda mi vida en la misma casa, mis patrones nunca hicieron un aporte. Lo que gano solo me alcanza para pagar el alquiler”, lamenta Teresa. Vive en una humilde casa en la calle Paraguay, en el barrio Catedral, y es en este modesto lugar donde los vecinos se convierten en su única red de apoyo.

“Un día, una vecina me dijo que tomáramos unos mates, y yo le contesté que no tenía gas para poner la pava. Ella me regaló una garrafa. Si no fuera por la ayuda de la gente, yo no estaría viva”, relató Teresa entre suspiros. En su día a día, su alimentación depende de la generosidad de quienes la rodean. “Uno me lleva un pedazo de pan, otro me lleva una manzana, otro me trae un pedacito de dulce, y así voy comiendo para sobrevivir”, dice con resignación y dolor.

Con nostalgia y tristeza, recuerda cómo sus hijos, cuando fueron grandes, comenzaron a hacer sus propias vidas, dejándola de lado. “Se olvidaron de mí”, dice Teresa, con el alma rota. Esos mismos hijos a quienes ella cuidó y atendió con dedicación, a quienes dejó a las 8 de la mañana en la Casa del Niño para que no se quedaran solos mientras ella se iba a trabajar. Hoy, esos mismos hijos no se acuerdan de la madre que los crió con sacrificio y amor.

Si tuviera la oportunidad de hablar con un presidente, Teresa no dudaría en expresar lo que siente: “Que no sean tan caraduras, que le den un poco más de aumento a los jubilados. Que no se peleen, que ayuden a los argentinos que la estamos pasando mal, y sobre todo los viejos”. 

“Me rompí el lomo trabajando y hoy tengo las manos vacías; son piel y hueso”, concluyó, su voz quebrada reflejando la fragilidad de su cuerpo delgado y su piel curtida por los años y el sufrimiento.

Teresa no tiene teléfono, ya que no puede permitirse ese lujo con su mínima jubilación. Quienes deseen ayudarla pueden acercarse a su hogar, en la calle Paraguay 866, “al fondo, después de un pasillo”. Necesita de todo: alimentos, elementos de higiene personal, ropa, etc. 

El presidente Javier Milei prometió que continuará con aplicando la motosierra durante el año 2025, y anticipó la eliminación de más desregulaciones, el tratamiento de una agenda de privatizaciones e impulsar una reforma laboral en su segundo año de gestión. 

“Vamos a seguir quitando regulaciones. Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones y en una profundización de la reforma laboral”, aseguró en una entrevista a la revista Forbes, y agregó: “En la medida en que salga la reforma laboral podemos avanzar en una reforma previsional”.

En la misma línea, reveló que eliminará “cerca del 90% de los impuestos -no de la recaudación”, e irá a un sistema que contenta no más de seis tributos.  

El mandatario planteó además que para abrir el cepo la inflación deberá reducir la inflación al 1,5% mensual, se deberán resolver los problemas de stock del Banco Central y la base monetaria en el formato tradicional tendría que coincidir con la base monetaria amplia. “Se tienen que cumplir esas tres metas para que podamos abrir el cepo sabiendo que no va a generar inestabilidad de la demanda de dinero. Ese es el eje central. Ya tenemos menos inflación que el mundo, porque sacas el crawl y estaríamos en deflación”, diagnosticó. 

En otro pasaje de la entrevista, el libertario planteó además la necesidad de aplicar reformas estructurales en el gasto público, con una fuerte reducción presupuestaria en las áreas que considera poco necesarias, lo que configurará -según definió- un modelo de gobierno "eficiente y sostenible”.

“Una forma de ganar competitividad en un modelo de transables y no transables es achicando el gasto público. Bajamos el gasto público 30% en términos reales”, argumentó al tiempo que remarcó que su administración “viene bajando la pobreza de manera sustancial”.

Pese a la afirmación sobre el índice de pobreza, el mandatario evitó hablar de cifras: “No caigo en esas estimaciones. Yo me ocupo de hacer bien mi trabajo. Después, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las decisiones de los seres humanos que me exceden a mí, sobre todo siendo liberal”. 

“Teníamos controles de precios que ocultaban la verdadera pobreza (...). Para diciembre/enero, las estimaciones de González Rosada, de la Di Tella, dicen que era de 57% la pobreza verdadera que nos dejó el kirchnerismo. Hoy ese número está en 46%, la bajamos en 11 puntos porcentuales. Hace más de seis meses que los salarios no solo le vienen ganando sistemáticamente a la inflación minorista, sino que le vienen pasando por arriba a Alimentos y Bebidas”, planteó.

Asimismo, insistió en que la pobreza “va a seguir cayendo”, y destacó haber eliminado “el peor impuesto que hay para los vulnerables: la inflación”. Además, aseguró que la otra forma de abonar a la reducción del preocupante índice es generar crecimiento económico. “La Argentina tocó piso en marzo/abril y a partir de ahí la tasa de crecimiento implícita a hoy sería 10%. Si tomo la última estimación de las cuentas nacionales, el tercer trimestre la economía creció 3,9%”, apuntó. 

El jefe de Estado calificó a lo que denomina “políticos tradicionales” como “la máquina de impedir” y sostuvo que se aferran a “ideas que han fracasado sistemáticamente en Argentina y en todos los lugares que se aplicaron”. 

“Uno se pregunta por qué defienden estas cosas. Puede ser porque son ignorantes. Pero pueden ser ignorantes con capacidad de aprendizaje. O no quieren aprender porque tienen intereses. Es muy difícil convencer a alguien de que está equivocado cuando sus ingresos dependen de ese error. La política encontró un negocio para la propia casta política y esto pone en jaque su modo de vida”, desarrolló. 

Por su parte, cuestionó las recetas económicas regulatorias de los gobierno que lo antecedieron, incluso el período en el que Juntos por el Cambio estuvo frente a la presidencia, y cargó con dureza contra Elisa Carrió, impulsora de la Ley de Góndolas. “Los kirchneristas eran cavernícolas. Literalmente. Querían controlar los precios mandando matones a los supermercados (…) Pero en Juntos por el Cambio, la monumental ignorante de Carrió es la responsable de la Ley de Góndolas, que es una suerte de control de precios”, aseveró.

“La diferencia es que, mientras que el kirchnerista te mandaba los matones, los cobardes tipo Carrió o Prat Gay te mandan a las fuerzas de seguridad, para no tener que hacerlo ellos, pero a los efectos prácticos es lo mismo. Es grave”, planteó.

Consultado por sus excéntricas formas a la hora de expresarse, Milei afirmó que no está dispuesto a cambiar porque considera que la sociedad lo votó por su forma de ser. “No soy un engendro del coaching. Una de las cosas por las cuales admiro a Santiago Caputo y soy feliz trabajando con él es porque en ningún momento tuvo la osadía de querer cambiarme. No voy a ficcionarme", aclaró.

“Yo soy el que soy. Te gusta, bien. ¿No te gusta? No me votes (...). Estoy cumpliendo con todas las promesas que hice, algo inédito para la política. Prefiero decir una verdad compleja antes que una mentira agradable”, insistió. 

Si bien se mostró determinante, el Presidente confesó que cometió un error al haber echado al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien murió el 4 de diciembre de este año. También reveló que su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es la encargada de marcarle sus equivocaciones: “Mi hermana me recontra caga a puteadas si me engancha meando afuera el tarro”, contó.

Pese a los trascendidos que aseguran que la menor de los Milei será candidata en las elecciones legislativas del año 2025, el mandatario negó esa posibilidad. “El otro día estaba desde Italia dando una nota, me lo preguntó Luis Majul, se lo preguntamos y dijo que no. Igual yo no me meto con esas cosas porque yo recuerdo que en diciembre del 2018 le dije a Alberto Benegas Lynch (h) que ni loco y, sin embargo, mire dónde terminé”, ironizó. 

Milei volvió a calificar a Karina Milei como “la tierra”, y postuló que es quien no le permite tener “ni el más mínimo desvío de nada”. “Está construyendo la herramienta política para que podamos estar confortables en nuestros armados políticos. Eso es lo que a ella la motiva y la mueve”, sostuvo sobre el rol de la funcionaria en el armado de La Libertad Avanza como sello partidario. 

Por último, de cara a la sociedad el mandatario prometió profundizar su programa económico y hacer del país “un potencia mundial” en el plazo de 40 años. “Mi sueño es que, cuando termine mi desempeño en la función pública, Argentina sea el país más libre del mundo. No voy a descansar un minuto hasta asegurarlo”, concluyó. 

El pasado domingo, el presidente Javier Milei presentó en el Congreso el proyecto de presupuesto para 2025, con la intención de "blindar el equilibrio fiscal para siempre". Esta política de austeridad se traduce en desafíos significativos para los municipios, que deberán adaptarse a las nuevas condiciones económicas.

Desde LA VOZ DE SAN JUSTO, se consultó a intendentes del departamento sobre cómo enfrentarán la situación, especialmente en lo que respecta a la obra pública. El intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, expuso los avances en su gestión, así como las dificultades impuestas por la inflación y las proyecciones presupuestarias. "La inflación nos comió el presupuesto", aseguró Benedetti, aludiendo a los aumentos inesperados que han complicado el plan financiero de este año.

A pesar de estos retos, el intendente se mostró optimista sobre los proyectos en curso, enfatizando la necesidad de invertir en infraestructura. Entre los logros, mencionó la importancia de las alianzas público-privadas, que han permitido financiar hasta un 15% del costo de las obras. "Desde el inicio de mi gestión, hemos trabajado en colaboración con el sector privado", señaló, destacando la construcción de tres plazas, la inauguración de 1.100 metros de cloacas y la culminación de una obra de cordón cuneta.

Uno de los proyectos más relevantes es la pavimentación de la Costanera, que cuenta con un aporte provincial de 150 millones de pesos para la adquisición de 10.000 metros de adoquines. "En los próximos días se abrirán los pliegos para la siguiente etapa", informó el intendente. Además, está en marcha un plan de viviendas con 80 unidades en construcción, financiadas con recursos municipales y contribuciones de vecinos.

Sin embargo, Benedetti también reconoció las dificultades para llevar a cabo proyectos más ambiciosos, como el enlace de 1.600 metros con la autopista ruta 19, que ha enfrentado obstáculos en su coordinación con el gobierno nacional. A pesar de haber firmado un preacuerdo con la administración anterior, el proyecto permanece estancado y se están evaluando alternativas para su reactivación.

Consultado sobre las proyecciones para el próximo año, Benedetti fue cauteloso. "Es una utopía pensar que la inflación será del 18 % en todo el 2025", afirmó, subrayando la necesidad de ser responsables con los recursos municipales. Aunque se ha superado la recaudación esperada, el incremento de costos ha limitado la ejecución de algunas obras.

Para el presupuesto de 2025, Benedetti adelantó que se centrará en dos áreas clave: el hospital y los servicios públicos, que consumen gran parte del gasto. También anticipó ajustes en las tarifas de servicios esenciales, como el agua, que se ha vuelto insostenible debido al aumento en los precios de la energía.

Benedetti enfatizó la prioridad que su gestión le otorga a la salud pública sobre cualquier otro tipo de obra.  Al respecto el intendente, destacó la reciente compra de un tomógrafo, que ya está en funcionamiento desde principios de año. 

Además, mencionó que están evaluando la adquisición de una máquina para producir oxígeno, lo que permitiría reducir significativamente los costos operativos del hospital municipal. "Con lo que hoy pagamos mensualmente por el suministro de oxígeno, podríamos cubrir la cuota de la nueva máquina", explicó Benedetti, señalando que esta sería una medida innovadora en materia de salud municipal en la provincia.

Los intendentes de Las Varillas y Morteros, Mauro Daniele y Sebastián Demarchi, respectivamente, han expresado su preocupación por la falta de apoyo del gobierno nacional en materia de obras públicas, lo que afecta el desarrollo de sus localidades.

Daniele señaló que “básicamente con respecto a la obra pública de este año, lo que sea a nivel nacional ha sido nula”. La ciudad había iniciado una obra de pavimentación de varias calles a finales de 2022, parte del plan Argentina Hace, pero los fondos no fueron enviados en su totalidad. “Fueron paralizadas, no enviaron más, enviaron solo el 25% del valor de la obra y allí quedó”, lamentó. A pesar de los intentos por reactivarla con el nuevo gobierno, Daniele indicó que “nos dijeron que por lo pronto, por el momento, no se iban a reactivar”.

Otro proyecto afectado fue la refuncionalización del ex Palacio Municipal, una obra del arquitecto Salomone considerada patrimonio histórico. “Nos dijeron que la iban a dar de baja automáticamente”, expresó Daniele. Aunque se había firmado un convenio y se llamó a licitación, nunca se realizó el desembolso: “Nunca nos hicieron ningún desembolso, así como se había firmado el convenio”.

En el ámbito del presupuesto municipal, el intendente de Las Varillas mencionó que se realizaron “recortes presupuestarios”, que han afectado los sueldos de la planta política. Sin embargo, advirtió que esto no es suficiente para mantener los servicios esenciales. “Si no se reactiva, si no mejoran la coparticipación, si no mejoran los ingresos para el sostenimiento del hospital, el sostenimiento del sistema educacional, el sistema de seguridad, va a ser muy complejo”, advirtió. A pesar de las dificultades, se mostró optimista: “Todos tenemos que poner algo de nosotros para que esa reactivación funcione y avance”.

Respecto al reciente presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei, Daniele consideró que “el ajuste en algún punto era necesario”, aunque subrayó que se necesita una “movilización de la microeconomía” para impulsar el consumo diario.

El intendente también destacó las dificultades del sector metalmecánico en Las Varillas, las cuales han sido exacerbadas por condiciones climáticas adversas y cosechas deficientes en los últimos años. “Es toda una cadena y no se moviliza todo el sector productivo”, explicó. La mejora de las condiciones climatológicas y la reactivación de la producción agrícola y ganadera son claves para impulsar el consumo.

En cuanto a las perspectivas para el próximo año respecto a obras públicas, Daniele reflexionó sobre la reactivación que suelen traer las elecciones legislativas, aunque advirtió sobre la intención del presidente Milei de reducir las obras públicas. “Está muy claro que el presidente tiene la intención de bajar todo lo que sea obras públicas”, enfatizó, añadiendo que los municipios deberán negociar con la provincia para rescatar proyectos.

Finalmente, el intendente reiteró su solicitud para mejorar el estado de la ruta 158, entre Las Varillas y Colonia Prosperidad, que se encuentra deteriorado. Destacó la gestión de la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero y otros representantes para formalizar un pedido al gobierno para activar la realización de la autopista 158. “Hoy la prioridad es que se arregle ese tramo”, enfatizó, aunque mencionó que “por lo pronto, no deja de ser ideas y utopía de que esto ocurra”.

Por su parte, Demarchi comentó que en Morteros “desde hace un año, hemos estado gestionando con recortes, especialmente en el ámbito de obras”. Señaló que en esa ciudad del departamento San Justo el gobierno nacional no ha iniciado ninguna gestión, a pesar de la urgencia por mejorar el sistema de saneamiento y la respuesta del sistema cloacal tras la ampliación.

Demarchi expresó su preocupación por la falta de respuestas inmediatas del gobierno nacional, afectando directamente a los vecinos. “Siempre terminamos en la misma historia, cada gobierno local debilitado en lo económico y una caja nacional cada vez más fuerte y con menos responsabilidades”, concluyó.

Ambos intendentes coincidieron en la necesidad de un mayor apoyo por parte del gobierno nacional para afrontar los desafíos que enfrentan sus localidades, asegurando que la falta de financiamiento impacta en la calidad de vida de sus habitantes.

La 158. Los reclamos para convertir en autovía la ruta nacional Nº 158 llevan décadas sin resultados positivos. El pavimento, especialmente entre Las Varillas y Colonia Prosperidad, se encuentra en mal estado. El referente local, Daniele, afirmó: “Hoy la prioridad es que se arregle ese tramo”, aunque reconoció que “por lo pronto, no deja de ser ideas y utopía de que esto ocurra”. La situación sigue siendo una preocupación para los vecinos de la región.

El intendente de Brinkmann, Mauricio Actis, expresó su profunda preocupación por la situación actual del país y advirtió que “no se puede lograr superávit fiscal a costa de los recursos de las personas”.

Actis destacó el impacto negativo que los recortes y la anulación de la obra pública han tenido en su localidad. “Nos afecta mucho, ya veníamos teniendo recorte y con la anulación total de obra pública afecto mucho más. Por suerte estamos en una provincia que no ha detenido la obra pública y nos hemos caracterizados por trabajar en eso”, argumentó.

El intendente también criticó al Gobierno de Javier Milei, afirmando que “hay un desconocimiento de la Argentina profunda, de la real, la del interior”. Además, consideró que “hay desamparo total por parte del Gobierno Nacional a los municipios, sobre todo a los más pequeños”. En este contexto, Actis resaltó el esfuerzo del municipio para asumir la quita del subsidio de electricidad, asegurando que se hace cargo de este costo para que sus vecinos no lo sufran. 

A raíz de la crisis presupuestaria en la que se encuentra inmersa, amplios sectores del ámbito universitario nacional dejaron por un lado los conflictos internos y llamaron en conjunto a una Marcha Federal Universitaria para hoy, a la que se sumarán importantes sectores gremiales como la CGT y también la mayoría de las agrupaciones políticas de la oposición.

El disparador de la movilización es la reducción del 72% en términos reales que sufrieron las partidas de desarrollo de la educación superior en el Presupuesto 2024, el cual explica el 90% del gasto total de las universidades. Hasta el primer trimestre, el gobierno nacional sólo ejecutó el 34,4% de las políticas universitarias: este ajuste alcanza a los salarios de docentes, autoridades superiores, no docentes, fondos de funcionamiento básico de los edificios, programas de desarrollo, entre otros aspectos.

El conflicto que ha surgido entre las universidades y el gobierno nacional tendrá hoy una expresión que, se supone, exhibirá el malestar existente en las casas de altos estudios por las drásticas reducciones de presupuesto que, según se afirma, pondrían en peligro su funcionamiento futuro. Se trata de una cuestión muy sensible a la que la actual administración no parece tomarle el verdadero pulso, ensimismada en una lógica a veces inentendible. Pero en la que también se entrometen las disputas político – ideológicas que terminan derivando las discusiones hacia callejones sin salida. 

Un par de variables yacen en el fondo de la cuestión que se debate hoy en la sociedad y que tendrá en la marcha una expresión que, muy posiblemente, no podrá ser ignorada por las autoridades. Por un lado, la certeza de que la historia de la universidad pública está atravesada por permanentes distorsiones presupuestarias que dificultan y hasta ponen en peligro el central concepto de autonomía. Por el otro, un desorden político – administrativo en determinados centros, fruto de la ideologización extrema que favorece situaciones de cancelación, destroza la libertad de cátedra. Situación que termina elevando los intereses sectoriales y partidarios en detrimento de los estrictamente académicos. 

No son numerosos los temas sociales en los que coincide la mayoría del pueblo argentino. La gratuidad de la enseñanza universitaria y la concreción del principio de igualdad de oportunidades forman parte de este listado. Sin embargo, la discusión pública se enardece, no encuentra el rumbo y termina en conflictos que no habilitan la reflexión y el debate que podría darse partiendo de aquellas premisas en las que existe algún consenso. Mientras las acusaciones sigan cruzándose y las obstinaciones prevalezcan sobre la sensatez, el problema no podrá ser ni siquiera encarado. 

Es de esperar que, luego de la protesta de hoy, se comprenda la imperiosa necesidad de establecer las reglas para que la universidad pública pueda funcionar de modo correcto. Para hallar ese camino será menester serenar las pasiones, dejar de lado la intolerancia, fortalecer la austeridad en el uso de los recursos, planificar la inserción y el aporte de estos centros del saber en el mundo que viene, abandonar los sectarismos y defender los principios rectores nacidos en aquella reforma del año 1918. 

La discusión entre el gobierno y las universidades tendrá un nuevo capítulo el próximo martes 23 de abril en el marco de la compleja situación que las casas de estudio atraviesan debido al recorte presupuestario.

Desde la Facultad Regional de la UTN en San Francisco, el decano Alberto Toloza aseguró que cuentan con presupuesto para funcionar solo por un cuatrimestre, generando incertidumbre sobre el futuro de la institución.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, Toloza destacó la adhesión de autoridades y miembros de la comunidad universitaria local a la "Marcha Nacional Universitaria" del martes, a partir de las 17 con un debate para exponer y analizar la difícil situación que atraviesan las instituciones educativas en el país. Posteriormente, desde las 18 marcharán hacia el pórtico de la Facultad en defensa de la educación pública.

La medida se enmarca en la decisión tomada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Tecnológica (FUT) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ante la crisis presupuestaria.

La incertidumbre se profundiza a pocos días de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declarara la "emergencia económica" en las universidades públicas, debido al contexto inflacionario y los aumentos en las tarifas energéticas. 

El decano Toloza explicó que, aunque aún no enfrentan la oscuridad total en términos de gastos, el presupuesto anual de energía eléctrica de la UTN local se ha disparado en 2024, lo que pone en evidencia la difícil situación financiera de la institución.

Comentó que el año pasado tuvieron un gasto anual de energía eléctrica de 9 millones de pesos, mientras que en lo que va de 2024, con la suba de la luz más la quita de subsidios, la UTN local ya lleva gastados alrededor de 6 millones de pesos, siendo la última factura de 4.200.000 pesos. 

“Lo que hoy tenemos no da más que para un cuatrimestre del año. ¿Eso significa que se cerrará la universidad?: dudo que eso vaya a ocurrir”, agregó.

Ante la situación, Toloza expresó preocupación por la falta de claridad sobre la actualización del presupuesto universitario y desmintió el anuncio del Gobierno sobre un incremento del 140% en los fondos para el funcionamiento de las universidades.

Toloza enfatizó la importancia de destinar recursos al equipamiento y mantenimiento de la universidad, especialmente ante eventos imprevistos como la reciente tormenta que afectó al campus de la UTN San Francisco.

“Todas las instituciones públicas siempre tienen necesidades, especialmente para sostener las actividades, crecer y mejorar porque buscamos estar en constante actualización y generación de nuevos equipamientos, bibliografía, etc. Los recursos son siempre escasos y las necesidades se incrementan”. 

En conclusión, Toloza destacó que la UTN San Francisco, como parte del sistema universitario público, enfrenta desafíos financieros constantes y aseguró que la institución no tolera prácticas de adoctrinamiento ni actividades no relacionadas con la educación.

“Es importante decirle a la gente que no debemos generalizar la situación de todas las universidades. Nuestra UTN da la garantía que no hay cátedras que hagan adoctrinamiento y tampoco instituciones extra educativas que funcionen aquí salvo la cooperadora donde están estudiantes, docentes, no docentes y graduados”, concluyó. 

El Gobierno avanza en el desmantelamiento de dos nuevos organismos estatales que dejará el saldo de nuevos 900 despidos. Así lo informó hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien reveló que se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar.

Según precisó el funcionario, la resolución se tomó luego de una revisión de “datos calamitosos, profundamente desoladores” sobre ambos organismos que empleaban a  964 trabajadores, lo que se redujo a dirección que nucleará a 64 empleados. "Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”, subrayó al respecto. 

Adorni cuestionó “la fiesta que había del gasto público” y planteó que había "160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.

"Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”, denunció además.

La decisión que llevará adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, va en sintonía con la intención de cerrar la agencia de noticias Télam, del INADI y los recortes en PAMI.

El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena se creó bajo la administración de Alberto Fernández a finales de 2022 a través de la firma del decreto (729/2022) y era conducido por Miguel Gómez, dirigente del Movimiento Evita del riñón de Emilio Pérsico.

El anuncio del cierre llega el día después de la denuncia del Ministerio de Capital Humano al ex secretario de Economía Social del ex Ministerio de Desarrollo Emilio Pérsico por el envío de fondos a dos cooperativas que integraba, al mismo tiempo que era funcionario. 

De acuerdo a la presentación, el dirigente social, durante el gobierno de Alberto Fernández, habría enviado $473 millones a la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada.

"El Ministerio de Capital Humano por medio de la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia encabezada por el Dr. Pablo de La Torre, presenta ante la justicia federal de la Capital Federal una denuncia penal contra Persico por los delitos de Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de funcionario público", se detalló.

"Su accionar no sólo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados", se agregó.

El primer presidente de tradición liberal-libertario o "anarcocapitalista" como Javier Milei se definió a sí mismo en una reciente convención de ultraderecha, cumple hoy sus primeros 100 días de Gobierno. Supera así una barrera psicológica, la famosa "luna de miel" que la sociedad le da como cheque a cada gobierno entrante.

Lo llamativo es que, pese a llegar los 100 días de gestión en medio una crisis sin precedentes desde el año 2001, que se profundizó a partir de las medidas de brutal ajuste que su administración hizo recaer sobre las clases populares y medias, conserva aún altos niveles de adhesión social.

No hizo ni más ni menos que cumplir a rajatabla con su promesa de campaña, por la que un 30% lo votó en primera vuelta y el 56% en el balotaje.

Acaso se le pueda reprochar que había puesto mayor énfasis en el ajuste a "la casta política", pero lo cierto es que la reducción salvaje del gasto (la "motosierra) por 15 puntos del PBI, estaba en su plataforma de campaña y era evidente que iba a impactar negativamente en la vida cotidiana de la ciudadanía.

La promesa implícita en el contrato social con el electorado sigue viva: hay que atravesar el temporal de los primeros meses, en los cuales la sociedad va a sentir en carne propia el rigor de haber liberado los precios reprimidos de la economía, para después abrazar un nuevo tiempo de estabilidad y baja inflación.

Por eso el devenir de la segunda mitad del año será fundamental para poner a prueba la veracidad de esa promesa. Hasta que termine el primer semestre, el Gobierno gozará del beneficio de la duda, pero transcurrida esa ventana de tiempo deberá necesariamente exhibir resultados concretos en la lucha contra la inflación, condición sine qua non para conservar la credibilidad y sanos índices de popularidad.

Hoy en día, ese capital social (que Milei denomina "las fuerzas del cielo" en una alegoría bíblica) es lo único que tiene para sostener su gestión si se tiene en cuenta la debilidad de origen que significa gobernar en total minoría en ambas cámaras legislativas y sin controlar ninguna provincia ni municipio.

Tomando como lección la experiencia fallida del Gobierno "gradualista" de centroderecha de Mauricio Macri, la decisión de Milei fue tomar el toro por las astas de entrada y aplicar terapia de shock sobre la economía en los primeros días de su gestión.

Ajuste ortodoxo sin anestesia basadas en "la motosierra" y "la licuadora", sin medidas sociales compensatorias.

En su diagnóstico, es en estos meses que se define la suerte y el destino de su modelo de libre mercado a ultranza. Negociar los cambios en el tiempo con el "régimen político" sería, a su criterio, un certificado de defunción a sus ambiciones refundacionales. Este economista de 53 años, un "outsider" de la política que había sido diputado dos años antes, inauguró su presidencia con un discurso de asunción que brindó a espaldas del Congreso de la Nación, frente a su gente, anticipando el conflicto abierto que mantendría con uno de los poderes de la República.

En las escalinatas del Palacio Legislativo enarboló muchas de sus banderas de gestión: "No hay plata", "no hay alternativa al ajuste" y "el que corta no cobra", en una declaración de guerra a los movimientos piqueteros.

En el marco de su mentada reforma del Estado, confirmó que reduciría el Gabinete de 22 a nueve ministerios.

El nuevo titular de una de las carteras supervivientes, Luis "Toto" Caputo de Economía y Finanzas, anunció dos días más tarde, el 12 de diciembre, un salto devaluatorio del 118%, llevando el dólar a 800 pesos. La medida generó un traslado a precios inmediato, disparando la inflación.

También anticipó recortes en el gasto público, una disminución "al mínimo" de las transferencias a las provincias", paralización de la obra pública, quita de subsidios al transporte y la energía.

El 20 de diciembre, Milei presentó por cadena nacional Milei el mega DNU de desregulación de la economía, que venía a desguazar todo el andamiaje jurídico e institucional sobre el cual se erige el ordenamiento social de la Argentina. Se trata de reformas sobre cerca de 300 leyes, con modificaciones y eliminaciones de normas como la ley de alquileres, de abastecimiento y góndolas, sumado a la flexibilización de los aportes a obras sociales y el fin de las regulaciones de precios de prepagas.

Además, habilitó la firma de contratos en normas para el alquiler de inmuebles y habilitó la conversión de empresas estatales en sociedades anónimas.

Amplios sectores de la oposición rechazaron el decreto por "inconstitucional" y anticiparon un escenario de litigiosidad para los meses venideros.

Al día siguiente, La Libertad Avanza enfrentó la primera gran marcha piquetera en el centro porteño, con organizaciones sociales de izquierda movilizándose en el centro porteño y desafiando el nuevo protocolo antipiquete que había lanzado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con bombos y platillos. Fue la primera vez que se aplicó dicho protocolo de actuación de fuerzas públicas y el operativo estuvo monitoreado por el propio Milei.

El 27 de diciembre fue otro hito en la corta historia que lleva este Gobierno ya que el presidente envió al Congreso nacional la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Conocida como "ley ómnibus", esta iniciativa es la otra gran viga maestra del plan económico de Milei.

Incluía una fenomenal delegación de facultades y declaración de emergencias, un ambicioso paquete fiscal para reducir drásticamente el déficit, una reforma administrativa del Estado para desburocratizar y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, un esquema de privatizaciones de empresas públicas, desfinanciamiento de organismos de la cultura, y cambios sustantivos en materia de educación, seguridad y Código Civil.

El 11 de enero el INDEC divulgó que la inflación de diciembre había sido superior al 25%, la peor cifra desde 1991, antes de la Convertibilidad.

El 17 de enero, el presidente brindó un discurso en el Foro Económico de Davos, Suiza, y sorprendió al mundo, especialmente a Occidente, por su rabiosa prédica anticomunista y antiestatista, y por su negación del cambio climático. Fue elogiado por el hombre más rico del mundo, Elon Musk.

El 24 de enero, 35 días después de la asunción presidencial, se realizó el primer paro contra el Gobierno de Milei, el más rápido convocado contra un gobierno recién asumido. La CGT generó una amplia convocatoria a una masiva marcha que reunió a sindicatos, movimientos sociales y organizaciones peronistas y de izquierda.

El funcionamiento de los medios de transporte ayudó a que más gente pudiera trasladarse al centro porteño para protestar contra las políticas de La Libertad Avanza.

Mientras tanto, continuaban las negociaciones en torno a la ley ómnibus entre el Gobierno y la llamada oposición dialoguista de la Cámara de Diputados, que no quería avalar "superpoderes" por dos años ni aumento de retenciones. Estos aspectos fueron removidos de la letra del proyecto.

Sorpresivamente, el 26 de enero Caputo anunció que se retiraba también del proyecto el capítulo fiscal, que paradójicamente no era materia de objeciones por parte de esos sectores de la oposición, más allá de ciertas dudas con la fórmula de movilidad jubilatoria.

El 30 de enero sucedió un hecho inesperado, que fue el desembarco de Daniel Scioli al Gobierno de La Libertad Avanza como secretario de Turismo y Deportes. Lo hizo de la mano del ministro de Interior, Guillermo Francos, un ex menemista al que Milei siempre defendió ante sus detractores internos dentro del movimiento libertario. Sectores del oficialismo criticaron la decisión, que naturalmente también cayó mal en la oposición peronista.

La decisión de cortar con la intermediación de los planes sociales afectó intereses y calentó la temperatura de "la calle".

También el corte del suministro de alimentos e insumos a comedores a raíz de la falta de una auditoría sobre el uso de esos recursos profundizó el malestar y agudizó los problemas.

En ese contexto, el 1 de febrero se desarrolló una concentración importante frente a la sede de Capital Humano. La ministra del área, Sandra Pettovello, bajó a la puerta de su cartera y desafió a los líderes piqueteros con una desafortunada frase: "Voy a atender a la gente con hambre, no a los referentes".

Lejos de mitigar las protestas, la llamativa intervención de la ministra multiplicó las filas de personas reclamando para ser atendidas frente a las dependencias oficiales.

El 31 de enero comenzó a debatirse en el recinto de Diputados el proyecto ómnibus, achicado a poco más de 300 artículos. El tratamiento se dividió en varias jornadas consecutivas de debate apasionado. La longitud del proyecto en cuestión y la cantidad de oradores anotados hizo que recién se pudiera votar en general al cabo del tercer día de debate, con 144 votos en general y 109 en contra. Nunca quedó demasiado claro cuál era la versión del dictamen que se había votado, ya que mientras los diputados exponían, en otros espacios el texto del proyecto seguía modificándose.

 De todos modos, el mayor problema para el oficialismo se suscitó con posterioridad, el 6 de febrero, cuando en la votación en particular un número importante de legisladores de la oposición "dialoguista" le volteó algunos incisos vinculados a la eliminación de fondos fiduciarios, y se aprestaba a rechazar el capítulo de privatizaciones.

 Milei, que venía siguiendo el desarrollo del debate desde Israel, donde se encontraba de gira oficial, consideró que se había desdibujado el espíritu de su proyecto y que ya no tenía sentido seguir insistiendo con una redacción que iba a terminar siendo un "Frankestein".

 Ante esa encrucijada, ordenó desde la distancia el retiro del proyecto. Su tropa legislativa, con serios problemas de comprensión del reglamento, interpretó en un principio que solamente se suspendía el tratamiento en particular pero que se mantenía en pie la aprobación en general. Pronto quedó de manifiesto que el debate volvía a foja cero y que la ley ómnibus estaba caída.

El presidente hizo sonar el escarmiento y castigó a los gobernadores, a quienes culpó por no haber entendido el clima de época ordenando a sus legisladores a votar a favor de la ley ómnibus.

El 8 de febrero eliminó el Fondo de Compensación al Transporte que subsidiaba las tarifas de colectivos en el Interior, llevando al máximo la tensión con provincias como Córdoba y Santa Fe.

Al día siguiente, el Gobierno dejó de transferir a las provincias los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente del salario de docentes de todo el país.

 Milei también subió al ring al gobernador bonaerense, el kirchnerista Axel Kicillof, al eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que Alberto Fernández le había devuelto a ese distrito en 2020 en detrimento de la Ciudad de Buenos Aires.

El momento de máxima tensión llegó cuando el Gobierno le pisó a la provincia de Chubut 13.500 millones de pesos producto de una deuda que había dejado la anterior administración provincial, que Nación se negó a refinanciar.

Frente a la represalia nacional, el gobernador de la provincia, Ignacio "Nacho" Torres del PRO se plantó y amenazó con no enviar un solo barril de petróleo al resto del país. Automáticamente, los otros 23 gobernadores se solidarizaron con Chubut e iniciaron una rebelión.

En medio de estos enfrentamientos, Milei intentó negociar una alianza política más formal con Mauricio Macri. Patricia Bullrich se mostró muy entusiasmada con la idea y alentó la idea de una posible "fusión", pero el ex presidente puso paños fríos ya que no quería exponerse a un pacto de ese estilo cuando el Gobierno había soliviantado la insurgencia de las provincias por los recursos federales.

El 13 de febrero, Milei mantuvo una audiencia en muy buenos términos con el Papa Francisco en el Vaticano, por más de 70 minutos. Lo invitó a la Argentina y la foto mostró a ambos muy sonrientes.

El 15 de febrero, el Presidente inició una polémica insólita al despotricar contra la cantante Lali Espósito, a quien descalificó con la expresión "Lali Depósito". La acusaba de recibir dádivas del Estado a costa de la pobreza de la gente. El inesperado ataque de Milei a la artista generó algunos apoyos puntuales y el repudio generalizado de la comunidad del arte y la cultura.

El 17 de febrero llegaron malas noticias para el Gobierno, cuando el Observatorio Social de la UCA anunció que la pobreza se había disparado al 57%, la peor marca en 20 años. En enero, el INDEC había confirmado una inflación mayor al 20%, que sumado al 25% de diciembre planteaban un escenario sombrío. Sin embargo, Milei hizo una lectura distinta y responsabilizó al kirchnerismo por la "herencia" recibida en materia de pobreza.

El 22 de febrero, el Gobierno dispuso el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El 24 de febrero, Milei estuvo en Estados Unidos y se reunió fugazmente en una convención ultra conservadora con el ex presidente Donald Trump. Intercambiaron elogios.

El 27 de febrero, mientras el Gobierno todavía lidiaba con las esquirlas del enfrentamiento con Kicillof por la quita de fondos a la provincia de Buenos Aires, tomó la decisión de sumar un nuevo frente de conflicto al eliminar el programa Potenciar Trabajo, para reemplazarlo por dos nuevos planes de asistencia directa sin intermediarios. También ese día el vocero presidencial Manuel Adorni, anunció la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo en toda la administración pública.

En ese clima de máxima tensión llegó Milei a su primera Asamblea Legislativa en el Congreso, el 1° de marzo pasado, cuando se dignó a brindar su mensaje dentro del recinto de Diputados en lugar de darle la espalda como había hecho en su asunción.

Desde un atril de madera que hizo instalar especialmente, el mandatario trazó un cuadro de situación explicando detalladamente la herencia recibida y las medidas tomadas hasta este momento.

También anunció una serie de proyectos "anti casta" que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en el nuevo período de sesiones ordinarias, pero el momento culminante llegó sobre el final cuando lanzó una convocatoria a gobernadores y líderes a firmar el "Pacto de Mayo" en la Ciudad de Córdoba, el próximo 25 de mayo.

Milei leyó los diez principios o mandamientos básicos de ese nuevo "contrato social" hacia un "nuevo orden económico" e invitó a los gobernadores a firmarlo a libro cerrado a cambio de un nuevo pacto fiscal que alivie las cuentas provinciales luego de los recortes masivos aplicados por Nación. También les exigió una muestra de "buena voluntad" para que esta vez apoyen con mayor contundencia la Ley de Bases.

La oposición peronista leyó este pliego de condiciones como una "extorsión" pero los gobernadores que no son de Unión por la Patria saludaron el llamado al diálogo político y lo consideraron un punto de inflexión en la relación de Nación con las provincias.

Durante el discurso de aquel 1° de marzo, no pasó desapercibido su anuncio sobre la eliminación de la agencia Télam. Pasaron pocos días para que el Gobierno pasara del dicho al hecho, ya que el 5 de marzo las dos redacciones del medio estatal amanecieron vallados con un impresionante operativo policial que impidió el ingreso de los trabajadores a las instalaciones.

Al día siguiente, Milei volvió al colegio Cardenal Copello de Villa Devoto donde cursó sus estudios primarios y secundarios para encabezar un acto por el inicio del ciclo lectivo. Durante el discurso habló en contra del adoctrinamiento cultural de la izquierda en las instituciones educativas, pero no dejó de expresar una visión profundamente ideologizada en contra de "los zurdos".

Detrás suyo advirtió como un alumno que sostenía la bandera se desmayaba, pero en lugar de ayudarlo o pedir auxilio, prefirió hacer una broma. Por esa reacción, acumuló críticas y reproches.

El 8 de marzo pasado, Milei recibió a los 24 gobernadores en la Casa Rosada en la primera reunión preparatoria hacia el "Pacto de Mayo". Allí las provincias hicieron un reporte de sus dificultades fiscales y financieras, y el Gobierno tomó nota. También se filtró que el Poder Ejecutivo estaba preparando una segunda versión más acotada de la ley ómnibus, que incluiría la reversión del impuesto a las Ganancias.

Ese mismo día se realizó frente al Congreso una multitudinaria movilización por el Día Internacional de la Mujer. En un gesto de provocación hacia los colectivos feministas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presentó cómo quedó remodelado el ex Salón de las Mujeres, tras anunciar que pasó a llamarse Salón de los Próceres. Allí, el Gobierno instaló un cuadro del ex presidente Carlos Saúl Menem, lo cual le valió críticas de dirigentes opositores de distintos espacios.

El recrudecimiento de la violencia narco en la ciudad de Rosario, por una nueva oleada de asesinatos con sello mafioso de sicarios del negocio de la droga, abrió otro foco de tensión con las provincias, en especial con la de Santa Fe.

El gobernador de esa provincia, Maximiliano Pullaro, solicitó ayuda nacional para intervenir con fuerzas federales, pero luego de anunciarse un Comité de Crisis, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desembarcó con una modesta dotación de uniformados.

El Presidente insinuó que las provincias tenían que hacerse cargo de la seguridad en sus territorios, lo cual desencadenó fuertes cuestionamientos por el escaso compromiso del Gobierno nacional en comprometer recursos para combatir el crimen organizado en una ciudad de arde como Rosario.

El martes pasado, el Gobierno recibió una noticia alentadora: la inflación de febrero había bajado al 13,2% según el INDEC, lo cual consolidaba una tendencia a la deceleración de la subida de precios. Marzo acusará el impacto de la quita de subsidios a las tarifas de transporte y servicios públicos, por lo que la inflación podría recalentarse, pero el número de febrero no deja de ser una bocanada de oxígeno en medio de la crisis. Milei lo calificó como "un numerazo".

La áspera interna del jefe de Estado con su vicepresidenta Victoria Villarruel llegó el miércoles pasado a su nivel más alto y se expresó a cielo abierto cuando a través de un comunicado oficial la Oficina del Presidente cuestionó a la titular del Senado por habilitar el tratamiento del mega DNU mediante la convocatoria a una sesión especial.

En el escrito le reprocharon a Villarruel que lleve adelante "una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política" en la antesala del "Pacto de Mayo".

Ello no impidió que el jueves 14 de marzo se desarrollara la sesión en el Senado. Después de que fracasara un intento del oficialismo de postergar la sesión por dos semanas, se llevó adelante el debate y la votación materializó un durísimo cachetazo para el Gobierno.

Fueron 42 votos en contra de la validez del decreto, 25 a favor y cuatro abstenciones. Ahora la discusión se traslada a la Cámara de Diputados, donde la oposición tendrá la oportunidad de voltear la mega iniciativa si logra reunir una mayoría en contra. En cambio, el Gobierno podrá festejar si consigue una mayoría que deje en pie la vigencia del decreto.

El diputado nacional del monobloque Avanza Libertad y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, José Luis Espert, sostuvo este viernes que "una parte del ajuste lo tienen que hacer las provincias" y destacó que se ha "avanzado muchísimo en el Congreso" con el tratamiento del proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos"."Parte del ajuste lo tienen que hacer las provincias porque son parte de las política, por lo menos los gobernadores. Ya se han cortado las transferencias a las organizaciones sociales. No hay más intermediación de la pobreza y se redujo la cantidad de ministerios", afirmó Espert en declaraciones a radio La Red.El diputado también destacó que se ha "avanzado muchísimo en el Congreso" con el tratamiento del proyecto de ley "Bases" luego de que esta semana, el oficialismo consiguiera un dictamen de mayoría con el respaldo de bloques opositores que tienen una postura dialoguista con el Gobierno nacional."Se esta trabajando para llegar al martes de la semana que viene con un proyecto que se pueda tratar en el recinto. Debe ser una iniciativa que recoja las disidencias para que pueda ser aprobado. Entiendo que hay mucha pirotecnia verbal, pero adentro de Congreso hay un clima de mucho trabajo para que esto siga adelante. Se está trabajando muy bien con casi todos los bloques", remarcó el legislador.

En ese sentido, Espert agregó que aunque se generen "tensiones lógicas", el proyecto de la ley de "Bases" debería salir porque plantea una "reforma estructural para los argentinos"."Me llama la atención que haya mucha gente que hoy se pone muy nerviosa con las retenciones, cuando las hubo toda la vida en Argentina. Planteé que había que eliminarlas, y por eso me han dicho oligarca y que defiendo terratenientes", afirmó.Por eso, Espert llamó a ser "honestos intelectualmente" ya que consideró que "estamos en crisis" y que muchos gravámenes serán eliminados cuando "la emergencia desaparezca" de Argentina."Las retenciones son pésimas, el Presidente (Javier Milei) lo sabe, pero en el corto plazo se necesita para eliminar el impuesto más regresivo que es el inflacionario", justificó.

Asimismo, sostuvo que "los sindicalistas deberían ser los primeros monetaristas, dado que la inflación es un fenómeno de ese tipo que destruye el salario real"."En lugar de marchar al pedo, los sindicalistas deberían pedir cero déficit fiscal, pero acá esta todo tergiversado", opinó.Al ser consultado sobre las versiones que hablan de tensiones entre el presidente de la Cámara baja, Martín Memen y el jefe de Estado en relación al trámite que tuvo hasta ahora el proyecto de le de "Bases", Espert sostuvo que el titular del cuerpo tiene un desempeño "excelente" en su cargo."Le agradezco (a Menem) la generosidad de recibirme cada vez que levanto el teléfono. Tiene todo el apoyo de Presidente de la Nación . Estoy al servicio de lo que necesite el titular de la Cámara baja", aseguró. 

La ciudadanía ya conoce los principales lineamientos de las decisiones que, en materia económica especialmente, está dispuesto a adoptar el gobierno nacional para revertir la profunda crisis que vive el país. Estas medidas van en la dirección esperada y anunciada por el propio presidente Milei en su discurso inaugural.

En aquella alocución, el primer mandatario hizo un crudo diagnóstico de la herencia que recibe del anterior gobierno, casi con seguridad el peor de los últimos 40 años. Un legado nefasto que fue explicitado con contundencia, aun cuando en el mensaje pronunciado en las escalinatas del Congreso Nacional no hubo mayores precisiones acerca de las estrategias que, ahora sí, se están poniendo en marcha. 

La convicción es que “vivir con lo puesto” será la norma en los meses que vienen. La dureza de este tiempo ya se siente y tendrá repercusiones aún más severas. Ha llegado la hora de aspirar a la realidad, como se señaló en la nota de opinión publicada en este diario en la edición del domingo 10 de diciembre. De entender que será imposible salir del trance sin orden fiscal ni control en el derroche que dilapidó la riqueza argentina, gracias a la irresponsabilidad e ineptitud de una dirigencia plagada de actitudes decrépitas y agotada en su capacidad de comprensión de la dramática realidad que se vive.

Se ha escrito en la prensa nacional que nunca antes un mensaje presidencial que abogó por el ajuste fiscal haya cosechado elogios. No de sectores de la economía poderosos o empresariales, sino de ciudadanos comunes. De personas que conocen las dificultades que deberán atravesar en las semanas que vienen. Pero que, por una vez, confían en que el camino pedregoso es un purgatorio necesario después de décadas de desatinos mayúsculos. 

Aseguró el presidente que el gobierno anterior dejó la "peor herencia de la historia" y emitió pesos por una cifra equivalente a 20 puntos del PBI. Como el rezago de la política monetaria se extiende por entre 18 y 24 meses, los próximos dos años la sociedad seguirá pagando ese desmadre inédito. Calculó que entre diciembre y febrero habrá una inflación mensual de entre el 20% y el 40%. "Esta es la herencia que nos dejan -resumió- una inflación plantada del 15.000% anual contra la cual vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla".

Puede parecer arbitraria la comparación. Sin embargo, salvando las enormes distancias entre una guerra inhumana y brutal y una grave crisis socioeconómica, asoman con algún grado de coherencia las palabras que pronunció el ex primer ministro británico, Winston Churchill, al asumir su cargo el 11 de mayo de 1940, cuando la Alemania nazi desplegaba su ejército por Europa: “No puedo ofrecer otra cosa más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Tenemos ante nosotros una prueba de la especie más dolorosa. Tenemos ante nosotros muchos, muchos meses de lucha y sufrimiento”, dijo.

Será un tiempo difícil el de las semanas y meses por llegar. Deberá demostrar el nuevo gobierno coherencia y firmeza para empezar a desarmar los mecanismos que nos han llevado hasta este punto de no retorno. Es de esperar que así ocurra. En el mientras tanto, la ciudadanía estará observando el horizonte para encontrar la luz que alivie los pesares. Pasando al criollo aquella frase histórica de Churchill, habrá que “apechugarla”.

Referentes de distintos sectores consultados por LA VOZ DE SAN JUSTO expresaron sus primeras impresiones tras las medidas anunciadas por el recién nombrado ministro de Economía, Luis Toto Caputo. 

Las reacciones fueron diversas, reflejando un espectro de opiniones que oscilan entre la paciencia y la urgencia, la preocupación y la expectativa.

“La única solución que le queda a la Argentina es bajar el gasto, no hay otra salida posible”, sentenció un especialista en asesoramiento de empresas y derecho tributario. 

“Las nuevas medidas se entienden, pero no sabemos cómo se van a pagar, sobre todo al no haber dólares”, expresaron desde la cámara que nuclea a los industriales metalúrgicos. Y acotaron: “La devaluación del peso frente al dólar incide en el costo de los productos” aunque “tenemos que tener en cuenta las exportaciones ya que, al haber una devaluación, esto genera que seamos más competitivos”.

En el sector exportador confían en que “esto llevará a un ordenamiento” pero advierten que “se vienen meses bastante complicados”.

Desde el comercio rescataron “la decisión de no atacar los planes sociales” al duplicar la AUH y la Tarjeta Alimenta para atenuar el impacto en un sector de la población “que lo va a utilizar para el consumo”.  Mientras que desde el sector del agro afirmaron que “tendrán “paciencia”. 

El panorama más alarmante lo plantaron desde la Uocra por la suspensión de la obra pública: “Es una mala noticia para los trabajadores de la construcción”. 

El doctor Marcelo Saleme Murad, abogado y especialista en asesoramiento de empresas y derecho tributario, sostuvo que son “medidas drásticas” y dispuestas “sin anestesia” sobre el conjunto de la población.

Pese a todo expresó que este conjunto de medidas “son necesarias, aunque sean dolorosas” mientras que estimó que estas diez políticas anunciadas “recién son la punta del iceberg” de un conjunto más amplio de medidas que seguramente se irán conociendo con el correr de los días.

“Se vienen medidas más profundas”, estimó Saleme Murad y agregó que a este gobierno “lamentablemente le toca hacer el trabajo sucio” porque “esto se venía evitando por el gobierno anterior lo que sin dudas estaba agravando la situación”.

Precisamente, el entrevistado recordó que, en 2020, en ocasión de una entrevista realizada con LA VOZ DE SAN JUSTO “yo ya había anunciado que esto iba a pasar” por lo que “reitero todo lo dicho anteriormente”. En ese momento, había señalado que “las medidas económicas y sociales (adoptadas por el gobierno del expresidente Alberto Fernández con motivo de la pandemia de Covid 19) han sido muy malas. Se ha castigado con ferocidad al que produce, y se ha premiado al empleado público y al que vive del Estado sin trabajar. Así no hay país viable. Va a terminar muy mal. Hacen lo mismo de siempre, pero potenciado. Antes fracasó, ahora también va a fracasar y peor”.

En ese marco Saleme Murad adelantó que “hacen falta medidas de fondo: achicar el Estado, terminar con el déficit fiscal bajando el gasto público, reducir la presión fiscal por lo menos a la mitad de lo que es hoy eliminando impuestos y reduciendo alícuotas, medidas efectivas contra la corrupción pública, terminar con la emisión descontrolada, y finalmente adoptar otra moneda. Podrá ser el dólar, o una canasta de monedas. Pero el peso no va más”.

Luego se mostró satisfecho por la elección del presidente Javier Milei “porque la gente tomó conciencia de que esto era lo que había que hacer. No se podía más seguir como estábamos y tampoco podía implementarse un plan que no fuera este”.

No obstante, Saleme Murad reconoció que “es evidente” que “todos vamos a sufrir las consecuencias” aunque dijo que esto “era inevitable también por la otra vía” porque “el gobierno anterior nos estaba conduciendo de frente hacia una hiperinflación en poco tiempo”.

“La única solución que le queda a la Argentina es bajar el gasto, no hay otra salida posible”, sentenció.

En cuanto a las medidas anunciadas, explicó que el nuevo valor del dólar “ayuda a los exportadores” que “son quienes producen riqueza” mientras que sobre el sector agropecuario adelantó que “va a estar mejor”.

Saleme Murad reconoció que la recuperación de la rentabilidad “va a llevar un tiempo, esto no es automático, es un camino duro, pero como dijo el presidente Milei, hay luz al final del túnel”.

Desde la Cámara de Comercio Exterior de San Francisco y la Región (CCE) se encontraban analizando la magnitud de los alcances de las medidas anunciadas por el gobierno para lo cual, por el momento, prefirieron mantenerse “cautos” a la hora de manifestar una posición.

En este caso, la presidenta de la CCE, María Florencia Ricca, explicó que “todavía falta conocer la letra chica de las medidas” porque “más allá del nuevo valor del dólar, hay un montón de cuestiones que estamos tratando de entender”.

“Creo que esto va a llevar a un ordenamiento, pero sabemos que se vienen meses bastante complicados. Habrá que esperar a conocer la letra chica de todo lo implementado. Entonces no se sabe cómo se van a poner en práctica las medidas a nivel bancario”.

Luego, Ricca remarcó que “aún no se conoce” la información vinculada con las posiciones arancelarias de algunos bienes por lo cual dijo que “no sabemos cómo van a terminar impactando” las medidas en distintos sectores.

Desde la subcomisión del Centro Empresarial y de Servicios (CES) Vamos al Centro, los comerciantes locales aseguraron que están atravesando un “momento difícil” a partir del efecto causado por la situación económico financiera del país.

En este marco, el presidente de Vamos al Centro, Ariel Morano, indicó que “estamos complicados”. En torno a las medidas anunciadas por el ministro Caputo dijo que “en su mayoría son positivas” porque “son las que se tomarían para reducir el déficit” en el Estado.

Igualmente, consideró que “fue buena” la decisión de no atacar los planes sociales a los que “se les adicionó un incremento necesario” para atenuar el impacto en un sector de la población “que lo va a utilizar para el consumo” de bienes y servicios.

Luego, Morano consideró “un poco apresurado” expresar un juicio de valor acerca de la eficacia de las medidas anunciadas y lamentó que “se haya vuelto atrás” con la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría que había sido eliminada por ley del Congreso de la Nación.

Sobre este punto, Moreno se refirió a la intención del Gobierno nacional de volver a instaurar este impuesto a partir de 2024 pese a que el propio presidente Javier Milei, cuando era diputado nacional, votó a favor de la eliminación de la cuarta categoría tal como lo había impulsado el gobierno anterior.

En este sentido, también mostró ciertas reservas “ante el incremento de un 15 por ciento de retenciones para el sector del agro” que “parecen un poco contradictorias” con los dichos que en su momento había manifestado el presidente Milei que “hablaba de una disminución en la cantidad de impuestos y en principio estamos viendo un aumento”.

La cosecretaria general de CGT San Francisco, Paula Cabrera, dijo que “no me sorprenden” las medidas anunciadas porque “era lo que se esperaba”.

“Estas medidas tienen su explicación echando la culpa a la herencia anterior, pero por sobre todas las cosas, van a repercutir sobre los ingresos de los trabajadores del sector público y privado”, indicó.

Recordó sin embargo que “esto es lo que el pueblo argentino ha elegido. Quizá alguno pensaba que los ajustes no iban a impactar sobre los ingresos de los trabajadores sino contra la ‘casta’”.

El sector agropecuario aseguró que “las medidas eran las que se suponía” que iba a implementar el actual gobierno nacional “en consonancia con lo anunciado durante la campaña electoral”

En este caso, el presidente de la Sociedad Rural San Francisco, Javier Cassineri, dijo que si bien Caputo anunció “muy poco” sobre  las medidas para el campo, se mostró esperanzado de que “en un futuro cercano se enfoquen en nosotros”.

Igualmente, consideró “lógico” que se mantenga el actual esquema de retenciones en esta primera etapa del gobierno, aunque ratificó que se trata de “un impuesto muy distorsivo” para lo cual dijo que desde el sector agropecuario “vamos a tener paciencia” para que “el gobierno vaya trabajando y lo haga efectivo tal como lo había anunciado”.

Daniel Sánchez, secretario general de Uocra Villa María, que además tiene a su cargo, las delegaciones de San Francisco y Marcos Juárez, manifestó la preocupación de todo el sector por la pérdida de puestos de trabajo que se viene registrando en el sector de la construcción a partir de la disminución en la ejecución de la obra pública, eje de actividad. 

“Nosotros ya sabíamos que estas eran las consecuencias que se iban a generar a partir de estas medidas”, explicó para luego recordar las palabras del ministro Caputo cuando aseguró que “las obras públicas que ya están iniciadas van a continuar”.

“Esto afecta en su mayoría a las subcontratistas además de que se está generando la baja de puestos de trabajo en algunos compañeros por este aumento de costos. Estamos conversando con las empresas porque ellos son los que van a definir el futuro de muchos trabajadores”, agregó.

El dirigente sindical indicó que “los despidos en el sector se están sintiendo fuerte” sobre todo a partir de lo ocurrido en el sur de nuestro país donde “se han registrado unos 500 despidos a lo que se deben sumar a los subcontratistas que no tienen proyección de obras a futuro”.

Para la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) “las medidas se dieron dentro de lo esperado” mientras que el único elemento que sorprendió de los anuncios fue “la fuerte devaluación” del peso frente al dólar.

El gerente de la AIM, Silvio Escurra, comentó que “era sabido que iba a haber una devaluación” tras lo cual reconoció que el gobierno nacional “aún tiene que aclarar muchos puntos” vinculados con sus primeras acciones en materia económica, sobre todo en relación a las importaciones de insumos para las empresas.

“Las nuevas medidas se entienden, pero no sabemos cómo se van a pagar, sobre todo al no haber dólares” en el mercado indicando luego que “es muy pronto” para una evaluación porque “no hay demasiados argumentos” que permitan fijar una posición al respecto.

Escurra señaló que la devaluación del peso frente al dólar “incide en el costo de los productos” aunque “tenemos que tener en cuenta las exportaciones ya que, al haber una devaluación, esto genera que seamos más competitivos”.

Por último, dijo que los empresarios metalúrgicos “están al aguardo de la letra chica” de cada una de las medidas para conocer precisamente cómo se van a implementar.