En un contexto judicial complejo, Alberto Arrieta, presidente del Colegio de Abogados de San Francisco, expresó su preocupación por las vacantes en diversos fueros de la ciudad y la región, lo que impacta negativamente en el servicio de justicia.

En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, en el marco del Día del Abogado, celebrado cada 29 de agosto en homenaje a Juan Bautista Alberdi, Arrieta analizó la actualidad y desafíos de la profesión que reúne unas mil matrículas activas en el departamento San Justo. Advirtió que “la Argentina está perdiendo institucionalidad y respeto de la Constitución, lo que en definitiva afecta de manera directa al funcionamiento del sistema judicial”.

Reclamó que “se necesitan más jueces” y adelantó que desde el Colegio pedirán a la Provincia un relevamiento sobre las distintas jurisdicciones para “designar o crear los jueces que resulten necesarios”, porque lo contrario “atenta no solo contra la actividad que tienen que desarrollar los abogados, sino también contra los justiciables”.

-       ¿Cómo describiría el ejercicio de la abogacía en Argentina en 2025, marcado por la crisis económica y los cambios sociales e institucionales?

Es un momento difícil para la abogacía, en función de que los abogados no estamos exentos de la situación socioeconómica en general. Y desde el punto de vista institucional también estamos preocupados porque coincidimos con el miembro de la Corte, el doctor Juan Carlos Maqueda, cuando sostiene que la Argentina está perdiendo institucionalidad y respeto de la Constitución, lo que en definitiva afecta de manera directa al funcionamiento del sistema judicial.

-       ¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones de los abogados en su circunscripción?

Hoy lo que nos preocupa de manera mucho más sostenida es la cuestión operativa de los tribunales en la provincia de Córdoba. La provincia, mejor dicho el Tribunal Superior de Justicia, ha implementado el procedimiento oral en todos los fueros, principalmente civil, laboral y penal. Con la implementación del proceso oral nosotros estamos de acuerdo, porque confiamos en la inmediatez, más allá de que la celeridad del proceso también está garantizada. Aunque no podemos perder de vista lo que decía el profesor Jorge Clariá Olmedo, en el sentido de que mucha celeridad también atenta contra la seguridad jurídica. Esa es la razón por la que entendemos que algunas modificaciones, algunas adecuaciones habría que hacer al procedimiento oral, particularmente el civil.

Pero lo que nos preocupa es que hay juzgados en el interior de la provincia, por ejemplo en Morteros, Las Varillas y Arroyito, cuyos jueces de competencia múltiple tienen que implementar, por un lado, el proceso oral civil con audiencia preliminar y audiencia complementaria, pero al mismo tiempo también las audiencias de contacto, las de conciliación voluntaria, las de control jurisdiccional, las de otorgamiento de la libertad a una persona en prisión preventiva y todas las demás que se van generando. Si además se agrega que deben ser jueces de sentencia tanto en el ámbito laboral como en el penal, es imposible que un magistrado pueda tomar la totalidad de esas audiencias, estar al día en sus despachos y adoptar resoluciones con un contenido jurídico de calidad. El observatorio permanente del funcionamiento de la Justicia ya detectó una baja en la calidad de las sentencias dictadas por los tribunales del interior de Córdoba.

-       Van más rápidos los cambios que la disponibilidad de recursos. ¿Cómo afecta la sobrecarga judicial a la tarea profesional?

Hace muchos años lo habíamos advertido con el doctor Mario Perrachione: la implementación del proceso oral requería necesariamente que se dote de los recursos que necesita la Justicia para funcionar. En este caso particular, lo que se necesitan son jueces. El TSJ no los puede designar, los tiene que crear la Provincia. Por eso estamos trabajando para elevar una propuesta al Poder Ejecutivo a través de la Federación de Colegios de Abogados, solicitando un relevamiento de la situación en cada circunscripción y designar o crear los jueces que resulten necesarios.

En San Francisco, por ejemplo, los jueces de primera instancia, prácticamente colapsados, han pedido el relevamiento de la competencia en materia de concurso y quiebra. La idea es trasladar esa competencia a Córdoba capital, lo que significa que concursados, síndicos y acreedores deberían trasladarse 250 kilómetros. Ni hablar de lo que ocurre con Huinca Renancó. Pero esa sobrecarga en otros tribunales también decantaría en más lentitud. ¿Qué pasaría si los juzgados de Arroyito, Morteros y Las Varillas derivan la totalidad de las causas penales al juez de control de San Francisco? Colapsaría. Es un sistema de frazada corta: antes de poner en práctica los procedimientos hay que relevar y planificar.

-       ¿Qué impacto tienen los cambios normativos en la labor cotidiana de los abogados? ¿Considera que la abogacía está perdiendo prestigio social?

Yo no creo que el abogado pierda prestigio frente al discurso del Gobierno nacional sobre las incumbencias. Cuando se determine ese análisis se verá que es imposible sacar de la competencia de los abogados materias como sucesiones o divorcios, porque en la mayoría de los casos requieren intervención judicial. Será una solución parcial, que no evitará los costos de un proceso ni acelerará el trámite. También se planteó eliminar la matrícula o el sistema de registración de los escribanos, permitiendo a los abogados realizar tareas propias de ellos. Nosotros creemos que cuando un sistema funciona, lo que se necesita es acelerar los procesos, pero no afectar incumbencias profesionales. Me parece que este intento va a quedar en la nada.

“No creo que el abogado pierda prestigio frente al discurso del Gobierno nacional sobre las incumbencias. Es imposible sacar de la competencia de los abogados materias como sucesiones o divorcios”

-       ¿Qué lugar ocupa hoy la ética profesional en un contexto donde muchas veces se percibe descreimiento hacia la Justicia?

El funcionamiento de la ética profesional es indispensable. El ejercicio de la abogacía sin un tribunal de disciplina es inviable. Todas las profesiones tienen su tribunal de disciplina y es indispensable el control interno para que el ejercicio profesional se haga adecuadamente.

-       ¿El Colegio está desarrollando capacitaciones para que los profesionales se adapten a la digitalización de los procesos judiciales?

Nosotros venimos sosteniendo la necesidad de que el abogado se mantenga actualizado y se capacite porque los procesos hoy son mucho más vertiginosos. El abogado que no se actualiza pierde el tren. Por eso estamos haciendo muchas capacitaciones y lanzaremos nuevas conferencias de primer nivel.

-       ¿Qué cambios está generando la inteligencia artificial en el trabajo de los abogados? ¿Es una amenaza o una oportunidad?

La inteligencia artificial puede servir, pero hay que tener cuidado. Ya hubo un antecedente en Rosario donde un abogado fue sancionado por usar ChatGPT y presentar citas falsas. Puede orientar, pero no razona. Hay que controlarla. En nuestro Colegio estamos estudiando implementar herramientas que faciliten la tarea del abogado, no que lo reemplacen. Bien utilizada, la IA mejorará la calidad de los servicios profesionales, como ya ocurre en medicina o ingeniería.

-       ¿Qué cree que debería cambiar en el sistema judicial argentino para fortalecer el ejercicio libre e independiente de la abogacía?

Yo creo que hay un problema vinculado a la pérdida de institucionalidad. No se respeta la división de poderes. El Poder Judicial es un poco el hermano pobre de este trío. Los recursos y la posibilidad de que se desarrolle de manera independiente se ven afectados si no tiene presupuesto adecuado. Si fuera entendido como verdadero poder, debería contar con la misma fuerza y recursos, al menos proporcionalmente, que los otros poderes.

-       ¿Cuál es el principal desafío que tiene el Colegio de Abogados hacia adelante?

La especialización hoy es fundamental. La actividad clínica ha desaparecido del ejercicio y se impone especializarse en alguna materia. Las universidades y colegios dictan cursos, y el abogado debe seguir estudiando incluso más que al inicio de la carrera, pero en áreas específicas.

 “En nuestro Colegio trabajamos con la Comisión de Jóvenes Abogados y pronto lanzaremos un programa de inicio en el litigio. Lo principal que les diría a los jóvenes abogados es que deben capacitarse de manera permanente y especializarse para estar a la altura de las circunstancias en este escenario complejo”, dijo Albero Arrieta.

En un contexto judicial cada vez más complejo, Alberto Arrieta, presidente del Colegio de Abogados de San Francisco, expresó su preocupación por las vacantes en diversas fiscalías de la ciudad y la región, lo que impacta negativamente en el servicio de justicia. El titular del Colegio advirtió que la falta de cobertura en puestos clave, como fiscales y asesores letrados, podría generar un retraso significativo en la tramitación de causas y una posible afectación en la calidad de las investigaciones.

Al comenzar el año 2025, San Francisco enfrenta una escasez crítica de fiscales. Entre las vacantes más destacadas, se encuentran la Fiscalía de Delitos Complejos, que quedó vacante tras la salida de Bernardo Alberione, y la Fiscalía de la 4ª nominación, luego de la jubilación de la fiscal Leonor Failla. Además, sigue pendiente la designación de un fiscal para el Fuero Antinarcotráfico, función que hasta su salida también desempeñaba Alberione y que hoy está bajo la responsabilidad temporal del fiscal Oscar Gieco, quien también está a cargo de la fiscalía 1ª.

“Estamos en una situación muy complicada porque San Francisco, con dos fiscales (Oscar Gieco y Silvana Quaglia), tiene que cubrir cinco fiscalías. Eso marca una urgencia por la designación de estos cargos”, señaló Arrieta en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO. Según el abogado, las vacantes son un problema crítico no solo para los abogados, sino también para la sociedad en general, que se ve afectada por la demora en la resolución de casos.

Además de las vacantes en las fiscalías, también se suman otras el ámbito de la asesoría letrada. Arrieta explicó que la ciudad tiene vacantes en este sector debido a que funcionarios como Lucio Sarnado, quien aprobó el concurso para trasladarse a Córdoba, dejarán su puesto, mientras que la asesora letrada de Las Varillas, Virginia de la Vega, también dejará su cargo tras obtener su traslado. “La situación es preocupante, especialmente en áreas como violencia de género, menores y causas relacionadas con víctimas que no tienen recursos económicos para contratar abogados privados. Esto genera un verdadero conflicto porque ni siquiera hay suficientes abogados para cubrir esos cargos”, afirmó Arrieta.

El presidente del Colegio de Abogados destacó el impacto negativo que estas vacantes tienen en la calidad y eficiencia del servicio judicial. “Uno de los principales problemas es la demora. Un solo fiscal para dos fiscalías no puede hacerse cargo de todas las causas con la misma eficacia que si tuviera otro funcionario a su lado. Esto, además, afecta la calidad de la investigación”, explicó. 

Por otro lado, Arrieta resaltó que la demora en la cobertura de vacantes no se debe a una falta de voluntad por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sino a los largos tiempos que lleva el proceso de selección de nuevos fiscales. “El proceso de convocatoria, corrección de concursos y la posterior designación puede demorar casi un año. Es un proceso que, aunque se realiza de manera automática, es demasiado largo”, expresó. Según Arrieta, esto obliga a buscar soluciones temporales, como la designación de fiscales reemplazantes, para al menos cubrir provisionalmente los cargos vacantes.

Consultado sobre el estado de las vacantes en el fuero civil, Arrieta aclaró que, en este ámbito, la situación es más favorable. “Los cargos en el fuero civil están todos cubiertos. La única vacante que persiste es la de una camarista laboral en los tribunales sanfrancisqueños”, dijo.

La situación en el ámbito federal es aún más grave, ya que el Juzgado Federal de San Francisco se encuentra sin juez ni fiscal. El juez Pablo Montesi falleció en 2024, y su puesto está siendo subrogado por Sergio Pinto, juez federal de Bell Ville. Por su parte, la fiscalía quedó vacante tras la destitución de Luis María Viaut, quien fue condenado por corrupción. La fiscalía está siendo temporalmente ocupada por la fiscal María Marta Schianni de Villa María.

“El fuero federal es mucho más grave porque no tenemos ni juez ni fiscal. Ya se abrió la inscripción para la designación de un nuevo juez, pero este proceso también llevará tiempo. Se deben cubrir tres cargos en la provincia, uno de ellos en San Francisco”, explicó Arrieta. En cuanto a la fiscalía, el Consejo de la Magistratura aún no ha convocado a concurso para cubrir el puesto de manera definitiva. 

Arrieta también hizo hincapié en los problemas que enfrenta el sistema judicial para cubrir las vacantes en los tribunales locales y federales. “El Tribunal Superior de Justicia realiza las convocatorias cuando se producen vacantes, pero el proceso de selección es muy lento. En el caso de los jueces federales, por ejemplo, el proceso de convocatoria será más rápido, pero en el ámbito provincial las demoras son considerables”, indicó.

El presidente del Colegio de Abogados destacó que uno de los principales retos es lograr una designación más ágil para evitar que los cargos queden vacíos por tanto tiempo. “Estamos trabajando en encontrar soluciones para acelerar los procesos de selección, pero por ahora la única opción es buscar reemplazantes temporales que al menos cubran las vacantes hasta que se resuelva el concurso”, añadió.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llevó al Congreso la llamada Ley Hojarasca, que incluye modificaciones a la ley de divorcio. La propuesta, impulsada por el presidente Javier Milei, busca permitir la disolución del vínculo matrimonial mediante un acto administrativo en el Registro Civil, siempre que ambas partes estén de acuerdo. Este cambio, argumentan sus defensores, podría generar un ahorro significativo de tiempo y costos, eliminando la necesidad de asesoramiento legal.

Actualmente, “el proceso de divorcio en Argentina es expeditivo y unilateral. Desde 2015, no se requiere la aceptación ni la justificación por parte de la otra persona, por lo que esta iniciativa no introduce nada nuevo y podría vulnerar derechos constitucionales”, señaló a LA VOZ DE SAN JUSTO Alberto Arrieta, presidente del Colegio de Abogados de San Francisco. 

El Código Civil vigente establece que las causas para disolver un matrimonio son: a) muerte de uno de los cónyuges, b) sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, y c) divorcio declarado judicialmente. La nueva ley agregaría el "divorcio en sede administrativa", equiparándolo a los efectos del divorcio judicial.

Este divorcio administrativo se llevaría a cabo únicamente a petición conjunta de ambos cónyuges, ante el oficial del Registro del Estado Civil correspondiente al último domicilio conyugal. Sin embargo, “el proyecto presenta falencias legales al no reconocer la naturaleza judicial del divorcio”, sostuvo Arrieta.

“El proyecto presenta falencias legales al no reconocer la naturaleza judicial del divorcio”

“El divorcio no es un trámite administrativo; ha sido regulado como un procedimiento judicial desde tiempos de los romanos. Pretender convertirlo en un trámite administrativo ignora derechos que pueden ser vulnerados”, expresó.

Las preocupaciones se centran en la falta de información que recibirían las partes involucradas. Por ejemplo, “¿quién informaría a la mujer sobre su derecho a una compensación económica o sobre la cuota alimentaria? Estos son derechos que requieren homologación judicial; sin esa validación, no pueden exigirse ni cumplirse”, indicó el abogado.

El enfoque del proyecto se limita a la disolución del vínculo matrimonial, sin considerar las consecuencias que esta disolución conlleva. Arrieta informó que “en la mayoría de los casos, las parejas que se divorcian tienen hijos o bienes en común, lo que requiere acuerdos sobre la repartición de responsabilidades y capital adquirido. El 99% de las parejas que llegan a un divorcio necesitan acordar un régimen parental para sus hijos y repartir bienes, y si estos acuerdos no se homologan ante un juez, la parte más vulnerable puede verse perjudicada”.

“El enfoque del proyecto se limita a la disolución del vínculo matrimonial, sin considerar las consecuencias que esta disolución conlleva”

Conforme avanza el proceso, “las partes podrían terminar requiriendo un procedimiento judicial para regular los efectos del divorcio, lo que contradice el objetivo inicial de simplificar el proceso. Es fundamental que los acuerdos post-divorcio sean homologados por un juez para proporcionar respaldo legal en caso de incumplimiento. Sin esta homologación, los acuerdos verbales carecerían de autoridad legal”.

“Preocupa que desde el Gobierno se desconozca la importancia de los procesos judiciales y se presente este proyecto como una forma de abaratar costos”

“La propuesta del Gobierno confunde a la ciudadanía, haciéndoles creer que el divorcio se resolverá simplemente en el Registro Civil. La realidad es que el proceso judicial será inevitable y tampoco se abaratarán los costos”, agregó Arrieta.

“Desde el Colegio de Abogados, expresamos preocupación por la falta de reconocimiento de la importancia de los procesos judiciales en este ámbito. Se está preparando un comunicado para rechazar formalmente el proyecto y se considera presentar una acción judicial para cuestionar su constitucionalidad, argumentando que esta medida no solo no resuelve problemas existentes, sino que también genera más confusión en la sociedad”, concluyó.

Cada 29 de agosto se conmemora el Día Nacional del Abogado. La fecha se fijó en 1958 para homenajear al abogado, político y jurista Juan Bautista Alberdi, conocido por ser el autor intelectual de la Primera Constitución y uno de los pensadores más importantes e influyentes del siglo XIX.

Precisamente, el festejo fue determinado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), en la fecha del natalicio del mencionado prócer argentino. En este marco, LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con el presidente del Colegio de Abogados de San Francisco, Alberto Arrieta, quien analizó la actualidad del ejercicio de la profesión.

“Es un día en el que los abogados nos despejamos de los atributos profesionales y aprovechamos para poder intercambiar cuestiones más personales”, dijo. Sobre la realidad, Arrieta manifestó: “En términos generales, el abogado no está exento de sufrir la crisis económica que atraviesa el país puesto que somos parte de la sociedad. Estamos trabajando mucho para acomodar algunas cuestiones relativas a la profesión”.

“No tengo conocimiento de que hayan cerrado estudios jurídicos pero sí hubo reacomodamientos que es algo que pasa siempre, de igual manera, estamos recibiendo reclamos sobre cosas que no funcionan adecuadamente por la crisis”, indicó. 

La tecnología avanza a pasos agigantados y desde el Colegio de Abogados se capacitan permanente para aggiornarse. “Hasta hace algunos años hablábamos de redes sociales y hoy ya estamos hablando de inteligencia artificial (IA). Hay cambios que son muy vertiginosos y tiene que haber mucha capacitación, no sólo en cuestión de derecho sino que también en manejos de las nuevas tecnologías”, señaló Arrieta.

A su vez, el titular del Colegio analizó el impacto de la IA. En este sentido argumentó: “La inteligencia artificial tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, hay un agravante y es que se puede sustituir identidades y te pueden hacer decir lo que vos nunca dijiste. Es algo que hay que controlar. En las próximas jornadas sobre Derecho Civil habrá dos temas relativos a la IA. No podemos llegar tarde con la regulación jurídica como nos pasó con Internet, tenemos que estar preparados”.

Con respecto a la virtualidad, Arrieta sostuvo que “con o sin pandemia, era un paso que la Justicia debía dar” y que es beneficioso para la práctica de la profesión. “La virtualidad en el sistema de administración de causas vino para quedarse, estamos tratando de mejorar el sistema porque hay que resolver algunas fallas. La presencialidad ha quedado reducida a las audiencias personales. Es cada vez menor la presencialidad. Con o sin pandemia hubiéramos llegado al mismo puerto. La virtualidad es mejor en algunas cosas pero también tiene sus defectos. Los procesos judiciales tienen que tener sus tiempos, no lo puede imponer un sistema, no siempre la celeridad es la panacea del sistema judicial”, agregó.

Con el fallecimiento del juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, Arrieta aseguró que “no sólo se perdió un ser humano sino que también un puesto de relevancia para San Francisco. Es una vacante difícil de reemplazar”. 

Precisamente, días atrás el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres, visitó la ciudad para tomar contacto con funcionarios y empleados del Juzgado Federal y en entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO indicó que aguardan a que el llamado a concurso sea antes de fin de año, por lo que plantearán al Consejo de la Magistratura la rápida convocatoria para concurso para suceder a Montesi. Mientras tanto, explicó que vendrá un período de jueces subrogantes (por seis meses subrogará Carlos Ochoa, de Río Cuarto). 

“Todavía no lo podemos superar. Montesi era un funcionario con el que teníamos mucha relación. Era una persona que intentaba tener fluida relación con el Colegio de Abogados y con los profesionales. Estamos muy tristes, fue un balde de agua fría; para nosotros ha sido la peor noticia”, lamentó Arrieta.

Asimismo, compartió su preocupación para un buen funcionamiento de la Justicia Federal y señaló: “La Justicia Federal tiene un atraso superior al de la Justicia Provincial, hay muchos cargos que aún no están cubiertos. Cuando falta un funcionario con estas características no solamente se atrasa el funcionamiento del juzgado, sino que también se atrasa quien tiene que sustituirlo porque tiene una sobrecarga de causas. Indudablemente, habrá un retroceso en el funcionamiento de la Justicia, va a llevar un tiempo. Hay elevado contenido político en la designación del Justicia Federal puesto que lo hace la Poder Ejecutivo nacional. Será una pelea para que se cubran las vacantes”.

“Cada vez que se comete un delito hay dos víctimas, la víctima directa del delito y la sociedad" 

Con respecto a la virtualidad, Arrieta sostiene que con o sin pandemia era un paso que la Justicia debía dar y que es beneficioso para la misma. “La virtualidad en el sistema de administración de causas vino para quedarse, estamos tratando de mejorar el sistema porque hay que resolver algunas fallas. La presencialidad ha quedado reducida a las audiencias personales, es cada vez menor la presencialidad, con o sin pandemia hubiéramos llegado al mismo puerto. La virtualidad es mejor en algunas cosas pero también tiene sus defectos, los procesos judiciales tienen que tener sus tiempos no lo puede imponer un sistema, no siempre la celeridad es la panacea del sistema judicial”, agregó.

Finalmente, Arrieta reflexionó sobre los juicios por jurado que ahora también se implementan en la provincia de Santa Fe, sistema del cual Córdoba fue pionera, permitiendo la participación ciudadana en el juzgamiento penal. Lo consideró como algo muy positivo. “Cada vez que se comete un delito hay dos víctimas, la víctima directa del delito y la sociedad. La víctima del delito tiene su oportunidad de ser defendido pero también la sociedad necesita tener restablecimiento. Y los representantes de la sociedad que integran los jurados son los que mejor interpretan el contenido social o la secuela social que pudo tener ese delito. La participación de la sociedad es algo muy positivo”. 

Con la premisa de la capacitación para garantizar una mejor accesibilidad a la Justicia a la comunidad, Alberto Hernaldo Arrieta, asumió el viernes pasado como presidente del Colegio de Abogados de San Francisco.

Actualmente se encuentran colegiados cerca de mil profesionales de la ciudad y el departamento San Justo que enfrentan importantes desafíos en tiempos de crisis económica y cambios en el gobierno nacional, como por ejemplo la baja en la edad de imputabilidad en los menores. 

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, Arrieta analizó estos desafíos y destacó que la capacitación es fundamental porque el objetivo fundamental “es conseguir mayor accesibilidad a la Justicia”.

Analizó que San Francisco y el departamento de San Justo “en términos generales tiene una buena operatorio judicial, hay muy buenos magistrados, muy buenos funcionarios y muy buenos empleados que tratan en todos los casos de facilitar el manejo operativo de la de la actividad diaria. San Francisco siempre ha sido considerado una isla dentro del sistema judicial porque hay un adecuado funcionamiento de la totalidad de los organismos que dependen directa o indirectamente de la justicia”.

En los tribunales de San Francisco generalmente “la respuesta de la Justicia es buena, no obstante, existen atrasos en distintos fueros. Indudablemente hay que tratar de ver la manera de implementar modificaciones que permitan a adelantar esos términos porque sigue habiendo algunas demoras que perjudican no solo en la actuación de los profesionales, sino también la solución de la gente acude a tribunales para poder resolver sus problemas”.

El presidente del colegio afirmó que los abogados “no estamos ajenos a la crisis que se vive y tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad de trabajar para poder conseguir la mayor accesibilidad a la Justicia para los que necesitan de este servicio y a su vez para aportar con nuestro trabajo las leyes que permitan esa accesibilidad y que satisfagan las expectativas que tiene la sociedad en materia judicial que no es ni más ni menos que conseguir la paz social”.

Consideró que actualmente la sociedad “tiene una expectativa de respuesta por parte del sistema judicial que actualmente no está siendo satisfecha porque intervienen distintos factores que afectan la celeridad. Hoy la informática y la tecnología hacen que todo suceda mucho más rápido, la exacerbación de la litigiosidad ha colapsado los tribunales y los jueces no encuentran la forma sin infraestructura suficiente para poder evitar los cuellos de botella que se producen en sus juzgados”.

“Para poder dar respuesta a eso, los abogados tenemos que trabajar en la mayor capacitación –remarcó- para estar a la altura de los acontecimientos y en segundo lugar tratando de colaborar con las autoridades judiciales a los fines de implementar un sistema que sea mucho más abarcativo y mucho menos engorroso para facilitar el acceso a la justicia”. 

Afirmó que probablemente “no resolvamos la cuestión relativa a la memoria del sistema judicial, eso es histórico, desde la antigüedad la sociedad se queja de que la justicia no llega a tiempo. Pero lo importante es que podamos satisfacer las necesidades más urgentes de la manera más rápida posible y en eso tenemos que trabajar mucho desde el conocimiento desde la capacitación. Con una mayor capacitación vamos a estar a la altura de darle respuesta a quienes acudan a la consulta”.

Al respecto Arrieta recordó que el colegio de Abogados cuenta desde hace varios años con un Instituto de Estudios Jurídicos y remarcó que la idea “es reforzar la actuación de ese instituto y crear nuevos institutos para poder estudiar la situación de cada fuero en particular y de ese modo tratar de generar una especie de Escuela de Formación Profesional, que no esté dirigida solo a los nuevos abogados sino también a profesionales con experiencia, para que se encuentren a la altura de los cambios que se vienen produciendo, en algunos casos nada más que con acordadas sin modificar los códigos de procedimientos” 

“Queremos que los profesionales estén en conocimiento de estos avances y que puedan de esa manera ejercer mejor la profesión”, dijo.

El letrado remarcó que además de generar capacitaciones específicas con estudios de posgrado y diplomatura, desde el colegio “nos vamos a poner a disposición de todos los jueces de todos los tribunales e incluso del Tribunal Superior de Justicia a los fines de colaborar en lo que necesiten para tratar de mejorar el funcionamiento del sistema judicial. No tenemos que estar enfrentados ni considerar adversarios a los que están del otro lado de la barandilla sino que por el contrario”.

“Como auxiliares de Justicia tenemos la responsabilidad y la obligación de tratar de que las cosas funcionen de la mejor manera posible, así que nos vamos a entrevistar con todos los jueces que existan en nuestra circunscripción a los fines de ponernos a disposición de ellos en todo cuanto pudiéramos colaborar”, afirmó. 

Por otro lado, dijo que en este nuevo período que comienza al frente del Colegio, el objetivo “también es reforzar el consultorio jurídico gratuito ya que son muchas las personas que no alcanzan a satisfacer sus consultas con las asesorías letradas que funcionan y están abarrotadas de trabajo. Muchos no tienen accesibilidad económica a la Justicia y con la mera consulta la gente ya se tranquiliza o sabe a lo que se tiene que enfrentar y eso le da un margen de seguridad”.

Con respecto a los cambios que se plantean desde el gobierno nacional en cuanto a bajar la edad de imputabilidad, Arrieta consideró que desde “el punto de vista personal entiendo de que es necesario bajar la imputabilidad en función de que quien cometa de litros de mayores, requiere una atribución de responsabilidad de mayores”.

“Lo que pasa es que no se soluciona el problema nada más que bajando la edad de imputabilidad, hay que ver qué es lo que se hace con los menores a partir del momento en que se los puede empezar a detener y condenar por los delitos que se cometen”, afirmó.

Analizó: “Si se le permite a un menor de 16 años votar es porque tiene el razonamiento suficiente para poder elegir quién tiene que gobernar, entonces una persona de 17 de 16 años sabe lo que está bien está mal. Sabe que matar, robar o traficar está mal y por lo tanto no puede seguir siendo un sujeto sin responsabilidad penal”.

“Hay que ver hasta qué edad se baja la imputabilidad y también que se hace con los menores, por lo pronto no hay establecimientos penitenciarios ni siquiera para los mayores”, manifestó. 

Arrieta recordó que las causas del delito de menores “no es única influye la cuestión socioeconómica, la falta de educación, la situación de miseria por la que atraviesan un montón de familias. Todo eso si bien no se va a poder resolver con una ley, por lo menos sí se tiene que mitigar los efectos y las consecuencias para evitar que hoy siga siendo una característica especial el delito en los menores”.