El nuevo revés para el presidente Javier Milei en el Senado de la Nación, por el rechazo al veto de la Ley de reparto de Aportes del Tesoro de la Nación, tuvo acción de los tres representantes cordobeses.

Carmen Álvarez Rivero, Luis Juez y Alejandra Vigo tuvieron posturas diferentes en la sesión que terminó con un amplio rechazo contra la medida del economista libertario.

La representante del PRO y la senadora de Provincias Unidas argumentaron sus votos contrapuestos con discursos en el recinto. Mientras que el exintendente optó por el silencio después de los últimos cruces con los militantes digitales de Las Fuerzas del Cielo.

"(Juan Domingo) Perón utiliza las transferencias discrecionales como los ATN para premiar provincias aliadas, condicionar opositoras, desde entonces se configura una Argentina de provincias productivas y provincias más pobres o de menor desarrollo", expresó Álvarez Rivero en su discurso.

En tanto que Vigo afirmó que no se puede tildar de peronista a la ley que se discutió cuando fue sancionada por el gobierno de Raúl Alfonsín. "No hay un invento de peronistas", afirmó la esposa del exgobernador Juan Schiaretti.

Lejos de las luces y las cámaras, Juez no fue parte de los oradores de la tarde negra para el gobierno de Milei. En la última sesión el senador se quebró al reivindicar a las personas con discapacidad y recordar a su hija Milagros.

La postura contra la administración libertaria le valió un mensaje vil del principal operador digital de La Libertad Avanza, Daniel "El gordo Dan" Parisini, que escaló en una sucesión de cruces en el corazón del gobierno.

La votación entre los cordobeses terminó con dos votos a favor del veto, los de Álvarez Rivero y Juez, y uno en contra, el de Vigo.

El oficialismo libertario logró avanzar esta tarde con la suspensión de las PASO en el Senado, tras obtener un dictamen de mayoría en la comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene una nueva titular: la cordobesa Alejandra Vigo (Córdoba) quedó al frente de dicho Cuerpo en reemplazo del expulsado peronista disidente Edgardo Kueider (Entre Ríos), detenido en un paso fronterizo en Paraguay con más de USD 200.000 sin declarar.

Mientras transcurría el debate sobre el proyecto, que ya aprobó Diputados la semana pasada, 11 de los 19 senadores de la comisión firmaron el despacho de mayoría, aunque tres lo hicieron en disidencia: los radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Maximiliano Abad (Buenos Aires), y la legisladora del PRO Guadalupe Tagliaferri (PRO). Por este motivo, el Gobierno tendrá que dar lo mejor de sí de cara a la sesión que se piensa para el jueves de la semana próxima.

Por tratarse de una ley electoral, el oficialismo tendrá que comprometer a 37 senadores para que den quorum el 20 de febrero, y misma cifra -como mínimo- para sancionar el proyecto, que precisa la mayoría absoluta del Cuerpo. Es decir, Villarruel no podrá desempatar. Por eso serán clave las potenciales abstenciones o rechazos de algunos dialoguistas y el eventual acompañamiento que se espera de un puñado de kirchneristas, en una definición que será para el infarto.

De hecho, el Frente de Todos casi que evitó hablar de la iniciativa en cuestión y aprovechó para quejarse por la convocatoria de la comisión, así como la decisión de votar a Vigo en reemplazo de Kueider. Por momentos desorganizado, el bloque que comanda José Mayans utilizó la comisión para criticar la gestión económica de Javier Milei. Sí fueron atinadas algunas observaciones reglamentarias realizadas por el peronista pampeano Pablo Bensusán.

Una de las firmas en disidencia fue la del radical Blanco, que señaló: “Es cierto que las PASO, como están funcionando, no son efectivas. Salvo algunos pocos espacios políticos, se usan como una encuesta cara para toda la sociedad y no cumplen el objetivo para el cual fue sancionada la ley”.

El senador fueguino, crítico de la gestión libertaria, luego dijo: “El fundamento principal del Gobierno es el gasto ocasionado. Hablaban de USD 150 millones de dólares que se ahorrarían, y me pregunto si es menor o mayor. Si no tenemos presupuesto, ¿dónde van a ir a parar?”.

“La mayoría indica que en este momento sería lo correcto, que lo indicado es la suspensión. No me gusta, por eso no voy a acompañar, pero sí no puedo imposibilitar que el Senado, en su conjunto, tome la decisión”, finalizó Blanco.

Antes de la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, expresó en la red X: “La suspensión de las PASO le simplificará la vida a todos los argentinos y les ahorrará USD 150 millones. La política debe dirimir sus internas con su propio dinero y no con el bolsillo del pueblo argentino que no llega a fin de mes”.

Con la suspensión de las PASO ya dictaminada, el próximo desafío del oficialismo será a las 18 horas, cuando la comisión de Justicia -la maneja el libertario riojano Juan Carlos Pagotto- analice la iniciativa que refuerza la reincidencia y reiterancia, para evitar el efecto penal de la denominada “puerta giratoria”; y el proyecto que activa el juicio en ausencia. Los dos fueron aprobados por Diputados la semana pasada.

Ambos textos contarían con aval y se espera que también consigan los despachos correspondientes, con el fin de llevarlos al recinto el jueves 20. Minutos antes de la reunión de Asuntos Constitucionales, apareció el dictamen que propone al magistrado federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema, que podría sumarse al debate de la semana próxima. 

La intención de eliminar la figura legal del femicidio y las leyes de paridad de género representan un retroceso inaceptable en la protección de los derechos de las mujeres y diversidades en Argentina.

Estas propuestas desconocen la realidad de la violencia de género, arraigada en nuestras sociedades y respaldada por datos concretos, e ignoran los avances en igualdad y justicia para las mujeres. Avances que forman parte de las obligaciones asumidas por el Estado argentino al suscribir tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), que exigen políticas efectivas para erradicar la violencia de género incluso en contextos de crisis.

El femicidio, tipificado en el Código Penal argentino desde 2012, reconoce la violencia extrema que sufren las mujeres por razones de género y establece penas más severas para estos crímenes. Eliminar esta figura legal implicaría desproteger a las mujeres y minimizar la gravedad de estos delitos. 

En el país, ocurre un femicidio cada 30 horas, una cifra alarmante que evidencia la necesidad de mantener y fortalecer esta tipificación legal.

Asimismo, las leyes de paridad de género y los cupos laborales para minorías sexuales buscan corregir desigualdades históricas y garantizar una representación equitativa en ámbitos políticos y laborales. Su derogación significaría un retroceso en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, contrariando el principio de progresividad y no regresividad reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Estas propuestas no son aisladas ni inofensivas; forman parte de un discurso político que no busca empatía ni reflexión, sino reacciones viscerales. Parecen priorizar la confrontación por sobre el rigor de los datos y la construcción de consensos. Esto desatiende los principios democráticos y los pilares del Estado de derecho, donde la protección de los derechos humanos no puede ser revertida arbitrariamente.

Resulta preocupante que esta puesta en duda de derechos consolidados se realice en nombre de combatir el déficit fiscal o la llamada "casta". La protección de la vida y los derechos de las mujeres y minorías no puede estar supeditada a argumentos economicistas que ya han demostrado consecuencias nefastas en otros ámbitos, como la jubilación, la salud y la educación pública.

Temas tan trascendentes no pueden modificarse por mero efectismo electoral y de manera unilateral. Son cuestiones ya discutidas y resueltas por la sociedad. 

Históricamente, cada intento de modificar normativas clave mediante imposiciones autoritarias ha encontrado la respuesta de un pueblo movilizado en defensa de sus derechos.

Debemos fomentar debates honestos y constructivos, sin alimentar el odio ni la polarización. La violencia de género y las desigualdades estructurales persisten de manera evidente, y desmantelar las herramientas legales y políticas que las combaten es un retroceso inaceptable.

Gobernar requiere de respetar las instituciones y responsabilidad en el discurso.  A esta altura, nadie cree en el discurso del odio, retrogrado y ofensivo. Es momento de exigir a los líderes que actúen con responsabilidad, porque sus palabras no solo construyen narrativas, sino que también modelan el futuro de nuestra sociedad.