Un hombre de 36 años fue aprehendido este miércoles por la tarde en San Francisco, acusado de amenazar a personal de la Guardia Local durante un procedimiento de control realizado en la vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de Pueyrredón e Iturraspe, donde, según informaron fuentes policiales, el sujeto reaccionó de manera violenta cuando intentaban identificarlo.

De acuerdo a la información oficial, en medio del procedimiento el hombre habría exhibido un arma blanca, lo que motivó la intervención del personal del CAP, que logró reducirlo y concretar su detención.

Además, los efectivos secuestraron un cuchillo tipo Tramontina que el individuo llevaba entre sus prendas.

El detenido quedó alojado a disposición de la Fiscalía de turno, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Un allanamiento realizado en la tarde del martes 5 de mayo en Devoto culminó con el secuestro de un arma de juguete, en el marco de una investigación por amenazas en un establecimiento educativo.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó adelante en una vivienda de la localidad y arrojó resultado positivo, logrando incautar el objeto que sería de interés para la causa.

La medida fue dispuesta en el marco de una investigación judicial vinculada a amenazas ocurridas en una escuela de la zona, lo que motivó la intervención de las autoridades.

En el caso interviene la fiscalía de turno, que continúa con las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Una mujer fue detenida en la noche del lunes 4 de mayo en barrio Sarmiento, San Francisco, luego de protagonizar un episodio de amenazas en un local comercial.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió cuando la mujer se presentó en el comercio y realizó un pedido de dinero al propietario del lugar. Ante la negativa del comerciante, comenzó a proferir amenazas.

Tras la intervención del personal policial, se procedió a su aprehensión y posterior traslado a sede policial.

La detenida quedó a disposición de la Fiscalía de turno, que interviene en la investigación del caso.

La familia de una de las víctimas del doble femicidio ocurrido en Córdoba denunció que recibe amenazas por parte de Pablo Laurta, detenido en un penal de Entre Ríos, donde aguarda el juicio por los crímenes de Mariel Zamudio y Luna Giardina en Villa Serrana, que también incluyó el asesinato de un remisero.

Según indicaron, los mensajes fueron enviados desde la cárcel y contienen advertencias intimidatorias. Entre ellas, una frase que generó preocupación en el entorno familiar: "Pronto voy a salir, ya saben quién soy".

La abogada de la familia, Marina Romano, explicó en declaraciones al medio Cadena 3 que la situación fue confirmada por la Justicia. "Mi clienta, Laura Giardina, hermana de una de las víctimas, me comentó que el entorno estaba recibiendo mensajes de este asesino alojado en el penal. La Fiscalía de violencia de género confirmó que hay una causa derivada por estos hechos", señaló.

Romano indicó que la familia atraviesa un fuerte impacto emocional ante esta situación. "Está muy alarmada", con una sensación de injusticia tremenda. Lo consideran una burla al sistema y un nuevo atropello", sostuvo.

El caso original generó conmoción en Córdoba y en el país. Laurta está acusado de asesinar a su ex pareja y a la madre de ella, además de un remisero durante su traslado desde Gualeguaychú hacia la capital cordobesa.

La denuncia volvió a poner el foco en el acceso a teléfonos celulares dentro de las cárceles, una problemática señalada de manera recurrente. Según planteó la abogada, la posibilidad de que detenidos puedan comunicarse sin restricciones genera nuevas situaciones de riesgo para las víctimas y sus familias.

El Gobierno de la provincia de Córdoba ha formalizado el cobro de los operativos destinados a los padres o tutores de estudiantes que realicen amenazas escolares. Esta medida fue anunciada por el ministro Juan Pablo Quinteros y ahora queda reflejada en el Boletín Oficial.

La resolución del Ministerio de Seguridad que aprueba el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos establece el mecanismo administrativo para reclamar los costos a los responsables de estas amenazas. La normativa busca asegurar el uso responsable de los recursos públicos ante situaciones en las que, en su mayoría, se trata de amenazas falsas que requieren la movilización de operativos policiales y servicios de emergencia.

El procedimiento será implementado tras la intervención del Ministerio Público Fiscal, que se encargará de identificar a los autores de las amenazas y a los adultos responsables. Posteriormente, las autoridades provinciales tendrán la responsabilidad de:

-Determinar los costos operativos de cada intervención.

-Elaborar un expediente con todos los registros del operativo.

-Cuantificar los gastos incurridos por el Estado.

-Intimar al pago en un plazo perentorio de 5 días.

“En caso de incumplimiento, se dará intervención a Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales de recupero”, resaltaron desde el Gobierno provincial.

En un escenario marcado por la preocupación ante amenazas registradas en instituciones educativas, estudiantes de sexto año participaron de una capacitación del programa “Ojos en Alerta”, orientada a brindar herramientas para actuar frente a situaciones de emergencia o hechos sospechosos en la vía pública.

La actividad se desarrolló en el Colegio Superior San Martín, uno de los establecimientos de San Francisco que en los últimos días se vio atravesado por episodios de intimidación con mensajes que advertían sobre posibles tiroteos, con frases como “mañana, tiroteo. No vengan”. Este contexto reavivó el debate sobre la prevención y el acompañamiento institucional en las escuelas.

Durante la jornada, los alumnos recibieron instrucción sobre el uso de esta herramienta de comunicación directa con el Centro de Atención Ciudadana, que permite dar aviso ante situaciones que requieran intervención o asistencia.

El director del área, Néstor Perrone, destacó la importancia de acercar el programa a los jóvenes que transitan el último año escolar. “Es importante que los chicos puedan contar con esta herramienta como contención social ante cualquier tipo de eventualidad que puedan tener durante su andar en la vía pública”, afirmó.

Además, explicó que la iniciativa se articula con el sistema educativo local: “Esta propuesta se presentó a través de inspección de Nivel Medio de la ciudad para poder acercar la iniciativa a cada colegio, y luego coordinamos con cada directivo para poder asistir a la institución”.

En relación con la dinámica de los encuentros, Perrone valoró la participación estudiantil: “Cada vez que los chicos logran expresarse, contar sus experiencias, ideas y opiniones, se generan encuentros muy fructíferos, ya que esas vivencias en la vía pública nos sirven como indicadores para poder prevenir”.

Desde la institución anfitriona, la directora Luciana Jussep subrayó la relevancia de este tipo de instancias formativas. “Como institución nos parece fundamental que exista esta articulación entre el municipio y los establecimientos educativos, sobre todo con propuestas dirigidas para la población estudiantil”, señaló, y agregó que resulta clave que los jóvenes “sepan cómo actuar” ante situaciones que lo requieran.

En la misma línea, remarcó que “no siempre se piensa en la prevención y seguridad en relación a la población estudiantil, porque pareciera que sólo es un tema de adultos”, y consideró “muy acertado” generar espacios donde los estudiantes tomen conciencia sobre el uso de herramientas disponibles.

Las capacitaciones continuarán en otros establecimientos de la ciudad, en el marco de una estrategia que apunta a reforzar la prevención y promover la participación activa de los jóvenes en la construcción de entornos más seguros.

Las amenazas de tiroteos en escuelas, replicadas en los últimos días en distintos puntos del país y también en San Francisco, no solo encendieron la alarma en la comunidad educativa, sino que dejaron al descubierto el fuerte impacto operativo y económico que cada caso genera para el Estado. En ese contexto, el comisario inspector Pablo Nieto, director de la Departamental San Justo de la Policía de Córdoba, puso el foco en la magnitud de los procedimientos y respaldó la decisión oficial de trasladar esos costos a los responsables.

Los mensajes, con frases como “Mañana, tiroteo. No vengan”, aparecieron en al menos tres instituciones locales y derivaron en intervenciones inmediatas. Aunque en todos los casos se trató de amenazas falsas, el protocolo obliga a actuar como si el riesgo fuera real. “No las podemos subestimar ni descartar. Trabajamos por protocolo, igual que con las amenazas de bomba, como si fuera un hecho real”, explicó Nieto a LA VOZ DE SAN JUSTO.

El jefe policial describió un despliegue que se activa desde el primer momento y que involucra a múltiples áreas. “Desde que se toma conocimiento, se activa un protocolo de seguridad que incluye servicios de emergencias, policía, guardias locales y unidades especiales como Eter (Equipo de Tácticas Especiales Recomendable) e Infantería”, detalló. Y agregó: “Tenemos que trabajar simultáneamente para confirmar o descartar la amenaza, lo que implica movilizar una gran cantidad de recursos”.

En términos concretos, el operativo en cada establecimiento no es menor. “Trabajamos con tres móviles por escuela, con un jefe de operativo, más un móvil de Investigaciones y una brigada”, precisó. A esto se suma el equipamiento específico ante la posibilidad de un tirador activo, como protección balística, escudos y unidades tácticas preparadas para intervenir.

“Mover móviles, movilizar servicios especiales, alertar sistemas de emergencia, tener todo un equipo preparado para un caso que, gracias a Dios, fueron solo amenazas, tiene un costo importante”, subrayó. En esa línea, se mostró de acuerdo con la decisión del Gobierno provincial: “Corresponde que se haga un resarcimiento y que los responsables se hagan cargo de los gastos”.

Córdoba endurece medidas

La Provincia dispuso que los costos derivados de estos operativos sean reclamados a los padres o adultos responsables cuando los autores sean menores. La medida apunta a recuperar los recursos utilizados y a desalentar este tipo de conductas que alteran el funcionamiento escolar y generan temor en la comunidad.

“Hay una responsabilidad penal, pero también una responsabilidad civil. Y corresponde el resarcimiento de los daños ocasionados”, sostuvo el comisario, al referirse al alcance de la decisión oficial.

Más allá del despliegue en territorio, el funcionario advirtió que la investigación continúa en el plano digital. “Esto no queda solamente en una broma o en un reto. Tenemos que investigar qué hay de fondo, quién está detrás, qué organización o qué red está influenciando a los chicos”, señaló. En ese sentido, destacó el trabajo de la división de Cibercrimen para rastrear direcciones IP, dispositivos y posibles conexiones con redes que operan a través de plataformas digitales.

“Creemos que hay una autoría intelectual detrás de esto que motiva a los adolescentes a generar estas amenazas”, afirmó Nieto, al tiempo que remarcó que estos hechos constituyen delitos. “No son bromas. Son amenazas contempladas en el Código Penal y deben ser investigadas como tales”, insistió.

El fenómeno, además, abre un debate más amplio sobre el rol de las familias. El comisario fue enfático al advertir sobre la falta de control en el uso de dispositivos. “Hemos perdido como padres el control de nuestros hijos a través de la pantalla de un celular. No sabemos qué hacen, en qué sitios están o con quién interactúan”, expresó.

Nieto dejó un mensaje dirigido a la sociedad: “Es un tema que se tiene que tratar desde la familia, que es la primera sociedad. Lo que pasa ahí después se refleja en la comunidad”. También llamó a recuperar el diálogo cara a cara y a supervisar el uso de la tecnología en adolescentes.

Mientras la Justicia avanza con las imputaciones en San Francisco, el endurecimiento de las medidas en Córdoba busca no solo sancionar estas conductas, sino también desalentar su repetición. El costo de cada falsa amenaza, advierten desde la Policía, ya no será solo simbólico.

El Gobierno de Córdoba puso en marcha un nuevo protocolo que establece que quienes realicen falsas amenazas de tiroteo en escuelas deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad que estas situaciones generan.

La medida, formalizada por el Ministerio de Seguridad, dispone que los gastos derivados de intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables de los menores identificados e imputados por la Justicia.

A partir de esta disposición, toda intimidación pública, amenaza o falsa alarma que implique el despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico por parte de la Provincia.

El procedimiento indica que, una vez identificados los responsables, se realizará una cuantificación de los recursos humanos y materiales utilizados en cada operativo. Con esos datos, el Estado avanzará con la intimación de pago y, en caso de ser necesario, con acciones judiciales para recuperar los costos.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó el alcance de la medida y el impacto de este tipo de hechos: “Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”.

En ese sentido, remarcó que no se trata de situaciones menores, ya que generan consecuencias en la comunidad educativa. Estas conductas alteran el normal funcionamiento escolar, provocan angustia en estudiantes, docentes y familias, y obligan a una respuesta inmediata del Estado.

Además, el funcionario fue enfático al justificar la decisión de avanzar con el cobro de los operativos: “Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”.

El protocolo se implementará de manera coordinada con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes, con el objetivo de garantizar su aplicación efectiva.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la medida forma parte de una política de “tolerancia cero” frente a este tipo de conductas, al tiempo que busca desalentar las falsas amenazas y reforzar la seguridad en los entornos educativos.

Tres alumnos fueron identificados como los responsables de las pintadas con mensajes amenazantes que aparecieron en un baño de una escuela secundaria de San Francisco. Según se informó a LA VOZ DE SAN JUSTO, los propios estudiantes reconocieron su participación y aseguraron que se trató de una “broma” relacionada con un reto viral en redes sociales.

Las inscripciones habían sido descubiertas en el baño de varones luego de la finalización de la jornada escolar y generaron preocupación en la comunidad educativa. Entre los mensajes, se leía: “Mañana tiroteo 17/04 me cansé de las profe de mierda” y “Tiroteo 17/04 profe puta”, lo que encendió las alarmas entre alumnos, docentes y familias.

El hecho ocurrió en el Colegio Superior San Martín, donde estudiantes que advirtieron la situación dieron aviso a las autoridades y a sus padres. A partir de allí, se activaron los protocolos correspondientes y tomó intervención la Departamental San Justo de la Policía de Córdoba para avanzar en la identificación de los responsables, bajo directivas del fiscal Emilio Drazile.

Tras las actuaciones, el caso sería derivado a la Justicia de menores. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 211 del Código Penal Argentino, los hechos podrían encuadrarse como intimidación pública, delito que sanciona la generación de temor colectivo mediante amenazas.

Desde la institución educativa, en tanto, emitieron un comunicado en el que llevaron tranquilidad a la comunidad: señalaron que se adoptaron las medidas correspondientes siguiendo los protocolos del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y solicitaron a las familias acompañar a los estudiantes “para promover la reflexión y la toma de conciencia acerca de la importancia de la convivencia y el cuidado mutuo dentro de la escuela”.

 Además, remarcaron que “la institución educativa es un espacio donde nos cuidamos entre todos y donde cada estudiante es valioso e importante”, y pidieron reforzar el trabajo conjunto entre familia y escuela.

Por su parte, la Dirección de Seguridad de Escuelas del Ministerio de Educación provincial interviene junto a la Unidad Judicial local, mientras continúan las acciones preventivas.

Las amenazas de presuntos tiroteos escolares en todo el país generan preocupación a nivel nacional. Los ministros se reunieron en el Consejo Federal de Educación para debatir cómo abordar esta grave problemática que atraviesa la Argentina.

Desde hace meses el país afronta una crisis educativa respecto a las intimidaciones en las que alumnos, sobre todo del nivel secundario, realizan amenazas por redes sociales, grupos de WhatsApp o hasta en la propia institución educativa sobre posibles tiroteos y ataques, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Luego del caso de Gino C. en la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde el alumno mató a tiros a un compañero, las denuncias y activación de protocolos en todas las provincias es cada vez mayor, por lo que las autoridades del Ministerio de Educación pidieron con urgencia una reunión.

La secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, Virginia Coudannes, afirmó en una conferencia de prensa que “en el día de ayer, en el Consejo Federal de Educación, donde participaron todos los ministros del país, la preocupación es generalizada, no solo de Santa Fe”.

Coudannes subrayó que estas intimidaciones “no son una broma”, si no que “es un delito", por lo que piden cesar con los actos. Esta aclaración se debe ante la posibilidad de que las pintadas en las escuelas estén ligadas a retos virales en redes sociales.

Un hombre de 40 años fue detenido durante la madrugada del domingo en la localidad de Saturnino María Laspiur, acusado de proferir amenazas de muerte contra personal policial.

Según informó la Departamental San Justo, el procedimiento se llevó a cabo a la salida de un evento, donde los efectivos observaron a la persona en estado de alteración. Al ser entrevistado, el individuo comenzó a amenazar al personal actuante.

Ante esta situación, se procedió a su detención y posterior traslado al nosocomio local, donde los profesionales médicos le diagnosticaron una lesión contusa en la sien izquierda.

Tras recibir la atención correspondiente, el hombre fue alojado en la Alcaidía de San Francisco, quedando a disposición de la Fiscalía de Turno.

La investigación por las amenazas de bomba registradas en los últimos días en San Francisco sumó un dato relevante tras un allanamiento realizado en barrio San Francisco. Durante el procedimiento, la madre de un hombre de 38 años advirtió a la Policía que la línea telefónica de su hijo habría sido utilizada para realizar el llamado y vinculó el hecho a un posible conflicto de pareja.

 El operativo se llevó a cabo en horas de la mañana y estuvo a cargo de personal de la División Investigaciones, junto con efectivos de Infantería y de la Sección Explosivos. Al llegar al domicilio, los uniformados fueron recibidos por la mujer, quien señaló a los investigadores una línea telefónica desde la cual se habría realizado amenazas de daños mediante explosiones de bombas. Según explicó, ese número corresponde al contacto de su hijo, quien no se encontraba en la vivienda al momento del allanamiento.

 De acuerdo con lo manifestado por la mujer, el hombre atraviesa problemas de pareja y habría asistido al baile del cantante de cuarteto Marcos “el Profe” Bainotti realizado el sábado en el salón de Bomberos Voluntarios de San Francisco, uno de los lugares donde se registró una de las amenazas.

 Recordemos que las comunicaciones investigadas se produjeron en dos episodios ocurridos en pocos días en la ciudad. El primero se registró el 4 de marzo, cuando un llamado al 911 alertó sobre la supuesta colocación de un explosivo en una guardería y jardín de infantes del barrio Roque Sáenz Peña, en el sector conocido como “800 viviendas”. El aviso incluso advertía que el artefacto explotaría al mediodía, lo que motivó un operativo preventivo.

 En el lugar trabajaron efectivos de la división Explosivos y personal de Investigaciones, quienes inspeccionaron los establecimientos educativos y sus alrededores. Finalmente, no se hallaron elementos sospechosos.

 El segundo episodio ocurrió el sábado por la noche durante el baile de Bainotti en el salón de Bomberos Voluntarios. En medio del evento ingresó al 911 una llamada anónima que advertía sobre la presencia de una bomba en el lugar.

 “Ingresó una llamada anónima al 911, de una persona que daba aviso de que había una bomba en el baile de Bomberos”, indicaron fuentes policiales. Tras las inspecciones correspondientes, la amenaza fue descartada y el espectáculo continuó con normalidad.

 Mientras tanto, personal de Investigaciones continúa trabajando para determinar responsabilidades en los llamados que generaron alarma en la comunidad y obligaron a desplegar operativos policiales en distintos puntos de la ciudad.

En un lapso de tres días, San Francisco registró dos amenazas de bomba que generaron preocupación y motivaron operativos preventivos de la Policía. Aunque las inspecciones realizadas en ambos casos descartaron la presencia de artefactos explosivos, las autoridades investigan el origen de los llamados que activaron los procedimientos.

El episodio más reciente ocurrió el sábado por la noche durante el baile del cantante de cuarteto Marcos “el Profe” Bainotti en el Gigante de Bomberos, en el marco de un evento especial por el Día de la Mujer organizado junto con la Municipalidad. En medio del espectáculo, ingresó al 911 una llamada anónima que advertía sobre la supuesta presencia de una bomba en el salón.

A partir de ese aviso, intervino personal policial especializado. Efectivos de la división Explosivos realizaron un control preventivo en las instalaciones del predio y en su perímetro para verificar la situación.

“Ingresó una llamada anónima al 911, de una persona que daba aviso de que había una bomba en el baile de Bomberos, por lo que trabajó personal de la división Explosivos chequeando el lugar y luego de descartar la amenaza el evento continuó con normalidad. Trabaja personal de Investigaciones para identificar a la persona que hizo la llamada”, indicaron fuentes policiales a LA VOZ  DE SAN JUSTO.

Tras completar la inspección y comprobar que no existía ningún elemento peligroso, el procedimiento concluyó y el espectáculo continuó con normalidad.

Este hecho ocurrió pocos días después de otra amenaza similar registrada el miércoles en barrio Roque Sáenz Peña, en el sector conocido como “800 viviendas”. En esa oportunidad, un llamado al 911 alertó sobre la colocación de un explosivo en una guardería municipal ubicada junto a una escuela primaria.

El aviso señalaba que el artefacto se encontraría en la zona donde funcionan la guardería Paula Albarracín y la escuela 2 de Abril, e incluso advertía que explotaría al mediodía. A partir de esa comunicación se desplegó un operativo policial en el lugar.

 Bajo directivas del director de la Departamental San Justo de Policía, comisario inspector Pablo Nieto, trabajaron en el sector efectivos de la división Explosivos y personal de Investigaciones, quienes realizaron inspecciones en los establecimientos y en sus alrededores.

Al igual que en el caso del baile en Bomberos, la búsqueda no arrojó resultados positivos y no se hallaron elementos sospechosos, aunque el procedimiento se extendió durante varias horas mientras se completaban las tareas de prevención.

Tras los dos episodios registrados en pocos días, la investigación busca determinar quiénes realizaron los llamados que generaron los operativos. Aunque finalmente no se hallaron explosivos en ninguno de los casos, este tipo de episodios suele ser considerado por las autoridades como bromas de muy mal gusto que generan alarma social y obligan a movilizar importantes recursos policiales y de emergencia. Además del impacto en la tranquilidad pública, estas falsas amenazas pueden derivar en causas judiciales. De acuerdo con el Código Penal, realizar este tipo de llamados puede ser sancionado con penas de uno a tres años de prisión.

Una amenaza de bomba generó preocupación en la noche del sábado mientras el cantante de cuarteto Marcos “el Profe” Bainotti se presentaba en el Gigante de Bomberos de San Francisco, en el marco de un baile especial por el Día de la Mujer organizado junto con la Municipalidad. Finalmente, el episodio quedó solo en un susto y el evento no debió suspenderse.

El aviso se produjo a partir de un llamado anónimo al 911 que alertaba sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en el lugar. Ante la situación, intervino personal policial especializado que realizó una inspección preventiva en el predio.

“Ingresó una llamada anónima al 911, de una persona que daba aviso de que había una bomba en el baile de Bomberos, por lo que trabajó personal de la división Explosivos chequeando el lugar y luego de descartar la amenaza el evento continuó con normalidad. Trabaja personal de Investigaciones para identificar a la persona que hizo la llamada”, informaron a LA VOZ DE SAN JUSTO fuentes policiales.

El procedimiento incluyó la presencia de efectivos de la división Explosivos, que revisaron las instalaciones del salón y su perímetro. Tras completar el operativo y comprobar que no existía ningún artefacto peligroso, se determinó que se trataba de una falsa alarma y el espectáculo pudo seguir su desarrollo normal.

El hecho se produjo pocos días después de otro episodio similar en la ciudad. El pasado miércoles se desplegó un amplio operativo policial tras una amenaza de bomba en una guardería municipal ubicada junto a una escuela primaria en barrio Roque Sáenz Peña, sector conocido como “800 viviendas”.

En esa ocasión, el llamado intimidatorio alertaba sobre la colocación de un explosivo en la zona donde se encuentran la guardería Paula Albarracín y la escuela 2 de Abril. Según indicaron fuentes policiales, la comunicación ingresó alrededor de las 10 al 911 y advertía que el artefacto explotaría al mediodía.

A partir de ese aviso, bajo directivas del director de la Departamental San Justo de Policía, comi8dariop inspector Pablo Nieto, se montó un operativo con personal especializado en explosivos y efectivos de Investigaciones, quienes trabajaron para descartar la presencia de elementos peligrosos tanto en los establecimientos educativos como en su entorno.

Si bien los resultados de la búsqueda fueron negativos, el despliegue policial se extendió durante varias horas en el sector mientras continuaban las tareas de prevención.

En paralelo, la Justicia intenta determinar quién fue el autor de ese llamado intimidatorio. De acuerdo con lo establecido en el Código Penal, este tipo de amenazas puede ser sancionado con penas que van de uno a tres años de prisión.

Ahora, tras el nuevo episodio registrado durante el baile en Bomberos, la investigación también apunta a identificar a la persona que realizó la llamada que provocó el operativo en medio del show.

Un joven de 22 años fue detenido durante la noche del viernes en San Francisco, acusado de agredir a otro hombre y amenazarlo con un arma blanca en barrio La Milka.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ingenieros y Catamarca, donde personal de la Sección Motorizada entrevistó a un joven de 22 años que manifestó haber sido atacado momentos antes por otro hombre.

Según relató la víctima, el agresor le propinó un golpe de puño en el ojo derecho sin mediar palabras y luego lo amenazó de muerte utilizando un cuchillo. Posteriormente logró identificar al presunto atacante, también de 22 años.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó descartarse de una cuchilla de cocina. Sin embargo, los efectivos lograron detenerlo en el lugar, procediendo además al secuestro del arma blanca y su traslado a sede policial.

En tanto, el damnificado fue trasladado al Hospital Iturraspe, donde los profesionales médicos le diagnosticaron un hematoma en el ojo derecho. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del caso.

 Una mañana de tensión se vivió este miércoles en el Jardín de Infantes “2 de Abril”, ubicado en calle Larrea Norte, en el sector conocido como “las 800”, en barrio Roque Saenz Peña de San Francisco luego de que se recibiera un llamado telefónico anónimo que advertía sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo en el edificio.

Ante la gravedad de la amenaza, se activó de inmediato el protocolo correspondiente y se dispuso un amplio operativo policial en el lugar.

Los efectivos entrevistaron a la directora del establecimiento educativo, quien aportó detalles sobre la comunicación recibida. Mientras tanto, especialistas de la Sección Explosivos, realizaron las inspecciones preventivas dentro y fuera del edificio con el objetivo de descartar la presencia de cualquier elemento que implicara riesgo.

Como medida preventiva, las autoridades evaluaban la suspensión de las clases correspondientes al turno tarde, con el fin de garantizar la seguridad de alumnos y docentes hasta la finalización de las pericias.

Asimismo, se dispuso una consigna policial permanente a cargo de efectivos del CAP, quienes permanecerán en el lugar como parte de las medidas de resguardo.

En paralelo, la Justicia inició actuaciones para rastrear el origen de la llamada e intentar identificar a la persona responsable de la amenaza.

Durante la madrugada de este martes, un hombre de 29 años fue detenido en bulevar 25 de Mayo, en la ciudad de San Francisco, tras ser acusado de amenazar de muerte a un joven con un arma blanca en la vía pública.

Según se informó, la persona fue retenida en primera instancia por personal de la Guardia Urbana, que intervino ante la situación y dio aviso a la Policía. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) constataron que el hombre portaba una navaja.

Minutos después del procedimiento, un joven de 20 años se presentó y denunció que el ahora detenido lo había amenazado de muerte exhibiéndole el arma blanca instantes antes del operativo.

Finalmente, el agresor fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Feria.

Un hombre de 37 años fue detenido durante la noche del martes en Barrio Parque, luego de violar una restricción judicial y amenazar de muerte a su padre, de 56 años.

Según se informó, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) se constituyó en un domicilio de calle Resistencia, donde procedió a la aprehensión del individuo.

Al momento del procedimiento, el sujeto se encontraba en un estado de gran alteración, portando un palo de madera, y amenazando de muerte contra su padre.

Tras la intervención policial, el hombre fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

Alrededor de las 20 de ayer martes, personal de la Guardia Local fue comisionado por el Centro de Atención Ciudadana hacia la intersección de avenida Rosario de Santa Fe y avenida Garibaldi, tras recibirse una denuncia mediante Ojos en Alerta. El aviso alertaba sobre un hombre vestido de negro que había ingresado a una vivienda de la zona y que portaba piedras en ambas manos, situación que también fue registrada por los domos de vigilancia.

El coordinador de turno logró interceptar al sospechoso en avenida Rosario de Santa Fe esquina Perú, pero el individuo se dio a la fuga. Con la colaboración del personal policial del SEOM, el hombre fue finalmente detenido a la altura de la sede de “Héroes de Malvinas”. Se trata de un adulto mayor de edad.

La Guardia Local acudió luego al domicilio afectado y dialogó con uno de los propietarios, quien relató que, al llegar, observó salir a dos hombres, uno de los cuales era el detenido. Según su testimonio, el sujeto había ingresado a la vivienda e intentado tomar una cuchilla, amenazándolo posteriormente. En el interior también se encontraba la hija de uno de los propietarios, de 5 años, quien se había escondido en una habitación para resguardarse.

Los elementos mencionados fueron asegurados y el detenido fue trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno.

Un hombre fue detenido El domingo por la noche luego de protagonizar un violento episodio en la zona norte de San Francisco. El hecho se registró pasadas las 21, cuando personal de la Guardia Local fue alertado por el Centro de Atención Ciudadana ante un reporte de un individuo descompuesto en la intersección de Rosario de Santa Fe y Pavón.

Según informaron fuentes oficiales, los agentes realizaron un patrullaje por el sector y lograron interceptar al hombre sobre calle Gutiérrez (Norte) y avenida de la Universidad. Al momento de ser detenido, constataron que portaba un elemento corto punzante en su cintura.

Vecinos del lugar manifestaron que el sujeto había causado daños en varias propiedades, entre ellas puertas, macetas y persianas, además de afectar una camioneta estacionada en la zona. “Se escuchaban ruidos y golpes, después vimos que había roto todo”, relató uno de los residentes.

Durante el procedimiento, el hombre se mostró alterado y comenzó a amenazar al personal de la Guardia Local, lo que generó momentos de tensión. Ante esta situación, se solicitó apoyo policial y, una vez en el lugar, los efectivos de la fuerza provincial tomaron el control del operativo.

Debido a su comportamiento agresivo, el individuo fue reducido y trasladado a la Unidad Judicial, donde quedó a disposición de la Justicia. Fuentes de la fuerza indicaron que el procedimiento se desarrolló sin que se registraran heridos entre los agentes ni entre los vecinos

Una amenaza de bomba hubo este lunes en la Catedral de la provincia de Córdoba y, pese al amplio operativo, confirmaron que no se encontró ningún artefacto sospechoso.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, este lunes por la mañana personal del 911 recibió una llamada en el que se advertía una amenaza de bomba en la planta baja de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba.

De manera inmediata se hicieron presentes en la calle Independencia 80 el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros; el Jefe de Policía de la provincia, el Comisario General Héctor Leonardo Gutiérrez; y las fuerzas de seguridad correspondientes.

Como parte del procedimiento, se evacuó la Catedral, se cortó el tránsito y se dio inicio a la inspección general del lugar.

Luego del relevamiento completo se confirmó que no existía ninguna situación de riesgo, por lo que solo se trató de una amenaza. El caso está siendo investigado por la división Explosivos de la Policía de Córdoba.