El Gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro de los operativos para los padres o tutores de estudiantes que hayan realizado amenazas escolares en la provincia. En esta ocasión, la intimidación fue por más de $6 millones y las autoridades destacaron la reacción que tuvo el adulto que recibió la boleta: “Cara la jodita”.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó detalles sobre la primera notificación enviada a personas identificadas como responsables de amenazas a escuelas de la provincia y cuyos padres deberán abonar los operativos.

El primero procedimiento fue realizado este lunes por la Policía provincial y contaron que el adulto responsable tuvo una reacción bastante particular al manifestar: “Cara la jodita”.

Cococcioni dio una conferencia luego del operativo en la cual detalló que la notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe “a ambos padres de un menor que fue identificado como autor de una de las amenazas”, por un monto total de $6.024.944, que deberán abonar en calidad de responsables solidarios.

Las notificaciones detallan el monto de la deuda, los medios de pago y el plazo para abonar, que es de cinco días. Vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.

Cococcioni indicó que ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica “más de 70 personas involucradas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable. “

A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicó.

El Gobierno de la provincia de Córdoba ha formalizado el cobro de los operativos destinados a los padres o tutores de estudiantes que realicen amenazas escolares. Esta medida fue anunciada por el ministro Juan Pablo Quinteros y ahora queda reflejada en el Boletín Oficial.

La resolución del Ministerio de Seguridad que aprueba el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos establece el mecanismo administrativo para reclamar los costos a los responsables de estas amenazas. La normativa busca asegurar el uso responsable de los recursos públicos ante situaciones en las que, en su mayoría, se trata de amenazas falsas que requieren la movilización de operativos policiales y servicios de emergencia.

El procedimiento será implementado tras la intervención del Ministerio Público Fiscal, que se encargará de identificar a los autores de las amenazas y a los adultos responsables. Posteriormente, las autoridades provinciales tendrán la responsabilidad de:

-Determinar los costos operativos de cada intervención.

-Elaborar un expediente con todos los registros del operativo.

-Cuantificar los gastos incurridos por el Estado.

-Intimar al pago en un plazo perentorio de 5 días.

“En caso de incumplimiento, se dará intervención a Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales de recupero”, resaltaron desde el Gobierno provincial.