Los niveles de denuncias por violencia de género en San Francisco no muestran una baja significativa. La estadística, lejos de ser un número frío, expone una problemática persistente que atraviesa a la comunidad y desafía al sistema judicial. En ese marco, el juez Andrés Peretti, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, analizó la situación actual, los instrumentos de protección y el alcance de una premisa que considera central: juzgar con perspectiva de género.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el magistrado confirmó que la tendencia se mantiene en parámetros similares a los registrados meses atrás. “Teniendo en cuenta la época del año, la tendencia se mantiene. Durante el receso judicial de enero, las denuncias tuvieron un crecimiento, pero no fue sustancial en comparación con los primeros meses del año 2025”, precisó al ser consultado sobre si el promedio de entre 9 y 10 denuncias diarias informado en octubre pasado había variado.

Peretti aclaró que el juzgado no se encuentra saturado, aunque reconoció un escenario más complejo. “No, en nuestro Juzgado no podemos hablar de saturación. Si bien existe un aumento de denuncias e incumplimientos, debemos ser más efectivos y eficientes en nuestra labor e instar a las demás partes intervinientes a trabajar en ese sentido”, afirmó.

 En cuanto a herramientas concretas de protección, informó que “al día de la fecha, el Juzgado entregó 35 botones antipánico (SALVA) y 3 dispositivos duales (tobilleras electrónicas)” en la Quinta Circunscripción Judicial. Además, detalló que “más de la mitad de las medidas que dispone el Juzgado son impedimento de contacto o ‘perimetrales’, mientras que las exclusiones —con y sin reintegro de la víctima— ascienden al 10%”. También subrayó que, cuando la situación lo requiere, se ordena la incautación de armas.

El análisis de las modalidades de violencia permite comprender la dimensión del fenómeno. Citando el último informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Peretti indicó que la violencia psicológica alcanza el 96% de los casos, seguida por la simbólica (43%) y la física (42%). En menor medida aparecen la ambiental, la económica y patrimonial, la social y la sexual. La prevalencia de la violencia psicológica da cuenta de prácticas menos visibles pero persistentes, que muchas veces anteceden o acompañan otras formas de agresión.

Otro dato que preocupa es el incumplimiento de las medidas judiciales. “El porcentaje de desobediencia a la orden judicial oscila entre el 15% y 20%”, informó el juez. A nivel nacional, agregó, del total de femicidios solo existió denuncia previa en el 20% de los casos, mientras que en Córdoba el porcentaje es del 10%. Estas cifras evidencian la baja proporción de situaciones que llegan a judicializarse antes de los desenlaces más graves.

 Consultado sobre si las víctimas denuncian en etapas más tempranas o cuando el conflicto ya escaló, respondió que “no es constante”, aunque recordó que hacia fines del año pasado se registraron “situaciones de extremo riesgo que exigieron medidas rápidas para evitar que las agresiones sigan creciendo”. En esos casos, explicó, se dispuso un abordaje específico “para romper con el círculo de violencia”.

—¿Cuál es hoy el mayor desafío que enfrenta el juzgado en materia de violencia familiar?

Si bien consideramos que el profundo cambio cultural para promover una sociedad más respetuosa de las diferencias y que acepte e incluya a todos y todas como sujetos de pleno derecho depende principalmente de políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo, las resoluciones del Poder Judicial tienen poder simbólico y es nuestra obligación juzgar con perspectiva de género.

El magistrado sostuvo que la violencia doméstica y de género es una cuestión sociocultural, “creada, sostenida e implementada durante siglos”, y que un abordaje unidimensional desde el derecho resulta insuficiente. “Es necesario contar con la visión y labor de otras disciplinas como la psicología, la sociología y asistentes sociales”, señaló, y reconoció la necesidad de fortalecer esas competencias.

También consideró que, dado el bajo porcentaje de denuncias previas en casos graves, “podría implementarse más tecnología para la recepción de denuncias”, como sistemas de mensajería silenciosa o herramientas de geolocalización que faciliten la puesta en conocimiento de situaciones de violencia.

—¿Hay reincidencia en los denunciados?

Sí, hay incumplimientos a las medidas de protección dispuestas por nuestro Juzgado. El porcentaje de desobediencia a la orden judicial oscila entre el 15% y 20%.

—¿Se detectan más denuncias en determinados momentos del año?

Sí, en los fines de año suelen aumentar como consecuencia de las elevadas temperaturas, el consumo de drogas, el alcohol en exceso y las fiestas, entre otros factores que potencian la violencia física, psicológica e incluso sexual.

 En relación con el origen de las denuncias, Peretti explicó que “generalmente denuncian las víctimas, pero puede suceder que terceros también lo hagan”. Recordó que hay personas que pueden denunciar —familiares, vecinos— y otras que deben hacerlo, como organismos asistenciales, educativos, de salud, deporte o justicia, tanto públicos como privados, obligados a informar situaciones de violencia o sospechas serias.

- ¿Qué estereotipos persisten aún sobre las mujeres en el Poder Judicial?

Muchos, pero con la permanente capacitación y formación, los sesgos y estereotipos bajan su intensidad.

Entre los estereotipos más arraigados sobre las mujeres en el Poder Judicial se destacan la relación directa e inmediata con la sensibilidad y la debilidad en lugar de la autoridad, la creencia de que su rol natural es el cuidado –doméstico y maternidad– y la presunción de que carecen de la ambición o asertividad necesarias para altos cargos, dificultando su ascenso y justicia.

Esos estereotipos terminan impactando en múltiples aspectos –“techo de cristal”, “piso pegajoso”, “losa de hormigón”, “micromachismos”– y en el caso concreto del fuero de violencia familiar o doméstica, se expande hacia la duda o descreimiento sobre la denuncia de la mujer, lo que deriva en la revictimización y uso de prejuicios que atentan contra la igualdad real o sustantiva.

—¿Qué implica en la práctica juzgar con perspectiva de género?

Es “mirar” con lentes específicos, atendiendo a las partes involucradas y las cuestiones planteadas. Ponerse los lentes para apreciar las diferencias y valorar las pruebas de todo sin estereotipos ni discriminatorios ni favoritismos por razones de funciones de género. En otras palabras, implica detectar relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad y tomar en consideración la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción, interpretación normativa y en la valoración probatoria.

En determinadas situaciones, como la niñez y la adolescencia, el género, la identidad racial, la pertenencia religiosa o el origen social o nacional –entre otras−, la igualdad de trato –“todos somos iguales ante la ley"– oculta la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran determinados grupos por hallarse sometidos, de diversas formas, a la violencia y discriminación. Por eso, juzgar con perspectiva de género es reconocer patrones y estereotipos machistas, como por ejemplo, saber que la retractación o levantamiento de la denuncia solicitada por la persona que denunció no puede ser resulta sin análisis interdisciplinario previo.

Ello porque las retractaciones suelen confirmar que el círculo de violencia y la luna de miel sigue instalado, al punto que las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de Nación informan que en la gran mayoría de los casos, el pedido de levantamiento de denuncias fueron bajo amenazas del agresor.

Otro ejemplo fue la licencia por paternidad implementada por la Corte Suprema de Justicia de México. Las reacciones fueron todas adversas, alegando que era una excusa para no trabajar y demás, pero no se piensa en la ayuda-colaboración-acompañamiento que requiere la mamá en las primeras etapas de la infancia. Si el varón se va a trabajar a los pocos días de nacido el bebé, la mamá se queda sola y con el 100% de la carga de cuidado.

Finalmente, Peretti agradeció al equipo que integra el Juzgado que preside, destacando su compromiso diario y la colaboración en la obtención de los datos. En un contexto donde las denuncias no bajan, el desafío, concluyó, es doble: mejorar la respuesta institucional y contribuir a una transformación cultural que desactive la violencia antes de que escale.

El Registro Único de Adopción (RUA) de Córdoba lanzó una convocatoria pública destinada a personas, familias o parejas radicadas en la provincia que se encuentren en condiciones de adoptar a dos hermanos que residen en San Francisco. El llamado se realiza a pedido del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, y Penal Juvenil de San Francisco, a cargo del juez Andrés Emilio Peretti.

Si bien se trata de hermanos, la convocatoria prevé su incorporación en dos familias de manera autónoma, procurando preservar el vínculo entre ellos.

En el caso del niño de 11 años, se informó que disfruta del ajedrez, de andar en bicicleta y de actividades vinculadas a la tecnología. Es descripto como empático, introvertido y compañero, con buena capacidad de adaptación y conducta favorable. Posee Certificado Único de Discapacidad (CUD), asiste a tratamiento psicopedagógico con apoyo escolar y realiza tratamiento psicológico. Responde de manera favorable en el ámbito académico, expresa sus emociones sin dificultad y ha incorporado hábitos y rutinas adecuadamente. Manifiesta su deseo de integrarse a una familia y mantener el vínculo con sus hermanas. Las personas interesadas deberán inscribirse bajo la referencia “07/25”.

La convocatoria también alcanza a una adolescente de 15 años, activa y enérgica, a quien le gusta conversar, andar en patines y asistir al gimnasio. Realiza tratamiento psicológico con constancia, es responsable y autónoma, y mantiene vínculos adecuados con pares y adultos. Su desempeño académico y conductual es favorable. También expresa su voluntad de incorporarse a una familia sin perder el lazo con sus hermanos. En este caso, la referencia para la inscripción es “A 05/25”.Desde el RUA se indicó que se busca para ambos un entorno familiar que pueda responder a sus necesidades y acompañarlos en su desarrollo y crecimiento.

La inauguración del nuevo espacio adaptado para niñas, niños y adolescentes (NNA) en los Tribunales de San Francisco marcó un punto de inflexión en el modo en que la justicia local aborda las audiencias con menores de edad. No se trata solo de un ambiente colorido, con juegos, libros, pizarra y elementos pensados para la infancia: es, ante todo, una declaración de principios. “Nuestro trabajo es adaptarnos a ellos”, aseguró a LA VOZ DE SAN JUSTO el juez Andrés Peretti, al explicar por qué este ámbito era una necesidad impostergable.

 Hasta ahora, las audiencias con NNA se realizaban en despachos judiciales comunes. Lugares pensados para el trabajo técnico de magistrados y funcionarios, no para recibir a una persona menor de 18 años atravesada por situaciones dolorosas o complejas. “Los despachos tienen mesas con puntas de vidrio, enchufes, cables. No es un espacio adaptado, representa un riesgo de una manera u otra”, señaló Peretti, quien trabaja con casos de niñez, adolescencia, violencia familiar y penal juvenil.

 Ese escenario generaba incomodidad, tensión y más vulnerabilidad. Por eso, la creación de una sala especialmente diseñada —segura, amable, y con la posibilidad de moverse, jugar o expresarse sin rigidez— busca que los chicos lleguen a la audiencia con menos miedo y más libertad para hablar. “La idea es brindarles un entorno amigable, seguro, de contención, con colores diferentes”, expresó el magistrado. Un entorno que también permite otro tipo de abordaje: “Una mesa redonda, por ejemplo, cambia la dinámica. Quita esa distancia de autoridad del escritorio tradicional y nos ayuda a trabajar desde una perspectiva diferente, adaptándonos a lo que ellos necesitan”.

 Peretti remarca que la justicia que atiende a la infancia debe modificar gestos, ritmos y formas. No basta con buenas intenciones: se requiere sensibilidad y preparación. “Cuando tenemos chicos que transitan la condición del espectro autista, sabemos que debemos bajar la luz, evitar perfumes, modificar la forma de hablar. Nosotros nos adaptamos a ellos. Este espacio es un complemento de todo lo que venimos haciendo”.

 El juez también contextualizó la urgencia. “La situación que están transitando fundamentalmente los menores es la violencia: directa o indirecta. A veces porque son víctimas y otras porque presencian violencia entre los adultos que los cuidan”. Llegan a tribunales ya golpeados por un entorno hostil; por eso, recalca, el Poder Judicial no debe sumar más trauma. “Sabemos que venir al tribunal es una situación traumática. No queremos traumatizar más con espacios que no están preparados”.

 La creación de esta sala responde además a compromisos internacionales asumidos por Argentina, como las Reglas de Brasilia y las observaciones del Comité de Derechos del Niño, que exigen adecuar los procesos judiciales a las necesidades específicas de la infancia. Pero Peretti subraya que no se trata solo de cumplir normas: es una convicción. “Estos compromisos trascienden cualquier gobierno. El resultado de políticas adaptadas y no punitivas es completamente diferente”.

El nuevo espacio fue posible gracias al trabajo conjunto de distintas áreas del Poder Judicial y múltiples colaboraciones, incluidas intervenciones artísticas que buscan que el ambiente sea cálido y reparador. Se recibieron donaciones de integrantes de la sede local, así como también de otras ciudades. Entre ellas se destacan la labor de Eliana "Nani" Rondano quien, además de diseñar los vinilos que decoran las paredes del lugar, intervino activamente en la proyección de la sala, aportando su visión artística; y el aporte realizado por la delegada de Administración, Roxana Peredo, quien ha donado una obra legítima del reconocido pintor Milo Lockett que enaltece el espacio. Para Peretti, esto representa una puerta hacia algo más profundo: una justicia más cercana. “Todo esto forma parte del desafío de mejorar el acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables”, concluyó.

En un contexto nacional marcado por el incremento de los femicidios y la discusión sobre las políticas de género, el juez Andrés Peretti, a cargo del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco, advirtió que “actualmente, nuestro Juzgado recibe entre 9 y 10 denuncias nuevas por día”. Aunque reconoció un aumento sostenido en los casos, aclaró que “no podemos hablar de saturación”, y remarcó que se trabaja con 46 botones  antipánico activos y medidas de protección inmediatas.

Además, confirmó que avanza la creación del Centro Integral de Varones en San Francisco, iniciativa destinada a trabajar con hombres que ejercen violencia; una herramienta para revisar creencias sobre la masculinidad y prevenir nuevas agresiones.  Para Peretti, el desafío es claro: “Mientras no exista un cambio cultural profundo, seguiremos teniendo víctimas y victimarios”.

-          Según MuMaLá, se registraron 11 femicidios en Argentina solo en octubre. ¿Ha percibido un aumento de denuncias o casos graves de violencia familiar en su circunscripción en los últimos meses?

Sí, en nuestra circunscripción (San Francisco, Devoto, La Francia, Freyre, Porteña, S. M. Laspiur y localidades aledañas) advertimos un aumento de las denuncias por violencia familiar y de género en lo que va de este año 2025. Actualmente, nuestro Juzgado recibe entre 9 y 10 denuncias nuevas por día, a lo que hay que sumar los incumplimientos a medidas ya dispuestas previamente. Tenemos activos 46 dispositivos Salva (botones antipánico) y hasta hace poco tiempo, teníamos otorgados 2 duales (tobilleras electrónicas), los que fueron retirados porque los agresores fueron privados de su libertad. De cara al final de año, las denuncias suelen aumentar como consecuencia de las elevadas temperaturas, el consumo de drogas, el alcohol en exceso y las fiestas de fin de año, entre otros factores que potencian la violencia física, psicológica e incluso sexual.

-          ¿Cómo interpreta este incremento en el marco de la tendencia histórica de violencia de género en nuestro país?

Es propio del contexto que vivimos como sociedad. Compartiendo el enérgico repudio realizado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba ante el doble femicidio del que fueron víctimas Luna Giardina y Mariel Zamudio, los discursos de odio, el negacionismo sobre la violencia de género, la difusión de la noción de “falsas denuncias” y el desmantelamiento de políticas de igualdad promueven prácticas misóginas que alcanzan su extremo en los femicidios y erosionan los consensos democráticos que sostienen una sociedad libre de violencias. Incluso, el cambio climático también repercute en la violencia doméstica y de género. Según la ONU, las condiciones meteorológicas extremas, los desplazamientos, la inseguridad alimentaria y la inestabilidad económica son factores clave que aumentan la prevalencia y la gravedad de la violencia de género. Ese informe concluye que cada aumento de 1° C de la temperatura global se asocia a un incremento del 4,7% de la violencia de pareja. En un escenario de calentamiento de 2° C, es probable que 40 millones de mujeres y niñas más sufran violencia de pareja cada año de aquí a 2090. En un escenario de 3,5° C, esa cifra se duplicaría con creces. De hecho, los femicidios en el mundo aumentaron un 28% como consecuencia de las olas de calor.

-          ¿Con qué recursos cuenta la justicia en su jurisdicción para abordar casos de violencia familiar y femicidios?

Desde el Poder Judicial las herramientas son limitadas. Además de las medidas de protección que establecen las leyes provinciales N° 9.283 y N° 10.401 –perimetrales, exclusión de agresor, botones antipánico, tobilleras electrónicas, rondas policiales, incautación de armas, guarda y alimentos provisorios, ordenar tratamiento psicológico o psiquiátrico, entre otras, nuestra sede cuenta con un equipo técnico formado por psicólogas y trabajadoras sociales que brinda respuesta interdisciplinaria. De todas maneras, un mundo libre de violencia implica respetar la dignidad humana y la libertad, y por ello, tenemos que accionar en lugar de reaccionar.

El Poder Judicial interviene cuando la violencia tuvo lugar, es decir, reaccionamos, tomamos medidas de protección para las víctimas, ordenamos capacitaciones y tratamientos, entregamos botones antipánico, pero mientras no exista un profundo cambio cultural, seguiremos teniendo víctimas y victimarios. En dicha misión, para lograr ese cambio cultural y poder prevenir situaciones de violencia en general y contra niños, niñas y adolescentes en especial, necesitamos contar con políticas públicas por parte del Estado, es decir, diseñar, planificar e implementar un andamiaje externo que ayude a la concientización para erradicar la violencia en todas sus manifestaciones, sea física, sexual, psicológica, etc.

Es fundamental educar en igualdad, capacitar en género en los establecimientos educativos, es un debate que nos debemos como sociedad, pero se recomienda desde el nivel inicial o primario, aplicar firmemente la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), avanzar con campañas de difusión y prevención teniendo en cuenta quiénes son las víctimas, su edad, su condición económica, su accesibilidad a la tecnología y nivel de educación, mejorar los espacios y la tecnología para recibir denuncias y capacitar y sensibilizar al personal que trabaja con niños, niñas y adolescentes, entre otros, siendo esencial que la nación, las provincias y los municipios coordinen, articulen y se integren. Prueba de ello es la “Iniciativa Spotlight”, una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, que exige integración de todos los niveles de la política climática, es decir, acción climática eficaz debe dar prioridad a la seguridad, la equidad y el liderazgo de mujeres y niñas.

Más allá de la necesidad de contar una fiscalía especializada en violencia de género y familiar, desde el juzgado venimos trabajando conjuntamente con el Polo Integral de la Mujer y la municipalidad de San Francisco para crear el Centro Integral de Varones, herramienta central para revisar las creencias sobre la masculinidad, buscando identificar cómo se ejercen los distintos tipos de violencia y la consecuencia de esto en ellos mismos, sus parejas y su grupo familiar.

-          ¿Considera que los tribunales y fiscalías están saturados ante la demanda de denuncias de violencia de género?

En las cuestiones de violencia familiar/doméstica y de género, no sólo interviene nuestro juzgado. También participan las fiscalías y eventualmente, el Juzgado de Control y la Cámara del Crimen, pero desconozco su situación actual. En nuestro caso, Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, no podemos hablar de saturación. Si bien existe un aumento de denuncias e incumplimientos, debemos ser más efectivos y eficientes en nuestra labor e instar a las demás partes intervinientes a trabajar en ese sentido.

-          En el reciente caso de Luna Giardina, la jueza María Victoria Jalil, a cargo de la causa, pidió la colocación de la tobillera electrónica para Pablo Laurta, pero finalmente no se la colocaron. ¿Qué obstáculos enfrentan los jueces para hacer cumplir medidas de protección en tiempo y forma?

En el caso referido, sólo tengo conocimiento por los medios de comunicación. Las diversas notas publicadas refieren que la jueza Jalil ordenó la colocación de la tobillera electrónica, pero que no se pudo concretar porque el denunciado estaba viviendo en Uruguay. Ante esta situación, los medios informaron que la jueza remitió oficios –notificaciones– a Migraciones, pero que no hubo respuesta porque el agresor utilizaba medios –avioneta o lancha– para evadir los controles migratorios. En nuestro caso, no resulta habitual que existan problemas en la implementación y notificación de las medidas de protección. Puede suceder que el agresor no pueda ser notificado de las medidas dispuestas por nuestro juzgado, que no sea encontrado para colocar la tobillera electrónica y situaciones similares, pero son la excepción.

-          En 2014, la Corte Suprema encomendó a la Oficina de la Mujer la elaboración del Primer Registro Nacional de Femicidios, indicando que “concebir de esta forma los asesinatos de mujeres por razones de género permite una comprensión más profunda del fenómeno y sus causas”. ¿Cree que este registro ha contribuido a una mejor prevención y políticas públicas más efectivas?

Totalmente. A partir del registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investiga muertes violentas de mujeres cis y de mujeres trans/travestis por razones de género elaborado por la Corte, se impulsaron políticas como el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2020-2022) y la Ley “Brisa” N° 27.452. Nuestra provincia, a través del Tribunal Superior de Justicia, también lleva adelante su registro, lo que permite identificar patrones y elaborar mecanismos para prevenir la violencia doméstica y de género.

-          La ONU indica que el 56% de todos los homicidios de mujeres en el mundo son cometidos por parejas íntimas u otros miembros de la familia, mientras que solo el 11% de los homicidios de hombres ocurren en el ámbito privado. ¿Cómo interpreta estos datos en relación con la situación en San Francisco?

Si bien el femicidio es la expresión máxima de violencia en contra de las mujeres, el último informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte comunica que los vínculos de parejas o exparejas fueron los más frecuentes entre las personas afectadas y las denunciadas (46%), seguido por vínculos filiales (34%). Dentro de los vínculos de parejas, el 75% correspondió a exparejas, el 23% a parejas convivientes y/o cónyuges, y el 2% a novias o novios. En cuanto a las víctimas, el 74% eran mujeres y el 26% varones, mientras que las personas denuncias, el 70% eran varones y el 30% mujeres. Estos datos nacionales se coinciden sustancialmente con nuestra ciudad y zonas aledañas.

-          El Gobierno nacional propuso la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal Argentino. ¿Cuál es su opinión sobre esta iniciativa y cómo podría afectar la protección de las víctimas y la persecución penal de estos crímenes?

Compartiendo la visión de la Dra. Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, el femicidio no es cualquier muerte. Tiene componentes especiales que la sociedad y los ciudadanos, sean o no abogados, pueden distinguir. De hecho, en nuestra provincia, los juicios por femicidios son juzgados por jurados populares. Eliminar la figura de femicidio del Código Penal no sólo violaría compromisos internacionales asumidos por Argentina, sino que además, rompería con la igualdad real o sustantiva, tratando como iguales a personas que no lo son.

-          ¿Qué acciones coordinadas entre la Justicia, la Policía y organizaciones sociales considera prioritarias para prevenir femicidios y proteger a las víctimas?

Para promover la igualdad de género, mejorar el acceso a la justicia y los servicios de apoyo a las víctimas, sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de la violencia de género y su impacto en la vida de las mujeres, niñas, es necesario priorizar acciones interpoder e interdisciplinarias. La violencia doméstica y de género es una cuestión sociocultural, creada, sostenida e implementada durante siglos, años y años de estereotipos que generan aferramiento a prácticas machistas. Por ello, no resulta suficiente el abordaje unidimensional por parte del Poder Judicial en su carácter de órgano de aplicación de la normativa internacional. Es necesario contar con la visión y labor de otras disciplinas como la psicología, la sociología, asistentes y trabajadores sociales. Además de campañas de difusión y prevención, es necesario contar con espacios preparados y con amplitud horaria para recibir las denuncias, así como también con personal capacitado y sensibilizado sobre la temática de violencia familiar/doméstica y de género. Sobre esto último, debemos fortalecer las competencias de los trabajadores no especialistas, tales como educación y sus instituciones (docentes y no docentes), salud (medicina, psicología, psiquiatría, enfermería, acompañamiento terapéutico), personal policial, clubes,  familiares, agrupaciones políticas, dependencias públicas y privadas, empresas y medios de comunicación, tanto en relación a los estándares vigentes en materia de género, como así también en la detección y abordaje de prácticas anteriores y desajustadas.

-          ¿Cómo evalúa la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil en la prevención de la violencia de género?

Se está trabajando, pero nunca es suficiente. Es nuestra misión como sociedad terminar definitivamente con la violencia en general y contra los niños, niñas y adolescentes en concreto. La violencia en general es un círculo o un ciclo, un espiral que crece día a día. Este flagelo no se soluciona solo, por el mero transcurso del tiempo. Requiere un abordaje, ser trabajado. El reciente doble femicidio exige un avance participativo que permita la implementación y ensanchamiento de las políticas públicas para lograr un mundo libre de violencia con respeto a la dignidad humana y la libertad de las personas.

-          ¿Algún comentario final?

Agradecer infinitamente al equipo que se desempeña en el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco que orgullosamente presido, por su compromiso diario.

 Frente a los 11 femicidios registrados en los primeros 14 días de octubre, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) adelantó su informe mensual y reclamará en el Congreso la declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género. Según el relevamiento, en lo que va de 2025 hubo 196 femicidios, uno cada 35 horas, y en octubre la frecuencia aumentó a una víctima cada 28 horas.

 MuMaLá advirtió sobre la eliminación de políticas públicas y la necesidad de restituir programas de prevención y asistencia a víctimas. “El gobierno nacional ha desmantelado las políticas de género”, afirmó Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal, quien pidió “asumir la gravedad del contexto”. El informe también destacó que el 73% de los femicidios fueron cometidos por parejas o ex parejas y que 120 niños quedaron huérfanos. Desde 2015, se registraron 2.589 femicidios y trans/travesticidios en el país.

El pasado jueves, el edificio de los Tribunales de la Quinta Circunscripción Judicial, en San Francisco, fue escenario de un simulacro de juicio con jurados populares, del que participaron 40 alumnos de sexto año del Instituto San Francisco de Asís (Isfa). La actividad, impulsada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) a través de su Oficina de Jurados Populares, tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento ciudadano sobre el funcionamiento del sistema judicial y fomentar la participación cívica desde las aulas.

El simulacro se llevó a cabo en la misma sede donde, hace 20 años, tuvo lugar el primer juicio con participación mayoritaria de jurados populares, en el que Víctor Fernando Luna fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía.

Durante la jornada intervinieron el juez Andrés Peretti, el defensor público Lucio Sarnago y el funcionario de la Cámara en lo Criminal y Correccional, Sebastián Sánchez. También estuvieron presentes el secretario de la Oficina de Jurados Populares, Gonzalo Romero, junto a personal de dicha dependencia. Los alumnos estuvieron acompañados por el docente Fernando Brochero y directivos del Isfa.

“La experiencia fue maravillosa, el trabajo, la preparación, la coordinación por parte de la Oficina de Jurados Populares fue brillante, y por supuesto, destacar la participación de los alumnos del Isfa, que fue realmente notable”, destacó Peretti en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO.

E magistrado explicó que el caso simulado estaba basado en hechos reales, con datos modificados por cuestiones de confidencialidad. La causa giró en torno a una tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por contexto de género, investigada por la fiscalía. En el desarrollo del juicio se representó la situación de una mujer agredida por su pareja.“Cada estudiante recibió su guion, lo estudiaron a la perfección. Aunque fue un simulacro, lo tomaron con mucho criterio. Todo el proceso avanzó hasta llegar al momento de la deliberación”, remarcó el juez. 

Durante la experiencia, los jurados populares analizaron dos cuestiones clave: si el hecho había existido tal como lo relató la fiscalía y, en ese caso, si el acusado era culpable o no. “Fue un debate muy rico y profundo, con muchísimo respeto. Se deliberó, se discutió y se arribó a un veredicto que fue leído en la sala, tal como ocurre en los juicios reales”, destacó Peretti.

Además, subrayó que este tipo de actividades permiten democratizar el acceso a la Justicia y desmitificar su funcionamiento ante la sociedad. “Estamos en un momento donde es necesario transparentar las decisiones judiciales, democratizar la justicia, hacer que la sociedad participe de las decisiones importantes. El juicio por jurados es una herramienta fundamental porque permite la participación directa de la ciudadanía en el Poder Judicial”, sostuvo.

Finalmente, Peretti expresó su deseo de que estas iniciativas se repitan con otras instituciones. “Nos enorgullece que la Oficina de Jurados Populares del TSJ haya elegido a San Francisco como sede para este simulacro. Ojalá se sumen más colegios, porque realmente es muy enriquecedor”, concluyó.

En el marco de las actividades previstas en torno a los 16 días de activismo contra la violencia de género se llevó a cabo en Tecnoteca una charla de “Concientización sobre violencia de género” a cargo del juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, y Penal Juvenil de la 5ta Circunscripción provincial con sede en San Francisco, Dr. Andrés Peretti.

La actividad estuvo organizada por la Municipalidad de San Francisco, a través de la Dirección General de la Mujer, Género y Diversidad, y el Consejo Municipal de la Mujer cuyos integrantes estuvieron presentes compartiendo los conceptos vertidos por el disertante y se enmarca dentro de la campaña de la ONU denominada ‘Mujeres’ cuya iniciativa ‘Únete’ hace un llamado a los gobiernos, la sociedad civil, la juventud, el sector privado, medios de comunicación y la sistema de Naciones Unidas de modo que unan sus fuerzas para hacer frente a la pandemia mundial de violencia contra las mujeres y las niñas.

En el momento, la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Yanina Asteggiano destacó: “Cuando hablamos de la violencia de género no hablamos de una agresión física sino que hablamos de violencia psicológica, moral, sexual, que no entiende de clases sociales”.

“Nos pone muy orgullosa que estén acompañándonos hoy acá y sobre todo por la importancia que tiene la presencia del doctor Andrés Peretti, un especialista en el tema que tanto hace a diario por evitar situaciones de violencia de género. Es muy bueno escuchar lo que nos tiene que decir porque esto involucra a todas las mujeres de diferentes edades y nos permite contar con herramientas muy útiles para todas nosotras”, agregó.

Luego, la directora general de la Mujer, Género y Diversidad, Nancy Marrone convocó a los presentes a “unirnos, como dice la ONU, para que entre todos podamos hacer algo para que esto pare”.

“Antes del 10 de diciembre vamos a contar con tres nuevos bancos rojos en la ciudad para visibilizar la problemática. Uno de ellos se ubicará en el Club San Isidro, otro en el estadio ‘Juan Pablo Francia’ del Club Sportivo Belgrano y el restante en Altos del Prado. Son tres nuevos bancos rojos dentro del objetivo que perseguimos que en cada barrio de la ciudad haya un banco rojo para que todos puedan visibilizar la problemática porque esto nos pone a pensar a todos”, añadió.

Por su parte, el doctor, Andrés Peretti reconoció que la situación vinculada con la violencia de género “ha tenido un recrudecimiento muy importante” indicando que esta problemática “está vinculada con una construcción socio cultural”  y señaló: “La situación por la que se está transitando no es la ideal, ni mucho menos al observar un crecimiento general de este flagelo a nivel país y particularmente en nuestro juzgado en cuanto a la cantidad de denuncias comparado con las cifras registradas en 2023”.

En lo que respecta a las cifras que arroja el flagelo de la violencia intrafamiliar, Peretti dijo que “más del 78 % de las víctimas son mujeres y el 22 % restante, los niños, niñas y adolescentes conforman la gran mayoría de este porcentaje”, mientras que del total de las denuncias que se reciben en el juzgado a cargo del doctor Peretti “entre un 35 y un 40 por ciento se trata de niños, niñas o adolescentes como víctimas de violencia de género”.

La Convención sobre los Derechos del Niño, que Argentina ratificó en 1990 y que desde 1994 tiene carácter constitucional, implicó un cambio sustancial ya que considera a niñas y niños sujetos de derechos. En todo este tiempo, mucho se habló de deudas del Estado frente a la niñez.

El régimen penal juvenil vigente data de la última dictadura militar y es necesaria una reforma. Sin embargo, esta no puede limitarse a la baja de edad de punibilidad de 16 a 13 años, como propone el Gobierno, lo que impactará en las infancias más vulnerables, sino que “debe centrarse en políticas públicas destinadas al restablecimiento de derechos económicos y sociales vulnerados y en la prevención de delitos”, sostuvo Andrés Peretti, juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género y Penal Juvenil de los Tribunales de San Francisco, al analizar en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO el proyecto que establece un nuevo sistema para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal.

Además, consideró que bajar la edad de imputabilidad “no reducirá los niveles de inseguridad social”. Y aunque los ministerios de Seguridad y Justicia argumentaron que el delito juvenil está en aumento, el magistrado expuso estadísticas oficiales que lo desmienten: en nuestro país, menos del 4 % de los delitos son cometidos por niños, niñas y adolescentes. 

Entonces, “es fundamental desmitificar que el sistema punitivo y demás políticas llamadas de ‘mano dura’ traerá soluciones mágicas”, afirmó.  

-¿Cuáles cree que son los desafíos para el sistema judicial respecto a minoridad?

Debemos redoblar nuestros esfuerzos para juzgar con perspectiva de niñez y adolescencia, lenguaje claro y sencillo, espacios adaptados, entornos seguros y adecuados, trato diferenciado y especializado. Debemos tomar en cuenta la edad, las condiciones particulares, el grado de desarrollo y madurez para lograr una justicia accesible y apropiada para personas que atraviesan esta etapa de la vida y que por diversos motivos se encuentran inmersos en un proceso judicial donde se definen sus intereses. Es necesario priorizar los trámites orales, la celeridad, la eficiencia y eficacia de los procesos, la especialidad, la interdisciplinariedad y la capacitación permanente, no solo en conocimientos, sino también, en empatía. 

-Y romper con tabúes sobre la burocracia. Se viene insistiendo en una Justicia más cerca de las infancias, sobre todo en temas sensibles como la adopción. 

Sin perjuicio que toda intervención judicial siempre puede mejorar, y a eso aspiramos permanentemente, puede existir una percepción errónea sobre los procesos de adopción. La adopción es la última etapa de varias y solo procede con carácter excepcional cuando la familia de origen no puede brindar los cuidados para satisfacer las necesidades afectivas y materiales de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Sin embargo, existe un desfasaje entre los NNA que pueden ser adoptados y las intenciones o deseos de los pretensos adoptantes, lo que complica notablemente que encuentren familia. En Córdoba, tendencia que se replica en el resto del país, más del 90 % de las personas inscriptas en el Registro Único de Adopción quieren adoptar a niños o niñas de 0 a 3 años, sin complicaciones de salud y/o capacidades diferentes. Sin embargo, los NNA en condiciones de ser adoptados tienen más de 12 años. Por ese motivo, permanentemente se difunden convocatorias públicas para que NNA encuentren familia, es decir, un espacio de afecto y contención cuando no lo pueden hacer en su familia de origen. Esas convocatorias públicas son realizadas por los Juzgados de Niñez y Adolescencia cuando no existen postulantes inscriptos en el Registro de Adopción. 

- ¿Considera que es necesaria una reforma al actual régimen penal de la minoridad?

Sí, siempre y cuando los cambios no se restrinjan a la baja de edad de punibilidad. Frente a conductas transgresoras de NNA, en especial para aquellos que están por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal (16 años), deben disponerse medidas de carácter preventivo, protectorio y de apoyo a las familias, llamadas de “intervención temprana”. Así pues, considero que la reforma al actual régimen penal adolescente debe centrarse en políticas públicas destinadas al restablecimiento de derechos económicos y sociales vulnerados, prevención de delitos y en el caso de fracaso, avanzar con la reintegración social de los NNA en conflicto con la ley penal.

- ¿Cómo se está trabajando en San Francisco con los adolescentes que delinquen?

Cada caso es especial, pero la primera distinción sobre la forma de abordaje se distingue según la edad de NNA denunciados: menos de 16 años (no punibles) y más de 16 y hasta 18 años (punibles). En relación a la primera categoría, no puede ser sometido a juicio. De todas maneras, investigamos y dictamos sentencias donde analizamos si el hecho denunciado existió y, en caso afirmativo, si el joven tuvo intervención. Asimismo, determinamos estrategias restaurativas para evitar la reincidencia o la reiteración delictiva, lo que otorga certeza y seguridad jurídica tanto a víctima como a victimario.

Respecto de los adolescentes punibles, cuando el denunciado tiene entre 16 y 18 años y luego de la acusación de Fiscalía que investiga, realizamos el juicio correspondiente. Si luego de celebrado el debate llegamos a la conclusión que el hecho existió y que el joven denunciado participó, se lo declara responsable y se lo somete a un período de prueba por 1 año. Si transcurrido ese plazo, el denunciado cumple con las pautas impuestas por el Juzgado, demuestra que comprendió el daño que causó y reacomodó aquellos aspectos de su vida respetando derechos y libertades fundamentales de terceros, no se le impone pena. Caso contrario, se le aplica la pena que el Código Penal establece para el delito cometido, con la reducción establecida por la ley para la escala de la tentativa.

- ¿Qué reflejan las estadísticas sobre delito juvenil?

Durante los años 2022 y 2023, en nuestra provincia las causas que involucran a NNA representan el 3,3 % del total, mientras que los jóvenes privados de la libertad ascienden a 2,2 % -punibles de 16 a 18 años- y 0,2 % -no punibles, menos de 16 años- del total. Por otro lado, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó un informe que exhibe un descenso del 8 % en la cantidad de causas penales iniciadas en la Justicia Nacional de Menores. Ello demuestra que la participación de NNA en delitos -tanto de leve, como mediana y alta entidad penal- es especialmente baja, con lo cual, la aprobación del anteproyecto que busca bajar la edad de punibilidad no tendrá un resultado significativo en términos de mayor seguridad a nivel global.

- Puntualmente, ¿qué opina del proyecto que envió el Gobierno nacional al Congreso para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años? Algunos magistrados sostienen que podría ser una medida regresiva en materia de derechos humanos.

Coincido. No solo es regresivo, sino que además incrementará el número de jóvenes dentro de un sistema que probablemente empeorará sus trayectorias de vida y no reducirá los niveles de inseguridad social. Por el contrario, los incrementará, ya que está probado cómo el sistema penal se convirtió en un reproductor amplificado de las violencias que busca erradicar.

- “Delito de adulto, pena de adulto”, es el lema del gobierno de Javier Milei. Pero por lo hablado hasta aquí, no basta con bajar la edad de imputabilidad.

Los NNA son diferentes a los adultos, por ser personas en desarrollo. Su falta de madurez bio-psico-social los coloca en una especial situación de vulnerabilidad y exposición al delito sin la adecuada reflexión, lo que justifica trato diferente al de los adultos. Por esa misma razón, y desde una perspectiva de niñez y adolescencia, es necesario que exista un régimen penal específico, a fin de garantizar su protección especial que contemple las particularidades de su desarrollo psicomadurativo que necesariamente influye en la responsabilidad por los hechos cometidos. Reconocer esta diferencia hace posible evitar un trato desigual y por ende discriminatorio. No hay peor injusticia que tratar igual a quienes no lo son. Por ello esta protección especial es una exigencia legal, convencional y constitucional.

- ¿No sería entonces una medida efectiva en el combate a la inseguridad?

No, de ninguna manera.  Los delitos son un flagelo multicausal que involucra lo social, lo económico, lo cultural y la salud (drogas), entre otros. En nuestro país, el 60 % de los NNA está por debajo de la línea de pobreza. En Córdoba, más de la mitad de los jóvenes en conflicto con la ley penal presenta consumo de sustancias psicoactivas, y dentro de ese grupo, el 23 % tiene consumo problemático, es decir, que la adicción a sustancias psicoactivas afecta el desarrollo de la rutina diaria de la persona que consume. Asimismo, la Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa) realizada en Argentina en 2022 muestra que el 54,4 % de los estudiantes está por debajo del nivel 2 de desempeño en Lengua, considerado el mínimo; solo 1 % alcanzó los niveles más altos (5 y 6) en comprensión lectora. Como puede apreciarse, los delitos no son un problema jurídico o del derecho penal.

A ello debe sumarse otra realidad: si menos del 4 % de los delitos son cometidos por NNA, el impacto de bajar la edad de punibilidad será mínimo y lejos estará de ser una medida efectiva en el combate contra la inseguridad. Tal como sucede con los adultos, a la inseguridad se la aborda con más políticas públicas de prevención y capacitación. Reforzar las políticas penales represivas deja expuesto el retroceso en políticas económicas y sociales.

La Dra. Beloff, experta que integra el Comité de los Derechos del Niño, sostiene que bajar la edad de punibilidad no solo no resuelve nada, sino que eleva la conflictividad social, ya que cada vez más NNA se involucran en delitos, más se institucionalizan, más comparten con adultos, más “aprenden” el delito, más reinciden, todo en contra de la seguridad que tanto buscamos. Por eso, es necesario adoptar obligaciones positivas de cuidado, garantizar derechos, trabajar para que los NNA no ingresen al sistema penal y reestablecer derechos vulnerados tales como salud (abordaje de adicción a las drogas), educación (inclusión educativa y social). Asimismo, si el delito se cometió, aplicar mecanismos de resolución alternativa de conflictos que involucren no sólo al joven acusado de cometer un delito, sino también a las víctimas, sus familias y la comunidad en general, históricos excluidos del conflicto penal.

- ¿La edad mínima de responsabilidad penal y la posibilidad de establecer un sistema de justicia con enfoque diferenciado para personas menores de edad son conceptos que deberían separarse en el debate?

Sí y no, porque la edad mínima de responsabilidad penal es la razón que justifica un sistema de justicia diferenciado, con proyectos socio educativos que incorporen la responsabilización de los NNA y que resguarden el cumplimiento de garantías procesales y constitucionales.

- Hay una percepción de la sociedad que la Justicia liberando a un chico de 14 años le está diciendo “andá a seguir matando o robando”. Pero, ¿qué se hace con esos menores que no son imputables penalmente? ¿Pueden funcionar métodos de justicia restaurativa?

Estamos al tanto de los reclamos sociales, pero la realidad es diferente. La intervención de la Justicia penal en jóvenes menores de edad existe, pero es diferente a los procesos penales de adultos. Es decir, los menores de 18 años responden de manera diferente a los adultos, propia de la edad que tienen, pero responden. Y dentro de ese abordaje diferencial y especializado, las prácticas restaurativas toman protagonismo. Las respuestas punitivas nos dejan tan víctimas como éramos antes: solos, sin reparación, ya sea porque es imposible o porque no surte el efecto que se espera, y sabiendoque va a haber nuevas víctimas. Por eso, es fundamental desmitificar que el sistema punitivo y demás políticas llamadas de “mano dura” traerá soluciones mágicas y será suficiente para sanar heridas y brindar recompensa a la víctima y la sociedad en general.

Si bien nuestro Juzgado aplica prácticas restaurativas hace muchos años, recientemente, el Poder Judicial de Córdoba lanzó una capacitación obligatoria con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de los operadores del fuero penal juvenil. El curso, que inicia el próximo 25 de septiembre y finalizará avanzado el 2025, contará con la presencia de los especialistas doctores Raúl Calvo Soler y Eric García López y forma parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Nuestra visión como abogados que aplicamos la ley es insuficiente para abordar la compleja, desafiante e interconectada sociedad que vivimos. Por ello, como operadores del Poder Judicial, necesitamos del trabajo interdisciplinario porque permite tener una visión completa”.

- Mientras tanto, ¿cómo se acompaña a las familias en el proceso de intervención judicial?

Sin perjuicio del acompañamiento y abordaje de las familias de los supuestos victimarios, también colaboramos con las familias de las víctimas. No existe un arquetipo de víctima; no todas las víctimas son iguales. Existen personas que son víctimas directas o indirectas de delitos graves (y no tanto) que abandonaron el odio y el rencor para dar paso a algo diferente, a algo que los hace mejores personas y nos hace mejores como sociedad.

Sabemos que más proceso penal no solo no ayuda a los niños, niños y adolescentes, sino que los perjudica más aún, en tanto aprenden -desde chiquitos- de los más grandes, adquieren habilidades delictivas y se vuelven expertos en el crimen como consecuencia del hacinamiento carcelario, la violencia propia de esas relaciones, falta o insuficiencia de recursos propios para la reinserción social y la exclusión social. Por ello, el 70 % de los adultos que ingresan al sistema penal alguna vez pasaron por alguna forma de abordaje de menores de edad en conflicto con la ley penal.

Además de ello, ¿más proceso penal ayuda a la víctima? ¿ayuda en algo para calmar el odio, rencor o necesidad de venganza? ¿permite “acomodar las cosas”, entender qué pasó, por qué a mí o a mis seres queridos? La respuesta suele ser negativa y por ello, apelamos a mecanismos de resolución alternativa de conflictos que involucren efectivamente a las víctimas para que sean protagonistas y meros espectadores.

- Algo más que agregar…

Agradecer infinitamente al equipo que se desempeña en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco que orgullosamente presido por su compromiso diario: doctores y doctoras Totaro Canavesio, Demaría, Ré, Buttignol, Armando, Barbero, Brumatti, Sticca, Panero, Toia, Goirán, Elkin Casermeiro, Rochetti y Andreggen.

En el primer semestre del año, 907 niños, niños y adolescentes tuvieron causas penales iniciadas en la Justicia Nacional de Menores, lo que representa un descenso del 8 % en comparación con igual período de 2023.

El dato surge del informe semestral que elabora la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que registra la información sobre el universo de personas menores de 18 años que transitan por alguna de las instancias judiciales previstas en el régimen penal de la minoridad (Decreto Ley 22.278), tanto en el ámbito del fuero nacional de menores como en el fuero federal.

El informe también revela que durante el período se iniciaron 920 causas sobre NNA en la Justicia Nacional de Menores, un 16,7 % menos que en igual período del año anterior.

El 90 % de los 907 NNA con causas penales en la Justicia Nacional de Menores son varones, y el 84 % de las causas corresponden a delitos contra la propiedad, principalmente distintos tipos de robos (8 de cada 10). Asimismo, de todos los delitos contra la propiedad registrados, un 38 % fueron en grado de tentativa.

En cuanto a la edad de los NNA involucrados, el 60,1 % tenía 16 o 17 años al momento del hecho; un 38 % entre 13 y 15, y un 1,9 % 12 años o menos. Comparado con el mismo período de 2023, se observa una reducción en la cantidad de menores de 16 años involucrados.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) se sumó a las voces críticas de la disminución de la edad de imputabilidad. Un texto elaborado por las subcomisiones de Humanidades y Derechos de la Niñez y Adolescencia de la SAP pone el acento en las condiciones de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los adolescentes sujetos a procesos judiciales.

“Son víctimas de numerosas y sistemáticas agresiones físicas y emocionales desde los primeros años de su vida. Sus expectativas de un futuro mejor son muy limitadas. En esta situación, su participación en hechos delictivos está organizada y programada, en su gran mayoría, por grupos de delincuentes adultos. En otras, su libre campo de autodeterminación se encuentra totalmente limitado por su realidad social, cultural, familiar, educativa o económica”, refiere el documento.

“Desde la SAP somos enfáticos en que bajar la edad de imputabilidad no resolverá el flagelo de la violencia y de la inseguridad (…)”, cita. El informe pregona que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos y que las penas a niños, niñas y adolescentes no deberían ser homologables a las de los adultos.

“Bregamos por instituciones habilitadas para la contención de adolescentes en conflicto, orientadas a la rehabilitación, garantizando condiciones edilicias adecuadas y proveyendo programas de educación y de capacitación laboral, de manera de dotarlos de herramientas para facilitar su reinserción social”, recomendó la SAP y reclamó la presencia permanente del Estado para “promover el desarrollo personal, educativo y social del niño”.

Entre otras cosas, planteó que “el acceso de los adolescentes a las armas o el uso de estupefacientes está relacionado casi directamente con amparo de ‘capangas’ marginales y connivencia policial”. Y exhortó a fomentar lo que se ha dado en llamar "justicia restaurativa", que consiste en “evaluar la posibilidad de interactuar el autor del delito con la víctima -si esta así lo acepta- para reconocer humanidad e identidad a quien ha sufrido por causa de él y pueda sinceramente arrepentirse y comprometerse a enmendar las consecuencias de su conducta”.