El Juzgado de Control de Villa Carlos Paz rechazó el requerimiento de elevación a juicio de la causa por presunto abuso sexual simple contra Ángelo Cornaglia, dirigente político y exconcejal de San Francisco por Juntos por el Cambio (2019-2023).

La decisión judicial frena la solicitud de la fiscalía de Carlos Paz, a cargo de Mario Mazzuchi, que investiga la denuncia presentada por una mujer de esa ciudad, quien acusa a Cornaglia de un hecho presuntamente ocurrido en junio de 2022 en un hotel de la villa serrana. Según fuentes judiciales, el juez de control entendió que “no existen fundamentos suficientes” y que la fiscalía no analizó toda la prueba presentada por la defensa.

Desde el equipo legal de Cornaglia recordaron que ya habían objetado el pedido de elevación a juicio. “La fiscalía no analizó la prueba que presentamos”, afirmaron, y señalaron que en el caso existen “cuestiones raras” que deben investigarse.

La denunciante radicó la acusación en octubre de 2022 y, meses después, su familia denunció haber recibido llamadas anónimas y amenazantes, lo que motivó una orden judicial de restricción de acercamiento vigente desde mayo de 2023.

Desde diciembre de 2024, la provincia de Córdoba cuenta con una ley “ficha limpia” para candidatos y funcionarios provinciales. Las misma establece la inhabilitación para ejercer cargos públicos o partidarios a toda persona que haya sido condenada por delitos dolosos con penas privativas de la libertad, siempre que dicha condena esté firme en segunda instancia. La norma busca elevar los estándares de idoneidad y ética en la administración pública, y aplica a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los partidos políticos.

La ley fue aprobada con el apoyo de 65 legisladores de distintos bloques políticos y fue promulgada posteriormente por el gobernador Martín Llaryora. Modifica los artículos de la Ley N° 9.571 (Código Electoral Provincial) y la Ley N° 9.572 (Régimen Jurídico de Partidos Políticos). El texto legal establece expresamente que no podrán ser candidatos ni ejercer cargos públicos las personas condenadas por delitos dolosos, siempre que la condena haya sido confirmada por una instancia superior —ya sea por vía recursiva, ordinaria o extraordinaria—, en el marco de las normas procesales vigentes.

Este marco legal es considerado más amplio y estricto que otras normativas similares, ya que no se limita únicamente a delitos contra la administración pública, sino que alcanza a todos los delitos dolosos previstos en el Código Penal y en leyes especiales. La legisladora Victoria Busso, una de las impulsoras del proyecto, había argumentado que “la idoneidad es una condición exigible no solo para quienes son elegidos por el pueblo, sino también para quienes tienen el honor de ocupar un cargo público al servicio de los ciudadanos”.

En ese contexto, la situación del exconcejal Ángelo Cornaglia —quien figura en la lista de empleados que la Legislatura publicó en marzo como asesor legislativo del PRO, aunque desde ese espacio político afirmaron que renunció— cobra relevancia, ya que la Fiscalía de Villa Carlos Paz solicitó elevar a juicio una causa en su contra por presunto abuso sexual simple, en un hecho ocurrido en junio de 2022.

Sin embargo, desde el entorno de Cornaglia, indicaron a LA VOZ DE SAN JUSTO que actualmente "no ocupa ningún cargo en la función pública ni partidario", tampoco en el espacio Jóvenes PRO que supo presidir, sino que "se desempeña solo en la actividad privada".

El hecho denunciado habría ocurrido en junio de 2022, cuando ambos coincidieron en un hotel de esa localidad. Según la investigación, el episodio motivó una causa penal por la que Cornaglia fue imputado y sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas, al igual que la denunciante. El fiscal Ricardo Mazzuchi, a cargo del caso, solicitó este lunes la elevación a juicio tras concluir la etapa de instrucción. Resta fijar la fecha para la audiencia.

La mujer denunció haber sido víctima de abuso sexual, y en mayo de 2023, su familia informó a la Justicia que recibió llamadas anónimas y amenazas relacionadas con la denuncia, lo que derivó en una orden judicial de restricción de acercamiento y contacto, que continúa vigente. 

Aunque por ahora no pesa una condena sobre Cornaglia, si el proceso judicial en su contra culmina con una sentencia condenatoria y esta es ratificada por un tribunal de instancia superior, la ley de “ficha limpia” le impediría volver a postularse a cargos electivos o ejercer funciones en la administración pública provincial.

Mientras tanto, Cornaglia no ha realizado declaraciones públicas sobre la causa penal que lo involucra y que sigue su curso bajo la órbita de la Fiscalía de Carlos Paz y será la Justicia quien determine su responsabilidad en el hecho. Por su parte, la defensa adelantó que se opondrá a la medida de elevación a juicio argumentando que “no hay pruebas en contra de Cornaglia” y que “es una acusación débil”. 

Mientras Córdoba avanzó con una normativa que busca blindar el acceso a cargos públicos frente a antecedentes penales graves, a nivel nacional la situación es diferente. En mayo, el Senado de la Nación rechazó el proyecto de Ley de Ficha Limpia impulsado por el Ejecutivo, el cual había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en febrero. La iniciativa proponía impedir que personas condenadas por delitos contra la administración pública —con sentencia firme en segunda instancia— pudieran presentarse a elecciones, siempre que la condena se confirmara antes del cierre del padrón.

El rechazo se dio por un solo voto: 36 legisladores votaron a favor y 35 en contra, pero se requerían 37 votos afirmativos para su aprobación. La normativa impulsada a nivel nacional no prosperó, pese a que una propuesta similar ya había sido presentada por el PRO en 2024, sin éxito en dos intentos por falta de quórum en Diputados.

Uno de los puntos de mayor controversia fue el alcance de la norma, ya que algunos sectores entendieron que podía usarse como herramienta de proscripción política. Se mencionó, por ejemplo, el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Si bien el proyecto de “ficha limpia” fue presentado en el Concejo Deliberante por Juntos por el Cambio para impedir que personas con condenas por corrupción o delitos sexuales accedan a cargos públicos en San Francisco, la iniciativa fue pasada a comisión sin avances y desde el oficialismo siempre evitaron pronunciarse sobre el tema.

En tanto, en Córdoba, la ley ya es una realidad y establece un nuevo estándar legal para quienes aspiran a ocupar cargos públicos o partidarios. A diferencia del rechazo a nivel nacional, la provincia dio un paso firme hacia una mayor exigencia ética y judicial para sus dirigentes. En ese marco, causas como la que enfrenta Ángelo Cornaglia podrían ser un caso testigo del impacto concreto que puede tener esta legislación en la política provincial. Todo dependerá del avance judicial y del resultado del juicio que aún no tiene fecha, pero que ya está formalmente el pedido de elevación. 

Según la ley vigente, solo se puede impedir la candidatura a cargos públicos si hay una condena penal firme. La Ley 23.298 y el Código Nacional Electoral excluyen del padrón a condenados por delitos dolosos mientras dure la pena. Las inhabilitaciones se ejecutan solo cuando la sentencia alcanza estado de “cosa juzgada”. El proyecto rechazado buscaba aplicar la inhabilitación desde la condena en segunda instancia, pero no fue aprobado.

La fiscalía de Villa Carlos Paz solicitó este lunes elevar a juicio la causa por presunto abuso sexual simple que involucra a Ángelo Cornaglia, exconcejal de San Francisco por Juntos por el Cambio entre 2019 y 2023. La denunciante es una mujer de esa localidad serrana, quien lo acusó por un hecho presuntamente ocurrido en junio de 2022 en un hotel.

Cornaglia, uno de los referentes del espacio Jóvenes PRO en Córdoba, hasta marzo se desempeñaba como asesor del legislador Oscar Tamis (PRO). El fiscal Ricardo Mazzuchi, a cargo de la investigación, avanzó con la instrucción del caso, que incluyó pericias psicológicas y psiquiátricas a ambas partes. Solo resta fijar la fecha de la audiencia, según confirmaron a LA VOZ DE SAN JUSTO fuentes de la fiscalía.

Según la denuncia, el episodio ocurrió cuando ambos coincidieron en Carlos Paz. En mayo de 2023, la familia de la presunta víctima denunció haber recibido llamadas anónimas y amenazas, lo que motivó una orden judicial de restricción de contacto y acercamiento, vigente hasta hoy.

Además, en 2020 el exconcejal fue denunciado por violencia de género por una ex pareja, pero esa causa fue archivada por la Justicia.

“Habiendo cumplido con la investigación preparatoria, es opinión de este Ministerio Público Fiscal que corresponde elevar a juicio la presente causa para que, finalmente sea el tribunal quien decida sobre la responsabilidad que pudo caberle al imputado en los hechos investigados”, cita el requerimiento del juez Mazzuchi. La resolución judicial marca un nuevo capítulo en el proceso penal. Mientras tanto, Cornaglia no ha hecho declaraciones públicas sobre esta última acusación.

El ex concejal de San Francisco y presidente de Jóvenes del Pro en Córdoba, Angelo Cornaglia, fue imputado por la Justicia de Carlos Paz en una causa por “abuso sexual simple”. La denuncia fue presentada en octubre de 2022 por una joven de esa ciudad, y la imputación, formalizada el 13 de noviembre, constituye el primer paso procesal para que el acusado ejerza su defensa.Cornaglia, quien integró el Concejo Deliberante de San Francisco entre 2019 y 2023 como parte del bloque Juntos por el Cambio, sigue vinculado a la Juventud del Pro en actividades locales y provinciales.La Fiscalía carlospacense, liderada por el fiscal Mario Ricardo Mazzuchi, ordenó varias medidas relacionadas con la investigación, entre ellas el acceso a registros de llamadas telefónicas recibidas por la denunciante, la declaración de profesionales médicos que la atendieron, y la realización de pericias al imputado.Semanas atrás, la joven denunciante difundió un audio en el que reiteró su denuncia, expresó su malestar por las demoras en el caso y exigió celeridad en la investigación. A través de su abogado, quien actúa como querellante particular, solicitó además la detención del imputado, argumentando haber recibido amenazas.

Reacciones y antecedentesDesde que el caso se hizo público en 2023, organizaciones como Movimiento Feminista, Socorro Rosa e Isadora Mujeres en Lucha vienen exigiendo el avance de la investigación judicial. Por su parte, la entonces concejala y compañera de bloque de Cornaglia, Cecilia Roffé, lo instó públicamente a brindar explicaciones, calificando la situación como “gravísima”.

Cabe mencionar que en 2020 Cornaglia ya había sido denunciado por violencia de género por su expareja en San Francisco, lo que generó críticas de diversos sectores feministas y políticos.

El caso

La denuncia de octubre de 2022 acusa a Cornaglia de haber cometido el presunto abuso sexual en junio de ese año, en un hotel de Villa Carlos Paz. En mayo de 2023, la familia de la denunciante informó haber recibido llamadas anónimas y amenazantes tras realizar la denuncia inicial, lo que motivó la emisión de una orden de restricción de contacto por tres meses.El abogado que representa a la víctima, informó sobre la situación procesal de Cornaglia, imputado por abuso simple. Explicó que el fiscal a cargo, Ricardo Mazzuchi, ordenó pericias interdisciplinarias, a las cuales Cornaglia inicialmente no asistió alegando problemas de salud, aunque se demostró que había participado en actividades políticas. El letrado afirmó además que pidieron la detención de Cornaglia debido a amenazas contra la víctima y maniobras para entorpecer el proceso, como la presentación de certificados médicos presuntamente irregulares. También se solicitó el análisis de registros telefónicos relacionados con las amenazas.