Este lunes, el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos retomó las audiencias del juicio por el hundimiento del ARA San Juan con las declaraciones de los testigos propuestos por la fiscalía y las partes, de las cuales surgió un dato inquietante: el submarino no había realizado ensayos técnicos de máxima velocidad y profundidad.

Quien dio fe de esta versión fue Fabián Walter Krawinkel, submarinista que fue jefe de Logística y Planificación hasta su retiro en 2019.

El ex capitán de navío comentó que hubo ensayos que no pudieron concretarse: las pruebas de máxima profundidad y de máxima velocidad.

"Nunca se realizaron las pruebas clave, que son las de máxima profundidad y máxima velocidad”, sostuvo ante el tribunal encabezado por el juez.

Al respecto, señaló que el problema se originó en “un porta fusible que se había fundido” y explicó que “en un submarino, los incendios suelen ser eléctricos, debido a la alta densidad de equipos eléctricos a bordo”.

Otro testigo, el submarinista y maquinista Víctor Manuel Pereyra, recordó que fue comandante entre 2014 y 2015 cuando el ARA San Juan estaba siendo reparado un taller de Mar del Plata.

Según enfatizó, las pruebas de máxima profundidad y máxima velocidad son “dos ensayos exigentes, que solo pueden realizarse una vez aprobadas todas las instancias previas”.

“La máxima velocidad se ensaya en un área reservada, donde se activa la quinta etapa de marcha. Cuando asumí el cargo, faltaban numerosas pruebas de mar para llegar a esa instancia”, recordó.

"No sabemos qué pasó con el ARA San Juan. Fue algo muy duro”, recordó, visiblemente afectado, tras indicar que conocía a parte de la tripulación.

Pereyra aventuró ante el tribunal que el submarino pudo haber perdido “el control de la profundidad” antes del desenlace fatal. 

Este lunes se iniciará la segunda semana del juicio oral y público por el caso del hundimiento del ARA San Juan, en el Tribunal Federal de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos, y la querella mayoritaria integrada por 34 familias de los 44 tripulantes, aseguró que es una instancia “clave y decisiva” para el esclarecimiento de las responsabilidades penales.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la abogada querellante, Valeria Carreras, sostuvo que las expectativas están “altísimas” porque, a difierecia de la primera semana en donde escucharon “el relato de los imputados que están autorizados a mentir”, en esta segunda etapa ”no van a poder hacerlo".

“Estamos preparados para pedir los falsos testimonios que sean necesarios. De los 20 testigos que se quieren tomar esta semana, pienso que no vamos a llegar porque de cada uno hay que ser muy metículoso, hay que preguntar y repreguntar. Yo me conformo con que quede expuesto lo mismo que habían dicho en la instrucción. Y los que mintieron o camuflaron la verdad, poder exponerlos”, aseguró. 

Asimismo, detalló que esos testigos se pueden dividir entre los técnicos que “opinan, informan y dan fe” de las condiciones en las que estaba el submarino, al mismo tiempo en que hay otros que son ex comanantes del ARA San Juan, que "van a dar su versión en base a su experiencia”.

En la misma línea, aseguró que, junto los familires de las víctimas, continuarán exigiendo “respuestas concretas, documentación completa y el fin del blindaje naval” y recordaron que todos los testigos tienen “la obligación legal de decir la verdad”.

“En la primera semana del juicio hubo un visitante: estuvo presente el Capitán de Fragata, Daniel Lorenzo, quien tiene la categoría de auditor en la Armada y que fue, además, defensor en el Consejo de Guerra de dos de los imputados y del ex jefe Marcelo Srur. Entonces, ¿quién está interesado en controlar y auditar este juicio?¿por qué la Armada Argentina comisiona a un abogado auditor a estar presente? Se quiso ensayar, desde la defensa de uno de los imputados principales, que este hombre era una especie de cadete logístico, es decir, alguien que iba a ayudar a trasladar testigos, a ubicarlos, a alojarlos y la primera semana no había que alojar a ningún testigo porque no había testigos citados. Yo creo que mañana no se van a animar. Deberían no atreverse. Yo voy a cuestionarlo”, concluyó Carreras.

El juicio por el hundimiento del ARA San Juan empezó este martes en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, donde se sitúa la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, y buscará determinar cuáles fueron las responsabilidades penales sobre la tragedia ocurrida en noviembre de 2017.

El abogado Luis Tagliapietra, quien representa a los 32 familiares agrupados en la querella, sostuvo que “se está llevando a cabo la lectura de la creación y se le dará la palabra a las distintas partes, por si alguna tiene que formular cuestiones preliminares".

"El tribunal deberá resolver, en su defecto, y seguramente con eso se cumplirá la jornada de hoy. Mañana sí continúa el juicio con la producción de testimonios”, indicó en declaraciones a NA.

El juicio determinará a las autoridades responsables de la muerte de los 44 tripulantes del submarino: dentro de los imputados se encuentran cuatro exjefes de la Armada Argentina por “presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “omisión de deberes del oficio” y “estrago culposo agravado por el resultado de muerte”.

Por otra parte, tanto la fiscalía como las querellas señalan “negligencia en el mantenimiento” de la nave porque hubo fallas críticas y aseguran que el submarino no habría estado en condiciones óptimas de navegar.

Este juicio incluye más de 100 testigos, material fílmico encriptado del hallazgo del submarino por el buque Ocean Infinity, documentación bajo secreto militar y el testimonio de un experto de la empresa Thyssen-Krupp, una firma industrial y tecnológica alemana, líder en ingeniería y producción de acero.

Las audiencias se llevarán a cabo hasta el viernes 6 de marzo, para retomar la actividad en 15 días. 

Se estima que esas audiencias se realizarán semana por medio y que el veredicto podría conocerse cerca del mes de julio. Quedan afuera aquellas causas vinculadas al caso como el presunto espionaje ilegal hacia los familiares de las víctimas, debido a que ya fueron cerradas definitivamente por la Corte Suprema de Justicia y en la que sobreseyeron a los ex funcionarios involucrados.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan.

El fallo también aplicó para los exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Los familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino, ocurrido en noviembre de 2017, habían denunciado tareas de vigilancia y recopilación de datos personales realizadas entre 2017 y 2018, mientras reclamaban explicaciones y justicia.

La investigación comenzó tras el hallazgo de documentos en la sede marplatense de la AFI, que incluían informes, fichas y registros de actividades de los familiares, como manifestaciones públicas y publicaciones en redes sociales.

En 2021, el entonces juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó a los acusados por entender que la inteligencia realizada buscaba condicionar el clima político e institucional.

Pero en julio de 2022, la Cámara Federal porteña, con los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revocó esos procesamientos al considerar que las tareas se enmarcaban en operativos de seguridad presidencial.

Más tarde, la Cámara de Casación Penal, con los votos de Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, confirmó el fallo y sostuvo que no existió espionaje ilegal, ya que los datos obtenidos eran de carácter público.

“Los familiares compartían sus reclamos y declaraciones en medios y redes sociales. No existió secretismo ni se utilizaron medios ilegales para obtener esa información”, fundamentaron los magistrados.

Además, afirmaron que las tareas respondían a la protección del entonces presidente Macri y no implicaron una extralimitación en las funciones de la AFI.

Las querellas, representadas por Eva Sandoval y los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras, llevaron el caso ante la Corte Suprema, pero el tribunal rechazó sus planteos y confirmó el cierre definitivo del expediente.

Con la resolución de la Corte, el juicio oral por el hundimiento del submarino se desarrollará solo con imputados de la Armada Argentina, sin funcionarios políticos entre los acusados.

El proceso se llevará a cabo ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, tras la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que determinó que el hecho ocurrió fuera de jurisdicciones territoriales específicas, en aguas del Atlántico Sur.

En el banquillo estarán el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de Submarinos, Héctor Alonso; y el exjefe de Operaciones, Hugo Miguel Correa.

Todos enfrentan cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

El ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre de 2017, tras una explosión en sus baterías mientras navegaba frente a las costas patagónicas.

Los 44 tripulantes a bordo murieron y la nave fue hallada un año después, a 907 metros de profundidad.