La Justicia confirmó el cierre de la etapa de instrucción en la causa por el crimen de la niña de 8 años Aralí Vivas, ocurrido en Brinkmann en 2024. El fiscal de Instrucción Francisco Payges resolvió elevar el caso a juicio con tres personas imputadas.

Matías Ezequiel Simeone y Cristian Hernán Varela están acusados de abuso sexual agravado con acceso carnal y reiteración de hechos, homicidio criminis causa y, en uno de los casos, incendio intencional de la vivienda. También está imputada Rocío Milagros Rauch, la madre de la víctima, señalada por homicidio calificado por el vínculo, bajo la figura de omisión de deber de cuidado.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Morteros y derivó en un amplio despliegue judicial y social en la región.

“Asesinar a un chico de 15 años también es un horror. Justicia para Guille”. La frase fue escrita por un lector de LA VOZ DE SAN JUSTO al comentar una noticia sobre el brutal crimen del pequeño Zamir Torres, asesinado en Frontera. Un comentario que parece unir en una misma línea el dolor que distintas comunidades vienen acumulando. Como si una tragedia tapara a la otra.

Cada historia tiene su particularidad, su contexto, su forma de romper el alma. Y cada crimen, un móvil diferente e incomparable. Guillermo Chiarotto Gattino, de 15 años, fue asesinado de una puñalada el pasado 26 de junio en San Francisco, en una discusión entre adolescentes. Pero antes fue Aralí Vivas, de tan solo 8 años, en Brinkmann, víctima de un femicidio encubierto que sacudió a toda la provincia. Ahora, otra vez Frontera: Zamir Torres, de apenas 4 años, muere baleado el 9 de julio en un auto, en medio de una emboscada contra su padrastro.

En todos los casos, el denominador común es una joven vida truncada; o una infancia arrasada. Y un sistema incapaz de anticipar, contener, prevenir… que llega después, cuando ya no hay nada que hacer más que buscar responsables y calmar a la opinión pública.

La causa por el asesinato de Guillermo avanza. El acusado, también menor de edad, se entregó y permanece alojado en el Complejo Esperanza. La familia de la víctima exige justicia. En Brinkmann, la investigación por la muerte de Aralí está en su etapa final. Tres personas están detenidas con prisión preventiva, imputadas por abuso sexual, homicidio y encubrimiento: el padrastro, un amigo de éste y la mamá de la víctima. En tanto que por el asesinato de Zamir, hasta ahora hay un joven detenido, sospechado de integrar la banda que viajaba en el auto desde donde dispararon contra Braian "Peladito" Martínez. 

Las causas siguen su curso mientras el tiempo hace lo suyo. Y el dolor social se diluye en la vorágine. Hasta que otro crimen golpee. Entonces, una vez más, se compartirá la noticia, se comentará con bronca y angustia, se exigirá justicia. Pero pronto el espanto volverá a esconderse detrás de la próxima tragedia. Y así, como escribió ese lector en Instagram, nos seguiremos preguntando: ¿hasta cuándo?

A siete meses del crimen que conmocionó a Brinkmann y a toda la provincia, continúa la investigación judicial, ahora, bajo la conducción del nuevo fiscal de instrucción de Morteros, Francisco Payges. La investigación del asesinato de Aralí Vivas, la niña de 8 años que murió el 2 de noviembre de 2024 en su casa, en el marco de un incendio que en principio pareció accidental, reveló el encubrimiento de un femicidio y abuso sexual. 

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el fiscal Payges confirmó que la investigación está en su etapa final, aunque aún no hay una fecha para un juicio. “Se aguardan informes y resultados de nuevas pericias”, indicó el fiscal, una de ellas sería una pericia genética pendiente, además de otras diligencias procesales menores.

Los tres imputados continúan con prisión preventiva. Se trata del padrastro de Aralí, Matías Ezequiel Simeone (33); un amigo de este, Cristian Hernán Varela (40); y la madre de la niña, Rocío Milagros Rauch (28). Las carátulas de imputación no se modificaron: Simeone y Varela están acusados de homicidio criminis causae, una figura que contempla la pena de prisión perpetua. Rauch, en tanto, fue imputada como partícipe necesaria del delito de homicidio calificado por el vínculo, por omisión.

La investigación reconstruyó una escena que combina abuso sexual, homicidio e incendio intencional. Según la autopsia, la menor fue abusada y luego asesinada antes de que se iniciara el fuego. El dato clave: no se halló monóxido de carbono en sus pulmones, lo que descartó la hipótesis de una muerte accidental. Además, se encontró material genético masculino en el cuerpo de la víctima, aunque aún no se conoció el resultado de ADN que permita atribuirlo con certeza a alguno de los imputados.

Mientras se resuelven estas pruebas, la madre de la niña rompió el silencio por primera vez desde la cárcel. En una entrevista con Noticiero Doce, Rauch recordó que el día del crimen estaba en Morteros cuando recibió la llamada de su hermana. “Me dijo que se había incendiado mi casa y que Aralí había quedado adentro. Cuando llegué, nadie me quería decir que mi hija había fallecido”, relató.

Contó que encontró a Simeone y a Varela detrás de una cinta policial, “muy tranquilos para la situación que estábamos viviendo”. Según su versión, su pareja le explicó que se había ido a la plaza con los otros hijos, dejando a Aralí sola como castigo, y que “se había olvidado un encendedor”.

“Eso me encendió una lámpara porque Aralí no jugaba con fuego. Yo como mamá la conocía mucho”, sostuvo. En otro tramo de la entrevista, Rauch reveló que en ese momento los investigadores comenzaron a preguntarle si había notado comportamientos extraños entre Simeone y su hija. “Yo les dije que no. Jamás vi una reacción rara de él hacia mi hija, ni de Aralí hacia él”, afirmó.

La joven de 28 años insistió en que no tuvo participación en el crimen y aseguró estar “pagando injustamente detrás de las rejas”. “Me acusan de algo horrible. Solo pido que abran los ojos y vean que no tengo nada que ver”, declaró.

Rauch negó haber tenido sospechas de abusos. Aseguró que había enseñado a su hija que “ciertas partes del cuerpo no se tocaban” y que si alguien intentaba hacerlo, se lo dijera. También insistió en que, de haber ocurrido algo, su hija le habría contado. Sin embargo, reconoció que tras enterarse de los abusos y del intento de ocultamiento del crimen, empezó a sospechar de Simeone: “Con lo que ha hecho de prender fuego, a mí me da mucho a pensar. Sino, él no hubiera hecho nada”.

Sobre el vínculo entre su hija y Simeone, explicó que era muy cercano. “Ella lo quería mucho. Las maestras me contaban que cuando él la buscaba del colegio, Aralí decía: ‘Ahí viene mi papá. Bueno, él no es mi papá, pero yo lo quiero como si lo fuera’”, recordó.

Consultada sobre el consumo de drogas, dijo que Simeone “consumía en ocasiones” y que habían iniciado un tratamiento en el RAC de Brinkmann para superar las adicciones. Aseguró también que la noche del crimen, su pareja “estaba raro”.

La  Fiscalía aguarda el resultado de más pericias para determinar si se puede cerrar la etapa de instrucción y formalizar la acusación en una audiencia oral. “Estamos avanzando en los últimos pasos del proceso”, adelantó el fiscal Payges, quien evitó pronunciarse sobre los dichos de Rauch. 

El caso no solo golpeó a la comunidad de Brinkmann por la brutalidad del hecho, sino también por la trama familiar que lo rodea. La sociedad espera Justicia. 

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A cinco meses del crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada el pasado 2 de noviembre en Brinkmann, la causa judicial se reactivó bajo la conducción del fiscal Oscar Gieco. El expediente, que había experimentado una pausa tras la salida de la fiscal Yamila Di Tocco, regresó a manos de Gieco, quien retoma la investigación en su rol de subrogante en Morteros.

Se trata de un caso que no solo conmocionó a la comunidad por la crudeza del hecho, sino también por el vínculo de los imputados con la víctima: su padrastro, Matías Ezequiel Simeone (33); un amigo de este, Cristian Hernán Varela (40); y su madre, Rocío Milagros Rauch (28), todos con imputaciones que los mantienen en prisión preventiva.

Simeone y Varela están acusados de homicidio criminis causae, una figura que contempla la prisión perpetua. Según la investigación, habrían abusado sexualmente de la niña antes de matarla y posteriormente incendiaron la vivienda para ocultar el crimen. La autopsia confirmó la ausencia de monóxido de carbono en los pulmones de la menor, lo que descartó la posibilidad de una muerte accidental por el fuego. El hallazgo de material genético masculino en el cuerpo de la víctima fue clave para agravar las imputaciones.

La madre de la niña, por su parte, enfrenta cargos por homicidio calificado por el vínculo, en calidad de omisión, lo que refleja una responsabilidad por no haber protegido a su hija. A día de hoy, se encuentra representada por la defensa oficial, mientras que los otros imputados esperan la designación de nuevos abogados tras la renuncia de sus defensores anteriores.

¿Qué falta para que el caso llegue a juicio? Aunque la instrucción está en su etapa final, restan aún algunos trámites técnicos: una pericia genética pendiente y otras medidas procesales menores. Sin embargo, con la prisión preventiva firme para los tres acusados, todo apunta a que el juicio podría celebrarse en los próximos meses.

El crimen de Aralí sigue generando impacto en Brinkmann y alrededores. La brutalidad del hecho, el perfil de los acusados y la corta edad de la víctima han convertido este caso en un símbolo del reclamo por mayor protección a la infancia y por una justicia más ágil y efectiva. La sociedad, aún conmovida, exige no solo condenas ejemplares, sino también mecanismos que eviten que tragedias como esta se repitan.

La reapertura formal del caso en manos del fiscal Gieco reanuda también las expectativas colectivas de que se haga justicia. En un país donde los delitos contra menores despiertan una sensibilidad especial, esta causa se transformó en un espejo de las deudas pendientes del Estado en materia de prevención, protección y respuesta ante la violencia intrafamiliar.

En un acto marcado por la presencia de autoridades provinciales y locales, la provincia de Córdoba inauguró una nueva delegación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) en Morteros. El evento, que tuvo lugar en el Hospital Sauret, fue encabezado por la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Reartes, y el intendente de Morteros, Sebastián Demarchi.

Este nuevo espacio, denominado Unidad de Desarrollo Regional (Uder), no solo atenderá a los habitantes de Morteros, sino también a las comunidades de Altos de Chipión, Balnearia, Brinkmann, Colonia 10 de Julio, Colonia San Pedro, Colonia Vignaud, Cotagaita, La Paquita, Mar Chiquita, Marull y Miramar, que anteriormente dependían de la delegación de San Francisco. La inauguración de la Uder se inscribe en una serie de medidas que buscan mejorar la atención y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia.

En su intervención, la ministra Montero expresó: "No hemos venido a anunciar ni a prometer. Con enorme satisfacción estamos aquí dando una respuesta. Como siempre dice el gobernador Martín Llaryora, en políticas públicas las decisiones se toman con datos y la apertura de esta Uder es el resultado de un análisis que encaramos a partir de un pedido de ustedes para mejorar nuestras intervenciones. Este es un gobierno que escucha y que cree en el trabajo articulado con los gobiernos locales". Asimismo, destacó la importancia de la corresponsabilidad en el trabajo conjunto entre las instituciones y la comunidad: "La complejidad del contexto actual requiere de un concepto clave: la corresponsabilidad. No podemos perder de vista que el fin último de toda nuestra tarea, de cada intervención, de cada abordaje, son los niños, niñas y adolescentes".

Demarchi también se refirió a la relevancia de la apertura de la nueva Uder, señalando que, aunque no se trata de una solución definitiva, "estamos convencidos de que va a ser una herramienta más para acercarle a nuestra comunidad". 

"Gracias por tomar esta decisión para que Morteros y toda la zona este del departamento San Justo tenga una Uder para atender a las familias y acompañarlas en las situaciones de sus niños, niñas y adolescentes", agregó el intendente.

La delegación de SeNAF en Morteros tiene un contexto particular en el que algunos casos recientes han puesto a estos organismos bajo la lupa. El caso de la pequeña Aralí Vivas, ocurrido en noviembre de 2024 en Brinkmann, motivó una serie de cuestionamientos sobre la actuación de la Uder y la Senaf, especialmente en lo que respecta a la reinserción de los niños en hogares considerados peligrosos. Este hecho dio lugar a investigaciones internas y a pedidos de informes para esclarecer si hubo negligencia en la gestión de esos casos.

Por su parte, Reartes, destacó el enfoque federal de esta apertura, que permitirá acercar los servicios a las comunidades y mejorar las respuestas ante las problemáticas de niños, niñas y adolescentes. Reartes subrayó que ya se han realizado reuniones con los equipos locales para asegurar que la transición de las causas se realice de manera ordenada y segura.

La ministra Montero, durante su discurso, también se refirió a la naturaleza del trabajo que realizan los equipos de Senaf. "Cada causa que nos llega encierra un drama, refiere una historia difícil, una situación compleja. Créanme que no es fácil seleccionar profesionales con la capacidad, con la experticia y con la vocación para enfrentarse todos los días al drama humano de niños, niñas y adolescentes a quienes se les vulneran los derechos más fundamentales", expresó. Además, destacó la importancia de contar con un equipo interdisciplinario adecuado para abordar estas problemáticas.

El equipo de la nueva Uder está compuesto por una abogada y dos licenciadas en Psicología y Trabajo Social, quienes fueron seleccionados en un proceso conjunto con el municipio, garantizando así la capacidad, experiencia y vocación necesaria para la función. La Uder de Morteros comenzó a funcionar oficialmente el 1º de febrero, y desde su apertura, ha trabajado en la articulación con el resto de los organismos locales para abordar los casos de vulneración de derechos de los menores.

La jornada de la ministra Montero en Morteros fue de intensa actividad. Tras la inauguración de la nueva delegación, la ministra se reunió con el intendente Demarchi y la viceintendenta Cristina De Carli para abordar otros temas relacionados con la atención y protección de los derechos de la niñez. Posteriormente, visitaron la Sala Cuna Pacarí, ubicada en el barrio Sucre de Morteros, donde se interiorizaron del funcionamiento de la institución. La Sala Cuna Pacarí, que desde el año pasado funciona en cogestión con el municipio, brinda atención a 103 niños y niñas de entre 45 días y tres años, ofreciendo un espacio de desarrollo integral y cuidado.

En la misma jornada, la ministra y su equipo también visitaron el Taller Protegido Castillo Azul, una organización local que produce panificación y repostería de calidad desde hace 25 años. Durante la visita, se discutió la posibilidad de incorporar a la organización al Programa de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad y sus Organizaciones, que gestiona el Ministerio de Desarrollo Humano.

Con la creación de la Uder número 24, que ya se suma a las otras delegaciones de Senaf en distintas localidades de la provincia, el gobierno de Córdoba continúa avanzando en su objetivo de descentralizar los servicios y acercarlos a las comunidades, garantizando una atención más cercana y eficiente para quienes más lo necesitan.

El crimen de Aralí Vivas, de 8 años, ocurrido en Brinkmann, tiene tres detenidos: su padrastro Matías Simeone, el amigo de éste Cristian Varela y la madre Rocío Rauch. Simeone y Varela están imputados por homicidio criminis causae, al matarla presuntamente para ocultar un abuso sexual previo. La madre está acusada de homicidio calificado por el vínculo, por omitir protegerla.

Aralí fue asesinada entre la 1 y las 6 de la mañana del 2 de noviembre de 2024. Su madre se había ido a Morteros el día anterior y no regresó. Cámaras captaron a Simeone y Varela entrando y saliendo de la casa esa madrugada. A la siesta, un incendio intencional alertó a vecinos y bomberos, que hallaron el cuerpo sin vida de la niña. La autopsia confirmó que fue asesinada antes del fuego, presentaba golpes y signos de abuso.

El caso puso bajo investigación a Senaf y Uder de San Francisco, organismos que habían restituido a Aralí y sus hermanos a ese hogar meses antes. Se analiza si hubo negligencia al evaluar el riesgo. 

La fiscal de Morteros, Yamila Di Tocco, dictó la prisión preventiva de los imputados por el atroz crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años cuya muerte conmocionó a Birnkmann y al país. Ezequiel Matías Simeone (padrastro de la niña), Cristian Hernán Varela (amigo del padrastro) y Rocío Milagros Rauch (madre de la niña) están por homicidio. La autopsia reveló que Aralí ya estaba muerta al momento del incendio; que presentaba un traumatismo en la zona craneal y que había sido víctima de abuso sexual.  

Las imputaciones de los detenidos:

Todos permanecen detenidos en el Complejo Carcelario Padre Lucchese (la cárcel de Bouwer) en Córdoba. Fueron indagados y negaron los hechos que se les imputa. 

El pasado 2 de noviembre se descubrió que lo que parecía un trágico incendio fue, en realidad, un intento de ocultar un crimen.

Según la investigación, el asesinato de Aralí ocurrió entre la 1 y las 6 de la mañana del sábado 2 de noviembre en la vivienda donde la niña se encontraba con sus hermanos. Cámaras de seguridad de la zona habrían captado a dos hombres, Simeone y Varela, entrando y saliendo de la casa en los horarios previos al incendio. Testigos afirman haber visto a los sospechosos en las inmediaciones durante esa madrugada.

La madre de Aralí había viajado a Morteros el día anterior y no regresó a la casa, lo que dejó a la niña al cuidado de sus hermanos.

A primeras horas de la tarde, la casa comenzó a incendiarse, y vecinos alertaron a los bomberos voluntarios. Al llegar al lugar y sofocar las llamas, los bomberos encontraron el cadáver de Aralí, quien estaba sola en el hogar. En un principio, se pensó que el incendio había sido la causa de su muerte. Sin embargo, el análisis de los peritos de la Dirección Bomberos de la Policía reveló que el fuego había sido provocado de manera intencional en una de las habitaciones.

Lo que pareció un accidente se transformó en una escalofriante revelación cuando los forenses informaron que Aralí no presentaba monóxido de carbono en su organismo, lo que indica que la niña fue asesinada antes de que se iniciara el incendio. Esta información confirmó que el fuego fue utilizado con el fin de ocultar el crimen.

Este 2024 que está por terminar fue un año marcado por diversos hechos policiales. El asesinato de la pequeña Aralí Vivas, la profanación de un cadáver en el cementerio de San Francisco y los homicidios en barrio Acapulco de Josefina son apenas algunos de los episodios más impactantes que han acaparado la atención pública.

Uno de los crímenes más desgarradores de 2024 ocurrió en Brinkmann, con el asesinato de Aralí Vivas, una niña de 8 años. La autopsia reveló que la menor fue víctima de abuso sexual antes de su muerte. Los principales sospechosos son Matías Ezequiel Simeone, padrastro de la víctima, y Cristian Hernán Varela, su amigo. Ambos fueron acusados de homicidio criminis causa, un cargo que implica matar para ocultar otro delito, lo que podría acarrear la pena de prisión perpetua.

Simeone y Varela habrían asesinado a Aralí para ocultar el abuso sexual sufrido por la niña. La fiscalía, tras recibir los resultados de los estudios forenses, determinó que ambos habían estado en contacto con la víctima en las horas previas a su muerte. La madre de la niña, Rocío Milagros Rauch, también fue detenida como partícipe necesaria, aunque no se la vincula directamente con el asesinato. El cuerpo de Aralí fue hallado en su vivienda tras un incendio ocurrido el día siguiente, el 2 de noviembre, lo que dejó aún más perplejos a los investigadores. 

 Este caso, al igual que había ocurrido con el crimen de Lucio Dupuy (5) en La Pampa, volvió a poner el foco en las fallas del sistema respecto de la protección de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 

Otro hecho trágico que marcó 2024 es el incremento de homicidios en el barrio Acapulco, que se ha visto azotado por la violencia, alcanzando un récord de crímenes en el año. Tres homicidios se registraron en lo que va de 2024: el de Jonathan Samuel Delgado, asesinado de cinco balazos el 25 de enero; el de Milagros Vázquez, muerta el 7 de septiembre por un disparo en su casa mientras estaba con sus hijos; y José Sebastián Ramírez, quien falleció el 8 de septiembre tras recibir un disparo en el abdomen.

Estos crímenes, en su mayoría vinculados al narcotráfico y las disputas de bandas, continúan sin esclarecerse completamente. La Justicia sigue investigando, pero la violencia en este barrio de la provincia de Santa Fe parece no ceder.

Otro hecho que conmocionó a los vecinos de San Francisco fue la profanación de una tumba en el cementerio local. Una mujer de 36 años había sido detenida tras cortar dos dedos a un cadáver. Pericias psiquiátricas determinaron que la mujer no comprendía la gravedad de sus actos debido a un cuadro de depresión aguda. La acusada había sido influenciada, según declaró, por un supuesto "chamán" para realizar este acto de brujería. 

La mujer, que había sido imputada por daño calificado, no irá presa, pero deberá seguir tratamiento ambulatorio debido a su condición mental.

La detención de Casandra Oliva, quien fue acusada de asesinar a su pareja, Fabián Sosa, en julio de este año, también marcó un punto álgido en el ámbito judicial local. Finalmente, Oliva fue declarada inimputable por la Justicia tras las pericias psicológicas, y aunque no será internada, debe continuar un tratamiento ambulatorio.  Sosa, de 32 años, fue encontrado muerto en su casa de calle Cabrera al 1924 con graves heridas en los genitales.

También se registraron juicios con jurados populares que resultaron en condenas, como la del doble homicidio ocurrido en la colonia San Antonio, zona rural de El Tío. Emilio López fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de su abuelo, Antonio López (78), y la pareja de éste, Nicolaza Rosa Frontera (79), quienes en 2023 fueron atacados a balazos por López, quien tenía una relación de vecindad con las víctimas. La investigación reveló que el crimen fue motivado por intereses económicos y problemas vinculados al consumo de drogas.

Por otro lado, el caso de Mateo Andrés Gallegos, asesinado en julio de 2022, tuvo un desenlace judicial en 2024 con una condena a 17 años de prisión para los acusados Alexis Alejandro Artaza y Damián Javier Quiroga, mientras que Sebastián Alberto Battán fue condenado a 9 años. El crimen, relacionado con una deuda de dinero vinculada al narcotráfico, dejó una huella en la comunidad.

La causa por el brutal asesinato de Aralí Vivas, la niña de 8 años encontrada muerta en su vivienda de Brinkmann tras un incendio intencional, sigue avanzando. Por disposición de la fiscal Yamila Di Tocco, de Morteros, se llevaron a cabo allanamientos en la sede de la UDER de San Francisco y en el Hospital de Brinkmann, donde era atendida la menor. 

Según fuentes policiales, los procedimientos, realizados por personal de Informática de la Policía Judicial de Córdoba, se centraron en las oficinas de asistencia social de ambas instituciones. El objetivo fue recolectar documentación relevante para la causa. Entre los elementos incautados se encuentran documentos que podrían resultar clave para determinar las responsabilidades de los organismos involucrados. 

Cabe recordar que el caso tiene como principales acusados al padrastro de Aralí, Matías Ezequiel Simeone (33), y a un amigo suyo, Cristian Hernán Varela (40), ambos imputados por homicidio criminis causa, un delito que contempla la pena de prisión perpetua. 

Junto a ellos hay otra detenida, la madre de la víctima, Rocío Milagros Rauch (28), quien está imputada por supuesto homicidio calificado por el vínculo (omisión de cuidado). Ya fue indagada, negó los cargos en su contra y se abstuvo de seguir declarando.

El 2 de noviembre, los bomberos de Brinkmann acudieron a un incendio en una vivienda ubicada en Caseros 857. Al extinguir el fuego, encontraron el cuerpo calcinado de la niña en la planta alta del domicilio. 

La autopsia reveló que Aralí no había inhalado monóxido de carbono, lo que confirmó que ya estaba muerta al momento del incendio. Además, presentaba un traumatismo craneal. Posteriores estudios indicaron que había sido víctima de abuso sexual, ya que se halló material genético masculino en su cuerpo. Esto reforzó la hipótesis de que fue atacada y asesinada antes de que se provocara el incendio.

Hay novedades en el caso de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en Brinkmann, y la principal es que el resultado de las pericias forenses confirmaron que fue abusada sexualmente previo a su crimen, prueba que llevó a la Justicia a volver a agravar las imputaciones contra los acusados, según información a la que pudo acceder LA VOZ DE SAN JUSTO. Tanto el padrastro, Ezequiel Simeone (30), como el amigo de éste, Cristian Hernán Varela (40), quedaron imputados como presuntos coautores del delito de homicidio calificado por el vínculo y se suma supuesto homicidio criminis causae, que es aquel que se comete para ocultar otro delito. En caso de condena, corresponde la perpetua. 

Las pericias corroboraron la evidencia de material genético masculino en el cuerpo de Aralí que confirma el ataque sexual que sufrió. Las muestras serán cotejadas con el ADN de los dos hombres acusados.  

Acerca de la madre de la víctima, Rocío Milagros Rauch (28), continúa detenida acusada de partícipe necesario de homicidio calificado por el vínculo, por comisión por omisión. El fiscal sostuvo que Rocío Milagros Rauch no estuvo al momento del asesinato de su hija, pero que sí es responsable de la falta de intervención ante el abuso y la muerte de la menor.

Rauch fue indagada el pasado viernes y negó los cargos en su contra y se abstuvo de seguir declarando en el marco de la investigación por el crimen de la nena de 8 años, el cual se quiso ocultar mediante un incendio intencional en el domicilio donde vivía. En tanto que los otros dos imputados aún no declararon ante la fiscalía. Todos permanecen detenidos en el penal de Bouwer, en Córdoba. Para los investigadores Simeone y Varela abusaron a la menor y para tapar dicho delito la asesinaron y luego prendieron fuego la casa donde Aralí vivía junto con sus hermanos.

Pese a que las pericias confirmaron el abuso, los vecinos y allegados a la víctima sostienen que en dicha casa se hacían “fiestas negras” y que eran reiterados los delitos de esta índole.

Este diario también pudo saber que a partir de hoy, la causa ya no está a cargo del fiscal subrogante Oscar Gieco y pasó a la fiscal de Morteros, Yamila Di Tocco, quien retornó de su licencia.

Aralí Vivas padeció situaciones de violencia, abuso y maltrato sin límite hasta el día de su fallecimiento. Si bien los detalles de la investigación los mantiene bajo reserva, el médico Mario Vignolo, una de las voces expertas más reconocidas en nuestro país sobre abuso sexual infantil, y quien realizó la autopsia de la menor, calificó el caso como "uno de los más aberrantes" que ha visto en su carrera. En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, Vignolo reflexiona sobre la situación de la violencia en las infancias, los retrocesos en la prevención y la necesidad urgente de una educación sexual “con otro enfoque”. También derriba algunos mitos en cuanto al perfil de los agresores, que en su mayoría son varones adultos que están en el entorno de la víctima.

El 19 de noviembre se conmemorará el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, una fecha clave para visibilizar una problemática que, aunque ha dejado de ser un tema tabú, sigue siendo una de las mayores sombras que afectan a la sociedad. Según Vignolo, a pesar de los avances en las denuncias, los abusos sexuales infantiles continúan siendo una tragedia cotidiana.

“Hace 35 años que investigo abusos sexuales, porque fue un tema que me asustó y me apasionó desde que me recibí de legista y médico. En los años 90, cuando daba charlas sobre este tema en Ecuador y México, decía que salían dos o tres noticias por año. Hoy, todos los días hay noticias de estos casos, no porque no ocurrían antes, sino porque no se sabían. Hoy, por un lado, en buena hora se denuncian más, pero por otro, ocurren más también”, explicó Vignolo.

Subraya que, a pesar de la creciente visibilidad del problema, sigue existiendo una naturalización de estos delitos, lo que constituye uno de los mayores obstáculos para combatirlos. “Cuando alguien incorpora a la cultura algo tan aberrante como algo normal, el riesgo es que opacamos la gravedad del caso, y una vez que está naturalizado, es muy difícil combatirlo”, reflexionó.

“La educación sexual bien implementada es la mejor forma de prevenir abusos”.

Vignolo también se refirió a los factores sociales que agravan este flagelo, como la adicción a las drogas y el alcohol, las desavenencias familiares y la malversación de la educación sexual infantil. En relación con la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), fue crítico. “La ley significó un giro de 180 grados. Yo estaba muy contento, pero ¿qué pasó? La reglamentaron, pero nunca se hizo nada. Córdoba demoró dos años en ponerla en marcha, y el único esfuerzo que se hizo fue invitarnos a los profesionales a dar charlas para directores de escuelas, pero fue algo aislado”, indicó.

A pesar de la legislación, Vignolo argumentó que la educación sexual en las escuelas ha fallado en ofrecer una herramienta real para la prevención de abusos. Para él, la educación sexual bien implementada debe “enseñar a los niños que sus zonas genitales son propias, que nadie debe tocarlas, y que en caso de abuso deben salir corriendo a contar lo sucedido”.  

“No desperdiciemos el aula para enseñar, porque lo que no se enseña bien en el aula, se aprende mal en el recreo", instó. 

“El problema más grave es que este delito cuenta con la complicidad del silencio de la víctima. La mayoría de los casos ocurren dentro del ámbito familiar, y la víctima no habla porque tiene miedo o porque está amenazada. El 90% de los casos son perpetrados por alguien del entorno cercano. Esos niños muchas veces denuncian después de varios años, cuando perdieron el miedo”, afirmó el ex director del Hospital Iturraspe. 

“He dado charlas en escuelas, en comunidades, y a los dos o tres días aparecía una mujer y me decía: ‘doctor, a mí me pasó y nunca me animé a decirlo”, recordó. 

En su opinión, una educación sexual adecuada en las escuelas contribuiría a que muchos niños y niñas reconozcan que están siendo abusados y que se desarrollan en contextos donde la sexualidad se aprende de manera distorsionada y precoz. “No debemos ser hipócritas, esto ocurre incluso en niveles socioeconómicos altos, pero es mucho más frecuente en contextos de vulnerabilidad, donde no hay educación para defenderse. La mejor herramienta para prevenir el abuso sexual es enseñarles a los niños qué es normal y qué es anormal”, dijo.

El diagnóstico de Vignolo es claro: la educación sexual integral, tal como se propone en la ley, es esencial para prevenir abusos, pero debe ser implementada correctamente, sin enfoques trasgresores ni provocativos. “Está mal el enfoque que se le da a la ESI desde una mirada trasgresora y provocativa. Eso no es progreso, eso es perverso”, aseguró.

“Después, cuando sean más grandes, a los adolescentes se les explicará la posibilidad de embarazo o sobre enfermedades de trasmisión sexual que pueden ser irreversibles, eso es la educación sexual, y no ir a repartir preservativos a la plaza o enseñar una sola campana, incluso desvirtuando la sexualidad. Eso no es progreso, eso es perversión estatal; enseñarle a los niños cosas para lo que no están preparados ni maduros - agregó Vignolo-. Los niños nacen con un sexo y después pueden tener una orientación sexual que debe ser respetada, pero no se puede dirigir ni condicionar ni prohibir expresar la orientación sexual, o decir: ‘vos no tenés sexualidad hasta que no lo decidas de grande’, ¡es una locura!, es muy grave”. 

“Antes nos aterrorizábamos, hoy ya casi que se ha naturalizado, y ese es el problema. Cuando alguien incorpora a la cultura algo que es aberrante como natural o como común, corre el peligro de opacar la gravedad del caso, y una vez que está naturalizado, es muy difícil combatirlo”, agregó. 

El abuso en la familia: un círculo de horror

Uno de los puntos que Vignolo destacó con mayor énfasis es la relación de poder desigual que se establece entre el agresor adulto y la víctima infantil. El experto insistió en que la mayoría de los abusos sexuales ocurren dentro del ámbito familiar y señaló que los abusadores suelen ser personas con “una baja capacidad de asumir frustraciones y con una gran habilidad para manipular a las víctimas. Son personas seductoras, con una gran capacidad de generar culpa, pero no tienen empatía, no sienten el dolor ajeno", explicó.

La familia es, muchas veces, un espacio donde el abuso se oculta bajo una capa de silencio y complicidad. Vignolo ratificó que muchas veces las víctimas temen hablar por miedo a las represalias o por la protección del agresor. “He visto casos en los que la madre no cree en el relato de la hija, o no lo cree porque el agresor es el sostén del hogar. También tuvimos casos aberrantes en los que las madres participaban de los abusos sexuales”, comentó.

Respecto a los agresores, Vignolo desmitificó algunas creencias comunes. A menudo se cree que los padrastros son los agresores más frecuentes, pero las estadísticas muestran que, aunque en menor proporción, son los padres quienes cometen la mayor parte de los abusos. Además, refutó el mito de que todos los abusadores reinciden. “Según informes oficiales, el 37% de los abusadores que cumplen condena reinciden. No todos los abusadores son necesariamente reincidentes, aunque el peligro siempre está latente”, indicó.

Para Vignolo, uno de los mayores problemas es la falta de prevención. “Los casos de abuso siguen ocurriendo y aumentando, pero no es culpa de la justicia. La condena es importante, por supuesto, pero la solución está en la prevención”, aseveró. En este sentido, destacó la importancia de que los docentes estén alertas ante cambios de conducta, autoagresiones o aislamiento en los niños, ya que son señales claras de que algo no está bien. “A los maestros hay que enseñarles que no denunciarán a las personas, sino los hechos, y que pueden hacerlo en anonimato”, acotó.

El entrevistado además habló sobre el sistema judicial y la importancia de las herramientas legales en la lucha contra los abusos sexuales. “La justicia en Córdoba es una de las mejores del país, me atrevo a arriesgar que la mejor. Aquí, un abusador no sale de la cárcel a los tres años, como ocurre en otras provincias”, enfatizó. Sin embargo, también reconoció que “hay falencias en los mecanismos intermedios, que son los que tienen que ver, y a veces, están contaminados por la política”.

Además, defendió la Cámara Gesell como medio de prueba que “evita la re-victimización del menor de ir a declarar frente al agresor. Muchas veces las lesiones físicas no son tan contundentes, sobre todo en niños más pequeños. He visto chicos de menos de un año abusados, no son muchos”

“Generalmente, cuando se descubre el abuso, el niño lleva años de ser abusado –siguió Vignolo-. Si se descubre la primera vez, es porque hubo lesiones gravísimas, pero muchas veces el abuso sexual es progresivo y no se detecta hasta que pasó mucho tiempo. Entonces, el examen físico no alcanza. Así como también existen falsas denuncias. Es uno de los delitos más difíciles de comprobar y de investigar”.

“En mis más de 30 años de carrera, mínimo habré visto unos tres mil casos y el de Aralí Vivas es uno de lo más aberrante que vi. Hay una gran investigación en curso para saber qué ocurrió, pero si en la autopsia no descubríamos que la niña estaba quemada post mortem, podría haber quedado como un accidente. Es un caso complejo, y llegar a la verdad es una herramienta para salvar al resto de los hermanitos”, sostuvo Vignolo.

“Vi casos aberrantes, muchísimos. Pero con esta atrocidad, la perversidad de haber ocultado, de ocasionar un incendio, muy pocos”, añadió sobre el crimen que sacude a Brinkmann y a toda Córdoba y lo comparan con el caso Lucio Dupuy. Vignolo sostiene que el caso Aralí y la violencia en las infancias es un llamado de atención a la sociedad para romper el silencio y generar conciencia sobre el abuso sexual infantil. La educación, la prevención y la justicia son los pilares fundamentales en esta lucha. Como bien lo expresó, "la mejor forma de prevenir el abuso sexual es enseñar a los niños qué es normal y qué no lo es, y fomentar una cultura de denuncia que permita salvar a las futuras generaciones".

La investigación por el atroz crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en Brinkmann, avanza y el fiscal Oscar Gieco, en las últimas horas, imputó tanto a la mamá, Rocío Milagros Rauch (28), como al padrastro, Matías Ezequiel Simeone (30), y al amigo de este, Cristian Hernán Varela (40), como presuntos coautores del delito de homicidio calificado por el vínculo, según confirmó el funcionario a LA VOZ DE SAN JUSTO.  

Inicialmente, Simeone y Varela enfrentaban cargos por homicidio simple, pero el análisis de llamadas telefónicas entre los tres acusados ha motivado el cambio en la imputación, lo que podría llevar a una condena de prisión perpetua. Según la investigación, las llamadas entre los acusados se registraron antes y después del asesinato, ocurrido en la madrugada del sábado 2 de noviembre, entre la 1 y las 6 de la mañana aproximadamente. No se encontraron mensajes de WhatsApp, los teléfonos de los imputados, considerados antiguos, no contaban con esa aplicación. En tanto, se detectó que Simeone habría pedido prestado teléfonos en un bar cercano para realizar las llamadas, y Varela también habría estado en ese mismo lugar en las horas posteriores al crimen.

El fiscal también destacó testimonios de vecinos y familiares que mencionaron posibles abusos en la vivienda donde vivía la niña, además de la presencia frecuente de los acusados en el lugar, lo que contribuyó a que se sumaran más pruebas en su contra.

En cuanto a Rauch, la madre de la niña, aunque no se la vincula directamente con la ejecución del crimen, el fiscal sostiene que su omisión en la protección de Aralí contribuyó al asesinato. Se considera que la madre no intervino para evitar el daño a su hija, lo que la convierte en supuesta partícipe necesario de homicidio calificado por el vínculo, por comisión por omisión.

Simeone y Varela, aunque no tienen un vínculo filial con la víctima, también son considerados coautores debido a su participación en los hechos, que se habrían desarrollado en un contexto de "comunicabilidad de las circunstancias". Por ello, el fiscal desistió de acusarlos por homicidio criminis causae (asesinato para asegurar la impunidad).

Los tres imputados permanecen detenidos en el complejo carcelario de Bouwer, en Córdoba, y serán indagados el próximo viernes mediante videoconferencia. Actualmente, los tres están siendo representados por un mismo defensor público.

Mientras tanto, el fiscal aguarda los resultados de las pericias forenses, que podrían confirmar si Aralí fue víctima de abuso sexual, lo que sumaría un agravante al caso.

En paralelo a los avances en la investigación sobre las causas de la muerte de Aralí, Gieco decidió dividir el proceso en dos líneas de investigación. Por un lado, se busca confirmar si la niña fue víctima de abusos sexuales por parte de los presuntos autores materiales del crimen, Simeone y Varela, y si el incendio que destruyó la casa (Caseros al 800) donde vivían fue un acto intencional para encubrir el asesinato.

Por otro lado, el funcionario judicial investiga el rol de la Unidad de Desarrollo Regional (UDER), organismo que depende de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que intervino en la situación de la niña y sus hermanos en el pasado.

"Se está llevando a cabo un análisis en conjunto para evaluar si hubo negligencia por parte de los organismos estatales en el cuidado de Aralí y sus hermanos", indicó una fuente cercana al caso. En particular, se busca determinar si hubo fallos en la supervisión y protección de los menores, quienes en algún momento estuvieron bajo la tutela de la justicia.

El fiscal respondió a las críticas de Amelia López, Defensora de la Niñez de la Provincia, quien lo había acusado este lunes de proporcionar detalles “delicados” del caso, que podrían haber revictimizado a los familiares de la niña.

En una entrevista con Noticiero Doce, Gieco defendió su actuación, asegurando que nunca mencionó el nombre completo de la víctima y que siempre utilizó sus iniciales en las declaraciones públicas. "En ningún momento utilicé el nombre de la menor, lo replicaron los medios, pero en la conferencia siempre me referí a las iniciales de ella", aclaró el fiscal. Además, subrayó que cuenta con el “respaldo total” del fiscal general Juan Manuel Delgado, quien también apoyó su enfoque en la investigación.

Gieco explicó que su objetivo ha sido ofrecer información sobre los avances de la investigación sin revictimizar a nadie. “Lo que hago son extractos de la investigación, de cuestiones reales de la causa y que efectivamente ocurrieron. No trato de revictimizar a nadie y siempre tratamos con mucha cautela el tema de los menores", manifestó.

En cuanto a las responsabilidades estatales, el fiscal detalló que los informes recibidos hace algunos meses por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) a través de la Unidad de Derechos de la Infancia de San Francisco, mencionaban el retiro de tres menores de su hogar. "Lo que estamos haciendo es pedir informes a los distintos organismos que estaban a cargo de ese reintegro para determinar si hubo o no negligencia", agregó Gieco, enfatizando que se están recabando antecedentes sobre el caso.

Por su parte, Amelia López, en su comunicado, expresó su preocupación por la exposición mediática del caso, señalando que las declaraciones del fiscal podrían haber “revictimizado” a los hermanos de Aralí y a su familia. En una entrevista con el mismo medio, López confirmó que habían solicitado informes a la Senaf para investigar cómo se realizó el seguimiento de la familia de la niña. "La Senaf tendrá que ver quiénes son las personas responsables y si hicieron adecuadamente o no el seguimiento correspondiente", dijo.

La Defensora aclaró que no cuestiona la instrucción del fiscal, sino la forma en que se comunicaron los avances del caso públicamente, destacando que la situación debería ser evaluada para evitar que se cause un daño innecesario a los menores involucrados.

Por ahora, el fiscal Gieco continúa con su investigación, recopilando información sobre posibles negligencias por parte de los organismos encargados del bienestar infantil. La instrucción sigue adelante mientras se evalúa la responsabilidad de los distintos actores en el contexto de este trágico crimen.

La investigación por la muerte de Aralí Vivas, ocurrida entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en Brinkmann, ha revelado detalles escalofriantes sobre un caso de violencia extrema y posible abuso sexual. Las autoridades han detenido a tres personas en relación con el crimen: el padrastro de la niña, Matías Ezequiel Simeone; su amigo, Cristian Varela; y la madre de la víctima, Rocío Rauch, quienes enfrentan acusaciones graves.

El fiscal Oscar Gieco, en diálogo con Cadena 3, indicó que el crimen de Aralí podría haber sido perpetrado para encubrir un abuso sexual previo. "La mataron para tapar un delito precedente", sostuvo Gieco, sugiriendo que el abuso sexual podría haber sido un móvil para el asesinato. El fiscal agregó que uno de los imputados, durante su detención, realizó una declaración impactante: "Era costumbre abusar de esa niña", una afirmación escuchada por tres policías presentes. Este testimonio se está evaluando como una prueba clave en la causa.

El caso podría ser elevado a una acusación por homicidio criminis causa, lo que implicaría una pena de prisión perpetua para los involucrados. Además, la fiscalía ha comenzado a considerar posibles responsabilidades de funcionarios de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), quienes habían informado que la familia era apta para la revinculación, a pesar de los antecedentes problemáticos.

La comunidad de Brinkmann se encuentra consternada por el trágico suceso, mientras los dos hermanos menores de Aralí están al cuidado de Betiana, prima de la madre, quien relató que "los niños están bien, tranquilos y bien contenidos". En una entrevista con Cadena 3, Betiana describió a la madre de Aralí como alguien "nunca estuvo en condiciones de tener a sus hijos", y destacó que hablar con ella era "imposible" debido a su comportamiento agresivo y problemas de adicción.

Por otro lado, el fiscal Gieco señaló que la Cámara del Crimen de San Francisco había dejado en libertad condicional a Simeone, a pesar de que un allanamiento reciente en su hogar había revelado la presencia de drogas y un arma de fuego. "Había indicios de un entorno problemático, pero aun así se le otorgó la libertad", afirmó Gieco.

La causa sigue avanzando, y se están realizando estudios complementarios al examen forense, mientras la sociedad aguarda respuestas y justicia por la muerte de Aralí y el bienestar de sus hermanos.

La ciudad de Brinkmann, de poco más de 11.000 habitantes, sigue sumida en una profunda conmoción tras el brutal asesinato de Aralí Vivas, la niña de 8 años cuyo cuerpo fue encontrado el sábado 2 de noviembre en su casa, tras un incendio que los investigadores confirmaron que fue un intento de encubrimiento. Entre los vecinos, se mezclan el enojo, la impotencia y el dolor, con muchos de ellos señalando que la tragedia era algo previsible y evitable.

Uno de los primeros vecinos en llegar al lugar del incendio, quien pidió reservar su identidad, relató a LA VOZ DE SAN JUSTO cómo vivió el hecho, que lo marcó "para toda la vida". El hombre, residente de calle Caseros desde 2009, vivía en una casa lindante a la vivienda de la familia de Aralí y nunca imaginó enfrentarse a una situación tan macabra en una ciudad como Brinkmann. Sin embargo, reconoce que, aunque no podían prever la magnitud del crimen, “suponíamos que algo malo podría pasar, pero no lo esperábamos".

“Sentí el olor a humo en mi casa, lo primero que pensé fue que se estaba quemando algo, porque había dejado la cocina encendida. Era un olor muy fuerte, como si se estuviera quemando tela. Me asomo a la puerta y veo las dos columnas de humo, entonces llamé inmediatamente a la Policía para que enviaran a los bomberos, que llegaron a los tres o cuatro minutos", narró el vecino.

Sin embargo, según relata, ni los bomberos ni los vecinos que acudieron al lugar "imaginábamos que en el interior de la casa había alguien. Nadie gritó", dijo ratificando lo que más desconcertó a los investigadores y a todos: la niña había permanecido inmóvil en la cama, sin intentar escapar del fuego. "¿Cómo es posible?", se preguntan los testigos.

Horas después, la autopsia reveló que Aralí ya estaba muerta cuando comenzó el incendio. Según el informe forense, la niña no tenía monóxido de carbono en los pulmones, lo que indicó que cuando se originó el fuego ella ya no respiraba. "La habían asesinado antes", explicó el fiscal Oscar Gieco. El cadáver de la pequeña fue encontrado completamente carbonizado y parcialmente calcinado.

La investigación apunta a que el padrastro de Aralí, Ezequiel Simeone, junto con su amigo Cristian Varela, fueron los responsables del crimen. Se sospecha que entre ambos atacaron a la niña en un contexto de abuso previo, lo que culminó en su asesinato. Luego intentaron simular un incendio para ocultar lo sucedido. 

La autopsia también reveló que Aralí presentaba una fractura en el cráneo, lo que apunta a un golpe previo al inicio del incendio. 

El vecino que fue testigo del horror comentó que Aralí “era una nena muy educada, tenía una sonrisa hermosa, a pesar de las condiciones malas en las que vivían y el desamparo en el que se criaba”. La niña asistía al tercer grado de la Escuela Anita Giaveno de Sacavino en el barrio Jardín, y por las tardes iba a la escuelita de fútbol "Las Ranitas". 

El hombre pidió justicia por el crimen. "Esta tragedia no se puede revertir, pero tiene que servir para que no vuelva a pasar, para que no exista otra Aralí", dijo con angustia.

“Es la crónica de un final anunciado", agregó subrayando que la situación de violencia y abuso en la casa de Aralí era algo de conocimiento público en la comunidad.

Mercedes, otra vecina de Brinkmann, expresó: "Este caso me cayó muy mal. Es muy triste. Se trata de una criaturita. Como todos los vecinos, pido justicia y que a los hermanitos de Aralí los cuiden personas que los quieran; que nunca más estén a cargo de personas que no los cuidarán y no los protegerán. Pensábamos que esto nunca podría pasar en Brinkmann, pero pasó y es terrible".

Carlos, un residente más de la ciudad, agregó: “Es algo terrible, uno nunca se esperó que en una ciudad tan tranquila pasara algo así. Espero que se haga justicia. No conocía a Aralí, pero uno es padre y pude imaginarme el sufrimiento de esa niña y sus hermanitos".

El crimen ha generado un fuerte reclamo en la comunidad brinkmannense, que exige respuestas por parte de las autoridades y una mayor intervención de los organismos encargados de la protección infantil. "Como sociedad tenemos que aprender de esto, estar enojados también con nosotros mismos, porque omisión hicimos todos. Las situaciones de violencia se repetían y no hicimos lo suficiente para no llegar a este trágico final", concluyó el vecino, aludiendo a la responsabilidad colectiva ante la tragedia.

La investigación sigue su curso, con tres detenidos hasta el momento: el padrastro de Aralí, Ezequiel Simeone, su amigo Cristian Varela, y la madre de la niña, Rocío Milagros Rauch, quien fue imputada por homicidio calificado por el vínculo en calidad de partícipe necesario. La comunidad de Brinkmann aguarda ansiosa que se haga justicia por el brutal asesinato de la niña, cuyas circunstancias están generando un profundo debate sobre la efectividad de las políticas de protección infantil.

La titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba (Senaf), Julia Reartes, anunció que se iniciará una investigación interna para evaluar la actuación de los empleados del organismo en relación a la situación familiar de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada el sábado 2 de noviembre en Brinkmann. La investigación interna busca esclarecer si la Senaf intervino de manera adecuada ante el contexto de violencia familiar que rodeaba a la pequeña.

El asesinato de Aralí Vivas, ocurrido en su casa de calle Caseros al 800, despertó gran conmoción en la región. El crimen se descubrió cuando los Bomberos fueron llamados a sofocar un incendio en la vivienda. Al apagar las llamas, encontraron el cuerpo carbonizado de la niña sobre una cama, lo que generó sospechas en los primeros momentos. La principal incógnita fue cómo la niña había quedado inmóvil, sin intentar escapar del fuego.

El forense Mario Vignolo, a cargo de la autopsia, confirmó que Aralí ya estaba muerta antes de que comenzara el incendio, ya que no presentaba signos de inhalación de monóxido de carbono. "Lo primero que uno hace es ver la tráquea, los bronquios, buscando el negro del humo, del hollín. Y estaba totalmente limpio, eso es un indicador indubitable de que la niña al quemarse ya estaba muerta", explicó Vignolo, subrayando que este hallazgo fue clave para confirmar que el incendio fue un intento de encubrimiento.

Con esta información, el fiscal subrogante de Morteros, Oscar Gieco, ordenó la detención del padrastro de Aralí, Matías Ezequiel Simeone (33), y de su amigo, Cristian Varela (40), quienes se encontraban en la casa desde la noche anterior consumiendo drogas. Según la investigación, entre ambos habrían abusado y asesinado a la niña antes de intentar simular un incendio para ocultar el crimen. El mismo día del asesinato, los acusados retiraron a los otros dos niños de la casa y los llevaron a una plaza antes de regresar y prender fuego a la habitación de Aralí.

En el marco de la investigación judicial, se ha señalado que la situación de Aralí, al igual que la de sus hermanos más pequeños, había estado bajo el radar de la Senaf en ocasiones anteriores. Sin embargo, según los registros oficiales, la niña nunca fue motivo de intervención directa por parte del organismo, aunque sí lo fueron sus dos hermanos menores, quienes fueron separados temporalmente del hogar en el pasado.

Esto ha generado una fuerte preocupación entre los vecinos de Brinkmann, quienes aseguran que el entorno familiar de Aralí era conocido por la Senaf, pero no se tomaron medidas preventivas suficientes. "No nos sorprendió, sabíamos que podía ocurrir", comentó una vecina de Brinkmann, quien prefirió no ser identificada, pero subrayó que la situación de violencia y abuso en la casa de Aralí era algo de conocimiento público en la comunidad.

El caso ha provocado fuertes críticas hacia la intervención estatal, especialmente sobre cómo la Senaf manejó la situación. La investigación interna ordenada por Julia Reartes tiene como objetivo determinar si los funcionarios de la cartera tuvieron en cuenta los antecedentes de violencia y las condiciones del hogar en las que vivía Aralí. Aunque la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, y la directora de la Senaf se han abstenido de hacer declaraciones públicas sobre el caso, fuentes del organismo confirmaron que el pedido de Reartes fue avalado por las autoridades provinciales.

La muerte de Aralí Vivas ha dejado un fuerte clamor en la comunidad de Brinkmann, donde los vecinos exigen respuestas. La situación es vista por muchos como un fracaso de los organismos encargados de velar por el bienestar infantil. Al igual que en otros casos que han conmocionado al país, como el de Lucio Dupuy, los habitantes de Brinkmann se sienten abandonados por el sistema de justicia y las instituciones encargadas de proteger a los niños.

En este contexto, la investigación interna de la Senaf se presenta como un primer paso para entender si se falló en la detección de los riesgos que corría Aralí y si la intervención estatal fue realmente insuficiente. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué otra vez el Estado no logró evitar un crimen cuya tragedia ya estaba anunciada?

La pequeña Aralí Vivas, de tan solo 8 años, fue asesinada en Brinkmann por su padrastro, Matías Simeone (33), quien junto con su amigo Cristian Hernán Varela (40), está detenido como coautor del crimen. La autopsia realizada al cuerpo de la niña reveló indicios compatibles con abuso sexual con acceso carnal, lo que profundizó aún más la tragedia de su muerte y el calvario que sufrió.

La vida de Aralí estuvo marcada por una serie de episodios de maltrato y abandono. Junto a su hermano vivieron un tiempo con su padre, luego con un tío, pero finalmente regresaron a vivir con su madre, Rocío Rauch (28). Aralí estuvo siempre atrapada en un círculo de violencia y desamparo, lejos de las soluciones que hubiera necesitado para salvar su vida.

Rauch, quien está actualmente detenida por homicidio calificado por el vínculo en calidad de partícipe necesaria y acusada de "omisión de cuidado", tiene otros cuatro hijos con Simeone. Tres de esos niños, incluido un bebé de pocos meses, fueron retirados preventivamente de la vivienda, pero luego fueron devueltos, ya que las autoridades consideraron que existían condiciones adecuadas para que permanecieran con sus padres. Se la señala como una mujer perdida por la adicción al alcohol y las drogas.

La muerte de Aralí Vivas es un doloroso caso testigo de los peligros que enfrentan muchos niños en contextos de violencia familiar y la necesidad urgente de intervenciones más efectivas para evitar tragedias como esta.

En un lapso de 16 horas, entre una última comida, su asesinato y el posterior incendio de la vivienda, Aralí fue brutalmente agredida, mientras dos de sus hermanitos permanecían en la casa. El fiscal subrogante de Morteros, Oscar Gieco, calificó el hecho como "una tragedia espantosa" y detalló los movimientos de los acusados, basados en las cámaras de seguridad que captaron lo ocurrido antes y después del crimen.

El hecho ocurrió entre la noche del viernes 1 de noviembre y la tarde del sábado 2. Según explicó el fiscal Gieco, Aralí fue asesinada entre las 23.30 y las 00.30 del viernes, cuando habría recibido un golpe contundente en la cabeza que provocó su muerte. 

El informe preliminar forense indicó que no murió por inhalación de monóxido de carbono, sino que un traumatismo de cráneo habría causado una hemorragia que generó un paro respiratorio que a su vez derivó en una paro cardíaco. Resta determinar si fue producto de un golpe o el "estallido" que produce cuando el cuerpo se quema.

"Los dejaron a la buena de Dios"

Los hermanitos de Aralí, quienes se encontraban en la vivienda, estuvieron solos con el cuerpo de su hermana entre las 00.24 y las 03.27, mientras los acusados se desplazaban por la ciudad. "Quedaron a la buena de Dios, sin madre ni padre", señaló el fiscal.

Una de las hermanitas más pequeñas, al intentar despertar a Aralí, pensó que su hermana simplemente estaba dormida. "La niña no entendía que su hermana había muerto. Ella intentó despertarla, pero la dejó ahí porque pensaba que estaba dormida", detalló Gieco.

El asesinato fue seguido por un incendio que, según el fiscal, fue provocado para ocultar las pruebas. "El incendio fue de forma dolosa. Los bomberos descartaron un fenómeno eléctrico y confirmaron que un agente externo lo provocó", afirmó Gieco. El fuego se desató alrededor de las 13.46 del sábado 2 de noviembre, y aunque un vecino alertó a los bomberos, Aralí ya estaba muerta cuando se produjo el incendio. "Los forenses confirmaron que la niña no había inhalado humo, lo que indica que ya había fallecido cuando comenzó el fuego", explicó el fiscal.

El hallazgo del cuerpo, boca abajo en su cama y abrazada a una almohada, generó sospechas. La habitación de la niña fue lo único que se vio afectado por las llamas, lo que resultó extraño para los investigadores. Las puertas del hogar no estaban cerradas con llave y no se encontraron señales de que la niña hubiera intentado escapar del fuego.

Simeone y Varela fueron detenidos e imputados como los principales responsables del crimen. Están acusados de homicidio simple, aunque el fiscal no descarta cambiar la carátula a homicidio criminis causae, lo que implicaría una pena de prisión perpetua para los involucrados.

Las cámaras de seguridad registraron sus movimientos, lo que permitió a la justicia reconstruir la cronología de los hechos (ver infografía).  "Lo que vimos en las cámaras y los testimonios recabados confirman que tanto Simeone como Varela estuvieron en el lugar del crimen en el momento del deceso de Aralí", señaló Gieco.

Ese mismo viernes Rauch concurrió a una audiencia judicial en Morteros y luego se encontró con otro hombre. En Morteros residen sus hermanas y el padre biológico de Aralí, a quien, aparentemente, le reclamaba el pago de la cuota alimentaria.

"La madre no estaba presente cuando ocurrió el crimen, y al haber dejado a los niños sin protección, contribuyó a que su pareja y su amigo cometieran el homicidio", explicó el fiscal, que no descarta más imputaciones, como la del padre biológico de Aralí, quien declaró que su hija le había contado que su madre la golpeaba debido a que se orinaba encima, lo que añade un contexto de maltrato previo a la tragedia. 

Gieco también mencionó que, días antes, se había realizado un allanamiento en la vivienda de la familia, donde se encontraron armas de fuego y se detuvo a un prófugo de la justicia.

Los imputados por el momento se encuentran representados por defensores oficiales y alojados en el penal de Bouwer en Córdoba. Aún no se ha determinado la fecha de las indagatorias, pero Gieco sostuvo que la evidencia recabada hasta el momento, incluyendo las cámaras de seguridad y los testimonios, justifica las imputaciones realizadas. "Con toda esta prueba reunida creemos que es coherente imputar a las personas que hemos imputado", manifestó.

Además, la fiscalía comenzó a considerar posibles responsabilidades de funcionarios de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), quienes habían informado que la familia era apta para la revinculación de los menores, a pesar de los antecedentes problemáticos. El informe señala que la madre había superado sus problemas de adicción y que el padrastro había completado un tratamiento psicológico.

Simeone estaba con prisión condicional luego de que el 7 de septiembre de 2023 la Cámara en lo Criminal y Correccional de San Francisco lo condenara, en un juicio abreviado, a dos años y tres meses de prisión por distintos delitos: amenazas, tenencia ilegal de arma de fuego, desobediencia a una orden judicial, encubrimiento, violación de domicilio, lesiones leves calificadas, daño, y desobediencia a una orden judicial.

Rauch, por su parte, había sido sometida a un tratamiento en la Red de Adicciones de Córdoba, luego de varias intervenciones en su hogar. Hace aproximadamente dos años, un vecino alertó a las autoridades tras un incidente en el que la hija más pequeña de Rauch, entonces de 10 meses, estaba jugando cerca de una salamandra mientras la madre se encontraba casi inconsciente por el consumo de sustancias. Esa niña, hoy de 3 años, se encuentra en guarda provisoria con otra familia.

En cuanto a los hermanos de Aralí, todos menores de edad, fueron puestos al cuidado de familiares. "Los niños están al cuidado de familiares mientras avanza la investigación", indicó Gieco, quien también mencionó que Aralí y su hermano mayor de 9 años no son hijos biológicos de Simeone, pero sí los tres menores, de 7, 4 y el bebé de dos meses.

Gieco precisó que, hasta el momento, no se ha esclarecido completamente el rol del padre biológico de la niña en su vida, aunque la figura paterna no parece haber tenido un contacto cercano con Aralí en el último tiempo.

La Justicia sigue investigando los detalles del entorno familiar para determinar el alcance completo de la responsabilidad de cada uno de los implicados en este atroz crimen, mientras el fiscal Gieco trabaja para reconstruir el "rompecabezas familiar" y establecer  si hubo negligencia en la intervención de las autoridades en casos previos de maltrato.

21.16 (viernes): llega Varela en bicicleta a la casa de Simeone (Caseros al 800). 

00.00 (sábado): Varela se retira con rumbo desconocido. 

00.09: Varela regresa a la casa de Simeone.

00:.11: Simeone se retira de la casa a bordo de la bicicleta de Varela.

00.24: Varela deja definitivamente la casa.

De 00.24 a  03.27: dos hermanitos de Aralí quedaron solos con el cuerpo de su hermana. Los registros fílmicos determinaron que ambos estuvieron siempre en el lugar del asesinato. 

03.27: Simeone regresa a su vivienda.

13.36: Simeone deja la casa junto a dos menores. Los lleva a una plazoleta a dos cuadras.

13.46: Simeone vuelve a la casa y provoca el incendio.

13.54: un vecino advierte el humo y llama a los bomberos.

13.59: llegan los bomberos, contienen el fuego y hallan el cuerpo de Aralí calcinado en la habitación de la planta alta. 

La investigación sigue revelando detalles escalofriantes sobre un caso de violencia extrema y posible abuso sexual. 

El fiscal Gieco, en declaraciones a la prensa, indicó que a Aralí "la mataron para tapar un delito precedente", sugiriendo que el abuso sexual podría haber sido un móvil para el asesinato. El fiscal agregó que uno de los imputados, durante su detención, realizó una declaración impactante: "Era costumbre abusar de esa niña", una afirmación escuchada por tres policías presentes. Este testimonio se está evaluando como una prueba clave en la causa.

La muerte de la pequeña Aralí Vivas en Brinkmann, que generó gran conmoción, este lunes se sumó un nuevo capítulo con la detención de su madre, Rocío Milagros Rauch, de 28 años. La mujer fue imputada por homicidio calificado por el vínculo, en calidad de partícipe necesario, debido a una presunta falta de cuidados y protección hacia la niña. Por su parte, el padrastro de Aralí, Matías Ezequiel Simeone, de 33 años, y su amigo Cristian Hernán Varela, de 40, permanecen detenidos bajo la acusación de homicidio simple, aunque el fiscal Oscar Gieco no descarta cambiar la carátula a homicidio criminis causae.

El cuerpo de Aralí fue hallado en el marco de un incendio en la vivienda, pero la autopsia reveló que la niña había fallecido antes de que el fuego comenzara. La hipótesis judicial sugiere que el asesinato de la niña fue ocultado mediante el incendio. Además, el fiscal investiga si la menor era víctima de abusos y malos tratos.

Rocío Rauch, quien fue trasladada a la cárcel de Villa María, está acusada de no cuidar a su hija, y se investiga su paradero en los días previos al crimen. Por otro lado, los otros niños de la familia fueron reubicados por la Senaf. El caso sigue siendo objeto de investigación, y se espera que el fiscal ofrezca más detalles en una conferencia de prensa este martes en Morteros.

La investigación sobre el asesinato de Aralí Vivas, la niña de 8 años en Brinkmann, continúa avanzando. Este lunes, el médico forense Mario Vignolo, que realizó la autopsia, calificó el hecho como “aberrante” y brindó detalles perturbadores sobre el estado del cuerpo. “Es imposible ver la causa de muerte a simple vista debido al deterioro del cadáver”, explicó Vignolo, quien destacó que la niña estaba “carbonizada y en parte calcinada”.

Las pericias han confirmado que Aralí falleció “antes del incendio”, lo que indica que el fuego, que se cree fue iniciado intencionalmente por su padrastro y un amigo para desviar la investigación, ocurrió tras su muerte. “Cuando la casa se quemó, ya estaba muerta”, ratificó el forense.

Vignolo también comentó sobre la dificultad de determinar si Aralí fue asesinada a golpes, dado que “cuando un cuerpo se quema, hay estallidos, por lo que es complicado aseverar si una fractura es por un estallido o por un elemento contundente”. Además, aunque el entorno familiar presenta elementos sospechosos de posibles abusos, Vignolo advirtió que “desgraciadamente está muy deteriorado el cadáver” y que se están analizando detalles que podrían aportar información.

El fiscal Oscar Gieco ha ordenado la detención del padrastro de Aralí, Matías Ezequiel Simeone (33), y de un amigo de él, Cristian Hernán Varela (40), ambos acusados como presuntos coautores del delito de homicidio. Los detalles del incendio, considerado intencional, despertaron sospechas desde un principio, lo que llevó a su arresto.

En respuesta a la tragedia, cientos de vecinos de Brinkmann salieron el domingo a las calles para exigir justicia por Aralí, expresando su preocupación por la lenta intervención de las autoridades en un contexto familiar ya conocido por su problemática.