El presidente Javier Milei reivindicó este jueves la marcha de la economía y, pese a reconocer algunas dificultades e indicadores negativos, remarcó que "la foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia".

"Hay un 42% de niños pobres, pero cuando arrancamos había 70. Nadie niega que hay pobreza, que hay indigencia, pero son muchos menos que los que había antes. Si hoy no llegan a fin de mes, antes mucho menos", sostuvo el mandatario en declaraciones a Radio Rivadavia en el día de su cumpleaños.

En esa línea volvió a cuestionar el hecho de las personas que no llegan a fin de mes y nuevamente arremetió contra "los operadores" en referencia a los periodistas y a "los encuestadores mentirosos".

"Yo no me enojo con la consultora (que hizo el análisis sobre la gente que no llega a fin de mes), pero se trata de "una frase efectista que no guarda asidero con la realidad".

"Si el día 20 te quedas sin dinero, ¿Cómo estás 10 días sin comer ni beber? y si vos tomás crédito, el problema lo vas a tener de vuelta el mes que viene", planteó.

Por lo tanto, "podés experimentar restricciones y privaciones", pero "los periodistas operadores saltaron como leche hervida por la manera tan elocuente en la que lo planteeé".

En ese punto, sostuvo que "eso está contemplado en la canasta de la pobreza" y señaló: "No es que no entendamos que las personas pasan privaciones, eso está contemplado en el 32% de pobreza". 

Fue ahí cuando remarcó: "La foto es horrible, pero la pelicula es la mejor de la historia", en consecuencia, "nadie niega que haya pobreza ni indigencia, pero son muchos menos de los que había antes. Y si vos me decís que la gente no llega a fin de mes, antes llegaba mucho menos".

En ese contexto, reconoció que "los indicadores de Argentina no están dando tan bien como antes", pero insistió con "lo grande que ha sido el cambio" y recalcó: "Soy el primer presidente que baja la inflación".

"Cumplí en bajar la pobreza, dimos la batalla contra el narcotráfico y en Rosario sacamos a patadas a los narcos", añadió.

En otro pasaje de la entrevista, apuntó contra el kirchnerismo y aseveró: "Quieren conseguir el poder porque lo que les importa es robar y tienen a la líder de la banda presa" en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner que cumple prisión domiciliaria por la Causa Vialidad.

Luego subrayó: "Yo no interfiero en el Congreso y dejo que la Justicia haga lo que quiera. Yo no polarizo ni hago cálculos políticos. De hecho yo digo que en las próximas elecciones, mi rival soy yo mismo".

En ese punto, aseguró: "Los argentinos no van a votar para atrás, yo estoy super confiado".

Al ser consultado sobre la visita del Papa a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, confirmó: "Seguimos trabajando con la hipótesis de que el Papa viene, nosotros estamos trabajando para recibirlo, todos los indicadores muestran que estaría viniendo".

De vuelta en el terreno político y de cara a las elecciones de 2027, Jonatan Viale le preguntó sobre las aspiraciones de ser presidenta de la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich y si bien admitió: "Sí, es cierto lo que dice", aclaró que la ex ministra de Seguridad no va a dejar el oficialismo y disputar los próximos comicios por su cuenta.  

Para el Presidente se trata de una "elocubración del círculo rojo que tiene un profundo desprecio por mi persona, un odio visceral, porque les saqué un montón de negocios".

Y a fin de asegurar que con Bullrich no hay ningún problema, sostuvo: "Cómo va a estar en capilla, tengo una importante sintonía con la doctora Bullrich".

Argentina tiene una de las tasas de escolarización adolescente más altas de América Latina, pero grandes deudas en los aprendizajes básicos. Solo 19 de cada 100 estudiantes argentinos llegan a los 15 años escolarizados, sin sobreedad y con los conocimientos mínimos esperados en Lectura y Matemática. El país ocupa el séptimo puesto entre nueve países de la región, según un nuevo informe de Argentinos por la Educación.

El dato sintetiza un deterioro sostenido de las trayectorias educativas. En 2009, 26 de cada 100 adolescentes argentinos llegaban a los 15 años en tiempo y forma, lo que ubicaba al país en el tercer lugar regional, detrás de Chile y Uruguay. Dieciséis años después, ese porcentaje cayó al 19% y Argentina descendió al séptimo puesto, por debajo de Uruguay, Chile, Brasil, Perú, México y Colombia.

Los resultados surgen del informe Índice de Resultados Escolares en América Latina: ¿Calidad vs. Inclusión?, elaborado por Martín Nistal y Lucía Vallejo, de Argentinos por la Educación. El estudio compara nueve países a partir de los resultados de las pruebas PISA 2025 y de las encuestas de hogares.

El Índice de Resultados Escolares (IRE) combina tres dimensiones: la asistencia a la escuela, el avance en el grado o año correspondiente a la edad y el logro de aprendizajes básicos. Para considerar que un estudiante llega “en tiempo y forma”, debe estar escolarizado a los 15 años, no tener sobreedad y alcanzar al menos el nivel 2 de PISA (considerado el nivel básico por la OCDE) tanto en Lectura como en Matemática.

El contraste entre acceso y aprendizaje es especialmente marcado en Argentina. El 97% de los adolescentes de 15 y 16 años asiste a la escuela, la segunda proporción más alta de la región, apenas por debajo de Chile (99%). Sin embargo, cuando se incorporan las trayectorias escolares (si repitieron o abandonaron) y los conocimientos adquiridos (cuánto aprendieron), el país cae al séptimo lugar.

Uruguay encabeza el ranking regional, con 35 de cada 100 adolescentes que llegan a los 15 años en tiempo y forma, seguido por Chile (34). Más atrás aparecen Brasil (25), Perú (23), México y Colombia (20 cada uno). Argentina se ubica séptima (19), solo por encima de Ecuador (14) y Paraguay (7).

La comparación muestra que los resultados educativos no dependen exclusivamente de la riqueza de cada país. Aunque Argentina tiene el tercer PBI per cápita más alto del grupo analizado, registra un desempeño inferior al de Brasil y Perú, que presentan menores ingresos por habitante y mayores niveles de pobreza.

La evolución histórica también resulta preocupante. El indicador argentino pasó del 26% en 2009 al 23% en 2012 y 2018, bajó al 22% en 2022 y llegó al 19% en 2025. Argentina es el único de los nueve países analizados que muestra una caída sostenida en todas las mediciones de la serie.

Al mismo tiempo, el acceso a la escuela mejoró: la escolarización de los adolescentes argentinos de 15 y 16 años pasó del 90% al 97% entre 2009 y 2025. Pero esa expansión estuvo acompañada por un deterioro de los aprendizajes.

“En Argentina las autoridades suelen jactarse del aumento de la cobertura, pero omiten los bajos resultados en el aprendizaje. Este índice, al combinar distintas variables, brinda una imagen más fidedigna y difícil de soslayar. Con más alumnos y menos sobreedad que años atrás, en la actualidad son menos quienes llegan a tiempo y con los conocimientos esperados”, señaló Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento y políticas educativas.

“La comparación con países de mayor pobreza debería sumar una segunda alerta: los factores externos ya no alcanzan para explicar nuestro bajo desempeño. Despejado esto, queda como gran responsable la política educativa”, agregó Morduchowicz.

Uno de los componentes del Índice de Resultados Escolares es la sobreedad, es decir, la proporción de estudiantes que cursan un año inferior al esperado para su edad. En Argentina, el 21% de los estudiantes de 15 años está en esa situación, mientras que el 79% cursa el año correspondiente a su edad.

La tasa de sobreedad argentina es inferior a las de Colombia (37%), Paraguay (25%) y Perú (23%), pero supera a las de México (10%), Brasil (15%), Chile y Ecuador (16% cada uno).

Guilherme Lichand, profesor de la Universidad de Stanford y codirector del Stanford Lemann Center, planteó que después de la pandemia se produjeron cambios importantes en las trayectorias escolares de algunos países. “En Brasil, en paralelo con la reducción de la proporción de estudiantes con sobreedad, aumentó el porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel 2 o superior tanto en Matemática como en Lectura. En Argentina, en tanto, este porcentaje siguió disminuyendo durante el mismo período”, señaló.

Para Nicolás Buchbinder, de la Universidad de Colorado Boulder, la comparación regional invita a revisar las políticas de los países vecinos: “El informe muestra cómo el crecimiento de las tasas de escolarización en la región convive con el estancamiento en aprendizajes desde 2009. Argentina es el único país que muestra una caída consistente en cada año de la serie, lo que sugiere que podemos aprender de las políticas implementadas en la región, que han logrado un mejor equilibrio entre estas dos metas fundamentales”.

“La confianza es el punto de partida: cuando gobiernos, directores, docentes y familias confían entre sí, los chicos van a clase y aprenden. El camino es acompañar de cerca a las escuelas, sostener pocas prioridades claras y aprender de lo que ya funciona en otros países de la región”, consideró Agustín Porres, director regional para América Latina de Fundación Varkey.

Franco Colapinto se expresó públicamente contra el acoso y las agresiones en redes sociales. El piloto argentino de Alpine compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que les pidió a sus seguidores que cambien ciertas actitudes y eviten los ataques hacia otros protagonistas de la Fórmula 1.

En su mensaje, el joven de Pilar agradeció el apoyo que recibe desde sus comienzos y destacó el acompañamiento de los fanáticos en cada carrera. Sin embargo, advirtió que algunas expresiones cruzan un límite y terminan perjudicando aquello que buscan defender. “Hay veces que nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme, terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a otros colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, gente con la que trabajo día a día”, expresó.

Colapinto reconoció que muchos de esos mensajes pueden surgir con la intención de respaldarlo, pero remarcó que generan el efecto contrario. “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro”, sostuvo.

En ese sentido, pidió la colaboración de sus seguidores para frenar las agresiones y promover un entorno de respeto. El piloto señaló que necesita ese acompañamiento para continuar trabajando en su rendimiento y en la búsqueda de resultados junto al equipo. “Para ayudarme a tener una mejor performance, para ayudarme a seguir consiguiendo mi sueño, mis resultados, e ir sumando puntos, necesito que me ayuden a parar esto todos juntos”, afirmó.

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Un descanso de las redes sociales

En el cierre de su mensaje, Colapinto también se refirió a una decisión que tomó tiempo atrás: alejarse temporalmente de las plataformas digitales para concentrarse en sus objetivos deportivos. “Tomé la decisión de alejarme de las redes, de tomarme un descanso de las redes sociales, enfocarme en lo que realmente me importa, enfocarme en mi sueño, en mi carrera deportiva”, explicó.

El argentino aseguró que seguirá en contacto con sus fanáticos en las carreras y les pidió que continúen apoyándolo a él y al equipo, tanto en los buenos momentos como en los más difíciles. “Quiero que sigan bancando al equipo, quiero que sigan bancándome a mí, y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes resultados todos juntos”, concluyó.

Con su mensaje, Colapinto buscó marcar una diferencia entre acompañar a un piloto y atacar a quienes comparten con él la competencia, el trabajo diario y la exigencia de la Fórmula 1.

El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

La Oficina del Presidente informó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.

Según el comunicado oficial, la medida se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender la soberanía argentina y los recursos naturales.

El Ejecutivo indicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite pedir medidas provisionales mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, con el objetivo de preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino si la urgencia de la situación lo requiere.

La República Argentina reafirmó además sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y sostuvo: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.

Las elecciones en Brasil abrieron interrogantes que van más allá de la disputa presidencial. El resultado de la primera vuelta, la distribución de los votos de los candidatos que quedaron fuera del balotaje y el peso de quienes no concurrieron a votar aparecen como factores centrales para definir quién gobernará el país y cómo será su relación con el resto de América Latina.

En diálogo con AM 1050, la licenciada en Ciencia Política y especialista en comunicación política e institucional Dana Córdoba propuso analizar el escenario brasileño desde distintas perspectivas, con especial atención a las consecuencias que podría tener para la Argentina en términos económicos, comerciales y diplomáticos.

La analista planteó que, aunque el resultado puede alimentar distintas interpretaciones sobre el avance de las derechas en la región, todavía no permite anticipar qué ocurrirá en la política argentina en 2027. También señaló que el vínculo entre ambos países es demasiado importante como para reducirlo a las afinidades ideológicas de sus presidentes.

Córdoba comenzó por distinguir las interpretaciones que circularon en la Argentina después de la primera vuelta. Una de ellas se relaciona con la posibilidad de que una eventual victoria de Bolsonaro fortalezca la relación con Estados Unidos y ubique a la Argentina en una posición diferente dentro de la estrategia regional de ese país.

Otra lectura, vinculada con sectores cercanos al Gobierno nacional, considera que un triunfo de Bolsonaro podría beneficiar a la administración de Javier Milei por las diferencias que mantiene con Lula da Silva.

Sin embargo, para la politóloga también existe una segunda dimensión de análisis: la posibilidad de interpretar el resultado brasileño como una señal sobre el rumbo político de América Latina y sus consecuencias para las elecciones argentinas.

Sobre ese punto, pidió cautela. “A mí me parece un poco precipitado poder tomar el escenario brasilero como una lectura de lo que viene para el año que viene para la Argentina”, sostuvo.

La especialista explicó que los escenarios electorales de cada país tienen sus propias particularidades y que las candidaturas argentinas todavía no estaban definidas. Por eso, consideró equivocado asumir que lo ocurrido en Brasil necesariamente se repetirá en la Argentina.

“Nosotros no podemos dar como asumidos los escenarios que suceden en otros países de Latinoamérica como un reflejo de la realidad de lo que podría llegar a pasar en Argentina”, señaló.

En ese sentido, propuso observar el resultado brasileño como parte de un análisis más amplio sobre las demandas sociales y políticas, antes que como una anticipación directa de las próximas elecciones nacionales.

Incluso planteó que, si en la Argentina se consolidara una demanda de cambio, eso no implicaría necesariamente una continuidad del giro hacia la derecha. La expresión de esa demanda podría adoptar distintas formas, desde alternativas vinculadas con el peronismo hasta opciones de centro.

Para Córdoba, uno de los aspectos centrales de la elección brasileña es comprender qué expresaron los votantes que eligieron a las distintas fuerzas políticas.

La analista señaló que el movimiento de votos hacia Bolsonaro no necesariamente representa una aprobación integral de su propuesta de gobierno. También puede estar relacionado con el desgaste del modelo económico asociado a Lula da Silva.

La diferencia es importante: un voto puede expresar adhesión a un candidato, pero también rechazo a la alternativa o cansancio con una situación existente.

“Lo que la gente está votando y acá en encuestas, que también es importante resaltar, es el cansancio del sistema económico de Lula”, explicó durante la entrevista.

En ese contexto, el desafío para ambos candidatos es atraer a quienes optaron por fuerzas que no llegaron al balotaje y a quienes no participaron de la elección o votaron en blanco.

Córdoba también remarcó la importancia del ausentismo. Según los datos que mencionó al aire, la elección registró el nivel más alto de abstención desde 1998, con alrededor del 21% de los electores que no concurrieron a votar.

Ese sector constituye una variable relevante para la definición presidencial, aunque su comportamiento no puede darse por anticipado.

La especialista señaló, además, que las encuestas previas habían mostrado diferencias acotadas entre los candidatos y que era necesario considerar sus márgenes de error al interpretar los resultados.

Por eso, consideró que el escenario todavía debía analizarse con prudencia y que las mediciones posteriores a la primera vuelta aportarían nuevos elementos para comprender cómo podría desarrollarse la segunda instancia electoral.

Más allá de quién resulte elegido presidente, Córdoba sostuvo que los mercados ya comenzaron a reaccionar ante las perspectivas que dejó la primera vuelta.

Durante la entrevista, mencionó un aumento de las inversiones y una baja en la cotización del dólar en Brasil. Interpretó esos movimientos como una señal de confianza de sectores económicos en las perspectivas que atribuyen a uno de los proyectos en disputa.

Sin embargo, la analista distinguió esas reacciones financieras de una definición política definitiva: el resultado de la primera vuelta no resolvió quién conducirá el país.

El comportamiento de los mercados también abrió un debate sobre las oportunidades que podrían surgir para la Argentina si se modificara la relación entre ambos gobiernos.

Desde sectores cercanos al oficialismo argentino, una eventual victoria de Bolsonaro podría favorecer un mayor entendimiento político y facilitar acuerdos bilaterales. Pero Córdoba advirtió que esa posibilidad no debe confundirse con una garantía de beneficios económicos.

La relación entre ambos países depende de factores que exceden la afinidad entre sus presidentes. Los intercambios comerciales, la producción industrial y los vínculos energéticos forman parte de una estructura económica compartida que no desaparece con un cambio de gobierno.

El impacto potencial de la elección también tiene una dimensión regional. Durante la charla, los conductores plantearon la importancia del vínculo entre Brasil y Córdoba, especialmente por el intercambio agrícola y la industria automotriz.

Córdoba coincidió en que Brasil es uno de los principales nexos productivos de la Argentina y recordó que la relación se expresa también en la actividad cotidiana de ciudades como San Francisco, donde el tránsito de camiones brasileños forma parte del movimiento habitual.

“Brasil es uno de nuestros nexos productivos más grandes. Nosotros trabajamos en la industria con ellos de manera permanente”, señaló.

La especialista remarcó que una alteración importante de ese vínculo podría tener consecuencias para la producción y el crecimiento económico argentino.

Por ese motivo, consideró que la política exterior no debería quedar subordinada exclusivamente a las diferencias ideológicas o a los cruces públicos entre los mandatarios.

En la entrevista también se abordó la posibilidad de que una victoria de Bolsonaro fortalezca un esquema regional más alineado con Estados Unidos. En ese escenario, Córdoba planteó que el dirigente brasileño podría ganar protagonismo en la relación con Washington y modificar el lugar que ocupa actualmente la Argentina en esa dinámica.

Pero también puso el foco en la alternativa de una nueva presidencia de Lula y en la necesidad de reconstruir canales de diálogo, independientemente de las tensiones existentes.

Una parte importante de la entrevista estuvo dedicada a un escenario que, según Córdoba, también debe contemplarse: una eventual victoria de Lula da Silva.

La analista consideró que el resultado de la primera vuelta puede leerse como una advertencia para el oficialismo brasileño. Si Lula consigue la reelección, tendrá que interpretar el respaldo recibido, pero también el hecho de que una porción muy importante del electorado expresó su desacuerdo con su proyecto.

“Este modelo funciona, hay que mejorarlo porque tenés a casi el 50% del país que está diciendo que no estoy de acuerdo con eso”, resumió al explicar cuál podría ser uno de los mensajes que dejaría la elección.

Córdoba también destacó la trayectoria política de Lula y su experiencia frente a distintos escenarios de conflicto. A su entender, esa historia forma parte de la legitimidad con la que podría afrontar una nueva etapa de gobierno.

En el plano regional, sostuvo que una eventual continuidad del mandatario brasileño debería abrir una instancia de negociación con la Argentina.

La relación bilateral, explicó, no puede desconocer los intereses económicos compartidos. Por eso, una eventual victoria de Lula plantearía el desafío de recomponer el diálogo político y diplomático, incluso después de las declaraciones públicas que marcaron la relación entre ambos espacios.

En ese marco, durante la entrevista surgió también la cuestión de los vínculos diplomáticos entre ambos países y la necesidad de evaluar cómo podrían restablecerse los canales institucionales si se profundizaran las diferencias políticas.

Para Córdoba, el escenario brasileño obliga a mirar más allá de la disputa entre derecha e izquierda. Aunque una victoria de Bolsonaro podría reforzar una orientación política regional más cercana a Estados Unidos, un triunfo de Lula también tendría implicancias para la Argentina y para el equilibrio latinoamericano.

La especialista insistió en que no es posible anticipar automáticamente los efectos de cualquiera de los dos resultados. La relación con Brasil depende de decisiones políticas concretas y de la capacidad de los gobiernos para administrar sus diferencias sin perjudicar los intereses económicos compartidos.

“Con inteligencia política, creo que si Lula vuelve a ser elegido presidente es hora de sentarse a negociar y a ver las formas”, afirmó.

La analista también advirtió que las expresiones públicas de los dirigentes pueden condicionar las relaciones futuras. Las declaraciones realizadas durante una campaña o después de una elección pueden generar tensiones que luego deben ser gestionadas desde el Gobierno.

Por eso, sostuvo que la Argentina tendrá que evaluar cómo posicionarse frente al resultado definitivo y qué tipo de relación buscará construir con el próximo presidente brasileño.

La conclusión de Córdoba fue que el escenario permanece abierto y que todavía hay demasiadas variables como para anticipar sus consecuencias definitivas. La distribución de los votos, la participación electoral, las decisiones de los candidatos y las señales económicas serán determinantes para comprender el resultado.

Mientras tanto, la Argentina tiene un motivo concreto para seguir de cerca el proceso: la relación con Brasil es estratégica para su economía y su producción, más allá de quién ocupe la presidencia en cada país.

Si bien la desigualdad tuvo una leve baja en el segundo trimestre, el 10% más rico gana 13 veces más que el sector con menos recursos.

El indicador, que se conoció tras la difusión de la suba de la pobreza y que mide la concentración de recursos, retrocedió frente al inicio de 2026, aunque quedó por encima de la marca de un año atrás.

Los hogares de la parte alta reunieron casi un tercio del ingreso total

La desigualdad en la distribución de los ingresos bajó durante el segundo trimestre de 2026 frente a los primeros tres meses del año, pero se mantuvo por encima del nivel registrado en el mismo período de 2025.

El dato surge de la comparación de los ingresos que perciben los distintos sectores de la población en los 31 aglomerados urbanos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en el informe de Evolución de la distribución del ingreso (EPH).

El coeficiente de Gini, que mide cómo se reparten los ingresos y toma valores entre cero y uno, se ubicó en 0,428. 

Cuanto más cerca de cero está el indicador, más pareja es la distribución; cuanto más se aproxima a uno, mayor es la concentración.

El registro decreció desde 0,442 en el primer trimestre de 2026, al 0,424 en el segundo trimestre de 2025.

La distribución del ingreso per cápita familiar mostró una diferencia marcada entre los extremos de la escala.

El primer decil, que reúne al 10% de la población con menores ingresos, recibió el 1,8% del ingreso total, con un ingreso medio de $124.142 por persona.

En el otro extremo, el décimo decil concentró 32,3% de los ingresos. El ingreso medio en ese grupo fue de $2.221.170 y la mediana alcanzó $1.800.000.

La brecha entre las medianas del último y del primer decil fue de 13 veces, el mismo nivel que en el segundo trimestre de 2025 y que en el último trimestre sin incidencia del aguinaldo.

El cálculo compara los $1.800.000 de mediana del decil más alto con los $134.000 del más bajo.

El ingreso per cápita familiar promedio de la población alcanzó $688.496 en el segundo trimestre de 2026, mientras que la mediana fue de 500.000 pesos. 

El Gobierno postergó nuevamente la actualización en el impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL), al trasladar los efectos de la suba para noviembre, mediante el Decreto 1126/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

De esta manera, el Ejecutivo definió volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono, derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024, 2025 y al primer y segundo trimestres del actual calendario, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

En el documento oficial, se explicó que se resolvió posponer el incremento “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, considerando “necesario, para los productos en cuestión, diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

La decisión se da en un escenario de creciente presión sobre los precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente, buscando evitar un mayor impacto en los surtidores y atenuar el efecto en la inflación, tras los aumentos dispuestos por las petroleras en los últimos días.

El Ejecutivo viene realizando ajustes parciales de los impuestos a los combustibles. Desde septiembre del año pasado dispuso que las subas se calculen en base a la inflación y se actualicen de forma trimestral.

Además, estableció un monto fijo diferencial para el gasoil destinado a consumo en las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.

Desde mediados de 2024, la administración de Javier Milei desdobló o postergó en varias oportunidades la actualización de los impuestos fijados a los combustibles, con el objetivo de evitar un impacto considerable en los precios exhibidos en los surtidores y por consiguiente en la inflación.

Las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas en 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de US$2.326 millones, de acuerdo a la estimación de la consultora Economía y Energía.

El empresario Elon Musk volvió a celebrar el rumbo económico argentino, elogiando al presidente Javier Milei por la desaceleración de la inflación en el país desde el inicio de la actual gestión.

En un posteo en la red social X, Musk destacó el menor ritmo en la variación de los precios. Al citar una publicación de la cuenta libertaria Rothmus, el magnate acompañó con un “Bravo Milei!” los datos oficiales del Indec, que señalan una baja de la inflación mensual desde el 25,5% registrado en diciembre de 2023 hasta el 1,7% alcanzado en agosto de 2026.

Bravo @JMilei! https://t.co/EVELHQHRhF

El posteo difundido atribuía este resultado a la política fiscal del Gobierno nacional, argumentando que la caída de precios responde al fin de la emisión monetaria para cubrir el déficit público. Tras la reacción de Musk, el presidente Milei reposteó el mensaje expresando: “FENÓMENO BARRIAL. A sacar del medio muchachos...CIAO!”.

El posteo suma un nuevo capítulo en la estrecha relación diplomática y personal entre Milei y Musk, marcada por reuniones en Estados Unidos, expresiones públicas de interés por invertir en el país y muestras de apoyo mutuas.

En el plano estadístico, el reporte del Indec confirmó que el IPC nacional aumentó 1,7% en agosto, lo que representó el registro mensual más bajo en 14 meses. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros ocho meses de 2026 alcanzó el 21,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,5%.

En paralelo a la desaceleración del índice mensual, el Gobierno admitió en el proyecto de Presupuesto 2027 que el ritmo de baja de la inflación será más lento de lo previsto originalmente, postergando la meta de alcanzar un dígito anual hasta el año 2029.

El nuevo esquema corrigió al alza las estimaciones oficiales. De esta manera, la previsión del IPC para 2026 subió del 10,1% al 29%, la de 2027 ascendió del 5,9% al 18%, y la de 2028 se elevó del 3,7% al 10%.

El Gobierno envió el proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso y las principales variables macroeconómicas tendrán un impacto directo en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), las cuales deberán readecuar sus estrategias de cara al año electoral.

La denominada “Ley de leyes” parte del supuesto de tres datos macroeconómicos: una inflación de 18%, un tipo de cambio en $1.848 y una expansión del 4% del Producto Interno Bruto (PIB). Todos estos hacia fines de 2027.

Un informe de Colossus Lab, el policy lab especializado en Inteligencia Artificial (IA), indagó sobre el impacto del Presupuesto en las pequeñas y medianas empresas, donde se plasmaron más de 3.400 páginas de información en una sola, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones de las PyMEs.

El Ejecutivo cuenta con una serie de diversos programas, herramientas de financiamiento y beneficios fiscales destinados a este sector de la economía. El nuevo proyecto de ley aumenta los fondos para estas partidas, aunque en algunos casos no alcanza a superar a la inflación proyectada para 2027 (18%).

El informe de Colossus Lab también estima cómo quedarán los números de las PyMEs en distintos rubros, que van desde las ventas hasta los créditos en pesos. Dependiendo del área de la empresa, los resultados varían y muestran disparidades entre sí.

Estas estimaciones se basan en una supuesta aprobación del Presupuesto presentado el 15 de septiembre en el Congreso.

Desde Colossus Lab advierten, de igual manera, que el proyecto puede sufrir modificaciones, tal como sucedió con el anterior, por lo que los cálculos pueden verse influenciados de una manera u otra, dependiendo de lo que decida el Poder Legislativo.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno a la Cámara de Diputados establece un nuevo régimen para sancionar la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y la Plataforma Continental Argentina , crea un Consejo de Seguridad Nacional y regula la actuación del Estado frente a amenazas externas.

La iniciativa también modifica la Ley de Defensa Nacional, incorpora herramientas para proteger el espacio aéreo y marítimo, endurece las normas contra la influencia extranjera en la política argentina y eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

1. Endurecimiento de las penas por la explotación de recursos en Malvinas. Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables en las Malvinas, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental.

También podrán ser alcanzados proveedores, socios, accionistas y controlantes de las empresas involucradas. Las penas previstas llegan hasta 20 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones.

2. Empresas sancionadas no podrán operar en la Argentina. La inhabilitación implicará la prohibición de desarrollar actividades económicas en el país, la revocación de habilitaciones, el fin de beneficios impositivos o previsionales y la rescisión de contratos.

Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos. El proyecto incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.

3. Creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Estará encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

Tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.

4. Uso de la fuerza para proteger el espacio aéreo y marítimo. Ante una aeronave considerada hostil se establece una secuencia que va desde su identificación y advertencia hasta la demostración de fuerza y, como último recurso, el uso de la fuerza por orden expresa del Presidente, facultad que podrá delegar en el ministro de Defensa. Para buques se contemplan medidas progresivas que incluyen persecución, inspección, disparos de advertencia e inutilización. El hundimiento será excepcional y requerirá autorización presidencial, y estará prohibido como sanción contra un buque civil o simplemente para impedir su fuga.

5. Medidas contra Estados o actores extranjeros que amenacen la seguridad nacional. El Consejo de Seguridad Nacional podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.

Esas medidas deberán estar fundadas, tener un plazo determinado y cesar cuando desaparezcan las circunstancias que las originaron.

6. Nuevos delitos y restricciones contra la influencia extranjera. Se prohibirán aportes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.

También se incorporarán delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.

Asimismo, el proyecto completa el esquema con una redefinición de la Defensa Nacional frente a amenazas externas estatales y no estatales y con la incorporación por ley del RePET, que contempla la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o su financiamiento.

El mapa de la natalidad argentina cambió drásticamente en menos de una década, ya que en 2015 se registraron 770.040 nacidos vivos, en 2023 fueron 460.902 y, según los últimos datos disponibles correspondientes a 2024, la cifra descendió nuevamente hasta 413.135 nacimientos.

Esto significa que, en apenas nueve años, el país pasó a tener cerca de 357 mil nacimientos anuales menos, una reducción de aproximadamente 46%, según indica un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas donde se especificó que solo entre 2023 y 2024 la cantidad de nacimientos volvió a caer alrededor de un 10%. Los registros oficiales muestran, además, que se trata de una tendencia sostenida y no de una oscilación circunstancial.

La transformación también se expresa en la cantidad promedio de hijos. Datos recientes difundidos por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ubican la tasa global de fecundidad de la Argentina en torno a 1,2 hijos por mujer, lejos del denominado nivel de reemplazo poblacional de 2,1. En 2023, el organismo había informado una tasa de 1,33 y documentos anteriores la situaban en 1,4, lo que permite dimensionar la velocidad del cambio demográfico.

La Argentina no está sola y, de acuerdo con la revisión 2024 de World Population Prospects, de Naciones Unidas, la fecundidad mundial se ubica actualmente en 2,25 hijos por mujer, frente a 3,31 en 1990: en poco más de tres décadas se redujo en alrededor de un hijo por mujer. Más de la mitad de los países y territorios del planeta ya tienen tasas inferiores a 2,1 y cerca de uno de cada cinco presenta niveles considerados de fecundidad “ultra baja”, inferiores a 1,4 hijos por mujer. China, Italia, Corea del Sur y España se encuentran dentro de este último grupo.

En este contexto, durante el XXII Congreso Argentino de Medicina Reproductiva de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR 2026), que se llevará a cabo en Buenos Aires del 16 al 18 de septiembre, se propondrá poner en discusión una dimensión sanitaria que corre en paralelo al fenómeno demográfico: mientras las familias son cada vez más pequeñas y la maternidad se desplaza hacia edades mayores, el conocimiento sobre el envejecimiento reproductivo y las herramientas disponibles para preservar la fertilidad no siempre llega con suficiente anticipación.

“La caída de la natalidad no debería analizarse únicamente contando cuántos niños nacen, sino tratando de comprender cuándo las personas desean tenerlos y qué ocurre entre ese deseo y la posibilidad biológica de concretarlo”, afirmó el Dr. Agustín Pasqualini, médico especialista en Medicina Reproductiva, presidente de SAMeR y presidente del Congreso Argentino de Medicina Reproductiva.

Asimismo, agregó: “Hoy los proyectos familiares son distintos, muchas mujeres necesitan o eligen postergar la maternidad y eso es absolutamente válido. Nuestro desafío como médicos es que esa decisión sea informada. Una mujer puede no saber a los 28 o a los 30 años si alguna vez querrá ser madre, pero sí debería tener claro que su fertilidad no permanecerá igual indefinidamente y que existen herramientas sobre las que puede conversar tempranamente con un especialista”.

Los especialistas remarcan que planificar la vida reproductiva no equivale a promover la maternidad ni a indicar tratamientos de fertilidad a mujeres que no los necesitan. Tampoco significa que toda mujer joven deba congelar sus óvulos. La propuesta es incorporar la fertilidad a la conversación sanitaria de manera semejante a como durante décadas se incorporó la anticoncepción: ofrecer información para que cada persona pueda decidir si quiere tener hijos, cuántos, aproximadamente cuándo y qué alternativas existen si su proyecto supone postergar esa búsqueda.

Esta conversación cobra especial relevancia porque la edad sigue siendo uno de los principales determinantes de la fertilidad femenina. Con el paso de los años disminuyen tanto la cantidad disponible de ovocitos como, especialmente, la proporción de aquellos con capacidad reproductiva. El descenso se vuelve clínicamente más relevante durante la segunda mitad de la década de los 30 y se acelera posteriormente. La reproducción asistida puede resolver múltiples causas de infertilidad, pero no elimina el efecto del envejecimiento de los óvulos.

Es allí donde la criopreservación ovocitaria mediante vitrificación puede ocupar un lugar dentro de una estrategia de planificación. El procedimiento consiste en realizar una estimulación ovárica, recuperar ovocitos maduros y conservarlos a temperaturas extremadamente bajas para un eventual uso futuro. Su principal característica es que permite preservar óvulos con la edad biológica que tenían en el momento de la extracción.

La American Society for Reproductive Medicine (ASRM), al revisar la evidencia sobre criopreservación planificada de ovocitos, concluyó que las tasas de embarazo evolutivo y nacido vivo tienden a ser superiores entre quienes congelaron sus óvulos a menor edad.

En uno de los estudios analizados, la tasa de embarazo clínico fue del 60,2% en mujeres que habían criopreservado antes de los 38 años frente al 43,9% entre aquellas que lo habían hecho a los 38 años o más. Sin embargo, la misma guía subraya que la evidencia no permite fijar una edad ‘óptima’ universal ni prometer una determinada probabilidad de nacido vivo.

Desde la asociación de pacientes Concebir, que este año cumple 30 años, ven que detrás de las estadísticas hay historias muy diferentes y, muchas veces, decisiones que no son enteramente libres.

“Hay personas que quieren tener hijos, pero postergan la búsqueda porque sienten que todavía no están dadas las condiciones económicas, laborales o personales y también otras que, después de atravesar un tratamiento para lograr su primer hijo, descartan buscar un segundo embarazo por el desgaste emocional, físico y económico que significaría volver a empezar”, señaló Ana Claudia Ceballos García, presidenta de Concebir.

En ese sentido, añadió: “Contar con información le permite a las personas tomar decisiones con más herramientas y evita que muchos lleguen a la consulta diciendo ‘si hubiera sabido esto antes, quizás hubiese hecho algo diferente’”.

Los especialistas del Congreso SAMeR advierten que uno de los problemas frecuentes es que la primera conversación seria sobre fertilidad aparezca recién cuando existe una dificultad para conseguir el embarazo. En mujeres que postergaron durante años su proyecto reproductivo, ese momento puede coincidir con una reducción importante de la reserva ovárica y, fundamentalmente, con una disminución de la calidad ovocitaria.

Por eso, la propuesta es que el asesoramiento reproductivo pueda formar parte de los controles ginecológicos habituales mucho antes de que se presente una situación de disminución de la fertilidad. La consulta temprana permite revisar antecedentes personales y familiares, enfermedades o tratamientos que puedan afectar la función ovárica, conversar sobre edad y proyecto reproductivo y, cuando corresponde, evaluar la reserva ovárica.

“Tenemos que cambiar el momento de la pregunta. Durante mucho tiempo, la conversación sobre fertilidad comenzaba cuando aparecía una dificultad para lograr un embarazo. Hoy tenemos la oportunidad de empezar esa conversación mucho antes”, sostuvo el Dr. Gonzalo Devoto, gerente Médico de Endocrinología y Fertilidad del Merck.

El Dr. Devoto agregó: “Brindar información a tiempo, para que cada persona pueda tomar sus propias decisiones conociendo las oportunidades y los límites de su fertilidad. Porque la medicina reproductiva no debería aparecer solamente cuando surge un problema, también debería ayudarnos a anticiparnos, a conversar y a informar. El objetivo no es decirle a nadie cuándo tener hijos. Es evitar que alguien llegue a los 40 descubriendo información sobre su fertilidad que hubiera querido conocer a los 25. No se trata de decidir antes. Se trata de saber antes”.

La defensa de Cristina Kirchner con su nuevos abogados Rafael Valim y Javier Borrego y su histórico defensor Carlos Beraldi anunciará este miércoles novedades en el expediente que iniciaron ante el Comite de Derechos Humanos de la ONU para intentar anular la condena de la ex presidenta.

Pese al esfuerzo de sus abogados, lo cierto es que el organismo de la ONU no se contempla como “una cuarta instancia de apelación”, según fuentes judiciales. La palabra final en el país la tiene la Corte Suprema que ya ratificó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

La defensa de Cristina presentó el 29 de julio pasado un reclamo por su situación procesal ante la ONU. Entre sus principales argumentos volvió a reiterar que la causa Vialidad, donde está condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, responde a una “persecución política". Su nueva defensa busca que la ex presidenta pueda ser candidata a pesar de la condena que la inhabilita.

Cristina argumenta que la pena busca su “proscripción perpetua” para ‘excluirla de la vida política y limitar la oferta electoral, siendo esta la ‘pena principal’ e impidiéndole al pueblo elegir libremente”.

La presentación realizada por la defensa se realizó un año después desde que la Corte Suprema confirmó el fallo de Vialidad. Por delante le quedan aún cinco años para cumplir la totalidad de la pena.

¿Puede la expresidenta revertir su situación procesal yendo ante la ONU? La jurisprudencia -indicó una alta fuente judicial- refiere al fallo Fontevecchia: “la Corte Suprema es la última palabra en la Argentina sobre la Constitución Nacional’.

Una fuente judicial brindó un ejemplo concreto: “En la dictadura, por ejemplo, lo que decía el Comité de la ONU tenía un valor real y jurídico, porque no había Estado de derecho”.

Otra mirada se suma al análisis de la situación: “La situación de Cristina Kirchner pasó por todas las instancias; pasaron casi 20 jueces por este expediente”.

Efectivamente, en el caso Vialidad intervinieron en diversas instancias más de 16 funcionarios judiciales que coincidieron en avalar la existencia de la maniobra delictiva que se construyó a través de las 51 licitaciones viales adjudicadas a Lázaro Báez (ex socio comercial de Cristina Kirchner).

Cristina descree del proceso jurídico. En su presentación ante la ONU insiste en que fue víctima de una “violación de garantías judiciales e instrumentalización del Sistema Penal (Lawfare)”. Cuando el TOF 2 dictó sentencia, desarmó la tesis del lawfare y explicó que a lo largo del juicio se expusieron los elementos de pruebas que daban sustento a la acusación de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Sobre ese argumento sobre el cual elaboró a lo largo del proceso judicial su defensa, un juez de Comodoro Py señaló: “Entre primera instancia, Cámara de Apelaciones, Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia, intervinieron 17 jueces, camaristas, ministros y fiscales, es difícil pensar una conspiración de tantos”.

Un magistrado con larga trayectoria en los Tribunales de Retiro brindó a Clarín su mirada sobre la estrategia de la ex Presidenta de acudir ante la ONU con su reclamo. “Los dictámenes de tribunales internacionales no son vinculantes para el ordenamiento interno. Lo dijo la Corte Suprema nacional en reiteradas oportunidades, en el caso Fontevecchia entre otros. Muy excepcionalmente tuvo alguna entidad, cuando la violación a la garantía constitucional era palmaria”.

Con este león de fondo, los abogados de Cristina Kirchner señalaron que tienen “información relevante” sobre la presentación interpuesta hace un mes en el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el órgano de expertos independientes que “supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte de los Estados que lo han ratificado”.

A diferencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (que es un cuerpo político integrado por representantes de Gobiernos), el Comité “está formado por 18 expertos de reconocido prestigio en materia de derechos humanos que actúan a título personal y no en representación de sus países”.

Entre las principales funciones del Comité se encuentran las comunicaciones o denuncias individuales, como realizó Cristina Kirchner. En tal caso, el Consejo evalúa denuncias en las que se reclaman supuestas violaciones a sus derechos civiles y políticos: como el debido proceso, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley o los derechos políticos, a manos de un Estado.”

Las decisiones del Comité sobre casos individuales “no son dictámenes o sentencias ejecutables de forma directa como las de un tribunal penal local o una corte internacional (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos)”, que en tal caso, remarca otro magistrado “tampoco son vinculantes para el sistema jurídico de la Argentina”, coinciden en Comodoro Py.

El resultado de las Pruebas Pisa 2025, que se tomaron a estudiantes de 15 años en más de 90 países grafica con elocuencia el problema. En Lectura, la Argentina obtuvo 389 puntos, 12 menos que en 2022 y 72 por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), responsable de esta evaluación internacional.

Respecto de la prueba del año 2000, en la que la Argentina se ubicó segunda, solo detrás de México, el descenso es de 39 puntos. Entre 91 sistemas educativos, se ubicó en el puesto 62 y es el octavo entre los 13 países de América Latina que participaron.

Los números también exhiben caídas significativas en el rendimiento escolar en Matemáticas y Ciencias, lo que permite sostener que el deterioro de los aprendizajes ya no puede ser atribuido exclusivamente a los efectos de la pandemia y, como consecuencia de ello, se ponen en cuestión algunas ideas que circulan en los debates educativos.

Un dato relevante es que el retroceso en Lectura alcanza a tres de cada cuatro sistemas educativos en el mundo y también afecta a los sectores socioeconómicos más favorecidos. Se puede inferir al respecto que se está frente a un fenómeno que excede la desigualdad educativa provocada por la brecha de ingresos en una sociedad, aunque esta circunstancia no se vuelve totalmente irrelevante.

En este contexto, más allá del chisporroteo político habitual, los malos resultados educativos no generaron demasiadas repercusiones. Se instala así la sensación de que el resultado de la evaluación produce títulos periodísticos, declaraciones y cruces políticos, pero después el sistema parece volver a su rutina.

Entonces, surge la preocupación de que el problema no sea solo que los aprendizajes retroceden, sino que, como sociedad, hayamos empezado a naturalizar ese deterioro. Si no hay una reflexión profunda sobre un tema que excede los marcos académicos especializados y se establece como normal que las nuevas generaciones comprendan menos, lean peor o tengan mayores dificultades para resolver problemas o razonar de modo crítico, se está transitando un camino mucho más pedregoso, en el que la posición en un ranking internacional termine siendo apenas un dato coyuntural.

Luego de conocerse los resultados, el gobierno nacional acusó a sus antecesores. Algunas provincias, como Córdoba, celebraron tener resultados más altos que el promedio nacional, hecho remarcable, por cierto, pero que no alcanza para aliviar el problema. Desde la oposición hubo tímidos intentos de desligarse de su responsabilidad, señalándose que “el problema es mucho más complejo”, de acuerdo con lo expresado por el ex ministro de Educación, Nicolás Trotta.

No está mal discutir qué rol les cabe a las políticas educativas a los gobiernos, a las condiciones de vida de la sociedad, a las familias, a las instituciones, a la irrupción de la tecnología y a las prácticas docentes, entre otras variables. Pero explicar situaciones  y diagnosticar responsabilidades no significa que el problema esté resuelto.

Además, la discusión sobre el estado de la educación en el país no parece abarcar una nueva dimensión: el mundo en el que se aprende. La dispersión de la atención, la omnipresencia de las pantallas y las transformaciones culturales que la tecnología está produciendo enfrentan a la escuela a desafíos otrora impensados. Además, la irrupción de la inteligencia artificial exige -aunque no lo parezca- afianzar el desarrollo de las capacidades básicas.

Las respuestas de una máquina pueden ser una herramienta para aprender. Por eso, comprender lo que se lee hoy es mucho más importante que nunca. Que la IA escriba, resuma, calcule o busque información es una realidad con la que la escuela debe lidiar. Pero la infraestructura intelectual de la sociedad actual -y de la que viene- exige comprensión lectora, capacidad de escritura, razonamiento crítico y discernimiento ético. En este marco, el papel del docente se vuelve todavía más decisivo.

Ayer los maestros celebraron su día. Cada 11 de septiembre, los discursos reclaman que la educación sea asumida como una prioridad. Se recuerda a Sarmiento, se aprovecha para enaltecer la función docente, se expresan autoelogios oficiales por el apoyo de los gobernantes a la educación y se habla de la esperanza en el futuro venturoso del país gracias a lo que los estudiantes hoy aprenden. Pero este año se conocieron los resultado de las Pruebas Pisa, que constituyen una señal de advertencia y deberían obligarnos a discutir, en serio, qué debe hacerse para que los resultados sean distintos. Y, sobre todo, para evitar que nos acostumbremos al retroceso educativo.

La morosidad en Argentina llegó a un número récord en julio, con el 12,9%, y, si bien desde el Gobierno nacional sostienen que las personas se endeudan más porque hay mayor facilidad para acceder a un crédito, un informe precisó que el pico del financiamiento no se dio durante el año en curso.

Durante el primer trimestre del 2026, el 58,7% de los hogares urbanos recurrió a algún tipo de financiación, según un estudio de la Fundación Encuentro.

Esa cifra no marca el pico de la serie: el máximo histórico ocurrió en el cuarto trimestre del 2019 con un 61,6% de financiamiento.

Al analizar los diferentes hogares, la organización detectó que aquellos en los que hay menores de edad son los que más piden financiación: un 62,8%, frente a 52,7% de las viviendas sin niños/as.

El tener o no empleo formal también incide a la hora de poder financiarse. Según los datos del reporte, el 71,1% de los hogares en los que hay un trabajador asalariado se financian mientras que esa cifra cae al 55,8% en los sectores informales.

En las casas de ingresos más altos, 7 de cada 10 se financian: son el estrato socioeconómico que más recurre al financiamiento.

En contraposición, en los hogares de menores recursos 6 de cada 10 se vieron obligados a solicitar financiamiento.

Si se analiza por ubicación geográfica, el Noroeste es la región en la que más gente apela al financiamiento: 7 decada 10 personas reconocieron haber pedir prestado para llegar a fin de mes.

El Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes desde los 14 años y hasta las cero horas del día en que cumplen 18, cuando sean imputados por un hecho tipificado como delito, fue reglamentado este lunes por el Gobierno.

Así se informó en el Decreto 875/2026 publicado en el Boletín Oficial y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en el cual se indica además que el Ministerio de Justicia fue designado como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal, a la vez que estableció mecanismos para el seguimiento de los jóvenes, la asistencia a las víctimas y la coordinación con las provincias.

“Por la Ley N° 27.801 se estableció el Régimen Penal Juvenil aplicable a las personas adolescentes desde 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18 años de edad y se fijó como finalidad del régimen fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”, indicó.

Además, en el escrito se señaló: “Créase, en el ámbito del Ministerio de Justicia, el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil como dispositivo permanente de articulación interministerial para la implementación de la Ley N° 27.801”. El mismo tendrá las siguientes funciones:

En tanto, se indicó que el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil estará integrado por: “Un representante del Ministerio de Justicia, que ejercerá la coordinación, un representante del Ministerio de Seguridad Nacional, un representante del Ministerio de Capital Humano y un representante del Ministerio de Salud”.

La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo y la misma estableció que entraría en vigencia 180 días después de su publicación, mientras que el decreto reglamentario dispone que comenzará a regir conjuntamente con ella.

También se señaló que en el ámbito del Ministerio de Justicia se crea la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil “como espacio permanente de articulación entre el orden nacional, las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires”. La misma tendrá las siguientes funciones:

La Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil estará integrada por “un representante de la Autoridad de Aplicación, que ejercerá la coordinación; los representantes que designen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno por cada jurisdicción y los representantes que, en su caso, designen la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, uno por cada una de ellas”.