Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., detrás del fentanilo contaminado, fue procesado con prisión prisión preventiva, confirmaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

El juez federal Ernesto Kreplak consideró que el empresario “es coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas,  “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

A García Furfaro se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta en “la adulteración del lote 31202 “perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, remarca el escrito.

Además del propietario de HLB Pharma y Ramallo S.A., fueron procesados con prisión provisoria Diego Hernán García (arresto domiciliario), Nilda Furfaro, Javier Martín Tchunkrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi (detención domiciliaria).

Por otra parte, se dictaminaron los procesamientos sin prisión preventiva de Wilson Daniel Pons, Arzolidys Dayana Astuillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Eduardo Darchuk, María Victoria García, Edgardo Sclafani y Adriana Iúdica.

“En el marco de las declaraciones indagatorias de María Victoria García, Wilson Pons, Adriana Iúdica, Edgardo Sclafani, Arzolydis Astudillo, Rocío Garay y Eduardo Darchuk, la fiscalía federal interviniente solicitó distintas medidas de coerción con el fin de asegurar la sujeción al proceso de los imputados e impedir que obstaculicen la investigación”, agrega el documento.

Un abogado cordobés pidió la detención del empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, y otras 24 personas vinculadas al fentanilo contaminado que provocó 96 muertes.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el letrado Carlos Nayi, representante legal de cinco familias de víctimas por el opioide adulterado, solicitó la aprehensión de los implicados porque “han tenido directa o indirecta vinculación con los eventos anoticiados” y por los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense que detectaron un “nexo concausal” del fármaco en el desenlace fatal.

Con respecto al estudio que se conoció en las últimas horas, el profesional remarcó que "la contaminación del fentanilo fue, a criterio de los peritos, una condición necesaria para que los decesos se produzcan".

"Consecuentemente, la relación causal exigida para vincular un resultado típico a una conducta humana, como primer paso para la imputación, se encuentra científicamente acreditado", agrega.

De acuerdo al escrito, “contaminar un lote de fentanilo y comercializarlo indiscriminadamente, incluso violando los controles y diligencias necesarias para el debido seguimiento, implica la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, y que fue ese riesgo el que se realizó en los resultados mortales”

“El cuadro infeccioso no fue la única causa del deceso, sino que se convirtió en un factor clave que incidió y aceleró las muertes de los pacientes”, detalló Nayi.

"Estaría suficientemente probada la existencia del hecho y la intervención punible de los investigados en él, como así también estaría demostrado, en base a indicios serios, coherentes y contundentes, el peligro procesal que la libertad de aquellos significa para la presente causa, todo ello en base a las razones de hecho y de derecho que, seguidamente, se exponen", sostiene el documento presentado ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

Nayi peticiona que se "evalúe el grado de responsabilidad penal y la adopción de medidas" contra los sindicados, quienes fueron "debidamente identificados", a la vez que "se han dispuesto medidas cautelares sin perjuicio de otras responsabilidades funcionales a establecer".

En diálogo con este medio, el abogado afirmó que el pedido "se encuentra debidamente fundado en motivos doctrinarios" y negó que se trate de una "decisión caprichosa".

Por último, el querellante señaló que mantiene un "intercambio constante" con el magistrado de la causa.