el Juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal bancario en la causa que investiga quiénes pagaron los viajes del Jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia.

La Justicia también pidió acceso a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para identificar a la persona que grabó el video donde se ve a Adorni y su familia tomando un avión para ir a Uruguay.

En Balcarce 50 aseguran tener ya identificada a la persona que tomó las imágenes, se trataría de una delegada sindical de nombre Victoria Correa, cercana a La Cámpora y a Nicolás del Caño

El entorno de Adorni desconfía del Juez Lijo y vincula todo este escándalo y la velocidad de la justicia a la internas del Gobierno y a la intención del mismo Lijo de llegar a ser Fiscal General de la Nación.

Hasta este viernes la Justicia avanzó en la investigación sobre los vuelos del jefe de Gabinete, revelando información clave. La difusión masiva de las facturas y documentos de la causa provocaron un gran recuelo en el Gobierno y alimentaron una interna que parece no tener fin. 

Los detallessobre quiénes pagaron los viajes se siguen acumulando. In House S.A.: Esta empresa, propiedad del periodista deportivo Marcelo Grandío (ahora con programa en la TV Pública), figura como la que abonó la factura del vuelo privado a Punta del Este realizado el 12 de febrero.

El comprobante indica un pago de 4.830 dólares por el traslado de Adorni y su familia. La investigación judicial, a cargo del juez Ariel Lijo, busca determinar si existe un beneficio indebido, dado que la empresa que pagó el vuelo tiene contratos con el Estado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que Adorni encabeza.

Además del vuelo privado, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza el uso del avión presidencial para un viaje a Nueva York en el que participó la esposa del funcionario, Bettina Angeletti. De hecho ese fue el primer escpandalo que sacudió a Adorni, el video del viaje a Punta del Este se conoció después, muchos desconfían de que la puntería haya sido casual. El video estuvo tres semanas sin ver la luz y justo se conoció en el peor momento de Adorni.La Justicia ordenó reconstruir formalmente el circuito del dinero para confirmar si los fondos provinieron efectivamente de estas productoras o si hubo otros aportantes. 

La jueza María Servini ya no investigará la causa $Libra El juez Ariel Lijo - que la subroga - declaró la incompetencia de la magistrada en la causa que investiga la promoción de la criptomoneda.

Finalmente, la causa recaerá en el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene una causa similar en la que está imputada Karina Milei.

Para el juez Lijo, que esta reemplazando a Servini, existe una “mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos expedientes, por lo que decidió que las causas tramiten juntas, en manos de Martínez de Giorgi y del mismo fiscal federal Eduardo Taiano.

Martínez de Giorgi tiene a su cargo una denuncia similar contra la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. El caso tiene los mismos imputados y se investiga la supuesta estafa tras la publicación que hizo el presidente de la cripto $Libra.

La causa ya había tenido un cambio de juzgado cuando la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado había avanzado en el expediente que finalmente pasó a manos de Servini.

El presidente Javier Milei cuestionó anoche la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos propuestos para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la negativa se fundamenta en intereses políticos y no en la idoneidad de los candidatos.

A través de un tuit, Milei habló de "principio de revelación" y preguntó: "¿Dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la ex Presidente doblemente condenada?", en referencia a Cristina Fernández de Kirchner.

PRINCIPIO DE REVELACIÓN¿Dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la ex Presidente doblemente condenada?¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición PACTARON voltear los dos…

"¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición PACTARON voltear los dos jueces y Ficha Limpia en la misma sesión?", continuó.

Y sentenció: "Parece que el pacto era de aquellos preocupados por sus causas penales", para luego solicitar: "Espero avance el proyecto de Ficha Limpia!!! VLLC!"

En una sesión que se extendió por más de seis horas, el pleno del Senado de la Nación rechazó este miércoles los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. La decisión marcó un nuevo capítulo en la tensión política entre el Ejecutivo y el Congreso.

Durante el debate, senadores de distintos bloques cuestionaron la legitimidad del proceso de designación y pidieron que Manuel García-Mansilla designado por decreto en febrero, presente su renuncia. La falta de consenso y las críticas al procedimiento utilizado por el Gobierno para proponer a los candidatos fueron los ejes centrales de las intervenciones.

El quórum necesario para iniciar la sesión fue posible gracias a un acuerdo entre el PRO y el kirchnerismo, lo que permitió avanzar en el tratamiento de los pliegos. Sin embargo, la oposición y otros sectores coincidieron en que las designaciones carecían de los respaldos necesarios y no contaban con el apoyo suficiente para ser aprobadas.

NOTICIA EN DESARROLLO..

El Senado buscará mañana desde las 14 definir el futuro los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, los candidatos propuestos por el gobierno del presidente Javier Milei para completar las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

La novela lleva casi un año y el proceso para darle un final, negativo o positivo para la Casa Rosada, se aceleró luego de que Milei los nombrara por decreto en comisión a finales de febrero, salteando el proceso de la Cámara alta. 

García Mansilla, tras el decreto del mandatario, logró asumir -hasta noviembre- en el máximo tribunal con un juramento en bajísimo perfil y que fue consensuado en una reunión de acuerdos de los integrantes de la Corte que preside Horacio Rosatti. 

Lijo no corrió con la misma suerte que la del ex catedrático de la Austral. La Corte le exigió que para asumir debía renunciar a su cargo como juez federal de Comodoro Py, donde pidió licencia. Esa votación salió tres a uno, con García Mansilla por aportando a la mayoría. 

Antes del decreto de Milei, y a diferencia de García Mansilla, el magistrado del Juzgado N°4 era el que tenía el camino más allanado hacia la Corte Suprema siguiendo el curso natural del proceso. 

El juez se encargó de buscar los votos uno por uno, pero el Criptogate LIBRA detonó la hegemonía de la agenda que había administrado a gusto y placer el Gobierno durante más de un año.

Tanto es así que el pliego de Lijo apareció con las nueve firmas habilitantes el miércoles 12 de febrero, dos días antes del viernes 14, cuando Milei irrumpió con un tuit "difundiendo" la memecoin. 

Desde ese fin de semana traumático para Milei, el pliego de Lijo retomó la senda del naufragio. En el caso de García Mansilla, solo consiguió las nueve firmas hace tres semanas solo con el objetivo de que quede a tiro del rechazo en el recinto; siempre fue el que menos apoyo tuvo. 

A menos de un día del comienzo de la sesión en el hemiciclo senatorial, el panorama es poco alentador para Balcarce 50 porque prima el rechazo a ambos pliegos. 

La vicepresidenta Victoria Villarruel le había otorgado un período de gracia para que el PEN lograra abrir una negociación, que recién motorizó ayer. 

Como publicó el domingo pasado la Agencia Noticias Argentinas, la única estrategia en mente que tenían el asesor Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, era la de boicotear el quorum. Esa idea se encontraba con fuertes limitaciones en el Senado. 

Para concretarla debían aglutinar de su lado el apoyo total de los dialoguistas, salvo el interbloque del peronismo y los solistas porteños Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Martín Lousteau (UCR), que impulsaron la sesión; este lote suma 36 voluntades, solo a uno del quorum (37).

Esta opción es compleja de plasmar en la práctica porque, por ejemplo, la Unión Cívica Radical (UCR) podría aportar a varios legisladores para el quorum, si es que el Gobierno no pide el retiro de los pliegos. 

Así lo definió la UCR en una reunión por Zoom ayer, luego de que su jefe de bancada, Eduardo Vischi, se reuniera con Caputo y Amerio pasado el mediodía del martes en la Casa de Gobierno. Allí, Caputo le pidió más tiempo.  

También se complejiza el deseo de Caputo y Amerio porque la senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Las Provincias Unidas, le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que estará en el inicio de la sesión y que, además, votará en rechazo de ambos pliegos. 

No obstante, la lupa vuelve a ponerse en los gobernadores aliados de Milei como el catamarqueño peronista, Raúl Jalil, que ejerce una fuerte influencia sobre el senador Guillermo Andrada.

Andrada integra la nueva bancada llamada Convicción Federal que la completan el puntano Fernando Salino, el chaqueño Fernando Rejal y la jujeña Carolina Moisés. Ésta última y Andrada tuvieron votaciones en las que se diferenciaron ya del interbloque de José Mayans.  

Si se cruzan estas variables, el quorum sería un hecho. Sin embargo, el gobierno de Milei suele moverse mejor -y ya lo demostró- con el agua al cuello. Eso dificulta predecir lo que sucederá mañana. El panorama será más claro en la reunión de Labor Parlamentaria.

De abrirse la sesión, los pliegos de Lijo y García Mansilla tienen pocas chances de sobrevivir. Si están los 72 senadores sentados, solo con 25 votos en rechazo de ambos nombramientos, que serán votados por separado, alcanzarán para obturar sus designaciones en la Corte. 

Mayans dice contar con poco más de 20 votos para voltear el despacho de Lijo y varios más para el caso de García Mansilla. A este lote se le sumarían Tagliaferri, Lousteau, Vigo y el otro cordobés Luis Juez, que ya se manifestó contra Lijo. 

Podría suceder algo similar a lo que ocurrió en la sesión en la que ex senador Edgardo Kueider fuera expulsado, en diciembre pasado: a la hora de votar hubo un efecto cascada en contra de Kueider. 

Lo que quedó difuso en la convocatoria de este jueves, y que es de suma relevancia para comprender el escenario actual, es que la sesión se precipitó por la acción del oficialismo de saltear al Senado con el decreto; va más allá de gustos propios por ambos candidatos.

El futuro aún será más complejo para el Gobierno, que ya abrió el paraguas ante el eventual rechazo de García Mansilla. Si la Cámara alta avanza en esta línea, se partirán las bibliotecas con respecto a si el flamante integrante del tribunal puede continuar en el cargo. 

García Mansilla dejó en claro que su designación en comisión se hizo efectiva luego de haber prestado juramento ante la Corte. Fue en respuesta al federal Alejo Ramos Padilla, que tramita una causa para impugnar su designación y la de Lijo. 

Su postura, y la de Gobierno, sostiene que solo puede ser removido por juicio político. En el Senado toman el argumento del Ejecutivo y sostienen que los nombramientos en comisión tienen lugar hasta que la Comisión de Acuerdos se expida. Es decir, si los pliegos llegan al recinto y se rechazan quedarían invalidados. 

En este mosaico intrincado, los senadores nacionales deberán mostrar por fin las cartas que ocultaron por comodidad y fijar postura pública contra ambos candidatos.

Principalmente, el que más ruido les hace es Lijo. Si no llega a la Corte, Lijo continuará en Comodoro Py, pasillos que ningún dirigente político de la Argentina está exento de recorrer alguna vez. 

Y en la caso de que llegue finalmente a la Corte Suprema, se habrán ganado un enemigo en el tribunal que define cuestiones federales.

El Senado de la Nación sesionará el próximo 3 de abril para definir el futuro de los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, según decretó la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel esta tarde.

La convocatoria de Villarruel responde a un pedido de sesión especial que motorizó el interbloque peronista la semana pasada con el objetivo de ir al recinto mañana jueves.

Sin embargo, al haberse tratado de un pedido de sesión especial, Villarruel podía disponer el día y la hora de la sesión; por consecuencia, retrasó la embestida de la bancada opositora.

Para esquivar las críticas, la abogada pateó para la primera semana de abril el encuentro. De esta manera, se corrió de ser el blanco de cuestionamientos por mantener el Senado cerrado y le pasó la pelota a la Casa Rosada y a los integrantes del cuerpo.

Los pliegos de García Mansilla y Lijo ya están listos para ser debatidos en el recinto. El último en quedar en condiciones fue el del abogado constitucionalista, que ya asumió en la Corte Suprema en febrero, tras ser designado -junto a Lijo, que no pudo asumir- por decreto.

Tras el decretazo del presidente Javier Milei, el peronismo y los solistas Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO) motorizaron dos dictámenes en apoyo a la candidatura a la Corte de García Mansilla y habilitar su tratamiento en el recinto. 

El ex ministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda afirmó que los antecedentes de jueces nombrados en comisión ponen en duda el futuro de Ariel Lijo en la máximo tribunal, luego de haber sido nombrado de esa forma por el presidente Javier Milei días atrás. 

Mañana la Corte deberá resolver si acepta licencia extraordinaria que presentó Lijo la semana pasada, que fue otorgada por la Cámara Federal, o si bien le exige que renuncie a su cargo como juez federal para asumir en comisión por un año, tal cual expresa el decreto de Milei. 

En este contexto, Maqueda, en diálogo con radio Rivadavia, puso dos casos de ejemplo que la Corte podría utilizar como antecedente para definir la cuestión de Lijo. 

"En la década del '70, hubo un juez federal de primera instancia, que había sido designado en comisión en segunda instancia. La Corte, en ese caso, se pronunció diciendo que el juez no podía pedir licencia a un cargo para tener el otro. Claro, tenía que renunciar a ese cargo", explicó. 

Luego, Maqueda ejemplificó con el resonado caso de José Francisco Bidau en la década del '60: "El Senado, cuando tuvo que tratar el pliego, lo rechazó, y el doctor Bidau era integrante de la Corte Suprema, perdió el cargo de la Corte Suprema y también perdió el cargo de camarista".

Los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzarán a tratar este jueves la “temática” de los dos ministros designados en “comisión” por el presidente Javier Milei, pero no habría una decisión de “fondo” hasta el próximo encuentro en la primera semana de marzo.

Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla no estarían este sábado durante el discurso de Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, por lo menos, si se mantiene la tradición donde el juramento corre por cuenta de las actuales autoridades del máximo tribunal.

Fuentes del Palacio de Justicia confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que “la semana próxima se tratará” las nominaciones, aunque no adelantó cuál será la posición ante el decreto presidencial.

Alrededor de las 16hs de este miércoles llegó la comunicación sobre la licencia otorgada al juez federal, Ariel Lijo.

La Cámara Federal porteña aceptó conceder la licencia con las firmas del presidente del Tribunal, Mariano Llorens, Roberto Boico, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Eduardo Farah y Martín Irurzun.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, argumentó que el decreto con la designación de los ministros se debió porque "no hubo acuerdo" con la oposición en el Senado.

"El decreto fue porque no hubo acuerdo, no porque no tuviéramos los votos. Siempre hay tironeo en la política", señaló Francos en declaraciones a radio Rivadavia.

La Oficina del Presidente Javier Milei anunció hoy la designación en comisión de los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras casi un año sin tratamiento de sus pliegos por parte del Senado.

Según informó la Oficina del Presidente, los pliegos de ambos magistrados fueron remitidos a la Cámara Alta el 27 de mayo de 2024, luego de cumplir con todas las instancias procedimentales requeridas, incluidas audiencias públicas en agosto pasado. Sin embargo, el Senado no trató la designación, a pesar de que se cumplieron los requisitos normativos y se difundieron los antecedentes de los candidatos.

Desde el Poder Ejecutivo recordaron que la Constitución Nacional otorga al Presidente la facultad exclusiva de nominar jueces para la Corte Suprema, mientras que el Senado debe prestar acuerdo o rechazar los pliegos en base a un análisis de idoneidad y sin criterios políticos.

pic.twitter.com/cgGsZ1rayo

En ese marco, el comunicado oficial sostuvo que “la politización de la Justicia es una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio judicial eficiente” y destacó que “una notable mayoría del arco político respaldó en su momento a Néstor Kirchner y Mauricio Macri en la designación de jueces para la Corte”.

Ante la falta de definición del Senado, el Gobierno argumentó que la Constitución habilita al Presidente a realizar nombramientos en comisión para cubrir vacantes durante el receso legislativo, hasta que la próxima legislatura se expida sobre el tema.

Finalmente, la Casa Rosada justificó la medida señalando que “el Máximo Tribunal no puede funcionar con normalidad con solo tres ministros” y ratificó que continuará el trámite legislativo para que el Senado ejerza su atribución de prestar acuerdo a los pliegos.

El Gobierno cambió el discurso sobre las nominaciones de Ariel Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema, en medio del escándalo por las criptomonedas y en la previa de la probablemente espinosa sesión del Senado para decidir el futuro de los pliegos. Dos días antes del debate legislativo sobre el primero, descartaron de plano la posibilidad de nombrar a Lijo por decreto, como habían insinuado con firmeza en varias oportunidades. E incluso admitieron que tienen otros nombres de magistrados en carpeta para el caso de que se caiga el pliego.

La discusión en el recinto está prevista para el viernes. Y hoy, en el Gobierno, mientras intentaban sin éxito sacudirse las esquirlas de la polémica por $LIBRA, deslizaron que está prácticamente descartado nombrar a Lijo por decreto, como había planteado el propio Milei. Y que incluso tienen cinco nombres en mente para reemplazarlo, en caso de que sea rechazado.

La votación para definir los reemplazos de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda se perfila reñida, según todos los pronósticos. El kirchnerismo, que tiene la mayoría, después de largos coqueteos y negociaciones, deja trascender que no acompañará. Y en el Gobierno, que necesita una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes, dicen que prefieren evitar un nombramiento de Lijo por decreto. Según argumentan, porque a partir de entonces, todos los fallos de los magistrados estarían sujetos a revisión. Pero no descartan nombrar por decreto en el caso de García Mansilla, y del otro, eventual candidato, cuyo nombre no se definirá mientras Lijo siga en carrera.

“Si rechazan a Lijo, vamos a proponer a los jueces más libertarios que podamos encontrar”, dijo un asesor presidencial. Los dos más firmes por los que se inclinan en la Casa Rosada son Ricardo Ramírez Calvo, recomendado por el propio García Mansilla, que trabajó a su lado; y Ricardo Manuel Rojas, el ex juez penal y autor del libro “La Inflación como delito” al que Milei había propuesto ser Procurador del Tesoro tras la escabrosa salida de Rodolfo Barra. Rojas rechazó el cargo -que finalmente aceptó el abogado Santiago Castro Videla-, y no está claro si en el momento en que declinó la propuesta sabía que podrían ofrecerle una designación para el Máximo Tribunal de Justicia.

En la lista de suplentes aparecen también el constitucionalista Carlos Laplacette, que también había sonado para encabezar a los abogados del Estado, autor de numerosos trabajos sobre derecho constitucional e integra el estudio Cassagne. Y Alberto Bianchi, otro abogado constitucionalista de perfil académico, cercano a Videla Castro y autor, entre otros, del libro Recurso Extraordinario, en alusión al recurso que funciona como puerta de entrada para acudir a la Corte Suprema.

Hay en cantera, también, una jueza, la única mujer en la lista de eventuales reemplazantes de Lijo, pero por ahora prefirieron evitar difundir su nombre. Según dijeron, para evitar exponerla. Uno de los principales argumentos contra las nominaciones de Milei era que no había ninguna mujer, pero en la Casa Rosada aseguran que el aspecto del género no será determinante.

Oficialismo y dialoguistas participaron este martes de un almuerzo junto a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, para definir el destino de las sesiones extraordinarias: tras la cumbre, ambos sectores llegaron a un preacuerdo que llevarán mañana a la reunión de Labor Parlamentaria -a partir de las 10- para ir al recinto el jueves y suspender las PASO para el corriente año y, el viernes, para decidir el pliego que propone al magistrado federal Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema.

El delicado consenso obtenido se tendrá que refrendar mañana, en Labor Parlamentaria. Allí estarán todos los jefes de bloque, es decir, con el kirchnerismo incluido. Un asunto que generará conflicto con el Frente de Todos es la intención de activar un tercer encuentro esta semana: el jueves, antes de tratar las PASO, se pretende realizar la sesión preparatoria para ratificar a las autoridades del Senado, excepto el cambio en la secretaría administrativa.

Ahora, desgranemos la situación. La semana legislativa ya se preveía muy compleja. Tras el episodio $LIBRA, el escenario empeoró. A pesar de todo esto, oficialistas y dialoguistas mantuvieron la premisa de no regalar gratis al kirchnerismo la victoria de no sesionar la corriente semana, el objetivo máximo del Frente de Todos, que necesita blindar a un espacio aturdido -algunos apoyarán la desaparición de las primarias en 2025- para sostener las órdenes únicas de Cristina Kirchner.

Por ese motivo y, como contaron las últimas semanas los medios acreditados en el Congreso, se ratificó una postura racional: llevar el jueves el proyecto que menos intereses cruzados presente, esto es, la suspensión de las PASO. No obstante, la iniciativa está atada con alambres y por ello la trascendencia del almuerzo de hoy, donde se coincidió -no todos están de acuerdo con la misma- en que es la menos problemática de todas.

A partir de ese punto, se debe pensar en el primer mandamiento: tener el número. No sólo para sancionar una ley que precisa mayoría absoluta -37-, sino también para el quorum inicial y para sostener el encuentro en el recinto. Esto precipitaría el regreso radical Víctor Zimmerman, quien cortaría su licencia por un cargo en Chaco para participar de la sesión.

De esta manera, oficialismo y dialoguistas cuentan 38 legisladores, aunque no todos a favor de la suspensión de las PASO, claro está. Del otro lado se encontrará el kirchnerismo, con 33 y la expectativa de la asunción de la legisladora camporista Stefanía Cora en reemplazo del expulsado peronista disidente Edgardo Kueider, echado en diciembre pasado tras ser detenido, en un paso fronterizo en Paraguay, con más de USD 200.000 sin declarar.

Cora representará una disputa feroz mañana, en Labor Parlamentaria. Hay senadores que plantearon este martes que el pícaro pedido de licencia de la actual diputada provincial -su mandato en Entre Ríos finaliza en 2027- para reemplazar a Kueider por unos meses -la banca termina en diciembre- podría representar una traba. Esto, sin dudas, implosionaría el recinto.

Más allá de esta previa, oficialismo y dialoguistas consideran que es viable la preparatoria antes de la sesión por las PASO. En caso de conseguirlo, se espera la ratificación del presidente provisional de la Cámara alta, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis). En tanto, la vicepresidencia seguirá para el kirchnerismo, hoy en manos de Silvia Sapag (Neuquén), si es que la bancada no propone a otra persona. Además, la radical Carolina Losada (Santa Fe) sostendrá la vice primera y la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), la vice segunda. Un cargo no menor con mismo aval será el del secretario parlamentario, Agustín Giustinian, un personaje clave el año pasado -junto a su equipo de trabajo- en cuanto al manejo legislativo.

El único recambio sería el de la secretaria administrativa del Senado, María Laura Izzo. Es la caja y el corazón del Cuerpo. En su lugar, aterrizaría el cordobés Emilio Viramonte Olmos, quien asesora a Villarruel desde hace un tiempo. Esto, al igual que las PASO y Lijo, se tendrá que consensuar mañana, en Labor Parlamentaria, con el kirchnerismo en la misma mesa.

Mientras se desarrollaba el almuerzo, el oficialismo dio de baja la comisión de Justicia que iba a realizarse esta tarde para recibir, entre otros, al vice ministro de Justicia, Sebastián Amerio. Implicaba un riesgo evitable, y por ello la caída de la convocatoria en cuestión. Lo habían citado para exponer sobre dos iniciativas aprobadas por Diputados y ya dictaminadas la semana pasada en el Senado: el refuerzo penal en la “reincidencia”, con el que el Gobierno busca finalizar la denominada “puerta giratoria” que hoy beneficia a delincuentes, y la implementación del juicio en ausencia.

Durante la cumbre de hoy, al menos una legisladora dialoguista deslizó que no estaba de acuerdo con uno de los textos y solicitaba cambios. Una misma situación ocurre con la ley “anti mafias”. Lo que aún queda en pie para mañana es el inicio del debate en comisión de la Ficha Limpia. Será a las 15, con la reunión de Labor Parlamentaria consumada y definiciones concretas sobre la corriente semana en la Cámara alta.

Algo que no pasó desapercibido en el convite de este mediodía fue el revuelo presidencia por $LIBRA. De hecho, bancadas dialoguistas dejaron en claro que si el jueves se sesiona para sancionar las PASO, es probable un pedido para que se habilite, sobre tablas -necesitará dos tercios-, el tratamiento de un proyecto para crear una comisión investigadora en el Senado y analizar el tema.

El presidente Javier Milei desestimó a través de un decreto una petición que buscaba frenar el pliego del juez federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia.

En el Boletín Oficial este miércoles se publicó el decreto 785/2024, con la firma de Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona: "Desestímase, por resultar inadmisible, la petición incoada contra la solicitud de Acuerdo para designar al doctor Ariel Oscar Lijo en un cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cursada al H. Senado de la Nación mediante el mensaje N° 31 del 27 de mayo de 2024″.

Se trataba de un planteo que marcaba supuestas irregularidades en la presentación administrativa del pliego de Lijo presentado por "el Colegio De Abogados De La Ciudad De Buenos Aires, Será Justicia, Acción Conjunta Republicana (Acr), Asociación Civil Usina De Justicia, Entre Ríos Sin Corrupción y Profesores Republicanos".

También habían participado "los señores Alejandro E. Fargosi, Daniel Sabsay, Pablo A. Pirovano, Gerardo Enrique Vega, Alberto Fidel Cohan, Ezequiel Nino, Alejandro Drucaroff, Marcelo De Jesús y Marcelo A. Camerini".

De esta forma, el Gobierno mostró su decisión de profundizar su respaldo a la candidatura de Lijo, cuestionada por distintos sectores, incluso por dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), como la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Al rechazar la presentación, el Poder Ejecutivo dijo que "el acto cuestionado no exhibe contradicciones en su parte dispositiva; ni ha sido descubierto algún documento decisivo no presentado antes por desconocerse su existencia, por razones de fuerza mayor o por el hecho de un tercero; ni tampoco ha mediado la declaración de falsedad de algún documento que haya servido de base a lo decidido; como finalmente tampoco existe pronunciamiento jurisdiccional alguno del que surja la existencia de los ilícitos que contempla la norma".

El revuelo político y mediático alrededor de la posible nominación del controvertido juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia sigue generando controversias. Uno de los principales argumentos en contra de su postulación es que contradice el discurso del gobierno nacional, que se ha comprometido a luchar contra los privilegios de la casta política. Se critica que promover a Lijo para el máximo cargo judicial parece ir en contra de ese compromiso, ya que él parece encarnar las características negativas de esa misma casta que el gobierno dice combatir.

Llama la atención la falta de explicaciones sólidas respecto de cuáles son los motivos para que este magistrado acceda al máximo tribunal del país. Más aún, sorprende que las autoridades nacionales estén dispuestas a pagar los costos de su designación. Esto hace suponer que existen razones veladas que deben seguir disimulándose a pesar del ruido que ya ha adquirido ribetes de escándalo político, aunque una amplia porción de la ciudadanía –preocupada por asuntos más urgentes- es convidada de piedra en un asunto que puede tener implicancias severas para las instituciones del país.

En verdad, el funcionamiento de la Justicia es una de las asignaturas pendientes de la transición democrática. Para la gran mayoría de los argentinos es poco o nada confiable, más allá del esfuerzo de muchos jueces, fiscales y funcionarios para revertir esa imagen negativa. En el fondo de los cuestionamientos yacen argumentos vinculados con la moral y la ética. Así, las críticas a determinados jueces o tribunales se vinculan con posibles –en ocasiones muy visibles- falencias en categorías tales como la imparcialidad, la capacidad, la idoneidad, la eficiencia y la honestidad. 

Sus críticos afirman que el juez federal propuesto para la Corte Suprema encarna todos y cada uno de estos cuestionamientos. Rompe con la idea de que la conducta pública y privada de un magistrado debe ser intachable, pues de ella depende la valoración que se hace del sistema judicial en su conjunto. El juez debe ser y parecer. Debe tener todas las cualidades que se estiman imprescindibles para que pueda llevar adelante su función y, a través de ellas, otorgar certidumbre para generar confianza en los ciudadanos. Si esto no se produce, se altera la estabilidad y se pone en duda la legitimidad del sistema. 

En un artículo reciente, el abogado Juan Martín Nogueira, auxiliar fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de La Plata, escribió que la raíz del problema se presenta como “una cuestión ética que indaga sobre aquellas conductas que el juez tendría que evitar —por resultar  inapropiadas en razón de la calidad de la función que ejerce y por los efectos nocivos que produce en el sistema—, como así también aquellas conductas que  el juez debería realizar a fin de construir un vínculo de confianza con la sociedad”.

Prácticamente nada de lo anterior quedó evidenciado en la larguísima presentación del juez Lijo en el Senado de la Nación. Las crónicas periodísticas son elocuentes testimonios de la falta de definiciones y de las debilidades argumentativas que interpuso el magistrado en defensa de su actuación. Los jueces “son” la justicia y la representan en cada una de sus acciones. Deben ser y parecer. En el caso del juez Lijo, todo indica que esto no ocurre.