La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desistió de la demanda donde pidió la medida cautelar que prohibía la difusión en medios de comunicación de los audios donde se la escucha y que habrían sido grabados en la Casa Rosada.

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei informó su decisión al juez en lo civil y comercial Patricio Maraniello, al responder a una apelación contra su decisión que presentó Poder Ciudadano, informaron fuentes judiciales.

En el escrito presentado ante la Justicia, Milei negó que la medida hubiera buscado "censura previa" o evitar difundir información sensible.

“La medida cautelar no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer y sostuvieron varios operadores”, explicó en la presentación.

Al recordar que hay abierta una denuncia penal a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli por el origen ilegal de esos audios, advirtió que "están manipulados y editados con una finalidad propia de crear una operación en contra de mi persona y de mi familia”.

“La libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública y, mucho menos, para la utilización de audios, escuchas, videos o fotografías obtenidas ilegalmente”, agregó.

Pero a la hora de referirse en concreto a esos audios, explicó al juez que su contenido no afecta su seguridad "ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la que se cuenta actualmente”.

El 1° de septiembre pasado el juez Maraniello hizo lugar de manera parcial a la medida cautelar que había pedido la hermana del Presidente y prohibió difundir los audios en medios de comunicación.

El abogado y exjuez Oscar Venica aseguró que la prohibición dictada por el magistrado Alejandro Maraniello sobre la difusión de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, constituye “claramente” un caso de “censura previa”, lo cual está “prohibido” por la Constitución Nacional.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, Venica remarcó que “aceptar esta clase de medidas es renunciar conscientemente a la libertad de prensa, pieza fundamental de una república”. En ese sentido, criticó la postura del Gobierno nacional: “Es totalmente contradictorio que quienes proclaman ser liberales, se aparten de sus propios principios y requieran medidas de esa clase. Y lo peor, que encuentren un juez que las admite”.

Venica cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Fue consejero titular por los jueces del interior en el Consejo de la Magistratura de Córdoba, corredactor del actual Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, juez de Primera Instancia en Marcos Juárez y San Francisco, y vocal de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad.

-              El exintegrante de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, habló de “un caso de censura previa”. ¿Podría explicar qué significa jurídicamente este concepto y por qué está prohibido en la Constitución? ¿Cuáles son los principales problemas procesales que observa en la decisión del juez Maraniello?

Ya el texto original de la Constitución Nacional (1853) establecía en su artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: … de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa…”. Fue una reacción a los regímenes absolutistas, España incluida, que tenían establecidos organismos públicos a quienes debían someterse a examen tanto libros como noticias a aparecer en la prensa. Por esa razón, en las primeras hojas de un libro se colocaba la leyenda ‘con las licencias necesarias’, y se añadía la autorización puntual para su publicación. La circulación de libros o periódicos sin dicho aval era un delito. Si bien de la sola indicación que la Argentina adopta la forma republicana, se deduce la prohibición de censura previa, los constituyentes estimaron conveniente consagrarlo expresamente.

Es un principio sostenido desde sus inicios por el liberalismo político. Muy equívocamente suele equipararse entre nosotros, especialmente en lo económico, liberal y conservador, siendo que el liberalismo nació como oposición al conservadurismo. Y en ese sentido es tomado en la mayoría de los países, como Estados Unidos, por ejemplo. Por otro lado, eso no significa que hay libertad para insultar, injuriar o publicar falsedades impunemente. Simplemente que la sanción, civil o penal, de corresponder, será impuesta luego de la publicación, y no prohibida de antemano.

-              ¿Existen antecedentes en la Corte Suprema argentina o en la Corte Interamericana que respalden esta interpretación?

 Hay antecedentes, tanto de la Corte Suprema como de tribunales inferiores. No tengo presente que los haya de la Corte Interamericana con relación a la Argentina. Lo más cercano fue una resolución a instancias de Jorge Fontevecchia y Héctor D´Amico que publicaron información relacionada con un hijo no reconocido de Carlos Saúl Menem en la revista Noticias, y fueron condenados civilmente por la Corte por violación a la vida privada de Menem; hay que aclarar que se trató de la Corte llamada de la mayoría automática y estando Menem en la presidencia. De todos modos, no fue censura previa. La Corte Interamericana ordenó anular ese fallo por cuanto había violado el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, lo que fue resistido por la Corte nacional entendiendo que aquella carecía de facultades en ese sentido. Coincido con este criterio, porque de ser así, esa Corte Interamericana se convertiría en una cuarta o quinta instancia, según el fuero, de los procesos argentinos. Además, tampoco lo contempla la Convención que dio origen a ese organismo. Sus facultades se limitan disponer que el Estado Nacional repare los perjuicios causados.

-              ¿En qué condiciones un juez sí podría limitar la difusión de determinado material? ¿Hay algún margen legal?

Desde el punto de vista sustancial se trata claramente de censura previa, como se han pronunciado prácticamente todos aquellos que se han referido al tema. No he tenido acceso al fallo de modo que carezco de elementos para analizarlo procesalmente.  Ahora, tanto el Código Procesal de la Nación como el de Córdoba, y estimo que todos los del país, no contemplan medidas cautelares autónomas, es decir que puedan existir por sí misma sin una demanda, que puede ser simultánea o posterior. Aparentemente se trató de una cautelar sola, a la que luego, para consolidarla, debería seguir la demanda, que no imagino cual podría ser su contenido. Tal como lo dijo Maqueda, ex ministro de la Corte, la prohibición de censura es absoluta, sin perjuicio de las sanciones posteriores que pudieran proceder. En tiempos normales no hay posibilidad legal de dejarla de lado. Distinto sería frente a un conflicto bélico, como ocurrió en diversas oportunidades aún en las democracias más consolidadas.

-              ¿Cómo se equilibra el derecho a la intimidad de un funcionario público con el derecho a la información de la ciudadanía? ¿La condición de “funcionaria pública” de Karina Milei cambia el análisis jurídico frente a este caso?

Los funcionaros públicos son los que se llaman políticamente expuestos, y por ende más susceptibles que sus acciones tomen conocimiento general. Por otro lado, los audios en cuestión no están referidos a su intimidad sino a cuestiones de mucho interés público. Pero aunque lo fuera, de la misma manera que un particular, no tiene derecho a exigir censura previa tampoco, con mucha mayor razón una funcionaria.

-              ¿Existen riesgos de que este tipo de decisiones abran la puerta a un precedente restrictivo para la prensa?

No creo que esa malhadada decisión de un juez -para peor, expuesto a presiones por su delicada situación al ser varias veces denunciado ante el Consejo de la Magistratura- influya en futuras restricciones. Máxime frente al enérgico repudio que recibió.

-              ¿Qué mensaje transmite al sistema judicial y a la sociedad que un juez adopte este tipo de medida cautelar?

Obviamente, un pésimo mensaje al apartarse abiertamente nada menos que de una cláusula fundamental de la Constitución Nacional, relacionada estrechamente con el sistema democrático.  Aceptar esta clase de medidas es renunciar conscientemente a la libertad de prensa, pieza fundamental de una república. Es totalmente contradictorio que quienes proclaman ser liberales, más aún libertarios –que no se sabe bien qué es y que no existe en ningún país-, se aparten de sus propios principios y requieran medidas de esa clase. Y lo peor, que encuentren un juez que las admite. En mi opinión, y más allá de las denuncias que ya tiene, esa sola resolución es motivo suficiente para ser sometido al Jurado de Enjuiciamiento.

-              Algunos sostienen que difundir estos audios podría afectar la privacidad o la seguridad de una funcionaria. ¿Qué le responde a ese argumento?

En nada afecta la privacidad o la seguridad, y aún si lo hiciera, se vuelve a lo mismo: no puede haber censura previa. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No debe permitirse que algunos sean más iguales que otros.

-              ¿Considera que este fallo se inscribe en una tendencia más amplia de intentos de control sobre el discurso público?

No creo que exista esa tendencia, y menos de parte del Poder Judicial. Hay que reconocer que en muchas ocasiones se pretendió avanzar en ese sentido, pues es natural al poder, mal ejercido, creerse omnipotente. Por otro lado, llama la atención lo siguiente: si no hay audio alguno que importe el reconocimiento de un delito, ¿por qué apresurarse a pretender prohibirlo? Entonces, habría que pensar lo contrario, con lo que la hermanísima se estaría autodenunciando implícitamente.

-              ¿Qué le diría a quienes piensan que la libertad de expresión puede ponerse en tensión con la gobernabilidad o la estabilidad institucional?

Que están completamente errados. Aceptar esa posibilidad sería renunciar nuestro sistema institucional.

 El escándalo de los audios del “spagnuologate” y los que permitieron conocer la voz de la secretaria general de la Presidencia primero generaron estupor en el gobierno nacional. Luego de varios días se diseñó una contraofensiva que, al menos en parte, consiguió que se hablara más de teorías conspirativas que de los supuestos hechos de corrupción. Claro que esas elucubraciones tuvieron sus bemoles. Algunas rozaron el disparate, otras se atribuyeron al trabajo de espías rusos y venezolanos que, con sorprendente libertad, se habrían manejado en las oficinas de la Rosada y la Cámara de Diputados y las últimas desembocaron en una presentación judicial que obtuvo una medida insólita censura previa.  La estrategia de calzarse los guantes surtió algún efecto. Empero, se mantienen las dudas sobre el supuesto entramado de coimas y aparecen interpretaciones que bien podrían servir como variables del berenjenal en el que se ha metido, por sus errores no forzados, el gobierno nacional.

Por un lado, la grabación de algunos audios demostraría un pase de facturas interno en las fuerzas libertarias más que una operación ilegal de una potencia como Rusia, especialista en colocar “topos” en las cloacales cañerías del submundo de la política. Los audios en los que hasta ahora se escuchó la voz de la hermana del presidente, podrían provenir de improvisadas maniobras de los que están molestos por el resultado de la rosca política. Se parecen, por momentos mucho, a la chapucería con la que actuaron los denominados “plomeros de la Casa Blanca” que, allá por comienzos de los años 70, urdieron un plan avalado por el entonces presidente estadounidense Richard Nixon, para colocar micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata ubicadas en el edificio de Watergate. 

Por el otro, se constata el derrumbe, al menos parcial, de la frase con la que Milei resumió lo que sería su programa de gobierno. Porque quedó rengo aquello del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Al menos en lo que a la libertad se refiere. Más precisamente a la libertad de expresión. La palabra censura aplica en toda su significación al insólito fallo de un juez muy cuestionado que ordenó “el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”, advirtiendo que esas grabaciones podrían afectar por su contenido, al que no ha tenido acceso, “la intimidad y el honor” de la secretaria de la Presidencia y “la seguridad institucional” del país.

Como no podía ser de otro modo, los más reconocidos constitucionalistas argentinos, independientemente de sus posiciones ideológicas o partidarias, cuestionaron con dureza la medida cautelar dispuesta por el juez Maraniello. Los argumentos son tan sólidos como prácticamente irrebatibles. Claramente viola el derecho a la libertad de expresión de la prensa y el derecho a la información de la ciudadanía.

Sonaría ingenuo sostener que lo ocurrido es una isla en un océano tranquilidad para el ejercicio del oficio periodístico en el país. Desde hace años, las técnicas de coerción y presión de la política hacia la prensa se hicieron más sutiles aunque manteniendo la pretensión de alcanzar un par de objetivos. El primero es el mismo de siempre: controlar la información que la prensa difunde. El segundo evitar cualquier escándalo que deteriore la imagen pública del gobernante. El problema es que el panorama se agravó pues, el temperamento presidencial inundó hoy de insultos el debate y el cinismo de las redes sociales es capaz de convencer de que siempre existió una costumbre desestabilizadora en los medios de información. Esto último es reminiscencia del kirchnerismo.

Por fortuna, en medio de la agitación política frente a las elecciones de mañana en la provincia de Buenos Aires y la incertidumbre financiera, un episodio anterior que intentó imponer censura previa volvió al presente. En 1992, la jueza federal María Servini -por entonces de Cubría- obtuvo un fallo para censurar la apertura del programa del recordado Tato Bores y evitar que se pronuncie su nombre. El genial humorista hizo colocar el cartel de “censura judicial” a las partes que la Justicia le impedía emitir. Y organizó luego uno de los momentos más sublimes de la historia de la televisión: destacadas personalidades de la cultura y el periodismo cantaron “la jueza Barú Budú Budía, es lo más grande que hay”.

Por este nuevo extravagante intento censurador, “el jefe” como la llama su hermano, se ha convertido en la “Barú Budú Budía” del siglo XXI. Y, reinstalando la idea de que en la Argentina todo puede cambiar en diez minutos, pero nada en varias décadas, 33 años después de aquella emisión de “Tato de América”, la original “Barú Budú Budía” sigue sentada en su despacho de jueza federal.

Eduardo Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, se presentó este viernes por la tarde en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Franco Picardi para entregar su teléfono celular, en el marco de la causa que investiga la presunta red de coimas revelada en los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo.

Según supo Noticias Argentinas, Kovalivker, quien se encontraba prófugo de la justicia desde la semana pasada, llegó acompañado de su abogado, Martín Magram, y permaneció poco más de una hora en la fiscalía. Su entorno justificó su ausencia previa alegando que había sufrido un pico de presión alta.

La entrega de su dispositivo se suma a la de sus hijos, Jonathan y Emmanuel, quienes dirigen la compañía actualmente. Sin embargo, la investigación enfrenta un obstáculo tecnológico: la empresa israelí Cellebrite informó a la fiscalía que no dispone de la tecnología necesaria para destrabar el celular de Jonathan, un Samsung de última generación, que fue entregado sin la clave de acceso.

La presentación de Kovalivker se produjo el mismo día en que la Policía de la Ciudad realizó nuevos allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la sede de la droguería. Desde el lunes, tanto los empresarios como los exfuncionarios investigados, Spagnuolo y Daniel Garbellini, tienen sus cajas de seguridad bloqueadas por orden del juez Sebastián Casanello.

La droguería Suizo Argentina es una pieza central en la investigación, a raíz del audio en el que una voz, presuntamente de Spagnuolo, afirma: "La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’".

La confianza en los gobernantes es un elemento determinante para el éxito de cualquier gobierno democrático en cualquier parte del mundo. Porque la confianza no se impone, no se decreta: se construye. Es el cimiento que sostiene a las instituciones y otorga previsibilidad política y económica.

El desapego evidente entre la vida política y las preocupaciones de la ciudadanía es una realidad que demuestra la debilidad de este insumo esencial. El reciente escándalo de los audios de Spagnuolo, que revelan presuntas coimas en un área tan sensible como la atención a la discapacidad pone en jaque y amenaza con derrumbar el relato anticasta y anticorrupción del mileísmo. La reacción oficial -estupor, largo silencio, negación, atribución de culpas ajenas, acusaciones cruzadas y teorías conspirativas- repite el libreto clásico de la política acorralada.

 Las teorías conspirativas se esparcen. Son, entre otras variables, la consecuencia de que el sistema de inteligencia es, desde hace mucho tiempo, un hormiguero pateado. Las flechas viajan en todas las direcciones. La confusión se acrecienta. El cinismo político refuerza el deterioro.

 Desde el kirchnerismo se celebró el desconcierto oficialista como prueba de que la promesa de terminar con la corrupción era falsa. La conclusión es brutal en su simpleza: todos son iguales. Es la estrategia de igualar hacia abajo. Sin embargo, el cálculo político puede ser un búmeran: si el gobierno pierde votos por corrupción, difícilmente éstos irían a parar a las huestes kirchneristas, afectadas por las mismas sospechas y varias comprobaciones.

 Desde el oficialismo se afirma que el escándalo no tendrá incidencia electoral. Y que la elección del domingo próximo en Buenos Aires será pareja, mientras que en octubre se prevé un triunfo libertario contundente. En este punto, los gobiernos menemistas y kirchneristas son ejemplos que demostrarían que, si el bolsillo no está afectado, la corrupción tiende a pasar a un segundo plano. ¿Se repetirá esta situación? La apuesta del gobierno a que la ruleta electoral les brinde un pleno es, por lo menos, osada.

 En este contexto, admitiendo la tesis de que puede ser probable que el audiogate no impacte en los guarismos de las próximas legislativas, puede advertirse, no obstante, que está dejando huella en lo que el gobierno consideraba una fortaleza: la confianza de la sociedad.

El filósofo coreano Byung-Chul Han explicó en su libro La sociedad de la transparencia: “En una sociedad que descansa en la confianza no surge ninguna exigencia penetrante de transparencia”. Pero no vivimos en esa sociedad: “La potente exigencia de transparencia indica precisamente que el fundamento moral de la sociedad se ha hecho frágil”. sostiene. En la Argentina, esa fragilidad se ha convertido en regla. No se exige transparencia porque se confía, sino porque no se cree.

El panorama electoral, especialmente en la provincia de Buenos Aires, refuerza la sensación de comedia de enredos con candidatos testimoniales que autoperciben populares, pero solo buscan preservar privilegios. En paralelo, la violencia vuelve a emerger como herramienta política: piedras, agresiones, denuncias y acusaciones cruzadas reeditan un juego peligroso que la historia argentina ya conoció en versiones más trágicas.

Refiriéndose a la actualidad conflictiva de la política española, el escritor Javier Cercas, en un artículo publicado en La Nación, lanzó una advertencia que parece escrita para la realidad argentina: “¿Son conscientes nuestros políticos del riesgo palpable que corremos o, cegados por el sectarismo patológico de los partidos y la lujuria del poder, no ven más allá de sus propios intereses?”. Y añadió: “Urge un revulsivo y quizá, antes que político, ese revulsivo debería ser moral: tal vez habría que restaurar el vínculo roto entre moral y política, abolir el prestigio repugnante del cinismo y devolverle a la política la limpieza y el idealismo que nunca debió perder”.

 Quizás no sea la única causa, pero la tensión preelectoral que impide el debate y habilita la violencia deriva de la actitud de quienes, en la política, no ven más allá de sus propios intereses. Lo que asfixia es la pérdida del sentido moral y, con ello, el crecimiento de la desconfianza y la irritación ciudadanas.

 Precisamente, “La gran irritación” es el título del último capítulo de La montaña mágica, novela en la que el alemán Thomas Mann hizo una profunda crítica de la Europa de principios del siglo XX, reflejando el surgimiento de las fuerzas totalitarias. En el final del libro, -ante la inminencia de la guerra- se pregunta: “¿Dónde estamos? ¿Dónde nos han transportado los sueños?”.

Interrogantes que bien pueden graficar el actual panorama político.