El Gobierno convoca a licitación pública nacional e internacional para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.

El anuncio lo realizó el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X y la resolución será publicada mañana en el Boletín Oficial.

“Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza: 7.594 km de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del país y a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay”, escribió Caputo.

Agregó que “la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI para quienes inviertan al menos USD 200 millones en la renovación de vías”.

Caputo puntualizó que “durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes. Desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces”.

“Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente. Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló”, afirmó el ministro.

Y concluye el texto señalando que “el sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener. Esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas. Este es un paso más en el proceso de transformación del sector ferroviario y del programa de privatizaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional”.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía, avanza con la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL) mediante el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, según informaron esta tarde desde la Secretaría de Transporte.

Apuntaron que la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para quienes inviertan en infraestructura ferroviaria.

Remarcaron que el objetivo es incorporar capital y capacidad de gestión privada para recuperar una infraestructura que durante décadas acumuló deterioro, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes, pese a los crecientes recursos destinados por el Estado Nacional.

Al inicio de la actual gestión, BCyL presentaba una situación operativa y financiera crítica. Los informes técnicos señalaron significativas pérdidas económicas de la empresa, sumado a un deterioro importante de la infraestructura, una elevada cantidad de descarrilamientos, falta de mantenimiento cíclico y un incumplimiento de entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado del parque tractivo durante 2023.

Frente a esta situación, el nuevo modelo busca que sea el sector privado quien aporte el capital y la experiencia, y asuma el riesgo empresario necesario para recuperar y desarrollar el sistema, mientras el Estado Nacional mantiene sus funciones de regulación, fiscalización y control.

El esquema de acceso abierto a la infraestructura ferroviaria permitirá la participación de distintos operadores bajo condiciones objetivas y no discriminatorias. Además, contempla Obras Obligatorias que deberán ejecutarse durante los primeros cinco años de las concesiones, junto con obras optativas que podrán ser comprometidas por los oferentes y serán ponderadas durante el proceso de adjudicación.

El plazo de 50 años posibilitará generar las condiciones necesarias para realizar inversiones ferroviarias de gran escala y largo período de recuperación, otorgando previsibilidad para el desarrollo de nueva infraestructura y la incorporación de capital privado. A su vez, el horizonte de largo plazo permitirá acompañar la maduración de nuevas cargas y garantizará que el concesionario tenga incentivos para mantener y renovar la red durante toda la vigencia del contrato.

Entre las intervenciones previstas se encuentran obras para eliminar el cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y recuperar el ramal azucarero de la Línea Belgrano; rehabilitar la capacidad, confiabilidad y regularidad del corredor principal de la Línea San Martín; y recuperar el ramal troncal de la Línea Urquiza.

La licitación también contempla la posibilidad de que los concesionarios adquieran el material rodante correspondiente a cada línea. Los recursos provenientes de la venta y remate de locomotoras y vagones serán destinados a un fideicomiso específico para financiar parcialmente las Obras Obligatorias, permitiendo que los activos existentes del sistema contribuyan a financiar su propia recuperación.

Con este llamado a licitación, el Gobierno Nacional avanza en la transformación del sistema ferroviario de cargas y en el programa de privatizaciones previsto por la Ley Bases, dejando atrás un modelo deficitario y avanzando hacia un sistema con mayor inversión privada, mayor eficiencia y mejores condiciones logísticas para la producción y las exportaciones argentinas.

El Gobierno Nacional continúa avanzando en el proceso de privatización de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A., según establece la Resolución 1049/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial.

Dicho proceso se inició el 10 de febrero del corriente año, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Bases, que incluye a la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. entre aquellas sujetas a privatización, en el marco de la decisión del presidente Javier Milei de reducir la participación del Estado en actividades de carácter empresarial.

De esta manera, el Ministerio de Economía de la Nación instruyó a los diversos organismos involucrados en el proceso privatizador para llevar adelante acciones necesarias para la profundización de este proceso.

Por un lado, se instruyó a la Secretaría de Transporte a elaborar y gestionar la documentación licitatoria, técnica y contractual, con la previa intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Además, deberá ejecutar acciones para:

Para el cumplimiento de las tareas previstas, la Secretaría de Transporte podrá contar con la colaboración de Belgrano Cargas y Logística S.A. y de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A., ambas bajo su órbita.

Por su parte, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar el cumplimiento del cronograma que establece un plazo de 12 meses para completar el proceso de privatización desde la fecha.

Asimismo, solicitará a una entidad bancaria del sector público nacional la realización de las evaluaciones necesarias para llevar adelante dicho proceso.

A su vez, el Banco de la Nación Argentina será responsable de administrar los fondos provenientes del remate público del material rodante, los cuales se destinarán al financiamiento de obras ferroviarias.

Todos los procedimientos se desarrollarán a través de las plataformas oficiales SUBAST.AR y CONTRAT.AR.

Con estas medidas el Estado dejará de ser operador ferroviario del transporte de carga y de toda la infraestructura como el material rodante, las vías, talleres e inmuebles aledaños.

Los terrenos y las vías continuarán siendo propiedad del Estado, ya que volverán al mismo al finalizar la concesión.

El Gobierno de Javier Milei anunció la privatización del Belgrano Cargas, una línea ferroviaria altamente abarcativa del transporte de mercaderías desde distintos puntos del país, que otrora estuviera en manos del Grupo Macri y que Cristina Kirchner “nacionalizó” aduciendo “irregularidades” en la concesión.

La creación de Belgrano Cargas y Logística es consecuencia de un decreto del 2008, con el cual se dio por terminada la concesión que desde fines de la década del 90 tenía la empresa Belgrano Cargas Sociedad Anónima sobre el Ferrocarril General Belgrano.

La fiebre privatizadora de los 90 se inició con las líneas de cargas en las que se identificaron seis subsistemas a ser concesionados por 30 años mediante licitación pública internacional bajo el concepto de concesión integral.

Esto es, el concesionario debía tomar a su cargo el conjunto de las actividades ferroviarios: comercialización, operación, mantenimiento y también, la rehabilitación del material rodante y la infraestructura.

Las concesiones realizadas entonces fueron las siguientes:

• Nuevo Central Argentino S.A. (4.752 km), que conecta Buenos Aires con Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Río IV y Santiago del Estero (La Banda);

• América Latina Logística Central S.A. (Ex Buenos Aires al Pacífico S.A). (5.254 km), que enlaza Buenos Aires con Junín, Rufino, San Luis, Mendoza, San Juan, San Rafael y accede al puerto de Rosario;

• Ferrosur Roca S.A. (3.377 km), que comunica Buenos Aires con Necochea-Quequén, Tandil, Olavarría, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala;

• Ferroexpreso Pampeano S.A. (5.094 km), que conecta a los puertos del complejo San Martín-Rosario con Bahía Blanca por medio de dos líneas troncales y varios ramales;

• América Latina Logística Mesopotámica S.A. (Ex Ferrocarril Mesopotámico S.A). (2.704 km), que enlaza Buenos Aires con Rojas, Concordia, Paraná, Paso de los Libres, Monte Caseros, Corrientes y Posadas;

• Belgrano Cargas S.A. (7.347 km), que comunica Buenos Aires con Rosario, Santa Fe, Córdoba, Resistencia, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, San Juan y Mendoza, y la localidad de Salta con Formosa.

En el año 2008 se originó una denuncia contra la empresa privada que concesionaba el Belgrano Cargas, señalando que no rendía cuentas de los 2000 millones de pesos recibidos en carácter de subsidios.

En ese entonces, la Sociedad Operativa Ferroviaria estaba integrada por SIDECO del Grupo Macri a través de Franco Macri y la aceitera china Sanhe Hopefull.

Según se dijo en ese momento, la Auditoría General de la Nación detectó buena parte de las irregularidades de la empresa privada comprobando que se habían rendido cuentas presentando facturas emitidas por proveedores que eran empleados de las propias empresas privadas que administraban en ese entonces el Belgrano Cargas.

En el mes de junio de 2013, el Estado argentino rescindió los contratos de concesión con la empresa brasileña América Latina Logística (ALL), recuperando para sí la administración de la totalidad de los Ferrocarril General Urquiza y General San Martín con exclusión de la zona urbana del Gran Buenos Aires, así como un pequeño sector del Ferrocarril Sarmiento que también formaba parte de la concesión de ALL.

La decisión estuvo motivada por los graves incumplimientos de la empresa concesionaria, que según la Auditoría General de la Nación "era la empresa que peor cuida el mantenimiento y las condiciones de seguridad y cuenta con escaso personal idóneo abocado a las tareas".

A partir de un decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el estado se hizo cargo de la explotación integral de la red carguera del Ferrocarril General Belgrano, hasta entonces concesionada a Belgrano Cargas SA.

También asumió la explotación de la carga de los ferrocarriles General Urquiza, General San Martín y una sección del Sarmiento, en reemplazo de la concesionaria ALL y a partir del 1 de noviembre de 2021 lo mismo con la totalidad restante del Sarmiento, General Bartolomé Mitre y General Roca reemplazando a FEPSA, NCA y Ferrosur Roca.​

La gestión integral de los mismos fue también encomendada a Belgrano Cargas y Logística, que era una sociedad anónima, cuyos principales accionistas fueron tres Sociedades del Estado: Trenes Argentinos Infraestructura, Trenes Argentinos Operaciones y la Administración General de Puertos (AGP).​

Las tres líneas que manejaba la empresa contaban en ese momento con 88 locomotoras y 4650 vagones para recorrer 9344 km de vías en 17 provincias. De esa infraestructura gran parte, tras el fin de la concesión privada, estaba en mal estado y requería una inversión urgente.

Desde mayo de 2013 se hicieron 400 kilómetros nuevos de vías y se repararon cerca de 400 vagones, con financiamiento aportado por el Estado y en el 2015, llegaron los primeros 151 vagones del Ferrocarril Belgrano Cargas comprados a China, de un total de 3500, que incluían entre otros, Tolvas para cereal y carboneros para transportar el coque que requiere YPF. ​

En 2015, ya con el gobierno de Mauricio Macri, se anunció el Plan Belgrano con el objetivo de renovar 1500 km de vías e incorporar material rodante.

En 2016 se transformó la empresa estatal en Trenes Argentinos Cargas y en el 2020 se inauguraron las obras de renovación de vías en la provincia de Salta, donde se completaron 255 kilómetros con mejoras de la infraestructura de los ramales C, C18, C8 y C12.

En total, hasta fines del 2023 se habían renovado 900 kilómetros de vías del Ferrocarril Belgrano en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Santa Fe, incorporándose a la flota de material rodante 40 nuevas locomotoras y 1000 vagones nuevos.​

En 2024, con la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos la empresa fue sujeta a privatización, cuyo proceso finalmente dio comienzo ahora y que seguramente tendrá oferentes interesados porque se trata de un servicio que puede ser rentable con un sistema de vías en gran medida renovado. 

El Gobierno envió este miércoles al Congreso de la Nación la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” donde, entre sus 664 artículos, propone la privatización de 41 empresas estatales. 

En el listado de empresas del Estado que podrían pasar a manos privadas se encuentran Aerolíneas Argentinas, AySA, YPF, el Banco Nación y Ferrocarriles Argentinos, la empresa estatal con mayor cantidad de personal con más de 30 mil empleados. 

También figuran empresas emblemáticas como el Correo Argentino, Fabricaciones Militares, los Puertos, la agencia de noticias Télam y Radio y Televisión del Estado.

Algunas de las compañías que forman parte del listado, como Aerolíneas y AySA, ya constituyen sociedades anónimas, lo que facilitará su proceso de privatización.  

El anexo donde se encuentran las empresas sujetas a privatizar se inicia con la Administración General de Puertos y sigue con Aerolíneas Argentinas, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Agua y Saneamiento, Banco Nación de la Argentina, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Casa de la Moneda, Contenidos Públicos, Corredores Viales y el Correo Oficial de la República Argentina.

También forman parte del listado Construcción de Viviendas para la Armada Argentina, Dioxitek, Educ.ar, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Energía Argentina, Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A., Fabricaciones Militares S.E., Ferrocarriles Argentinos e Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias. 

Intercargo, Nación Bursátil, Pellegrini, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nucleoeléctrica Argentina, Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Polo Tecnológico Constituyentes S.A., Radio de la Universidad Nacional del Litoral y Radio y Televisión Argentina.

Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Talleres Navales Dársena Norte, Telam, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, Belgrano Cargas y Logística, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Operadora Ferroviaria, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) e YPF.