El juez Ariel Lijo solicitó al Grupo Datco; a National Shipping S.A. y a la empresa Foggia, que presenten todas las facturas y documentación relacionada con la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Estas averiguaciones, que se llevan adelante simultáneamente con la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, buscan determinar si la mujer del funcionario fue favorecida por el Gobierno a través de contratos irregulares.

En este contexto, fue de vital importancia recabar toda la información vinculada a la facturación y la relación comercial que tienen esas tres firmas con Angeletti, para conocer si existió algún direccionamiento que la haya beneficiado económicamente, debido a que muchas de ellas están relacionadas con diversas entidades del Estado Nacional.

El Grupo Datco, por ejemplo, es una empresa que provee servicios tecnológicos a diversos organismos públicos supervisados o vinculados a la Jefatura de Gabinete, como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, entre otras.

Por su parte, la sociedad anónima National Shipping es una firma naviera dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos, considerada una de las principales proveedoras de la petrolera estatal YPF, empresa estatal de la cual Adorni es director titular.

Foggia Group es una empresa dirigida por Mara Gorini, conocida también por ser una colaboradora muy cercana de la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Está vinculada a la concesión de Tecnópolis y fue la responsable de haber organizado todos los shows libertarios donde actuó el presidente Javier Milei, tanto en el Luna Park como en el Movistar Arena e, inclusive, los encuentros de La Derecha Fest.

La denuncia de la diputada nacional ex libertaria, Marcela Pagano, fue la que dio inicio a esta investigación que busca determinar el origen de los vínculos de Angeletti con las empresas que también tienen contrataciones con organismos estatales.

En el texto judicial se habla de un presunto esquema de relaciones comerciales que configuraría un posible esquema de retorno de fondos públicos. 

El juez Ariel Lijo ordenó el levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa Bettina Angeletti.

El magistrado había dado la orden en marzo para profundizar la investigación y encontrar el origen de los fondos con los que el funcionario pagó los viajes que realizó al exterior junto a su familia.

Esta medida también busca saber si existió algún tipo de irregularidad, ya que los gastos y deudas que mantiene Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

Hasta el momento, y por medio de declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, se dio a cononcer que los gastos en viajes al exterior como las compras de las dos propiedades que posee en el barrio porteño de Caballito como en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, se realizaron desde que inició sus funciones en el Gobierno Nacional.

Además, Lijo ordenó  revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo de Adorni y quien lo acompañó en el último feriado de Carnaval en el vuelo en avión privado a Punta del Este.

Grandio, a través de su productora, ImHouse cerró contratos con la Televisión Pública, que a través de la Secretaría de Comunicación depende de la Jefatura de Gabinete de ministros.

Según informaron fuentes judiciales, la medida sobre el teléfono celular y otras comunicaciones abarca tanto a los contactos de Grandío con Adorni, como los que mantuvo con quien figura como titular de la productora, Horacio Silva.

El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos vinculada al viaje de su esposa en un vuelo oficial a Estados Unidos.

La decisión, adoptada este viernes, se basó en la inexistencia de delito y siguió el criterio de la fiscal Alejandra Mángano, quien había dictaminado a favor del archivo tras analizar las pruebas reunidas durante la investigación.

El expediente se inició el 11 de marzo de 2026 a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón. En su planteo, cuestionó el traslado de Bettina Angeletti —esposa de Adorni- a la ciudad de Nueva York en el avión presidencial junto a la comitiva oficial, al considerar que no cumplía funciones institucionales y que su presencia respondía a motivos personales.

Durante la instrucción, la fiscalía llevó adelante diversas medidas de prueba. Entre ellas, solicitó información a la Secretaría General de la Presidencia, analizó los manifiestos de pasajeros de los vuelos oficiales y revisó los registros de gastos de la Jefatura de Gabinete, incluyendo resúmenes de tarjetas corporativas.

De acuerdo con la resolución, Angeletti no integró formalmente la comitiva oficial, por lo que no requería una autorización administrativa específica. Según lo informado por la Secretaría General, su participación fue en carácter de invitada y “no implicó erogación alguna para el Estado Nacional”.

En relación con los gastos, la fiscalía constató que el alojamiento correspondió a habitaciones dobles sin costos adicionales por acompañantes, y que no se registraron viáticos ni gastos extra atribuibles a la esposa del funcionario. Los consumos detectados en tarjetas corporativas se limitaron a gastos del propio Adorni.

Con estos elementos, el juez concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener la hipótesis de uso indebido de fondos públicos, lo que derivó en el archivo definitivo de la causa.

La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó al juez Daniel Rafecas el archivo de la denuncia por el viaje a Estados Unidos de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial, al no advertir la configuración de delito alguno.

Según surge de la presentación, a partir de informes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete sobre la aeronave y los gastos del viaje, no se verifican los extremos previstos en el artículo 260 del Código Penal ni en otras figuras del Capítulo VII.

Asimismo, el análisis del número de integrantes de la comitiva oficial en relación con la capacidad del avión Boeing 757-200, con 39 plazas, indica que la invitación a Bettina Julieta Angeleti se encuadra en un uso razonable de las facultades discrecionales de la Presidencia.

El dictamen también señala que la decisión carece de entidad para configurar los delitos denunciados, dado que no implicó erogación presupuestaria particular o extraordinaria y que existían más de diez plazas disponibles en cada tramo aéreo entre el 6 y el 11 de marzo.