El Gobierno dio a conocer oficialmente este miércoles que, en caso de una ausencia temporal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el lugar lo ocupará la titular de Capital Humano, Sandra Pettivello o el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Así se indicó en el Decreto N° 130/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, donde se dispuso la sustitución del artículo 9 del Decreto N° 977, que fue publicado el 6 de julio de 1995 y, según explicaron las autoridades, los cambios en la norma tienen el objetivo de “lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública Nacional”.

A partir de ahora, el lugar deberá ser ocupado interinamente por el titular del Ministerio de Capital Humano, actualmente en manos de Sandra Pettovello, mientras que además se indicó que, en caso de que la persona a cargo del Ministerio de Capital Humano no estuviera disponible, el segundo en la sucesión será la autoridad máxima del Ministerio de Defensa que hoy es dirigido por Carlos Presti.

El Gobierno nacional aprobó la creación del Régimen de Identificación y Trazabilidad de Equipajes y Encomiendas en los micros de larga distancia, dejando en manos de las empresas el modo de individualizar las valijas o paquetes con el pasajero propietario.

La medida dispuesta por Resolución 4/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, elimina la obligación de las empresas de transporte de larga distancia de utilizar etiquetas y fajas físicas con diseños predeterminados por el Estado, permitiéndoles elegir libremente los dispositivos documentales y/o tecnológicos para identificar valijas y bultos.

Desde la Secretaría de Transporte aclararon que estos sistemas deben garantizar la seguridad, la inviolabilidad y la vinculación inequívoca entre el equipaje y el pasajero. Además, los sistemas elegidos deben ser compatibles y armonizados con los dispositivos utilizados en la región y en servicios internacionales de países limítrofes.

Los transportistas están obligados a mantener un sistema de conservación y rendición de datos para facilitar los reclamos de los usuarios y la entrega de comprobantes de despacho. En caso de pérdida o deterioro, se mantienen vigentes las indemnizaciones fijadas por la Resolución 47/1995.

Por otro lado, el nuevo régimen establece que aquel equipaje que no cuente con un dispositivo de seguridad identificado no podrá ser ingresado a la unidad de transporte. En estos casos, el pasajero perderá el derecho a cualquier tipo de compensación.

En este marco, el texto oficial derogó el sistema anterior que regía desde 2026 al sostener que "se entiende conveniente dejar sin efecto el régimen anterior y permitir a los transportistas la libre elección de mecanismos que garanticen la trazabilidad".

La normativa se encuadra en los lineamientos del Decreto 70/2023, que busca eliminar restricciones normativas que "distorsionen los precios de mercado" e impidan la "libre iniciativa privada".

A pesar de la desregulación en la manera de identificar el equipaje, el Estado mantendrá la vigilancia sobre el procedimiento. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) seguirá siendo el órgano encargado de fiscalizar.

De esta manera, la CNRT priorizará el control sobre la efectividad de la trazabilidad y la seguridad del dispositivo elegido, dejando de lado la verificación de si el instrumento físico cumple con especificaciones de diseño estatales antiguas.

La medida aplica a servicios públicos de transporte interjurisdiccional, tráfico libre, servicios ejecutivos, turismo nacional e internacional y entrará en vigor dentro de 60 días, otorgando a las empresas un plazo de transición para adaptar sus sistemas.

Las empresas de transporte deberán informar oficialmente a la CNRT y a la Subsecretaría de Transporte Automotor los mecanismos de identificación adoptados, con una antelación de 30 días previos a la entrada en vigencia de la medida. De lo contrario podrán ser sancionadas.

El cambio normativo se suma a la reciente creación del Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, que unificó los registros de servicios urbanos, suburbanos e interjurisdiccionales bajo una misma órbita, simplificando la gestión administrativa del sector.

Las secretarías de Finanzas y de Hacienda autorizaron la emisión de nuevos instrumentos de deuda pública y la ampliación de emisiones existentes por un monto total que supera los 32 billones de pesos y los 3.500 millones de dólares, según se publicó hoy en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 63/2025.

La norma habilita la colocación de cinco nuevos instrumentos en la licitación realizada el 11 de diciembre: una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 17 de abril de 2026 por hasta 8 billones de pesos de valor nominal original; dos letras capitalizables adicionales con vencimientos en noviembre de 2026 y mayo de 2027 por hasta 5 billones cada una; y dos instrumentos con ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) por montos equivalentes.

Paralelamente, la resolución autoriza ampliaciones de emisiones previas: la Letra Capitalizable con vencimiento en mayo de 2026 se amplía hasta 4,3 billones de pesos; la Letra con ajuste CER al mismo vencimiento alcanza los 5 billones; la Letra a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2026 se amplía a 4,8 billones; y la Letra vinculada al dólar estadounidense con vencimiento en abril de 2026 se incrementa hasta 3.555 millones de dólares.

De acuerdo con los considerandos, las emisiones se realizan en el marco del programa de financiamiento del Tesoro Nacional y cuentan con las autorizaciones presupuestarias correspondientes para el ejercicio 2025.

Los instrumentos ofrecen distintos perfiles de rendimiento según su indexación, incluyendo tasas capitalizables determinadas por licitación, ajuste por inflación (CER) y cobertura cambiaria.

El Poder Ejecutivo Nacional designó a los nuevos jefes de los Estados Mayores del Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto, además del Comandante de Operaciones Conjuntas, en una renovación integral de las cúpulas militares publicada hoy en el Boletín Oficial.

Mediante los decretos 885, 886, 887 y 888 de 2025, el Gobierno formalizó las designaciones del Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del General de Brigada Héctor César Tornero como Comandante de Operaciones Conjuntas, del Vicealmirante Juan Carlos Romay como Jefe del Estado Mayor General de la Armada, y del General de División Oscar Santiago Zarich como Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Según los considerandos de las normas, las designaciones se realizaron en función de las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas y de los antecedentes profesionales de los oficiales superiores seleccionados. Los cuatro militares asumen funciones de conducción estratégica en momentos en que el Ministerio de Defensa lleva adelante un proceso de reorganización institucional.

De manera complementaria, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno aceptó mediante el Decreto 884/2025 la renuncia presentada por el Coronel Marcelo Alejandro Rozas Garay a sus funciones en el Ministerio de Defensa, completando así el recambio en las posiciones de mando.

Las designaciones fueron refrendadas por el ministro de Defensa y entraron en vigencia a partir de su publicación oficial.

El Gobierno decidió trasladar el feriado del 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, para reactivar el turismo.

La medida busca estimular el consumo interno y beneficiar a sectores como la hotelería, gastronomía y el transporte.

El Gobierno anunció el traslado del feriado del 12 de octubre, conocido como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, para el viernes 10 de octubre de 2025.

Esta decisión, oficializada a través de la Resolución 139/2025 publicada en el Boletín Oficial, crea un nuevo fin de semana largo de tres días, una medida largamente solicitada por el sector turístico.

Según la resolución, el objetivo de esta acción es "estimular la demanda turística interna" y favorecer a industrias clave como la gastronomía, el transporte y el comercio regional, que han sido afectadas por la crisis económica.

Este cambio es posible gracias al reciente decreto 614/2025, que habilita a la Jefatura de Gabinete a mover los feriados trasladables que coincidan con un sábado o domingo. El decreto aclara que la ley de feriados tenía un "vacío legal" en estos casos y, para resolverlo, se determinó que estos feriados podrán trasladarse al lunes siguiente o al viernes anterior, según lo considere conveniente la autoridad.

Viernes 10 de octubre: Feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado del domingo 12).

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía.

Lunes 8 de diciembre: Feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Feriado por Navidad.

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó la extensión de la receta electrónica al conjunto de las indicaciones médicas entre las que se encuentran medicamentos de prescripción restringida, estudios, prácticas, procedimientos y dispositivos médicos y lo hizo mediante la Resolución 2214/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

De esta manera, se completa el proceso iniciado el 1° de enero pasado con la obligatoriedad de la receta electrónica para medicamentos, en cumplimiento de la Ley 27.553 y, a partir de ahora, todas las órdenes médicas deberán emitirse de forma electrónica a través de plataformas registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS), lo que asegura un sistema unificado, interoperable y trazable en todo el país.

Según informó la cartera sanitaria, para asegurar la sinergia del circuito de digitalización, la normativa vigente establece que los repositorios deben estar abiertos a todas las plataformas o sistemas de prescripción, en función del financiador o cobertura de salud del paciente.

Uno de los principales avances que introduce esta normativa es la implementación de la identificación unívoca y segura tanto del paciente como de cada receta emitida. Para garantizar la correcta identificación de la persona, se utilizará el CUIL como dato principal en todo el sistema de prescripción. A su vez, cada receta contará con una Clave Única de Identificación de Receta (CUIR), que permitirá ubicar cada prescripción de manera precisa y segura, sin alterar ni duplicar los registros originales. Esta clave será fundamental para fortalecer la trazabilidad de los tratamientos y garantizar la transparencia en todo el proceso.

Además, la nueva regulación establece un mecanismo específico para digitalizar las recetas archivadas o de prescripción restringida, como las que incluyen psicotrópicos y estupefacientes. Las plataformas digitales deberán garantizar el resguardo de estas prescripciones durante un plazo mínimo de tres años, asegurando el acceso a la información para tareas de monitoreo y fiscalización.

De esta manera, el sistema de receta electrónica no solo facilita el acceso y la continuidad de los tratamientos, sino que también refuerza el control sanitario y la supervisión del uso de medicamentos sensibles.

Los prestadores y plataformas de servicios de salud tendrán un plazo de 45 días para la identificación unívoca de las recetas, 90 días para la implementación de la solución de prescripción de medicamentos de receta archivada y 120 días para las de receta restringida.

Desde el Ministerio de Salud se coordinarán los aspectos técnicos necesarios con los actores involucrados para facilitar el proceso. Cabe aclarar que, para aquellas situaciones en las que no sea posible su implementación, como ocurre en localidades alejadas o con dificultades de conectividad, seguirá vigente el uso de la receta en papel.

Con esta medida, el Ministerio de Salud de la Nación avanza en la consolidación de un sistema de salud más moderno, eficiente y transparente. La implementación de la receta electrónica refleja el uso de la tecnología al servicio de la integridad, la confidencialidad y la seguridad de la información médica. No solo busca facilitar la vida de las personas, sino también garantizar la trazabilidad, el control y el uso responsable de los recursos públicos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) habilitó el débito automático para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social de empleadores de Casas Particulares.

La medida se estableció mediante la Resolución General N° 5723/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, y estará operativa desde mañana.

Este beneficio permitirá que el empleador no gestione el pago mes a mes, sino que con una única gestión de adhesión, el pago se debite en forma automática.

El objetivo es facilitar el pago oportuno para la cobertura de los trabajadores a lo largo de la relación laboral. La decisión alcanzará aproximadamente a 450.000 empleadores que registran sus pagos mensualmente ante el organismo.

La opción estará disponible para el pago mensual de las contribuciones y aportes patronales, la cuota correspondiente a la Obra Social y a la Aseguradora del Riesgo del Trabajo (ART).

Actualmente, los pagos se realizan de forma presencial mediante el formulario 102/RT o por vía electrónica a través de billeteras virtuales, QR, Homebanking y tarjeta de crédito, previa generación del Volante Electrónico de Pago (VEP).

Cualquiera de estas modalidades implica que el contribuyente deba ingresar cada mes para saldar las sumas previsionales de los trabajadores de Casas Particulares.

La nueva opción de débito automático, mediante una única acción, asegura el cumplimiento puntual y constante de las obligaciones laborales durante toda la relación laboral, evitando omisiones y reduciendo retrasos involuntarios en los pagos a la seguridad social.

1. Acceder al portal de ARCA www.arca.gob.ar con CUIL/CUIT y Clave Fiscal.

2. Ingresar al Registro Especial del Personal de Casas Particulares.

3. Verificar dentro del menú de “Trabajadores” la pantalla de “Trabajadores a cargo”.

4. Hacer click en el botón “Adherir al débito automático”.

5. Seleccionar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) deseada de las previamente cargadas, la que deberá ser de titularidad del empleador.

6. Si se requiere agregar una nueva CBU, el sistema redireccionará al servicio “Declaración de CBU”.

En tanto, para realizar la adhesión por tarjeta de crédito, el trámite deberá ser llevado a cabo a través de la administradora.

El contribuyente verá reflejada la operación en el siguiente resumen.

Previo a acceder al nuevo mecanismo de débito automático, el empleador deberá asegurarse de tener la información actualizada en el registro, tales como la condición del empleado, la cantidad de horas semanales de la relación laboral y la CBU de donde se realizará el débito.

ARCA, si detecta por información propia o de terceros datos desactualizados en el Registro, podrá modificarlos de oficio, identificando los mismos con una marca en el Registro.

Dentro del Registro Especial del Personal de Casas Particulares, el contribuyente podrá visualizar si efectivamente se concretó el pago, así como si hubo algún tipo de rechazo en el intento de débito, como por falta de fondos o cierre de la cuenta.

Para las adhesiones realizadas hasta el último día de cada mes, la obligación se debitará con vencimiento el día 10 del mes siguiente.

Por ejemplo, si la adhesión al débito automático se realiza el día 15 de julio de 2025, el primer débito corresponderá al período devengado en julio con vencimiento el 11 de agosto de 2025.

El Gobierno nacional informó un nuevo ajuste parcial del impuesto a los combustibles que impactará en los precios. El porcentaje de aumento se confirmará en las próximas horas.

Según el decreto 441/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial en naftas se aplicará un incremento de $ 6,620 por litro en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $ 0,405 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.

Para el gasoil, el aumento será de $ 5,346 por litro para el gravamen general, $2,895 para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y zonas específicas del interior del país, y $0,609 por litro por el gravamen al dióxido de carbono.

Asimismo, se decidió posponer incrementos atrasados para amortiguar el impacto sobre los precios de los combustibles que luego inciden en la inflación.

En virtud de este objetivo, las actualizaciones pendientes correspondientes a parte del primer trimestre de 2024 y la totalidad del segundo, tercer y cuarto trimestres de 2024, más el primer trimestre de 2025- se empezarán a aplicar desde el 1° de agosto.

Entre los considerandos se recuerda que existe la obligación de actualizar estos montos trimestralmente y que, en ese marco, las actualizaciones deben efectuarse cada enero, abril, julio y octubre, considerando la variación del IPC suministrada por el INDEC.

De esta forma habrá que ver qué actitud toman las petroleras luego de haber anunciado la semana pasada un alza de 5% en el precio de sus productos por el circunstancial alza del petróleo por la guerra entre Israel e Irán.

Salvo YPF, Puma, Axion y Shell tomaron esta decisión, pero que luego no retrotrajeron cuando bajó el petróleo Brent.

El Gobierno modificó por decreto la ley 25.871 que regula la política migratoria y, según publicó este jueves en el Boletín Oficial, entre los cambios se destacan que se la administración nacional endurece las deportaciones y el acceso a la ciudadanía, mientras que habilita el arancelamiento del sistema sanitario y señala que, si las universidades lo desean, pueden cobrar por el servicio a los extranjeros.

Se trata del DNU 366/2025 y en uno de los artículos indica: "El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social".

"Los extranjeros tendrán derecho, aun cuando su condición migratoria fuera irregular, a ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario, ya sea público o privado; nacional, provincial o municipal, para lo cual su situación migratoria no podrá ser causa de discriminación alguna. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”, señala en otro artículo.

Además, manifiesta que "en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos".

"Por fuera de los supuestos establecidos en los párrafos precedentes, en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el ESTADO NACIONAL, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el MINISTERIO DE SALUD”, añade.

También, expresa: "Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de ´residentes permanentes´, ´residentes temporarios o ´residentes transitorios´.La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES determinará la viabilidad del cambio de la categoría o subcategoría en que los extranjeros fueron originariamente admitidos. Una vez iniciado el trámite correspondiente y hasta su resolución, la Autoridad de Aplicación podrá conceder una autorización de ‘residencia precaria’, la cual será revocada por dicha autoridad cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de hasta NOVENTA (90) días corridos y podrá ser renovada por resolución fundada de la referida autoridad migratoria".

"La residencia a la que refiere el párrafo anterior habilitará a sus titulares a permanecer, egresar, ingresar, trabajar y estudiar durante su período de vigencia en el territorio nacional.La extensión y renovación de la residencia precaria no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada, ni resulta residencia válida a los efectos de acreditar arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente, o para la adquisición de la nacionalidad por naturalización”, agrega.

Asimismo, añade: "Se considerará ´residente permanente´ a todo extranjero que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES una admisión en tal carácter. Al tramitar el pedido de residencia, el interesado deberá acreditar que cuenta con los medios económicos suficientes para subsistir en el país y que no cuenta con antecedentes penales que pudieren motivar el rechazo de la solicitud, todo ello de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación. A los hijos de argentinos nativos, naturalizados o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de residentes permanentes. Las autoridades permitirán su libre ingreso y permanencia en el territorio”.

"Reunificación familiar: ser cónyuge, progenitor o hijo de argentino nativo, naturalizado o por opción; o ser cónyuge, progenitor o hijo soltero menor a DIECIOCHO (18) años no emancipado o mayor con capacidades diferentes, de un residente permanente o temporario, con autorización para permanecer en el país por un máximo de TRES (3) años o por el período de tiempo autorizado a su familiar radicado temporario, prorrogable, con entradas y salidas múltiples. Para su otorgamiento, la autoridad migratoria deberá tener en cuenta el alcance del derecho de reunificación familiar establecido por el artículo 10 de la presente ley”, indica.

En relación a la educación, uno de los artículos señala: "Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. La gratuidad implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos. Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley".

"Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”, añade.

El Gobierno nacional avanzó con la desregulación del mercado de cabotaje marítimo para recuperar la competitividad y sanear la crisis que afronta el sector mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida incluye una serie de modificaciones a las normas vigentes, entre las que están la habilitación para operar con matrícula argentina a buques extranjeros, la posibilidad de que los operadores locales puedan acogerse a banderas de conveniencia, la flexibilización para la composición de la tripulación, la extensión del periodo para que buques internacionales hagan cabotaje y la reducción de restricciones para reparar e inscribir buques.

Al argumentar la política desreguladora del transporte fluvial y marítimo, el Ejecutivo expuso en el texto oficial que “la reforma normativa propuesta por la presente medida para adaptar el sector naval argentino a los estándares de competitividad global e integrarlo de manera más eficiente al comercio internacional resulta indispensable para sanear la situación de crisis actual en la que se encuentra la Marina Mercante Nacional”.

En este sentido, precisó que “la urgencia de la medida se ve acreditada, en tanto persisten regímenes que por excesivos o insuficientes obstruyen el tráfico marítimo comercial y derivan en un incremento de costos significativos en ese sector”, advirtiendo que existe un“contexto en el cual la Marina Mercante Nacional corre el riesgo cierto de desaparecer”.

Ante dicho panorama, consideró que “con la presente medida se evitará el agudizamiento de la crisis en el sector y se generará un beneficio inmediato para la economía nacional, para el sector armatorial, para el comercio exterior y para el nivel de los fletes”.

De esta manera, se aprobó el “Régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional” y se declaró como “servicio esencial la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, de mercaderías, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la normativa en su cuenta de X  asegurando que “el DNU 340/25 con firma de Javier Milei rescata el espíritu constitucional” citando el artículo 26 de la Constitución Nacional en el que se establece que “la navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional”.

En este marco detalló los cambios introducidos para “volver a tener un cabotaje pujante”. En primer lugar manifestó que “lo más importante es que se permitirá el tratamiento de matrícula nacional a buques extranjeros”, explicando que “una barcaza paraguaya, por ejemplo, se podrá matricular en Argentina y operar como una nave local”.

Al respecto, precisó que “deberán ser tripulados por argentinos o extranjeros residentes en los términos del art. 143 de la Ley de Navegación (75% de la dotación), pero se regirán para ese contrato con las leyes de su país de origen”.

En el mismo sentido, puntualizó que se establece “un régimen por el cual los operadores locales también podrán operar con el sistema de cese de bandera que les permite realizar cabotaje bajo otra bandera de conveniencia y también contratar bajo las leyes del país de la nueva bandera”.

Por otro lado, recordó que “la dotación del barco necesitaba un acuerdo del sindicato”, señalando que “era común la extorsión antes de zarpar”, lo que con la nueva normativa se modificó ya que “ahora la dotación la elige el armador, que es quien opera la nave e invirtió en ella eliminando sobrecostos inútiles (esto sin perjuicio de la facultad de la autoridad pública competente (PNA) de establecer la dotación mínima de seguridad)”.

Además, especificó que “se amplía de 30 a 60 días el plazo por el que los buques de tráfico internacional puedan hacer tráfico de cabotaje permitiendo un mayor flujo de tránsito con buques extranjeros” y remarcó que “es insólito que ¡hoy las mercaderías de Tierra del Fuego, por ejemplo, viajan al continente en camión!”.

En otro aspecto, resaltó que en la desregulación también “se facilita la inscripción y baja de buques en la matrícula nacional y se eliminan restricciones para el funcionamiento de  talleres para hacer reparaciones, eliminando sendos cotos de caza de los que sabemos abundan en el país”.

La Secretaría de Energía aprobó este martes un incremento de hasta 5% en el precio de los biocombustibles destinados para la mezcla obligatoria por ley con las naftas y el gasoil, a través de las Resoluciones 195 y 196/2025 publicadas en el Boletín Oficial.

La medida no se da en sintonía con la postergación de la actualización en el valor de los impuestos a los combustibles, en medio de la baja del precio para los consumidores, por lo que este factor seguirá generando presión en los costos del sector, pudiendo trasladarse a los surtidores en las próximas semanas.

De esta manera, el precio mínimo de adquisición del biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil subió un 5%, quedando en $1.251.837 por tonelada, para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de mayo de 2025 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace.

La normativa gubernamental determinó que el plazo de pago del biodiesel no podrá exceder, en ningún caso, los 7 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente.

Por otro lado, el precio mínimo de adquisición por litro del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar trepó 2% y se fijó en $788,181. Mientras que para el precio de adquisición del bioetanol elaborado a base de maíz, Energía dispuso una suba de igual proporción, ubicando el nuevo valor en $722,395.

El documento oficial precisó que el plazo de pago del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y maíz no podrá exceder, en ningún caso, los 30 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente.

Asimismo, aclaró que los nuevos precios fijados “son los valores mínimos a los cuales deberán ser llevadas a cabo las operaciones de comercialización en el mercado interno”.

En los considerandos, se recordó que la secretaría energética está facultada para modificar los precios “tanto en los casos en que se detecten desfasajes entre los valores resultantes de su implementación y los costos reales de elaboración de los productos, o bien cuando dichos precios puedan generar distorsiones en los precios del combustible fósil en el pico del surtidor, esto último lo cual resulta necesario atender en el contexto actual, fijando excepcionalmente precios que se ajusten a dicha necesidad”.

El ajuste en los valores de los biocombustibles es el quinto del año para el biodiesel, ya que en enero, febrero, marzo y abril, el área dependiente del Ministerio de Economía también había aprobado una suba, mientras que para el bioetanol se trata del cuarto aumento en el 2025, sumándose al de febrero, marzo y abril. Durante el primer mes del año, se rigió por los precios fijados en diciembre.

El Gobierno nacional liberó la importación de autopartes con el objetivo de facilitar la competencia y bajar los precios de los componentes.

Lo hizo a través del Decreto 196 publicado hoy en el Boletín Oficial.

“La protección a la industria automotriz, en tanto nos lega peores autos y repuestos, también es responsable de las fatalidades viales”, destacó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El artículo 8 del decreto indica que: “Todos los componentes, piezas, autopartes u otros elementos destinados a los vehículos, acoplados y semiacoplados que se fabriquen o se importen serán de comercialización, producción e importación libre, no requiriendo ningún tipo de autorización previa”.

Añade que “los fabricantes e importadores serán responsables de que cada uno de dichos componentes, piezas, autopartes u otros elementos destinados a los vehículos acoplados y semiacoplados cumplan con las especificaciones”.

Sturzenegger indicó que “las importaciones en serie no requerirán LCM ni LCA si cuentan con certificados reconocidos internacionalmente, reduciendo intervenciones innecesarias del Estado. También se habilita la opción de certificar la seguridad al importar sacando un Certificado de Seguridad Vehicular”.

El ministro indicó que “antes de este cambio, por ejemplo, si se quería importar un auto de venta masiva en EEUU o Europa había que certificar su aptitud como auto y de estándares ambientales, un trámite a todas luces ridículo habiendo sido testeado y autorizado en mercados desarrollados”.

En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno disolvió, a través del Decreto 70/2025, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. 

Según se indicó, esta decisión “responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.

En este sentido, la mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución. Los mismos habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados. 

A partir de la disolución de la Secretaría, también se ratifica la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por el Estado Nacional.

En primer lugar, mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno había definido la disolución y el inicio del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). 

En este caso, la auditoría de Sigen había detectado fallas en el Programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras.

En segundo lugar, también se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Este instrumento había sido utilizado con finalidades políticas y clientelisticas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos. 

En la misma línea, el Gobierno Nacional está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu).

En la norma publicada en el Boletín Oficial, también se definió el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (Sisu), a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de rquitectura, a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Además, el proceso de cierre de la Secretaría será llevado a cabo de manera ordenada y progresiva, asegurando la adecuada transición de responsabilidades a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (Ueet).

“El Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”, indicó la Casa Rosada.

El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la disposición que permite el autoservicio de combustibles en las estaciones de servicio.

El decreto 46/2025 firmado por la Secretaría de Energía reglamenta la posibilidad de que un usuario pueda despacharse nafta y gasoil por si mismo.

Para el Gobierno, la medida impactará en “un precio diferenciado más bajo, con claro beneficio para el consumidor”, ya que las estaciones de servicio tendrán menos gastos.

Se trata de una actividad que está permitida en países como Estados Unidos, Uruguay y Paraguay, además de estados integrantes de la Unión Europea.

El anuncio lo había efectuado el año pasado el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pero recién se oficializó este miércoles con su entrada en vigencia en el Boletín Oficial.

En la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza se dieron pruebas piloto de este nuevo sistema en estaciones de servicio de YPF y Shell, luego de que se expidieran permisos especiales, ya que comenzaron antes de que la norma estuviera reglamentada.

El autoservicio de combustibles no se aplicará, en principio, en provincias como Buenos Aires, La Pampa y Jujuy, donde está prohibido implementar este tipo de servicios, de acuerdo a lo que establecen leyes locales, que restringen la operación de surtidores a personas ajenas al personal de las estaciones de expendio.

La idea de los estacioneros es comenzar a brindar un servicio mixto, en el que se incorporará el autodespecho, pero se mantendrá a los playeros para cargar el combustible de la manera habitual.

El autoservicio puede ser útil para los horarios nocturnos y las pocas fechas en el año en que las estaciones de servicio no funcionan, como Navidad y Año nuevo en ciertos horarios.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) realizó modificaciones en el Manual de Aplicación de la Ley de Etiquetado Frontal, que se encuentra en vigor desde mayo pasado.

Esta medida, que se introduce a partir de dos disposiciones publicadas el jueves en el Boletín Oficial, afecta el cálculo de agregados de grasa, azúcares y sodio y la publicidad de los productos. 

La misma se verá reflejada recién a partir de los próximos días, cuando las fábricas distribuyan alimentos rotulados bajo las nuevas pautas y tiene como fin "adaptar" la normativa a estándares internacionales para "mejorar" la información nutricional disponible para los consumidores.

La nueva reglamentación está basada en el perfil nutricional establecido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aunque con una variante clave: el cálculo de nutrientes excesivos, como grasas, azúcares, sodio y calorías, indicados únicamente los ingredientes añadidos durante la producción, no los intrínsecos de los alimentos.

Los productos etiquetados bajo la normativa podrán mantenerse en circulación hasta agotarse, pero las nuevas adaptaciones serán obligatorias para toda producción futura.

El gobierno oficializó la salida de Florencia Misrahi de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y el nombramiento en su reemplazo de Juan Pazo, que venía desempeñándose como secretario de Coordinación de Producción. Lo hizo a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 1078/2024.

El decreto señala que el despido de Misrahi se debe a que se ha “apartado de uno de los ejes centrales de este gobierno, que es la simplificación del régimen tributario".

Pazo había sido nombrado la semana pasada como Secretario de Relaciones Institucionales de la Cancillería, puesto que ahora dejará y será ocupado por el actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Desde el Ministerio de Economía aún no informaron quien ocupará esta estratégica secretaría que es la que lleva adelante, por ejemplo, todas las licitaciones de deuda pública.

La explicación que surgió desde el gobierno es que Misrahi modificó el régimen de para streamers e influencers, que pasaban a pagar más impuestos.

Pero lo cierto es que la salida de Misrahi comenzó a circular desde la disolución y la creación de Arca, por diferentes motivos. Entre ellos el fuerte recorte de su remuneración que pasaba de $32 millones a $4 millones.

Los movimientos en el área económica no hacen más que seguir fortaleciendo la posición del ministro de Economía, Luis Caputo, que continúa ubicando nombres de su estrecha confianza en lugares clave.

Por el momento continúan en sus cargos los titulares de la DGI, Andrés Vázquez, y José Andrés Velis en la DGA. 

El Gobierno nacional dispuso la disolución de la Afip mediante el decreto 953/2024 y anunció la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), bajo la órbita del Ministerio de Economía. 

Esta nueva entidad tendrá a su cargo la gestión de los recursos tributarios y aduaneros con una estructura simplificada que busca mejorar la eficiencia y especialización en la recaudación y el control aduanero.

La Arca se establece con el objetivo de optimizar los recursos, simplificar funciones y reducir la sobredimensión que había adquirido la estructura de la Afip. 

Según el decreto, la nueva agencia se propone como una solución para mejorar el control tributario y aduanero mediante una operatividad más ágil, en línea con las políticas de reorganización y transparencia administrativa impulsadas por el Poder Ejecutivo.

En complemento, el Decreto 954/2024 designa a Florencia Lucila Misrahi como directora Ejecutiva de la Arca, quien estará a cargo del organismo por un período de cuatro años.

Andrés Edgardo Vázquez asumirá como director General de la Dirección General Impositiva, mientras que José Andrés Velis fue nombrado como director General de la Dirección General de Aduanas. Con estos nombramientos, el Gobierno busca asegurar la continuidad de las funciones esenciales en materia de recaudación y control aduanero en un contexto de reforma del Estado.

La nueva agencia será la responsable de las tareas de fiscalización y recaudación tributaria, así como del control de la seguridad social y las operaciones aduaneras, asumiendo además las funciones y competencias de la disuelta AFIP.

El Gobierno nacional designó a Mario Lugones como flamante ministro de Salud, luego de que su antecesor, Mario Russo, presentara su renuncia alegando “problemas personales".

A través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 857/2024 que lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la administración libertaria oficializó el movimiento de piezas y el desembarco al frente de la cartera del titular de la Fundación Sanatorio Güemes fue anunciado en el Boletín Oficial.

Lo cierto es que el paso de Russo en el ministerio estuvo marcado por algunas discrepancias sobre el manejo del brote de dengue y denuncias por recortes a los medicamentos oncológicos, aunque desde Casa Rosada se encargaron de aclarar que la salida del ex titular de la cartera sanitaria era "por cuestiones personales", y no porque el mandatario lo haya echado.

Luego de casi diez meses de gestión, el hasta entonces ministro alegó “motivos personales” y el pasado jueves presentó la renuncia convirtiéndose en el tercer ministro que se va del Gabinete libertario desde diciembre de 2023, tras las salidas de Nicolás Posse (jefe de Gabinete) y Guillermo Ferraro (Infraestructura).

Por su parte, Lugones fue jefe de clínica de la Unidad Coronaria del Sanatorio Güemes, además médico cardiólogo de Praxis Médica y de la Fundación Favaloro. También se desempeñó como director del Instituto Médico de la Seguridad Social y Evaluación Tecnológica (IMSSET) de la UBA y fue director de la Maestría de Gerenciamiento del Sistema de Salud de la UBA.

Si bien aún no hay fecha establecida para la jura del flamante ministro, aún que no descarta que tenga lugar en los próximos días. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales, aunque sí deberán hacerlo aquellos contribuyentes que deseen obtener los beneficios fiscales que otorga la ley.

La norma rige a partir de la Resolución General 5545/2024 que se publicó hoy en el Boletín Oficial y deriva del Decreto 70/2023 que derogó la ley de Alquileres 27.551.

La resolución marca que desde hoy los propietarios ya no tendrán que inscribir los contratos en el “Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles (RELI)” para su validez.

Al mismo tiempo, la nueva resolución de AFIP establece que los contribuyentes que quieran gozar de los beneficios fiscales en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y en los impuestos sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, sobre los Bienes Personales y a las Ganancias -contemplados en la ley 27.737- deberán declarar sus contratos de alquiler en el RELI antes el 30 de septiembre de 2024 o 15 días corridos posteriores a su celebración.

Los interesados deberán hacerlo a través de la web del organismo. Quienes ya tengan registrados sus contratos no deberán volver a hacerlo, excepto que haya modificaciones o actualizaciones.

En línea con dicha medida los contribuyentes, por medio de la Resolución General Nro. 5547/2024 también publicada hoy, con relación al impuesto a las ganancias, se dispuso la eliminación de la obligación por parte del empleado en relación de dependencia de adjuntar -en el servicio SiRADIG- una copia del contrato de alquiler del inmueble con destino a casa habitación.

Este requisito resultaba necesario para tener acceso a las deducciones del 40% y del 10%, respectivamente, de las sumas pagadas por este alquiler.

Vale recordar que  la AFIP ya derogó el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), el documento que debía emitirse al vender un automotor o motovehículo usado y radicado en el país. Además, en lo que va de la actual gestión, el organismo derogó las resoluciones generales que obligaban a productores agropecuarios a presentar cinco declaraciones juradas al año con su cosecha, y, en el mismo sentido, derogó el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la evaluación de la Capacidad Económica Financiera (CEF) para autorizar importaciones, con el objetivo de facilitar el comercio exterior.

El Gobierno decidió hoy asignar cien mil millones de pesos de fondos reservados a la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), que fue creada hace pocos días y no contaba el presupuesto correspondiente para poder funcionar.

A través del decreto 656 de Necesidad y Urgencia que firmaron el presidente de la Nación, Javier Milei, y todos los ministros del Poder, se dispuso que se le asignara el presupuesto la suma de 100.000.000.000 de pesos para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional.

Además, se estableció el "carácter reservado" de los fondos destinados a la SIDE y se dispuso que comunicará la decisión a la Comisión Bicameral de control de los DNU del Congreso Nacional.

La norma fue firmada también por la canciller Diana Mondino, y los ministros de Defensa Luis Petri, de Economía, Luis Caputo, de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de Seguridad, Patricia Bullrich, de Salud, Mario Russo, de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Desregulación, Adolfo Sturzenegger.

En los fundamentos del DNU se afirma que la decisión se base en que en la actualidad se maneja con un Presupuesto prorrogado de 2023 con lo cual la nueva estructura no tenía previsto estos recursos.

Señala que el decreto 614 dispuso una "una profunda Transformación del Sistema de Inteligencia Nacional con el objeto de crear los mecanismos necesarios para el funcionamiento coordinado entre los diferentes organismos de inteligencia con el fin de proteger la soberanía nacional, preservar el orden constitucional y formular apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales".

Recuerda que se disolvió la AFI y se creó en su lugar la SIDE,  de la cual ámbito funcionarán el Servicio de Inteligencia del Estado, la Agencia de Seguridad Nacional, y la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, como organismos desconcentrados.

Destacó que, por ese motivo, "resulta necesario asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran".

También argumentó que "en atención a la naturaleza del destino de los fondos asignados y que su publicidad afectaría el normal desarrollo de las tareas de los órganos que integran el citado sistema, corresponde establecer su carácter reservado".