Una grave denuncia de violencia institucional sacude al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC): un interno del Establecimiento Penitenciario N°3 (EP3), ubicado en el complejo carcelario de Bouwer, dijo haber sido golpeado de manera brutal.

Los hechos fueron investigados por la jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Carolina Funes, luego de la queja que recibió por parte del interno. Fue la autoridad penitenciaria quien se apersonó ante la Justicia con evidencias y pruebas.

Luego de la denuncia de Funes, el fiscal de la causa, José Mana, ordenó este martes la detención de 10 agentes penitenciarias.

Todas están acusadas de agredir física y psicológicamente a un interno alojado en esa unidad. Fueron imputadas por “severidades y apremios ilegales” y Mana no descarta que alguna de estas acusaciones pueda variar en la medida que avance la pesquisa.

El episodio también fue confirmado por autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, quienes reconocieron la gravedad del caso pero destacaron que la intervención de la Justicia tuvo lugar tras la presentación del propio SPC.

El denunciante es un varón trans que permanece alojado en el penal de mujeres por disposición judicial. “Se trata de una mujer que se autopercibe varón, pero está en el EP3 porque, por su condición, la Justicia indica que debe permanecer ahí”, según indicó una alta fuente del Ministerio.

De acuerdo a lo que pudo establecer este medio, el denunciante presentó ante las autoridades una denuncia por maltrato físico y psicológico por parte de agentes del servicio penitenciario.

El interno habría sido abordado por al menos cuatro guardiacárceles el domingo 23 de noviembre, cuando en el lugar el movimiento cotidiano es más reducido.

En esa emboscada, de la que habrían sido testigo o parte otras seis uniformadas, la víctima habría sido objeto de una fuerte golpiza.

Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad de la prisión.

El hecho fue denunciado por el interno y nueve días más tarde, el pasado martes a las 12.30, la fiscalía de Mana recibió la denuncia. A las 16 fueron diligenciadas las detenciones.

Los investigadores confían en que tienen un cúmulo de pruebas significativo. Una de las más importantes está compuesta por distintas filmaciones presentadas por la propia jefa del SPC.

Además, el varón trans ya fue citado a declarar. “Es muy reciente la investigación, pero se trabajó con el SPC en conjunto, lo que permitió avanzar rápidamente en las determinaciones”, reconocieron los pesquisas.

Desde la fiscalía informaron que el interno se encuentra en “buen estado de salud” y aseguraron que fueron aplicados todos los protocolos durante la valoración forense.

Una organización narco que se dedicaba a ingresar drogas a través de drones a la cárcel de Bouwer fue desbaratada tras 14 allanamientos que concluyeron con diez detenidos.

La investigación que comenzó hace cinco meses y en las últimas horas personal de la Policía Antinarcotráfico realizaron 14 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad de Córdoba, logrando desarticular una organización narco integrada por diez personas que ingresaban drogas y otros elementos prohibidos al complejo penitenciario de Bouwer.

Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que la pesquisa se originó a partir de informaciones aportadas por la Jefatura del Establecimiento Penitenciario de Córdoba, lo que permitió identificar a los principales integrantes de la organización criminal.

“El procedimiento se desarrolló en viviendas ubicadas en los barrios General Mosconi, Liceo Segunda Sección, Ampliación Pueyrredón, San Jorge y Nuestro Hogar III”, indicaron.

Durante el operativo, efectivos del Equipo de Acción Táctica detuvieron a cuatro hombres y cinco mujeres mayores, y una menor.

Tras un minucioso registro de los inmuebles, se secuestraron 6.594 dosis de marihuana y 1.855 de cocaína, seis armas de fuego, 215 municiones, más de $32 millones, 1.300 dólares, cinco vehículos, cuatro motos, una moto de agua, seis drones y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. El valor total de los elementos incautados asciende a $243.367.680.

“Cuatro de los investigados fueron detenidos en un peaje sobre la Ruta Nacional 36, donde pretendían realizar una entrega en el interior del complejo penitenciario. En dicho procedimiento, se secuestró uno de los drones y paquetes armados de drogas”, describieron.

Durante la investigación se logró constatar cuál era el modo operativo de la organización, el cual consistía en “preparar los paquetes con estupefacientes, celulares y cables USB —elementos de alto valor dentro del ámbito carcelario—, los cuales eran luego transportados con drones para ser lanzados por vía aérea al penal”.

A raíz de este accionar, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico diligenció 123 órdenes de allanamiento dentro del complejo penitenciario, donde efectivos del Servicio Penitenciario de Córdoba realizaron las diligencias correspondientes en cinco pabellones, con el objetivo de profundizar la investigación y determinar posibles vínculos internos con la organización desarticulada.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno a cargo de Carlos Cornejo y de la Secretaría de Investigación y Juicio para causas vinculadas a Organizaciones Criminales, a cargo de Federico Kosciuk, los detenidos fueron trasladados junto con los elementos incautados a sede judicial, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes.

Un interno murió el pasado domingo en la Cárcel de Bouwer de Córdoba, donde se encontraba internado, y desde la Justicia se esperan los resultados de la autopsia para determinar qué fue lo que sucedió.

En principio, según pudo averiguar La Voz en base a fuentes investigativas, el hombre “no presentaba heridas ni golpes”. Aparentemente, tenía problemas de salud previos.

De todos modos se espera la autopsia.

El Servicio Penitenciario de Córdoba emitió un breve comunicado en el que se indicó que la muerte se produjo el pasado domingo y que se aportaron “todos los elementos probatorios que pudieran estar relacionados con el mismo hecho ante la Fiscalía correspondiente”.

“La presentación ante la Justicia se produce debido a que, cuando ocurren este tipo de sucesos dentro de un establecimiento penitenciario, es considerado de ‘etiología dudosa’ hasta tanto sean determinadas, clínica y legalmente, las causas del deceso”, señala el comunicado.

También se indicó que se actuó “conforme a lo que garantizan los protocolos internos y los protocolos internacionales de Estambul y Minnesota”.

Se indicó que las autoridades penitenciarias remitieron la novedad al Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba.

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora presentó el proyecto del Campus Papa Francisco, un establecimiento que se levantará en el predio del actual Complejo Esperanza, en Bouwer, destinado a alojar a adolescentes con medidas privativas de la libertad. La obra, con una inversión provincial de 18.672.675.012 pesos y un plazo de ejecución de un año, abarcará 6.500 metros cuadrados cubiertos en un terreno de 28.000 metros.

El complejo contará con cinco unidades habitacionales con capacidad para 25 jóvenes cada una, permitiendo un abordaje en grupos reducidos y en línea con los paradigmas modernos de atención integral. Además, dispondrá de espacios verdes, áreas deportivas, salas de residencia, salud, apoyo administrativo y sectores para actividades socioeducativas y de capacitación en oficios.

“Esta obra va a la profundidad de la recuperación de los jóvenes, para darle una segunda oportunidad a aquellos que no tuvieron la primera”, expresó Llaryora. El mandatario defendió la decisión de avanzar en un proyecto de este alcance “en un momento donde prima el individualismo”, y remarcó: “Nuestro objetivo es que los números cierren con la gente adentro, especialmente con los que menos voz tienen”.

La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, sostuvo que el Campus es “una gran inversión acompañada de múltiples acciones para lograr una verdadera política de Estado” y destacó que “llamar Papa Francisco a este conjunto de unidades es un acto de memoria y compromiso”. Por su parte, el ministro de Infraestructura, Fabián López, señaló que se trata de una obra “que no se realiza con frecuencia; hacía 30 años que no se encaraba un proyecto de estas características”.

El complejo estará bajo la órbita de los ministerios de Desarrollo Humano y de Infraestructura y Servicios Públicos, y sumará mejoras en accesibilidad gracias a la pavimentación del Camino a 60 Cuadras, recientemente anunciada.

Llaryora subrayó también el rol de los trabajadores que se desempeñan en la contención de jóvenes: “Es una tarea que requiere un corazón especial, la voluntad de no rendirse y de entender que su trabajo recupera vidas y salva vidas”.

En el Complejo Carcelario N° 1 “Francisco Luchesse” de Bouwer se disputó este martes el Tercer Torneo de Rugby en Establecimientos Penitenciarios de Córdoba, que reunió a internos de los penales de Córdoba, Río Cuarto, Cruz del Eje y San Francisco. Los jugadores, formados en el patio del Módulo 2, compartieron un momento de oración antes del inicio de la competencia.

El certamen fue presentado como una instancia para promover valores, integración y oportunidades de reinserción social a través del deporte. En este marco, el ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López, destacó un hecho inédito ocurrido en la cárcel de San Francisco: por primera vez se conformó un pabellón sin diferenciar por delitos ni por reincidencia, sino únicamente por pertenecer al mismo equipo de rugby. “Hoy es un ejemplo para toda la provincia”, afirmó, y señaló que en las unidades donde se desarrolla esta disciplina la reincidencia bajó del 70% al 5%.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el recuerdo al juez federal Pablo Gustavo Montesi, impulsor del proyecto, fallecido en agosto de 2024. El vicepresidente de la Agencia Córdoba Deportes, Luis Calvimonte, resaltó la importancia de su compromiso y expresó que la imagen de los internos abrazados cantando el himno “contagia alegría en un momento tan lindo como es el deporte”.

La vicepresidenta de la Cámara Federal de Apelaciones e hija del magistrado, Graciela Montesi, también se dirigió a los presentes. “Hoy no estoy como funcionaria, sino en representación de Pablo, porque para él esto era muy importante. Comenzó a hacerlo realidad, dio mucho de su vida para que exista, y verlo continuar me pone muy contenta. Me permite sentirlo mucho más cerca”, dijo con emoción.

El torneo, en el que ofició de local el equipo de Bouwer “Proyecto Ruaj”, contó con la participación de los cuatro establecimientos penitenciarios y fue presentado por las autoridades como una muestra de que la práctica deportiva puede ser parte de un tratamiento penitenciario integral.

Tres presos incendiaron colchones en el penal de Bouwer en Córdoba y debieron ser internados tras sufrir intoxicaciones por el humo. El incidente se dio en medio de una protesta de reclusos que habían ingresado a la cárcel hace pocos días.

El incendio tuvo lugar este miércoles en la celda N° 24 del Centro Operativo de Diagnóstico (COD), del Complejo Carcelario N°1 “Rdo. Padre Luchesse” de la localidad de Bouwer cuando tres presos comenzaron una protesta, la cual derivó en el posterior incendio de colchones para desatar el caos.

La situación recién logró controlarse cuando personal de la cárcel acudió a mitigar las llamas y atendió a los presos, quienes resultaron intoxicados por lo que fueron trasladados al Instituto del Quemado para su observación.

“El personal de la fuerza debió intervenir para neutralizar un foco de fuego protagonizado por tres condenados que estaban alojados”, detalla un comunicado al que accedió el medio El DoceTv.

Las autoridades anunciaron que los protagonistas no tuvieron lesiones de gravedad, motivo por el cual fueron dados de alta.

Tras regresar al penal, se les labraron las actuaciones correspondientes a la Unidad Judicial N° 23.

Por instrucción de la Fiscalía del Distrito 3 Turno 1, a cargo de Andrés Godoy, el juez de Control Número 5, Carlos Lezcano, diligenció 25 órdenes de allanamiento en el Pabellón A1 del módulo MX1 de la Cárcel de Bouwer, en el marco de las cuales se incautaron 42 teléfonos celulares, que estaban en posesión de internos.

"La pesquisa se inició luego de advertir que diferentes reclusos alojados en ese establecimiento penitenciario a disposición de la fiscalía, realizaban distintos posteos en redes sociales, algunos de los cuales incluían la toma de imágenes fotográficas dentro de la propia penitenciaria", detalló el Ministerio Público Fiscal.  

Se explicó oficialmente que el diligenciamiento de la medida se llevó a cabo bajo la supervisión de funcionarios de la fiscalía constituidos en el lugar y tuvo una duración aproximada de nueve horas.

La investigación continúa y avanza con más medidas de prueba, que tienen por fin deslindar responsabilidades y definir imputaciones.

Tras una denuncia anónima, por orden del fiscal José Alberto Mana, a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 3, se practicaron este viernes 25 allanamientos en el Complejo Carcelario de Bouwer.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron 14 celulares, nueve cables USB, cuatro fuentes de alimentación, un auricular con cable y un auricular inalámbrico, siete puntas tipo serrucho y cuatro plaquetas de fuentes de alimentación.

El operativo fue realizado por la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 31 junto a personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia de Córdoba, con la colaboración de personal del Servicio Penitenciario.

Las actuaciones se iniciaron a partir de un dato anónimo recibido por la Fiscalía de Instrucción interviniente, por el que se ordenaron diversas medidas investigativas, que concluyeron con las órdenes de allanamiento.

"Por el resultado positivo de los procedimientos, la investigación continuará con las medidas investigativas que resulten pertinentes", indicó el Ministerio Público Fiscal.

Como parte de los operativos de seguridad, control y requisa al personal penitenciario, ordenados por la Dirección General de Seguridad, con refuerzos de personal de la sub Dirección General de Control de Conducta y Gestión Penitenciaria y de personal del GEAR (Grupo Especial Antinarcotráfico y Requisa), este lunes se procedió al secuestro de aparatos de telefonía celular que intentaban ingresar empleadas penitenciarias a la cárcel de Bouwer en Córdoba.

Durante el operativo de seguridad, se descubrió que una empleada, Subayudante  Enfermera, intentaba ingresar al establecimiento penitenciario dos cajas con teléfonos celulares y accesorios en su mochila. 

Posteriormente, en el registro del vehículo se encontró otro teléfono en el portaobjetos de la puerta del conductor y la agente entregó un tercer teléfono que ocultaba en el bolsillo derecho de su campera antes de que se revisara su vestimenta.

Anexo a esta situación, se constató que la operadora del scanner, Subadjutor Auxiliar, de bolso del Grupo de Ópera Escáneres y Monitoreo no advirtió y por ende no dio aviso respecto a los dos teléfonos celulares que estaban en el interior de la mochila de la agente. 

Como parte del protocolo, se controló la imagen del scanner siendo claramente visible la imagen de la plaqueta electrónica de los teléfonos celulares. 

Como resultado de esto, también quedó a disposición la operadora del scanner.

Inmediatamente después de haber procedido al secuestro de los equipos se dio participación de lo sucedido a la subdirección general de Control de Conducta y Gestión Penitenciaria y a la secretaría de la Fiscalía Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de Feria, resultando ambas empleadas detenidas por "encubrimiento".

Como parte de la diversificación de herramientas que promueven la reinserción social de internos carcelarios, más de cien internos provenientes de cuatro complejos carcelarios de la provincia de Córdoba participaron de un encuentro de rugby el miércoles en el penal de Bouwer. Los complejos participantes incluían unidades de San Francisco, Cruz del Eje, Río Cuarto y Córdoba Capital. 

El evento contó con la presencia del ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y del presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri. Durante el encuentro, se enfrentaron en partidos amistosos los equipos "Los Caranchos", "Los Leones de Judá", "Las Águilas del Imperio" y "Ruaj". 

El equipo sanfrancisqueño, Los Caranchos, se consagraron campeones.

“Es más que una competencia, constituye una superación personal en este contexto donde están recuperándose para reinsertarse en una sociedad que los está esperando”

En el marco de este evento, el ministro y el presidente de la agencia de deportes firmaron un convenio de colaboración institucional para fomentar la práctica deportiva entre los internos. López destacó: “El deporte ayuda a reparar el daño y emula muchas cosas que pasan en la sociedad. Vivimos en una sociedad muy individualista, muy fragmentada, con mucha violencia, en todo sentido, y el deporte ayuda a igualar y equiparar, a través de los valores, y a reparar los daños que tiene la sociedad de por sí”.

Por su parte, Calleri expresó su pasión por el rugby y los valores que este deporte promueve, como el compañerismo, la disciplina y el respeto. “Todo eso lleva a que la vida sea mejor”, afirmó.

El secretario de Organización Penitenciaria, Gustavo Vidal Lascano, también manifestó su satisfacción al inaugurar este encuentro. “Es más que una competencia, constituye una superación personal en este contexto donde están recuperándose para reinsertarse en una sociedad que los está esperando”, dijo.

Acompañaron el evento diversas autoridades, incluyendo al presidente de la Unión Cordobesa de Rugby, Pablo Carballo; el juez federal Pablo Montesi; y el fiscal general del T.O.F., Carlos Gonella, entre otros.

Este tipo de iniciativas buscan no solo fomentar el deporte, sino también ofrecer a los internos una oportunidad de desarrollo personal y de preparación para su reinserción en la sociedad.

Un camión proveedor de carne del complejo de Bouwer intentó ingresar a la cárcel, ubicada en las afueras de la ciudad capital de la provincia, un cargamento oculto de drogas, pastillas psicofármacos, celulares y bebidas alcohólicas, entre otros enseres no permitidos. 

La noticia repercutió con fuerza en los últimos días de un año en el que los escándalos de corrupción en el Servicio Penitenciario cordobés determinaron la detención de sus máximas autoridades y la intervención del organismo por parte del gobernador Llaryora. 

Como se conoce, con la aparente complicidad de ex altos funcionarios del ente que regentea los establecimientos carcelarios en Córdoba, se producían una serie de situaciones irregulares que iban desde el ingreso de elementos no permitidos a los penales, la generación de zonas liberadas para que se sigan cometiendo delitos a través de la telefonía celular y el tráfico de influencias.

La prensa de toda la provincia ha informado que los investigadores, comandados por el fiscal Gavier, detectaron presuntas maniobras de los imputados, entre ellas, falsificar informes de conducta de los presos a cambio de dinero; pedían el pago en dólares, tanto a los reclusos como a sus familiares. Los reportes que falseaban son claves para la obtención de libertades anticipadas y condicionales. Además, autorizaban mejoras en las condiciones de alojamiento en las celdas, también por dinero.

Por estos episodios, la Justicia ordenó la detención de altos jefes del Servicio Penitenciario, lo que –como es lógico suponer- provocó un alto impacto en la opinión pública. Por cierto, serán los tribunales los que determinarán las responsabilidades del caso. Pero no deja de causar sorpresa y, también, desasosiego el hecho de que estas supuestas actividades fuera de la ley fueran admitidas, y protagonizadas en algunos casos, por quienes tenían la misión de velar por el cumplimiento efectivo de las condenas de quienes han delinquido y garantizar la seguridad de la población. 

El hecho del camión es un eslabón nuevo que parece confirmar la existencia de un ámbito favorable a la corrupción en esferas muy delicadas. Porque el sentido común indica que la trama de complicidades no se agota en los conductores del vehículo requisado. Y no solo porque la lógica así lo establece. Las investigaciones que sacudieron al Servicio Penitenciario en los últimos meses constituyen un antecedente ineludible. 

En este contexto, era imprescindible y, asimismo, es saludable que la intervención dispuesta por el gobernador en el Servicio Penitenciario haya dispuesto medidas que tengan como objetivo desbaratar estas maniobras. Se impone que se mantengan en el tiempo para evitar que se repitan. Por lo mismo, la ciudadanía espera que se destruya la trama delictiva que parece haber funcionado en la cárcel Bouwer y en otros establecimientos penitenciarios. Y que la Justicia haga su trabajo con presteza.  

Personal del Grupo Especial Antinarcótico y Requisa (GEAR) secuestró hoy distintos tipos de drogas, teléfonos celulares y bebidas alcohólicas dentro de un camión que iba a ingresar a la cárcel de Bouwer, ubicada en las afueras de esta ciudad de Córdoba.

El hallazgo se produjo durante una revisión de rutina, en un vehículo que transportaba carne, aunque en el interior había otros elementos, tras lo cual fueron arrestados el conductor del vehículo y su acompañante.

Durante el operativo, en el cual también intervino la Fuerza Policial Antinarcótico se secuestraron 1,8 kilos de marihuana, 14 gramos de cocaína, una veintena de piscofármacos, siete celulares, cargadores y auriculares.

El operativo tuvo lugar pocos días después de que fueran removidas las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial, y por el cual están siendo investigadas por incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. Por su parte, el gobernador Martín Llaryora designó al ex fiscal Gustavo Vidal como interventor del organismo.

El penal, inaugurado en 2004, está ubicado en las afueras de la capital provincial, en el paraje conocido como "Alto Durazno", sobre la Ruta Nacional número 36.