En el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico, se concretó en la ciudad de Frontera la inactivación del décimo búnker de venta de estupefacientes, ubicado en un inmueble de calle 108 al 265, lugar donde el pasado 22 de octubre fue asesinado Federico Bazán y otro hombre resultó gravemente herido de arma de fuego.

El procedimiento fue supervisado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Según se informó oficialmente, el domicilio había sido allanado en reiteradas oportunidades por su vinculación con la comercialización de drogas y otros delitos asociados.

El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, explicó que el lugar “había sido intervenido en varias ocasiones, siempre con resultados positivos en cuanto al secuestro de estupefacientes, armas de fuego y la detención de personas”. En ese sentido, remarcó que se trataba de un punto crítico para la seguridad del sector.

El funcionario confirmó además que ese inmueble fue escenario de hechos de extrema gravedad. “Este domicilio estuvo relacionado con un homicidio y con personas heridas por armas de fuego. Lo que buscamos con estas intervenciones es reducir este tipo de situaciones y devolver tranquilidad a los vecinos de Frontera”, afirmó Montenotte.

Por el crimen de Bazán, la causa judicial cuenta con dos hombres detenidos como presuntos coautores y una mujer imputada como presunta cómplice, bajo investigación del MPA.

En esta oportunidad, las autoridades avanzaron con la inactivación definitiva del lugar mediante su cierre total y el tapialado del inmueble, impidiendo que vuelva a ser utilizado como punto de venta de drogas. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad aclararon que la medida apunta a desarticular el circuito del narcotráfico barrial y a recuperar espacios que habían quedado asociados a la violencia.

La intervención en Frontera se inscribe en el alcance provincial de la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura santafesina y promulgada a fines de 2023 por el gobernador Maximiliano Pullaro. A partir de su implementación, ya son 99 los búnkeres de venta de estupefacientes inactivados en distintos puntos del territorio provincial.

 Los operativos se desarrollan de manera coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial y la Policía de Santa Fe, con el acompañamiento de los gobiernos locales. El objetivo, según remarcan desde el Ejecutivo, es atacar la venta minorista de drogas y reducir los niveles de violencia que se generan en torno al narcotráfico.

En el barrio El Eucaliptal, en la ciudad de Frontera, epicentro de conflictos asociados al narcotráfico, este miércoles, en el marco de la Ley de Microtráfico, fueron derribados cuatro búnkeres utilizados para la venta de drogas y relacionados con violencias altamente lesivas.

Las demoliciones, autorizadas por el juez Nicolás Stegmayer a pedido de fiscales, se concretaron en un predio de unas siete hectáreas que, según las autoridades, “fue tomado por el narco y hoy empieza a ser devuelto a los vecinos”.

El fiscal Franco Carbone subrayó que ya son nueve los búnkeres inactivados en Frontera y más de 80 en toda la provincia. “El Eucaliptal es un ejemplo del trabajo conjunto que venimos realizando para recuperar espacios públicos y garantizar la seguridad de las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, destacó que en esos lugares se realizaron allanamientos con secuestro de estupefacientes y detenciones. “Eliminar estas estructuras es un paso clave para impedir que sigan funcionando como centros de venta y violencia”, señaló.

Autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Fiscalía Regional y del municipio acompañaron los trabajos, que buscan transformar El Eucaliptal en un espacio libre de narcotráfico y violencia, en beneficio de toda la comunidad fronterense.

La Policía Federal Argentina (PFA) concretó el derribo e inactivación de un inmueble utilizado como punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Frontera.

La medida se realizó este miércoles en calle 102 esquina Calle 13, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

El procedimiento fue impulsado por el fiscal regional Nº 5 de Rafaela, Carlos Vottero, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de la Ley Provincial N.º 14.239 de Microtráfico. La División Antidrogas San Francisco, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, llevó adelante las tareas operativas que permitieron reunir las pruebas necesarias para avanzar con la demolición.

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El inmueble había sido allanado en dos oportunidades. En la más reciente, realizada el 2 de octubre, se secuestró una importante cantidad de dosis de clorhidrato de cocaína destinadas al comercio minorista. A partir de estos resultados, la fiscalía interviniente solicitó la inactivación del lugar, al considerar que su estructura era utilizada exclusivamente para la venta y consumo de drogas, representando un riesgo permanente para los vecinos.

La demolición se concretó en el barrio San Luis, con la participación del fiscal Vottero, las fiscales Fabiana Bertero y Franco Carbone, el intendente Oscar Martínez, funcionarios del MPA, y efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Con este accionar, la PFA reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico, en coordinación con las autoridades judiciales y provinciales, para recuperar espacios públicos y garantizar mayor seguridad en las comunidades del centro del país.

Bertero afirmó que “el inmueble había sido cooptado para la actividad ilícita y no tenía residentes permanentes, sino que funcionaba como ‘aguantadero’ de personas vinculadas al microtráfico y delitos conexos”. En tal sentido, mencionó que “solicitamos la demolición luego de dos allanamientos en los que se secuestraron dosis de estupefacientes para vender al menudeo y fueron detenidos dos hombres que están imputados en el marco del legajo penal”.

Por su parte, Carbone subrayó que “la inactivación de este búnker es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, la Fiscalía Regional 5 y el Ministerio de Justicia y Seguridad”.

En tanto, Vottero indicó que “el procedimiento que se llevó a cabo hoy tiene un fuerte valor simbólico en la comunidad”. Según remarcó, “es una señal clara de que el Estado está trabajando para recuperar el control territorial y llevar tranquilidad a lugares en los que primaba la violencia extrema”.

Este jueves en Frontera fue demolido un inmueble identificado como un punto de microtráfico de drogas y escenario de hechos violentos. La construcción, ubicada sobre calle 96 entre 9 y 11, estaba a escasa distancia de instituciones religiosas, sociales y de salud, lo que sumaba preocupación en la comunidad.

La medida fue autorizada por el juez de Rafaela Nicolás Stegmayer, a partir de un pedido de la fiscal Fabiana Bertero, el fiscal Franco Carbone —del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General— y el Fiscal Regional Carlos Vottero. El procedimiento se enmarca en los Objetivos Priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe dentro de su Plan de Persecución Penal.

En el operativo participaron el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenote; y el intendente de Frontera, Oscar Martínez.

El fiscal Carbone afirmó: “La construcción que se derribó hoy era un centro de distribución de violencias” y la calificó como un “lugar emblemático” por su relevancia en hechos delictivos de gran impacto en la ciudad. Según detalló, en los últimos diez meses se realizaron cinco allanamientos y diez procedimientos vinculados a violencias altamente lesivas, con secuestro de armas, drogas, balanzas de precisión y detenciones por tentativas de homicidio, portación de armas y un homicidio concretado.

Carbone remarcó que el lugar “era inhabitable” y que su única función era servir como boca de expendio de estupefacientes.

Por su parte, Vottero subrayó que la demolición fue resultado de la audiencia de cese de estado antijurídico realizada un día antes. También advirtió que el búnker estaba en una zona con intensa actividad social, próxima a escuelas e iglesias, y vinculado a hechos de extrema gravedad, incluido el homicidio de Zamir Torres, el niño de 4 años baleado el padado 9 de julio en Frontera.

El derribo busca no solo desactivar un punto de delito, sino también enviar un mensaje de recuperación del espacio urbano para la comunidad.

En un operativo llevado a cabo durante la mañana del jueves, personal de la Unidad Regional V y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe demolieron un "búnker" utilizado como punto de venta de drogas en la ciudad de Frontera. Con la intervención de una topadora y trabajadores especializados, se procedió a desmantelar la estructura ubicada en el barrio Colegiales, en la zona conocida como Los Eucaliptos.

Este sitio había sido inspeccionado la semana pasada, cuando policías que realizaban tareas de chequeo se encontraron con personas faenando clandestinamente dos animales vacunos robados de un campo en Josefina. Durante ese episodio, dos hombres dispararon contra los oficiales, mientras que un tercero fue detenido y permanece bajo prisión preventiva.

Además de la demolición en barrio Colegiales, las autoridades inhabilitaron otro búnker señalado por investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el barrio San Javier, también en Frontera. Estas medidas fueron ordenadas tras investigaciones lideradas por la fiscal Fabiana Bertero con el respaldo del fiscal regional, Carlos Vottero y resoluciones del Dr. Nicolás Stegmayer. Pese a múltiples allanamientos y detenciones previas, estos lugares se mantenían como centros activos de venta de estupefacientes.

El ministro de Seguridad santafsino, Claudio Brilloni, se hizo presente en el operativo y destacó: “Estamos en Frontera inaugurando un nuevo capítulo de la Ley de Microtráfico. Luego de un trabajo conjunto entre el MPA y nuestra Policía de Investigaciones, se realizaron allanamientos, detenciones y las primeras tres inactivaciones de búnkers en esta ciudad”.

Por su parte, el fiscal Federico Carbone señaló: “Es un hecho histórico para Frontera. Desde el equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, junto al fiscal regional Vottero y la fiscal Bertero, avanzamos en una investigación que nos permitió desactivar tres centros de violencia en la localidad”.

Con estas intervenciones, ya son 42 los puntos de venta de drogas inhabilitados o demolidos en toda la provincia desde el inicio de 2024. Estas acciones son parte de un trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el MPA, la Justicia provincial, la Policía y los gobiernos locales.

La Ley de Microtráfico, aprobada a fines de 2023, habilita a los fiscales provinciales a investigar y desactivar puntos de venta de drogas, competencia que anteriormente recaía en la Justicia Federal. Mientras esta última sigue encargándose de perseguir las cadenas superiores del narcotráfico, las autoridades provinciales se concentran en la inutilización de los puntos de comercialización directa.