El Gobierno de Córdoba consideró "aceptable" el acuerdo alcanzado con la Nación para incrementar en 5.000 millones de pesos mensuales las transferencias destinadas a la Caja de Jubilaciones provincial, aunque remarcó que el entendimiento no salda la deuda en discusión judicial.

El anuncio fue realizado el martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) elevará a 10.000 millones de pesos mensuales los envíos a Córdoba.

El titular de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele, señaló que el entendimiento "es un acuerdo aceptable", aunque aclaró que "no cubre todas las expectativas ni las prestaciones que tiene la provincia y que reclama enfáticamente ante la Corte".

Según precisó, la deuda correspondiente a los períodos 2023-2024 —actualmente judicializada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación— asciende a aproximadamente un billón de pesos, de acuerdo con los cálculos actualizados. 

El refuerzo comenzará a regir desde mayo y las transferencias se efectuarán a partir del día 20 de cada mes. El convenio deberá ser aprobado por la Legislatura provincial.

En cuanto al destino de los nuevos fondos, Daniele indicó que la definición corresponde al Poder Ejecutivo y que será el gobernador Llaryora quien informe oportunamente cómo se aplicarán los recursos.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, participó del aniversario de la Fundación Mediterránea en Córdoba, donde confirmó que la Nación duplicará los envíos mensuales a la Caja de Jubilaciones provincial y defendió las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

En diálogo con La Voz del Interior, el funcionario aseguró que el acuerdo con la administración de Martín Llaryora ya está cerrado. “Ya tenemos acordado con Córdoba la asistencia por la Caja de Jubilaciones. Acordamos que serán 10 mil millones mensuales. Nos hemos puesto de acuerdo”, afirmó.

Actualmente, la Anses gira $ 5 mil millones por mes y, desde mayo, ese monto se elevará a $ 10 mil millones. El entendimiento se da en el marco de una negociación supervisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que interviene ante dos demandas presentadas por Córdoba por deudas previsionales. Mientras se concilian los balances del período 2019-2024 y se determina el monto total adeudado, la Nación continuará con pagos a cuenta, ahora con un incremento del 100%.

Caputo valoró además la relación institucional con la Provincia. “Seguimos trabajando muy bien con el equipo del ministro Guillermo Acosta”, señaló, y agregó que el Gobierno nacional continuará acompañando a las provincias en la toma de deuda: “Nosotros colaboramos y ellos también nos ayudan”.

Durante su exposición ante más de 600 empresarios, el ministro defendió la reforma laboral al sostener que apunta a “eliminar distorsiones” que desalientan la contratación. En ese sentido, afirmó que el alto costo y la incertidumbre ante un despido frenan la generación de empleo formal.

En materia cambiaria, ratificó la continuidad de las bandas y aseguró que la acumulación de reservas “supera lo comprometido con el FMI”. También negó una apertura importadora descontrolada al afirmar que “no hay un boom de importaciones”.

Al iniciar su discurso, Caputo destacó que el Gobierno redujo el gasto público “un 30% en términos reales” y eliminó “cinco puntos de déficit fiscal en un mes”. “Sin afectar la propiedad privada, sin default ni planes Bonex, sino por determinación”, subrayó.

Finalmente, sostuvo que el objetivo oficial es ganar competitividad sin recurrir a devaluaciones, sino a través de la baja de impuestos, regulaciones y la promoción de inversiones privadas.

El legislador por el departamento San Justo, Gustavo Tevez, solicitó una licencia por 6 meses en la Legislatura de Córdoba para asumir como director general de Coordinación y Vinculación Institucional en la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de la provincia. La decisión se inscribe en la gestión del gobernador Martín Llaryora, en un contexto de reclamos por la sostenibilidad del sistema previsional y la mejora de la atención a los jubilados.

En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, Tévez remarcó que su tarea principal estará centrada “en escuchar y dialogar con los distintos actores que integran el sistema previsional, cumpliendo un rol de nexo entre la Caja y los beneficiarios”, con el objetivo de canalizar inquietudes y acercar soluciones.

El exintendente de Brinkmann explicó que su incorporación responde a una invitación del gobernador para colaborar en un área sensible de la administración provincial, atravesada por demandas estructurales que afectan a los sistemas previsionales en todo el país.

Desde su nuevo cargo, el dirigente sanjustino se sumará al equipo técnico que encabeza Adrián Daniele, presidente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, con funciones orientadas a la articulación institucional y el vínculo con gremios y jubilados.

“Me voy a sumar a la articulación entre la Caja, las entidades gremiales y los beneficiarios. Escuchar, tomar inquietudes y transmitirlas para ver de qué forma, entre todos, vamos buscando soluciones”, señaló Tevez.

Uno de los ejes de su gestión será el fortalecimiento de la atención presencial y el asesoramiento personalizado, una demanda que se profundizó tras los cambios implementados luego de la pandemia.

“Hay trámites que funcionan muy rápido, pero siempre queda alguien que necesita un asesoramiento más personalizado. Uno de mis trabajos va a ser ese”, afirmó, al destacar la importancia de recuperar la cercanía de la Caja con los jubilados.

En ese sentido, sostuvo que existe una decisión política de mejorar la calidad de atención y garantizar que los beneficiarios encuentren respuestas claras y accesibles.

Tevez también se refirió al convenio vigente con el Estado nacional, que comenzó a regir en abril de 2025 y deberá renovarse en 2026. Según explicó, ese acuerdo implicó un principio de reconocimiento de la deuda que Nación mantiene con Córdoba, lo que permitió avanzar en mejoras concretas para los jubilados provinciales.

“Esos fondos permitieron mejorar las jubilaciones mínimas, llevarlas de $700.000 a $800.000”, detalló. Además, señaló que se logró recuperar el 82% para cerca de 50.000 jubilados y sacar del artículo 58 a unos 10.000 beneficiarios, con una mejora significativa en sus ingresos.

Durante sus dos años como legislador por el departamento San Justo, Tevez desarrolló una intensa actividad parlamentaria, con asistencia perfecta en sesiones y comisiones, combinando el trabajo legislativo con una fuerte presencia territorial.

Al repasar ese período, subrayó la complejidad del departamento y la responsabilidad de representarlo: “Nuestro departamento es grande, con muchas localidades y muy exigente”, afirmó, recordando su experiencia de 12 años como intendente de Brinkmann.

En el plano legislativo, impulsó proyectos vinculados a la educación vial sistemática, la regulación de la equinoterapia y terapias asistidas para personas con discapacidad, y otras iniciativas surgidas de demandas concretas del interior. También acompañó leyes estructurales presentadas por el Ejecutivo provincial, especialmente en materia de seguridad y fortalecimiento institucional, que -según señaló- “apuntan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

Finalmente, Tevez dejó un mensaje dirigido a los vecinos del departamento San Justo, con palabras de agradecimiento por el acompañamiento recibido durante su gestión legislativa. “He trabajado muy cómodo, me han recibido muy bien en todas las localidades y en todas las instituciones”, expresó.

Y aseguró que mantendrá la misma forma de trabajo en esta nueva etapa: “He generado un espacio de diálogo y de escucha para tomar las inquietudes y las necesidades de cada lugar”, una lógica que ahora buscará profundizar desde su función en la Caja de Jubilaciones.

Mientras dure la licencia, su banca en la Unicameral será ocupada por Elisa Carrizo, exintendenta de Tránsito. Tevez afirmó que continuará acompañando el trabajo territorial del departamento San Justo, aun desde su nuevo rol en la gestión provincial.

Los cambios en la ley de jubilación provincial comenzarán a aplicarse con los salarios y los haberes de enero, ya que el gobernador Martín Llaryora reglamentará antes de fin de año la nueva norma aprobada en la madrugada de ayer en la Legislatura.

Tras la sanción de las modificaciones previsionales –aprobadas por 38 votos a favor y 32 en contra–, las miradas se concentran ahora en la reglamentación de la ley que firmará el gobernador.

Será, precisamente, en la letra chica de esa reglamentación donde se despejarán las principales incógnitas que hoy despiertan los cambios previsionales en Córdoba: desde qué piso se incrementarán los aportes a los empleados públicos y cómo impactarán las subas y bajas en los haberes de los jubilados provinciales.

Estas variaciones dependerán de la aplicación de los mayores descuentos destinados a la Caja de Jubilaciones sobre los activos, de los cuales derivan los haberes del sector pasivo.

Más allá del áspero debate que se vivió en la Legislatura, y que se extendió hasta las 6 de la mañana de ayer, persisten profundas diferencias en las interpretaciones sobre los cambios que realizan oficialistas y opositores.

Para el peronismo, las modificaciones promovidas de manera personal por el gobernador generarán “justicia redistributiva” entre trabajadores y jubilados provinciales.

Así lo expresó Facundo Torres al cerrar el debate y lo ratificó ayer ante una consulta de La Voz. Según sostuvo el flamante presidente del bloque oficialista, cuando los cambios entren en vigencia, “la mayoría” de los estatales, tanto activos como pasivos, sentirá que “mejoraron sus ingresos”.

“Hay que esperar la reglamentación, pero estamos convencidos que todo el ruido que generó este debate en la Legislatura, y también afuera con las protestas, se va a calmar, porque por primera vez una mayoría se sentirá beneficiada con estos cambios, especialmente quienes cobrarán el 82% no remunerativo. Es cierto que otros, los menos, los de mayores ingresos, sentirán que deben hacer un esfuerzo mayor”, argumentó Torres.

Como durante el debate parlamentario, Torres ejemplificó el impacto de la medida, aunque aclaró que habrá que esperar la reglamentación para confirmar este caso testigo.

Según explicó, un jubilado provincial que este mes percibió un haber de $ 1,317 millones, con la aplicación del 82% no remunerativo, debería cobrar el mes próximo $ 1,457 millones. Esto implicaría un aumento de 140 mil pesos de bolsillo, es decir, un incremento del 12%.

Ese 82% no será móvil ni remunerativo. Se instrumentará como un bono que se actualizaría cada seis meses, en función de los aumentos que reciban los trabajadores activos.

En la vereda opuesta, radicales y juecistas sostienen que el 82% al que hace referencia el oficialismo es “una estafa”. “Lo que reclaman los jubilados cordobeses es el 82% móvil. Pero esto del 82% del que habla el oficialismo es una estafa. Van a recibir un bono no remunerativo, cuyos aumentos serán definidos discrecionalmente por el gobernador, sin ningún tipo de garantía”, afirmó Matías Gvozdenovich, presidente de la bancada radical.

El dirigente radical, agregó: “Además, esos fondos saldrán de recortes a otros trabajadores públicos y jubilados con ingresos más altos. En definitiva, el gobernador hace política con la plata de otros”, cuestionó Gvozdenovich.

Mientras tanto, los gremios estatales también esperan conocer la reglamentación de la ley antes de definir los próximos pasos. Bancarios, judiciales, municipales capitalinos, jerárquicos y Luz y Fuerza ya dan por descontado que estarán entre los sectores más perjudicados por la reforma.

La Legislatura de Córdoba aprobó durante la madrugada un paquete de cambios previsionales, la suba de aportes a la Caja de Jubilaciones y el Presupuesto provincial 2026, en el marco de la sesión más extensa del año, desarrollada en un clima de tensión y con negociaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.

La iniciativa previsional incorpora el pago de un adicional mensual no remunerativo para alcanzar hasta el 82% del haber en el caso de jubilados provinciales que perciban menos de $1.300.000, además de habilitar una modificación de las alícuotas de aportes a la Caja, que podrán incrementarse entre el 2% y el 8%. El proyecto fue aprobado con los votos del PJ y el acompañamiento de legisladores aliados como Karina Bruno y la radical disidente Graciela Bisotto.

Tras la votación, el legislador oficialista Facundo Torres explicó a La Voz del Interior.  “Se aprobó un descuento que va del 2 al 8% y luego estará la reglamentación que hará el Poder Ejecutivo”, destacó. Además, sostuvo: “La oposición está tratando de encontrarle a este reforma una trampa que no existe”. Sobre el alcance del adicional, aclaró: “El 82% que se va a devolver no es móvil porque no se puede ante la situación de default que vive la Caja de Jubilaciones”.

Torres también se refirió a un artículo vinculado a las cajas previsionales sindicales: “Hubo un pedido de algunos dirigentes sindicales que plantearon la posibilidad de hacerse cargo de sus cajas previsionales y aprobamos un artículo que habilita este tipo de movimientos, pero estoy seguro que ninguno va a querer recibir una Caja en déficit”.

La discusión comenzó pasadas las 20, cuando el oficialismo habilitó el debate sobre los cambios previsionales dentro de un paquete de temas. Desde el PJ señalaron que la propuesta tomó como base una iniciativa popular impulsada por jubiladas que reclaman el 82% del haber.

Al abrir el debate, la legisladora Nadia Fernández fundamentó la iniciativa al señalar el déficit de la Caja y los atrasos en las partidas nacionales, y afirmó que el proyecto busca mejorar los ingresos de más de 50 mil jubilados. “Esto llegará al 60% de los jubilados a los que se les devuelve ese 82%, es un esquema retributivo, y aportes del 2 al 8%, para los haberes que más reciben”, explicó. También precisó: “Declaramos la emergencia económica, financiera y administrativa de la Caja por cinco años y con la posibilidad para que se prorrogue”.

El proyecto sancionado mantuvo el artículo 4, que establece “el pago a los titulares de beneficios previsionales de un adicional mensual de carácter no remunerativo que compense la deducción del aporte personal del cálculo del haber previsional hasta el límite del 82%”, y el artículo 5, que fija que “el Ejecutivo podrá adecuar las alícuotas de aportes personales de los distintos sectores en un porcentaje de hasta un 8%”, previo informe de la Caja de Jubilaciones.

Uno de los puntos más cuestionados fue el aumento de los aportes para los salarios más altos. Sobre esto, el legislador Ricardo Sosa sostuvo: “Este despacho no es marketing ni parche. Es trabajo, es escucha, es responsabilidad”, y agregó que “establece una redistribución que entendemos más justa”. Luego aclaró sobre los aportes: “Nadie aportará el 8% porque gana el 4%, del Foca que se deroga”, y explicó: “A los que se les retengan más del 4%, aportarán la diferencia entre el 4% y el aporte que le corresponda. Máximo 4 puntos para los que aportan 8%”.

Sosa también señaló: “Los que más perciben en su jubilación son los que colaboran con el adicional del 82% para el segmento más bajo. Expresado en números son 10 mil pasivos de altos ingresos que mejoran los ingresos de 53 mil de menores ingreso”.

Por su parte, Matías Chamorro afirmó: “El proyecto previsional retoma una propuesta que pusimos en agenda desde el inicio: la restitución del 82% para el 60% de los jubilados cordobeses que menos ganan”, y añadió: “Se elimina el aporte solidario para quienes menos cobran, se morigera hasta la eliminación el diferimiento y se establecen criterios de equidad, proporcionalidad y justicia social”.

Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. El presidente del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, expresó: “Estamos perdiendo una gran oportunidad de tratar una ley que resuelva la grave situación del sistema previsional de Córdoba”, y cuestionó: “Trajeron este despacho hoy al mediodía. Como nos tienen acostumbrados los fines de año”. Luego agregó: “Esto que hacen con los jubilados es una perversidad”.

La legisladora radical Brenda Austin calificó el proyecto como “una burla en la cara de los jubilados” y afirmó: “Se montaron en la iniciativa popular para ir por un atropello en las jubilaciones de Córdoba”. En tanto, Alejandra Ferrero, presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, sostuvo: “El Papá Noel cordobés vino con un regalo engañoso”, y enumeró que “declara la emergencia de la Caja de Jubilaciones, aumenta la alícuota a los trabajadores activos hasta un 8% y va a realizar un aumento no remunerativo para algunos jubilados”.

El legislador radical Dante Rossi afirmó: “Votamos en contra el proyecto jubilatorio porque es un nuevo ajuste”, y agregó que “no reconoce el 82% sino una suma no remunerativa y da excesivas facultades al gobernador”. También el legislador Agustín Spaccesi manifestó: “Le otorgan poderes totalmente discrecionales al gobernador. Me parece una barbaridad, ciento por ciento populista”.

Además de la reforma previsional, la Legislatura avanzó con el Presupuesto 2026, que prevé ingresos por $11.882.277 millones y gastos por $11.442.372 millones, con un resultado financiero positivo de $439.905 millones. También se aprobaron cambios impositivos, entre ellos un descuento del 25% en el Impuesto Inmobiliario para contribuyentes con un único inmueble valuado hasta $124 millones.

Hacia el cierre de la extensa sesión, se aguardaba además el inicio del debate por el aval a los pliegos de Carlos Lezcano como fiscal general del Ministerio Público Fiscal, en una jornada que reunió a más de 50 legisladores y se extendió hasta la madrugada.

El gobierno de Martín Llaryora confirmó este miércoles el envío a la Legislatura Unicameral de un proyecto de ley que busca reformar el sistema previsional provincial y sanear la Caja de Jubilaciones. La iniciativa, anunciada por el jefe del bloque oficialista, Facundo Torres, descarta la aplicación de un tope a las jubilaciones más altas y propone, en cambio, un esquema de aportes previsionales progresivos para los empleados activos.

Según explicó Torres, el proyecto contempla aportes que irán del 2% al 8%, en función de los salarios que perciban los trabajadores públicos, con aplicación inmediata en caso de ser aprobado. “Se fundamenta en la proporcionalidad, pidiendo un esfuerzo mayor a quienes más perciben”, sostuvo el legislador.

Uno de los ejes centrales del despacho de mayoría es la restitución del 82% móvil para los jubilados de menores ingresos. De acuerdo a lo informado, la línea de corte para acceder a este beneficio se ubicaría entre quienes perciban entre $1.300.000 y $1.500.000 mensuales, es decir, la base de la pirámide previsional. El proyecto no contempla el pago de haberes en bonos para las jubilaciones más altas.

Además, la iniciativa propone declarar la “emergencia previsional” por un plazo de cinco años. Torres calificó la situación de la Caja como “roja y alarmante” y señaló que uno de los factores centrales del déficit es la falta de envío de fondos por parte del gobierno nacional. Para 2026, el déficit estimado asciende a aproximadamente $800.000 millones.

Entre los cambios incluidos, se elimina el descuento del 4% correspondiente al Fondo de Compensación para Jubilados y Pensionados (FOCCA) y se desactiva el artículo 63 del Código Tributario incluido en el Presupuesto 2026, que habilitaba elevar hasta un 4% los aportes de los activos. En su lugar, se implementa el nuevo esquema progresivo generalizado.El proyecto también introduce modificaciones para quienes perciben doble beneficio, jubilación y pensión. En esos casos, dejarán de aportar el 20% quienes sumen menos de $3 millones o $3,5 millones entre ambos ingresos, mientras que quienes superen ese monto contribuirán de manera escalonada, a partir del 5%.

Torres indicó que la propuesta surge del análisis de varios proyectos, entre ellos una iniciativa popular respaldada por decenas de miles de firmas que reclama la restitución del 82%. “Los llevaremos a comisión para aunar criterios y elevar una iniciativa que mejore la base de la pirámide”, afirmó.

El paquete previsional incluye, además, un artículo que instruye al Ejecutivo provincial y a los legisladores a realizar gestiones ante la Nación para reclamar los fondos adeudados a Córdoba, que, según se indicó, superan los $30.000 millones mensuales. El objetivo, remarcaron desde el oficialismo, es que el déficit de la Caja no continúe siendo financiado por el conjunto de los contribuyentes a través de impuestos.

La iniciativa será tratada en el marco de la sesión plenaria de la Unicameral, que se retomó este miércoles, junto con el debate del Presupuesto Provincial 2026 y la propuesta surgida de la iniciativa popular.

La discusión sobre la Caja de Jubilaciones de la Provincia ha vuelto al centro de la agenda pública. La advertencia de que, sin cambios urgentes, el organismo podría terminar transferido a la Anses y la inclusión de un artículo en el Presupuesto provincial que autoriza a que se disponga un aporte adicional a los activos, abrió un escenario de tensión con los gremios estatales.

El conflicto no es nuevo: periódicamente, la Caja reaparece como un terreno de disputa. Desde aquella controversia entre el exministro Cavallo y el exgobernador Angeloz cuando Córdoba, junto a otros distritos, se “rebeló” contra la orden de traspaso, la lógica pendular se mantiene. Sin todavía hallarse una solución sostenible, los jubilados vuelven hoy a estar a merced de la coyuntura.

El Ejecutivo sostiene que el voluminoso déficit previsional es incompatible con las metas fiscales. Desde esa mirada, la elevación de aportes personales establecidos en el texto del Presupuesto de la provincia que debate la Legislatura y la revisión de regímenes especiales aparecen como alternativas.

Pero también se instaló la posibilidad de transferir la Caja a la Nación. Esta advertencia, más que una opción concreta, parece funcionar como un disparador del debate. La transferencia depende del acuerdo con el gobierno nacional y la aprobación por parte del Congreso y de la Legislatura provincial, además de una disposición por parte de Anses a absorber un déficit adicional.

El traspaso a la Anses implicaría, en un primer momento, una mejora para jubilados y activos de la Caja: los primeros conservarían sus haberes y los segundos verían aumentar su salario de bolsillo por la baja de aportes (11% al Anses en lugar del 22% y posiblemente el 26% a la Caja), además de eliminarse el diferimiento de aumentos y el aporte solidario dispuesto en las varias modificaciones del régimen cordobés. Sin embargo, ese beneficio sería transitorio porque, al jubilarse, los activos pasarían a recibir haberes significativamente menores bajo las normas de Anses. Aunque sería beneficioso para la Provincia que dejaría de financiar el abultado rojo, que en enero ascenderá a 35 mil millones de pesos, de los cuales Anses sólo cubre una mínima parte.

Todo indica que hoy es muy difícil que esta alternativa prospere. Demasiados obstáculos aparecen en el camino. Y sería ilógico que la administración nacional acepte el traspaso cuando su discurso plantea como ejes centrales la reducción del gasto y el superávit fiscal.

Por su parte, como era de esperar, los gremios estatales rechazan de plano cualquier aumento en los aportes personales. Argumentan que los trabajadores vienen de varios años de pérdida del poder adquisitivo y que en 2023 ya se aplicó un aporte extraordinario para sostener la Caja. Conflicto en marcha.

En este punto, debe también remarcarse que la responsabilidad de la Nación es evidente: no ha cumplido con los compromisos legales que imponen el envío de recursos para atender el déficit. Pende de un delgado hilo precario acuerdo alcanzado en mayo pasado tras una instancia de negociación en la Corte Suprema de Justicia y el proyecto de Presupuesto nacional 2026 no contemplaría ningún aumento en el aporte de fondos a las cajas previsionales de las provincias.

En verdad, la sordera de la Casa Rosada no distingue signos políticos ni tiempos. Distintos gobiernos han reconocido la deuda ante el máximo tribunal de Justicia de la Nación. Sin embargo, más allá de escasas concesiones, no se cumple con las obligaciones legales que devolverían algo de previsibilidad.  El reclamo cordobés, también efectuado por otras provincias, tiene respaldo técnico y es calificado como legítimo por los especialistas. Porque se trata de hacer efectivo un derecho establecido en la Constitución y en las leyes que determinan el funcionamiento del sistema previsional.

En definitiva, el déficit previsional actual no puede atribuirse a un solo gobierno ni a una sola decisión. Durante décadas se combinaron factores que hoy convergen en una situación que siempre fue considerada como crítica. Pasa el tiempo y repetidas decisiones no han disminuido el rojo.

La Caja sostiene a más de 116 mil jubilados y pensionados en la provincia. Son ellos quienes dependen de un sistema inestable y afectado siempre por los vaivenes de la coyuntura. Garantizar la viabilidad del sistema, evitar los parches y no profundizar los conflictos son metas a las que se debería aspirar. La discusión sobre la Caja de Jubilaciones exige diálogo y compromiso con el largo plazo.

 A continuación una síntesis de los acontecimientos centrales de la problemática de la Caja de Jubilaciones

Origen (1994–1997): La Nación habilita a las provincias a transferir sus cajas;, Córdoba mantiene la propia, basada en el 82% móvil establecido por ley de 1990.

Ajustes y controversias (1995–2007): Tras la crisis de Angeloz, un decreto de Mestre reduce haberes al 67%; la Justicia lo revoca en 2007 y restituye el 82% móvil.

Sobrecarga y armonización (2001–2008): Pasividades anticipadas suman numerosos beneficiarios; en 2002 se firma convenio de armonización con Anses, reiteradamente incumplido; en 2008 Córdoba reforma su ley para alinearse al sistema nacional.

Déficit crónico y reformas (2011–2022): La Nación deja de enviar fondos en varios períodos; en 2012 se sanciona la Ley 10078 (diferimiento de aumentos y cambios en aportes); en pandemia se vuelve a reformar el cálculo del haber inicial, pensiones y retenciones. Se dispone por ley el aumento en el porcentaje de aportes de los trabajadores estatales.

 Judicialización y negociación (2023–2025): Demanda a la Nación por la deuda previsional; se dispone el diferimiento de los aumentos para los jubilados; en 2025 se acuerdan envíos mensuales y un mecanismo para cancelación de deuda, incluso evaluando compensaciones con bienes nacionales. El déficit continúa y se incluye en el Presupuesto cordobés para 2026 una cláusula que autoriza al Ejecutivo a disponer un nuevo incremento de aportes previsionales para los trabajadores estatales.