El gobernador Martín Llaryora anunció un aumento del 84,21% en las jubilaciones mínimas de Córdoba, que pasarán a $700.000, y un bono bimestral de $100.000 para quienes cobran hasta $1.300.000. Dijo que lo hará con los fondos que comenzó a recibir de la Nación, luego del acuerdo alcanzado ante la Corte Suprema por la deuda previsional que mantenían con la provincia. 

El anuncio se da en medio de la tensión que mantiene Javier Milei con los gobernadores, luego de que los mandatarios provinciales respaldaran la aprobación en el Congreso del aumento de las jubilaciones. El Presidente sostiene que éstas iniciativas van en contra del superávit fiscal conseguido y se prepara para vetarlas en las próximas horas.

Recordemos que en abril de este año, Llaryora había encabezado la delegación de funcionarios cordobeses que participó en la primera audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia para destrabar el conflicto con la Nación por los fondos de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. 

Según indicaba entonces el mandatario cordobés, la deuda ronda el billón de pesos y la provincia no recibía fondos de la Nación desde hacía 15 meses. Llaryora había sido enfático al señalar la gravedad institucional del conflicto. "Siempre hubo discusiones de fondos. De hecho, la Corte ya ha fallado muchas veces. Soy el tercer gobernador que viene a defender los derechos de los cordobeses a la Corte Suprema, con fallos preexistentes", afirmó. 

En su presentación, Llaryora sostuvo que es el tercer gobernador de la provincia de Córdoba en reclamar lo mismo que antes hicieron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, con un planteo similar. 

El conflicto por la Caja de Jubilaciones de Córdoba tuvo su origen en una disposición del gobierno de Carlos Menem que, en 1994 estableció la posibilidad de que las provincias cedan sus cajas previsionales a la Nación. Entre 1994 y 1997, 10 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transfirieron a Anses sus cajas previsionales de empleados públicos: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Mientras que otras 13 provincias continuaron con regímenes previsionales propios para los empleados de sus administraciones públicas: Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Vale señalar aquí que Córdoba ya contaba con una ley propia que establecía el régimen previsional. Había sido sancionada en 1990, cumpliendo la orden emanada de la Constitución Provincial reformada en 1986. Aquella norma jubilatoria establecía el pago del 82% móvil para todos los haberes de la clase pasiva. 

La crisis derivada de la renuncia del gobernador Angeloz en 1995 provocó serias heridas en la Caja de Jubilaciones. Al asumir el máximo cargo provincial Ramón Mestre, se dictó el decreto 1777 que recalculó el 82% móvil y redujo los montos al 67%. Hubo varios planteos judiciales para oponerse a la medida, aunque finalmente el Tribunal Superior de Justicia convalidó aquella disposición. Pero en 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo caer el decreto y restituyó la ley de 1990, con lo que los haberes jubilatorios volvieron a calcularse con el 82% móvil.

Varios años antes, en 2001, un régimen de pasividades anticipadas aprobado en 2001, ya durante el gobierno de José Manuel de la Sota, sumó una gran cantidad de jubilados al sistema previsional cordobés. Recién en 2002, con Eduardo Duhalde como presidente, se firmó entre la provincia y el Anses el convenio de armonización por el que la Nación debe remitir fondos a la Caja de Jubilaciones de la provincia en compensación por cesiones impositivas que hizo Córdoba para sostener al instituto previsional nacional. 

El convenio, está a la vista, fue incumplido en reiteradas oportunidades por los distintos gobiernos nacionales. Ningún gobierno nacional cumplió en tiempo y forma, situación que originó los reclamos que todavía persisten. Ni siquiera cesó cuando, en 2008, se reformó la ley jubilatoria provincial para armonizar el sistema con el de la Nación. 

La deuda fue acumulándose con el paso de los años y el déficit de la Caja continuó. En 2011, según publicaciones periodísticas, la Nación no envió ninguno de los recursos comprometidos, hecho que puede parangonarse con la actual inacción de la administración del presidente Milei. 

Fue así que, en 2012, el déficit de la Caja obligó a que el gobernador De la Sota impulsara la sanción de la Ley 10078, que disponía que los jubilados pasen a cobrar los aumentos 180 días después que lo cobren los activos y otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de modificar aportes y contribuciones. La decisión fue sorpresiva. El proyecto se aprobó pocas horas después de su ingreso a la Legislatura y derivó en varios conflictos entre el gobierno provincial y los sindicatos de empleados estatales. 

Mientras los incumplimientos de la Nación continuaron invariablemente a lo largo del tiempo, durante la cuarentena por el Covid 19, la Legislatura volvió a reformar la ley previsional. Entre los aspectos más destacados de esa nueva modificación se establece que, para los nuevos jubilados y pensionados, se armoniza con la Nación el período que se toma de base para calcular el haber inicial, extendiendo de 48 a 120 las remuneraciones actualizadas consideradas a tal fin. Para pensiones, se baja el monto como el equivalente al 70% de la jubilación del causante (en lugar del 75% que regía). El diferimiento del cobro de los aumentos a dos meses y el artículo 58 que dispone la retención del 20% de los haberes a los jubilados que tengan otros ingresos son cuestionamientos que vienen efectuando desde hace tiempo los gremios.

En cuanto al reclamo de la provincia contra la Nación por el envío de los fondos que corresponden, el ex gobernador Juan Schiaretti presentó dos demandas (en abril y mayo de 2023) contra la Nación en la Corte Suprema de Justicia. Debieron transcurrir dos años para el que máximo tribunal convoque a las partes para intentar alcanzar un acuerdo. 

"El gobierno nacional reconoció formalmente la deuda y presentó una propuesta concreta de pago", escribió el gobernador Martín Llaryora en su cuenta de X. Poco después, el ex mandatario provincial Juan Schiaretti se expresó en similares términos por la misma red social: “Que el gobierno nacional haya reconocido formalmente la deuda ante la Corte, significa que teníamos razón”.

El consenso alcanzado fue presentado como el resultado de la enfática defensa de los derechos de Córdoba frente a lo que se consideran atropellos por parte de distintos gobiernos nacionales. Varios referentes oficialistas compartieron esta interpretación. Por caso, el intendente de la capital, Daniel Passerini, quien suscribió que “el gobernador Martin Llaryora se puso al frente de lo que corresponde a Córdoba y se logró un histórico acuerdo con la Nación que beneficiará a nuestros jubilados y a la provincia en general". En la misma línea, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, señaló que “este acuerdo, tan importante para los recursos de los cordobeses pone en evidencia la firmeza de nuestro gobernador en sostener ante el Gobierno Nacional un reclamo justo, imprescindible para los intereses de nuestra provincia.

Desde la oposición, en cambio, no se conocieron mayores objeciones. Entre las pocas voces disonantes, se destacó la del radical Dante Rossi, quien calificó al acuerdo como “absolutamente negativo para nuestra provincia” , argumentando que los fondos prometidos no permitirán “solucionar la deuda de más de 980 mil millones de pesos”. No obstante, el ex intendente de Córdoba, Ramón Mestre celebró que “los fondos adeudados vuelvan a Córdoba y que se destinen a donde se deben destinar: a los jubilados”.

Lo cierto es que, luego de años de dilaciones y controversias, Córdoba logró un acuerdo provisorio con la Nación sobre el complejo y persistente déficit de la Caja de Jubilaciones. Un tema en el que distintas administraciones nacionales incurrieron en la violación de principios y normas establecidos en las distintas leyes de presupuesto y en la Constitución. Para Llaryora se trataba de un acto “discriminatorio con los jubilados que pertenecen a las provincias que no transfirieron sus Cajas” y “un grave debilitamiento de la vida institucional de la Argentina”.

El corsé financiero impuesto por el déficit previsional fue especialmente duro para los jubilados cordobeses, quienes en los últimos años vieron cómo se deterioraban sus ingresos. Reformas, algunas sorpresivas, orientadas a reducir el rojo fiscal, derivaron en recálculos de las fórmulas jubilatorias, diferimientos en el pago de aumentos y artículos legales que obligaban a ceder parte de sus haberes si percibían ingresos adicionales, incluso cuando esa era su única alternativa para mantener un nivel de vida digno, en un contexto de inflación desbordada.

El acuerdo, alcanzado en el marco de una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia, estableció un esquema de pagos mensuales de $5 mil millones durante los próximos 12 meses, a cuenta del monto final que se determinará tras un proceso de auditoría cruzada. Durante este período se revisarán los registros entre 2019 y 2024 para establecer con precisión el total adeudado por la Anses al sistema previsional cordobés.

Presentado como el resultado de una gestión que tuvo como objetivo central defender “los intereses de Córdoba, de su gente y, en especial de los jubilados, la mirada oficial sobre el tema insiste en que el aporte nacional acordado atenuará el déficit de la Caja y otorgará previsibilidad financiera. Si bien está lejos está de satisfacer todo el reclamo cordobés, se lo consideró un avance importante.

En este marco, genera expectativa el anuncio, todavía sin detalles, de que una parte de los fondos que lleguen de la Nación serán destinados a mejorar las más bajas. Sin embargo, por el momento no habría mayores cambios en otros reclamos de los gremios estatales, como el retorno del 82% móvil, la modificación de la fórmula que calcula la jubilación inicial y la eliminación del resistido artículo 58 incluido en la última reforma de la ley previsional cordobesa, que dispone la retención del 20% de los haberes a los jubilados que tengan otros ingresos.

No obstante, la mirada política oficial celebró el acuerdo. Porque finalmente implica el reconocimiento la deuda con la Caja de Jubilaciones por parte de la Nación, porque se interpreta como una conquista en defensa enfática de los derechos de la provincia y del federalismo y también porque la llegada de los recursos comprometidos despejaría el horizonte próximo y devolvería al gobierno a un camino más previsible meses antes de las elecciones legislativas de octubre.

El gobernador Martín Llaryora encabezó la delegación de funcionarios cordobeses que participó, el pasado miércoles, en la primera audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia para destrabar el conflicto con la Nación por los fondos de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. 

Según el mandatario cordobés, la deuda ronda el billón de pesos y la provincia no recibe fondos de la Nación desde hace 15 meses. Tras la audiencia, Llaryora agradeció al máximo tribunal por “generar el ámbito institucional” para el diálogo, aunque reconoció que “el plazo no deja conforme” a la provincia. Advirtió que, si en la próxima reunión no hay avances concretos, el gobierno cordobés solicitará una medida cautelar para obligar al Estado nacional a cubrir el déficit de la Caja. “Hoy la Nación está girando cero pesos a la Caja de Jubilaciones. Esto es urgente”, expresó, al tiempo que calificó el incumplimiento como “flagrante y violatorio”.

La denuncia de Córdoba en la Corte Suprema fue presentada hace dos años por el exgobernador Juan Schiaretti, pero recién ahora el máximo tribunal de la Nación inició los procesos formales de negociación para resolver un conflicto que toca de lleno a la idea de federalismo y se ha venido prolongando, con variaciones, desde hace más de treinta años. Además, afecta a miles de jubilados cordobeses. 

Llaryora fue enfático al señalar la gravedad institucional del conflicto. "Siempre hubo discusiones de fondos. De hecho, la Corte ya ha fallado muchas veces. Soy el tercer gobernador que viene a defender los derechos de los cordobeses a la Corte Suprema, con fallos preexistentes", afirmó. "Esto tendría que haber durado un minuto, nunca tendría que haber llegado yo a estar acá", agregó.

En su presentación, Llaryora sostuvo que es el tercer gobernador de la provincia de Córdoba en reclamar lo mismo que antes hicieron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, con un planteo similar.

Cuestionó la “preocupante conducta del gobierno central, que avanza sobre los derechos de las provincias y afecta tanto al federalismo como al funcionamiento de la República”. Y calificó como “inconstitucional” el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 280, del 27 de marzo de 2024, por el cual se estableció que directamente se suspendan los envíos que por Ley debe destinar la Nación a la provincia de Córdoba. 

La provincia consideró que tal situación es una “violación de los principios y normas que rigen la Ley de Presupuesto Nacional, establecidos en la Constitución Nacional, que alcanza a lo dispuesto en materia de coparticipación federal, y que no pueden ser suplidos por un Decreto”.  Se trata, afirmó el gobernador, de "un acto discriminatorio con los jubilados que pertenecen a las provincias que no transfirieron sus Cajas y un debilitamiento grave de la vida institucional de la Argentina”.

El conflicto por la Caja de Jubilaciones de Córdoba tuvo su origen en una disposición del gobierno de Carlos Menem que, en 1994 estableció la posibilidad de que las provincias cedan sus cajas previsionales a la Nación. Entre 1994 y 1997, 10 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transfirieron a Anses sus cajas previsionales de empleados públicos: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Mientras que otras 13 provincias continuaron con regímenes previsionales propios para los empleados de sus administraciones públicas: Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Vale señalar aquí que Córdoba ya contaba con una ley propia que establecía el régimen previsional. Había sido sancionada en 1990, cumpliendo la orden emanada de la Constitución Provincial reformada en 1986. Aquella norma jubilatoria establecía el pago del 82% móvil para todos los haberes de la clase pasiva. 

La crisis derivada de la renuncia del gobernador Angeloz en 1995 provocó serias heridas en la Caja de Jubilaciones. Al asumir el máximo cargo provincial Ramón Mestre, se dictó el decreto 1777 que recalculó el 82% móvil y redujo los montos al 67%. Hubo varios planteos judiciales para oponerse a la medida, aunque finalmente el Tribunal Superior de Justicia convalidó aquella disposición. Pero en 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo caer el decreto y restituyó la ley de 1990, con lo que los haberes jubilatorios volvieron a calcularse con el 82% móvil.

Varios años antes, en 2001, un régimen de pasividades anticipadas aprobado en 2001, ya durante el gobierno de José Manuel de la Sota, sumó una gran cantidad de jubilados al sistema previsional cordobés. Recién en 2002, con Eduardo Duhalde como presidente, se firmó entre la provincia y el Anses el convenio de armonización por el que la Nación debe remitir fondos a la Caja de Jubilaciones de la provincia en compensación por cesiones impositivas que hizo Córdoba para sostener al instituto previsional nacional. 

El convenio, está a la vista, fue incumplido en reiteradas oportunidades por los distintos gobiernos nacionales. Ningún gobierno nacional cumplió en tiempo y forma, situación que originó los reclamos que todavía persisten. Ni siquiera cesó cuando, en 2008, se reformó la ley jubilatoria provincial para armonizar el sistema con el de la Nación. 

La deuda fue acumulándose con el paso de los años y el déficit de la Caja continuó. En 2011, según publicaciones periodísticas, la Nación no envió ninguno de los recursos comprometidos, hecho que puede parangonarse con la actual inacción de la administración del presidente Milei. 

Fue así que, en 2012, el déficit de la Caja obligó a que el gobernador De la Sota impulsara la sanción de la Ley 10078, que disponía que los jubilados pasen a cobrar los aumentos 180 días después que lo cobren los activos y otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de modificar aportes y contribuciones. La decisión fue sorpresiva. El proyecto se aprobó pocas horas después de su ingreso a la Legislatura y derivó en varios conflictos entre el gobierno provincial y los sindicatos de empleados estatales. 

Mientras los incumplimientos de la Nación continuaron invariablemente a lo largo del tiempo, durante la cuarentena por el Covid 19, la Legislatura volvió a reformar la ley previsional. Entre los aspectos más destacados de esa nueva modificación se establece que, para los nuevos jubilados y pensionados, se armoniza con la Nación el período que se toma de base para calcular el haber inicial, extendiendo de 48 a 120 las remuneraciones actualizadas consideradas a tal fin. Para pensiones, se baja el monto como el equivalente al 70% de la jubilación del causante (en lugar del 75% que regía). El diferimiento del cobro de los aumentos a dos meses y el artículo 58 que dispone la retención del 20% de los haberes a los jubilados que tengan otros ingresos son cuestionamientos que vienen efectuando desde hace tiempo los gremios.

En cuanto al reclamo de la provincia contra la Nación por el envío de los fondos que corresponden, el ex gobernador Juan Schiaretti presentó dos demandas (en abril y mayo de 2023) contra la Nación en la Corte Suprema de Justicia. Debieron transcurrir dos años para el que máximo tribunal convoque a las partes para intentar alcanzar un acuerdo. 

El futuro del conflicto Córdoba – Nación dependerá de la respuesta que el gobierno central brinde en la próxima audiencia. La provincia reclama que se reanude el flujo de fondos y hasta aceptó la posibilidad de incluir la deuda en el régimen de extinción de obligaciones recíprocas, hasta alcanzar un acuerdo definitivo. También surgió la idea de que se cedan a Córdoba propiedades nacionales como terrenos del Ejército o la central nuclear de Embalse para compensar lo no transferido.

Vale señalar que el reclamo cordobés también ha sido efectuado por otras provincias, tiene respaldo técnico y es calificado como legítimo por los especialistas. Porque se trata de hacer efectivo un derecho establecido en la Constitución. 

La Caja de Previsión Social (CPS) del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Cpce) de la provincia de Córdoba afrontará elecciones de comisión directiva el 30 de agosto del corriente año. En el marco de una encendida polémica por el atraso de los haberes previsionales, y por la administración de los fondos de reservas y de los resultados de los estados contables, dialogamos con los contadores Juan Carlos Forneris, Marta Vidal, Alicia Díaz,  Mónica Fonti , Guillermo Penfold, Gerardo Gastaldi y Miguel Ángel Montali, integrantes de la Lista N°2, Agrupación Solidaridad.

En primer término, los profesionales recordaron que en septiembre de 2023 se realizó una asamblea extraordinaria donde se pretendió un ajuste de los haberes previsionales para mayo de dicho año y hacia delante de $220.000, ajustados por IPC y sin trasladar mayores costos a los activos.  “En dicha asamblea, solo se contabilizaron 512 votos positivos para dicha propuesta. Por distintos motivos, el presidente, Cr. Guillermo Filippelli, no procedió a contar los votos negativos y las abstenciones, dando por terminada la asamblea, considerando, sin tener certeza,  que había triunfado el voto por la negativa”, explicaron. 

El polémico hecho, que tuvo amplia repercusión en los medios provinciales, motivó a los profesionales entrevistados a destacar que “en todas las asambleas realizadas, siempre la presidencia de la Caja computó todos los votos afirmativos, negativos y abstenciones. Actualmente, nos encontramos en la Justicia apelando decisiones sobre la votación de dicha asamblea que consideramos totalmente arbitraria e imparcial, desconociendo y postergando las necesidades de los jubilados de la Caja”. 

Asimismo, cuestionaron los estados contables de la institución, “por cuanto se perdieron reservas equivalentes a 1,42 años de ingresos anuales, sin contar el resultado o ganancia financiera. Como sugerimos, nuestras reservas deberían haberse invertido en acciones de primera línea en el exterior. Por ejemplo, sugeríamos la compra de acciones de la compañía Apple, que en el año 2020 costaban 60 dólares y hoy tienen valor de 220 dólares. Esa inversión hubiese significado aumentar nuestras reservas un 266%, lo que permitiría abonar haberes dignos sin afectar el fondo de sustentabilidad de la Caja de Previsión que, según los actuarios, supera largamente los 100 años”.

A propósito de ello, la reciente renuncia del asesor financiero de la Caja de Previsión, para los contadores consultados, “termina por convalidar nuestras críticas a los pésimos resultados financieros o económicos obtenidos en estos últimos cuatro años. Toda esta información surge de los balances de la Caja de Previsión de Cpce”. 

En este sentido, detallaron que, según el balance cerrado el 30 de noviembre de 2020, las reservas en miles de pesos eran de 13.297.532, equivalentes a 11,0863 años de ingresos, para terminar en el 2023 en un nivel de reservas en miles de pesos de 79.712.345, equivalentes a 9,6657 años de ingresos. “Ello demuestra que se perdieron reservas por 1,42 años. Sin contar con el agravante de que en cuatro años solo se obtuvo un resultado financiero en el año 2023 que no alcanzó a compensar las pérdidas de años anteriores. Si se hubiese invertido en acciones de primera línea, por ejemplo Apple, Coca-Cola, Microsoft, los resultados hubiesen mostrado utilidades mucho mayores”, agregaron.

Más allá del problema técnico, aseguraron: “La comisión directiva por la mayoría que actualmente conduce los destinos de la CPS para Cpce se ha negado sistemáticamente a mejorar los haberes previsionales, que en diciembre de 2023 ascendían a $ 170.810,00, más un bono extraordinario a merced de las autoridades de turno, no computable para el cálculo de aguinaldo, que para ese mes ascendía a $ 79.190,00 , totalmente alejados de la realidad económica actual, que impide a un profesional tener una vida digna, pero siguen alardeando con reservas acumuladas en el exterior que superan los cien años de sustentabilidad, cuando los mismos actuarios sostienen que con 45 años se considera un fondo maduro para cubrir las próximas jubilaciones”.

Desde Agrupación Solidaridad sugirieron otras medidas “como bajar gastos o aumentar ingresos, sin que las autoridades modifiquen políticas que permitan mejorar los haberes a niveles razonables, realizando inversiones financieras que permitan una mayor rentabilidad, mejorando los haberes de los profesionales jubilados, sin perder el norte de nuestra institución respecto a la certidumbre y solidez del sistema”. 

A modo de conclusión, destacaron: “Esto nos lleva a proponer para las nuevas elecciones una gestión basada en un liderazgo centrado en principios y en creencias que salgan de posturas rígidas y de un materialismo puro y duro, para centrarnos en una visión más humanista. Nuestro objetivo central es enfocarnos en elevar valores y dignidad humanas, monitoreando mes a mes la solidez del sistema. Partimos del enunciado principal de que lo que creemos es lo que creamos. A partir de lo cual, definimos una serie de postulados básicos y de leyes que guiarán nuestro accionar”.