El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará este miércoles su primer informe de gestión en Diputados, jaqueado por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, con los bloques opositores listos para someterlo a unas 5.000 preguntas, pero con el respaldo institucional que significará la presencia del presidente Javier Milei en el palco central.

Adorni se presentará ante la Cámara baja por primera vez desde que asumió como ministro coordinador, una figura creada en la reforma constitucional de 1994.

Denunciado por la compra de inmuebles que no incluyó en su declaración patrimonial y con su actuación en tela de juicio por viajes al exterior en un avión privado, el funcionario contará no solo con la presencia de Milei, sino con la de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Según se anticipó desde la Casa Rosada, también estarán presentes respaldando al funcionario varios ministros que se ubicarán en las bandejas junto al estrado de la Presidencia de la Cámara. Asimismo, un grupo de colaboradores se instalará en el Salón Delia Parodi, a pocos metros del recinto de sesiones.

Adorni comenzará su exposición a las 10.30 y lo hará con una alocución de aproximadamente una hora, en la que resaltará los logros del Gobierno, especialmente en materia económica.

Los bloques de la oposición aguardan al funcionario con más de 4.800 preguntas, por lo que se espera que la sesión informativa se extienda por aproximadamente seis horas, en las que desde el oficialismo se descuenta que no responderá cuestionamientos de su situación patrimonial por estar bajo investigación en la Justicia.

La expectativa de la presencia de Adorni es tan grande, que voceros de distintos bloques coincidieron en que se trata del informe más esperado, tanto por la oposición como por los medios de comunicación, de los 145 que se brindaron en los diferentes gobiernos desde 1994 hasta ahora.

Adorni triunfó en las elecciones porteñas de mayo pasado y fue elegido legislador por la Ciudad, pero en diciembre resignó ese cargo y la vocería presidencial que ejercía desde la asunción de Milei, para asumir como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, tras la exposición inicial de Adorni está previsto el espacio para las preguntas que será abierto por los bloques menos numerosos que contarán con 5 minutos cada uno, hasta completar un primer tramo de 50 minutos.

Luego, sucesivamente, será el turno de Innovación Federal (11 minutos); Unidos (20 minutos) y Fuerzas del Cambio (20 minutos).

Tras los 20 minutos que tendrá el jefe de Gabinete para dar sus respuestas, será el turno de Unión por la Patria.

El bloque peronista que preside el santafecino Germán Martínez tendrá 68 minutos para sus preguntas, y tras las respuestas de Adorni, será el turno de cierre a cargo del bloque de La Libertad Avanza.

La Cámara de Diputados lanzó este lunes un plan de retiros voluntarios para el personal legislativo en medio de la batería de reformas y del ajuste del gasto público que promueve la gestión de Javier Milei.

El ‘Régimen de Retiro Previo a la Jubilación’, instrumentado a través de la resolución 56/25, regirá por 90 días desde el 1 de enero 2026.

El plan abarca a “personal de Planta Permanente y de Planta Temporaria (afectado a estructuras orgánicas aprobadas con una antigüedad mayor a dos años), que hayan cumplido funciones hasta 60 meses; con 30 años de aportes”, y establece los “60 años o más” para los varones y “55 años o más” para las mujeres".

La oferta es la indemnización correspondiente al salario bruto más un "10%", y el cupo limitado es de 300 vacantes.

Así lo estableció la Subdirección de Asuntos Previsionales que pertenece a la Dirección General de Recursos Humanos.

Este domingo, al inaugurar el 144 período de sesiones ordinarias, Milei había anunciado que impulsará reformas del Código Civil y el Código Comercial, además de una reforma tributaria, para “construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos”.

También elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, por la reducción de 5 puntos del déficit fiscal instrumentado en el inicio de su gobierno.

En una sesión extensa con ribetes escandalosos, en medio de movilizaciones en todo el país y un paro general de la CGT, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la reforma laboral y ahora el proyecto será remitido al Senado para analizar las modificaciones aplicadas en la redacción.

La iniciativa recogió 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, y ahora para ser convertida en ley deberá ser ratificada por el Senado, ya que se eliminó el artículo 44 que establecía una rebaja de los salarios para los trabajadores que tengan un accidente o enfermedad, fuera del ámbito laboral.

El proyecto fue aprobado con el voto favorable de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, y algunos diputados sueltos monobloquistas.

En cambio votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, y los monobloques de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

En la votación en particular, el oficialismo logró blindar cada uno de los 26 títulos y 218 artículos del proyecto de reforma laboral.

Ese incluye artículos polémicas como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales, y el desfinanciamiento del INCAA.

El trámite continuará en el Senado y por ese motivo, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para este viernes a las 10, con el objetivo de emitir dictamen y así poder llevarlo al recinto el viernes 27 de febrero, en la antesala a la Asamblea Legislativa en la que el presidente Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.

La sesión comenzó con la presencia de 130 diputados que fueron aportados por la Libertad Avanza, el PRO, Innovación Federal, la UCR, el MID, Independencia, Elijo Catamarca, y Producción y Trabajo.

Los gobernadores peronistas que colaboraron para que el oficialismo tenga quórum fueron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Saénz (Salta) y los provinciales Hugo Passalacqua, y Marcelo Orrego (San Juan) y los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdes (Corrientes).

La deliberación comenzó en medio de un escándalo cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sometió a votación a mano alzada el plan de labor.

El método de votación generó la indignación de Unión por la Patria, y varios de sus integrantes salieron disparados de sus bancas y se precipitaron sobre el estrado de la Presidencia para exigirle a Martín Menem que rectificara la decisión.

El primero en levantarse raudamente de su banca para encarar al riojano para pedirle explicaciones por su supuesto accionar irregular fue el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y lo siguieron otros legisladores como Paula Penacca, Eduardo Valdés, Lorena Pokoik, Horacio Pietragalla y Nicolás del Caño.

Además, Florencia Carignano (UxP) se dejó llevar por los ánimos acalorados en el recinto y en una acción insólita que le puede traer consecuencias a futuro apagó el micrófono mientras hablaba su par oficialista Carlos Zapata.

Pero no fue el único escándalo que sucedió en la sesión ya que se desató otra controversia cuando el peronismo quiso suspender la sesión en un momento determinado al advertir que la sesión había perdido el quorum.

Con la ayuda de Silvana Giudici y Luis Petri, Menem logró salir del apuro y evitar que se suspendiera la sesión.

El presidente de la comisión del Trabajo, Lisandro Almirón, defendió la reforma laboral y destacó “el marco regulatorio actual no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”.

Almirón, el único libertario que expuso a lo largo del debate y que fue abucheado por los opositores por leer su discurso, dijo que "hace décadas que nuestro país tiene un problema de fondo grave que es la incapacidad de crear empleo genuino".

“No podemos ignorar la realidad de la que partimos y la realidad es que hoy el 55% de las personas están en la informalidad. Millones de argentinos trabajan por afuera del encuadre de las leyes vigentes sin aportes, sin obra social”, graficó.

El diputado nacional de Unión por la Patria Sergio Palazzo aseguró que si se aprueba la reforma laboral va a haber “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad”.

Para el líder de La Bancaria, en el oficialismo “han contrabandeado detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”.

Según alertó, entre otras consecuencias la reforma laboral “liquida el derecho de huelga”, y además va a consumar “el vaciamiento más grande que puedan hacer del sistema previsional argentino que es el Fondo de Asistencia Laboral".

La diputada nacional de Unión por la Patria Vanesa Siley sostuvo que “los chorros” son los diputados de extracción peronista, como los tucumanos de Independencia y los de Elijo Catamarca, que dieron quórum a la sesión para que el oficialismo pueda votar la reforma laboral.

Mientras daba su discurso, la legisladora kirchnerista aseguró que “los chorros son los que se sentaron en el medio y dieron quórum, esos son los que ustedes compran”.

“A esta ley también la está atravesando una Banelco. Pero lo lamentable de esta nueva Banelco es que se hace a la luz del día, que son las cajas de las provincias”, siguió.

El diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto consideró que el sistema de convenios por empresa que impulsa el proyecto de reforma laboral del oficialismo “es un error” y que es “mejor negociar" con la representación sindical donde existen "marcos de mucha más racionalidad".

“Va a ser peor el sistema de los convenios por empresa. Eso es un grave error. La historia demuestra que los convenios por empresa terminan siendo negativos”, alertó.

Desde la izquierda, el diputado Néstor Pitrola desmintió que existan “problemas de costos laborales” en el país, como afirma el Gobierno.

“No hay en el país problemas de costos laborales en un país donde la canasta de pobreza es 1.300.000 pesos y la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza”, graficó.

“El problema son las tasas de interés, la desinversión, la fuga de capitales, la especulación financiera, el vaciamiento de empresas, los impuestos que van al pago de una deuda ilegítima y usuraria. Esos son los problemas, no el costo laboral. Es una burrada y por eso van a fracasar”, vaticinó.

El diputado radical mendocino Lisandro Nieri defendió el proyecto al asegurar que la actual ley "es vetusta y no les sirve a los trabajadores ni a los empresarios porque el costo laboral es muy alto".

“El marco laboral actual, lo único que ha logrado en los últimos años, es aumentar la litigiosidad, la informalidad y los costos laborales”, subrayó.

El diputado nacional de Provincias Unidas Martín Lousteau sostuvo que “Argentina necesita una reforma laboral pero no es ésta”, y lamentó que mientras se dice que "no hay plata" para mejorar las jubilaciones, sí haya plata para subsidiar despidos".

La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade advirtió que con la implementación de la reforma judicial que impulsa el Gobierno “va a haber un nivel de litigiosidad muy grande”, y se van a “plantear muchas inconstitucionalidades”, con “muchas medidas cautelares”.

Por su parte, Juan Grabois (Unión por la Patria) consideró que esta ley “es de obsolescencia y regresión", y deja afuera cuestiones muy actuales como "la inteligencia artificial, el teletrabajo, la telemedicina”.

La diputada nacional de Coherencia Marcela Pagano aseguró que ella estaba a favor de impulsar una reforma laboral, “pero no así”, recordando que ella misma presentó un proyecto que no fue tenido en cuenta por el oficialismo.

Sobre los riesgos que supone la reforma del Gobierno, la ex periodista dijo que está en juego la libertad de expresión a partir de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional.

Myriam Bregman (Frente de Izquierda) alertó que la reforma laboral del Gobierno “perjudica especialmente a las mujeres trabajadoras”.

Mencionó en ese sentido la política del banco de horas, que pone en riesgo la jornada laboral con horarios establecidos e impide que los trabajadores puedan organizar sus vidas.

El diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner sostuvo que se opone a la ley de reforma laboral “porque va a fracasar”

El líder de La Cámpora aclaró que no se opone al proyecto “por capricho” o porque “pertenece a otro espacio político”.

“Me opongo a esta ley porque va a fracasar y porque va a someter a los argentinos y a los más pibes a la patronal o al dueño de turno”, consideró.

Según alertó, la reforma laboral le va a otorgar a los empleadores “mucho más poder sobre sus empleados para poder despedirlos o destrozar su salario y el poder adquisitivo del mismo”.

En el cierre de Unión por la Patria, el jefe de bloque, Germán Martínez, avisó que cuando el peronismo asuma nuevamente el poder "esta ley va a ser derogada inmediatamente”.

“Es llamativo tener una normativa tan absolutamente anti obrera y tan absolutamente tan anti trabajador”, consideró el santafesino.__IP__

Según señaló, la ley laboral del oficialismo “no solamente no moderniza nada” sino que “es pre peronista” y “pre yrigoyenista”.

Pese al fin de semana largo que complica la logística de vuelos, el oficialismo no quiere dejar ningún cabo suelto en su objetivo de concluir las sesiones extraordinarias de febrero con la ansiada reforma laboral y por eso oficializó hoy la convocatoria a un plenario de comisiones el próximo miércoles a las 14 con la intención de dictaminar y dejar listo el proyecto para ser votado en el recinto al día siguiente.

La cita será el próximo miércoles a las 14 en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo, que preside el correntino oficialista Lisandro Almirón, y Presupuesto y Hacienda que encabeza su par de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch.

 El miércoles pasado el oficialismo dio un paso firme en el Senado al lograr la aprobación de la media sanción de la reforma laboral, para lo cual debió previamente aplicar más de una treintena de cambios para que las fuerzas aliadas dieran el visto bueno.

Este viernes, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, giró el proyecto a la Cámara baja, y el presidente de este cuerpo, Martín Menem, en línea directa con la Casa Rosada, dio la orden de pisar a fondo el acelerador a fondo y retomar el trabajo en el primer día hábil de la semana.

La decisión es totalmente inusual y más aún en una semana corta en la que la logística de vuelos se vuelve una tarea ultra exigente en la que el oficialismo deberá prestar suma atención.

¿Las razones del apuro? En el oficialismo consideran que no hay tiempo que perder, ya que si en Diputados la oposición se pusiera de acuerdo para aplicar modificaciones al texto, el proyecto deberá volver al Senado.

 Si se dejara pasar una semana, la Cámara alta se quedaría sin tiempo para poder revisar esas modificaciones (ya sea insistiendo con la versión original o aceptando la totalidad o una parte de los cambios) antes del fin de las extraordinarias y de la Asamblea Legislativa que encabezará Javier Milei.

 Según pudo averiguar este medio, la oposición especulaba con que la sesión por la reforma laboral recién se produjera el miércoles 25 de febrero, y ya se urdían planes para exigir cambios en el proyecto de manera tal de jugar al filo del calendario y complicar la meta del Gobierno.

 “Estamos trabajando en eso. La idea es estirar los tiempos”, confesó un importante diputado del interbloque Unidos a la Agencia Noticias Argentinas.

 Para la ceremonia de apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, el presidente desea a toda costa tener finiquitados el régimen penal juvenil y la ratificación parlamentaria del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, pero muy especialmente quiere tener aprobada la reforma que denomina de “modernización” laboral, porque lo considera un símbolo del ultra reformismo libertario.

 Para darle más fuerza a su mensaje, el presidente le quiere mostrar a la sociedad que la construcción legislativa de su Gobierno está dando resultados palpables, los cuales, según estima, se traducirán en señales de confianza hacia los mercados.

 La reforma laboral que flexibiliza las condiciones de trabajo y abarata los costos laborales para las empresas es considerada por Milei un hito de la nueva Argentina y una de las grandes banderas de su gestión junto a la Ley Bases.

Más allá de los cambios que se lograron en el Senado, la oposición va por más y busca quitar de la redacción el polémico Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que es una caja que se nutriría de parte de las cargas patronales de las empresas para financiar las indemnizaciones.

 El detalle, inadmisible para la oposición, es que a cambio de la adhesión de las empresas al FAL, se les descuenta una alícuota de contribuciones patronales y son recursos que la ANSES resigna en pos de subsidiar los despidos sin causa en el sector privado.

 Otro artículo que despierta una fuerte controversia es el artículo que reduce al 50% el goce del sueldo durante los primeros tres meses de licencia por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.

 La oposición también tiene una mirada crítica respecto de la derogación de una serie de estatutos profesionales, entre los cuales se encuentra el del periodista, y el artículo que suprime el fondo para el financiamiento del INCAA.

La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. En ese marco, los diputados nacionales por Córdoba mostraron posiciones divididas, con mayorías a favor desde el cordobesismo y La Libertad Avanza, y rechazos desde otros espacios.

El bloque cordobesista votó de manera afirmativa con Juan Schiaretti al frente, quien juró como diputado tras atravesar un período de convalecencia por una intervención quirúrgica. Junto a él acompañaron la iniciativa Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres, Carolina Basualdo y Juan Brügge.

En el mismo sentido votó el bloque de La Libertad Avanza, encabezado por Gabriel Bornoroni, acompañado por Gonzalo Roca, Laura Rodríguez Machado, Laura Soldano, Belén Avico, Celeste Ponce, Cecilia Ibáñez, Luis Picat, Marcos Patiño Brizuela y Enrique Lluch.

En contraposición, la diputada Natalia de la Sota, del monobloque Defendamos Córdoba, votó en contra y calificó la sesión como “un día triste en el recinto”. Desde el kirchnerismo, la cordobesa Gabriela Estévez también rechazó el proyecto con duras críticas.

Durante el debate, Brügge defendió la postura del cordobesismo al sostener que “somos partidarios de que hay que bajar la edad porque la evidencia nos lleva a ver que se cometen delitos donde participan menores”. Junto con García Aresca y Torres, había impulsado un esquema escalonado de penas según la edad, aunque desde ese espacio advirtieron que el presupuesto previsto para implementar el nuevo régimen resulta insuficiente.

El monto estimado para su aplicación ronda los 23.700 millones de pesos, destinados a nuevos institutos de detención y a equipos interdisciplinarios de seguimiento. Para dimensionar la cifra, se comparó con la inversión cercana a los 18.000 millones de pesos que demandó el complejo “Papa Francisco” en Córdoba.

Desde el rechazo, Estévez cuestionó con dureza la iniciativa y afirmó: “No les importan las víctimas del delito ni rescatar a los jóvenes, sino poner más herramientas para seguir reprimiendo a un pueblo hambreado”. En tanto, Bornoroni defendió la reforma al apelar a un caso emblemático y señaló el dolor de las familias que pierden a un hijo en hechos delictivos.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto del Gobierno nacional deberá ahora ser tratado en el Senado, donde se anticipa un debate intenso sobre la edad de imputabilidad, el enfoque del sistema penal juvenil y los recursos necesarios para su implementación.

La Cámara de Diputados otorgó este jueves media sanción a la Ley Penal Juvenil, uno de los proyectos prioritarios de la agenda legislativa del Gobierno. La iniciativa, que propone modificar el régimen vigente y bajar la edad de imputabilidad, fue aprobada por 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, en el marco de una sesión especial en la que también se trató la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El texto impulsado por el oficialismo establece la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves y redefine el esquema de sanciones, incorporando un sistema que combina penas y medidas socioeducativas. La propuesta generó un extenso intercambio en el recinto, con posturas divergentes entre los bloques respecto del alcance de la reforma, el enfoque del sistema de responsabilidad penal adolescente y la naturaleza de las penas previstas.

Con la aprobación en la Cámara baja, el proyecto será girado al Senado, donde el oficialismo buscará consolidar su avance legislativo en un tema que despierta fuerte discusión política y social.

En el cierre del debate, el diputado cordobés Gabriel Bornoroni, del bloque libertario, defendió la iniciativa y subrayó el rol del Estado frente a los delitos graves. “Tenemos el compromiso de que el Estado deje de fallar, tome riendas en el asunto y resuelva los problemas de los argentinos. Cuando hay un delito grave, hay consecuencias graves. Y el Estado tiene que estar ahí”, expresó.

La votación reflejó un escenario de apoyos y resistencias cruzadas, en una discusión que continuará en la Cámara alta, donde se anticipa un nuevo capítulo de un debate sensible dentro de la política criminal y el sistema judicial juvenil.

Ahora, la Cámara de Diputados tiene previsto ratificar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado el 17 de enero pasado. Si se avanza con la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley.

El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales -Pro, la UCR y el MID- y sumó apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. Con estos apoyos, el bloque libertario alcanzó una mayoría holgada para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.

El  presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, fue reelecto por amplia  mayoria con el respaldo de la Libertad Avanza y bloques aliados, y la abstención de Unión por la Patria y la izquierda.

Secundarán a Menem como vicepresidenta primera, Cecilia Moreau (UxP), y Luis Petri como vicepresidente segundo.

La vicepresidencia tercera quedó en medio de una polémica ya que es reclamada por los interbloques Unidos y otro que armaron el PRO, UCR, Adelante Buenos Aires, y por Santa Cruz, dado que los dos tienen 22 legisladores cada uno.

Pese a la queja de la jefa del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, hubo acuerdo entre la Libertad Avanza, y los bloques aliados para postergar esta decisión.

La eleccion del presidente de la Cámara comenzó cerca de las 15 luego de la jura de los 127 legisladores.

La elección de Menem fue respaldada por la Libertad Avanza, Unidos, Innovación Federal, Coalición Cívica, PRO, la UCR, Producción y Trabajo, MID, Independencia, Elijo Catamarca, y los monobloques de Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz.

Al abrir el debate sobre la designación de autoridades, el presidente de bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, propuso la reeleccion de Menem al sostener que “es el dirigente indicado para llevar adelante las reformas" que impulsa el Gobierno Nacional.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, German Martínez, cuestionó la gestión de Menem porque “funcionó mas como jefe de bloque que como presidente de la Cámara de Diputados”, y dijo que pese a que no acompañarán su reelección dijo que esperaba que se mejore “la relación” entre las fuerzas políticas.

Por su parte, la presidente del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, acompañó la elección de Martín Menem y pidió que “haya diálogo” entre las fuerzas políticas y pidió que le reconozcan la vicepresidencia tercera.

Natalia de la Sota formó su propio bloque, llamado "Defendamos Córdoba", en la Cámara de Diputados de la Nación.

Mediante una notificación dirigida al Presidente del cuerpo, Martín Menem, la diputada comunicó su "decisión de conformar el bloque Defendamos Córdoba, integrado por quien suscribe, que comenzará a funcionar a partir del día de la fecha".

La candidata retuvo su banca y expresó su satisfacción por el respaldo popular recibido. "La verdad que haber retenido la banca, haber hecho una elección enorme, como la que hicimos nos pone felices", comentó.

El domingo recibimos, en las urnas, un mandato de los cordobeses. Para cumplir con la palabra y continuar nuestro camino de coherencia, hoy conformé el nuevo bloque "Defendamos Córdoba" en la Cámara de Diputados. #DefendamosCórdoba#NataliaDeLaSota pic.twitter.com/zXjLbNtMzX

De la Sota manifestó: "Creo que hace falta un aire fresco en Córdoba y hay mucha gente que realmente no convalida lo que está pasando con Milei".

La diputada también mencionó que su espacio político está preparado para permanecer y crecer: "Desde mañana empezamos otra vez. Seguimos consolidando este espacio. Lo más importante es que se arme y se abra un espacio en Córdoba".

De la Sota también hizo un balance sobre otros resultados electorales en el país, señalando que no se esperaba un desempeño tan bueno de la Libertad Avanza, pero que esto también fue parte de un fenómeno que se dio a nivel nacional.

Con esta decisión, la legisladora abandona el bloque Encuentro Federal, presidido por Miguel Pichetto, que lo integraba junto a otros cordobeses, Oscar Agost Carreño, Juan Brugge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres

Por falta de quorum, fracasó hoy la sesión en la Cámara de Diputados luego de que los ministros de Economía, Luis Caputo, de Salud, Mario Lugones, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, comunicaran de manera oficial sus inasistencias.

Lo hicieron mediante sendas notas que fueron remitidas anoche al presidente del cuerpo legislativo, Martín Menem.

La oposición aprobó la semana pasada una interpelación a Caputo por las negociaciones que está encarando con Estados Unidos para obtener una ayuda financiera de unos 20 mil millones de dólares y a Milei y Lugones por las denuncias de supuestas coimas en la compra de medicamentos.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, levantó la sesión a las 12.30 con la presencia de solo 12 diputados donde se debía tratar la interpelación a Caputo.

os diputados que estuvieron presentes en la primera sesión fueron Paula Olivetto, Monica Frade, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, los radicales, Julio Cobos, Atilio Benedetti,  y Fabio Quetlas.

Asistieron también la salteña de Innovación Federal Yolanda Vega y por la Izquierda, Mercedes De Mendietta y Juan Carlos Giordano.

Posteriormente, a las 14.30 Menem también levantó la sesión pero esta vez con menos diputados ya que solo estaban los legisladores de la Coalición Cívica, Paula Olivetto, Monica Frade, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, y Maximiliano Ferraro y el radical Quetlas.

Fuentes parlamentarias señalaron que los diputados opositores se enteraron anoche que no venía los funcionarios, luego de un encuentro que mantuvo Menem con los jefes de los bloques de la UCR, Rodrigo De Loredo, de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, del PRO, Cristian Ritondo, y de LLA Gabriel Bornoroni.

Allí la oposición pidió que se le informe claramente si venían los funcionarios y allí Menem les transmitió que no iban a concurrir ninguno de los tres.

Fuentes opositores destacaron la importancia que Karina Milei haya expresado “un problema de agenda” para no asistir y que no haya argumentado que no le correspondía porque no tenía cargo ministerial.

Posterior a la sesiónes, los bloques opositores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, y Democracia para Siempre pidieron en una carta que se reprograma las tres interpelaciones.

“Ante las ausencias de Luis Caputo, Mario Lugones y Karina Milei a las interpelaciones convocadas para hoy, con diversos bloques exigimos que la Presidencia  reprograme las mismas para garantizar su presencia efectiva”, según publicó el jefe de UxP, Germán Martínez.

En la nota se expresa que "nos dirigimos a usted para solicitarle que requiera al ministro de Economía, Luis Caputo; a la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei; y al ministro de Salud, Mario Lugones, que informen la fecha y hora en que podrán presentarse ante esta Cámara”.

Destacaron que "la frustrada presentación de los funcionarios en el recinto en el día de la fecha, resulta de la interpelación votada por este cuerpo el día 8 de octubre del corriente año, decidida en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados”.

En una nota firmada por el subsecretario Legal de la secretaria General al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem,  informó que Karina Milei no podía concurrir  “debido a compromisos previamente asumidos por la secretaria General, se vería “imposibilitada de concurrir al recinto en la fecha establecida para dicha sesión”.

Lugones expresó: “tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que por cuestiones de agenda impostergables no podré asistir al recinto el día 15 de octubre de 2025 conforme lo convenido por esa Honorable Cámara en la sesión del 8 de octubre del corriente”.

“Sin perjuicio de ello, me encuentro a disposición a fin de colaborar en todo lo que se considere oportuno dentro del marco de las competencias que me son propias, pudiendo remitir la información pertinente por escrito en caso de que la urgencia así lo amerite”, agregó.

Por su parte, Caputo informó: “por razones de agenda previamente establecida y como es de público conocimiento, me encontraré fuera del país en cumplimiento de una misión oficial, lo que impedirá mi presencia en la fecha indicada”.

En un golpe político a la gestión de Javier Milei, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma que reglamenta el tratamiento legislativo de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y decretos delegados, en una sesión marcada por un amplio apoyo opositor y fuertes críticas del oficialismo. La votación finalizó con 140 votos a favor, 60 en contra y 17 abstenciones, en su mayoría de la UCR.

La reforma obliga al Poder Ejecutivo a conseguir el apoyo de ambas cámaras en un plazo de 90 días para mantener la validez de sus decretos. Si no logra el respaldo, el DNU quedará automáticamente derogado. Además, la norma otorga mayor poder al Congreso, al establecer que bastará con que una sola cámara rechace un decreto para dejarlo sin efecto, frente al mecanismo actual que requiere el rechazo de ambas cámaras.

En términos concretos, la reforma busca eliminar la figura de la “sanción ficta” contemplada en la ley 26.122 impulsada por Cristina Kirchner, que permitía la convalidación de decretos por silencio del Congreso.

El oficialismo, en tanto, calificó la medida como una acción “desestabilizante” y anunció que el Ejecutivo prevé vetar la reforma. Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que “nadie puede pecar de ingenuo ni creer que el kirchnerismo con su dictamen de mayoría quiere mejorar las instituciones de la República. Al contrario, se propone desestabilizar al Gobierno, generando una mayor inseguridad jurídica”.

El debate se da en un contexto político y económico complejo para el Gobierno, en el que la oposición busca limitar la capacidad del Ejecutivo de avanzar con medidas por decreto y reforzar el rol del Congreso en la toma de decisiones.

De convertirse en ley definitiva, la iniciativa representaría una de las restricciones más importantes al margen de acción del Poder Ejecutivo en la historia reciente, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para sostener su agenda legislativa.

La Cámara de Diputados propinó un nuevo revés al presidente Javier Milei al insistir en la sanción de las leyes de aumento del financiamiento universitario y de Emergencia en Pediatría, entre otros proyectos que habían sido vetados por el Poder Ejecutivo.

La decisión allana el camino para que el Senado, donde la oposición cuenta con mayoría de dos tercios, confirme la medida y convierta en ley las iniciativas resistidas por el Gobierno.

La Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de aumento de financiamiento universitario con 174 afirmativos, 67 en contra y 2 abstenciones. Mientras que el veto presidencial a la declaración de Emergencia en Pediatría, por la crisis en el Hospital Garrahan, tuvo 181 votos a favor del rechazo, 60 en contra y 1 abstención.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), en alianza con el PRO, llegó debilitado a la sesión tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre frente al peronismo. Desde entonces, el bloque oficialista ha sufrido una serie de reveses legislativos en la previa de las elecciones parlamentarias del próximo 26 de octubre.

Los proyectos ratificados incluyen la ampliación de fondos para el sistema universitario nacional y la declaración de Emergencia en Pediatría, medida impulsada por la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan, centro de referencia en la atención infantil. Ambos habían sido objetados por Milei bajo el argumento de que comprometían el equilibrio fiscal.

En las horas previas a la votación, la Casa Rosada desplegó diversas estrategias para intentar sostener los vetos, entre ellas el compromiso de nuevos fondos a gobernadores aliados y el anuncio de futuros aumentos salariales para el personal del Garrahan. Sin embargo, los intentos resultaron insuficientes frente a la amplia mayoría opositora.

El golpe político refuerza el aislamiento legislativo del oficialismo, que no logró alcanzar el tercio de votos necesarios para blindar los vetos. En el Senado, donde la oposición mantiene una mayoría más holgada, se espera que la insistencia en las leyes sea confirmada sin mayores obstáculos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindó un fuerte respaldo al presidente de la Cámara Diputados, Martín Menem, y dijo que está “orgullo” de la tarea que está realizando, en medio de las fuertes críticas al titular del cuerpo legislativo.

Francos respondió así las críticas a Menem formuladas por el diputado disidente libertario Carlos D'Alessandro, quien lanzó fuertes cuestionamientos al presidente de la Cámara de Diputados.

Francos señalo que luego de discusiones internas al ganar las elecciones “elegimos a al diputado Martín Menem para presidirla y estamos muy orgullosos del trabajo que viene haciendo hasta el presente”.

Señaló que la presidencia de la Cámara de Diputados “es una resolución del cuerpo”, aunque señaló que “uno puede tener ideas sobre quién puede ser el mejor diputado para presidirla”.

D'Alesasandro le preguntó a Francos si  "no hubiésemos puesto a Martin Menem como presidente de la Cámara de Diputados nos hubiésemos tenido todos estos hechos de corrupción".

El legislador recordó que en la ocasión se había opuesto a la designación del actual presidente del cuerpo porque  “el apellido Menem viene vinculado a todos los hechos de corrupción” y dijo que esta situación "desgasta la imagen de este gobierno, no solo por el pedido de coimas de Spangnuolo”.

Menem también había sido objetado por los diputados de izquierda y de la Coalición Cívica, Mónica Frade, por los sueldos de los trabajadores que señalaron que se encuentran “precarizados”.

La mega sesión convocada por la oposición este miércoles arrancó con un golpe político de alto impacto para el Gobierno de Javier Milei: la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Con una mayoría especial holgada, la oposición reunió 172 votos afirmativos, frente a los 73 rechazos de libertarios y aliados, además de 2 abstenciones. De este modo, la norma recobró vigencia pese a la decisión del Poder Ejecutivo.

La ley en cuestión actualiza los aranceles de las prestaciones vinculadas a la discapacidad en función de la inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Había sido aprobada previamente con amplio consenso político, aunque la Casa Rosada la objetó al considerar que implicaba un alto costo fiscal.

En un intento de desactivar la ofensiva opositora, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció horas antes del debate, a través de redes sociales, que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”. 

Y agregó: “Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”.

La jugada, interpretada como una maniobra para fracturar la mayoría opositora, no logró su cometido. El amplio respaldo parlamentario terminó marcando un nuevo revés legislativo para el oficialismo, que enfrenta crecientes dificultades para sostener sus vetos en el Congreso.

Luego de este revés, queda en el debate parlamentario el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y los fondos para Bahía Blanca.

La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a un proyecto clave impulsado por bloques opositores que mejora los haberes jubilatorios y reconoce la emergencia en discapacidad. La sesión, que había fracasado semanas atrás, logró avanzar gracias al apoyo, ente otros, de legisladores cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora, quienes fueron determinantes para alcanzar el quórum.

Con 142 votos afirmativos, el cuerpo aprobó un incremento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones bajo ANSES, excluyendo los regímenes especiales, y elevó el bono previsional de $70.000 a $110.000, con ajustes atados a la inflación. Desde el oficialismo, La Libertad Avanza anticipó que el presidente Javier Milei vetará la ley si el Senado la convierte en definitiva, argumentando que compromete el equilibrio fiscal.

El quórum se alcanzó con 131 diputados sentados, apenas dos por encima del mínimo. Entre ellos estuvieron Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, de Hacemos Unidos por Córdoba, quienes no habían participado en la fallida sesión anterior. A ellos se sumó Ignacio García Aresca, del mismo bloque, confirmando su respaldo una vez habilitado el debate.

El respaldo llaryorista no pasó desapercibido. Funcionarios cordobeses, como la ministra Liliana Montero y el secretario Miguel Siciliano, destacaron la decisión como un acto de compromiso con sectores vulnerables y un contraste con “la crueldad del gobierno nacional”. La votación reflejó no solo la presión social sobre el Congreso, sino también una fractura cada vez más visible entre el Ejecutivo nacional y gobiernos provinciales como el de Córdoba.

La comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados emitió hoy dictámenes a favor de declarar la emergencia por dos años en el Hospital Garrahan, en medio de las medidas de fuerza que viene realizando el colectivo de médicos residentes del centro de salud en reclamo por salarios dignos y mejores condiciones laborales. 

El organismo parlamentario, que preside Pablo Yedlín (UP), respaldó seis dictámenes de los cuales dos corresponden a proyectos de ley y otros cuatro de resolución, que contemplan diferentes propuestas además de declarar la emergencia en el Hospital Garrahan. 

Yedlin afirmó que "mañana en la sesión vamos a plantear el emplazamiento a las demás comisiones para que se reúnan en plenario y podamos dictaminar completamente estos seis proyectos vinculados al Hospital Garrahan. Así que mañana hay que estar y dar quórum».

Los bloques opositores de Unión por la Patria, Coalición Cívica, Democracia para Siempre, y Encuentro Federal, pidieron una sesión especial para mañana a fin de votar un aumento a los jubilados, y declarar la emergencia de discapacidad.

De todos modos para empezar la sesión se requieren 129 diputados y si bien había optimismo en las bancadas de la oposición siempre existe la posibilidad que el Gobierno convenza a algunos gobernadores para ordenen a sus legisladores no colaborar para alcanzar el quórum.

Para poder tratar esas iniciativas en el recinto de sesiones se requiere que lo analizan las comisiones de Familia y de Presupuesto y Hacienda, por lo cual los bloques de la oposición impulsarán un emplazamiento para que se convoque a esa comisiones.

Tras la oficialización de la convocatoria a sesión especial el próximo miércoles al mediodía en la Cámara de Diputados, la oposición busca denodadamente el número que le permita alcanzar el quórum y evitar que se repita el fracaso del 21 de mayo pasado, cuando le faltaron tres legisladores para abrir el recinto.

Tras muchas deliberaciones previas, el martes pasado se presentó la nota con la solicitud de la sesión para el 4 de junio a las 12 hs con las rúbricas de referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica.

De esta manera, el nuevo “Grupo A” de la oposición busca tomarse revancha con un temario parecido al de la sesión pasada, pero despojado de dos temas que generaban mucha conflictividad y que terminaron pesando en la decisión de algunos diputados al dejar las bancas vacías en el recinto.

Por caso, la designación de autoridades de la comisión investigadora Libra no está en el temario, aunque no se descarta que pueda ser introducido con una moción. 

La oposición mantiene esa amenaza latente y podría usarlo como efecto sorpresa en el recinto.

Al margen de Libra, la designación de los representantes de la Cámara de Diputados para cubrir las vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN) quedó definitivamente corrido de la escena.

El traspié del 21 de mayo, cuando se intentó nombrar a Emilio Monzó y a Juan Ignacio Forlón para cubrir dos de las tres vacantes, abrió un nuevo escenario, un barajar y dar de nuevo en la comisión de Asuntos Constitucionales, que empezó a tratar distintas iniciativas de reforma de la composición y duración de los mandatos en el organismo de control. 

Eso le permite ganar tiempo al Gobierno, que se guarda preventivamente el recurso de romper esta dinámica con un DNU de reforma de la AGN.

De cara al quórum, el panorama está extremadamente ajustado, tanto para la oposición que quiere abrir el recinto como para el oficialismo y sus aliados que trabajan para cerrarlo bajo llave.

La última vez la oposición quedó a tan sólo tres legisladores de tener quórum, por lo que esta vez dependerá de la ayuda de algunos gobernadores, que fueron decisivos en la última convocatoria para que se cayera la sesión.

Para tener éxito, la oposición debió ajustar mucho las clavijas en la confección del temario, e hilar muy fino en el repertorio porque ya quedó demostrado que a veces una ambición desmedida juega en contra de los propios intereses.

En la construcción de la agenda para esa sesión, se priorizó dejar contentos y satisfechos a todos los sectores políticos por encima de pensar qué era lo posible de encaminar en ese contexto determinado.

Hubo un “engolosinamiento” que partió de la premisa de sobreestimar las capacidades propias y subestimar las del adversario. 

No alcanzaron a dimensionar en su justa medida que el Gobierno había quedado mucho mejor plantado después del dulce resultado electoral en la Ciudad de Buenos Aires, y demostró poder de fuego para alinear a gobernadores. 

El tema que más empiojó la convocatoria fue la inclusión por la ventana de la discusión por las vacantes en la AGN. 

El nombre de Monzó genera un rechazo visceral en Elisa “Lilita” Carrió, quien tiene devoción por Mario Negri. 

El radical, que mira la película de afuera, tiene todas las de perder ya que representa a un partido venido a menos, ultrafragmentado y reducido, pero encontró un resquicio para volver a meterse en el baile.

Los temas jubilatorios se dividirán en dos paquetes: uno vinculado a la prórroga de la moratoria (plan de pago de deuda previsional) y el incremento excepcional del 7.2% en los haberes de jubilaciones y pensiones, y en segundo término el aumento del bono complementario y la prestación proporcional a la vejez.

Si bien la incidencia fiscal de la moratoria es muy marginal de acuerdo a los cálculos de la Oficina del Presupuesto de la Nación (OPC), cercano al 0,165% del PBI, el oficialismo quiere frenar con esta práctica de "parches" que considera inequitativa con aquellos trabajadores que aportaron más de 30 años al sistema.

Por estas horas, Unión por la Patria y la izquierda tenían dificultades para reunir una mayoría suficiente. En cambio, las perspectivas de mejoras el bono y establecer un incremento por única vez de los haberes previsionales es favorable.

El Gobierno ya avisó que vetará cualquier modificación que atente contra el orden fiscal, por lo que la oposición ya empezó a pensar una estrategia para alcanzar las dos terceras partes en una futura sesión.

En el temario de la sesión también aparece el proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con una recomposición de los montos de los haberes desde el 1 de diciembre de 2023 de acuerdo a la inflación acumulada, y una actualización automática mensual del nomenclador de los aranceles para los beneficiarios.

El diputado nacional de Unión por la Patria Daniel Arroyo aseguró en declaraciones a Radio Splendid AM 990 que hay “una mayoría amplia” para aprobar el miércoles la ley de emergencia en Discapacidad, y mencionó la posibilidad de que el presidente Javier Milei posteriormente vete la ley, sobre lo que consideró que “hay que tener estómago” para hacerlo.

“Objetivamente no solo tenemos una mayoría amplia, sino que aparte de los que acompañan habitualmente al Gobierno están acompañando esta iniciativa”, indicó, confiado, el ex ministro de Desarrollo Social.

Más allá de que el proyecto obtenga el número en ambas cámaras del Congreso para ser aprobado, en el caso de que el Gobierno use la facultad del veto, la oposición deberá reunir una mayoría de dos tercios para insistir en su validez.

El año pasado, luego de que Milei vetase las leyes jubilatoria y universitaria, el oficialismo logró blindar esos vetos al conseguir que más de un tercio de los diputados, a los que el presidente denominó “héroes”, levantara una barrera contra dichas iniciativas en una sesión especial. 

Para Arroyo, a diferencia de esas oportunidades, ahora hay diputados vinculados a gobernadores que en aquel momento se alinearon al Poder Ejecutivo que en esta ocasión apoyarían la emergencia en discapacidad y permitirían superar los dos tercios necesarios para insistir con la ley. 

“Hay que tener estómago para vetar esta ley”, agregó el diputado de UP, autor del proyecto que busca recomponer los montos de las prestaciones por Discapacidad de acuerdo a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, y luego establecer una indexación objetiva para que la liquidación de los ingresos no vuelva a quedar atrasada.

En otro orden, se tratará una gama amplia de expedientes para declarar la emergencia y zona de desastre por 180 días a los municipios bonaerenses afectados por graves inundaciones.

Se trata fundamentalmente de las localidades de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, Exaltación de la Cruz, Baradero, Rojas y San Antonio de Areco.

Para el Gobierno, la sumatoria de estas iniciativas generan un gasto excesivo que el Estado no puede afrontar y que desestabilizan la sustentabilidad de las cuentas fiscales, que son las tablas sagradas de la Biblia en la consideración libertaria.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunió con funcionarios del Ministerio de Economía y de allí surgió que el conjunto de estas propuestas tienen un costo fiscal de unos 12 mil millones de dólares, equivalente al 1,8% del PBI.

Sin contar la moratoria, el resto de las iniciativas previsionales, que incluyen el bono complementario y el incremento del 7.2% en los haberes supone un costo fiscal del 1.3% del PBI, según el equipo económico.

Las cifras no coinciden con las aportadas por la OPC, que calculó que el gasto anualizado por el pago del bono supondría un costo de $1.992.853 millones (0,23% del PIB), en caso de llevarlo a 105 mil pesos; y de $2.567.477 millones (0,30% del PIB), si se eleva a 115 mil pesos.

En lo que respecta a la restitución del Plan de Pago de Deuda Previsional, la moratoria que se había sancionado durante el gobierno del Frente de Todos y caducó el pasado 23 de marzo, desde el Poder Ejecutivo hablan de un 0,2% del PBI.

En relación al aumento de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad, junto al fortalecimiento de los prestadores y el presupuesto para el ANDIS, el equipo del ministro Luis “Toto” Caputo calcula que tendría un costo fiscal del 0,3% del PBI.

En este caso, la estimación coincide bastante con la realizada por la OPC, que calculó entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, dependiendo de la cantidad de altas de pensiones que hubiera.

Tras la reunión con el equipo económico, Menem acusó a los bloques opositores de “intentar romper el equilibrio fiscal” con los proyectos incluidos para la sesión del miércoles.

“Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares. (1.8% PBI)”

A través de la red social X señaló que “se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de INTENTAR ROMPER EL EQUILIBRIO FISCAL que tanto nos costó conseguir”

“Temas como la prórroga de moratoria previsional y nuevas fórmulas de cálculo, que repiten sus mágicas soluciones que han colapsado el sistema y fundido al estado y a los jubilados; o una declaración de emergencia en discapacidad, que lejos de aportar soluciones concretas, parecen más orientadas a mejorar la situación de algunos prestadores que a sus reales destinatarios”

Destacó que “sólo pretenden hacernos retroceder en el camino que el Gobierno Nacional ha fijado y que la gente ha revalidado en las últimas elecciones locales que se fueron desarrollando. No caigamos en la trampa de quienes se empeñan en que el gobierno fracase, con el único objetivo de volver al poder y sostener sus privilegios”.

La Cámara de Diputados citó para el próximo miércoles al mediodía a la sesión especial pedida por bloques opositores para tratar un aumento a las jubilaciones del 7,2 %, y la declaración de la emergencia en materia de discapacidad.

El secretario parlamentario del cuerpo, Adrián Pagan, formalizó hoy la convocatoria a la sesión especial impulsada por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, y Democracia para Siempre.

Los bloques opositores buscan sancionar los proyectos de aumentos de los haberes jubilatorios del 7,2 %, un aumento del bono de 70 mil a 105 mil pesos, una prórroga de la moratoria que venció en marzo o la aplicación de un nuevo régimen para las personas que no tienen los 30 años de aportes, y un aumento de los valores de las prestaciones y de las pensiones por discapacidad.

El impulso de estas iniciativas tuvo duras críticas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien acusó a los opositores de querer “romper el equilibrio fiscal” ya que señaló que tienen un impacto de 12 mil millones de dólares.

A través de la red social X, Menem señaló "una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares.(1.8% PBI)".

Señaló que "se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir".

Ahora, los bloques opositores deberán garantizar el quórum de 129 diputados para iniciar la reunión del pleno del cuerpo, aunque en esta ocasión hay optimismo en que puedan llegar al número para habilitar al debate.

Además, las bancadas de la oposición impulsarán la aprobación de un emplazamiento para que se discuta el 10 y 11 de junio un proyecto de financiamiento universitario propuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el fin de tratarla en una sesión el 19 de junio.

 A diferencia de la sesión que se cayó por falta de quórum no se incluyó la designación de las autoridades de comisión investigadora Libra, aunque no se descarta que la cuestión pueda ser planteada directamente en el recinto mediante una moción

También se incluyó el tema de la designación de dos auditores de la AGN que dividió las aguas entre los bloques dialoguistas. Unión por la Patria y Encuentro Federal  proponían para cubrir las vacantes en el  organismo de control al camporista Juan Ignacio Forlón y al diputado de Encuentro Federal Emilio Monzó. Este último, sin embargo, sumaba resistencias en el radicalismo e incluso dentro de su propio bloque por parte de tres diputados cordobesistas que responden al gobernador Martín Llaryora, quienes dejaron sin quórum la sesión.

En el temario de la sesión también aparece amplia gama de expedientes para declarar la emergencia y zona de desastre por 180 días a los municipios bonaerenses afectados por graves inundaciones. Se trata fundamentalmente de las localidades de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, Exaltación de la Cruz, Baradero, Rojas y San Antonio de Areco..

Los bloques de la oposición presentaron ayer formalmente el pedido de sesión especial para el miércoles 4 de junio al mediodía con el objetivo de someter a votación en el recinto de la Cámara de Diputados la emergencia en Discapacidad y distintas iniciativas de mejora previsional, entre ellas la renovación de la moratoria, el aumento del bono para jubilados y pensionados y un incremento de los haberes del 7.2%.

Tras intensas negociaciones, la nota fue presentada este martes con las rúbricas de referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica.

A diferencia de la última sesión que cayó por falta de quórum, no se incluyó en el temario la designación de autoridades de la comisión investigadora Libra, aunque no se descarta que la cuestión pueda ser planteada directamente en el recinto mediante una moción.

Para evitar que algunos sectores lo utilicen como excusa para ausentarse, los bloques de la oposición acordaron dejar afuera del dictamen la designación de los representantes de la Cámara de Diputados en la Auditoría General de la Nación (AGN).

La semana pasada, había un acuerdo para impulsar para cubrir esas vacantes en el organismo de control al camporista Juan Ignacio Forlón y al diputado de Encuentro Federal Emilio Monzó.

Éste último, sin embargo, sumaba resistencias en el radicalismo e incluso dentro de su propio bloque por parte de tres diputados cordobesistas que responden al gobernador Martín Llaryora, quienes dejaron sin quórum la sesión.

En el temario de la sesión también aparece el proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con una recomposición de las prestaciones para los beneficiarios, y una gama amplia de expedientes para declarar la emergencia y zona de desastre por 180 días a los municipios bonaerenses afectados por graves inundaciones.

Se trata fundamentalmente de las localidades de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, Exaltación de la Cruz, Baradero, Rojas y San Antonio de Areco.

La nota con el pedido de sesión dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue firmada por Germán Martínez, Natalia de la Sota, Pablo Juliano, Juan Manuel López, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Ana Carla Carrizo, Nicolás Massot, Paula Penacca, Oscar Agost Carreño, Victoria Borrego y Danya Tavela.

Diputados opositores firmarán la próxima semana un dictamen para ampliar la moratoria y ajustar el bono a los jubilados, luego de haber concluido hoy la ronda de consultas con especialistas, y organizaciones de jubilados y pensionados.  

De todos modos, los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica deberán alcanzar acuerdos para extender la moratoria que venció el pasado 23 de marzo y el ajuste del bono estancando desde diciembre del 2023 en 70 mil pesos. 

 Por ese motivo, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Gabriela Brouwer de Konning (UCR)  informó que se le pedirá a la Oficina de Presupuesto una evaluación sobre el costo fiscal de la moratoria, del ajuste del bono y de la prestación proporcional para "poner tener algunos números".  

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, señaló que la Oficina de Presupuesto (OPC) "está evaluando el costo fiscal sobre la emergencia en discapacidad" y advirtió que sobre los proyectos previsionales debe haber algún acuerdo sobre líneas comunes para que la Oficina pueda evaluarlos porque no está en condiciones de evaluar 21 proyectos".  

 Al respecto, el legislador de Nicolas Massot (Encuentro Federal) estuvo de acuerdo que no se le puede pedir a la OPC analizar una veintena de proyectos pero se "pueden agrupar en tres sectores" y se le puede pedir un cálculo lo que se "ahorra el Tesoro Nacional con la caída de la moratoria y cuánto costaría prorrogar la moratoria".  También señaló que se  le puede pedir un estudio sobre el proyecto para aumentar de 70 a 105 mil pesos el bono que cobran los jubilados que perciben la jubilación mínima, "con lo cual serían dos números cual será el costo de aumentar la moratoria y cual sería de aumentar el bono", añadió. 

 Los diputados tienen en estudio varios proyectos para extender la moratoria por espacio de dos años para que las personas personas en edad jubilatoria -hombres desde 65 años y mujeres desde 60- sin llegar a los 30 años de aportes podían regularizar sus deudas previsionales y, de esa manera, cobrar la jubilación mínima, con el descuento correspondiente al plan de facilidades de pago en cuotas.  

Sin la moratoria solo podrán acceder a la Prestación Universal a lAdulto Mayor (PUAM) a los 65 años y pasar a percibir el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez. 

 En el plenario de las comisiones expusieron hoy especialistas y organizaciones de jubilados, entre quienes estuvieron Nora Biaggo, quien participa en las marchas que se hacen todos los miércoles al Congreso y que pronunció un discurso donde criticó con dureza al Gobierno.

 La representante del Movimiento de Jubilados manifestó que "estamos luchando por nuestro salario diferido, un aumento jubilatorio inmediato, una movilidad automática acorde a la inflación y al costo de vida, una jubilación universal y que todos los trabajadores pasen a blanco".  

 Además precisó que "reclamamos algo elemental los jubilados: que se termine la intervención de 45 años en el PAMI ya que "debería estar dirigida por trabajadores y jubilados que somos los que aportamos".

   Por su parte, Renee Girardi del Frente de Adultos en Unidos y Organizados, señaló que "la situación de los jubilados sigue siendo pésima" ya que "nuestra vida, las personas mayores, nuestra vida, se deteriora junto con nuestra dignidad de personas simplemente, y hasta nos quitan la posibilidad de una muerte digna",. 

 "Solicitamos un aumento de emergencia urgente que nos devuelva los remedios sin cargo y que la moratoria vuelva a estar vigente; mientras esto no ocurra habrá calle, porque queremos una patria libre, justa y soberana", agregó.

 En tanto, la secretaria de Previsión de CTA Autónoma Nacional, Olivia Ruiz, dijo que "tenemos la precariedad laboral de más del 50%, los jubilados cobrando una haber mínimo mayoritariamente de miseria y un bono sin movilidad".

 Añadió que "nada se puede discutir sin nosotros, que hemos construido las leyes jubilatorias, el sistema de salud que nos contiene y que los diferentes gobiernos se han dedicado a destruir", declaró. 

Respecto del bono, instó a que "se incluya dentro del haber jubilatorio".  

 Los proyectos para extender la moratoria por dos años fueron presentados por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau, Brenda Vargas Matyi y Andrea Freitas, además de la legisladora de la izquierda Vanina Biasi.

También hay una iniciativa de la legisladora de UxP Gisela Marziotta para extender la moratoria por diez años, aunque este proyecto no reuniría el consenso suficiente.   Asimismo, figura un proyecto de la diputada de Encuentro Federal Alejandra Torres y de Innovación Federal, Agustín Domingo, para establecer una jubilación proporcional de acuerdo a la cantidad de años de aportes, con un haber no inferior a la PUAM.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó hoy la estrategia de la oposición de interpelar funcionarios e impulsar una comisión investigadora en el marco del cripto escándalo Libra, y lo asoció al “montaje de un tribunal mediático cuya única finalidad es el rédito político y la especulación electoral”.

Durante la sesión especial en la Cámara de Diputados, el funcionario reclamó que la comisión investigadora “no extralimite sus funciones” ni se transforme en un “órgano paralelo de Justicia” arrogándose “atribuciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial”.  

“La función de las comisiones investigadoras deben estar subordinadas a las competencias propias del Poder Legislativo: deliberar, legislar y ejercer su función de control entre los poderes del Estado. No pueden transformarse en órganos paralelos de Justicia ni arrogarse atribuciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial, ya que de ningún modo se ha pensando que las mismas deban sustituir la labor de los jueces o del Ministerio Público Fiscal”, indicó.

Para Francos, “este tipo de montajes no contribuye al fortalecimiento democrático ni al esclarecimiento de los hechos”. 

“Por el contrario, distraen la atención del Congreso respecto de los debates que realmente impactan en la vida cotidiana de los argentinos", agregó. 

En este sentido, el ministro coordinador exigió que “quienes integran esta honorable cámara actúen con la responsabilidad y seriedad que el orden constitucional impone”.

“No aceptaremos la extralimitación de las facultades de este congreso para el montaje de un tribunal mediático cuya única finalidad sea el redito político o la especulación electoral”, concluyó.