El Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto de reforma de la ley de biocombustibles, que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%, porcentajes que comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la ley.

La iniciativa fue respaldada por 41 a 25 votos y será girada para su revisión a la Cámara de Diputados.

El proyecto fue respaldado por la Libertad Avanza, PRO, Independencia, Primero los Salteños, Convicción Federal, Movimiento por Misiones, la mayoría de la UCR y el senador tucumano y ex gobernador, José Manzur.

En tanto, el proyecto fue rechazado por el bloque justicialista, Movere por Santa Cruz y el senador radical Maximiliano Abad.

Esta propuesta se pudo debatir luego de que se superaron las diferencias que existían sobre la participación de las pymes de biodiésel, dado que se acordaron modificaciones entre los libertarios y los aliados.

Las pequeñas y medianas empresas pretendían mantener su participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto contemplaba una reducción progresiva hasta su eliminación en 2031.

Con la nueva propuesta, las empresas no integradas tendrán el piso mínimo a partir del 1 de enero de 2031 hasta 2036, que será del 4%, con lo cual poseerán una porción del mercado asegurada.

La presidenta de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royón, señaló que este "dictamen busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero, al mismo tiempo, crear una transición hacia un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías”.

Señaló que “este dictamen no sólo aumenta los cortes del bioetanol y del biodiésel, sino que también regula cómo se abastecen esos cortes y cómo se comercializan estos productos, es decir, cómo se garantiza una transición ordenada”.

Destacó que "en el caso del biodiésel se establece un período de transición hasta el año 2036 y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta; es un esquema que progresivamente reduce la porción reservada a empresas no integradas y amplía gradualmente la competencia en el sector”.

La senadora de Independencia, Beatriz Avila, señaló: "Apoyo elevar al 15% el corte obligatorio de biocombustibles y votar favorablemente la ley por su impacto positivo en el desarrollo energético, ambiental, industrial y regional".

"Esta ley tiene un sesgo federal en una Argentina desigual, con asimetrías. En el norte tenemos la caña de azúcar y para nosotros es importante que podamos avanzar en esta ley que es de vanguardia", manifestó.

Dijo que la reforma "no sólo permitirá el incremento en los cortes obligatorios, sino también en la reducción de las emisiones, en la mejor calidad de los combustibles, en la innovación y la tecnología, y, por supuesto, si es favorable en términos de precios y la economía regional".

Por su parte, el exgobernador tucumano, Juan Manzur, apoyó la reforma de la ley de biocombustibles y señaló que "lo que hace es poner la mirada en el enorme territorio argentino, en una zona pobre, una zona castigada".

Destaco que esta iniciativa "va a repercutir muy positivamente en mi provincia, en Tucumán", apuntó, y destacó que la sanción de la ley impactará en forma positiva en los pequeños productores de la región.

Por su parte, la senadora cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, señaló: "Córdoba sigue marcando el camino en la industria de biocombustibles".

"Ésa es la Argentina que queremos. Gracias a la decisión de la Provincia, hoy Córdoba lidera el mercado de bioetanol y concentra casi el 70% de la capacidad instalada en la producción de etanol", aseveró.

El senador peronista Fernando Salino mostró reparos a aspectos del dictamen de mayoría al señalar: "Hay muchas cosas que quisiéramos corregir. No podemos permitir todas las cosas que este proyecto delega en la reglamentación y que deberían de ser contenidas en la propia ley".

A su vez, la presidenta de Convicción Federal, Carolina Moises, señaló: "Votaré hoy esta Ley de Biocombustibles, una ley que trabajé siempre, porque vengo de San Pedro, rodeada de cañaverales".

Con la mira ya puesta en las elecciones presidenciales de 2027, el Gobierno asegura que se encuentra bien encaminado y está cerca de conseguir la mayoría de votos necesarios para lograr suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Senado en el mes de septiembre.

La administración central ya cuenta con sus 21 senadores propios de La Libertad Avanza. Sumado a distintas alianzas entre radicales y legisladores de distintos interbloques, el conteo final ascendería a los 35 votos, según supo la Agencia Noticias Argentinas de información de TN.

Entre los 21 oficialistas, sumado a los posibles diez provenientes de la Unión Cívica Radical (UCR) y siete del interbloque Impulso País, el número asciende a 38 votos, aunque se manejan con cautela y no aseguran el total de esos votos, por lo que articulan una estrategia más conservadora.

Sin embargo, desde el Partido Justicialista (PJ) preparan una ofensiva para bloquear la suspensión de las PASO, por lo que el camino legislativo no será fácil para el Gobierno.

Los principales referentes del PJ dejaron de lado, al menos por ahora, sus profundas diferencias internas y comenzaron a consensuar una estrategia para bloquear iniciativas que el Gobierno considera prioritarias.

Uno de los principales objetivos que se trazó el peronismo es comenzar a construir acuerdos con los gobernadores que mantienen una relación de diálogo con la Casa Rosada para evitar que el oficialismo consiga los votos necesarios respecto a la reforma electoral.

Para el PJ, las primarias son una herramienta clave de cara a las elecciones de 2027, ya que podrían convertirse en el mecanismo para ordenar las candidaturas dentro de un peronismo que todavía mantiene abiertas sus disputas internas. En ese sentido, busca garantizar que los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), además de los gobernadores de partidos provinciales como Rolando Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones) no acompañen la reforma electoral impulsada por La Libertad Avanza.

Después de tensas horas y la caída completa del capítulo sobre venta de tierra a extranjeros, que significó un nuevo golpe para el oficialismo libertario, el pleno del Senado retomará la sesión que en julio pasó a cuarto intermedio y, desde las 14, intentará aprobar la ley de propiedad privada, con capítulos en pie que presentarán debate.

El convite además tendrá, sin dudas, una fuerte discusión reglamentaria tras el guiño de Victoria Villarruel a favor de la virtualidad de dos legisladores, situación que sólo puede ser convalidada por el pleno, que es soberano. El oficialismo que lidera Patricia Bullrich hierve por estas decisiones e incluso en varias bancadas dialoguistas rechazan -en voz baja- la jugada de la Vicepresidenta. No obstante, lo que vale es lo que se diga y vote en las próximas horas en el recinto.

Expropiaciones. De lo que quedó del dictamen original -mayo pasado-, luego reformulado con al menos 17 borradores extra, se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”. Y se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

En tanto, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.

La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% (TREINTA POR CIENTO) del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.

Un último ítem del capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.

Desalojos. La versión -por ahora- final plantea: “Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”.

Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.

“Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario.

Manejo del Fuego. “En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de estos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”, sostiene la propuesta. La diferencia con la ley de Máximo Kirchner, vigente desde la época de Alberto Fernández, habla de prohibiciones para vender o cambiar de rubro en cuanto a uso durante 60 años.

Además, la iniciativa busca dinamitar el artículo 22 quáter de la norma actual. El mismo expresa que “en caso de incendios” en “en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales” se “prohíbe por el término de treinta (30) años desde su extinción: a) la realización de emprendimientos inmobiliarios; b) cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y, c) la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento”.

El Gobierno decidió retirar de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo referido a la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. La modificación busca facilitar el tratamiento del proyecto durante la sesión prevista para este jueves en el Senado.

La decisión se tomó después de una reunión encabezada por la senadora Patricia Bullrich con representantes de los bloques aliados. El oficialismo encontraba dificultades para reunir los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Durante la mañana de este miércoles, los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Neuquén, Rolando Figueroa, ambos cercanos a la Casa Rosada, habían anticipado que no acompañarían el capítulo cuestionado.

El texto prohibía la adquisición de tierras rurales directamente por parte de Estados extranjeros. Sin embargo, contemplaba que pudieran comprarlas personas jurídicas, uniones transitorias de empresas y otras asociaciones con participación estatal extranjera directa o indirecta.

Para concretar esas operaciones, la iniciativa exigía la autorización de la provincia donde estuviera ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. Ese punto generó objeciones entre legisladores y gobernadores aliados, por lo que finalmente fue eliminado del proyecto.