La Justicia de San Francisco avanza en la investigación por la muerte de un joven de aproximadamente 25 años que se encontraba alojado en el Establecimiento Penitenciario N° 7, donde fue encontrado sin vida en su celda durante el pasado domingo.

Según se informó oficialmente, el hecho fue detectado durante una recorrida de rutina en el sector de pabellones. “Siendo aproximadamente las 10.50, durante los controles de rutina en el sector de pabellones, personal de guardia constató que el interno Luciano José Martínez se encontraba desvanecido en su celda, en una situación compatible con una presunta maniobra de autolesión”, indicaron a LA VOZ DE SAN JUSTO fuentes del Servicio Penitenciario de Córdoba.

De inmediato, se activaron los protocolos correspondientes. “De manera inmediata, se activaron los protocolos de asistencia y seguridad. El personal de la institución procedió a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se solicitaba la intervención del servicio de emergencias médicas externo”, agregaron.

Minutos más tarde arribó una unidad médica. “A las 11, arribó una unidad de la empresa de emergencias Cruz Verde. Los facultativos médicos continuaron con las tareas de reanimación de forma intensiva durante 30 minutos; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, a las 11.30 horas se constató el fallecimiento del interno”, precisaron.

Ante lo sucedido, se dio inmediata intervención a la Justicia. Actúan en el caso la Fiscalía de Instrucción de 4° Turno y la Fiscalía de Delitos Complejos, que dispuso la preservación del lugar y la intervención de Policía Científica para la realización de pericias. También se notificó a la Cámara Criminal y Correccional, en cuya órbita se encontraba el interno.

Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa inicial y busca determinar con precisión las circunstancias del deceso, sin descartar hipótesis.

Este viernes, en el Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco, de avenida Savio al 600, se concretó la puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Requisa, equipado con body scanners de rayos X y escáneres de bolsos, destinados al control del ingreso de visitas y personal.

La actividad incluyó además la presentación oficial de la delegación de Bomberos del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) y la realización de un simulacro de intervención ante una hipótesis de incendio en el penal, del que participaron el Ministerio Público Fiscal, la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Durante el acto, el director del establecimiento, Mauricio Santillán, destacó el proceso que permitió concretar la obra. Explicó que, tal como lo había adelantado LA VOZ DE SAN JUSTO, el proyecto tuvo su origen en 2024 a partir de la necesidad de “modernizar y fortalecer áreas estratégicas para el adecuado funcionamiento del establecimiento penitenciario”.

Santillán señaló que el nuevo espacio incorpora nuevas tecnologías, mejores condiciones operativas y criterios actuales de gestión, acordes a los desafíos que enfrenta el servicio penitenciario en la actualidad. En ese sentido, resaltó el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Trabajo y de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, cuyo apoyo y orientación resultaron fundamentales desde la planificación hasta la culminación de la obra.

Asimismo, realizó un reconocimiento al personal del establecimiento, en especial al área de mantenimiento e informática y a los funcionarios que trabajaron en la puesta en funcionamiento del nuevo centro. “Este nuevo espacio no representa simplemente una mejora edilicia, sino también una clara apuesta al fortalecimiento de nuestra institución, a la seguridad y a la profesionalización de nuestras tareas”, afirmó.

Por su parte, la secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba, Nadia Fernández, valoró la puesta en marcha de los nuevos dispositivos de control y destacó su impacto en el funcionamiento cotidiano del establecimiento. “Es algo inédito y muy importante esta inauguración y la puesta en funcionamiento del escáner de bolsos y del body scanner para las visitas y para el personal”, señaló.

Fernández remarcó que la incorporación de esta tecnología permitirá agilizar el ingreso y brindar mayor tranquilidad en materia de seguridad frente a la posibilidad de ingreso de elementos prohibidos. “Le da celeridad a las visitas y mucha tranquilidad frente a la posibilidad de ingresos de celulares o de estupefacientes al complejo carcelario”, indicó.En ese marco, destacó también la conformación de una unidad interna del servicio penitenciario entrenada por el DUAR, preparada para intervenir ante incendios u otras contingencias, y valoró la realización del simulacro como una instancia clave de articulación. “Fue una jornada muy intensa y muy interesante”, resumió..

La funcionaria subrayó la importancia del trabajo interfuerzas frente al avance del narcotráfico y señaló que San Francisco, por su ubicación geográfica, representa un punto estratégico. “El trabajo interfuerzas siempre fue la salida”, sostuvo, y agregó que esta estrategia incluye también la participación activa de la comunidad local, a la que definió como “tremendamente comprometida”.

En ese sentido, afirmó que la política penitenciaria forma parte de la política de seguridad y remarcó que el Estado provincial mantendrá una postura firme ante cualquier intento de utilizar los establecimientos penitenciarios como espacios para el crimen organizado. “No vamos a permitir que utilicen los establecimientos penitenciarios como oficinas para el crimen”, aseguró.

Finalmente, al ser consultada sobre el debate en torno a la ley de imputabilidad, Fernández expresó sus reparos y consideró que no se trata de la única respuesta frente a la inseguridad. “No necesariamente tener más alojados en los establecimientos penitenciarios baja la criminalidad”, sostuvo, y remarcó la necesidad de políticas complementarias, así como de una reforma del sistema penal juvenil.

Tres de los siete presos que se fugaron de una comisaría en la provincia de Misiones fueron capturados y aún resta hallar a los otros cuatro reclusos, por lo que continúan los amplios operativos.

Este lunes por la madrugada las autoridades de Bernardo de Irigoyen fueron notificadas de que siete presos se fugaron de la comisaría local tras realizar un boquete en la pared del baño del calabozo.

Los reclusos fueron identificados como Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Darío Brítez, Jorge Guillermo Ojeda y Juan José Ferreira Álvez, por lo que de manera inmediata se dio inicio a diversos procedimientos y hasta varias comunicaciones con la Policía de Brasil.

Ferreira fue el primero de los capturados minutos después, mientras que le siguió Ojeda. Este martes se confirmó que Ramos fue detenido en un operativo sobre la Ruta 14 mientras viajaba en un colectivo en el trayecto Dos Hermanas – Eldorado.

Acerca de la información dada a conocer por el portal Primera Edición, Ramos se encontraba preso por el crimen del sereno Jorge “Koki” Ferreyra ocurrido en agosto de este año.

Además, tenía un amplio historial de antecedentes penales: robo calificado, robo calificado con arma, robo de motos y asaltos a comercios.

Los operativos continúan para dar con los cuatro prófugos restantes y más de 100 efectivos se encuentran abocados a la captura de los sujetos.

La fiscalía de turno lleva a cabo una investigación contra los efectivos que se encontraban de guardia al momento de la fuga para saber si existe la posible connivencia.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso interpuesto por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Defensoría General de la Nación (DGN) y anuló la decisión que limitaba a solo seis horas semanales la permanencia de presos en los centros universitarios ubicados dentro de las cárceles federales.

El fallo, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, fue emitido por la Sala III del tribunal y se consideró que la decisión del juez de primera instancia –que había homologado una propuesta de reducción horaria del Servicio Penitenciario Federal (SPF) sumamente restrictiva– “carecía de una debida motivación y no había surgido de un verdadero proceso de diálogo, resultando así arbitraria”.

A través de la Resolución 372/2025, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que restringía el acceso a la educación superior de las personas detenidas en cárceles del Servicio Penitenciario Federal al prohibir el funcionamiento de los centros de estudiantes y de forma absoluta el acceso a los espacios de estudio fuera del horario de cursada.

Frente a esta nueva situación, la PPN promovió una acción de hábeas corpus colectivo y correctivo, sosteniendo que la medida “violaba el derecho a la educación de las personas detenidas”.

El 9 de abril, el juzgado de primera instancia hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la PPN y la DGN y ordenó suspender la aplicación del artículo 2º de la Resolución 372/25 del Ministerio de Seguridad de la Nación por entender que se estaba cercenando el derecho a la educación universitaria al impedir a las personas detenidas estudiar fuera de sus pabellones, utilizar computadoras, acceder a la biblioteca o participar en actividades extracurriculares, de investigación o de extensión universitaria.

Para implementar esa medida cautelar, se dispuso la conformación de espacios de diálogo, pero, aun así, la autoridad penitenciaria “se negó a dialogar en cada una de esas instancias, solo proponiendo un máximo de entre dos y cuatro horas de permanencia semanal en los centros universitarios y negándose a explicar sus medidas”.

Ante ello, los organismos accionantes presentaron un recurso de apelación que fue rechazado, y luego el recurso de casación que en las últimas horas concedió la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

En la fundamentación, se destacó que “la educación de las personas privadas de libertad es un derecho personal y social de jerarquía constitucional, que debe ejercerse en condiciones de igualdad con quienes no se encuentran detenidos”.

Asimismo, subrayó que cualquier restricción a este derecho debe ser sometida a un "escrutinio estricto", lo que implica que el Estado debe demostrar la existencia de fines sustanciales, la idoneidad de los medios elegidos y la ausencia de alternativas menos restrictivas.

Como consecuencia de esta decisión, se anuló la resolución que fijaba el régimen restrictivo de seis horas y se ordenó al Juzgado de Instrucción que reanude la instancia de mesa de diálogo, garantizando esta vez una participación real de todos los actores, incluidos los estudiantes privados de libertad, para discutir y proponer modalidades alternativas para el ejercicio del derecho a la educación.

“El fallo establece además estándares precisos que el juez de primera instancia deberá respetar en una futura nueva resolución que se dicte en el marco de la medida cautelar, entre los que se ordenó tomar en consideración que el derecho a la educación es una herramienta sustancial para la inclusión de las personas y que no puede limitarse ni ser objeto de discriminación derivada por la situación de encierro”, concluye el comunicado.

En el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía de Narcotráfico de la ciudad de San Francisco a cargo de fiscal María Florencia Bortolussi, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó a cabo ocho allanamientos distribuidos en las provincias de Córdoba y Santa Fe, que culminaron con el secuestro de estupefacientes y la detención de cuatro personas mayores de edad.

En un trabajo en conjunto entre la FPA y la Dirección del Establecimiento Penitenciario N°7 de San Francisco, se realizó el registro de una celda donde se encontraba alojado el líder de la organización narcocriminal. En el dispositivo, se contó con la colaboración de la can Jazmín.

A posterior se libraron siete órdenes de allanamientos, que fueron efectuadas por el Equipo de Acciones Tácticas en San Francisco (5), Brinkmann (1) y Frontera (Santa Fe). En los registros, se incautaron 313 dosis de cocaína y 163 de marihuana, dos balanzas digitales, una planta de cannabis sativa, $7.211.000 y elemento de interés para la causa.

La organización narcocriminal administraba varios puntos de ventas, lugares de guardado, sectores de preparación de la droga y contaba con el servicio de distribución y delivery de estupefacientes.

Cabe destacar que algunos de los integrantes contaban con un fuerte prontuario de antecedentes penales, entre los que se destacan por narcotráfico y tentativa de homicidio.

Por último, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico dispuso la remisión de todas las evidencias y el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.

Un interno murió el pasado domingo en la Cárcel de Bouwer de Córdoba, donde se encontraba internado, y desde la Justicia se esperan los resultados de la autopsia para determinar qué fue lo que sucedió.

En principio, según pudo averiguar La Voz en base a fuentes investigativas, el hombre “no presentaba heridas ni golpes”. Aparentemente, tenía problemas de salud previos.

De todos modos se espera la autopsia.

El Servicio Penitenciario de Córdoba emitió un breve comunicado en el que se indicó que la muerte se produjo el pasado domingo y que se aportaron “todos los elementos probatorios que pudieran estar relacionados con el mismo hecho ante la Fiscalía correspondiente”.

“La presentación ante la Justicia se produce debido a que, cuando ocurren este tipo de sucesos dentro de un establecimiento penitenciario, es considerado de ‘etiología dudosa’ hasta tanto sean determinadas, clínica y legalmente, las causas del deceso”, señala el comunicado.

También se indicó que se actuó “conforme a lo que garantizan los protocolos internos y los protocolos internacionales de Estambul y Minnesota”.

Se indicó que las autoridades penitenciarias remitieron la novedad al Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba.

Un insólito hallazgo sorprendió al personal del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) en el Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco. Durante un control, oficiales encontraron un teléfono celular oculto dentro de una chocotorta que había sido ingresada al lugar.

Según informaron desde el SPC este miércoles, el dispositivo —un Samsung A51— estaba acompañado por un cable pin tipo C, y tenía como destino un interno alojado en el Pabellón 7. Tanto el teléfono como el accesorio fueron incautados de acuerdo con el protocolo vigente y quedaron a disposición de la fiscalía correspondiente.

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En los últimos meses, episodios similares se registraron en distintos establecimientos penitenciarios de la provincia. En San Francisco, en otra oportunidad, se intentó ingresar un celular y su cargador dentro de un tupper con fideos.

En Cruz del Eje, las autoridades descubrieron un celular escondido en una torta de cumpleaños tipo selva negra, mientras que en Río Cuarto, a fines de agosto, dos personas arrojaron al interior del Establecimiento Penitenciario Nº 6 dos envoltorios con celulares, hechos que quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora presentó el proyecto del Campus Papa Francisco, un establecimiento que se levantará en el predio del actual Complejo Esperanza, en Bouwer, destinado a alojar a adolescentes con medidas privativas de la libertad. La obra, con una inversión provincial de 18.672.675.012 pesos y un plazo de ejecución de un año, abarcará 6.500 metros cuadrados cubiertos en un terreno de 28.000 metros.

El complejo contará con cinco unidades habitacionales con capacidad para 25 jóvenes cada una, permitiendo un abordaje en grupos reducidos y en línea con los paradigmas modernos de atención integral. Además, dispondrá de espacios verdes, áreas deportivas, salas de residencia, salud, apoyo administrativo y sectores para actividades socioeducativas y de capacitación en oficios.

“Esta obra va a la profundidad de la recuperación de los jóvenes, para darle una segunda oportunidad a aquellos que no tuvieron la primera”, expresó Llaryora. El mandatario defendió la decisión de avanzar en un proyecto de este alcance “en un momento donde prima el individualismo”, y remarcó: “Nuestro objetivo es que los números cierren con la gente adentro, especialmente con los que menos voz tienen”.

La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, sostuvo que el Campus es “una gran inversión acompañada de múltiples acciones para lograr una verdadera política de Estado” y destacó que “llamar Papa Francisco a este conjunto de unidades es un acto de memoria y compromiso”. Por su parte, el ministro de Infraestructura, Fabián López, señaló que se trata de una obra “que no se realiza con frecuencia; hacía 30 años que no se encaraba un proyecto de estas características”.

El complejo estará bajo la órbita de los ministerios de Desarrollo Humano y de Infraestructura y Servicios Públicos, y sumará mejoras en accesibilidad gracias a la pavimentación del Camino a 60 Cuadras, recientemente anunciada.

Llaryora subrayó también el rol de los trabajadores que se desempeñan en la contención de jóvenes: “Es una tarea que requiere un corazón especial, la voluntad de no rendirse y de entender que su trabajo recupera vidas y salva vidas”.

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó hoy que el dueño de "Austral Construcciones" Lázaro Báez sea trasladado de "inmediato" a una cárcel común para terminar de cumplir su condena por lavado de activos, la cual dejó firme la Corte Suprema de Justicia, informaron fuentes judiciales.

Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero ordenaron la "inmediata detención y/o captura de Lázaro Antonio Báez a efectos del cumplimiento de la pena" con sentencia firme y su alojamiento "en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal".

Báez estaba bajo arresto domiciliario en su casa de Santa Cruz en otra causa penal también por lavado de activos vinculada a la compraventa del campo uruguayo El Entrevero.

"Se deberán adoptar las medidas necesarias para disponer su alojamiento en la unidad penitenciaria más adecuada a sus condiciones personales y cercana a su lugar de pertenencia, sin que se encuentre demostrada una situación excepcional que amerite contemplar el caso desde otra perspectiva conforme las consideraciones expuestas", concluyeron los jueces.

El pedido de detención inmediata había sido presentado por el fiscal Abel Córdoba luego que la Corte dejó firme su condena a diez años de prisión en la "ruta del dinero K".

De hecho, el máximo tribunal también confirmó ayer otra condena a seis años de cárcel para Báez en la causa Vialidad.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó los detalles de la nueva cárcel de máxima seguridad que se construye en la provincia, un establecimiento destinado a alojar a los detenidos más peligrosos. La obra, con una inversión de 109 mil millones de pesos, contará con 448 celdas y la capacidad de albergar a más de 1000 internos, quienes serán custodiados por un Grupo Táctico Especial.

El Centro de Máxima Seguridad (CEMAX) estará ubicado en las adyacencias al Complejo Carcelario N° 1 “Reverendo Padre Luchesse” en la localidad de Bouwer, y contará con medidas de seguridad de alto nivel, como ingresos, egresos, perímetros y controles independientes de los módulos existentes. La estructura, que actualmente presenta un 80% de avance, ocupará 27.000 m² sobre un terreno de 118.200 m². El gobernador destacó que este será el décimo establecimiento penitenciario de la provincia, y remarcó la importancia de reforzar la seguridad en el contexto actual del país, caracterizado por el aumento de la pobreza y el deterioro de la clase media.

En cuanto a las medidas de seguridad implementadas, el CEMAX contará con cámaras de videovigilancia con Inteligencia Artificial y analítica, escáneres de máxima seguridad, inhibidores de telefonía celular, y un sistema de radar perimetral para detectar movimientos sospechosos. Además, se dotará al personal de cámaras corporales para registrar en tiempo real todas las acciones y movimientos de los internos y trabajadores penitenciarios. El diseño también incluirá un sistema para detectar drones no autorizados que puedan representar una amenaza para la seguridad.

“Nada se puede hacer para que viva en paz una comunidad sin garantizar seguridad. Por eso nuestro compromiso tiene que ser que el miedo lo tengan los delincuentes y no la gente. Y que los que estén tras las rejas sean los delincuentes y no nuestros vecinos”, sostuvo el gobernador. 

Además del CEMAX, Llaryora anunció la construcción de una nueva Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), destinada a alojar hasta 500 personas. Esta unidad se desarrollará en un terreno de 50.720 m² dentro del Complejo Carcelario N° 1 y demandará una inversión de 15.000 millones de pesos. Al igual que el CEMAX, la UCA contará con accesos, egresos y controles independientes. Esta nueva unidad complementará las existentes en el Centro de Córdoba y Bouwer.

Entre otras medidas, se aplicará la incorporación de uniformes para internos y la prohibición de ingreso de provisiones para los mismos. Además, habrá un estricto régimen de visitas cada 15 días.

En su discurso, el gobernador también hizo un reclamo a la Nación, solicitando la construcción de cárceles federales en la provincia para alojar a los presos con condenas federales, quienes actualmente se encuentran en las cárceles provinciales. Llaryora presentó un proyecto de ley en la Legislatura y una solicitud judicial al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para relocalizar las antenas de telefonía móvil cercanas al predio de Bouwer, con el fin de mejorar la seguridad mediante el uso de inhibidores de señal en el complejo penitenciario.

El mandatario concluyó su intervención pidiendo sentido común para que los inhibidores de señal no sean apagados, destacando que es más efectivo bloquear las señales de telecomunicaciones en las áreas restringidas del complejo que apagar antenas comunes. Con estas medidas, el Gobierno de Córdoba busca garantizar la seguridad de la comunidad y fortalecer el sistema penitenciario provincial, adaptándolo a las nuevas necesidades de seguridad y control.

El gobernador Martín Llaryora presentó el establecimiento modelo con capacidad para más de 1.000 internos de “Alto Perfil de Riesgo”, que será custodiado por un Grupo Táctico Especial.

Además, la Provincia construirá una nueva Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) que podrá alojar hasta 500 personas.

Ambos estarán ubicados en el Complejo Carcelario de Bouwer.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmutó días atrás las sentencias de casi todos los presos condenados a muerte a nivel federal, salvando la vida de 37 hombres apenas un mes antes de que Donald J. Trump regrese a la Oficina Oval con la promesa de reiniciar las ejecuciones federales. Los beneficiados por la medida, todos ellos condenados por asesinato, cumplirán cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en lugar de ser ejecutados. Solo tres hombres, cada uno de ellos perpetrador de notorios asesinatos en masa, permanecerán en el corredor de la muerte federal en el país del norte.

La decisión del mandatario que está a punto de dejar la Casa Blanca se inscribe en el marco de la discusión política interna de la potencia de América del Norte. Pero tiene ramificaciones que traspasan las fronteras y se encuadran en una problemática más profunda: la de establecer finalmente la derogación de todas las legislaciones que prohíjan la pena de muerte como medio de hacer justicia frente a crímenes graves. 

Por cierto, se trata de una postura que, muy posiblemente, no tenga mayoría en la adhesión de los pueblos, aquejados por la amenaza grave de la inseguridad en todas sus facetas. Y también por un clima de época en el que la intolerancia cancela disidencias y destroza cualquier intento humano por defender el valor de la vida, aun la de quienes la violaron con sus crímenes. En este marco, Trump apoya la pena de muerte y durante su campaña presidencial de 2024 pidió una ampliación, sugiriendo que los “traficantes de drogas y personas” y los abusadores sexuales de menores deberían ser ejecutados. Vale recordar que, durante su primer mandato, el presidente norteamericano electo reanudó las ejecuciones federales después de una pausa de casi 20 años; las 13 se llevaron a cabo en los últimos seis meses de su administración. 

No obstante, se hace preciso remarcar la idea contraria. La pena de muerte es, más que una medida de justicia, un acto de venganza incompatible con la dignidad de la persona humana.  "Los países que siguen llevando a cabo ejecuciones no tienen en cuenta el hecho de que tanto las normas internacionales de derechos humanos como los organismos de derechos humanos de la ONU han sostenido de manera sistemática que la abolición de la pena de muerte debe ser el objetivo último", establecía hace algunos años un informe de Amnistía Internacional.  En el mismo sentido, muchos organismos internacionales presentan estadísticas que concluyen en que no hay evidencia terminante de que la pena de muerte sea un disuasivo más efectivo que otras condenas severas”.

En definitiva, entendiendo que existe una importante adhesión a la pena de muerte incluso en los países como el nuestro dónde no está contemplada en la legislación, es preciso señalar que los Estados no pueden rebajarse al mismo nivel que cualquier homicida. El desprecio por la vida que exhibe la delincuencia exige respuestas firmes, pero no imitativas de esa conducta irracional.

Hoy por la mañana, en la víspera de Nochebuena, una nueva fuga ocurrió en una comisaría de la Policía de la Ciudad. Esta vez, se trata de la Alcaidía 9, inaugurada en 2022 en Gana al 400, zona de Liniers, de donde 17 internos escaparon, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Se cree que huyeron del lugar, según las mismas fuentes, por un agujero en una pared de ladrillo hueco. De los diecisiete evadidos, once son argentinos y seis de nacionalidad chilena. La mitad de los detenidos tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires y cinco de ellos cumplían condenas en dependencias porteñas.

El hecho fue descubierto hoy martes a la 1 AM; el agujero por donde se fugaron los detenidos, insólitamente de 30 centímetros de diámetro, está ubicado en un patio interno. De inmediato, se inició un operativo cerrojo. Por lo pronto, uno de los prófugos ya fue recapturado.

La causa para esclarecer la huida está a cargo del fiscal contravencional porteño Blas Michenzi.

El Establecimiento Penitenciario Nº 7 de San Francisco inauguró hoy un sector del patio de la cárcel con el nombre de Pablo Gustavo Montesi, en reconocimiento a su legado y el impacto de su proyecto de rugby en el sistema penitenciario. Montesi, quien falleció en agosto de este año, fue el impulsor del equipo de rugby conformado por internos, una iniciativa que trasciende lo deportivo y busca la reinserción social de los detenidos.

En un emotivo acto, se descubrió una placa en honor al juez federal. Montesi entendía que la justicia no se limita a un fallo condenatorio, sino que debe involucrar también la posibilidad de rehabilitar a las personas a través de nuevas oportunidades, según lo destacó Marcos Romero, director del penal local.

La ceremonia contó con la presencia de familiares de Montesi; autoridades judiciales, como el presidente y la vicepresidenta de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, respectivamente; la jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba Carolina Funes; funcionarios provinciales como el ministro de Justicia Julián López, y el intendente Damián Bernarte, entre otros.

"Montesi creía que la justicia debía integrarse a la sociedad desde otro lugar, y así nació este programa de rugby que fomenta la reflexión, la colaboración y los valores", agregó Romero.

El proyecto, iniciado en 2018, convirtió a San Francisco en la tercera unidad penitenciaria de Córdoba en contar con un equipo de rugby. "Los Caranchos", el equipo formado por los internos, es hoy uno de los cuatro equipos carcelarios de la provincia, y su creación fue inspirada por el modelo de Los Espartanos de San Martín, Buenos Aires. Desde entonces, la práctica del rugby se ha replicado en más de 40 establecimientos penitenciarios en todo el país.

Durante el acto, también se jugó un partido entre Los Caranchos y un equipo del San Francisco Rugby Club en honor a Montesi, quien, desde su adolescencia, estuvo vinculado al rugby en el Jockey Club de Córdoba. El juez jugó y entrenó durante más de 30 años, y su pasión por este deporte fue un pilar en el desarrollo del proyecto en la cárcel.

El ministro Julián López recordó la importancia de la iniciativa, destacando cómo, con el tiempo, este tipo de proyectos maduran hacia la posibilidad de estudiar, capacitarse en oficios y acceder a una salida laboral. 

Montesi siempre resaltó que el rugby no solo es un deporte, sino una "forma de vida" que fomenta la integración social. "Este deporte brinda valores, normas y la posibilidad de pertenecer a un grupo", solía decir, convencido de que esta disciplina era clave para la resocialización de los internos.

El legado de Pablo Montesi, quien veía en los detenidos un potencial para cambiar sus vidas, sigue vivo hoy en el penal de San Francisco, donde la creación de un pabellón exclusivo para los jugadores de rugby fue uno de sus logros más significativos. “Este pabellón responde a un criterio de agrupabilidad que es la práctica del deporte”, explicó López.   

"Es un deber del Estado garantizar los derechos de los presos, pero también un deber de la sociedad ayudar en su resocialización", había afirmado el juez en varias entrevistas con LA VOZ DE SAN JUSTO, primer medio que presentó a Los Caranchos. Hoy, su visión se materializa en una placa que llevará su nombre por siempre en el lugar donde su anhelo personal sigue cambiando vidas.

“Montesi bregaba por una justicia más reflexiva, más abierta, transparente, participativa y más colaborativa. Era un hombre de íntegras convicciones que trascendían la mera aplicación de la justicia por sí misma - lo recordó Romero- Él creía que la justicia tiene el gran desafío de integrarse a la sociedad desde otro lugar”. 

A su turno, Bernarte recalcó la personalidad de Montesi, “su vínculo con Plaza San Francisco, el primer barrio de la ciudad, y su pasión por el deporte. No solo fue un excelente funcionario, era una excelente persona, siempre dispuesto a tender una mano más allá de lo que tenía que ver con su función en el juzgado, un juzgado que desde su llegada recuperó un funcionamiento acorde a las necesidades de una sociedad exigente; que era motivo de orgullo no solo aquí sino también más allá de San Francisco”. 

Por instrucción de la Fiscalía del Distrito 3 Turno 1, a cargo de Andrés Godoy, el juez de Control Número 5, Carlos Lezcano, diligenció 25 órdenes de allanamiento en el Pabellón A1 del módulo MX1 de la Cárcel de Bouwer, en el marco de las cuales se incautaron 42 teléfonos celulares, que estaban en posesión de internos.

"La pesquisa se inició luego de advertir que diferentes reclusos alojados en ese establecimiento penitenciario a disposición de la fiscalía, realizaban distintos posteos en redes sociales, algunos de los cuales incluían la toma de imágenes fotográficas dentro de la propia penitenciaria", detalló el Ministerio Público Fiscal.  

Se explicó oficialmente que el diligenciamiento de la medida se llevó a cabo bajo la supervisión de funcionarios de la fiscalía constituidos en el lugar y tuvo una duración aproximada de nueve horas.

La investigación continúa y avanza con más medidas de prueba, que tienen por fin deslindar responsabilidades y definir imputaciones.

Tras una denuncia anónima, por orden del fiscal José Alberto Mana, a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 3, se practicaron este viernes 25 allanamientos en el Complejo Carcelario de Bouwer.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron 14 celulares, nueve cables USB, cuatro fuentes de alimentación, un auricular con cable y un auricular inalámbrico, siete puntas tipo serrucho y cuatro plaquetas de fuentes de alimentación.

El operativo fue realizado por la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 31 junto a personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia de Córdoba, con la colaboración de personal del Servicio Penitenciario.

Las actuaciones se iniciaron a partir de un dato anónimo recibido por la Fiscalía de Instrucción interviniente, por el que se ordenaron diversas medidas investigativas, que concluyeron con las órdenes de allanamiento.

"Por el resultado positivo de los procedimientos, la investigación continuará con las medidas investigativas que resulten pertinentes", indicó el Ministerio Público Fiscal.

Como parte de los operativos de seguridad, control y requisa al personal penitenciario, ordenados por la dirección General de Seguridad, con refuerzos de personal de la sub Dirección General de Control de Conducta y Gestión Penitenciaria y de personal del GEAR (Grupo Especial Antinarcotráfico y Requisa),  se procedió al secuestro de sustancias psicoactivas que intentaba ingresar un agente al complejo carcelario N° 2 de Cruz del Eje.

En el operativo de seguridad, y al momento de la requisa, a un empleado se lo detectó transportando dos envoltorios de unos 500 gramos cada uno, ocultos en un envase de yerba mate, que contenían cannabis y clorhidrato de cocaína, según lo confirmado por personal de la Fuerza Provincial Antinarcotráfico (FPA), convocada para corroborar lo incautado a través de pruebas de narco test.

Inmediatamente, después de haber procedido al secuestro de las sustancias psicoativas y la detención del agente penitenciario, se dio participación de lo sucedido al secretaría de la Fiscalía de Instrucción de Lucha Contra el Narcotráfico de Cruz del Eje, a la dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad y a la subdirección General de Control de Conducta y Gestión Penitenciaria.

El Gobierno de Santa Fe envió este martes un mensaje desafiante a los narcos que operan en Rosario, luego de la requisa sorpresa en la cárcel de Piñero el sábado pasado.

“Cada vez la van a pasar peor”, reza un texto compartido por el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, y su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcini, en su cuenta de Instagram.

“Tenemos un plan de Seguridad, sabemos cómo llevarlo adelante y estamos trabajando para eso. Desde las cárceles salen las órdenes para hacerle la vida imposible a los santafesinos. Se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos”, expresó. 

“No vamos a retroceder ante las amenazas. Tenemos el mandato del pueblo santafesino para restaurar la tranquilidad de los vecinos. Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor”, finalizó. 

El Servicio Penitenciario de Santa Fe hizo una requisa en cuatro pabellones de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, donde se encuentran detenidos sicarios y operadores de segunda línea de las bandas narcos que operan en Rosario.

Fue luego que se produjera un ataque a tiros en la zona de Circunvalación a un micro que llevaba penitenciarios, donde hubo un herido de bala.

En las últimas horas, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) efectuaron dos allanamientos en San Francisco, donde se detuvo a una mujer mayor de edad por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Los allanamientos fueron llevados a cabo en domicilios de calle Independencia al 2200, en barrio Roca, y en Dante Agodino al 500, en barrio Parque. Colaboró Policía de Córdoba en la seguridad del anillo exterior a las moradas.

En los domicilios se logró el secuestro de varias dosis de marihuana, plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo ($103.000), una motocicleta y elementos de interés para la causa.

Cabe mencionar que, según investigaciones, la aprehendida de 64 años estaría relacionada a la detención de una mujer realizada el pasado 18 de noviembre, también por efectivos de la FPA. Ambas detenidas tendrían la relación de suegra y nuera e ingresaban estupefacientes al establecimiento penitenciario Nº 7 de esta ciudad. Allí se encontraba detenido el hijo de la reciente aprehendida.

La totalidad del dispositivo estuvo supervisada por autoridades de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de la circunscripción quienes ordenaron el traslado de la detenida a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.