Un joven de 25 años fue encontrado sin vida este domingo en el Establecimiento Penitenciario Nº 7 de San Francisco. El hecho es investigado por la fiscalía local, que intenta establecer las circunstancias del deceso.

Según trascendió, el interno fue hallado dentro de una celda del establecimiento penitenciario de Av. Savio. A partir de ese momento, se activó el protocolo correspondiente para estos casos. Personal del área de Investigaciones y de la Policía Judicial de la Policía de Córdoba arribaron al penal para realizar las pericias de rigor dentro de la celda y el pabellón donde sucedió el hecho.

Fuentes policiales confirmaron el fallecimiento del detenido, aunque por el momento no brindaron mayores precisiones debido a que la causa se encuentra en sus primeras etapas.

En los últimos tiempos, se ha fortalecido el consenso respecto de la necesidad de limitar el uso de teléfonos celulares en las escuela. El objetivo es proteger el proceso educativo, evitar que la atención se disperse, reducir el impacto cognitivo negativo de su utilización sin control o procurar que no se produzcan situaciones que alteren la convivencia. Así también garantizar la mejora en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Sin embargo, el mismo rigor no aparece cuando se trata del uso de los dispositivos móviles dentro de las unidades penitenciarias. Por cierto, no en todos los sistemas carcelarios, aunque son varios los que todavía mantienen las autorizaciones. Habilitaciones que podrían haber sido útiles en la época de la pandemia del Covid 19, pero que -a la luz de hechos evidentes- no tienen sentido hoy.

Es que los celulares en las cárceles son estupendas herramientas para cometer delitos. Y también se convierten en vitrinas masivas de una vida carcelaria que, sorprendentemente, es exhibida sin pudores en las redes sociales. Se comprueba de este modo que, en muchos establecimientos, quienes purgan condenas por sus delitos tendrían un modo de vida superior al de muchos argentinos que se esfuerzan día a día y transitan su vida con honestidad inquebrantable.

La restricción en las escuelas es razonable desde el intento de ordenar el proceso educativo porque se ha llegado a conclusiones certeras sobre el impacto de los dispositivos móviles en la vida de los niños y adolescentes, aun cuando , su utilización pedagógica correcta es verificable luego de años de experimentación frente a las nuevas tecnologías. Entonces,  si esto es así en las escuelas, ¿por qué no sucede lo mismo en las cárceles? ¿La sociedad puede ser más estricta con estudiantes que con delincuentes?

Son meras preguntas retóricas. Pero que a la hora del análisis encontraron respuestas en las decisiones que se están tomando en el sistema educativo, pero no ocurre algo similar en numerosos ámbitos carcelarios. En varias provincias persisten los permisos originados en la pandemia para que los reclusos utilicen celulares, pese a que los estrados judiciales están abarrotados de casos en los que los delitos nacieron en las prisiones gracias a la flexibilidad y a la debilidad de los controles penitenciarios. Está claro que no se trata de la necesidad de comunicación que cualquier ser humano tiene, sino que -en estos casos- el móvil es una   herramienta operativa para el delito.

La incongruencia es manifiesta. Las decisiones sobre el celular en la escuela procuran mejorar la formación de las personas. La permisividad en las prisiones favorece el crecimiento de algunos delitos. Llama la atención que la plausible discusión que se da en los ámbitos educativos sobre el tema no se replica -vaya a saberse por cuáles motivos- en los ámbitos penitenciarios. Una sociedad que discute cómo ordenar el uso de la tecnología en las aulas debería ser capaz, al menos, de impedir que esa misma tecnología se convierta en una herramienta para delinquir desde la cárcel.

La causa por la violenta agresión registrada en la cárcel de San Francisco sumó novedades en las últimas horas, luego de que la Justicia imputara a dos internos por el ataque al joven que sigue internado en estado crítico.

De acuerdo a la información oficial, ambos detenidos fueron acusados de homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa, una figura de alta gravedad en el ámbito penal. Respecto a su situación, uno de ellos fue trasladado a otro establecimiento penitenciario, mientras que el segundo permanece en la unidad local, aunque separado en un pabellón distinto.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el fiscal Emilio Drazile trabaja sobre diversas hipótesis y no descarta que el hecho esté vinculado a una posible venganza. Esa línea continúa bajo análisis y podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido.

La víctima, Valentín Escovedo (24), permanece en coma farmacológico, con asistencia respiratoria. Su estado es delicado como consecuencia de varias complicaciones, entre ellas un traumatismo de cráneo y un cuadro de neumonía.

El episodio generó fuerte impacto y derivó en denuncias por presuntas irregularidades dentro del Establecimiento Penitenciario N° 7. Mientras tanto, la familia del joven sostiene el pedido de justicia y reclama el esclarecimiento total de las responsabilidades.

La investigación por la violenta agresión sufrida por un interno en la cárcel de San Francisco continúa sin imputados y bajo estricta reserva. Valentín Escovedo, de 24 años, permanece internado en grave estado en un centro de salud de la ciudad de Córdoba, luego de haber sido atacado dentro del pabellón donde se encontraba alojado.

El hecho, ocurrido generó además una fuerte reacción en el exterior del Establecimiento Penitenciario Nº 7, donde se produjo una protesta con quema de cubiertas y tres personas detenidas, en un contexto de creciente tensión que rodea el caso.

El fiscal del Tercer Turno, Emilio Drazile, confirmó a LA VOZ DE SAN JUSTO que la causa se encuentra en plena etapa investigativa y sin una calificación legal definida. “No se descarta ninguna hipótesis. Todo es materia de investigación y estamos resguardando la prueba”, señaló.

En ese sentido, indicó que una de las líneas de análisis apunta a una pelea ocurrida dentro del pabellón, aunque aclaró que no hay conclusiones firmes. “No descartamos nada”, sostuvo al ser consultado sobre la posible responsabilidad de otros internos o incluso del personal del penal.

Por el momento, no hay personas imputadas y la fiscalía mantiene hermetismo sobre los avances, mientras se intenta reconstruir lo sucedido dentro del establecimiento penitenciario.

Escobedo había ingresado al penal el 13 de marzo, detenido en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes. Días después, fue hallado herido e inconsciente, con un fuerte golpe en la cabeza, entre otras lesiones.

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Desde el entorno familiar, la versión es distinta. Emiliano Monesterolo, tío del joven, aseguró que el ataque fue premeditado y lo vinculó con hechos del pasado. “A Valentín hace meses que le arruinaron la vida y a su familia”, expresó a través de un video en sus redes sociales.

Además, denunció graves condiciones dentro del penal local y una agresión organizada: “Pasó cualquier atrocidad dentro de la cárcel. Según su relato, el joven fue alojado en un pabellón de condenados pese a no tener condena previa. “Lo metieron engañado, diciéndole que iba a estar bien, pero le pegaron hasta matarlo”, sostuvo.

El familiar describió el estado crítico del joven: “Mi sobrino está en terapia intensiva, con respirador artificial, está en coma, tiene un coágulo en el cerebelo, no se puede operar, se debate entre la vida y la muerte”.

Mientras tanto, también se investiga si la agresión podría estar vinculada a un posible ajuste de cuentas por el crimen de Zamir Torres, el niño de 4 años asesinado el 9 de julio de 2025 en Frontera en medio de una emboscada. En esa causa, Valentín Escobedo fue detenido junto a su hermano Matías Escovedo y otro hombre, Thiago Medrano, pero luego fue desvinculado por falta de pruebas. Los otros involucrados continúan detenidos. Esta hipótesis, al igual que otras, forma parte de la investigación en curso.

Un violento episodio ocurrido en el Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco dejó a un interno en grave estado y abrió una investigación judicial para determinar responsabilidades, en medio de un clima de tensión que derivó además en un intento de protesta frente al penal de avenida Savio.

El joven herido fue identificado como Valentín Escobedo, de 24 años, quien habría sido brutalmente golpeado dentro del pabellón en el que se encontraba alojado. Según trascendió, la agresión le provocó graves lesiones, especialmente en la cabeza, que lo dejaron inconsciente.

Tras el ataque, Escobedo fue trasladado al Hospital “J. B. Iturraspe”, donde permaneció internado por un breve lapso. Luego recibió el alta médica y regresó a la cárcel, aunque sus familiares sostienen que no se encontraba plenamente recuperado.

Con el paso de las horas, su estado de salud se complicó, por lo que se dispuso su traslado al Establecimiento Penitenciario N° 1 de Bouwer, en Córdoba. Una vez allí, se advirtió la gravedad del cuadro clínico y fue derivado a un centro de salud de la capital provincial, donde permanece internado en estado crítico.

La Justicia investiga las circunstancias de la golpiza. En una primera instancia, se manejó la hipótesis de una pelea entre internos dentro del pabellón. Sin embargo, con el avance de la investigación, surgieron sospechas de que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre familias. Hasta el momento, no hay responsables identificados, y el propio Escobedo no pudo aportar información debido a su estado de inconsciencia inicial y la posterior falta de recuerdos sobre lo ocurrido.

En paralelo, el jueves por la noche se registró un hecho de tensión frente a la cárcel local, donde un grupo de personas arrojó cubiertas encendidas hacia el interior del predio en lo que fue interpretado como un intento de protesta. Por este episodio fueron detenidas dos mujeres y un adolescente de 16 años. Si bien trascendió que el hecho podría estar vinculado a la situación de Escobedo, esa relación no fue confirmada oficialmente.

A raíz de estos acontecimientos, se dispuso el traslado de internos por razones de salud y seguridad hacia otros establecimientos del interior provincial, y se reforzó la seguridad externa con la intervención de unidades especiales como Infantería, Seom, Eter y CAP.

Cabe recordar que Escobedo había estado previamente vinculado a la investigación por la muerte de un niño en Frontera, aunque posteriormente la Justicia determinó que no tenía relación con ese hecho y recuperó la libertad. Actualmente, se encontraba detenido por otra causa, cuyos detalles no fueron precisados por fuentes judiciales.

En un operativo encabezado por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló una banda narco, detuvo a tres personas y realizó cinco allanamientos en el departamento San Justo.

La investigación se desarrolló en coordinación con la jefatura del Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco, donde se efectuaron registros en dos celdas que permitieron secuestrar elementos de interés para la causa.

De manera simultánea, en la vía pública, fueron detenidos una pareja mayor de edad en calle Mendoza al 100 de barrio Sarmiento (San Francisco) y una mujer de 31 años sobre calle Almirante Brown s/n (Morteros).

Durante los procedimientos, la FPA secuestró 136 dosis de cocaína, una de marihuana, $403.000, una balanza digital, tres motocicletas y otros elementos vinculados a la organización.

Posteriormente, se llevaron a cabo allanamientos en dos viviendas ubicadas en calle Catamarca al 2000 de San Francisco y en otra propiedad situada en Güemes al 500 de Morteros.

De acuerdo a lo informado, la banda introducía cocaína dentro del penal con el fin de comercializarla en su interior.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispuso la remisión de lo incautado y el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

En el Complejo Carcelario N° 1 “Francisco Luchesse” de Bouwer se disputó este martes el Tercer Torneo de Rugby en Establecimientos Penitenciarios de Córdoba, que reunió a internos de los penales de Córdoba, Río Cuarto, Cruz del Eje y San Francisco. Los jugadores, formados en el patio del Módulo 2, compartieron un momento de oración antes del inicio de la competencia.

El certamen fue presentado como una instancia para promover valores, integración y oportunidades de reinserción social a través del deporte. En este marco, el ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López, destacó un hecho inédito ocurrido en la cárcel de San Francisco: por primera vez se conformó un pabellón sin diferenciar por delitos ni por reincidencia, sino únicamente por pertenecer al mismo equipo de rugby. “Hoy es un ejemplo para toda la provincia”, afirmó, y señaló que en las unidades donde se desarrolla esta disciplina la reincidencia bajó del 70% al 5%.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el recuerdo al juez federal Pablo Gustavo Montesi, impulsor del proyecto, fallecido en agosto de 2024. El vicepresidente de la Agencia Córdoba Deportes, Luis Calvimonte, resaltó la importancia de su compromiso y expresó que la imagen de los internos abrazados cantando el himno “contagia alegría en un momento tan lindo como es el deporte”.

La vicepresidenta de la Cámara Federal de Apelaciones e hija del magistrado, Graciela Montesi, también se dirigió a los presentes. “Hoy no estoy como funcionaria, sino en representación de Pablo, porque para él esto era muy importante. Comenzó a hacerlo realidad, dio mucho de su vida para que exista, y verlo continuar me pone muy contenta. Me permite sentirlo mucho más cerca”, dijo con emoción.

El torneo, en el que ofició de local el equipo de Bouwer “Proyecto Ruaj”, contó con la participación de los cuatro establecimientos penitenciarios y fue presentado por las autoridades como una muestra de que la práctica deportiva puede ser parte de un tratamiento penitenciario integral.

El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, anunció en el Boletín Oficial que se prohíbe el funcionamiento de centros de estudiantes en el Servicio Penitenciario Federal.

A través de la Resolución 372/2025, se informó que se dispuso no habilitar el funcionamiento de centros de estudiantes en las cárceles federales.

Además, no se va a permitir “la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos”.

Pese a estas prohibiciones, en la Resolución se detalla que se continuará con la reglamentación de que todas las personas privadas de la libertad, alojadas en establecimientos federales, tendrán acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades.

Las autoridades nacionales sostienen que un centro de estudiantes “no está expresamente reconocida legalmente ni por la administración penitenciaria, tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos toda vez que impide, en los hechos, el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad”.

Asimismo, destacaron que se detectó “que en el ámbito de las cárceles los miembros de los denominados centros de estudiantes son pretexto del cumplimiento de supuestas tareas inherentes a tal función, permanecen en los centros educativos de lunes a viernes, durante toda la jornada: en el CPFCABA de 9.00 a 18.00 horas; en el CPF I de 9.30 a 17.30 horas y en el CPF IV de 10.00 a 17.00 horas, fuera del horario en que cada uno debe asistir a cursar las materias asignadas”.

“Que la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales, como así también aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes que, a la par de resultar obligatorios para todos los internos”, suma el escrito.

En los últimos días, un caso ocurrido en San Francisco salió a la luz, generando reclamos por parte de especialistas en defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género. Se trata de una docente que se desempeñaba laboralmente en la cárcel local y fue apartada de su cargo luego de que denunciara, en septiembre de 2024, haber sido víctima de abuso sexual en la infancia.

Tras la denuncia, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género dictó una medida de impedimento de contacto entre la víctima y el presunto victimario, su padre, quien actualmente se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 7 de avenida Savio.

Según explicaron los abogados de la docente, Virginia Panero y Nicolás Casas, “en diciembre del pasado año, al progenitor, imputado por delito contra la integridad sexual de su propia hija, le dictaron prisión preventiva, alojándolo en el penal local”.

La situación laboral de la docente se vio directamente afectada cuando, “en el mes de febrero, próxima a retomar el ciclo lectivo en el referido establecimiento penitenciario, se le notifica que tiene prohibido el ingreso para prestar servicios, alegando desde la penitenciaría el impedimento de contacto vigente, y amparándose en el ‘Protocolo de la Víctima’”, detallaron Panero y Casas. Y agregaron: “En otras palabras, le comunicaron que quedaba desvinculada y que debía buscarse otro trabajo”.

Ante esta medida, los abogados querellantes presentaron un pedido formal solicitando “la inmediata reincorporación de la docente a sus funciones”. En ese sentido, pidieron que se tomen las medidas necesarias para garantizar su derecho a trabajar. “En primer término, solicitamos el traslado del interno a otra penitenciaría, y en caso de no ser posible, entendiendo la seguridad en el sistema carcelario, que se tomen recaudos para que no exista contacto entre ambos en los días y horarios en que la docente debe laborar”, explicaron.

Sin embargo, esta petición fue denegada, “lo que vulnera gravemente los derechos de la docente víctima del delito de abuso sexual en su infancia”, sostuvieron los abogados. Panero y Casas remarcaron que la docente se encuentra “en una posición de extrema vulnerabilidad”, atravesando un proceso penal complejo, y que la decisión no respeta su derecho constitucional al trabajo. “Se la desvincula, invitándola a que consiga otro trabajo, como si esto fuese algo accesible, teniendo en cuenta el inicio del ciclo lectivo y que este trabajo implica su principal ingreso mensual”, señalaron.

Además, advirtieron que la situación afecta no solo el derecho al trabajo de la docente, sino también su derecho a ser respetada como mujer. “Se está revictimizando a la docente, quien además de estar sobrellevando un trauma gravísimo por el abuso sexual sufrido en la infancia, cuyo perpetrador sería su padre, ahora se le agrega la prohibición de continuar trabajando en el Servicio Penitenciario, por el hecho de que allí se encuentra alojado su padre”, cuestionaron.

“Una vez más el sistema falla, sin aplicación de la necesaria perspectiva de género y siempre desprotegiendo a las víctimas”, criticaron Panero y Casas. En la misma línea, advirtieron que “la decisión del Servicio Penitenciario de desvincular a la víctima de su trabajo, bajo el pretexto del 'Protocolo de la Víctima', es una clara violación de sus derechos laborales y de su derecho a la igualdad ante la ley”.

“Lo preocupante es que esta decisión no solo vulnera los derechos de esta mujer, sino que también envía un mensaje peligroso: que las víctimas son las responsables de su propia seguridad, y que la justicia no está dispuesta a protegerlas”, concluyeron.

Por su parte, desde la Unidad  Penitenciaria Nº 7, el subdirector Diego Taverna explicó a LA VOZ DE SAN JUSTO que la decisión que la docente no siga en su cargo dentro de la cárcel local fue tomada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 

En la escuela de la cárcel hay docentes que dependen del Servicio Penitenciario y otros, de la cartera educativa; la mujer apartada pertenece a este segundo caso. 

“Nosotros tomamos conocimiento de la situación cuando el condenado ingresó al penal en los primeros días de diciembre de 2024. Informamos al Ministerio y ellos decidieron no renovarle las horas dentro de la escuela de la cárcel”, sostuvo Taverna. 

La Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Establecimiento Penitenciario N° 7 de nuestra ciudad firmaron un acuerdo interinstitucional con el objetivo de promover acciones conjuntas que beneficien tanto a la comunidad educativa como a los internos del establecimiento carcelario local.

El acuerdo fue firmado por el decano de la UTN San Francisco, Alberto Toloza, y el director de la cárcel, Marcos Romero, en un acto realizado en las instalaciones de la facultad. En este contexto, se estableció que internos del penal participarán activamente en la producción de plantas tipo forestales, las cuales serán destinadas a embellecer el predio universitario. 

Según los términos del acuerdo, los internos trabajarán en el vivero floral que actualmente funciona en el Establecimiento Penitenciario, el cual ha sido capacitado para esta actividad. Este espacio será aprovechado para la producción de las plantas, con el apoyo de la UTN, que proveerá algunos de los insumos necesarios, como plantas madres, semillas, sustratos, macetas, bolsas, tierra y el traslado de los productos terminados hasta el predio de la Facultad.

Al respecto, Toloza expresó: "Este acuerdo no solo busca embellecer nuestro campus, sino también generar un espacio de integración social a través del trabajo conjunto con el Establecimiento Penitenciario. Este tipo de iniciativas demuestra cómo el trabajo en equipo puede generar soluciones beneficiosas para todos". Además, destacó la importancia de que la facultad se vincule con la comunidad a través de proyectos de este tipo, promoviendo la inclusión social.

Por su parte, Romero resaltó la relevancia del proyecto para los internos del penal y la labor educativa que se lleva a cabo en ese ámbito. “Este tipo de proyectos permite que los internos no solo adquieran habilidades laborales, sino que también tengan una posibilidad de reinserción social a través del trabajo y el aprendizaje. La producción de plantas forestales será una actividad que les brindará nuevas oportunidades de crecimiento personal”, comentó.

Romero hizo énfasis en el cambio de paradigma que se ha implementado en las cárceles cordobesas, en lo que respecta a la educación y la capacitación laboral de los internos. “En el marco de una política del Gobierno provincial, hemos transformado las cárceles en espacios donde los internos pueden aprender oficios, mejorar su educación y prepararse para una futura reinserción social. El objetivo es reducir la reincidencia delictiva mediante la cultura del trabajo y la educación”, señaló Romero.

El acuerdo entre la universidad y el servicio penitenciario no solo tiene un impacto directo en el entorno académico, sino que también contribuye a la inclusión social de la población carcelaria a través de su participación activa en la producción y cuidado de las plantas forestales. Además, este proyecto puede convertirse en un modelo de colaboración que inspire otras iniciativas interinstitucionales en la región.

Marcos Romero, director de la cárcel de San Francisco, cumple dos años al mando de uno de los penales más importantes de la provincia de Córdoba, con un desafío singular: hacer frente a las demandas de un sistema penitenciario que, además de albergar a reclusos, debe trabajar en su reinserción social. A punto de ser ascendido a un cargo en la cúpula del Servicio Penitenciario provincial, Romero analiza la evolución del establecimiento y anuncia el inicio de una nueva obra de gran importancia: la construcción de un pabellón para mujeres en 2025. Lo subraya como un paso importante en la evolución de un sistema penitenciario que apuesta por la rehabilitación, el trabajo y la educación como los pilares para lograr una reinserción exitosa de los internos a la sociedad.

En su despacho del Establecimiento Penitenciario Nº 7, durante una entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, Romero reflexionó sobre su gestión, la realidad del penal y la implementación de nuevos proyectos. “Hoy tenemos un total de 480 internos”, contó y aseguró que no hay sobrepoblación, “todos tienen sus respectivas camas. Tenemos una capacidad para 500 internos, por lo que estamos bien en cuanto a infraestructura”. 

Comenzó su análisis detallando los logros de su gestión, que se centraron en mejorar la infraestructura y la operatividad del establecimiento de mediana seguridad. “Fue muy positivo el trabajo con el Juzgado de Ejecución Penal, a cargo de la jueza María Teresa Garay, y también con las otras instituciones de la ciudad. Para mí, fueron dos años muy positivos”, destacó el director, quien reconoce que la colaboración con la Justicia y el respaldo de los gobiernos locales y provinciales fueron esenciales para su labor.

Uno de los proyectos más esperados en la cárcel de San Francisco es la construcción de un pabellón de mujeres, anunciado inicialmente en 2017 por el gobierno de Juan Schiaretti. “Era una demanda desde hace bastante tiempo porque todas las mujeres detenidas en nuestra ciudad y la zona terminan en las cárceles de Villa María o Córdoba”, explicó Romero, al tiempo que remarcó que la iniciativa no responde a un crecimiento en la cantidad de mujeres detenidas, sino a una necesidad operativa.

El pabellón femenino, que se empezará a construir en 2025, tendrá capacidad para alojar a aproximadamente 30 internas. “Será un sector exclusivo, separado de la población carcelaria masculina, ubicado en el ala suroeste del predio”, detalló. Este espacio no solo brindará un lugar adecuado para las mujeres detenidas, sino que también contará con áreas específicas para visitas, reuniones con sus hijos y servicios de salud especializados para ellas.

Actualmente, en la cárcel de San Francisco se está construyendo un nuevo espacio para intensificar los controles de ingreso, con la instalación de un avanzado sistema de body scan o escáner corporal. Este equipo de última generación, que utiliza rayos X y escaneo 360º, examina el cuerpo humano para detectar cualquier objeto, especialmente teléfonos celulares, e incluso amenazas ocultas como por ejemplo armas metálicas y no metálicas, drogas, que intenten ingresar al penal. Tanto las visitas como los empleados del Servicio Penitenciario deberán someterse al body scan y a un escáner para sus pertenencias.

“Lo que se pondrá en funcionamiento en el corto plazo tiene que ver con el objetivo de hacer más rigurosos los ingresos y generar más controles, porque queremos saber todo lo que ingresa a la unidad penitenciaria”, argumentó Romero.

A lo largo de la conversación, Romero hizo hincapié en el importante cambio de paradigma que se implementó en las cárceles cordobesas en cuanto a la educación y el trabajo de los internos en el marco de una política encarada por el Gobierno provincial.  “El objetivo es incorporar la población carcelaria a la cultura del trabajo para bajar la tasa de reincidencia delictiva”, declaró, mencionando que los internos tienen acceso a diversos talleres de oficios y programas de formación como vía también para la reinserción social. 

“Tenemos el taller textil, que se reactivó este año, y un vivero en convenio con la municipalidad, en el que capacitamos a los internos en jardinería y contribuyen a la parquización de la ciudad. También hay talleres de chapa, artesanía, tapicería, herrería y panificación. Además, hemos comenzado una prueba piloto de un lavadero de autos que, por ahora, atiende a los vehículos del personal de la cárcel, pero la idea es abrirlo a la comunidad”, señaló.

“El objetivo es incorporar la población carcelaria a la cultura del trabajo para bajar la tasa de reincidencia delictiva (…) No es solo sobre aprender un oficio, es sobre cambiar vidas”. 

Romero subrayó la importancia de estos talleres, que no solo generan una ocupación productiva, sino que también tienen un efecto terapéutico en los presos. Además, apuntó que la cárcel ofrece oportunidades educativas, desde los estudios primarios y secundarios hasta terciarios, con internos que cursan carreras en la UTN o la Uces (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales).

“Hay internos que nunca aprendieron a leer o escribir, y aquí tienen la oportunidad de hacerlo. Recientemente, una profesora me comentó que algunos internos pudieron aprender a escribir su nombre. No es solo sobre aprender un oficio, es sobre cambiar vidas”, manifestó Romero.

Sobre la remuneración de los internos que trabajan, Romero explicó que reciben un pago acorde a la categoría de la tarea que desempeñan. "No es un salario alto, pero es un incentivo que les ayuda a entender la importancia del trabajo y les da una herramienta para el futuro en libertad", indicó. La participación en talleres y cursos, además de la buena conducta, puede influir en beneficios contemplados por la ley como salidas transitorias, libertad asistida o libertad condicional, siempre y cuando el juzgado correspondiente lo autorice.

La idea que los prisioneros deben ser obligados a trabajar para devolver a  la sociedad por el costo de su encarcelamiento plantea un debate siempre vigente en la Argentina. Consultado Romero sobre cómo lidian como autoridades del sistema penitenciario con esa presión social, afirmó: “Estoy a favor de la reinserción. Aquí hay muchos internos que jamás tuvieron la oportunidad de estudiar o trabajar antes de su detención. Es fundamental darles las herramientas necesarias para que, al recuperar su libertad, puedan reintegrarse”.

Romero defendió la política penitenciaria implementada en Córdoba, que enfatiza el respeto de los derechos humanos y la rehabilitación de los internos. Ahora bien, ¿cómo se recupera un recluso en un contexto de profunda crisis social y económica? “El desafío es abrir las cárceles, mostrar que no son lugares oscuros solo relacionados con el delito, sino espacios donde se puede trabajar en la rehabilitación de las personas”, sostuvo y destacó las actividades que han involucrado a la comunidad, como las ferias en las que los internos expusieron y vendieron productos elaborados en los talleres de la cárcel.

“No hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando en la rehabilitación del interno. Si de 10 internos uno se rehabilita, ya es un gran logro”. 

En cuanto a la salud mental y las adicciones, otro de los pilares de la gestión, Romero explicó que el establecimiento cuenta con un equipo técnico compuesto por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, lo que permite hacer un seguimiento más detallado de cada interno.

Uno de los aspectos que generó entusiasmo en el penal de avenida Savio es la inclusión de actividades deportivas. La cárcel local cuenta con un equipo de rugby, Los Caranchos, que ha tenido éxito en el campeonato inter cárceles, lo que motivó a otros internos a participar. “El rugby fue muy positivo. Los Caranchos salieron campeones y eso trajo mucho entusiasmo”,  subrayó Romero. También se practican otros deportes como fútbol, y se proyecta la construcción de un polideportivo en el mediano plazo.

Romero además se mostró optimista sobre las alternativas al encierro que se están evaluando a nivel provincial, como el uso de tobilleras electrónicas para los detenidos con prisión preventiva, proyecto que ingresó en la Legislatura y reforma el Código Procesal. “Es positivo todo lo que sume y aproveche los avances tecnológicos para mejorar el sistema penitenciario”, dijo.

Romero concluyó la entrevista con una reflexión sobre los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario. “No hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando en la rehabilitación del interno. Si de 10 internos uno se rehabilita, ya es un gran logro”, expresó. 

El Ministerio de Seguridad estableció la obligatoriedad para todos los internos del Servicio Penitenciario Federal de realizar tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene en los espacios propios y comunes de los establecimientos donde están alojados. 

Las actividades serán no remuneradas y tendrán una duración de cinco horas diarias, según la Resolución 1346/2024 publicada en el Boletín Oficial. 

La medida apunta a promover la reinserción social y reducir la reincidencia, según lo estipulado en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Nº 24.660) y la Constitución Nacional.

Además, busca disminuir la ociosidad entre los internos, considerada un factor de incremento de violencia y desorden en los penales.

El Servicio Penitenciario Federal será el encargado de elaborar planes y cronogramas específicos para estas tareas, además de supervisar su cumplimiento.  

La resolución, firmada por la ministra Patricia Bullrich, enfatiza que estas labores constituyen un deber derivado del mandato constitucional de mantener cárceles "sanas y limpias" y contribuyen a una convivencia ordenada dentro de los establecimientos.

En la rotonda del acceso oeste a la ciudad, donde se encuentra emplazado el monumento de San Francisco de Asís, el pasado viernes se colocó la primera producción de plantines florales elaborados por un grupo de internos de la Unidad Penitenciaria Nº 7, en el marco de un convenio de capacitación firmado entre el municipio y el penal a mediados de marzo.

El proyecto, que busca capacitar a los internos en el manejo y reproducción de plantas, comenzó con clases teóricas en abril, donde los participantes aprendieron sobre el reconocimiento de especies, técnicas de reproducción y cuidados necesarios para el crecimiento de las plantas. “La primera palabra que se me viene a la cabeza es orgullo”, declaró el intendente Damián Bernarte. 

 “Este trabajo refleja el éxito del esfuerzo conjunto entre el Estado Municipal y el servicio penitenciario y es un paso hacia la reinserción social de quienes han estado privados de la libertad”, continúo el mandatario.

Bernarte destacó la importancia de brindar herramientas a los internos para su futura reinserción laboral. “Desde este programa generamos la posibilidad de que estas personas adquieran conocimientos que les serán útiles una vez que recuperen su libertad”.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Carlos Ortega, explicó cómo surgió esta iniciativa: “Es un programa provincial, al enterarnos de su existencia, nos contactamos con Diego Taverna, subdirector de la Penitenciaria Nº 7, para formalizar el convenio. Estamos muy contentos con los resultados ya que esto no sólo beneficia a los internos, sino que también embellece nuestra ciudad”.

Bernarte: “Desde este programa generamos la posibilidad de que estas personas adquieran conocimientos que les serán útiles una vez que recuperen su libertad”.

Taverna expresó su satisfacción por el impacto positivo del programa entre los internos quienes “están muy contentos y ha tenido una excelente aceptación, muchos desean sumarse al proyecto. La selección se hizo considerando a aquellos que están próximos a recuperar la libertad y poseen buena conducta”.

Gabriela Ludueña, por su parte, paisajista a cargo del proyecto, compartió su entusiasmo: “Estamos viendo el resultado de un trabajo conjunto que comenzó con una capacitación teórica, donde decidimos enfocarnos en la producción de plantas florales, que son esenciales para el embellecimiento de los espacios públicos”.

La capacitación incluyó métodos de reproducción por semillas, esquejes y división de matas, y los internos ya están aplicando lo aprendido en la práctica. “Hoy colocamos parte de esa producción en la rotonda y esto es solo el comienzo, planeamos replicar esta iniciativa en otras plazas”, concluyó Ludueña.

Con esta primera producción, el proyecto brinda a los internos una nueva habilidad, como así también contribuye a la mejora estética San Francisco, marcando un paso significativo hacia su reintegración a la comunidad.

La municipalidad y el Servicio Penitenciario de San Francisco están en la etapa final de un convenio que capacita a internos en la producción de plantas florales. Este acuerdo, suscrito a mediados de marzo, busca introducir a un grupo de siete internos en el manejo de plantas, desde su reproducción hasta su cuidado y siembra.

La capacitación, que comenzó en abril, incluye el reconocimiento de especies arbustivas y herbáceas, la clasificación de plantas y técnicas de reproducción como la división de matas, la producción de semillas y la generación de esquejes. Los participantes también han aprendido sobre la preparación de sustratos y el manejo de plántulas.

Gabriela Ludueña, de la Dirección de Obras de Arquitectura y Espacios Verdes del municipio, es la encargada de dictar las clases. Ella comentó: “La idea es que los internos puedan generar una salida laboral a través de un oficio. Esto se alinea con los esfuerzos de la municipalidad para embellecer espacios públicos”.

Carlos Ortega, secretario de Infraestructura, destacó la importancia del convenio: “Este acuerdo permite a los internos obtener capacitación en un oficio que será útil para su reinserción social. La municipalidad aporta el material y la formación, mientras que el 80% de la producción se destina a embellecer canteros y espacios públicos, y el 20% restante queda para el Servicio Penitenciario”.

Ortega también anunció que en los próximos días se recibirá la primera tanda de plantas, que se colocarán en canteros centrales y rotondas de la ciudad. Según Ortega, “la tarea del paisajista y jardinero es muy solicitada, y esta capacitación no solo facilita la reinserción social de los internos, sino que también les proporciona una oportunidad de obtener recursos lícitos”.

Ludueña concluyó: “El objetivo es que la producción de las plantas se utilice en la creación de canteros en plazas y bulevares, contribuyendo al embellecimiento de la ciudad mientras se ofrece una oportunidad laboral a los internos”.

Más de 60 presos de alto perfil usarán uniformes naranja en las cárceles de Santa Fe para facilitar la identificación, el control y la visibilidad de los reclusos.

La medida comienza a regir desde este lunes 2 de septiembre con la idea de desactivar el poder de los presos de nivel 1, más conocidos como los de alto perfil, relacionados al narcotráfico y a crímenes en la provincia.

De acuerdo a lo anunciado por las autoridades provinciales, el uniforme no se utilizará en todo momento, solo en cuando se desarrollen las visitas, en los espacios comunes y salidas al exterior, lo que permitirá tener mayor control sobre los movimientos.

Con respecto a las jornadas de visitas, se explicó que los familiares tienen prohibido el ingreso a las cárceles con prendas de ese mismo color con el fin de “evitar situaciones de conflicto”.

Esta medida fue establecida en diciembre del año pasado luego de que las dos cámaras provinciales hayan aprobado la inclusión del artículo 24 a la ley de Ejecución Penal donde se exige un nuevo código de vestimenta.

En este sentido, detallaron que la Resolución 008/2024 comenzará a implementarse de manera escalonada y que queda recluso es “responsable del cuidado y mantenimiento de su ropa personal, y responderá ante ello con descuentos del peculio en caso de roturas o deterioro del uniforme”.

Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad provincial, indicó que se trata de una “transformación muy severa en las condiciones de detención con herramientas de control mucho más potentes”.

Los seis imputados por la desaparición de Loan en Corrientes fueron trasladados a cárceles federales de Salta y Chaco pese a que realizaron diversas presentaciones negándose a la resolución.

Este jueves por la mañana, cinco de los detenidos se subieron con la cara tapada a un camión de la Policía Federal con el que fueron enviados a las cárceles federales. 

Sobre el sexto imputado, se espera que en las próximas horas sea enviado a otra prisión. 

Fue en las últimas horas cuando la Justicia autorizó a que María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Antonio Benítez, Mónica Millapi y el comisario Walter Maciel sean alojados en el complejo 3 de Güemes en la provincia de Salta. 

Con respecto a Daniel “fierrito” Ramírez, comunicaron que irá a la Unidad 7 de Chaco.

Ante la resolución, varios de los acusados presentaron habeas corpus por la lejanía con su familias y porque sus abogados deberán viajar muchos kilómetros para tener reuniones con sus clientes.

Por su parte, el comisario manifestó que corre riesgo su vida por lo que solicitó quedarse en Corrientes.

Del 5 al 7 de julio, la Tecnoteca de San Francisco albergará la vigésima primera edición de la muestra anual "Crear, educar, producir en prisión". Organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, a través de su Dirección de Trabajo, Producción y Comercialización Penitenciaria, esta exposición destaca los trabajos realizados por internos de diversos establecimientos penitenciarios que además, estarán a la venta.

Desde las 9 hasta las 18, los visitantes podrán explorar y adquirir artesanías confeccionadas en talleres de carpintería, herrería, costura, tapicería y mimbrería. Más allá de ser una oportunidad para el público de apreciar el talento y el esfuerzo de los reclusos, esta iniciativa busca fomentar la educación y los valores positivos dentro de los centros penitenciarios.

Según los organizadores, el trabajo no solo es un derecho y un deber para los internos, sino que también juega un papel crucial en su proceso de rehabilitación, promoviendo hábitos laborales positivos y preparándolos para su reintegración en la sociedad libre.

Como parte de la diversificación de herramientas que promueven la reinserción social de internos carcelarios, más de cien internos provenientes de cuatro complejos carcelarios de la provincia de Córdoba participaron de un encuentro de rugby el miércoles en el penal de Bouwer. Los complejos participantes incluían unidades de San Francisco, Cruz del Eje, Río Cuarto y Córdoba Capital. 

El evento contó con la presencia del ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y del presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri. Durante el encuentro, se enfrentaron en partidos amistosos los equipos "Los Caranchos", "Los Leones de Judá", "Las Águilas del Imperio" y "Ruaj". 

El equipo sanfrancisqueño, Los Caranchos, se consagraron campeones.

“Es más que una competencia, constituye una superación personal en este contexto donde están recuperándose para reinsertarse en una sociedad que los está esperando”

En el marco de este evento, el ministro y el presidente de la agencia de deportes firmaron un convenio de colaboración institucional para fomentar la práctica deportiva entre los internos. López destacó: “El deporte ayuda a reparar el daño y emula muchas cosas que pasan en la sociedad. Vivimos en una sociedad muy individualista, muy fragmentada, con mucha violencia, en todo sentido, y el deporte ayuda a igualar y equiparar, a través de los valores, y a reparar los daños que tiene la sociedad de por sí”.

Por su parte, Calleri expresó su pasión por el rugby y los valores que este deporte promueve, como el compañerismo, la disciplina y el respeto. “Todo eso lleva a que la vida sea mejor”, afirmó.

El secretario de Organización Penitenciaria, Gustavo Vidal Lascano, también manifestó su satisfacción al inaugurar este encuentro. “Es más que una competencia, constituye una superación personal en este contexto donde están recuperándose para reinsertarse en una sociedad que los está esperando”, dijo.

Acompañaron el evento diversas autoridades, incluyendo al presidente de la Unión Cordobesa de Rugby, Pablo Carballo; el juez federal Pablo Montesi; y el fiscal general del T.O.F., Carlos Gonella, entre otros.

Este tipo de iniciativas buscan no solo fomentar el deporte, sino también ofrecer a los internos una oportunidad de desarrollo personal y de preparación para su reinserción en la sociedad.

Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a una mujer por comercialización agravada. 

El operativo llevado a cabo por efectivos de la FPA, se desarrolló en un domicilio situado en la calle Ituzaingó al 1400, en el barrio La Florida en San Francisco. Durante la acción, se detuvo a una mujer de 28 años y se confiscaron dinero, una balanza digital y otros elementos de interés para la causa.

Según las investigaciones, la mujer arrestada estaba involucrada en el ingreso de drogas al Establecimiento Penitenciario N° 7 y posteriormente recibía pagos mediante transferencias bancarias de las ventas que realizaban los detenidos.

Es importante destacar que este operativo está vinculado a un control realizado por los efectivos del establecimiento penitenciario, quienes al llevar a cabo una inspección exhaustiva en un pabellón, descubrieron varias dosis de cocaína y marihuana, teléfonos celulares, dinero y otros elementos relevantes.

Personal del Grupo Especial Antinarcótico y Requisa (GEAR) secuestró hoy distintos tipos de drogas, teléfonos celulares y bebidas alcohólicas dentro de un camión que iba a ingresar a la cárcel de Bouwer, ubicada en las afueras de esta ciudad de Córdoba.

El hallazgo se produjo durante una revisión de rutina, en un vehículo que transportaba carne, aunque en el interior había otros elementos, tras lo cual fueron arrestados el conductor del vehículo y su acompañante.

Durante el operativo, en el cual también intervino la Fuerza Policial Antinarcótico se secuestraron 1,8 kilos de marihuana, 14 gramos de cocaína, una veintena de piscofármacos, siete celulares, cargadores y auriculares.

El operativo tuvo lugar pocos días después de que fueran removidas las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial, y por el cual están siendo investigadas por incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. Por su parte, el gobernador Martín Llaryora designó al ex fiscal Gustavo Vidal como interventor del organismo.

El penal, inaugurado en 2004, está ubicado en las afueras de la capital provincial, en el paraje conocido como "Alto Durazno", sobre la Ruta Nacional número 36.