La ministra de Seguridad Patricia Bullrich dio una dura respuesta frente a la huelga de hambre de presos en el penal de Ezeiza en contra del nuevo sistema para reclusos de "alto riesgo".

“Los que asesinaron, torturaron y dominaron Rosario durante años, ahora piden ‘abrazar a sus seres queridos’. Los narcoterroristas ya no tienen poder ni privilegios. Ni dentro ni fuera del penal”, manifestó Bullrich en sus redes sociales.

La titular de la cartera de seguridad de la Nación se hizo eco de la medida de los presos del módulo VI, pabellón C, del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza al cuestionar que embarazadas y menores vean al detenido detrás de un vidrio y el encierro extremo de 20 horas por día.

"Es inhumano porque no nos permiten abrazar a nuestras mujeres e hijos, nos robaron todas nuestras pertenencias, no soportamos cumplir condena en estas condiciones", expresó un preso en diálogo con el medio Tiempo Argentino.

Fue a principios de año cuando el ministerio implementó el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo alojados en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz y Rawson.

En este sentido, buscan evitar que los narcos sigan operando detrás de las rejas, algo que ocurrió en diversos crímenes en Rosario  y alrededores.

Entre las medidas presentadas dentro del sistema están la incorporación de escáner de rayos X, el uso de sensores infrarrojos, de detectores de metales, un monitoreo 24 horas con reconocimiento facial y el control de las llamadas telefónicas.

Además, se indica que aquellos presos de “alto riesgo” solo podrán ver a sus familiares a través de un vidrio y estarán encerrados 20 horas por día.

"Evelio 'Yiyo' Ramallo, condenado por narcotráfico y homicidios, estaba detenido en Rawson, Chubut, desde donde manejaba a su organización desde adentro y tenía a Rafaela bajo su dominio. Hoy ya se encuentra en el penal federal de Ezeiza, bajo las máximas medidas de seguridad que contempla el protocolo para presos de alto riesgo”, publicó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en su cuenta X (Twitter) junto a un video que mostraba el fuerte operativo hasta la cárcel de máxima seguridad bajo el protocolo de presos de alto riesgo.

Fueron tres las fuerzas de seguridad que trabajaron en conjunto para llevar a cabo el operativo: el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Ramallo fue trasladado en avión desde el Aeropuerto Internacional Almirante Zar de la localidad de Trelew hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con la custodia del personal del Grupo Especial de Intervención (GEI). Una vez allí fue llevado en un móvil de la Dirección Principal de Traslados hacia el penal de máxima seguridad.

En febrero de 2022, una disputa por el territorio de la droga terminó con la vida de José Luis Cáceres (48) en la ciudad de Morteros y por el hecho, la Justicia de San Francisco, en agosto de 2023, condenó a Ramallo a 20 años de prisión y a otros imputados con distintas penas. Para entonces, “Yiyo” ya cumplía una condena de 23 años en la cárcel de la capital de la provincia de Chubut. 

Además de este narcocriminal el juicio con jurados populares en los tribunales de nuestra ciudad tuvo a otros 7 imputados, siendo los principales Tomás Julián Lazcano (que tenía 17 años al momento del homicidio) y Ramallo. 

Lazcano fue hallado autor materia de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, en tanto que Ramallo, autor intelectual de homicidio doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad.

La fiscal de Cámara, Consuelo Aliaga, relacionó el asesinato de Morteros a una “lucha por el territorio de la droga” en la que Ramallo, desde un penal de la provincia de Chaco donde estaba detenido, ordenaba sacar del medio a Cáceres porque significaba una competencia para su “negocio”.

Cáceres, que trabajaba en el hipódromo de Morteros, habría estado vinculado junto a un familiar a la comercialización de estupefacientes. 

También, la fiscal dijo que la muerte de Cáceres fue parte de un ajuste de cuentas porque Ramallo y su organización sospechaban que era un “bate cana”, que le aportaba información a la Policía. 

Los otros imputados feuron Jésica Suárez, Magalí Bertona y Kevin Joel Funes, como partícipes necesarios y secundarios del hecho; y Luciana Bustos, Lucila Cabrera y Joaquín  Conti, por encubrimiento. 

Entre la 1 y 1.30 de aquel 13 de febrero de 2022, por orden de Ramallo, Bertona y Funes fueron hasta el domicilio de la víctima que vivía junto a su madre –en una vivienda de calle Brown 841 de barrio Urquiza en Morteros- para asegurarse que Cáceres estaba allí. Luego, alrededor de las 4 de la madrugada, Suárez junto a otra persona aun no identificada llegaron a la casa en una motocicleta. 

“Sabiendo que Cáceres estaba en su casa, se le da participación a Lazcano”, indicó la instrucción de la causa. Cáceres y su madre se encontraban descansando. La mujer escuchó que intentaban abrir la puerta, despertó a su hijo para que viera qué ocurría, Cáceres se levantó de la cama y en ese momento se produjeron varios disparos desde una pistola calibre 22 que habría manipulado Lazacano e impactaron en el frente. Uno de los proyectiles ingresó por la ventana e impactó a la altura del pecho de Cáceres, que tras el ataque falleció en los brazos de su madre.