La dueña de la casa donde vive Silvia País, la madre de Manuel Adorni, declaró ante la Justicia que recibió un pago adelantado por u$s12.000 en efectivo en concepto del primer año de alquiler de la propiedad ubicada el barrio cerrado Fincas de Iraola II, en Berazategui.  

El testimonio fue tomado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga la causa por presunto enriquecimiento ilícito que atraviesa el ex jefe de Gabinete, junto a su esposa, Betina Angeletti.

La propietaria sostuvo que ella no participó de las negociaciones debido a que toda la gestión se realizó por medio de una inmobiliaria. De acuerdo a lo declarado, quien firmó presencialmente el contrato de locación y entregó los billetes en efectivo fue Juan País, hermano de Silvia y tío de Adorni, quien también vive en la casa alquilada.

Si bien, el contrato establece una mensualidad de u$s1.100, lo que llamó la atención fue el desembolso total de la cifra, sobre todo, al ser en efectivo. Se entiende que el pago anual anticipado se llevó acabo para evitar registros de transacciones bancarias.

Este testimonio añade información que compromete aún más al ex funcionario libertario y a su entorno familiar, debido a que pone en evidencia la falta de consistencia patrimonial respecto al sueldo percibido y los gastos generados durante su gestión.

Por su parte, el juez federal Ariel Lijo sostiene la medida cautelar en la que dispuso la prohibición de la salida del país de Adorni sin previa autorización judicial. 

La Justicia le prohibió la salida del país al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el creciente riesgo de fuga a Uruguay y en el marco de la investigación penal que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La medida restrictiva fue dispuesta durante la noche del viernes por el juez federal Ariel Lijo, a instancias del dictamen presentado por el fiscal Gerardo Pollicita, señalando que el exfuncionario deberá requerir una autorización expresa si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior del territorio nacional.

Según consignan las fuentes de la causa, esta restricción representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, el cual resulta inminente y podría concretarse de manera formal en el transcurso de los próximos días debido a las inconsistencias halladas en su contra.

El foco de la investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni se centra de forma pormenorizada en diversos gastos corrientes efectuados mientras se desempeñaba en la función pública, algunos de ellos realizados con tarjetas de crédito de sus secretarias.

De acuerdo a la información de la Agencia Noticias Argentinas, la causa evalúa además los constantes viajes dentro y fuera de la Argentina, la compra de propiedades, las refacciones realizadas en un country del barrio privado Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, como así también las marcadas diferencias patrimoniales que quedaron registradas en sus últimas declaraciones juradas.

El expediente cobró un impulso definitivo a partir de la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo formalmente a cargo de las reformas estructurales en la vivienda del exfuncionario en dicho barrio privado y aseguró ante las autoridades judiciales haber percibido la suma de 245 mil dólares en negro.

Apenas dos días después de la oficialización de su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, la prensa difundió una serie de mensajes de audio donde el exfuncionario le ofreció asistencia a su contratista antes de que este prestara testimonio ante la fiscalía de Pollicita.

El material sonoro, que confirmó que el exjefe de Gabinete buscó coordinar un encuentro previo a la audiencia judicial del constructor, reveló que Adorni intentó transmitirle calma a su empleado ante la citación del pasado 4 de mayo expresándole de manera directa: "Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos".

El presidente Javier Milei aseguró que cree en la honestidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero señaló que, si la Justicia lo considera culpable lo eyecta “de una patada”.

"La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho... si lo consideran culpable, lo eyecto y lo vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni", aseguró al hablar de la situación de Adorni en declaraciones a El Observador, España.

Además, indicó: "Me presentaré en las Elecciones de 2027 ¿cómo no si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia? ¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? ¡Me hablan de la micro y eso es la micro! El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord".

"Todos predecían una hiperinflación y la evitamos y la economía crece", aseveró el mandatario argentino, mientras que luego indicó: "Si fuera peronista o tuviera sobornados a los medios como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que no permitiría porque no creo en eso". 

"Es como el que dice 'necesitamos mucho tiempo mío en el poder' pero eso es un error, un fracaso: si dependes de una persona, estás terminado, porque el cementerio está lleno de imprescindibles", aseveró.

Milei también habló del futbolista Lionel Messi de quien dijo que no puede "contestar racionalmente" porque le tiene "una admiración enorme", mientras que consideró que el entrenador Lionel Scaloni "debería ser profesor de una escuela de negocios".

"Nunca en mi vida vi un tipo que haga las cosas que haga Messi, no puedo contestar racionalmente, tengo una admiración enorme, es un tipo fuera de serie ¡Lo veo todo 10!", señaló, tras lo cual dijo: "Yo creo que Scaloni debería ser profesor de una escuela de negocios de liderazgo ¿cómo lidiás con todas megasestrellas?".

"No voy a la cancha para no dar un espectáculo lamentable de lo que sufro viendo los partidos de Argentina. Cuando algo no le sale a Messi la paso mal ¡Cuando el otro día erró el penal la pasé para el culo! No puedo dar ese espectáculo público, es como cuando Palermo erró los 3 penales con Argentina: yo lloraba desconsoladamente", aseveró.

Por maniobras del oficialismo se cayó la sesión en Diputados por la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La oposición dura no consiguió el quórum de 129 votos necesarios para abrir el debate.

Previamente, el Gobierno había acordado con los bloques aliados, el PRO y la UCR, que no bajaran al recinto. Además de convocar para la próxima semana a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja con el objetivo de demorar el debate de una eventual interpelación al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La maniobra, diseñada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, terminó de desactivar la sesión impulsada por la oposición.

La sesión había sido pedida por el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, los diputados de izquierda, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina del Plá y Néstor Pitrola, Esteban Paulón, del Partido Socialista, Marcela Pagano, de Coherencia, y Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

El temario incluía seis proyectos de resolución con pedidos de citación al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

Además de pedidos para que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informe diversas cuestiones relacionadas con su situación patrimonial declarada.

Tres de las iniciativas también impulsan una moción de censura (desplazamiento) del jefe de Gabinete para promover su reemplazo al frente de la Jefatura de Gabinete, en plena investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del juez federal, Ariel Lijo, y del fiscal federal, Gerardo Pollicita.

La senadora Patricia Bullrich no irá a la reunión convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que celebrará esta tarde en la Casa Rosada, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con altas fuentes del entorno de la titular del bloque libertario.

Los encuentros planificados por Adorni para este martes se realizarán en tres tandas entre el mediodía y la tarde: el primero tendrá lugar a las 11, el segundo a las 13.30 y el último a las 16.

Desde el despacho de Bullrich aclararon a la Agencia NA que la legisladora "no puede" dar asistencia debido a que debe encabezar la reunión de la Labor Parlamentaria en el Senado, donde intentará buscar apoyos dialoguistas para volver a postergar la interpelación de Adorni.

"Ella se reúne todo el tiempo. Los senadores no", argumentaron desde la jefatura de bloque.

Lo cierto es que la relación entre la senadora y el ministro coordinador no transita su mejor momento. Es que Bullrich es de las pocas que se atrevió a desautorizar la orden de Javier y Karina Milei de blindar al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante la última reunión de mesa política, la legisladora expuso su discrepancia ante los presentes respecto de la situación que involucra a Adorni y que tiñe a la administración libertaria.

Esta mañana, en Casa Rosada se enteraron del faltazo por los medios de comunicación y leyeron la ausencia en otro claro gesto por desmarcarse del oficialismo, en particular del funcionario al que apunta desde hace algunas semanas.

Como contó esta agencia, son varios los sectores de Balcarce 50 que miran con desconfianza a la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado debe trabajar para evitar la interpelación de la oposición en el Congreso.

El Senado de la Nación sigue presionando al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario del Ejecutivo dijo ayer que va a concurrir a dar su informe de gestión en julio próximo, pero los bloques dialoguistas, la presidenta de la Cámara Alta , Victoria Villarruel y el peronismo no quieren que se presente recién en julio y presionan para que lo haga durante el corriente mes, tras no haberlo hecho en mayo, algo que le corresponde según la Constitución.

En la mañana de hoy ingresó al Senado un proyecto de Resolución que lleva la firma de varios senadores del PJ para que el funcionario nacional se presente “en un plazo de 7 días” una vez que sea aprobada la resolución, acortando sustancialmente los plazos pero para ser “interpelado” por el pleno de la Cámara.

Además, el peronismo avanza con rapidez en la posibilidad de destituir al Jefe de Gabinete: en el artículo 2 del mismo documento reclama “establecer que la moción de censura sea resuelta en la misma sesión” en la que Adorni debe hablar ante los legisladores. Es decir, "el peronismo quiere una única sesión para interpelar y votar la destitución del cargo."

La resolución lleva la firma de los senadores Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Fernando Salino, Martín Soria, Juliana di Tullio, Mariano Recalde, Eduardo de Pedro, María Celeste Gimenez Navarro, Jorge Capitanich y Ana Marks.

El punto son los plazos y el peronismo ya tiene decidido que quiere que sea pronto. “Nosotros lo vamos a tratar el miércoles en Labor Parlamentaria para que el jueves sea tratado sobre tablas”, dijo a Infobae el senador Mayans, presidente del bloque del PJ. "Con dos tercios se habilita el tratamiento para votar esto y tiene que ir al recinto en 7 días. Es un delincuente confeso, hizo tres declaraciones juradas y nunca declaró que tenía 500.000 dólares. Le mintió al Parlamento, la declaración jurada es maliciosa. ¿Cómo hacemos para preguntarle para sobre Andis, por ejemplo“, señaló el formoseño.

Para juntar los dos tercios necesitan del acompañamiento del resto de los bloques, por lo que Mayans explicó que esto prosperará “dependiendo de la voluntad política. Todos los que se llenan la boca hablando de corrupción tienen la oportunidad de demostrar si están conformes con que un delincuente confeso sea quien administre el Estado y que lo podamos tratar sin dilatar”.

El jefe del bloque le apunta al PRO y la UCR, cuyos senadores vienen acompañando al oficialismo casi sin fisuras pero que en el caso Adorni mostraron diferencias.

En las últimas horas el titular del bloque PRO, Martín Goerling, reclamó a la Presidenta de la Cámara Alta que llame a una reunión de Labor Parlamentaria con el fin de citar a Adorni para que haga su informe de gestión durante este mes y recordó que “el último informe recibido ha sido el 143, de fecha 26 de junio de 2025, brindado por el Dr. Guillermo Francos”.

Por su parte, el senador Eduardo Vischi, presidente del bloque de la UCR, se sumó al comunicado de su partido el cual señala que “la confianza pública se construye con transparencia, coherencia y respeto por la ley. La responsabilidad institucional exige ejemplaridad, especialmente cuando se ha hecho de la integridad y la rendición de cuentas una bandera política”.

Tras ello, Villarruel aprovechó y cargó en un tuit la carta que mandó a Adorni para que “cumpla con su obligación”. En el mensaje en redes, ahondó: "Sin embargo, el Jefe de Gabinete no lo hace desde que asumiera en, noviembre del 25. Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional”.

La vicepresidenta ya convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles que viene -18 horas- y así definir con los titulares de bancadas oficialista y opositoras. Hay una sesión en agenda para el jueves siguiente y aún hay dudas sobre la ley de propiedad privada que pretende la Casa Rosada.

Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente publicara su declaración jurada de 2025, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) elevó un pedido formal a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que lleve adelante la apertura de un expediente de inteligencia financiera con el propósito de realizar un análisis en relación con la evolución patrimonial.

Además, de ser necesario, radicar la denuncia ante la justicia penal por presunto lavado de activos del funcionario de Milei y su esposa, Bettina Angeletti, por la existencia de posibles fondos y bienes de, según la entidad, origen no debidamente acreditado.

El titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, es el destinatario del pedido del CIPCE que reclamó la aceptación de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” con el objetivo de monitorear de forma intensiva a Adorni y Angeletti, argumentando que son Personas Políticamente Expuestas (PEP), y así poder establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica del patrimonio.

La compra de una casa en noviembre de 2024 en un barrio privado, más un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un año después (en noviembre de 2025), cuando Adorni ya ocupaba un cargo público, es donde se apoya el pedido del CIPE. Además, por contar con importantes sumas de dinero en efectivo, así como viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y la realización de operaciones crediticias, pero no bancarias, con personas que no tendrían la capacidad económica necesaria.

Asimismo, el CIPE sumó a sus argumentos la declaración realizada por Adorni a LN+ donde manifestó haber omitido “por error” en sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024 que los ahorros familiares se habían compuesto “en negro”. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, se justificó sobre US$500.000, según sus declaraciones.

En tal sentido, el reconocimiento de Adorni genera preguntas en relación con el cumplimiento de los parámetros de transparencia exigibles a las personas que ocupan el rol de funcionarios, así como también sobre el origen de los fondos involucrados, según la ONG especializada en investigar la corrupción y los delitos económicos.

El CIPCE incluyó en su pedido testimonios de personas que declararon en la Justicia federal que indicarían que, por lo menos, una de las tantas operaciones inmobiliarias no se habría escriturado por su valor real. En este sentido, si se llegara a confirmar, según el planteo, se podría encuadrar en maniobras de simulación capaces de ser analizadas bajo la figura de lavado de activos.

A su vez, el CIPCE hizo hincapié en que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias que prevé la ley de “Inocencia Fiscal” ni suspende ni pone límite a las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos, así como a las facultades de la UIF para analizar operaciones patrimoniales inconsistentes.

Y recordó que la ley actual ordena deberes de debida diligencia reforzada para las PEP, debido a su mayor exposición a riesgos de corrupción.

De esta forma y con la firma del director ejecutivo del CIPE, Pedro Biscay, el organismo enmarcó el pedido en el contexto internacional, resaltando que el país está bajo el seguimiento reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual exige avances en la prevención como en la detección y la investigación del lavado, más precisamente cuando está vinculado a hechos de corrupción.

Por eso, el CIPE, en ese contexto, mantiene su posición diciendo que una actuación “diligente y oportuna” de la UIF en casos como este, en que involucra a un funcionario de alto rango, es una señal clave de cumplimiento de los estándares internacionales. Y, en consecuencia, pidió que se realicen los controles pertinentes de consistencia patrimonial integrales, que se cruce información proveniente de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y reportes del sistema financiero.

La jefa de bloque del Senado, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que presentara su declaración jurada al sostener que "es más que un error".

"Esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado", fustigó la senadora en declaraciones a las que acción la agencia Noticias Argentias.

En la misma línea, amplió: "Y ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar".

Las palabras de la legisladora tuvieron lugar luego de que el funcionario presentara el detalle de su situación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.

No es la primera vez que Bullrich marca un contrapunto con la Casa Rosada, en particular con el tema que involucra al ministro coordinador. Lo hizo hace algunas semanas, cuando pidió que anticipara la declaración jurada y lo repitió el pasado jueves en la sesión en la Cámara de Diputados en la que se abstuvo de votar el pliego de María Veronica Michelli. 

Sin embargo, en Balcarce 50 le bajan el tono a las declaraciones de la senadora. "Todo pasa. Tira pero no termina de romper", aseguró un integrante de la mesa política que se volverá a reunir esta tarde en Casa Rosada.

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, expresó fuertes reparos a las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre las modificaciones realizadas en sus declaraciones juradas y correcciones tributarias presentadas ante organismos de control.

En diálogo con Cadena 3, el dirigente cordobés aseguró que, tras varios meses de espera, la respuesta pública del funcionario nacional resultó insuficiente y dejó más dudas que certezas.

“Esperamos tanto tiempo para una explicación tan floja de credibilidad. La verdad es que merecíamos una explicación un poco más seria”, sostuvo Juez al referirse a la entrevista televisiva en la que Adorni intentó justificar los cambios patrimoniales que quedaron bajo la lupa en las últimas semanas.

El jefe de Gabinete presentó ante la Oficina Anticorrupción y ARCA una serie de declaraciones juradas rectificativas que modificaron aspectos relevantes de su patrimonio. Entre los puntos más discutidos figuran la aparición de dólares hallados en un departamento heredado en La Plata y una inversión temprana en bitcoin que, según explicó, le habría generado una ganancia cercana a los 300 mil dólares.

Sin embargo, para Juez esas aclaraciones no alcanzaron. “Después de 70 días, esperaba otra respuesta. Hay muchas explicaciones que por momentos son muy carentes de sustento jurídico”, afirmó.

Pese a las críticas, el senador ratificó su respaldo político al presidente Javier Milei y aclaró que sus cuestionamientos no implican un alejamiento del oficialismo.

“Yo banco a este Gobierno. No soy de La Libertad Avanza, pero quiero que le vaya bien porque no quiero que vuelva lo mismo de siempre”, señaló. Y agregó: “No soy un fanático. Para mí, lo que está mal está mal y lo que está bien está bien, lo haga quien lo haga”.

Juez consideró que episodios de este tipo terminan afectando la imagen de toda la administración nacional y sostuvo que los funcionarios deben estar sometidos a estándares más exigentes de transparencia.

“No basta con serlo, también hay que parecerlo. Hay que levantar la vara porque el reclamo de la sociedad llega muy rápido y se devora la credibilidad”, remarcó.

Consultado sobre el impacto político del caso, sostuvo que la situación no sólo compromete al funcionario involucrado sino también al Gobierno en su conjunto. “A mí me afecta enormemente, y soy un cuatro de copa. Imagínese al Presidente”, expresó.

El legislador también vinculó la discusión con lo que considera uno de los principales desafíos del país. “La verdadera batalla cultural en Argentina es la pelea contra la corrupción. Ahí no hay margen. La corrupción es corrupción”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que la dirigencia política debe ofrecer explicaciones claras cuando surgen cuestionamientos sobre su conducta. “Si elegiste la política, tenés que dar explicaciones, aun cuando sean incómodas, molestas o fastidiosas”, sostuvo.

Juez evitó pronunciarse sobre una eventual renuncia de Adorni y aclaró que no le corresponde juzgar responsabilidades personales. No obstante, reiteró que las explicaciones brindadas hasta el momento no lograron convencerlo.

“Yo sigo siendo un aliado del Gobierno, pero cuando las explicaciones no me alcanzan tengo la necesidad de decirlo. Suscribo al pie de la letra las críticas que se hicieron sobre este tema”, concluyó.

La Justicia ya cuenta con una copia completa del contenido del celular del contratista Matías Tabar, uno de los testigos que más comprometió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Según publicó Infobae a partir de fuentes judiciales, la extracción forense de la información se completó en las últimas horas y el material quedó almacenado en un disco rígido que ya comenzó a ser analizado por los investigadores.

El contenido del teléfono será revisado tanto por la fiscalía de Gerardo Pollicita como por el Centro de Investigaciones Judiciales, donde se realizó la extracción. En el procedimiento participó un perito de parte designado por Adorni, cuya defensa está a cargo del abogado Matías Ledesma.

Tabar entregó voluntariamente su iPhone 15 a la Justicia cuando declaró como testigo el pasado 5 de mayo. Lo hizo para que las autoridades pudieran corroborar lo que había relatado bajo juramento: los 245.000 dólares que, según dijo, le cobró a Adorni por la remodelación de su casa en el country Indio Cuá, y los chats y llamadas que mantuvo con el funcionario días antes de presentarse en Comodoro Py.

De acuerdo con la declaración del contratista, Adorni se habría comunicado con él antes de la testimonial para pedirle que lo “ayudara” con su exposición ante la Justicia. Tabar aseguró que no accedió a ese pedido.

Desde el entorno del jefe de Gabinete habían cuestionado la veracidad de los dichos del testigo. Sin embargo, Pollicita y el juez Ariel Lijo ya tienen incorporados al expediente comprobantes y facturas vinculados con los trabajos de obra realizados por Tabar. Hasta el momento, los investigadores consideran que su declaración cuenta con respaldo documental.

Mientras desde el Gobierno deslizan que Adorni podría presentar esta semana su declaración jurada correspondiente al período 2025, en los tribunales federales de Comodoro Py avanzan los preparativos para pedirle explicaciones sobre su patrimonio.

Pollicita trabaja en un requerimiento de justificación patrimonial para que el jefe de Gabinete pueda aclarar los números de sus bienes e ingresos. En paralelo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, un organismo de la Procuración conocido como DAFI, prepara un informe contable para determinar si Adorni gastó más de lo que declaró haber ganado.

Ese análisis también deberá precisar la magnitud de un eventual enriquecimiento ilícito, en caso de que se verifiquen irregularidades. Fuentes del caso estimaron que la inspección de los movimientos financieros podría estar terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio.

Si la respuesta de Adorni al requerimiento patrimonial no logra despejar la hipótesis delictiva planteada por el fiscal, el siguiente paso de la Justicia podría ser citarlo a declaración indagatoria en los tribunales federales de Retiro.

En paralelo, Lijo espera otro informe considerado clave: el análisis de comunicaciones que realiza la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, conocida como DAJuDeCO, en el expediente por presuntas negociaciones incompatibles y dádivas.

Esa causa investiga la relación entre Adorni y su amigo Marcelo Grandio, quien condujo programas en la TV Pública y, durante la gestión libertaria, obtuvo seis contratos con medios públicos a través de la productora ImHouse, que administra junto a su socio Horacio Silva.

Las llamadas realizadas por Grandio y Silva a distintos actores involucrados en la trama serán cruzadas con la cronología de la investigación. La principal sospecha apunta a determinar si Adorni tuvo alguna influencia irregular en esas contrataciones para beneficiar a su amigo.

Con esa medida de prueba, el juez podría quedar en condiciones de avanzar sobre sus sospechas y evaluar un eventual llamado a indagatoria de Adorni y de otros presuntos involucrados.

En el expediente también aparece el viaje que Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos realizaron a Punta del Este, Uruguay, durante el feriado de Carnaval junto a Grandio. Los pasajes en avión privado fueron pagados por Grandio e ImHouse y, entre ida y vuelta, costaron 7.830 dólares.

Adorni dijo públicamente que abonó su parte del viaje, aunque hasta ahora no apareció ningún comprobante que lo demuestre.

El juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita esperan que, esta semana, Manuel Adorni presente su declaración jurada completa y, mientras tanto, pondrán el foco en recopilar toda la información patrimonial, bancaria y de criptoactivos, antes de definir si llaman al jefe de Gabinete a declarar, formalmente, bajo la figura de indagatoria o informativa.

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito por parte del funcionario, la Justicia analiza exhaustivamente los testimonios de Matías Tabar y José Rodríguez, involucrados en las refacciones y en los contratos de alquiler que Adorni pagó desde octubre de 2023.

Luego de ambas declaraciones, donde tanto el contratista Tabar como Rodríguez, el propietario de una casa en el country Indio Cuá, confirmaron que recibieron cifras significativas en dólares y en efectivo, comenzaron las sospechas de que podría haber ciertas irregularidades, ya que no coincidirían con el ingreso declarado por el funcionario, desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Hasta el momento, Adorni fue intimado formalmente a entregar los documentos que viene postergando, a pesar de haber sido advertido que su situación procesal se podría complicar si no presenta la documentación necesaria y completa a la brevedad.

El avance de la causa se sustenta en las declaraciones de la escribana Adriana Nechevenko, que firmó la compra del departamento de Caballito; del contratista Tabar, quien confesó el cobro de 245.000 dólares sin factura; y de José Rodríguez, el propietario que confirmó que recibió el pago en efectivo de otros 21.000 dólares por alquileres temporales en Exaltación de la Cruz.

Según trascendió, en el entorno de Casa Rosada crece el malestar por las derivaciones de la causa, a pesar del respaldo público que el presidente Javier Milei le brinda, además de ratificar que no le pedirá la renuncia.

Un nuevo testigo declaró en el marco de la investigación que atraviesa Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito: José Rodríguez, dueño de una casa del country Indio Cuá, confirmó que el jefe de Gabinete le alquiló la propiedad por más de 20.000 dólares en efectivo, mientras refaccionaba su inmueble en ese predio de Exaltación de la Cruz.

Según el testimonio que brindó Rodríguez, este miércoles por la mañana, ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, esa cifra pertenece a la suma de dos contratos de alquiler que pagó Adorni para permanecer allí, mientras, a pocos metros, se llevaban a cabo las reformas de su propiedad por 245.000 dólares, según la declaración del contratista Matías Tabar.

El detalle de los alquileres informales revelados ante la Justicia incluye un primer contrato temporal firmado en octubre del año 2023, por un monto de 5.600 dólares en efectivo para veranear a principios de 2024, momento en que ya ejercía como vocero presidencial.

Posteriormente, se llevó adelante un acuerdo por el alquiler principal de 13.000 dólares en efectivo, para permanecer en el country Indio Cuá mientras refaccionaba la casa que Adorni había comprado por 120.000 dólares.

Asimismo, hubo una extensión informal del alquiler por tres meses adicionales, debido a las demoras en la obra que comandaba Tabar, por la cual el funcionaroi tuvo que pagar 2.400 dólares más en efectivo.

Rodríguez confirmó que la totalidad de las transacciones, que suman 21.000 dólares, fueron todas saldadas con billetes en mano; la Dirección de Asesoramiento Económico (DAFI) y los investigadores judiciales se encuentran analizando estas operaciones para determinar si se corresponden al patrimonio declarada por el jefe de Gabinete.

El juez Ariel Lijo solicitó al Grupo Datco; a National Shipping S.A. y a la empresa Foggia, que presenten todas las facturas y documentación relacionada con la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Estas averiguaciones, que se llevan adelante simultáneamente con la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, buscan determinar si la mujer del funcionario fue favorecida por el Gobierno a través de contratos irregulares.

En este contexto, fue de vital importancia recabar toda la información vinculada a la facturación y la relación comercial que tienen esas tres firmas con Angeletti, para conocer si existió algún direccionamiento que la haya beneficiado económicamente, debido a que muchas de ellas están relacionadas con diversas entidades del Estado Nacional.

El Grupo Datco, por ejemplo, es una empresa que provee servicios tecnológicos a diversos organismos públicos supervisados o vinculados a la Jefatura de Gabinete, como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, entre otras.

Por su parte, la sociedad anónima National Shipping es una firma naviera dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos, considerada una de las principales proveedoras de la petrolera estatal YPF, empresa estatal de la cual Adorni es director titular.

Foggia Group es una empresa dirigida por Mara Gorini, conocida también por ser una colaboradora muy cercana de la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Está vinculada a la concesión de Tecnópolis y fue la responsable de haber organizado todos los shows libertarios donde actuó el presidente Javier Milei, tanto en el Luna Park como en el Movistar Arena e, inclusive, los encuentros de La Derecha Fest.

La denuncia de la diputada nacional ex libertaria, Marcela Pagano, fue la que dio inicio a esta investigación que busca determinar el origen de los vínculos de Angeletti con las empresas que también tienen contrataciones con organismos estatales.

En el texto judicial se habla de un presunto esquema de relaciones comerciales que configuraría un posible esquema de retorno de fondos públicos. 

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo sensible. La Justicia detectó movimientos vinculados a criptomonedas realizados a través de plataformas digitales y ahora busca reconstruir la trazabilidad de esos activos para determinar si guardan relación con el patrimonio declarado por el jefe de Gabinete.

Según fuentes judiciales citadas por Infobae, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita identificó operaciones de ingreso y salida de fondos en exchanges de criptoactivos luego del levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de Adorni, de su pareja Bettina Angeletti y de las sociedades que integran.

Entre las plataformas alcanzadas por los requerimientos aparecen Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango. Los informes preliminares confirmaron movimientos con activos digitales como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y USDT, aunque todavía no trascendió el período exacto en que se realizaron esas operaciones.

La investigación también incluyó pedidos de información a billeteras virtuales y bancos digitales como Mercado Pago, Brubank y otras entidades financieras, que deberán aportar registros de movimientos, cuentas asociadas y direcciones IP utilizadas en las transacciones.

Uno de los ejes centrales del expediente es determinar si el nivel de gastos y operaciones realizadas por Adorni coincide con los ingresos declarados oficialmente.

De acuerdo con la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción en 2024, el funcionario informó un patrimonio total superior a los 107 millones de pesos, además de dólares en efectivo y depósitos en cuentas del exterior.

Sin embargo, la fiscalía puso bajo la lupa gastos vinculados a viajes internacionales, remodelaciones y operaciones inmobiliarias que, según la investigación, representarían erogaciones cercanas a los USD 349.640 en poco más de un año.

Entre esos movimientos aparecen pagos por vuelos a destinos internacionales, hospedajes y reformas en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá. En ese marco, el contratista Matías Tabar declaró que las remodelaciones habrían demandado unos USD 245.000 en efectivo y sin factura, una afirmación que forma parte del expediente judicial.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que las operaciones con criptomonedas no figurarían en la declaración jurada correspondiente al período fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2024, pese a que este tipo de activos deben ser informados dentro del patrimonio personal.

La fiscalía intenta establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados, las operaciones financieras y los gastos realizados por el funcionario y su entorno.

Para eso, además del rastreo de cuentas bancarias y exchanges, se solicitó al Banco Central de la República Argentina un informe completo sobre cuentas, créditos, préstamos y productos financieros vinculados a Adorni y sus empresas desde enero de 2022 hasta la actualidad.

La incorporación del análisis sobre criptoactivos marca además un cambio en la metodología de investigación judicial sobre presuntas maniobras de enriquecimiento ilícito, ya que ahora el seguimiento alcanza billeteras digitales, exchanges internacionales y movimientos en plataformas fintech.

Mientras tanto, Adorni negó irregularidades y sostuvo que “todo quedará clarificado” cuando se conozca su próxima declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025. También rechazó las cifras difundidas sobre gastos en remodelaciones y aseguró que “todos los papeles están en orden”.

La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa y en estas últimas horas se dio a conocer que la productora Imhouse perteneciente a su amigo y periodista Marcelo Grandio, cobró $3.012.900 por la emisión del programa 'Enredados', que conduce el empresario, y que se difundió por el streaming que tiene la TV Pública, a partir de septiembre del año pasado.

El contrato con el que quedó sellado el vínculo de la productora con la TV Pública está firmado por el interventor de Medios Públicos, Carlos María Curci González, y Horacio Silva, representante de Imhouse, quien además es conocido públicamente por haber sido quien pagó el viaje de regreso que hizo Adorni junto a Grandío en avión privado desde Punta del Este.

En un trabajo periodístico llevado a cabo por el diario La Nación, se encontraron los pago realizados por Radio y Televisión Argentina (RTA), mediante la Gerencia de Administración y Finanzas de la TV Pública, a favor de la productora, desde octubre de 2025.

Por el momento, existen seis contratos entre Imhouse y la TV Pública a pesar de que el funcionario libertario, en la presentación del informe de gestión que realizó el pasado 29 de abril ante el Congreso Nacional, aseveró que el canal estatal "no asumió pagos a IMHOUSE S.A.”.

La relación entre Grandio y Adorni data de muchos años y, actualmente, su vínculo se encuentra bajo investigación judicial por presuntas irregularidades financieras y conflictos de intereses. El productor y empresario se refirió en varias oportunidades al jefe de Gabinete como su "colega y amigo eterno".

Una de las producciones donde ambos trabajaron juntos fue en el programa "Gritalo!", emitido por Canal Metro, conducido por Grandio y Adorni y realizado por Imhouse; la temática se centraba en analizar la actualidad política y económica del país donde, habitualmente, entrevistaban a figuras públicas.

La situación judicial actual del funcionario libertario llevó a que la relación que mantienen haya generado sospechas de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, debido a los contratos de la productora de Gradio con el Estado y los viajes en jet privado al exterior.  

Por este motivo, la justicia ordenó peritar las comunicaciones entre ellos para determinar si existieron gestiones directas del funcionario en favor de los contratos de su amigo.

El juez Ariel Lijo ordenó el levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa Bettina Angeletti.

El magistrado había dado la orden en marzo para profundizar la investigación y encontrar el origen de los fondos con los que el funcionario pagó los viajes que realizó al exterior junto a su familia.

Esta medida también busca saber si existió algún tipo de irregularidad, ya que los gastos y deudas que mantiene Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

Hasta el momento, y por medio de declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, se dio a cononcer que los gastos en viajes al exterior como las compras de las dos propiedades que posee en el barrio porteño de Caballito como en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, se realizaron desde que inició sus funciones en el Gobierno Nacional.

Además, Lijo ordenó  revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo de Adorni y quien lo acompañó en el último feriado de Carnaval en el vuelo en avión privado a Punta del Este.

Grandio, a través de su productora, ImHouse cerró contratos con la Televisión Pública, que a través de la Secretaría de Comunicación depende de la Jefatura de Gabinete de ministros.

Según informaron fuentes judiciales, la medida sobre el teléfono celular y otras comunicaciones abarca tanto a los contactos de Grandío con Adorni, como los que mantuvo con quien figura como titular de la productora, Horacio Silva.

El fiscal Gerardo Pollicita rechazó este martes el pedido de la diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano, para detener “de manera inmediata” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por considerar que no existe un “riesgo real o grave” para emitir una orden de arresto en esta instancia de la investigación.

Lo que la fiscalía dictaminó es que no se verifican los “extremos necesarios”, como fuga o entorpecimiento, para justificar una medida de esa envergadura. Sin embargo, Pollicita dejó abierta la posibilidad de evaluar otras restricciones, como prohibirle al funcionario el contacto con determinados testigos.

Por otra parte, la Justicia ordenó llevar a cabo el peritaje del celular del contratista que declaró este lunes, Matías Tabar, para verificar los supuestos mensajes y comunicaciones que habría tenido tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa, Bettina Angeletti.

Pagano había presentado la solicitud de detención apoyándose en la “doctrina Irurzun”, un criterio jurisprudencial que facilita la prisión preventiva para (ex) funcionarios públicos y que, por pertenecer al Estado, pueden generar "vínculos residuales" y entorpecer una investigación judicial, incluso si ya no están en su cargo.

En referencia a ello, la diputada sostuvo que Adorni tiene "capacidad estructural" para obstaculizar la justicia, sobre todo luego de la declaración de Tabar, quien afirmó haber recibido “presiones” por parte del funcionario horas antes de testificar.

En lo que respecta a las próximas indagatorias, este miércoles declara a Leandro Miano, el hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la compra-venta del departamento que el funcionario posee en el barrio porteño de Caballito.

La diputada nacional Marcela Marina Pagano, en una presentación que sacude el arco político, solicitó este lunes formalmente ante un Juez Federal la inmediata detención de Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

Según el documento presentado por la legisladora en su carácter de denunciante, existiría un "riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente". Pagano sostiene que esta situación se concretó a través de una conducta desplegada por Adorni el pasado 4 de mayo de 2026.

La acusación detalla que el funcionario habría contactado al testigo Matías Tabar momentos antes de que este prestara declaración testimonial bajo juramento. En dicho contacto, Adorni le habría ofrecido "ayuda" y el contacto de su "equipo". Asimismo, la denuncia indica que se habría procurado el borrado de mensajes de WhatsApp intercambiados con un contratista.

Para sustentar el pedido de prisión preventiva, la diputada solicitó la aplicación por analogía de la "doctrina Irurzun". Esta jurisprudencia, establecida por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, permite considerar que los vínculos de poder de un funcionario en ejercicio pueden ser utilizados para obstruir el accionar de la justicia.

El escrito cita específicamente el precedente del voto del Dr. Martín Irurzun en la causa contra Julio Miguel De Vido del año 2017 para justificar la medida cautelar ante el posible riesgo de que el imputado utilice su estructura de poder para interferir en el proceso.

La solicitud de detención se encuadra en los artículos 280 a 283 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y, de manera supletoria, en los artículos 210, 218 y 222 del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Se espera ahora la resolución del juez interviniente sobre este pedido que involucra a una de las figuras centrales del Poder Ejecutivo.

Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa que tiene Manuel Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, confirmó este lunes en su declaración ante la Justicia, que recibió 245.000 dólares en efectivo para realizar su trabajo.

Este hombre, quien es socio del grupo Alta Arquitectura, fue llamado a indagatoria ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, como parte de la ronda de testimonios, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito de parte del funcionario.

En su declaración, Tabar señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble; esa obra determinó un monto significativamente superior a los US$ 120.000 que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.

Posteriormente, confirmó que dichas obras se realizaron en un lote de 400 metros2, en un periodo  de diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Durante su presentación en los tribunales de Comodoro Py, el contratista entregó documentación que incluye presupuestos, contratos y facturas para completar y fundamentar su declaración ante Pollicita.

Asimismo, dejó su teléfono celular a disposición de la justicia para que sea sometido a peritaje, con el objetivo de analizar las comunicaciones que realizó tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa Bettina Angeletti.

El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos vinculada al viaje de su esposa en un vuelo oficial a Estados Unidos.

La decisión, adoptada este viernes, se basó en la inexistencia de delito y siguió el criterio de la fiscal Alejandra Mángano, quien había dictaminado a favor del archivo tras analizar las pruebas reunidas durante la investigación.

El expediente se inició el 11 de marzo de 2026 a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón. En su planteo, cuestionó el traslado de Bettina Angeletti —esposa de Adorni- a la ciudad de Nueva York en el avión presidencial junto a la comitiva oficial, al considerar que no cumplía funciones institucionales y que su presencia respondía a motivos personales.

Durante la instrucción, la fiscalía llevó adelante diversas medidas de prueba. Entre ellas, solicitó información a la Secretaría General de la Presidencia, analizó los manifiestos de pasajeros de los vuelos oficiales y revisó los registros de gastos de la Jefatura de Gabinete, incluyendo resúmenes de tarjetas corporativas.

De acuerdo con la resolución, Angeletti no integró formalmente la comitiva oficial, por lo que no requería una autorización administrativa específica. Según lo informado por la Secretaría General, su participación fue en carácter de invitada y “no implicó erogación alguna para el Estado Nacional”.

En relación con los gastos, la fiscalía constató que el alojamiento correspondió a habitaciones dobles sin costos adicionales por acompañantes, y que no se registraron viáticos ni gastos extra atribuibles a la esposa del funcionario. Los consumos detectados en tarjetas corporativas se limitaron a gastos del propio Adorni.

Con estos elementos, el juez concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener la hipótesis de uso indebido de fondos públicos, lo que derivó en el archivo definitivo de la causa.