El juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita esperan que, esta semana, Manuel Adorni presente su declaración jurada completa y, mientras tanto, pondrán el foco en recopilar toda la información patrimonial, bancaria y de criptoactivos, antes de definir si llaman al jefe de Gabinete a declarar, formalmente, bajo la figura de indagatoria o informativa.

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito por parte del funcionario, la Justicia analiza exhaustivamente los testimonios de Matías Tabar y José Rodríguez, involucrados en las refacciones y en los contratos de alquiler que Adorni pagó desde octubre de 2023.

Luego de ambas declaraciones, donde tanto el contratista Tabar como Rodríguez, el propietario de una casa en el country Indio Cuá, confirmaron que recibieron cifras significativas en dólares y en efectivo, comenzaron las sospechas de que podría haber ciertas irregularidades, ya que no coincidirían con el ingreso declarado por el funcionario, desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Hasta el momento, Adorni fue intimado formalmente a entregar los documentos que viene postergando, a pesar de haber sido advertido que su situación procesal se podría complicar si no presenta la documentación necesaria y completa a la brevedad.

El avance de la causa se sustenta en las declaraciones de la escribana Adriana Nechevenko, que firmó la compra del departamento de Caballito; del contratista Tabar, quien confesó el cobro de 245.000 dólares sin factura; y de José Rodríguez, el propietario que confirmó que recibió el pago en efectivo de otros 21.000 dólares por alquileres temporales en Exaltación de la Cruz.

Según trascendió, en el entorno de Casa Rosada crece el malestar por las derivaciones de la causa, a pesar del respaldo público que el presidente Javier Milei le brinda, además de ratificar que no le pedirá la renuncia.

Un nuevo testigo declaró en el marco de la investigación que atraviesa Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito: José Rodríguez, dueño de una casa del country Indio Cuá, confirmó que el jefe de Gabinete le alquiló la propiedad por más de 20.000 dólares en efectivo, mientras refaccionaba su inmueble en ese predio de Exaltación de la Cruz.

Según el testimonio que brindó Rodríguez, este miércoles por la mañana, ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, esa cifra pertenece a la suma de dos contratos de alquiler que pagó Adorni para permanecer allí, mientras, a pocos metros, se llevaban a cabo las reformas de su propiedad por 245.000 dólares, según la declaración del contratista Matías Tabar.

El detalle de los alquileres informales revelados ante la Justicia incluye un primer contrato temporal firmado en octubre del año 2023, por un monto de 5.600 dólares en efectivo para veranear a principios de 2024, momento en que ya ejercía como vocero presidencial.

Posteriormente, se llevó adelante un acuerdo por el alquiler principal de 13.000 dólares en efectivo, para permanecer en el country Indio Cuá mientras refaccionaba la casa que Adorni había comprado por 120.000 dólares.

Asimismo, hubo una extensión informal del alquiler por tres meses adicionales, debido a las demoras en la obra que comandaba Tabar, por la cual el funcionaroi tuvo que pagar 2.400 dólares más en efectivo.

Rodríguez confirmó que la totalidad de las transacciones, que suman 21.000 dólares, fueron todas saldadas con billetes en mano; la Dirección de Asesoramiento Económico (DAFI) y los investigadores judiciales se encuentran analizando estas operaciones para determinar si se corresponden al patrimonio declarada por el jefe de Gabinete.

El juez Ariel Lijo solicitó al Grupo Datco; a National Shipping S.A. y a la empresa Foggia, que presenten todas las facturas y documentación relacionada con la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Estas averiguaciones, que se llevan adelante simultáneamente con la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, buscan determinar si la mujer del funcionario fue favorecida por el Gobierno a través de contratos irregulares.

En este contexto, fue de vital importancia recabar toda la información vinculada a la facturación y la relación comercial que tienen esas tres firmas con Angeletti, para conocer si existió algún direccionamiento que la haya beneficiado económicamente, debido a que muchas de ellas están relacionadas con diversas entidades del Estado Nacional.

El Grupo Datco, por ejemplo, es una empresa que provee servicios tecnológicos a diversos organismos públicos supervisados o vinculados a la Jefatura de Gabinete, como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, entre otras.

Por su parte, la sociedad anónima National Shipping es una firma naviera dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos, considerada una de las principales proveedoras de la petrolera estatal YPF, empresa estatal de la cual Adorni es director titular.

Foggia Group es una empresa dirigida por Mara Gorini, conocida también por ser una colaboradora muy cercana de la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Está vinculada a la concesión de Tecnópolis y fue la responsable de haber organizado todos los shows libertarios donde actuó el presidente Javier Milei, tanto en el Luna Park como en el Movistar Arena e, inclusive, los encuentros de La Derecha Fest.

La denuncia de la diputada nacional ex libertaria, Marcela Pagano, fue la que dio inicio a esta investigación que busca determinar el origen de los vínculos de Angeletti con las empresas que también tienen contrataciones con organismos estatales.

En el texto judicial se habla de un presunto esquema de relaciones comerciales que configuraría un posible esquema de retorno de fondos públicos. 

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo sensible. La Justicia detectó movimientos vinculados a criptomonedas realizados a través de plataformas digitales y ahora busca reconstruir la trazabilidad de esos activos para determinar si guardan relación con el patrimonio declarado por el jefe de Gabinete.

Según fuentes judiciales citadas por Infobae, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita identificó operaciones de ingreso y salida de fondos en exchanges de criptoactivos luego del levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de Adorni, de su pareja Bettina Angeletti y de las sociedades que integran.

Entre las plataformas alcanzadas por los requerimientos aparecen Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango. Los informes preliminares confirmaron movimientos con activos digitales como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y USDT, aunque todavía no trascendió el período exacto en que se realizaron esas operaciones.

La investigación también incluyó pedidos de información a billeteras virtuales y bancos digitales como Mercado Pago, Brubank y otras entidades financieras, que deberán aportar registros de movimientos, cuentas asociadas y direcciones IP utilizadas en las transacciones.

Uno de los ejes centrales del expediente es determinar si el nivel de gastos y operaciones realizadas por Adorni coincide con los ingresos declarados oficialmente.

De acuerdo con la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción en 2024, el funcionario informó un patrimonio total superior a los 107 millones de pesos, además de dólares en efectivo y depósitos en cuentas del exterior.

Sin embargo, la fiscalía puso bajo la lupa gastos vinculados a viajes internacionales, remodelaciones y operaciones inmobiliarias que, según la investigación, representarían erogaciones cercanas a los USD 349.640 en poco más de un año.

Entre esos movimientos aparecen pagos por vuelos a destinos internacionales, hospedajes y reformas en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá. En ese marco, el contratista Matías Tabar declaró que las remodelaciones habrían demandado unos USD 245.000 en efectivo y sin factura, una afirmación que forma parte del expediente judicial.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que las operaciones con criptomonedas no figurarían en la declaración jurada correspondiente al período fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2024, pese a que este tipo de activos deben ser informados dentro del patrimonio personal.

La fiscalía intenta establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados, las operaciones financieras y los gastos realizados por el funcionario y su entorno.

Para eso, además del rastreo de cuentas bancarias y exchanges, se solicitó al Banco Central de la República Argentina un informe completo sobre cuentas, créditos, préstamos y productos financieros vinculados a Adorni y sus empresas desde enero de 2022 hasta la actualidad.

La incorporación del análisis sobre criptoactivos marca además un cambio en la metodología de investigación judicial sobre presuntas maniobras de enriquecimiento ilícito, ya que ahora el seguimiento alcanza billeteras digitales, exchanges internacionales y movimientos en plataformas fintech.

Mientras tanto, Adorni negó irregularidades y sostuvo que “todo quedará clarificado” cuando se conozca su próxima declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025. También rechazó las cifras difundidas sobre gastos en remodelaciones y aseguró que “todos los papeles están en orden”.

La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa y en estas últimas horas se dio a conocer que la productora Imhouse perteneciente a su amigo y periodista Marcelo Grandio, cobró $3.012.900 por la emisión del programa 'Enredados', que conduce el empresario, y que se difundió por el streaming que tiene la TV Pública, a partir de septiembre del año pasado.

El contrato con el que quedó sellado el vínculo de la productora con la TV Pública está firmado por el interventor de Medios Públicos, Carlos María Curci González, y Horacio Silva, representante de Imhouse, quien además es conocido públicamente por haber sido quien pagó el viaje de regreso que hizo Adorni junto a Grandío en avión privado desde Punta del Este.

En un trabajo periodístico llevado a cabo por el diario La Nación, se encontraron los pago realizados por Radio y Televisión Argentina (RTA), mediante la Gerencia de Administración y Finanzas de la TV Pública, a favor de la productora, desde octubre de 2025.

Por el momento, existen seis contratos entre Imhouse y la TV Pública a pesar de que el funcionario libertario, en la presentación del informe de gestión que realizó el pasado 29 de abril ante el Congreso Nacional, aseveró que el canal estatal "no asumió pagos a IMHOUSE S.A.”.

La relación entre Grandio y Adorni data de muchos años y, actualmente, su vínculo se encuentra bajo investigación judicial por presuntas irregularidades financieras y conflictos de intereses. El productor y empresario se refirió en varias oportunidades al jefe de Gabinete como su "colega y amigo eterno".

Una de las producciones donde ambos trabajaron juntos fue en el programa "Gritalo!", emitido por Canal Metro, conducido por Grandio y Adorni y realizado por Imhouse; la temática se centraba en analizar la actualidad política y económica del país donde, habitualmente, entrevistaban a figuras públicas.

La situación judicial actual del funcionario libertario llevó a que la relación que mantienen haya generado sospechas de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, debido a los contratos de la productora de Gradio con el Estado y los viajes en jet privado al exterior.  

Por este motivo, la justicia ordenó peritar las comunicaciones entre ellos para determinar si existieron gestiones directas del funcionario en favor de los contratos de su amigo.

El juez Ariel Lijo ordenó el levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa Bettina Angeletti.

El magistrado había dado la orden en marzo para profundizar la investigación y encontrar el origen de los fondos con los que el funcionario pagó los viajes que realizó al exterior junto a su familia.

Esta medida también busca saber si existió algún tipo de irregularidad, ya que los gastos y deudas que mantiene Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

Hasta el momento, y por medio de declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, se dio a cononcer que los gastos en viajes al exterior como las compras de las dos propiedades que posee en el barrio porteño de Caballito como en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, se realizaron desde que inició sus funciones en el Gobierno Nacional.

Además, Lijo ordenó  revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo de Adorni y quien lo acompañó en el último feriado de Carnaval en el vuelo en avión privado a Punta del Este.

Grandio, a través de su productora, ImHouse cerró contratos con la Televisión Pública, que a través de la Secretaría de Comunicación depende de la Jefatura de Gabinete de ministros.

Según informaron fuentes judiciales, la medida sobre el teléfono celular y otras comunicaciones abarca tanto a los contactos de Grandío con Adorni, como los que mantuvo con quien figura como titular de la productora, Horacio Silva.

El fiscal Gerardo Pollicita rechazó este martes el pedido de la diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano, para detener “de manera inmediata” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por considerar que no existe un “riesgo real o grave” para emitir una orden de arresto en esta instancia de la investigación.

Lo que la fiscalía dictaminó es que no se verifican los “extremos necesarios”, como fuga o entorpecimiento, para justificar una medida de esa envergadura. Sin embargo, Pollicita dejó abierta la posibilidad de evaluar otras restricciones, como prohibirle al funcionario el contacto con determinados testigos.

Por otra parte, la Justicia ordenó llevar a cabo el peritaje del celular del contratista que declaró este lunes, Matías Tabar, para verificar los supuestos mensajes y comunicaciones que habría tenido tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa, Bettina Angeletti.

Pagano había presentado la solicitud de detención apoyándose en la “doctrina Irurzun”, un criterio jurisprudencial que facilita la prisión preventiva para (ex) funcionarios públicos y que, por pertenecer al Estado, pueden generar "vínculos residuales" y entorpecer una investigación judicial, incluso si ya no están en su cargo.

En referencia a ello, la diputada sostuvo que Adorni tiene "capacidad estructural" para obstaculizar la justicia, sobre todo luego de la declaración de Tabar, quien afirmó haber recibido “presiones” por parte del funcionario horas antes de testificar.

En lo que respecta a las próximas indagatorias, este miércoles declara a Leandro Miano, el hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la compra-venta del departamento que el funcionario posee en el barrio porteño de Caballito.

La diputada nacional Marcela Marina Pagano, en una presentación que sacude el arco político, solicitó este lunes formalmente ante un Juez Federal la inmediata detención de Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

Según el documento presentado por la legisladora en su carácter de denunciante, existiría un "riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente". Pagano sostiene que esta situación se concretó a través de una conducta desplegada por Adorni el pasado 4 de mayo de 2026.

La acusación detalla que el funcionario habría contactado al testigo Matías Tabar momentos antes de que este prestara declaración testimonial bajo juramento. En dicho contacto, Adorni le habría ofrecido "ayuda" y el contacto de su "equipo". Asimismo, la denuncia indica que se habría procurado el borrado de mensajes de WhatsApp intercambiados con un contratista.

Para sustentar el pedido de prisión preventiva, la diputada solicitó la aplicación por analogía de la "doctrina Irurzun". Esta jurisprudencia, establecida por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, permite considerar que los vínculos de poder de un funcionario en ejercicio pueden ser utilizados para obstruir el accionar de la justicia.

El escrito cita específicamente el precedente del voto del Dr. Martín Irurzun en la causa contra Julio Miguel De Vido del año 2017 para justificar la medida cautelar ante el posible riesgo de que el imputado utilice su estructura de poder para interferir en el proceso.

La solicitud de detención se encuadra en los artículos 280 a 283 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y, de manera supletoria, en los artículos 210, 218 y 222 del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Se espera ahora la resolución del juez interviniente sobre este pedido que involucra a una de las figuras centrales del Poder Ejecutivo.

Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa que tiene Manuel Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, confirmó este lunes en su declaración ante la Justicia, que recibió 245.000 dólares en efectivo para realizar su trabajo.

Este hombre, quien es socio del grupo Alta Arquitectura, fue llamado a indagatoria ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, como parte de la ronda de testimonios, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito de parte del funcionario.

En su declaración, Tabar señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble; esa obra determinó un monto significativamente superior a los US$ 120.000 que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.

Posteriormente, confirmó que dichas obras se realizaron en un lote de 400 metros2, en un periodo  de diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Durante su presentación en los tribunales de Comodoro Py, el contratista entregó documentación que incluye presupuestos, contratos y facturas para completar y fundamentar su declaración ante Pollicita.

Asimismo, dejó su teléfono celular a disposición de la justicia para que sea sometido a peritaje, con el objetivo de analizar las comunicaciones que realizó tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa Bettina Angeletti.

El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos vinculada al viaje de su esposa en un vuelo oficial a Estados Unidos.

La decisión, adoptada este viernes, se basó en la inexistencia de delito y siguió el criterio de la fiscal Alejandra Mángano, quien había dictaminado a favor del archivo tras analizar las pruebas reunidas durante la investigación.

El expediente se inició el 11 de marzo de 2026 a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón. En su planteo, cuestionó el traslado de Bettina Angeletti —esposa de Adorni- a la ciudad de Nueva York en el avión presidencial junto a la comitiva oficial, al considerar que no cumplía funciones institucionales y que su presencia respondía a motivos personales.

Durante la instrucción, la fiscalía llevó adelante diversas medidas de prueba. Entre ellas, solicitó información a la Secretaría General de la Presidencia, analizó los manifiestos de pasajeros de los vuelos oficiales y revisó los registros de gastos de la Jefatura de Gabinete, incluyendo resúmenes de tarjetas corporativas.

De acuerdo con la resolución, Angeletti no integró formalmente la comitiva oficial, por lo que no requería una autorización administrativa específica. Según lo informado por la Secretaría General, su participación fue en carácter de invitada y “no implicó erogación alguna para el Estado Nacional”.

En relación con los gastos, la fiscalía constató que el alojamiento correspondió a habitaciones dobles sin costos adicionales por acompañantes, y que no se registraron viáticos ni gastos extra atribuibles a la esposa del funcionario. Los consumos detectados en tarjetas corporativas se limitaron a gastos del propio Adorni.

Con estos elementos, el juez concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener la hipótesis de uso indebido de fondos públicos, lo que derivó en el archivo definitivo de la causa.

La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó al juez Daniel Rafecas el archivo de la denuncia por el viaje a Estados Unidos de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial, al no advertir la configuración de delito alguno.

Según surge de la presentación, a partir de informes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete sobre la aeronave y los gastos del viaje, no se verifican los extremos previstos en el artículo 260 del Código Penal ni en otras figuras del Capítulo VII.

Asimismo, el análisis del número de integrantes de la comitiva oficial en relación con la capacidad del avión Boeing 757-200, con 39 plazas, indica que la invitación a Bettina Julieta Angeleti se encuadra en un uso razonable de las facultades discrecionales de la Presidencia.

El dictamen también señala que la decisión carece de entidad para configurar los delitos denunciados, dado que no implicó erogación presupuestaria particular o extraordinaria y que existían más de diez plazas disponibles en cada tramo aéreo entre el 6 y el 11 de marzo.

El hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento del barrio de Caballito a Manuel Adorni y le financió más del 85% del pago, Pablo Martin Feijoo, declaró este miércoles en tribunales que consensuó con el jefe de Gabinete un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura, para no perder dinero en la operación.

Fuentes judiciales hicieron trascender que ese fue uno de los ejes centrales de la declaración de Feijoo, que se extendió por unas dos horas, en el marco de la causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

El testigo -cuya madre, Beatriz Viegas, figura como vendedora- aportó detalles ante el fiscal Gerardo Pollicita sobre cómo se gestó el precio de venta de 230.00 dólares y, principalmente, el inusual acuerdo de financiación que permitió a Adorni saldar 200 mil dólares mediante una hipoteca a un año sin intereses.

En su declaración, bajo juramento, Feijoo profundizó sobre las refacciones que hubo en el departamento antes de que ingresaran Adorni y su familia, y sostuvo que él se hizo cargo de pagar todas las obras.

Le costaron 65.000 dólares y ese monto fue el que acordó con Adorni recuperarlo “por afuera”, cuando el funcionario pudiera vender su departamento del barrio porteño de Parque Chacabuco.

El ex futbolista Hugo Morales fue el anterior dueño de la propiedad y se la vendió en mayo de 2025 a las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes pagaron 200.000 dólares en partes iguales.

Pablo Feijoo, hijo de Viegas, fue quien señó el departamento en la inmobiliaria, negoció el valorcon Morales y, tras la adiquisción, lo puso a la venta. Feijoo es dueño de TSJ Group, una empresa de desarrollos urbanos que se dedica a proyectos de ese tipo de compra-venta para sacar diferencia.

Testimonios previos indicaron que Feijoo mantendría una relación de amistad con Adorni debido a que sus hijos comparten el ámbito escolar, factor que habría sido determinante para la "confianza" que justificó las facilidades de pago otorgadas por las propietarias.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el testigo primero le había pedido a Adorni 300.000 doláres por el departamento de la calle Miró y tiempo después visitó al funcionario en Casa Rosada, cuando al final acordaron 230.000 dólares como precio final

El jefe de Gabinete pagó un adelanto de 30.000 y el 87% restante se financió a un año, sin intereses.

Según trascendió, Feijoo declaró al fiscal que al final bajó drásticamente sus pretenciones iniciales y le vendió el departamento casi al costo a Adorni porque le venía bien mostrarse cerrando negocios con “gente importante”. 

El 6 de mayo será la declaración judicial de Leandro Miano (vinculado a la otra propietaria), a quien se le exigió presentarse con su teléfono celular y comprobantes de gastos de la vivienda.

Por último, la testimonial del contratista Matías Tabar, quien realizó reformas en una propiedad de Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, fue postergada para el 4 de mayo tras un pedido de la defensa.

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a la isla de Aruba junto a su familia para pasar el Año Nuevo, en un vuelo en primera clase.

La información fue corroborada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga la evolución patrimonial del funcionario. Según los datos aportados por la aerolínea Latam Airlines a pedido de la Justicia, Adorni partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024 con escala en Perú y regresó el 10 de enero de 2025, tras una conexión en Ecuador.

De acuerdo con la investigación, el funcionario viajó acompañado por su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos. El fiscal también pudo establecer que los pasajes fueron abonados en dólares y en efectivo.

Cada ticket tuvo un costo de 1.450 dólares, lo que representa un total de 5.800 dólares para el grupo familiar. En paralelo, la fiscalía busca determinar en qué hotel se alojaron y cuánto dinero destinaron al hospedaje durante su estadía en el Caribe.

La causa apunta a establecer si los gastos del funcionario se corresponden con sus ingresos declarados. En ese sentido, la cifra total del viaje se sumará al análisis de otros consumos, inversiones inmobiliarias y traslados al exterior.

En los últimos días, el juez federal Ariel Lijo dispuso, a pedido de Pollicita, el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa. La medida permitirá acceder a movimientos de cuentas, consumos con tarjetas de crédito y otros datos financieros, tanto del viaje a Aruba como del período bajo investigación.

Con esa información, la fiscalía busca reconstruir el origen de los fondos utilizados por el funcionario y determinar si existe correspondencia con su situación patrimonial declarada.

Las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, sostuvieron que al funcionario le resta pagar 70.000 dólares más intereses. 

Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, que prestaron declaración como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte de Adorni. 

En su testimonio, ambas mujeres ratificaron el otorgamiento del préstamo hipotecario privado, es decir ‘no bancario’, de 100.000 dólares en noviembre del año 2024 para la compra del departamento situado en la avenida Asamblea, frente a Parque Chacabuco.

Asimismo, confirmaron que el acuerdo tiene “cuotas mensuales vigentes” y “un vencimiento final pactado para noviembre de este año”.  Aparentemente, el crédito se otorgó “con una tasa del 11% anual”, donde Molina aportó 85.000 dólares y Cancio los 15.000 restantes. 

Por el momento, la Justicia investiga si ambas mujeres, integrantes de la Policía Federal, contaban con la capacidad económica suficiente para realizar dicho préstamo y busca determinar la trazabilidad real de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias de Adorni. 

Según la escribana que validó las firmas de éste inmueble y el que se encuentra en el country de Exaltación de la Curz, Adriana Nechevenko, negó que existieran préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”.

Según su testimonio, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo entre los vendedores, y no como un préstamo de capital externo.

Para el miércoles 15, está prevista la declaración de las otras dos acreedoras, Beatriz Viegas de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, vinculadas a la compra de la misma propiedad situada en el barrio de Caballito. 

La semana pasada, también declaró vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento, antes de vendérselo a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni.

Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la compra de su departamento en el barrio de Caballito, declararán ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, entre las 9 y las 11, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del funcionario.

Estas dos mujeres figuran como acreedoras de Adorni, dado que ambas le habrían otorgado una hipoteca “no bancaria” 100.000 dólares (85.000 y 15.000, respectivamente) para la compra del inmueble que posee sobre la avenida Asamblea, el mismo día en que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, adquirió otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Según la escribana que validó las firmas de ambas viviendas, Adriana Nechevenko, negó que existieran préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”.

Según su testimonio, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo de los vendedores, y no como un préstamo de capital externo.

Por su parte, Pollicita busca determinar si estos préstamos fueron legítimos o si se utilizaron para ocultar el origen de los fondos, dado que el precio de compra del departamento, que es de 230.000 dólares, estaría por debajo de los valores de mercado. 

La semana pasada, la justicia también tomó declaración vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento, antes de vendérselo a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió este jueves a la situación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y buscó explicar por qué el funcionario optó por no hacer declaraciones públicas sobre el tema. Según planteó, esa decisión responde a un estilo personal y también a su menor recorrido en la arena política.

Bullrich sostuvo que no le correspondía decir qué haría ella en su lugar, aunque deslizó una comparación con su propia trayectoria. “Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, afirmó durante un intercambio con periodistas en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

En esa línea, remarcó que la postura del Gobierno es no intervenir en expedientes judiciales y señaló que Adorni eligió atravesar el proceso en silencio. “La posición del Gobierno es que no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Él ha decidido mantener una posición de silencio”, expresó. Luego agregó: “Quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo, entonces las cosas pueden afectar”.

Más allá de esa caracterización, la dirigente libertaria evitó despegarse del funcionario y dejó en claro que en el oficialismo esperan una resolución favorable. Aun así, subrayó que será la Justicia la que deberá determinar si hubo irregularidades.

“La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza en que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir”, señaló.

Las declaraciones fueron realizadas antes de su exposición en la entidad cordobesa, donde también defendió iniciativas impulsadas por el oficialismo, entre ellas la reforma laboral y los cambios vinculados a la ley de Glaciares.

Durante su intervención, Bullrich también hizo referencia a la situación económica y reconoció que la inflación mostró un repunte, aunque sostuvo que la tendencia general seguirá siendo descendente. En ese marco, vinculó parte de la volatilidad reciente con tensiones políticas que, a su entender, también impactaron en otros indicadores.

“Ahora subió, pero tenemos un panorama de que va a seguir bajando”, afirmó. Al comparar ese escenario con el comportamiento del riesgo país, recordó que el año pasado ese índice había escalado en medio de una crisis política asociada, según dijo, a la pérdida de control en el Congreso. “Subió el año pasado porque tuvimos una crisis política muy fuerte, la pérdida de control de las cámaras. Y ahora el riesgo país sigue bajando”, sostuvo.

Sobre el final, Bullrich cerró con una defensa enfática del rumbo del Gobierno y apeló a una imagen de dificultad y resistencia para justificar la continuidad del programa económico.

“Cuando uno atraviesa un río difícil, va a tener momentos de zozobra. Hay que seguir por el rumbo, no hay que desviarse. Hay que tener coraje, valentía y hay que saber que si nos desviamos nos caemos y que si seguimos adelante el país sale adelante de una vez y para siempre”, concluyó.

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevos elementos. La causa indaga sobre presuntas irregularidades en diversas operaciones de compraventa inmobiliaria realizadas por el funcionario nacional. Hoy la escribanaa Adriana Nechevenko amplió su declaración en Tribunales.

Durante una entrevista exclusiva con Infobae En Vivo, Nechevenko brindó detalles clave sobre estas transacciones. La profesional intervino directamente en las operaciones cuestionadas y aportó información sobre las personas que actuaron como prestamistas.

En su testimonio, la notaria aclaró que no solicitó información sobre el origen de los fondos utilizados para las compras. Justificó esta decisión al explicar que conoce al funcionario desde hace 25 años, cuando compartieron funciones dentro de una empresa privada.

La mira de la Justicia está puesta en tres inmuebles: la hipoteca de un departamento en Parque Chacabuco, la compra de un inmueble en Caballito y una casa en Exaltación de la Cruz.

Sobre la propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, la escribana aportó fechas y montos concretos. Confirmó que Adorni hipotecó su departamento de Parque Chacabuco el 15 de noviembre de 2024 para poder concretar esta nueva adquisición.

El financiamiento para esta operatoria provino de un préstamo privado de 100 mil dólares. El capital fue facilitado por dos mujeres: una oficial de la policía retirada y su hija.

El acuerdo financiero con las policías se pactó con una tasa de interés del 11 por ciento anual. Aunque no precisó el plazo exacto de devolución del capital, la escribana introdujo un dato muy relevante para el expediente judicial.

"Yo le presenté a las prestamistas", confesó Nechevenko al explicar cómo se generó el nexo comercial entre el economista y las financistas. Además, afirmó que el jefe de ministros cumple de manera regular con el pago mensual de los intereses. La escribana sostiene que todo estuvo en regla y consideró una desinformación de la prensa que se haya pagado "en 12 cuotas" como trascendió.

“Nunca hubo cuotas, tiene un plazo de pago que es un año desde el momento en que se firmó para pagar todo junto”, explicó.

El tercer inmueble bajo escrutinio es el departamento ubicado en el barrio de Caballito, donde el funcionario reside en la actualidad. Para esta compra, Adorni recurrió a otra hipoteca con condiciones de financiamiento particulares.

En este caso, quienes le prestaron el dinero fueron dos mujeres jubiladas. La tasa de interés acordada fue del cero por ciento, un beneficio inusual justificado únicamente porque el funcionario es amigo del hijo de una de las prestamistas.

Sobre esta deuda, que ascendería a los 200 mil dólares, la notaria aseguró conocer cómo se cancelará en el futuro. “Estoy segura de que lo va a pagar”, remarcó la profesional, señalando que el plan principal es vender el inmueble de Parque Chacabuco.

Tras sus declaraciones públicas, la situación sumó un nuevo capítulo probatorio en los tribunales de Comodoro Py. La escribana regresó a la sede judicial para aportar mayores precisiones documentales sobre las operatorias del funcionario.

Nechevenko se presentó a primera hora de este jueves en la oficina del fiscal a cargo de la causa, Gerardo Pollicita. La reunión procesal se extendió por más de una hora y la profesional se retiró del edificio pasadas las nueve de la mañana.