La causa $LIBRA todavía tiene dos caminos en la Justicia para intentar revertir su cierre y reactivar la investigación por la presunta criptoestafa que involucra al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otras nuevas personas.

Por un lado, se encuentra el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que busca asumir el ejercicio de la acción penal, tras la decisión del fiscal Eduardo Taiano de dar cierre al caso.

A esto se suma el recurso de cinco inversores afectados, quienes fueron apartados como querellantes y recibieron un visto bueno de la Cámara Federal de Casación Penal para que puedan volver a ser parte de la causa para impulsar la investigación.

La fiscalía especializada en hechos de corrupción, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, presentó el pasado 29 de octubre un escrito ante el Juzgado Federal N°8 en el que cuestionó las conclusiones del representante del Ministerio Público Fiscal para sobreseer a los once imputados que tenía la causa.

Según la PIA, el cierre del caso fue “prematuro”, ya que “la investigación del caso no se encuentra agotada”. Aseguró que se puede “profundizar y realizar medidas de prueba”, como los peritajes sobre los dispositivos electrónicos, el análisis de las comunicaciones y la trazabilidad de las operaciones con la criptomoneda.

Además, apuntó que los indicios recolectados hasta el momento muestran “señales de una concertación defraudatoria”.

Sin embargo, Taiano cuestionó la decisión de la PIA. En un escrito presentado el 11 de noviembre, cuestionó el pedido para asumir la investigación y sostuvo los sobreseimientos que había ordenado.

Para el fiscal federal, la conclusión a la que arribó Rodríguez es “desacertada”, dado que no debió tener acceso a los pormenores del expediente, motivo por el cual consideró que sus fundamentos “están basados en afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”.

La decisión final quedó en manos de Martínez de Giorgi, quien deberá resolver si habilita la intervención de la PIA. Ante un posible rechazo, el organismo presentó una apelación subsidiaria para que la Cámara Federal pueda revisar la medida.

A la posibilidad de que la PIA incentive la investigación, hay otra vía judicial en espera: la inclusión de los inversores afectados que habían sido apartados de la causa y buscan recuperar su condición de querellantes.

Se trata de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes habían sido excluidos de la investigación por el juez a raíz del pedido de Mauricio Novelli, uno de los involucrados en la creación de la criptomoneda promocionada por Javier Milei.

Los abogados de los damnificados presentaron recursos y el pasado 4 de noviembre, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió la posibilidad de que se revise su apartamiento. También aprobaron otro recurso de dos damnificados bielorrusos para ser tenidos como querellantes.

Esta resolución no significó la reincorporación automática de los inversores, por lo que ahora esperan por una medida favorable que les permita volver a ser parte de la causa para tener la posibilidad de cuestionar los sobreseimientos e impulsar nuevas medidas de prueba.

La Cámara Federal de Casación Penal aceptó un recurso presentado por dos damnificados en la causa $LIBRA y revisará si pueden ser incorporados como querellantes. 

La decisión fue tomada por la Sala II, con dos votos a favor (Ángela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar) y uno en disidencia (Guillermo J. Yacobucci).

El tribunal resolvió hacer lugar al recurso de queja y de esta manera se predispuso a escuchar los agravios contra la decisión que excluyó a Lapchenko Vladislav Andreevich y a Krasutskaya Sviatlana Vitalievna del caso.

Slokar sostuvo que los agravios invocados por la parte recurrente podían constituir algunas de las causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo que correspondía hacer lugar a la queja.

Ledesma adhirió a esa solución al considerar que se había alegado una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia, mientras que Yacobucci se pronunció por declarar inadmisible el recurso de queja, con costas.

Cabe recordar que el pasado 23 de octubre, la Justicia sobreseyó en esta causa a Javier y a Karina Milei (junto con otros implicados en la causa) por inexistencia de delito. Si la Sala II considera incorporar a los querellantes, podría revocar la decisión de la Cámara Federal.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York desestimó la demanda colectiva presentada por un grupo de inversores contra el empresario cripto Hayden Davis por el lanzamiento y posterior colapso del token $Libra, difundido por el presidente Javier Milei en febrero de 2025.

La decisión fue firmada por la jueza Jennifer Rochon y alcanzó también a Gideon y Thomas Davis, a la empresa Kelsier Ventures y a Benjamin Chow, ex CEO de la plataforma Meteora.

El expediente estadounidense era una demanda civil destinada, en primera instancia, a intentar recuperar fondos vinculados al colapso de $Libra. Milei no estaba acusado formalmente en esa causa, como tampoco los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Uno de los puntos centrales del fallo de 81 páginas fue el rechazo del planteamiento realizado por los demandantes para encuadrar los hechos dentro de la ley federal RICO, una legislación estadounidense utilizada para perseguir organizaciones criminales.

El estudio Burwick, que representó a los inversores, había sostenido que Davis y Chow formaban parte de una estructura dedicada al lanzamiento de memecoins y a presuntas maniobras de “rug pull”.

A lo largo del litigio, los demandantes intentaron incorporar además otros criptoactivos, entre ellos $M3M3, $ENRON, $TRUST y $MELANIA.

Rochon consideró que no se había probado la existencia de una asociación ilícita sostenida en el tiempo ni que esta fuese a continuar operando y calificó parte de los argumentos presentados como “vagas acusaciones”.

La magistrada también cuestionó que la demanda se hubiera tramitado en Nueva York cuando Kelsier Ventures tiene sede en Texas.

La residencia de Benjamin Chow en Nueva York había sido uno de los fundamentos de los demandantes para llevar el expediente ante los tribunales de ese distrito.

Sin embargo, según el material del fallo, Rochon no encontró elementos suficientemente sólidos para sostener que Chow hubiera actuado con intención de defraudar.

Al quedar fuera de la causa el único acusado residente en Nueva York, ese argumento jurisdiccional perdió sustento y la jueza terminó desestimando la denuncia y cerrando el expediente.

La demanda había buscado recuperar fondos que quedaron bajo control de Davis después del desplome de $Libra. El empresario declaró contar con unos U$S 110 millones en criptoactivos tras el episodio de febrero de 2025.

En una primera etapa, Rochon había autorizado el congelamiento de las billeteras virtuales que contenían esos fondos. En agosto de 2025, sin embargo, decidió levantar esa medida.

Posteriormente, Davis comenzó a utilizar esos activos para estructurar un fideicomiso vinculado con la iniciativa de financiar empresas argentinas.

El cierre de la demanda neoyorquina no equivale al cierre de las actuaciones judiciales en Argentina, que tramitan por una vía diferente.

Esta semana, la Cámara Federal porteña declaró inadmisible un pedido de inversores que buscaban recurrir ante Casación Penal la decisión de apartarlos como querellantes.

De acuerdo con el material aportado, la investigación argentina queda actualmente bajo el impulso del fiscal Eduardo Taiano.

Los inversionistas afectados en la causa LIBRA sufrieron un nuevo revés en la Justicia, al recibir un nuevo rechazo para ser querellantes en la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda.

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por las defensas de Martín Romeo, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Alan Vega, cuatro de los damnificados que buscan ser parte de la causa.

Los afectados buscaron rechazar la resolución de la Sala IV que había confirmado la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de apartarlos como querellantes, tras un pedido realizado por el lobbista Mauricio Novelli.

Según el fallo, el juez Mariano Llorens consideró que “los fundamentos que sustentan los recursos de casación presentados resultan insuficientes para habilitar el canal recursivo escogido”.

También señaló que no hay “un supuesto de arbitrariedad que, excepcionalmente, pudiera habilitar la senda procurada”. “Los recurrentes, al invocar la arbitrariedad, evidencian un intento de reeditar una discusión que ha tenido respuesta fundada por parte de esta Sala”, agregó.

Por su parte, los camaristas Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola apuntaron que “la resolución contra la que se dirigen los recursos se encuentra en principio alcanzada por la doctrina que equipara a sentencia definitiva las decisiones que excluyen a un pretenso querellante de su rol”. Pero que “esa posibilidad de apertura formal no suple la exigencia de que los agravios reposen en alguno de los motivos establecidos en el art. 456 CPPN, ni exime a los recurrentes de demostrar el error de derecho invocado”.

En ese sentido, dijeron que los afectados “al justificar el encuadre de su planteo en el inciso 1° del art. 456, no han hecho otra cosa más que exponer su discrepancia con la interpretación que el a quo y esta Sala efectuaron respecto de la configuración del ardid típico exigido por el art. 172 del Código Penal y de la subsistencia de su legitimación para querellar, sin señalar de qué modo esa interpretación importaría una errónea aplicación de la ley sustantiva antes que una cuestión de hecho y prueba ya zanjada por el tribunal”.

Además, sumaron que “la invocación de arbitrariedad tampoco resulta suficiente para habilitar la instancia pretendida”.

Con este nuevo rechazo, la investigación continúa únicamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, quien fue cuestionado por las demoras y retrasos en el avance de la causa.

Los abogados defensores de los cuatro inversionistas afectados adelantaron que en los próximos días presentarán una queja en Casación para intentar dejar sin efecto la medida del juez Martínez de Giorgi y volver a ser querellantes.

El empresario cripto Mauricio Novelli, uno de los organizadores del lanzamiento de la memecoin $LIBRA, pidió a la Cámara Federal que confirme el apartamiento como querellantes de cinco inversores y sostuvo que quienes compraron el activo "no fueron estafados", sino que asumieron voluntariamente un riesgo de mercado y perdieron dinero.

En una presentación patrocinada por el abogado Daniel Rubinovich, Novelli afirmó además que el emprendimiento fue exclusivamente privado y desvinculó al presidente Javier Milei de cualquier responsabilidad penal por el mensaje que publicó en la red X el 14 de febrero de 2025 para anunciar el lanzamiento de $LIBRA.

La presentación fue realizada ante la Sala I de la Cámara Federal, que debe resolver si cinco inversores mantienen o recuperan su condición de querellantes en la causa. Se trata de Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo.

La defensa de Novelli reclamó que se confirme la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien había apartado a esos inversores del expediente al considerar que no correspondía que continuaran ejerciendo el rol de querellantes.

Según el escrito, el caso se transformó en "un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria".

Rubinovich sostuvo que no existe una hipótesis de estafa que justifique que los inversores continúen como parte querellante y recordó que el derecho penal argentino “no sanciona las pérdidas especulativas, las malas decisiones financieras ni la volatilidad” de un activo.

Para que exista una estafa, argumentó, es necesario “un engaño idóneo para provocar un error y determinar una disposición patrimonial perjudicial”.

La defensa también rechazó el argumento de que los compradores hayan actuado por el temor a quedarse afuera de una oportunidad de inversión, conocido en el mercado como FOMO.

Según el escrito, actuar por euforia, viralización, impulso del mercado o temor a perder una oportunidad no significa que el comprador desconozca los riesgos o haya sido inducido mediante una falsedad.

"La fluctuación del precio de un activo no puede convertir a todo comprador en víctima de estafa", sostuvo la defensa de Novelli, que remarcó que se trataba de un mercado no regulado y que quienes adquieren activos altamente volátiles asumen una cuota de responsabilidad por sus decisiones.

Respecto de Milei, la defensa calificó de "jurídico-penalmente irrelevante" el posteo que el Presidente publicó y luego eliminó en X anunciando el lanzamiento de $LIBRA.

Novelli sostuvo que aquel mensaje presentó un "proyecto privado" destinado a incentivar el crecimiento de la economía argentina y aseguró que no prometió rentabilidad, estabilidad del precio, respaldo estatal, cobertura frente a pérdidas ni un retorno determinado.

Para la defensa, se trató de un mensaje de carácter político que destacaba la utilización de tecnología blockchain para financiar pequeñas y medianas empresas mediante mecanismos descentralizados, sin recurrir al sistema financiero tradicional.

"Es sorprendente que un mensaje que festeja un mecanismo de financiamiento privado pueda ser entendido como una iniciativa estatal", sostuvo Rubinovich.

La presentación también cuestionó que los inversores pretendan transformar el expediente en una causa de corrupción a partir de la hipótesis de negociaciones incompatibles con la función pública, al considerar que el apartamiento de los querellantes dejaría esa acusación exclusivamente en manos del fiscal federal Eduardo Taiano.

En ese sentido, Novelli sostuvo que los particulares no pueden asumir el rol de fiscales ni promover una acusación por acción popular y cuestionó que los querellantes hayan acreditado ser titulares de las billeteras desde las cuales dijeron haber realizado las operaciones.

La decisión de la Sala I será adoptada en medio de una renovación del tribunal, actualmente integrado por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, mientras el Gobierno impulsa la designación de Pablo Yadarola y la ratificación de Bertuzzi. Ambos deberán presentarse ante la Comisión de Acuerdos del Senado para sus respectivas audiencias públicas.

Si los cinco inversores quedan definitivamente apartados, la acusación particular perderá capacidad para proponer medidas de prueba, pedir indagatorias y apelar decisiones judiciales.

Novelli participó junto a Manuel Terrones Godoy en la organización del Tech Forum Argentina en 2024, evento en el que Milei conoció a Julian Peh, empresario radicado en Singapur y señalado en el expediente entre los responsables de la creación del token.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, del teléfono de Novelli surgieron comunicaciones con Karina Milei y una videollamada que incluyó al asesor presidencial Santiago Caputo, además de unas 200 interacciones durante el fin de semana en que se produjo el derrumbe de $LIBRA.

El lobbista Mauricio Novelli, involucrado en el caso de la criptomoneda Libra, aseveró que los querellantes no consiguieron demostrar que resultaron ser víctimas de un engaño, por lo que solicitó excluir de la causa a los inversores que acusaron ser damnificados.

En este contexto, la defensa de Novelli agregó que no se cumplen los requisitos necesarios para considerar que se trató de una estafa.

Novelli argumentó ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi mediante un escrito. Además, en el mismo, el empresario dijo que la compra de LIBRA fue de manera voluntaria, el ingreso al mercado volátil, del cual tenían conocimiento de los riesgos. Y sumó que los demandantes ya tenían experiencia en las operaciones con criptomonedas y plataformas especializadas.

"Todo lo que dijo el presidente en relación con el tema era absolutamente cierto", dijo y argumentó que "no se ha identificado ninguna afirmación objetivamente falsa atribuible a los imputados. Lo que aparece en el sumario es sólo un fenómeno especulativo propio de un mercado no regulado; un activo digital de extrema volatilidad; un proyecto tecnológicamente posible; y un cúmulo de decisiones patrimoniales adoptadas libremente por quienes decidieron operar dentro de ese entorno", dijo Novelli.

En este sentido añadió que "los inversores no actuaron bajo una falsa representación de la realidad, sino que decidieron voluntariamente ingresar a un mercado de altísimo riesgo con la expectativa de ganancias rápidas".

A su vez, la defensa del proyecto Novelli explicó que el token existió y que fue emitido de manera pública funcionando de manera real mediante la tecnología blockchain, sosteniendo que el tuit publicado por el presidente Milei no fue una oferta de inversión, sino un mensaje político a fin de promocionar iniciativas de índole privado.

En consecuencia, la defensa de Novelli dijo que la caída del precio de LIBRA fue por la dinámica habitual propia de un mercado especulativo e impugnó que se haya tratado de un caso de “rugpull”, ya que, "lo que caracteriza al rugpull no es la volatilidad. Es la decisión previa de captar valor mediante engaño, para luego abandonar el emprendimiento y desaparecer con el producido de la maniobra. Nada de eso surge acreditado en el presente caso. Todo lo contrario", cerró Novelli.

Los diputados nacionales de la oposición Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino le reclamaron al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que disponga de manera "urgente" los recursos necesarios para "garantizar la continuidad de la investigación" judicial del caso $Libra que lleva adelante la Unidad Especial de Investigación de Ciberdelincuencia (UFECI).

Los cuatro legisladores, que fueron parte de la comisión investigadora del caso Libra, se hicieron eco de trascendidos públicos según los cuales "la UFECI habría manifestado encontrarse imposibilidad de cumplir determinadas medidas de análisis y trazabilidad de activos virtuales requeridas en el marco de dicha investigación por carecer de las herramientas tecnológicas y licencias informáticas necesarias para ello".

"Tal limitación afectaría el cumplimiento de medidas de prueba orientadas a reconstruir el recorrido de los fondos y analizar las billeteras virtuales involucradas, comprometiendo el avance de la una investigación de evidente trascendencia institucional", concluyeron.

Según remarcaron, "ninguna limitación tecnológica  o administrativa debe impedir el desarrollo de medidas probatorias relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados".

"Por ello, solicitamos tenga a bien arbitrar, con carácter urgente, los medios y recursos necesarios para proveer  a la UFECI de las herramientas requeridas para el cumplimiento de las tareas encomendadas por el fiscal interviniente", finalizaron.

"Si se frena la investigación por falta de recursos, eso es impunidad", denunció Ferraro en su cuenta de la red social X, donde compartió la nota enviada a Casal.

Para el diputado de la Coalición Cívica, "es inadmisible que la investigación judicial de $Libra pueda verse frenada porque las unidades especializadas no cuentan con los recursos o herramientas tecnológicas necesarias para seguir la ruta del dinero y analizar las billeteras virtuales involucradas".

"Sobre todo, teniendo en cuenta que se investiga al Presidente y es la causa judicial de mayor trascendencia institucional del país", indicó. 

A su entender, "la falta de medios no puede convertirse en una excusa para paralizar una causa ni en un obstáculo para conocer la verdad y denegar justicia".

Mauricio Novelli, el empresario involucrado en el caso $LIBRA, se encuentra cada vez más complicado y el fiscal Eduardo Taiano, luego de los resultados de los peritajes que se conocieron hasta el momento, podría solicitar su detención. 

Durante los próximos días, Novelli enfrentaría un posible pedido de prisión preventiva, al mismo tiempo en que la justicia analiza cómo se habría conectado el dinero de las estafas cripto con el financiamiento político.

Según la información recolectada por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el peritaje en los dispositivos móviles de Novelli, se encontraron más de 35 comunicaciones entre el empresario y allegados al Gobierno Nacional durante el mismo 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento y la caída del memecoin.

Asimismo, se detectaron numerosas comunicaciones y un supuesto borrador de acuerdo confidencial de pagos por 5 millones de dólares entre Novelli y el presidente Javier Milei. El documento, creado el 11 de febrero del 2025, consiste en una anotación escrita originalmente en inglés, que indicaría tres pagos: el primero por adelantado, el segundo luego de una publicación de Milei en redes sociales y el tercero, posterior a la firma de un contrato en persona.

Esto derivó en la detección de ciertas contradicciones, entre los registros técnicos, con la versión inicial del Presidente de la Nación, sobre cuándo y cómo promocionó el proyecto de inversión en la criptomoneda $LIBRA desde su cuenta de X oficial.

Luego de los resultados obtenidos, se espera que en el mes de abril la Justicia profundice en la investigación, debido a que los chats y audios recuperados dejan entrever un supuesto vínculo comercial de mucho tiempo, previo al lanzamiento de $Libra, con el entorno presidencial y presuntos pagos ilegales. Por otra parte, la Cámara de Casación ya rechazó planteos de Novelli para levantar embargos.

El empresario Mauricio Novelli, involucrado en la criptoestafa Libra que promocionó desde sus redes el presidente Javier Milei, solicitó este jueves invalidar el análisis técnico de su teléfono celular al denunciar que hubo “accesos indebidos” y “fallas graves”. 

Asimismo, exigió formalmente una auditoría externa para evitar filtraciones, como, aduce que ocurrió en el informe que realizaron sobre su dispositivo. 

El pedido de nulidad del peritaje fue presentado por su abogado Daniel Rubinovich, quien desestimó el analisis que llevó a cabo la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

La sospecha por parte de la defensa se apoya en una resolución administrativa (PER 171/2026), que, aparentemente, confirmó “accesos indebidos” por parte de personal: se presume que un agente ingresó a archivos específicos, los duplicó y los guardó en su computadora sin justificación alguna.

Según el escrito presentado por Rubinovich “la integridad, autenticidad y trazabilidad” de todo el material que debía ser peritado "quedó comprometido”, por lo que el abogado defensor indicó falta de rigurosidad ante los resguardos de las evidencias.__IP__

Por otra parte, el análisis realizado por la DATIP se hizo sobre 812 gigas que, según el empresario, debían estar bajo “controles estrictos que no se cumplieron”, sin embargo, hubo una irrpución de su vida privada porque hicieron “una exploración general", lo que derivó en este pedido de nulidad total ante la Justicia.

La defensa de Novelli, en el texto presentado, sostuvo que agregaron chats y archivos sin ningún tipo de relación con el objeto de la investigación y, por ese motivo, terminaron sumando más páginas por fuera de lo necesario. Además, el empresario ratificó que el material es inválido legalmente y que no es útil para las averiguaciones del caso.