El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que tiene a su cargo la ejecución de la condena por la denominada 'Causa Vialidad', dispuso nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre inmuebles, entre ellos el del departamento de San José 1111 en el que la ex presidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

El inmueble pertenece a la firma Los Sauces S.A., sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner, y forma parte de los activos societarios y benes de los condenados por los que el fallo ordenó cubrir los 685.000 millones de pesos fijados como monto a decomisar.

La medida abre además el interrogante sobre si Cristina Kirchner deberá eventualmente evaluar otro domicilio para continuar cumpliendo su condena, aunque el tribunal aclaró que los nuevos embargos no implican una subasta o realización inmediata de los bienes ni modifican por ahora su titularidad registral.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso explicaron que las cautelares tienen como objetivo garantizar la indisponibilidad jurídica de los activos mientras continúa el trámite destinado a determinar el decomiso definitivo, con intervención de las partes.

La resolución forma parte de una segunda etapa de ejecución patrimonial. La primera había incluido 111 propiedades solicitadas por el fiscal Diego Luciani y posteriormente aprobadas por el TOF 2 para su decomiso.

De ese conjunto, en noviembre el tribunal había dispuesto avanzar sobre 20 inmuebles vinculados a la familia Kirchner, 85 pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas y otros seis bienes correspondientes a los restantes condenados.

En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el criterio adoptado por el TOF 2 respecto de esos bienes y ordenó avanzar con el decomiso. Cristina Kirchner y Báez recurrieron esa decisión, por lo que la definición final sobre ese primer grupo de propiedades quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras el máximo tribunal analiza esos planteos, el TOF 2 comenzó a avanzar sobre un segundo conjunto de activos, que comprende 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas sociedades.

En esta nueva etapa también fueron incluidos cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.

Los jueces fundamentaron la extensión de las medidas sobre bienes de Máximo y Florencia Kirchner a partir de las conclusiones de la sentencia condenatoria, que determinó que la maniobra fraudulenta vinculada con la obra pública produjo beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.

Según el tribunal, durante el período investigado, entre 2003 y 2015, existió una conexión económica y comercial comprobada entre las empresas de Báez y los negocios de la familia Kirchner.

En ese marco, las compañías del empresario patagónico alquilaron, explotaron turísticamente y realizaron construcciones en hoteles y propiedades pertenecientes a los Kirchner, tanto en forma personal como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

Para el TOF 2, esa operatoria permitió que parte del dinero proveniente del delito circulara y quedara asentado en activos de esas sociedades.

A partir de ese criterio, el tribunal sostuvo que pueden ser alcanzados por el decomiso los bienes que los nueve condenados incorporaron a sus patrimonios entre 2003 y 2015, y consideró necesario adoptar medidas cautelares sobre los activos comprendidos en esta segunda etapa para evitar su disposición mientras se define su situación jurídica.

La resolución también invocó el artículo 23 del Código Penal, que permite alcanzar a personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado con el producto o provecho de un delito y contempla, además, la posibilidad de avanzar sobre bienes o participaciones que hayan sido cedidos o transmitidos gratuitamente a terceros.

De esta manera, el TOF 2 mantiene abierto el proceso de ejecución patrimonial de la condena de la Causa Vialidad mientras la Corte Suprema debe resolver los recursos pendientes sobre el primer grupo de bienes.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el monto de $684.990.350.139,86 para ejecutar el decomiso sobre los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados en la causa conocida como “Vialidad”, al rechazar por inadmisibles los recursos presentados por las defensas.

La decisión fue adoptada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el planteo de la defensa de Cristina Kirchner contra la forma de actualización del monto originalmente fijado en concepto de decomiso. También rechazaron el recurso de la defensa de Lázaro Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar adelante esa etapa del proceso.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Tribunal Oral Federal N° 2 había fijado en la sentencia condenatoria un decomiso de $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado al Estado, con la disposición de que esa suma fuera ajustada cuando el fallo adquiriera firmeza.

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz y la absolvió por el delito de asociación ilícita. También fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros ex funcionarios, mientras que la ex mandataria recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra las condenas, que quedaron firmes.

Tras esa decisión, el Tribunal Oral ordenó la detención de los condenados y dispuso la actualización del monto del decomiso. En ese trámite intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con peritos de las defensas y del Ministerio Público, y la cifra fue actualizada a $684.990.350.139,86 sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto inicial era provisorio y cuestionó la utilización del IPC para su actualización. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez planteó que el decomiso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal 4, debido a la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como “la ruta del dinero”.

Con la resolución de este jueves, la Corte Suprema dejó firmes los fallos de las instancias anteriores y quedó confirmado el monto actualizado del decomiso que deberán afrontar solidariamente los condenados en la causa Vialidad.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad.

De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que la ex mandataria devuelva al Estado Nacional 111 bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez.

En relación a los hijos de la expresidenta, son 19 las propiedades las que recibieron por herencia o que fueron recibidas por Máximo y Florencia en cesión.

Además, la resolución que tomó Casación también llega a los bienes de Lázaro Báez. La decisión busca dar cumplimiento al decomiso de $684.990.350.139,86 y forma parte de la condena de prisión a seis años que cumple en su domicilio Cristina Kirchner por administración fraudulenta.

Los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky fueron quienes llegaron a la resolución y, el último magistrado fue quien votó, en minoría, a favor de otorgar los recursos extraordinarios a ciertos bienes tanto de Máximo como de Florencia Kirchner, más algunas empresas de Báez.

A su vez, por mayoría quedaron desestimaron la totalidad de los recursos. Sobre esto, Hornos con su voto dijo que “el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”. Además, agregó que se trata de un “ilícito comprobado” el cual tiene condena firme. Y señaló que los delitos durante la etapa kirchnerista con la obra pública vial nacional crearon “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.

Respecto de los bienes de los hijos de la expresidenta el Juez Hornos finalizó diciendo que ya había habido una “respuesta extensa, fundada y razonada” en la instancia de la sentencia previa, sumando que el criterio adoptado sobre el alcance de la medida fue lo que objetaron.

Además, sentó en rechazo a la argumentación de que el decomiso de los bienes heredados o recibidos de forma gratuita vulneraría los principales de la constitución como la legalidad, inocencia, culpabilidad o propiedad. Y agregó que tales objeciones ya fueron tratadas.

Otro de los puntos que marcó al respecto es que si bien Máximo y Florencia no fueron están en la causa penal, lo propio no impide el decomiso de los bienes porque “una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito”. Y explicó que “la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”.

Por su parte, el Juez Borinsky, dijo que es inadmisible el recurso de la expresidenta Cristina Kirchner y, a la vez marcó que sí correspondía habilitar, de forma parcial, la instancia extraordinaria sobre algunos de los bienes emparentados a Máximo y Florencia Kirchner, así como también a ciertas empresas de Lázaro Báez.

“El decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo, en tanto se apartó de los propios parámetros temporales fijados por el tribunal de juicio para evaluar la incorporación de bienes pasibles de decomiso, sin que la sentencia aquí cuestionada -en su conformación de mayoría- brindara tratamiento a esa circunstancia objetiva oportunamente introducida por las partes”, finalizó diciendo Borinsky sobre los inmuebles que fueron adquiridos previamente al 23 de abril de 2004, correspondiente a la fecha que el tribunal fijó para la ejecución de la condena como el punto inicio para la evaluación de los bienes alcanzados.

En total son diez departamentos en Río Gallegos, Santa Cruz, más cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces ubicado en Lago Argentino. Ahora, sobre los de Lázaro Báez, corresponden a inmuebles de dos empresas que compró, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

En un fallo clave para la causa conocida como "Vialidad", la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó iniciar la ejecución de bienes pertenecientes a Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez.

La medida busca comenzar a cubrir el perjuicio económico generado por el fraude al Estado, el cual ha sido calculado por la justicia en una cifra de 685.000 millones de pesos.

Los magistrados tomaron esta decisión tras rechazar los planteos y objeciones presentados por las defensas de la exmandataria y el contratista de obra pública, ratificando el avance sobre sus patrimonios.

La resolución judicial determina el decomiso de un total de ciento once bienes que se encuentran involucrados en la trama de corrupción investigada en la provincia de Santa Cruz.

En esta primera etapa del proceso, se ha dispuesto que a Cristina Kirchner y a sus empresas se les retiren veinte inmuebles para responder ante la deuda con el Estado.

Por otro lado, el impacto patrimonial más extenso recae sobre Lázaro Báez, a quien se le ejecutarán aproximadamente ochenta propiedades en cumplimiento de la sentencia.

El objetivo central de la Sala IV es garantizar que se cubra la cifra del fraude, estimada en 685.000 millones de pesos, considerada como el daño directo al erario público.

La ejecución de estos bienes representa un hito en la recuperación de activos derivados de causas de corrupción, dada la magnitud de la cifra y la relevancia de los protagonistas involucrados.

Con el rechazo a las objeciones de los condenados, el tribunal deja firme el camino para que los activos pasen a disposición del Estado Nacional de manera efectiva.

Los camaristas del máximo tribunal penal del país fueron determinantes al denegar los recursos de la defensa que buscaban frenar el avance sobre las propiedades y cuentas de los implicados.

Esta decisión judicial se produce en el marco de la revisión de la condena por administración fraudulenta, centrando el foco en la reparación económica del daño causado por la maniobra delictiva.

Se espera que en los próximos días se inicien los procedimientos administrativos para el registro y toma de posesión de las propiedades mencionadas en el expediente de la causa.