En un nuevo capítulo judicial clave para el Estado argentino, la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió este lunes suspender todas las apelaciones en el juicio por la nacionalización de YPF. La medida se alinea con la reciente resolución de fines de marzo que dejó sin efecto la condena original, la cual obligaba a la República Argentina a desembolsar 16.000 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park.

Esta disposición del tribunal neoyorquino ratifica el freno a los procesos judiciales hasta que la sentencia principal quede firme. Como consecuencia inmediata, la audiencia programada para este jueves 16 de abril —donde las partes debían tratar los recursos de apelación— fue oficialmente cancelada.

El escenario actual marca un alivio financiero y estratégico para el Gobierno. El fallo de segunda instancia dictado el mes pasado había revertido la sentencia de la jueza de primera instancia, Loretta Preska, quien en 2023 determinó que el país debía resarcir a los fondos privados por la forma en que se llevó a cabo la expropiación de la petrolera en 2012. Con una cifra importante a pagar por el Estado argentino.

Con esta nueva resolución, la Justicia estadounidense consolida la posición de la defensa argentina, postergando cualquier avance de los demandantes mientras se asienta la decisión de fondo que anuló el multimillonario pago. Por el momento, la causa entra en una etapa de quietud procesal que otorga previsibilidad a las arcas públicas frente a lo que el oficialismo calificó recientemente como un "hecho de trascendencia histórica".

La petrolera YPF es, desde hace días, protagonista de la realidad nacional. Viene ajustando los precios de los combustibles en un contexto internacional tensionado por la guerra en Medio Oriente, entre otros factores. A eso se suma el fallo de la Justicia de Estados Unidos, que fue recibido con estruendoso alivio por el gobierno nacional.

Lo que en términos judiciales constituye un resultado favorable -al menos en esta instancia- fue rápidamente presentado como un triunfo político y utilizado como proyectil para arrojar a los adversarios. Es decir, se evita el pago de 16 mil millones de dólares (o más según algunas interpretaciones), pero apenas la política toma nota de la auspiciosa novedad, la convierte en un elemento de la batalla ideológica. “Me atribuyo el éxito y humillo al otro”, es frase de cabecera.

Atreverse a señalar que hubo continuidad en la estrategia defensiva en los tribunales de Nueva York resulta difícil de explicar. No es sencillo sostener este argumento en un país donde los líderes políticos están enfrentados y no se dirigen la palabra. Lo que puede denominarse “continuidad” fue más inercia que empuje. No hubo coordinación estratégica entre gobiernos sucesivos. Lo que existió fue la persistencia de una línea defensiva que ningún gobierno reformuló de manera integral, no por acuerdo estratégico sino por falta de alternativas claras y de consensos, lo que impide -en este caso y en muchos otros- alcanzar el estatus de política de Estado.

En ese marco, Milei y Kicillof, los protagonistas de esta saga, usaron el fallo para conseguir oxígeno político. Y no dudaron en convertirlo en herramienta de la batalla ideológica y cultural.

El presidente celebró la decisión del tribunal norteamericano con su tono agresivo habitual. Aprovechó para insistir en descalificar a quienes, embebecidos en su lógica ideológica, tomaron decisiones que sentaron al país en el banquillo. En ese contexto, la sentencia judicial también contribuyó, al menos momentáneamente, a desplazar el impacto de las semanas de zozobra que atraviesa el gobierno por la “confusión” entre lo público y lo privado de su jefe de Gabinete.

Por su parte, el fallo le quitó a Axel Kicillof el mayor peso de su potencial campaña presidencial: enfrentar debates en los que tendría que justificar ante los contribuyentes un gasto tan elevado decidido por él mismo. El gobernador de Buenos Aires entrevió la oportunidad de reivindicarse como el impulsor exitoso de la YPF estatal y utilizó el fallo para escalar su “cruzada” cuyo objetivo es convertirse en el líder del peronismo. Los abucheos que recibió en un acto de egreso de policías de su provincia son signo de está todavía lejana de alcanzar esa condición. Además, en su mochila todavía pesan las críticas de los jueces sobre la violación del estatuto de la empresa y la inseguridad jurídica que sembró.

Así, en ambos casos, la narrativa del triunfo histórico asoma efímera porque funciona en el corto plazo, pero no tiene la consistencia necesaria para sostenerse más allá de la coyuntura. De este modo, la épica con la que la política abordó el éxito en los tribunales neoyorquinos forma parte de una dinámica de calesita en la que predomina la incapacidad estructural de la dirigencia para construir sentido común compartido. Es un movimiento constante sin desplazamiento, en el que la sortija no sale.

En definitiva, la política argentina sigue rodando en círculos. Hasta lo que puede considerarse un triunfo queda atrapado en una lógica de confrontación que impide encontrar nuevos puntos de partida.

El exsubprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, advirtió que, pese al fallo favorable a la Argentina en el caso YPF, las críticas políticas a la expropiación de 2012 podrían perjudicar la posición del país en futuras instancias judiciales, y sostuvo que la Cámara de Apelaciones de Nueva York validó que el Estado actuó conforme al derecho argentino al recuperar el control de la petrolera.

El especialista repasó la evolución del juicio, iniciado en 2015, y explicó que durante los primeros años la discusión se centró en la jurisdicción. “Hasta principios de 2020 lo único que se discutió fue si el juicio debía hacerse en Nueva York o en Argentina. En 2020 la jueza determinó que debía hacerse en Nueva York y, a partir de ahí, empezó la discusión de fondo”, señaló.

Según detalló, el eje central del litigio fue determinar si el Estado argentino, al expropiar el 51% de la empresa, tenía la obligación de realizar una oferta de compra a los accionistas minoritarios. “La discusión era si, bajo el derecho argentino, el Gobierno tenía que ofrecer comprar las acciones de los minoritarios y no solo del accionista mayoritario, que era lo que había hecho”, explicó por Radio Rivadavia.

Soler indicó que la defensa argentina sostuvo de manera consistente que esa obligación no existía. “La Argentina sostuvo siempre que el derecho argentino le permite expropiar por razones de utilidad pública la cantidad de acciones que considere más conveniente”, afirmó. En primera instancia, la jueza consideró que el estatuto societario implicaba una obligación contractual incumplida, pero la Cámara de Apelaciones adoptó el criterio contrario.

“La Cámara dijo dos cosas: que el estatuto no es un contrato sino un método de organización de una sociedad y que, bajo el derecho público argentino, ninguna disposición de un estatuto puede restringir la potestad constitucional de expropiar”, precisó. Y agregó: “La principal razón por la que la Cámara falla a favor es porque concluye que bajo el derecho argentino se actuó correctamente en 2012”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el exfuncionario remarcó que la estrategia defensiva se mantuvo a lo largo de distintos gobiernos. “Los argumentos fueron los mismos en primera instancia y en la apelación. En el núcleo está la idea de que el estatuto de una sociedad privada no puede estar por encima de la facultad soberana de la Argentina de expropiar”, señaló, y consideró que “en esa medida hubo una política de Estado”.

No obstante, expresó preocupación por declaraciones políticas posteriores al fallo. “Me preocupa que se siga diciendo que la expropiación se hizo mal. La Cámara acaba de decir lo contrario y eso no solo es malo porque no es verdad, sino porque es peligroso para la Argentina”, advirtió.

Soler sostuvo que, aunque el fallo es decisivo, aún podrían intentarse nuevas vías de apelación. “No se puede descartar que los demandantes intenten recurrir a la Corte Suprema o a otras instancias. Si dirigentes argentinos insisten en que lo que se hizo fue ilegal, eso puede ser citado en contra en una eventual continuación del caso”, afirmó.

Finalmente, destacó la relevancia económica del resultado. “El argumento de que el estatuto no puede limitar la potestad de expropiar es el que permite que la Argentina gane el juicio”, concluyó, subrayando el impacto de haber evitado una eventual sentencia multimillonaria.

La Justicia de EE.UU. falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera, en 2012. 

Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner. 

No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana. 

El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones. 

Según la juez Loretta Preska, la Argentina violó el estatuto de YPF en el proceso de privatización que estuvo a cargo del ex ministro de Economía, Axel Kicillof