Desde el IPETyM 261 “San José”, de la localidad de Balnearia, informaron que, a partir de este martes 21 de abril, se implementará un nuevo acuerdo institucional que restringirá el ingreso de teléfonos celulares al establecimiento. La decisión alcanza a los estudiantes y contempla sanciones para quienes no cumplan con la normativa.Según señalaron desde la institución, la medida tiene como objetivo “fortalecer el clima de aprendizaje dentro de las aulas”, promoviendo la concentración y el respeto entre los alumnos. En esa línea, también indicaron que se busca priorizar la participación en las actividades escolares, evitando las distracciones que generan los dispositivos móviles.El comunicado establece que habrá una semana de adaptación para la comunidad educativa. Sin embargo, a partir del lunes 27 de abril, la aplicación será estricta: el estudiante que no respete el acuerdo será sancionado con el retiro del dispositivo y la aplicación de cinco amonestaciones.Desde la institución remarcaron que la disposición no es un caso aislado, sino que se enmarca en una tendencia que viene creciendo en la provincia de Córdoba durante el ciclo lectivo 2026. 

En los últimos tiempos, se ha fortalecido el consenso respecto de la necesidad de limitar el uso de teléfonos celulares en las escuela. El objetivo es proteger el proceso educativo, evitar que la atención se disperse, reducir el impacto cognitivo negativo de su utilización sin control o procurar que no se produzcan situaciones que alteren la convivencia. Así también garantizar la mejora en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Sin embargo, el mismo rigor no aparece cuando se trata del uso de los dispositivos móviles dentro de las unidades penitenciarias. Por cierto, no en todos los sistemas carcelarios, aunque son varios los que todavía mantienen las autorizaciones. Habilitaciones que podrían haber sido útiles en la época de la pandemia del Covid 19, pero que -a la luz de hechos evidentes- no tienen sentido hoy.

Es que los celulares en las cárceles son estupendas herramientas para cometer delitos. Y también se convierten en vitrinas masivas de una vida carcelaria que, sorprendentemente, es exhibida sin pudores en las redes sociales. Se comprueba de este modo que, en muchos establecimientos, quienes purgan condenas por sus delitos tendrían un modo de vida superior al de muchos argentinos que se esfuerzan día a día y transitan su vida con honestidad inquebrantable.

La restricción en las escuelas es razonable desde el intento de ordenar el proceso educativo porque se ha llegado a conclusiones certeras sobre el impacto de los dispositivos móviles en la vida de los niños y adolescentes, aun cuando , su utilización pedagógica correcta es verificable luego de años de experimentación frente a las nuevas tecnologías. Entonces,  si esto es así en las escuelas, ¿por qué no sucede lo mismo en las cárceles? ¿La sociedad puede ser más estricta con estudiantes que con delincuentes?

Son meras preguntas retóricas. Pero que a la hora del análisis encontraron respuestas en las decisiones que se están tomando en el sistema educativo, pero no ocurre algo similar en numerosos ámbitos carcelarios. En varias provincias persisten los permisos originados en la pandemia para que los reclusos utilicen celulares, pese a que los estrados judiciales están abarrotados de casos en los que los delitos nacieron en las prisiones gracias a la flexibilidad y a la debilidad de los controles penitenciarios. Está claro que no se trata de la necesidad de comunicación que cualquier ser humano tiene, sino que -en estos casos- el móvil es una   herramienta operativa para el delito.

La incongruencia es manifiesta. Las decisiones sobre el celular en la escuela procuran mejorar la formación de las personas. La permisividad en las prisiones favorece el crecimiento de algunos delitos. Llama la atención que la plausible discusión que se da en los ámbitos educativos sobre el tema no se replica -vaya a saberse por cuáles motivos- en los ámbitos penitenciarios. Una sociedad que discute cómo ordenar el uso de la tecnología en las aulas debería ser capaz, al menos, de impedir que esa misma tecnología se convierta en una herramienta para delinquir desde la cárcel.

El debate por el uso de celulares en las escuelas volvió a instalarse en Córdoba tras el proyecto presentado por el legislador Gerardo Grosso (Encuentro Vecinal) para prohibirlos en todos los establecimientos. Mientras la discusión avanza en el plano político, en la Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda” la experiencia ya lleva casi un año de aplicación y se apoya en una definición institucional clara: regular dentro del aula, sostener acuerdos y evitar tanto la prohibición absoluta como el uso irrestricto.

 La medida comenzó a implementarse a mediados del año pasado, con la compra de cofres de madera móviles para guardar los teléfonos durante las horas de clase, y fue ratificada al inicio del ciclo lectivo 2026 para el nivel secundario. El eje de la política está puesto en los Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC), que establecen que el celular no puede utilizarse dentro del aula mientras se desarrolla la clase, aunque sí está permitido durante los recreos.

 “Nosotros ya venimos trabajando desde hace un tiempo con respecto a eso, porque hemos observado una dificultad en la atención y en algunas transgresiones a los acuerdos escolares de convivencia”, explicó el director Norberto Palancar en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO. Y añadió: “El foco está allí, en los acuerdos escolares de convivencia. Esa es la estructura normativa que nos avala respecto a lo que nosotros venimos llevando adelante con el celular”.

Según detalló Palancar, los AEC contemplan faltas leves, moderadas y graves. “Con respecto al celular, hay faltas moderadas, en el caso del uso con fines no pedagógicos y sin supervisión docente, y faltas graves, que tienen que ver con alguna publicación en redes sociales, alguna fotografía, algún video ofensivo o comentarios difamatorios”, precisó.

 Para ordenar la dinámica cotidiana, la institución adquirió cofres con 40 compartimentos individuales. “Lo que hicimos fue regularlo a través de unos muebles o cofres que hemos comprado el año pasado, a mediados de año”, indicó. Cada docente decide si lo lleva o no al aula. “Una vez que lo lleva, lo deja en el escritorio e invita a los estudiantes a dejar su celular allí. Son como celdas donde va cada teléfono mientras no se utilice de manera pedagógica”, describió.

“Esto no tiene que ver con demonizar el celular, sino con hacer un uso responsable de esta tecnología (…) El celular está entre nosotros, ya es indispensable. No podemos ir contra eso”

“El celular no se esconde, queda allí a la vista de todos”, remarcó. A la vez, aclaró que “hay docentes que dicen ‘yo lo necesito de manera pedagógica’, por lo tanto el celular sigue en poder de los estudiantes”. En esos casos, el uso está supervisado y vinculado a actividades específicas.

 “Si uno recorre la escuela en este momento, va a encontrar aulas donde está el cofre con los celulares allí, aulas donde no hay cofre y los estudiantes están trabajando con el celular, y aulas donde hay algunos celulares guardados y otros en poder de los alumnos”, sostuvo. Y agregó: “Esto no es una ciencia exacta, son acuerdos institucionales que hay que sostener”.

 A casi doce meses de la implementación, el director reconoció que el proyecto se encuentra en evaluación permanente. “No hemos cumplido todavía un año respecto a lo que es este análisis del celular, tenemos cosas para cambiar y modificar, pero vamos por buen camino”, afirmó.

Uno de los motivos centrales para regular el uso fue la aparición de conflictos asociados a redes sociales y publicaciones sin autorización. “El celular llega a tener tanta incidencia en nuestra conducta cotidiana que en la escuela tenemos que regularlo para ayudar y acompañar trayectorias que tienen que ver con esa desconcentración o con posibles conflictos”, señaló Palancar.

 El director enumeró situaciones vinculadas al “ciberacoso, casos de bullying, fotos hacia compañeros o profesores, filmaciones y viralizaciones sin autorización”. Y fue enfático: “No se puede publicar sin autorización, menos filmar y viralizar, porque ya estamos cometiendo una transgresión a los acuerdos escolares”.

 “Muchas veces los problemas de burlas, exposición o conflictos entre compañeros se potencian cuando el celular está en el centro de la escena –siguió-. Hemos tenido algunos estudiantes que han pasado por esas faltas, tanto moderadas como graves”, reconoció. Frente a estas situaciones, la respuesta institucional es gradual: “Primero hay un apercibimiento oral, luego un apercibimiento escrito que va al legajo, y después acciones reparadoras que tienen que estar consensuadas por la institución, por los estudiantes y por las familias”.

 Esas acciones pueden ir “desde clases dadas a distintas divisiones de la escuela hasta acciones de disculpas en base a la causa generada”. Para Palancar, el objetivo es que el límite tenga un sentido pedagógico. “Esto no tiene que ver con demonizar el celular, sino con hacer un uso responsable de esta tecnología”, insistió.

 Consultado sobre el impacto en el rendimiento académico, respondió: “Los seres humanos somos todos diferentes. Hay estudiantes a los que el celular los ayuda, pero si por una desconcentración ingresan a redes sociales o miran videos que no tienen que ver con la escuela, ahí sí es un problema para el desempeño del estudiante”. Y agregó: “Cada docente y cada estudiante sabe lo que significa transgredir un acuerdo”.

 Palancar aclaró que “los profesores y directivos pueden tener el celular, pero esa es una cuestión ética. Los acuerdos escolares son para todos”. En ese sentido, explicó que puede ocurrir que un docente dicte su clase guiándose por el teléfono. “El docente puede tener un apunte, puede tener alguna aplicación, puede tener alguna presentación que va guiando su dictado, su estructura, su planificación sobre lo que está en el celular. Eso es correcto, porque no está usando el celular con fines de ocio, sino que lo está usando con fines pedagógicos”, reiteró.

 Un aspecto central de la experiencia fue la respuesta de las familias. “Se trata de una regulación consensuada, acordada con la familia, con los estudiantes y con la escuela. Tenemos que hacer un contrato social donde se estipula qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer”, expresó el director.

 “No hemos tenido ninguna queja, ningún reclamo de ninguna familia”, aseguró. La institución mantiene vías de comunicación abiertas y, en casos específicos, autoriza el uso del celular por razones médicas u otras situaciones justificadas. “Si algún estudiante lo necesita por alguna situación que lo amerite, nosotros lo sabemos y lo autorizamos, pero eso no significa que pueda utilizarlo con fines no pedagógicos”, aclaró.

“No podemos mirar el uso del celular solo desde la sanción o la prohibición. Hay que entender que para muchos chicos el teléfono es una herramienta de socialización, de validación y de pertenencia”

 Palancar recordó además que entre el 95 y el 100% de los estudiantes asiste con teléfono. “El celular está entre nosotros desde hace varios años, ya es indispensable. No podemos ir contra eso”, afirmó. Por eso, la regulación se limita a las horas de clase y no a los recreos. “Los cambios no tienen que ser bruscos. Si ya regulamos el celular en el aula y avanzamos hacia sacarlo durante cuatro o cinco horas, puede generar un efecto contraproducente”, consideró.

También hizo hincapié en un aspecto que atraviesa especialmente a la adolescencia: la necesidad de pertenecer a un grupo. “No podemos mirar el uso del celular solo desde la sanción o la prohibición. Hay que entender que para muchos chicos el teléfono es una herramienta de socialización, de validación y de pertenencia”, señaló Palancar. Y subrayó que la iniciativa no busca aislar a los estudiantes ni desconocer sus dinámicas sociales: “En los recreos los chicos pueden usar el celular”.

Sobre este punto, agregó que en el nivel primario la realidad es diferente: “Allí el teléfono no cumple el mismo rol que en la secundaria y, por eso, el enfoque debe ser más cuidadoso y acorde a la edad”.

“Hay una diferencia muy clara entre limitar el uso en clase y prohibirlo de manera absoluta –continuó el docente-. No se trata de negar la tecnología, sino de ponerla en un marco que favorezca el aprendizaje”.

 El balance general, insistió, es “altamente positivo”. Sin embargo, aclaró que el proceso es dinámico y se revisa en el Consejo Escolar de Convivencia. “Siempre hay que sostenerlo y monitorearlo. Esto está en movimiento, lo que hoy tenemos puede cambiar de acá a dos meses”, concluyó.

A casi un año del inicio, la experiencia de la Escuela Normal muestra una política que combina regulación, diálogo y seguimiento de casos concretos. En medio del debate provincial, la institución sostiene que el camino no es la prohibición total, sino la construcción de acuerdos que involucren a estudiantes, docentes y familias en el uso responsable de una tecnología que, como reconoce su director, “forma parte de la vida cotidiana y no podemos desconocer”.

El Gobierno nacional oficializó la eliminación total de los aranceles de importación para teléfonos celulares, una medida que entra en vigencia este jueves 15 de enero. El objetivo de llevar la alícuota del 9,5% al 0% es reducir los precios de mercado y facilitar el acceso a la tecnología, en un contexto donde la brecha de precios con el exterior había reactivado el turismo de compras.

Actualmente, las distorsiones de precios son tales que resulta más rentable pagar unas vacaciones a las Cataratas del Iguazú y cruzar a buscar el equipo a Paraguay que adquirirlo en un retail local.

Un relevamiento de precios demuestra que adquirir un iPhone 17 (256 GB) mediante un viaje a la frontera permite un ahorro sustancial:

La eliminación de aranceles busca comprimir una brecha que, en los modelos de alta gama, supera el 100% del valor del producto en el exterior. A continuación, los precios detectados en tiendas oficiales de Mercado Libre Argentina frente a los valores de referencia en Paraguay (CellShop):__IP__

El Decreto 333/2025 apuesta a mejorar las condiciones de oferta y promover la inclusión digital. Si bien la eliminación del arancel del 9,5% impacta en la estructura de costos, la diferencia actual con los precios internacionales sugiere que los valores locales cargan con otros componentes impositivos y de márgenes que el Gobierno busca corregir con mayor competencia.

El Gobierno nacional oficializó que a partir de este jueves 15 de enero los teléfonos celulares importados dejarán de pagar aranceles de importación, al pasar la alícuota a 0%, en el marco de una política para aumentar la competencia y reducir los precios de estos productos para los consumidores.

La decisión se sustenta en el decreto 333/25, publicado en mayo de 2025, que ya había establecido una reducción progresiva de la tasa aduanera para estos dispositivos, que hasta entonces alcanzaba el 16% primero y luego el 8%, hasta su eliminación total desde este jueves.

El Ejecutivo remarcó que la medida busca mejorar las condiciones de oferta en el mercado y que, como consecuencia, los precios finales podrían bajar hasta un 30%, aunque aclaró que ese impacto no será inmediato, ya que dependerá de la logística, el stock y las decisiones comerciales de las empresas.

En el mismo paquete de medidas previas, el Gobierno también eliminó impuestos internos a celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego, y redujo otros gravámenes sobre televisores y consolas de videojuegos importados, con el objetivo de abaratar una variedad de productos electrónicos.

La decisión oficial despertó preocupación en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, que advirtió sobre el impacto de la quita de aranceles en la industria local fueguina y los puestos de trabajo vinculados a la producción de electrónicos.

El Gobierno de Javier Milei calcula que los precios de productos electrónicos importados, como los celulares con tecnología 5G de alta gama, podrían caer 30% una vez vigentes, a mediados de enero, las reducciones arancelarias que equiparan los valores de la Argentina a los de Brasil y Chile, hoy en el doble.

Según la preventa lanzada en la tienda oficial MacStation antes de la rebaja impositiva, un iPhone 16 Pro Max de 256 GB cotiza a $ 4.199.999 y un iPhone 16 Plus 512 GB: $4.999.999, hasta en 24 cuotas sin interés.

A partir del 15 de enero próximo, tendrían que bajar el 19%, según el gerente general de la distribuidora oficial.

Del mismo modo, un Samsung Galaxy A35 5G importado valdría un 40% menos en la tienda oficial. 

El Decreto 333/2025 sancionado en mayo establece el cronograma para la disminución del Derecho de Importación Extrazona (DIE), que desemboca el 15 de enero cuando pasará del 8% a cero, y al mismo tiempo se reducirán los impuestos internos del 19% al 9,5%, con lo que el precio final podría bajar más del 30% en total.

“Esta nueva política arancelaria busca no solo hacer más accesible la tecnología para el trabajo y la educación, sino también reducir el contrabando y fomentar un mercado más competitivo y transparente”, señala Gabriel Salomón, director comercial de Jidoka, empresa de logística y comercio exterior. .

¿Qué hacer ante esta perspectiva hasta dentro de dos meses? 

• Para el importador: Aquellas empresas que tengan mercadería arribando al país en los últimos meses de 2025, la estrategia más inteligente sería esperar en una zona franca. Al nacionalizar los productos a partir del 15 de enero de 2026, podrán beneficiarse de la eliminación total del arancel, lo que se traduce en un ahorro directo del 8% sobre el valor del producto.

•Para el consumidor: La paciencia también será una virtud. Se prevé que la reducción a cero de los aranceles, sumada a la baja de otros impuestos internos, genere una disminución significativa en el precio de venta al público de los celulares a partir del próximo año. Las estimaciones del sector privado sugieren una posible caída de precios de entre un 30% y un 40% a largo plazo.

El proceso de reducción gradual de los aranceles de importación para celulares que culminará con su eliminación total en 2026 era esperada tanto por importadores como por consumidores.

“Esta estructura gradual permite a los actores del mercado adaptarse a las nuevas condiciones, al tiempo que genera una fuerte expectativa de cara al próximo año”, comenta Salomón.

Y agrega que “se estima que para 2026, la importación de celulares podría duplicarse en comparación con las cifras de 2025, impulsada por la eliminación total de estas barreras arancelarias”, concluye.

La medida llega en un contexto de fuerte dinamismo en el comercio exterior con China y abre un nuevo escenario para el sector.

Durante el primer bimestre de este año, las importaciones totales desde China experimentaron un crecimiento interanual del 73,5%, alcanzando los US$ 3.024 millones, según datos del INDEC.

Dentro de este "boom", el rubro de productos electrónicos, y en particular el de teléfonos y computadoras, registró un espectacular aumento del 152%.

Totalizó US$ 135 millones en ese período, comportamiento del mercado que sentó las bases para la posterior flexibilización arancelaria.

Las ventas generales cayeron a 6,7 millones de unidades en el mercado oficial -lejos de los 10 millones históricos-, con una contracción del 30% en el país.

Los dispositivos de alta gama diversificaron jugadores y apostaron a formatos innovadores como los plegables para capturar consumidores dispuestos a invertir en tecnología de punta.

Motorola, que según IDC cerró 2024 con el 38,5% del mercado total -el market share más alto de la compañía a nivel global-, tiene a la gama alta como su motor de crecimientoe: entre un 10 y un 14% de sus smartphones son de la familia Razr y Edge.

Mientras se acerca la eliminación arancelaria, cunde la preocupación entre las más de 20 fábricas asentadas en Tierra del Fuego, donde se concentra el total de la producción local de celulares, por los problemas de competitividad que acarrea la medida.

La provincia está beneficiada por un régimen industrial de más de 50 años de antigüedad, con el cual se fomentó el aumento de la población y el empleo en la región más austral del país.

Lo que proponen, “en primer lugar, es reducir el costo argentino; por el lado de la baja de precios internos es favorable, la gente va a acceder a precios más competitivos. 

Respecto a baja de aranceles de celulares, advierten que es muy difícil para una industria competir con celulares importados que no pagan derechos, que son 8% o 0%. 

Un hombre de 41 años fue detenido este miércoles por la tarde luego de robar dos teléfonos celulares de una despensa ubicada en calle Larrea al 600, en San Francisco.

El hecho ocurrió alrededor de las 16, cuando un llamado al 911 alertó al Centro de Atención Ciudadana sobre el ingreso de un sujeto al comercio y el posterior robo de los dispositivos. Gracias a la descripción de la vestimenta brindada en la comunicación, los agentes de la Guardia Local lograron localizar al sospechoso en la zona de Brigadier Bustos y López y Planes.

Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre intentó escapar, pero fue alcanzado tras una persecución a pie que concluyó cerca de las vías férreas. La intervención fue realizada de forma conjunta por personal de la Guardia Local y efectivos de la Policía de Córdoba.

Posteriormente, se logró establecer que el sujeto había sustraído dos celulares y que, a los pocos metros, el propietario los había recuperado. El mismo se hizo presente en la sede policial para realizar la correspondiente denuncia.

El detenido fue trasladado a sede policial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró hoy que los precios están bajando hasta 50%.

Dijo que "en las últimas dos semanas cayeron 25% los precios de los celulares y televisores, y entre 40% y 50% los de los aires acondicionados y heladeras".

Destacó que los comerciantes están empezando a entender quehay que bajar los precios y dijo que "si no bajan los precios, ya saben donde se van a meter los productos".

Además, aseguró que la inflación "no la genera la suba del dólar", sino la "depreciación del peso", y dijo que hay "caídas nominales del precio" de algunos productos.

Destacó que "ahora no se imprimen pesos, ni se van imprimir".

Además, subrayó que ahora los pesos están "totalmente respaldados", en el marco de la recapitalización que se hizo del Banco Central y aseguró que el crédito está creciendo fuerte en la Argentina.

Caputo habló en el evento de la Fundación Federalismo y Libertad, que se realiza en Tucumán. 

El Gobierno oficializó la reducción de aranceles de importación para teléfonos celulares y consolas de videojuegos, junto con la rebaja de los impuestos internos a productos electrónicos y a los fabricados en Tierra del Fuego, mediante la publicación del Decreto 333/2025 en el Boletín Oficial.

La medida había sido anticipada la semana pasada por el vocero presidencial y legislador porteño electo, Manuel Adorni, en conferencia de prensa y se terminó de cristalizar este martes en la normativa que lleva la firma del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Los aranceles de importación de los teléfonos celulares, que hasta ahora tributaban 16%, se reducirán a la mitad (8%) desde el miércoles 21 de mayo, cuando entre en vigencia el decreto que tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2038 y quedarán eliminados totalmente el 15 de enero de 2026. Además, las consolas de videojuegos pasarán de pagar un 35% al 20%.

En este aspecto, el Ejecutivo argumentó en el texto oficial que la decisión “mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

Al mismo tiempo, se formalizó la reducción de los impuestos internos de 19% a 9,5% a los celulares, televisores y aires acondicionados importados, mientras que a los producidos en Tierra del Fuego se les bajará del 9,5% al 0%.

En este caso, la justificación oficial aludió a que lo dispuesto “redundará en la disminución de los costos de fabricación de las señaladas mercaderías, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local”.

Desde el Gobierno confían que “la medida producirá una baja general de los precios y un aumento de la oferta de más y mejores modelos a través de una mayor competencia”, precisando que “se estima que los precios de los productos electrónicos importados bajará alrededor de un 30%”.

Al respecto, destacaron que “esta reducción equiparará su valor en Argentina con los países vecinos y bajará también los precios de los productos provenientes de Tierra del Fuego”, detallando que actualmente los celulares de alta gama cuestan 2.566 dólares en Argentina, 1.290 dólares en España, en Chile 1.147, en el Reino Unido 1.143 y en Estados Unidos 1.011.

Ayer a la mañana, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) había anunciado que los usuarios de telefonía móvil dejarían de pagar roaming en países del Mercosur a partir de este domingo 29 de diciembre. Sin embargo, horas más tarde, se comunicó que la medida no entrará en vigencia ese día.

Fuentes oficiales, comunicaron que aún "está pendiente una instancia técnica de coordinación con los reguladores de Uruguay y Paraguay a la que se va a convocar el lunes". Además, señalaron que "Brasil está en proceso de ratificación del acuerdo".

El acuerdo prevé que a los usuarios de telefonía móvil que viajen a Brasil, Uruguay y Paraguay ya no se les cobrarán cargos extra al momento de acceder a Internet, enviar mensajes de voz y texto o realizar llamadas.

La decisión se enmarca en un acuerdo llevado a cabo entre los Estados Parte del Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- firmado en julio de 2019 y ratificado en Argentina en mayo de este año a través de la Ley 27740, la cual aprobó el Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming Internacional a los Usuarios Finales del Mercosur.

Este acuerdo establece, entre otras cosas, que los prestadores de servicios móviles deberán aplicar a sus usuarios finales los mismos precios que cobren en su propio país, según la modalidad y al plan contratado por cada uno. 

Esto quiere decir que los usuarios de telefonía móvil que viajen a los países que integran el Mercosur podrán seguir utilizando los servicios como si estuviesen en Argentina.

Una vez implementado el Acuerdo, un Comité de Coordinación Técnica, compuesto por representantes de los Estados Parte, deberá posibilitar su implementación, además de supervisar su ejecución y cumplimiento.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología junto al Enacom conformarán el Comité en representación de Argentina.

El servicio de roaming permite que los usuarios que se encuentran en zona de cobertura de una red móvil diferente a la que le presta el servicio, puedan recibir las llamadas hechas hacia su número de móvil, sin necesidad de realizar ningún tipo de procedimiento extra; y, en muchos casos, también permite efectuar llamadas hacia la zona donde se contrató originalmente el servicio sin necesidad de hacer una marcación especial.

En la Argentina las notebooks cuestan un 70% más que en los principales países de la región, como Brasil, Chile y Colombia. Además, los celulares tienen precios un 60% más altos que en el resto de los países.

Esto provoca un fuerte desincentivo para invertir en tecnología y no perder el tren de los últimos conocimientos en aplicaciones y software.

Informática y telecomunicaciones es uno de los rubros que más cayeron en ventas este año, con bajas que rondan el 60 por ciento. Pero cuáles son las razones para semejante disparidad de precios.

Especialistas la adjudican a la fuerte carga impositiva y a los aranceles que aplica el país.

Por eso, el ministro de Economía, Luis Caputo, viene destacando que la baja del impuesto país, del 17,5% al 7,5%, tendrá un impacto muy beneficioso sobre la caída de precios y el aumento del consumo.

En la Argentina el rubro electrónica tiene una carga impositiva que ronda el 66%.

Eso incluye un arancel a la importación del 16%, el IVA del 10,5%, un IVA adicional del 10%, la retención a cuenta de ganancias del 6%, la retención por ingresos brutos del 2,5% y el impuesto PAIS del 16,6% (en Aduana se tributa el 95% de la alícuota del 17,5%).

En cambio, en Brasil la presión impositiva es del 55%; en Chile, del 26,1% y en Colombia, del 19%.

El Gobierno insiste en que el crecimiento va a venir por el lado de la baja de impuestos, a medida que se consolide el equilibrio fiscal.

En el caso del arancel del 16%, no se esperan cambios en la Argentina.

Según datos de la Cámara de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (Cadmipya), las ventas de informática (notebooks, celulares, computadoras, monitores, entre otros) cayeron 58% durante los primeros seis meses del año respecto de igual período de 2023.

Ese sector representa un tercio del negocio informático del país: facturó US$ 22o millones frente a los US$ 525 millones del mismo período de 2023. 

Según informes del sector privado, las ventas minoristas de electrodomésticos en la Argentina cayeron 33% en el primer semestre de 2024.

Como parte de los operativos de seguridad, control y requisa al personal penitenciario, ordenados por la Dirección General de Seguridad, con refuerzos de personal de la sub Dirección General de Control de Conducta y Gestión Penitenciaria y de personal del GEAR (Grupo Especial Antinarcotráfico y Requisa), este lunes se procedió al secuestro de aparatos de telefonía celular que intentaban ingresar empleadas penitenciarias a la cárcel de Bouwer en Córdoba.

Durante el operativo de seguridad, se descubrió que una empleada, Subayudante  Enfermera, intentaba ingresar al establecimiento penitenciario dos cajas con teléfonos celulares y accesorios en su mochila. 

Posteriormente, en el registro del vehículo se encontró otro teléfono en el portaobjetos de la puerta del conductor y la agente entregó un tercer teléfono que ocultaba en el bolsillo derecho de su campera antes de que se revisara su vestimenta.

Anexo a esta situación, se constató que la operadora del scanner, Subadjutor Auxiliar, de bolso del Grupo de Ópera Escáneres y Monitoreo no advirtió y por ende no dio aviso respecto a los dos teléfonos celulares que estaban en el interior de la mochila de la agente. 

Como parte del protocolo, se controló la imagen del scanner siendo claramente visible la imagen de la plaqueta electrónica de los teléfonos celulares. 

Como resultado de esto, también quedó a disposición la operadora del scanner.

Inmediatamente después de haber procedido al secuestro de los equipos se dio participación de lo sucedido a la subdirección general de Control de Conducta y Gestión Penitenciaria y a la secretaría de la Fiscalía Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de Feria, resultando ambas empleadas detenidas por "encubrimiento".

Esta madrugada del viernes, aproximadamente a las 5, una mujer de 22 años fue detenida por robar un teléfono celular en la localidad de Morteros. 

Puntualmente, un hombre de 78 años denunció el faltante de este elemento en su domicilio de calle Dorrego esquina General Paz, de barrio Urquiza. 

Inmediatamente, personal de la Departamental San Justo de Policía procedió a realizar una requisa y dio con el celular sustraído. 

La mujer fue aprehendida y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.