Con una masiva convocatoria de público y récord de expositores, la 93ª Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial - San Francisco Expone 2025 culminó este domingo dejando un balance altamente positivo para la Sociedad Rural. Durante tres jornadas, la tradicional muestra volvió a confirmar su vigencia y su papel como uno de los eventos más importantes del calendario regional.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el presidente de la Sociedad Rural, Javier Cassineri, destacó el resultado general de esta edición y subrayó la gran participación de la comunidad.

“El balance que hacemos es realmente positivo. Tuvimos un viernes muy intenso en lo protocolar, la visita de autoridades y un público que nos sorprendió gratamente para ser el primer día. Además, recibimos a muchísimos chicos de escuelas, lo cual celebramos, porque es fundamental que las nuevas generaciones puedan ver todo lo que el campo y la ciudad producen”, expresó.

Cassineri resaltó también la actividad del sábado, marcada por el desarrollo de la competencia ganadera en pista central y el remate de vaquillonas y toros, que alcanzaron “muy buenos precios y mostraron la calidad de las razas de carne”.

“Fueron tres jornadas excelentes”, afirmó titular de la Rural. Además, destacó que público que se mantuvo durante todo el día pese al calor, y que se multiplicó hacia la tarde. “Todos los expositores con los que dialogamos se mostraron muy conformes”, indicó.

El dirigente rural valoró la gran afluencia de visitantes, que una vez más superó las expectativas. “Sabemos que siempre nos acompañan, tanto la gente de San Francisco como de la región. Las encuestas que manejamos reflejan que mucha gente llega desde otras localidades, y eso nos llena de orgullo. Esta exposición está reconocida entre las mejores de Córdoba y también a nivel país, por eso agradecemos siempre la presencia del público y nos sorprende cómo año a año seguimos creciendo”, señaló.

Consultado sobre la comparación con años anteriores, Cassineri aseguró que el balance fue “aún mejor que el de 2024”.  A su vez, detalló: “Las opiniones de los expositores y visitantes son muy positivas. Siempre tenemos la vara alta, pero año tras año nos superamos. Superamos el número de expositores y, por lo que observamos, también el de público”.

Finalmente, el presidente de la Sociedad Rural reflexionó sobre el impacto que tiene San Francisco Expone en el sector agropecuario y en la comunidad. “Durante estas semanas todo el equipo está enfocado en que la exposición sea exitosa. Queremos mostrar el progreso y las últimas tecnologías, y que el ciudadano común vea todo lo que el campo y la región producen. Luego haremos las conclusiones y los lineamientos necesarios para seguir mejorando”, concluyó.

Con un cierre que destacó el show del grupo cuartetero Dale Q’Va, la edición 2025 volvió a confirmar que San Francisco Expone sigue siendo, a casi cien años de su primera realización, una muestra emblemática que une al campo, la industria y la ciudad.

La crisis económica y social que atraviesa Argentina impactó con fuerza en uno de los comercios más tradicionales y presentes en el día a día de barrios y ciudades: los kioscos. Según datos oficiales difundidos por la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), en el último año cerraron 16.000 locales, pasando de 112.000 a apenas 96.000 puestos activos en todo el país.

Este desplome histórico representa un duro golpe para un sector que históricamente funcionó como punto de encuentro, referencia y servicio para las comunidades. Ernesto Acuña, vicepresidente de UKRA, explicó que “el kiosco es como la postal de una ciudad o un pueblo, pero están cerrando por varias razones. La principal es la recesión que se está viviendo desde hace tiempo”.

El descenso en las ventas es evidente. Según Acuña, “se vende menos, mucho menos. No hay plata”. Los datos muestran una caída de hasta un 40% en las ventas durante los últimos dos años, con una baja específica del 30% al 35% solo en bebidas durante la última temporada. Esto ha obligado a muchos comerciantes a reducir horarios o directamente bajar las persianas.

Además, la competencia desleal profundiza la crisis. “Productos que antes se encontraban solo en kioscos, hoy los ves en farmacias, supermercados chinos o verdulerías”, señaló Acuña, lo que afecta los márgenes de ganancia y genera un desequilibrio en el mercado.

El relevamiento de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirma la tendencia, alertando sobre un cierre que afecta también el empleo, ya que muchos kioscos emplean a trabajadores para atención, reposición y limpieza.

La pérdida de estos comercios no solo es económica sino social. Los kioscos cumplen un rol en la vida vecinal y su desaparición altera las dinámicas barriales.

En el marco político y económico actual, la volatilidad del dólar y la especulación influyen en la subida de precios, dificultando aún más la gestión diaria, señaló Acuña: “Pasa lo mismo que cada vez que hay una elección... siempre hay especulación, el dólar se dispara y los precios aumentan”.

Ante este escenario, la preocupación crece entre kiosqueros y vecinos, que ven cómo desaparecen espacios que hasta hace poco eran parte fundamental de la rutina y la convivencia urbana. 

Sergio Ruppel, presidente de la Fundación Profesional de Transporte y especialista en infraestructura vial, advirtió que la mitad de las rutas del país se encuentra en mal estado. La preocupación no solo abarca el deterioro del pavimento, sino el abandono de funciones esenciales por parte del Estado nacional: “La situación es desesperante. No es algo que comenzó este año. Las rutas vienen deteriorándose desde hace mucho tiempo”, señaló con énfasis.

Según Ruppel, la red vial nacional ha quedado completamente desatendida. “Hoy tenemos la misma cantidad de rutas que hace décadas, pero con un tránsito que se ha multiplicado. Vialidad Nacional está desactivada de hecho. No interviene de manera significativa desde hace años”, explicó por Raviadavia AM 630 Y lanzó una pregunta inquietante: “¿Quién se va a ocupar ahora del mantenimiento, la asistencia y las emergencias en las rutas?”.

El especialista apuntó contra el plan oficial de trasladar la responsabilidad a las provincias o de avanzar hacia la privatización del sistema vial. Pero aclaró: “Las provincias no tienen fondos. Si no pueden sostener hospitales ni escuelas, mucho menos van a poder hacerse cargo de las rutas. Y cuando el gobierno intentó ofrecer las principales rutas a privados, nadie quiso tomarlas por el nivel de deterioro y el costo de inversión que requieren”.

Además, explicó que el modelo de concesiones no es tan fácil de implementar, debido a los altos costos, el largo plazo de recuperación y los riesgos económicos. “El precio de los peajes sería insostenible. Y los privados no van a ir a lugares como Pino Hachado o zonas rurales del norte, donde la vialidad presta asistencia vital en emergencias climáticas o cortes por nieve”, dijo. “Vialidad no es solo repavimentar, también es presencia estatal en emergencias”.

Ruppel advirtió también sobre las consecuencias humanas y económicas de este abandono. “¿Quién no tiene un familiar o conocido que haya tenido un accidente de tránsito?”, se preguntó. “Estamos hablando de vidas humanas, pero también del altísimo costo económico que significa la atención a la accidentología: ambulancias, hospitales, cirugías. La inversión en rutas es también una política de salud”.

Finalmente, remarcó que la desaparición de Vialidad Nacional es un error estratégico. “Estamos desmontando un organismo que cumple un rol estructural en la integración territorial del país. Si no se actúa con urgencia, el colapso de la infraestructura vial va a tener consecuencias gravísimas”.

La reciente disolución de la Dirección Nacional de Vialidad despertó una profunda preocupación en los municipios que dependen de sus obras para garantizar el estado de las rutas nacionales. Uno de los casos más significativos es el de Las Varillas, donde el intendente Mauro Daniele no ocultó su inquietud por la falta de definiciones concretas sobre el futuro de la Ruta Nacional 158, un corredor clave para la región, cuya repavimentación es reclamada desde hace más de una década.

“Nos enteramos por una publicación en los medios el día 6 y la resolución se hizo efectiva a partir del 8. Esta figura autárquica desaparece, pero pasa a estar bajo el Ministerio de Economía. Lo que genera incertidumbre es no saber cómo se va a resolver la cuestión operativa”, expresó Daniele en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO.

El mandatario recordó que el tramo entre Colonia Prosperidad y Las Varillas es motivo de reclamos desde hace más de 10 años. “Hace unos días hablé con una persona que no pasaba por ahí desde hacía 20 años y me preguntó cómo estaba. Le dije que peor, porque cada año se deteriora más”, señaló con crudeza.

Según explicó, durante gestiones anteriores se realizaron encuentros con autoridades nacionales, como el exsecretario de Transporte Gabriel Bermúdez, para impulsar la posibilidad de transformar ese trayecto en autovía. Sin embargo, las prioridades de los vecinos son más urgentes: “Ya ni siquiera pedimos una autovía, sino una repavimentación que garantice condiciones dignas de circulación”, afirmó.

Uno de los puntos más sensibles que plantea la decisión presidencial tiene que ver con el mantenimiento futuro de los corredores nacionales. “No sabemos si se va a privatizar, si lo tomarán los municipios o si se replicará un esquema como en los años 90, cuando hubo peajes en manos de entes locales. En esta región funcionaba el Ente Ruta 13 y había cabinas entre Las Varillas y Alicia. ¿Volveremos a eso? ¿Se instalarán peajes nuevamente?”, se preguntó Daniele.

El intendente también recordó que el mantenimiento de las rutas nacionales se financiaba parcialmente a través de un porcentaje incluido en el costo de los seguros vehiculares. “Todo ese dinero se destinaba a corredores viales. No sabemos qué va a pasar con esos recursos ni cómo se va a reorganizar el esquema”, agregó.

En paralelo, el Gobierno nacional anunció que Gendarmería Nacional asumirá el control de la seguridad vial. Si bien Daniele valoró a la fuerza como “respetada y confiable”, fue tajante al advertir que “esa medida no puede reemplazar la inversión en infraestructura”. En ese sentido, sostuvo: “La prioridad es la transitabilidad. Y eso se logra con rutas en condiciones”.

El reclamo de Las Varillas por una solución integral a la Ruta 158 no es nuevo. “Tengo en mi despacho notas de otras gestiones. Se viene reclamando desde hace 12, 13, 14 años. La última obra de reparación integral fue en 2009. Después solo hubo bacheos puntuales, que no resuelven nada”, detalló.

Finalmente, Daniele resumió la situación en una palabra: incertidumbre. “No sabemos qué va a pasar con Vialidad Nacional, ni cómo se garantizará el mantenimiento de las rutas. Y eso es grave, porque no estamos hablando de un lujo, sino de algo esencial para la seguridad y el desarrollo de nuestras comunidades”, concluyó.

Municipios de la región atraviesan momentos de desconcierto luego de que se anunciara la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional, justo cuando estaban por comenzar las esperadas obras de bacheo y reparación sobre la Ruta Nacional 158, entre Colonia Prosperidad y Las Varillas. El intendente de Saturnino María Laspiur, Horacio Depetris, se mostró sorprendido y preocupado por el anuncio presidencial: “Lo que pasó con Vialidad Nacional nos genera incertidumbre”, afirmó a la prensa. 

La semana pasada habían arribado al tramo más deteriorado de la vía —unos 14 kilómetros— maquinaria y personal técnico de Vialidad. “Ya están trabajando en el fresado y la compactación del suelo. Solo resta que llegue la planta de asfalto en caliente”, había explicado Depetris a FM Identidad. Estaba previsto que las tareas se iniciaran en los próximos días y se prolongaran por unos seis meses.

El mandatario municipal confirmó que para esta primera etapa esperan la habilitación de 2500 toneladas de asfalto, y otras 2000 para la segunda. Sin embargo, el decreto presidencial que eliminó Vialidad Nacional encendió las alertas: “Fue mucho esfuerzo, muchos recursos invertidos en viajes a Córdoba y Buenos Aires junto a otros intendentes para gestionar estas obras. Y ahora esto nos genera incertidumbre. Creemos que esto tendrá continuidad, pero no lo sabemos”, lamentó.

El nuevo organismo que reemplazará a Vialidad se denominará “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, con funciones de fiscalización y control, pero aún se desconoce cómo continuará la ejecución de las obras ya iniciadas o licitadas.

Depetris fue claro al señalar que, más allá de los cambios administrativos, lo que se necesita es una solución concreta: “Lo que quiero es ver resultados, no tanto ‘biri biri’”, sentenció. 

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno abrirá la licitación de 9.120 km de rutas. Justificó la medida al afirmar que las vías "se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país", tras "décadas de despilfarro y corrupción", y evitó precisar qué ocurrirá con las obras viales ya anunciadas o inconclusas.

Mientras tanto, en una región que depende fuertemente de esa ruta para conectar con San Francisco, Villa María, Río Cuarto y otras localidades, cada día de demora es un riesgo más en una vía que ya se ha cobrado numerosas víctimas.

La reciente disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha generado impacto directo en Córdoba, que se encuentra entre las jurisdicciones más afectadas por la decisión del Ejecutivo nacional. El cierre de ese organismo, oficializado a través del Decreto 461/2025, y la consecuente transferencia de funciones al Ministerio de Economía y un nuevo ente regulador, dejaron a Córdoba sin asistencia técnica permanente en al menos 118 rutas nacionales.  

La provincia no tardó en responder. Tras haber reclamado mejoras y el traspaso de la ruta 158, que conecta San Francisco con Río Cuarto, ahora exige que se haga lo mismo con la ruta 35, que une Córdoba con La Pampa y presenta “un estado de deterioro avanzado”. “Si la Nación no la arregla, nosotros nos haremos cargo de ella”, advirtió el gobernador Martín Llaryora.

En un reciente comunicado conjunto, el gobierno provincial señaló que “las rutas unen los pueblos, la producción y también la cultura. Pero cuando se empiezan a romper pasan de esperanza a tragedia”. Añadieron que los tramos de la 35 son “intransitables” y que las condiciones actuales representan un riesgo creciente para quienes las transitan.

Los gremios viales respaldan esta evaluación, recordando que Córdoba tiene una de las tasas más altas de siniestralidad en el país. Además de los riesgos para la seguridad vial, la falta de mantenimiento afecta el transporte de la producción agropecuaria y la logística regional.

El cierre de Vialidad no sólo implica el abandono físico de las rutas, sino la pérdida de capacidad técnica y operativa en el territorio. Hasta ahora, las oficinas locales del organismo fueron clave para gestionar obras, bacheo y señalización. “Con esta medida, Córdoba pierde no sólo infraestructura: pierde capacidad de fiscalización, planificación territorial y respuesta inmediata en caso de emergencias”, explicó una fuente del gobierno provincia.

En cuanto a la ruta 35, recorre zonas rurales donde cada hoyo se convierte en un peligro para transporte y productores. El pedido provincial exige que la Nación transfiera esa vía bajo la misma lógica aplicada con la 158, incluida en un proyecto de autopista que quedó frenado.  

.Este caso pone en evidencia el conflicto entre las políticas nacionales y las demandas regionales por infraestructura. Mientras el gobierno nacional defiende el cierre de Vialidad con un discurso de ahorro y lucha contra la “corrupción” en la obra pública, las provincias alertan sobre las consecuencias inmediatas de cortar la gestión y el mantenimiento estatal de rutas. Mientras tanto, cada kilómetro sin asfalto o señalización representa un riesgo latente para miles de conductores, productores y comunidades que están pidiendo que “los caminos no pasen de esperanza a tragedia”.

Tras el anuncio del decreto que desmantela la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, de generar “rutas nacionales de la muerte”.

En el decreto, el gobierno nacional decidió eliminar el organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales, y traspasar sus funciones al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Según señalan, al disolver el organismo clave en el mantenimiento, se va a profundizar la peligrosidad de las rutas argentinas.

“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.

Para la sindicalista, “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”. 

En ese sentido, hizo “un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte”.

"El mismo apunta a más roles de las fuerzas de seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las fuerzas”, cuestionó.

Por otra parte, la dirigente gremial alertó que con esa decisión, “más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura”.

“Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme”, sentenció Aleñá, quien acusó a Milei y ”su secuaz" Sturzenegger “son los responsables del genocidio en las rutas”. 

Además, advirtió que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias que “valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE”.

"Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras”, lamentó.

La líder de STVyARA explicó que “esto no es una simple reorganización administrativa” como lo presenta el Gobierno, ya que "significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones”.

Aleña desmintió al Gobierno que justificó el decreto al señalar que Vialidad tiene una supuesta estructura onerosa y desproporcionada entre el número de empleados y las tareas que desarrolla.

También refutó que el organismo haya reducido sus tareas a un simple “desmalezamiento de las rutas”, y remarcó que diariamente se llevan adelante obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento invernal y control de peso, entre otras funciones.

“No se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia”, enfatizó.

Por otro lado, Aleñá combatió la idea que impulsa el Gobierno de que gran parte del trabajo de mantenimiento vial ya está tercerizado, y que la comparación entre gestión estatal y privada demuestra mayor eficiencia del sector privado. 

“Esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial”, señaló.  

“El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Además, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable”, agregó.

En tanto, la referente gremial criticó el traspaso de las funciones de Vialidad al ámbito del Ministerio de Economía, porque esto "aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV”.

“La nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente”, advirtió.

Según Aleñá, "sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal”.

Por último, la secretaria General del sindicato planteó que la desregulación de Vialidad Nacional establece una pérdida de la soberanía vial que implicará que las decisiones sobre rutas, licitaciones y obras pasarán a estar en manos de privados o funcionarios sin anclaje territorial, lo que generarán más riesgo para la seguridad y el control de obras. 

“Vialidad tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas. Su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento”, afirmó.

“Cientos de distritos perderán presencia operativa y trabajadores calificados, lo que afectará no solo la conectividad sino también la economía local y el empleo público”, alertó.

Una residencia geriátrica de gestión privada fue clausurada el jueves 19 de junio, por presentar irregularidades y no contar con la habilitación correspondiente para su funcionamiento. La medida determinó el desalojo del lugar, donde residían cinco adultos mayores.

La clausura fue ejecutada por personal de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco, en conjunto con el Tribunal de Faltas. Según explicó la directora general de Salud, Cecilia Passamonte, el establecimiento ya había sido inspeccionado en abril, instancia en la que se indicaron los pasos a seguir para regularizar la situación, los cuales no fueron cumplidos.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de las inspecciones sanitarias periódicas que impulsa el municipio, conforme a lo establecido por la Ordenanza Municipal N.º 6309, que regula el funcionamiento de instituciones destinadas al cuidado de personas mayores.

“El objetivo principal de estos controles es garantizar el bienestar y la calidad de vida de nuestros abuelos. Evaluamos no sólo el estado de salud y nutrición de los residentes, sino también las condiciones edilicias y los servicios que se brindan”, subrayó la funcionaria.

En el operativo se notificó a los familiares de los residentes, quienes procedieron al retiro y reubicación de los adultos mayores, asegurando su continuidad en el cuidado.

Por su parte, la jueza de Faltas, Rosana Chevalier, confirmó que la clausura se realizó a las 13 horas del jueves. “El procedimiento fue ordenado debido a que la responsable del lugar no cumplió con los requerimientos formulados en instancias previas, y los plazos para hacerlo ya se encontraban vencidos”, explicó. Además, señaló que la decisión fue adoptada con base en el informe médico elaborado por profesionales de la Secretaría de Salud.

Desde el municipio recordaron la importancia de que todas las residencias geriátricas cuenten con la habilitación correspondiente y cumplan con las condiciones exigidas por la normativa vigente, incluyendo infraestructura adecuada, servicios básicos como calefacción por ejemplo, y una alimentación saludable y controlada.

“Instamos a todos los vecinos que tengan familiares en residencias privadas a verificar cuidadosamente el estado del lugar, las prestaciones que ofrece y que cuente con todas las autorizaciones necesarias”, concluyó Passamonte.

Se estima que son más de 900 los cierres de oficinas de Correo Argentino en pueblos de todo el país que el Gobierno Nacional planea llevar adelante. 

La sucursal de Brinkmann ya cerraría el 25 de mayo próximo. Quedarían solo Morteros y San Francisco. No habrá correos desde La Paquita a Monte Cristo por la ruta 17. También se cerrarían las oficinas de las localidades de Porteña y Freyre.

“No nos merecemos el cierre del correo. Tenemos una oficina que funciona plenamente, con tres personas que trabajan mucho y las horas que corresponden”, dijo en declaraciones radiales, el intendente brinkmanense Mauricio Actis en declaraciones radiales. 

“Somos una ciudad de 13.000 habitantes que lo necesitamos. No podemos quedarnos sin correo”, agregó el mandatario municipal. 

Si bien hay esperanza de que a último momento se revierta la decisión, la preocupación es importante ya que se estima que unos 150 a 200 paquetes por día se procesan, solo de “Mercado Libre” y otros, además del reparto de otros trámites que ahora habrá que hacerlos en Morteros o San Francisco.

“El correo en Brinkmann es una de las instituciones más antiguas de la ciudad, casi tan antigua como la ciudad misma. Es una oficina que representa la presencia del Estado, de cada uno de los argentinos en cada comunidad”, dijo Actis. 

Para el intendente  “no deja de ser impactante y triste la noticia. El cierre del correo se suma a la oficina de Anses. ¿Quién nos garantiza que el día de mañana no tenemos el cierre de Banco Nación o el Inta?”, planteó. 

Los intendentes de la zona analizaron el tema esta semana en la reunión del Ente Ansenuza, pero por ahora reina el desconcierto. “Se ponen en discusión proyectos básicos de la convivencia. Esto de cerrar los correos ya lo vivimos y tuvimos que volver atrás. Ojalá que se revierta la decisión”, concluyó Actis. 

Frente a un panorama en el que se estima que son más de 900 los cierres de oficinas de Correo Argentino en distintas localidades del país que el Gobierno Nacional planea llevar adelante, vecinos de Brinkmann y Altos de Chipión, en este caso, expresaron su preocupación. 

En Brinkmann ya recibieron las notificaciones y la oficina cerraría el 25 de mayo, según informó la Radio 102.9. Quedarían abiertas solo las sedes de Morteros y San Francisco. En tanto que no habrá correos desde La Paquita a Monte Cristo por ruta 17. También se cerrarían las oficinas de correo de Porteña y Freyre.

De acuerdo a lo informado por la emisora radial, los empleados del correo continúan recibiendo telegramas de despido en donde se habla de una “reorganización interna” y de “una reducción de gastos impulsados por el Gobierno nacional a todas las empresas estatales”.

En el caso de Brinkmann hay un jefe y dos carteros. “Si bien hay esperanza de que a último momento haya una contra marcha en la decisión, la preocupación es importante ya que se estima que unos 150 a 200 paquetes por día se procesan de Mercado Libre y otros, además del reparto de otros trámites que ahora habrá que hacerlos en Morteros o San Francisco”, advirtieron.

Lo sucedido en nuestra región no escapa a una situación que se da a lo largo del territorio argentino. En las últimas horas, una localidad fueguina manifestó su intranquilidad por el inminente cierre de las oficinas de Correo Argentino. Se trata de la localidad de Tolhuin, que cuenta con una población estable cercana a los 10 mil habitantes, se quedará sin sucursal de Correo Argentino. El traslado de la mercadería y correos se haría desde Río Grande o Ushuaia.

José Arriagada, delegado de los Trabajadores de Correo Argentino, aseguró que “extraoficialmente han informado que van a cerrar la sucursal de Correo Argentino de Tolhuin”. “Aunque por el momento no hay nada escrito, el hecho de que a los dos empleados de la sucursal les estén ofreciendo al retiro voluntario, es una señal clara de un cierre inminente”, completó. 

En diálogo con la FM local Aire Libre, el Delegado remarcó que “lamentablemente estamos atravesando un momento difícil en el Correo, se nota que para la empresa Tolhuin no es rentable y por eso le han ofrecido el retiro voluntario a la jefa y al empleado de la sucursal local”. 

Y explicó que “la jefa ya se acogió al retiro y tiene fecha hasta el 30 de mayo y el otro compañero, en un principio estimamos que podría venir a la sucursal de Río Grande”. “Es un tema angustiante y preocupante para todos”, sostuvo.

Con respecto a cómo quedará el reparto de la mercadería una vez que se concrete el cierre de la oficina local, consideró que “es muy posible que haya algún transporte desde Río Grande o desde Ushuaia a Tolhuin”, pero al mismo tiempo aclaro que “no tenemos nada claro con respecto a eso” ya que el cierre es aún extraoficial.

De todos modos Arriagada aclaró que los empleados que se acogen al retiro voluntario ofrecido por el Gobierno Nacional “se van conformes” y confirmó que los de Tolhuin no serán los únicos en adherirse.

“Los compañeros se acogen al retiro voluntario porque les están pagando una indemnización del 100% más un 30% adicional en su solo pago", contó Arriagada. Y agregó: “hasta el momento se están adhiriendo al régimen de retiro los dos empleados de Tolhuin y podrían sumarse entre cuatro y seis de Ushuaia”.