El abogado y exjuez Oscar Venica aseguró que la prohibición dictada por el magistrado Alejandro Maraniello sobre la difusión de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, constituye “claramente” un caso de “censura previa”, lo cual está “prohibido” por la Constitución Nacional.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, Venica remarcó que “aceptar esta clase de medidas es renunciar conscientemente a la libertad de prensa, pieza fundamental de una república”. En ese sentido, criticó la postura del Gobierno nacional: “Es totalmente contradictorio que quienes proclaman ser liberales, se aparten de sus propios principios y requieran medidas de esa clase. Y lo peor, que encuentren un juez que las admite”.

Venica cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Fue consejero titular por los jueces del interior en el Consejo de la Magistratura de Córdoba, corredactor del actual Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, juez de Primera Instancia en Marcos Juárez y San Francisco, y vocal de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad.

-              El exintegrante de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, habló de “un caso de censura previa”. ¿Podría explicar qué significa jurídicamente este concepto y por qué está prohibido en la Constitución? ¿Cuáles son los principales problemas procesales que observa en la decisión del juez Maraniello?

Ya el texto original de la Constitución Nacional (1853) establecía en su artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: … de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa…”. Fue una reacción a los regímenes absolutistas, España incluida, que tenían establecidos organismos públicos a quienes debían someterse a examen tanto libros como noticias a aparecer en la prensa. Por esa razón, en las primeras hojas de un libro se colocaba la leyenda ‘con las licencias necesarias’, y se añadía la autorización puntual para su publicación. La circulación de libros o periódicos sin dicho aval era un delito. Si bien de la sola indicación que la Argentina adopta la forma republicana, se deduce la prohibición de censura previa, los constituyentes estimaron conveniente consagrarlo expresamente.

Es un principio sostenido desde sus inicios por el liberalismo político. Muy equívocamente suele equipararse entre nosotros, especialmente en lo económico, liberal y conservador, siendo que el liberalismo nació como oposición al conservadurismo. Y en ese sentido es tomado en la mayoría de los países, como Estados Unidos, por ejemplo. Por otro lado, eso no significa que hay libertad para insultar, injuriar o publicar falsedades impunemente. Simplemente que la sanción, civil o penal, de corresponder, será impuesta luego de la publicación, y no prohibida de antemano.

-              ¿Existen antecedentes en la Corte Suprema argentina o en la Corte Interamericana que respalden esta interpretación?

 Hay antecedentes, tanto de la Corte Suprema como de tribunales inferiores. No tengo presente que los haya de la Corte Interamericana con relación a la Argentina. Lo más cercano fue una resolución a instancias de Jorge Fontevecchia y Héctor D´Amico que publicaron información relacionada con un hijo no reconocido de Carlos Saúl Menem en la revista Noticias, y fueron condenados civilmente por la Corte por violación a la vida privada de Menem; hay que aclarar que se trató de la Corte llamada de la mayoría automática y estando Menem en la presidencia. De todos modos, no fue censura previa. La Corte Interamericana ordenó anular ese fallo por cuanto había violado el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, lo que fue resistido por la Corte nacional entendiendo que aquella carecía de facultades en ese sentido. Coincido con este criterio, porque de ser así, esa Corte Interamericana se convertiría en una cuarta o quinta instancia, según el fuero, de los procesos argentinos. Además, tampoco lo contempla la Convención que dio origen a ese organismo. Sus facultades se limitan disponer que el Estado Nacional repare los perjuicios causados.

-              ¿En qué condiciones un juez sí podría limitar la difusión de determinado material? ¿Hay algún margen legal?

Desde el punto de vista sustancial se trata claramente de censura previa, como se han pronunciado prácticamente todos aquellos que se han referido al tema. No he tenido acceso al fallo de modo que carezco de elementos para analizarlo procesalmente.  Ahora, tanto el Código Procesal de la Nación como el de Córdoba, y estimo que todos los del país, no contemplan medidas cautelares autónomas, es decir que puedan existir por sí misma sin una demanda, que puede ser simultánea o posterior. Aparentemente se trató de una cautelar sola, a la que luego, para consolidarla, debería seguir la demanda, que no imagino cual podría ser su contenido. Tal como lo dijo Maqueda, ex ministro de la Corte, la prohibición de censura es absoluta, sin perjuicio de las sanciones posteriores que pudieran proceder. En tiempos normales no hay posibilidad legal de dejarla de lado. Distinto sería frente a un conflicto bélico, como ocurrió en diversas oportunidades aún en las democracias más consolidadas.

-              ¿Cómo se equilibra el derecho a la intimidad de un funcionario público con el derecho a la información de la ciudadanía? ¿La condición de “funcionaria pública” de Karina Milei cambia el análisis jurídico frente a este caso?

Los funcionaros públicos son los que se llaman políticamente expuestos, y por ende más susceptibles que sus acciones tomen conocimiento general. Por otro lado, los audios en cuestión no están referidos a su intimidad sino a cuestiones de mucho interés público. Pero aunque lo fuera, de la misma manera que un particular, no tiene derecho a exigir censura previa tampoco, con mucha mayor razón una funcionaria.

-              ¿Existen riesgos de que este tipo de decisiones abran la puerta a un precedente restrictivo para la prensa?

No creo que esa malhadada decisión de un juez -para peor, expuesto a presiones por su delicada situación al ser varias veces denunciado ante el Consejo de la Magistratura- influya en futuras restricciones. Máxime frente al enérgico repudio que recibió.

-              ¿Qué mensaje transmite al sistema judicial y a la sociedad que un juez adopte este tipo de medida cautelar?

Obviamente, un pésimo mensaje al apartarse abiertamente nada menos que de una cláusula fundamental de la Constitución Nacional, relacionada estrechamente con el sistema democrático.  Aceptar esta clase de medidas es renunciar conscientemente a la libertad de prensa, pieza fundamental de una república. Es totalmente contradictorio que quienes proclaman ser liberales, más aún libertarios –que no se sabe bien qué es y que no existe en ningún país-, se aparten de sus propios principios y requieran medidas de esa clase. Y lo peor, que encuentren un juez que las admite. En mi opinión, y más allá de las denuncias que ya tiene, esa sola resolución es motivo suficiente para ser sometido al Jurado de Enjuiciamiento.

-              Algunos sostienen que difundir estos audios podría afectar la privacidad o la seguridad de una funcionaria. ¿Qué le responde a ese argumento?

En nada afecta la privacidad o la seguridad, y aún si lo hiciera, se vuelve a lo mismo: no puede haber censura previa. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No debe permitirse que algunos sean más iguales que otros.

-              ¿Considera que este fallo se inscribe en una tendencia más amplia de intentos de control sobre el discurso público?

No creo que exista esa tendencia, y menos de parte del Poder Judicial. Hay que reconocer que en muchas ocasiones se pretendió avanzar en ese sentido, pues es natural al poder, mal ejercido, creerse omnipotente. Por otro lado, llama la atención lo siguiente: si no hay audio alguno que importe el reconocimiento de un delito, ¿por qué apresurarse a pretender prohibirlo? Entonces, habría que pensar lo contrario, con lo que la hermanísima se estaría autodenunciando implícitamente.

-              ¿Qué le diría a quienes piensan que la libertad de expresión puede ponerse en tensión con la gobernabilidad o la estabilidad institucional?

Que están completamente errados. Aceptar esa posibilidad sería renunciar nuestro sistema institucional.

 El escándalo de los audios del “spagnuologate” y los que permitieron conocer la voz de la secretaria general de la Presidencia primero generaron estupor en el gobierno nacional. Luego de varios días se diseñó una contraofensiva que, al menos en parte, consiguió que se hablara más de teorías conspirativas que de los supuestos hechos de corrupción. Claro que esas elucubraciones tuvieron sus bemoles. Algunas rozaron el disparate, otras se atribuyeron al trabajo de espías rusos y venezolanos que, con sorprendente libertad, se habrían manejado en las oficinas de la Rosada y la Cámara de Diputados y las últimas desembocaron en una presentación judicial que obtuvo una medida insólita censura previa.  La estrategia de calzarse los guantes surtió algún efecto. Empero, se mantienen las dudas sobre el supuesto entramado de coimas y aparecen interpretaciones que bien podrían servir como variables del berenjenal en el que se ha metido, por sus errores no forzados, el gobierno nacional.

Por un lado, la grabación de algunos audios demostraría un pase de facturas interno en las fuerzas libertarias más que una operación ilegal de una potencia como Rusia, especialista en colocar “topos” en las cloacales cañerías del submundo de la política. Los audios en los que hasta ahora se escuchó la voz de la hermana del presidente, podrían provenir de improvisadas maniobras de los que están molestos por el resultado de la rosca política. Se parecen, por momentos mucho, a la chapucería con la que actuaron los denominados “plomeros de la Casa Blanca” que, allá por comienzos de los años 70, urdieron un plan avalado por el entonces presidente estadounidense Richard Nixon, para colocar micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata ubicadas en el edificio de Watergate. 

Por el otro, se constata el derrumbe, al menos parcial, de la frase con la que Milei resumió lo que sería su programa de gobierno. Porque quedó rengo aquello del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Al menos en lo que a la libertad se refiere. Más precisamente a la libertad de expresión. La palabra censura aplica en toda su significación al insólito fallo de un juez muy cuestionado que ordenó “el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”, advirtiendo que esas grabaciones podrían afectar por su contenido, al que no ha tenido acceso, “la intimidad y el honor” de la secretaria de la Presidencia y “la seguridad institucional” del país.

Como no podía ser de otro modo, los más reconocidos constitucionalistas argentinos, independientemente de sus posiciones ideológicas o partidarias, cuestionaron con dureza la medida cautelar dispuesta por el juez Maraniello. Los argumentos son tan sólidos como prácticamente irrebatibles. Claramente viola el derecho a la libertad de expresión de la prensa y el derecho a la información de la ciudadanía.

Sonaría ingenuo sostener que lo ocurrido es una isla en un océano tranquilidad para el ejercicio del oficio periodístico en el país. Desde hace años, las técnicas de coerción y presión de la política hacia la prensa se hicieron más sutiles aunque manteniendo la pretensión de alcanzar un par de objetivos. El primero es el mismo de siempre: controlar la información que la prensa difunde. El segundo evitar cualquier escándalo que deteriore la imagen pública del gobernante. El problema es que el panorama se agravó pues, el temperamento presidencial inundó hoy de insultos el debate y el cinismo de las redes sociales es capaz de convencer de que siempre existió una costumbre desestabilizadora en los medios de información. Esto último es reminiscencia del kirchnerismo.

Por fortuna, en medio de la agitación política frente a las elecciones de mañana en la provincia de Buenos Aires y la incertidumbre financiera, un episodio anterior que intentó imponer censura previa volvió al presente. En 1992, la jueza federal María Servini -por entonces de Cubría- obtuvo un fallo para censurar la apertura del programa del recordado Tato Bores y evitar que se pronuncie su nombre. El genial humorista hizo colocar el cartel de “censura judicial” a las partes que la Justicia le impedía emitir. Y organizó luego uno de los momentos más sublimes de la historia de la televisión: destacadas personalidades de la cultura y el periodismo cantaron “la jueza Barú Budú Budía, es lo más grande que hay”.

Por este nuevo extravagante intento censurador, “el jefe” como la llama su hermano, se ha convertido en la “Barú Budú Budía” del siglo XXI. Y, reinstalando la idea de que en la Argentina todo puede cambiar en diez minutos, pero nada en varias décadas, 33 años después de aquella emisión de “Tato de América”, la original “Barú Budú Budía” sigue sentada en su despacho de jueza federal.

El director de la consultora Opinaia, Juan Mayol, reveló que el presidente Javier Milei cayó tres puntos en la medición de su imagen tras la filtración de los audios de ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo, quien denunció pedido de coimas de parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

“Venía con cierto deterioro en la imagen por distintas cuestiones, pero después del caso Spagnuolo detectamos una baja adicional de tres puntos. Medimos inmediatamente después de la difusión de los audios y nos dio ese valor”, reveló Mayol en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, aclaró: “Lo que vemos es un principio de estabilización en esos valores. No siguió cayendo. Todavía el gobierno enfrenta octubre con fortaleza, no como meses atrás, pero con una posibilidad de mostrar un triunfo en octubre”.

“La gran pregunta es, ese triunfo, ¿cuántos diputados y senadores va a traer? ¿qué porcentajes va a mostrar? Veíamos a principios de año una posible proyección, también considerando alianzas más amplias y demás del Gobierno arriba de los 45 puntos, y hoy ese escenario hay que descartarlo”, alertó.

Por su parte, el consulto planteó que considera que La Libertad Avanza esté “entre 37 y 41 puntos de cara a las elecciones de octubre”, aunque anticipó un posible triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses de septiembre. 

Asimismo, contó que el contenido de los audios impactó en las proyecciones electorales de la porción de votantes de La Libertad Avanza, lo que posibilitó a la oposición acortar la ventaja. “Previo a la filtración de los audios, lo que teníamos era una elección muy, muy, muy, muy ajustada. En esa medición teníamos, en el consolidado del peronismo, tres puntos arriba, por sobre La Libertad de Avanza, en un contexto de alta indefinición, y con a priori una predisposición a votar relativamente baja”, describió.

“En ese escenario, lo que veíamos es un peronismo ganando con una distancia bastante holgada, alrededor de 10 puntos en la Tercera Sección electoral, pero de todas maneras, vemos que el peronismo también está bastante deteriorado en su base de apoyo”, planteó, y sumó: “En la Primera Sección electoral veíamos un escenario parejo con cierta ventaja muy leve para Diego Valenzuela por sobre (Gabriel) Katopodis, y una perspectiva muy favorable en el resto de las elecciones”.

Sin embargo, detectó que el interior de la provincia, los intendentes pueden “llegar a diluir la ventaja del gobierno”, debido a su arrastre territorial. “La gestión provincial de Kicillof da 44%. La gestión del gobierno de Milei en el total provincial da 42%, pero la de los intendentes es de 55%”, ejemplificó. 

En un escenario que proyectaba polarizado, Mayol sorprendió al sostener que el Frente de Izquierda Unidad cuenta con números elevados para su base de votantes. “En la Tercera Sección electoral se va a estar presentando Nicolás del Caño por la izquierda, y nos estaba dando nueve puntos porcentuales. Los números que tiene Myriam Bregman en Ciudad de Buenos Aires para octubre son bastante llamativos. Hay que ver si después se corroboran”, planteó.

Por último, el consultor analizó todos los escenarios viables para el oficialismo de cara a los comicios provinciales, y planteó que si La Libertad Avanza pierde por más de cinco puntos será "una derrota", pero que si se mantiene en los márgenes de entre 0 a 5 puntos, será un resultado aceptable. 

“Entre cinco y cero abajo del peronismo, es un buen resultado para el gobierno. Todo lo que sea por encima de la línea de flotación, de cero puntos para arriba, de ganar las elecciones, aunque sea por cien votos, por un voto, es un éxito total considerando el contexto", afirmó Mayol, y concluyó: “Más del umbral de cinco a diez puntos, no creo que suceda, sería una situación catastrófica”.

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, conocido por su reciente fallo que prohibió la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, se encuentra bajo un intenso escrutinio al enfrentar nueve denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado.

Las acusaciones contra Maraniello, que le fueron notificadas la semana pasada, abarcan un amplio espectro de faltas, desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y violaciones al reglamento judicial. El magistrado tiene un plazo legal de veinte días para presentar su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.

La gravedad de las acusaciones llevó a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a solicitar la presencia policial permanente dentro del Juzgado desde septiembre de 2024, con el fin de preservar la integridad física y psíquica de los empleados.

Entre los testimonios más graves, una de las denunciantes relató haber sido abordada por el juez a menos de una semana de iniciar sus tareas. Mencionó que, por temor a perder su empleo, asistió a un encuentro fuera del horario laboral donde fue sometida a tocamientos y besos no consentidos, e incluso se vio obligada a mantener relaciones sexuales sólo para terminar con la situación.

Otra empleada denunció haber recibido mensajes a través de redes sociales por parte de Maraniello, observaciones reiteradas sobre su vestimenta y maltrato laboral después de rechazar pedidos personales. Los episodios incluyeron acercamientos físicos no deseados y comentarios fuera de lugar. Esta víctima informó que necesitó medicación para soportar el entorno laboral, experimentó episodios de depresión y pensamientos suicidas, y formalizó su denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.

La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem) intervino para tomar declaración en estos casos. Según la fiscal Mariana Labozzetta, los hechos podrían constituir delitos públicos debido a la condición de funcionario judicial de Maraniello, lo que llevó el expediente a la órbita de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.

Mientras tanto, la Comisión de Disciplina evalúa las pruebas y testimonios, considerando la aplicación de sanciones administrativas o, eventualmente, la derivación de los casos a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la remoción del juez. El gremio judicial remarcó que las entrevistas con empleados actuales y exempleados revelaron “más y más casos”, algunos de ellos en situaciones de particular vulnerabilidad.

La situación de Maraniello adquiere una capa adicional de complejidad al coincidir con su intervención en el escándalo de los audios de Karina Milei, hermana del Presidente. El juez dispuso que cesara inmediatamente la difusión de estos audios, un fallo favorable a Karina Milei que busca evitar nuevas filtraciones, al considerar que podrían perjudicar intereses estatales sensibles.

Paralelamente, el Gobierno presentó una denuncia judicial por la difusión de audios grabados ilegalmente a Karina Milei en la Casa Rosada. Presentada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, la denuncia sostiene que se trató de una “operación de inteligencia no institucional” destinada a desestabilizar al Ejecutivo y afectar el proceso electoral, calificándola de “maniobra golpista” y aludiendo a la participación de sectores de la oposición. La acción judicial solicitó incluso el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales.

El Ejecutivo interpreta que la difusión de los audios en un “momento estratégico” de la campaña para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y antes de los comicios nacionales, forma parte de una campaña de desinformación para influir en el electorado.

Fuentes internas del Gobierno reconocen preocupación por el impacto de la crisis, el efecto en la militancia y el riesgo de una profundización de la crisis política si el oficialismo no obtiene resultados favorables en las próximas elecciones. Atribuyen la filtración a una campaña deliberada para dañar su imagen, señalando la coordinación de sectores opositores en un contexto de incertidumbre económica y descoordinación interna.

Eduardo Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, se presentó este viernes por la tarde en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Franco Picardi para entregar su teléfono celular, en el marco de la causa que investiga la presunta red de coimas revelada en los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo.

Según supo Noticias Argentinas, Kovalivker, quien se encontraba prófugo de la justicia desde la semana pasada, llegó acompañado de su abogado, Martín Magram, y permaneció poco más de una hora en la fiscalía. Su entorno justificó su ausencia previa alegando que había sufrido un pico de presión alta.

La entrega de su dispositivo se suma a la de sus hijos, Jonathan y Emmanuel, quienes dirigen la compañía actualmente. Sin embargo, la investigación enfrenta un obstáculo tecnológico: la empresa israelí Cellebrite informó a la fiscalía que no dispone de la tecnología necesaria para destrabar el celular de Jonathan, un Samsung de última generación, que fue entregado sin la clave de acceso.

La presentación de Kovalivker se produjo el mismo día en que la Policía de la Ciudad realizó nuevos allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la sede de la droguería. Desde el lunes, tanto los empresarios como los exfuncionarios investigados, Spagnuolo y Daniel Garbellini, tienen sus cajas de seguridad bloqueadas por orden del juez Sebastián Casanello.

La droguería Suizo Argentina es una pieza central en la investigación, a raíz del audio en el que una voz, presuntamente de Spagnuolo, afirma: "La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’".

La confianza en los gobernantes es un elemento determinante para el éxito de cualquier gobierno democrático en cualquier parte del mundo. Porque la confianza no se impone, no se decreta: se construye. Es el cimiento que sostiene a las instituciones y otorga previsibilidad política y económica.

El desapego evidente entre la vida política y las preocupaciones de la ciudadanía es una realidad que demuestra la debilidad de este insumo esencial. El reciente escándalo de los audios de Spagnuolo, que revelan presuntas coimas en un área tan sensible como la atención a la discapacidad pone en jaque y amenaza con derrumbar el relato anticasta y anticorrupción del mileísmo. La reacción oficial -estupor, largo silencio, negación, atribución de culpas ajenas, acusaciones cruzadas y teorías conspirativas- repite el libreto clásico de la política acorralada.

 Las teorías conspirativas se esparcen. Son, entre otras variables, la consecuencia de que el sistema de inteligencia es, desde hace mucho tiempo, un hormiguero pateado. Las flechas viajan en todas las direcciones. La confusión se acrecienta. El cinismo político refuerza el deterioro.

 Desde el kirchnerismo se celebró el desconcierto oficialista como prueba de que la promesa de terminar con la corrupción era falsa. La conclusión es brutal en su simpleza: todos son iguales. Es la estrategia de igualar hacia abajo. Sin embargo, el cálculo político puede ser un búmeran: si el gobierno pierde votos por corrupción, difícilmente éstos irían a parar a las huestes kirchneristas, afectadas por las mismas sospechas y varias comprobaciones.

 Desde el oficialismo se afirma que el escándalo no tendrá incidencia electoral. Y que la elección del domingo próximo en Buenos Aires será pareja, mientras que en octubre se prevé un triunfo libertario contundente. En este punto, los gobiernos menemistas y kirchneristas son ejemplos que demostrarían que, si el bolsillo no está afectado, la corrupción tiende a pasar a un segundo plano. ¿Se repetirá esta situación? La apuesta del gobierno a que la ruleta electoral les brinde un pleno es, por lo menos, osada.

 En este contexto, admitiendo la tesis de que puede ser probable que el audiogate no impacte en los guarismos de las próximas legislativas, puede advertirse, no obstante, que está dejando huella en lo que el gobierno consideraba una fortaleza: la confianza de la sociedad.

El filósofo coreano Byung-Chul Han explicó en su libro La sociedad de la transparencia: “En una sociedad que descansa en la confianza no surge ninguna exigencia penetrante de transparencia”. Pero no vivimos en esa sociedad: “La potente exigencia de transparencia indica precisamente que el fundamento moral de la sociedad se ha hecho frágil”. sostiene. En la Argentina, esa fragilidad se ha convertido en regla. No se exige transparencia porque se confía, sino porque no se cree.

El panorama electoral, especialmente en la provincia de Buenos Aires, refuerza la sensación de comedia de enredos con candidatos testimoniales que autoperciben populares, pero solo buscan preservar privilegios. En paralelo, la violencia vuelve a emerger como herramienta política: piedras, agresiones, denuncias y acusaciones cruzadas reeditan un juego peligroso que la historia argentina ya conoció en versiones más trágicas.

Refiriéndose a la actualidad conflictiva de la política española, el escritor Javier Cercas, en un artículo publicado en La Nación, lanzó una advertencia que parece escrita para la realidad argentina: “¿Son conscientes nuestros políticos del riesgo palpable que corremos o, cegados por el sectarismo patológico de los partidos y la lujuria del poder, no ven más allá de sus propios intereses?”. Y añadió: “Urge un revulsivo y quizá, antes que político, ese revulsivo debería ser moral: tal vez habría que restaurar el vínculo roto entre moral y política, abolir el prestigio repugnante del cinismo y devolverle a la política la limpieza y el idealismo que nunca debió perder”.

 Quizás no sea la única causa, pero la tensión preelectoral que impide el debate y habilita la violencia deriva de la actitud de quienes, en la política, no ven más allá de sus propios intereses. Lo que asfixia es la pérdida del sentido moral y, con ello, el crecimiento de la desconfianza y la irritación ciudadanas.

 Precisamente, “La gran irritación” es el título del último capítulo de La montaña mágica, novela en la que el alemán Thomas Mann hizo una profunda crítica de la Europa de principios del siglo XX, reflejando el surgimiento de las fuerzas totalitarias. En el final del libro, -ante la inminencia de la guerra- se pregunta: “¿Dónde estamos? ¿Dónde nos han transportado los sueños?”.

Interrogantes que bien pueden graficar el actual panorama político.

 El escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sacudió el escenario político argentino y también impactó en Córdoba. Los audios difundidos, en los que el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, habría señalado maniobras vinculadas a funcionarios nacionales y apuntado a la hermana del presidente, Karina Milei, abrieron una investigación judicial y profundizaron las tensiones internas en el espacio libertario.

En este marco, Germán Cassinerio, candidato a diputado nacional por el Partido Libertario en Córdoba, que competirá en las elecciones legislativas del 26 de octubre por fuera de La Libertad Avanza, buscó marcar una diferencia clara respecto del oficialismo. En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, remarcó la necesidad de que la Justicia avance sin condicionamientos y dejó definiciones que lo distancian de la conducción política nacional: “Si la Justicia tiene que investigar, celebro que lo haga. Ojalá que paguen absolutamente todos los que hayan tenido que ver con una estafa, si la hubo”, expresó.

Desde este diario se intentó obtener la versión de dirigentes de LLA sobre el caso ANDIS, pero declinaron hacer declaraciones alegando compromisos de agenda.

Cassinerio, de trayectoria liberal y con un discurso centrado en la transparencia, reconoció que este caso expone el desafío de gobernar con un entorno político que, según sus palabras, no siempre refleja la coherencia que debería sostener un proyecto que nació con la promesa de barrer a la casta. “Javier Milei es una de las personas más honestas que conozco. El problema está en su entorno. Yo lo vengo diciendo hace tiempo: no lo cuidan y no lo van a cuidar. Esa es la diferencia que tenemos con quienes hoy están al frente de La Libertad Avanza”, sostuvo.

El dirigente sanfrancisqueño fue categórico al mencionar nombres propios que, a su entender, contradicen el espíritu original del movimiento libertario. “Apellidos como Menem están muy presentes en el esquema de poder actual, y eso es un retroceso. Nosotros no seguimos apellidos, militamos ideas y principios. El liberalismo no nació con Milei y no puede reducirse a nombres propios. Si se levanta la bandera de la casta, no puede terminarse incorporando a la casta en todas las provincias”, apuntó.

Para Cassinerio, el avance judicial sobre funcionarios en ejercicio marca un punto de inflexión en la política argentina. “Antes no pasaba que la Justicia actuara sobre un gobierno en ejercicio. Eso ya es un cambio de época. Lo vimos con la condena a Cristina Fernández de Kirchner y ahora se vuelve a ver con este caso. Eso es lo que necesitamos: una Justicia que no mire a quién tiene adelante, sino que aplique la ley a todos por igual”, señaló.

 En esa línea, pidió que se esclarezca con la mayor celeridad posible el rol de Karina Milei y de quienes integran su círculo más cercano. “Lo importante no es si esto es una operación política, como algunos sugieren. Lo importante es saber si es verdad o no lo que dicen los audios, y si las personas que aparecen involucradas tuvieron algo que ver. Esa es la clave para recuperar la confianza ciudadana”, subrayó.

Consultado sobre qué actitud debería adoptar el Congreso  frente a esta situación, Cassinerio aseguró que su espacio acompañaría la creación de una comisión investigadora. “El Congreso no puede ser un espectador pasivo. Tiene que actuar y dar señales claras de que el control político funciona. No se trata de perseguir a nadie, sino de garantizar que la ciudadanía sepa qué pasó realmente”, indicó.

El dirigente agregó que la discusión no debería circunscribirse solo al caso de la ANDIS, sino abrirse a un abordaje más amplio sobre la transparencia en la gestión pública: “Quiero saber qué pasó con Libra, con PAMI, con ANSES y ahora con ANDIS. No podemos seguir mirando para otro lado. Si no purgamos a la Argentina de la corrupción, no vamos a tener nunca un país distinto”.

El Partido Libertario en Córdoba decidió no integrar las listas de La Libertad Avanza para las legislativas de octubre, lo que evidenció la fractura interna del espacio. Según Cassinerio, la decisión estuvo motivada por diferencias irreconciliables en la forma de concebir la política. “Nosotros no nos vamos a sentar en una mesa para recibir órdenes de Karina Milei o de operadores que no representan al liberalismo. No vinimos a ser un furgón de cola de nadie. Tenemos nuestras propias convicciones y eso es lo que vamos a defender en el Congreso”, afirmó.

En su visión, el liberalismo debe trascender la figura de Milei y construirse como un movimiento plural, con bases sólidas en las provincias. “El Presidente tiene todo nuestro respeto, pero el futuro del liberalismo no puede depender de los caprichos de un círculo íntimo. Si seguimos ese camino, corremos el riesgo de que la gente pierda la esperanza en un cambio real”, advirtió.

Más allá de las denuncias y la crisis política que atraviesa el oficialismo, Cassinerio insistió en que este es un momento clave para demostrar si las instituciones funcionan. “Lo que está en juego no es solo la credibilidad de un gobierno, sino la credibilidad de la política en general. Si la Justicia y el Congreso hacen lo que corresponde, la Argentina puede dar un salto de calidad en su vida institucional. De lo contrario, será una decepción más”, reflexionó.

 Y concluyó con un mensaje a los votantes cordobeses: “La gente no quiere más maquillaje ni falsas promesas. No quiere un populismo reciclado ni una casta que se disfraza de nueva. Quiere que se gobierne con coherencia, con transparencia y con ideas claras. Ese es el compromiso que asumimos con el Partido Libertario en Córdoba”.