Con una mezcla de entusiasmo y responsabilidad, Cristian Godoy asumió como nuevo presidente del Colegio de Abogados de San Francisco sucediendo a Alberto Arrieta e iniciando una etapa que, según sus propias palabras, lo encuentra con “buenas sensaciones”, aunque también con el lógico “nerviosismo propio de saber las dificultades” que implica conducir una institución con historia en la ciudad.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el flamante titular destacó que la nueva comisión directiva presenta una fuerte renovación: cerca del 70% de sus integrantes son nuevos, en un proceso que definió como “consensuado y tranquilo”. En ese marco, valoró el trabajo de las gestiones anteriores.

“Es un Colegio de Abogados que tiene ya muchos años de gestiones que han solidificado la institución”, remarcó Godoy. Y agregó que la entidad contó con dirigentes que dejaron una base sobre la cual continuar.

Actualmente, el Colegio – con sede en Bv. Roca 1119- reúne a casi 900 matriculados, un número que sigue en crecimiento y que refleja la amplitud de la profesión. “Es una carrera muy buscada que no necesariamente significa que terminen litigando”, explicó Godoy, al mencionar que muchos profesionales se desempeñan en ámbitos públicos, privados o empresariales.

En este contexto, uno de los principales desafíos será fortalecer el sentido de pertenencia entre los abogados. El presidente advirtió que los cambios tecnológicos en la profesión —como los expedientes digitales, cédulas electrónicas y audiencias virtuales— han reducido los espacios de encuentro. “Muchas veces al colega no te lo cruzás y no es hasta la audiencia. Tenemos la responsabilidad grande de ayudar a crear un lugar de encuentro inconsciente de los colegas para que nos podamos conocer y ver las caras”, indicó.

Entre los objetivos de su gestión, Godoy remarcó la intención de “seguir abriendo el colegio”, promoviendo tanto la participación como la capacitación. En ese sentido, hizo hincapié en la importancia de generar instancias de intercambio entre generaciones. “Que sea un lugar de encuentro para contar muchas veces los errores, no desde el lugar de la sabiduría sino cómo no hacer las cosas”, expresó.

Asimismo, aseguró que continuarán las acciones institucionales orientadas a la comunidad, en línea con lo realizado por las gestiones anteriores encabezadas por Arrieta y Mónica Gilli, de las cuales formó parte. “Lo que tenemos que hacer es fomentar y sumar más todavía esa dinámica”, afirmó.

Consultado sobre el presente de la profesión, Godoy consideró que existe un contexto complejo que no solo afecta a los abogados sino también a las asociaciones intermedias en general. En ese escenario, planteó la necesidad de fortalecer la voz institucional para defender los intereses de la colegiación y su rol como auxiliar de la Justicia.

Finalmente, dejó un mensaje dirigido a sus colegas: “Vamos a trabajar, amamos lo que hacemos, queremos la colegiación y queremos abrir el Colegio para la participación de todos”. Y agregó que el objetivo al finalizar su mandato será “dejar un colegio abierto” y la tranquilidad de haber dado “el 100%”, en una gestión que recién comienza pero que ya plantea un horizonte claro: más participación, más encuentro y una institución en permanente crecimiento.

En un contexto judicial complejo, Alberto Arrieta, presidente del Colegio de Abogados de San Francisco, expresó su preocupación por las vacantes en diversos fueros de la ciudad y la región, lo que impacta negativamente en el servicio de justicia.

En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, en el marco del Día del Abogado, celebrado cada 29 de agosto en homenaje a Juan Bautista Alberdi, Arrieta analizó la actualidad y desafíos de la profesión que reúne unas mil matrículas activas en el departamento San Justo. Advirtió que “la Argentina está perdiendo institucionalidad y respeto de la Constitución, lo que en definitiva afecta de manera directa al funcionamiento del sistema judicial”.

Reclamó que “se necesitan más jueces” y adelantó que desde el Colegio pedirán a la Provincia un relevamiento sobre las distintas jurisdicciones para “designar o crear los jueces que resulten necesarios”, porque lo contrario “atenta no solo contra la actividad que tienen que desarrollar los abogados, sino también contra los justiciables”.

-       ¿Cómo describiría el ejercicio de la abogacía en Argentina en 2025, marcado por la crisis económica y los cambios sociales e institucionales?

Es un momento difícil para la abogacía, en función de que los abogados no estamos exentos de la situación socioeconómica en general. Y desde el punto de vista institucional también estamos preocupados porque coincidimos con el miembro de la Corte, el doctor Juan Carlos Maqueda, cuando sostiene que la Argentina está perdiendo institucionalidad y respeto de la Constitución, lo que en definitiva afecta de manera directa al funcionamiento del sistema judicial.

-       ¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones de los abogados en su circunscripción?

Hoy lo que nos preocupa de manera mucho más sostenida es la cuestión operativa de los tribunales en la provincia de Córdoba. La provincia, mejor dicho el Tribunal Superior de Justicia, ha implementado el procedimiento oral en todos los fueros, principalmente civil, laboral y penal. Con la implementación del proceso oral nosotros estamos de acuerdo, porque confiamos en la inmediatez, más allá de que la celeridad del proceso también está garantizada. Aunque no podemos perder de vista lo que decía el profesor Jorge Clariá Olmedo, en el sentido de que mucha celeridad también atenta contra la seguridad jurídica. Esa es la razón por la que entendemos que algunas modificaciones, algunas adecuaciones habría que hacer al procedimiento oral, particularmente el civil.

Pero lo que nos preocupa es que hay juzgados en el interior de la provincia, por ejemplo en Morteros, Las Varillas y Arroyito, cuyos jueces de competencia múltiple tienen que implementar, por un lado, el proceso oral civil con audiencia preliminar y audiencia complementaria, pero al mismo tiempo también las audiencias de contacto, las de conciliación voluntaria, las de control jurisdiccional, las de otorgamiento de la libertad a una persona en prisión preventiva y todas las demás que se van generando. Si además se agrega que deben ser jueces de sentencia tanto en el ámbito laboral como en el penal, es imposible que un magistrado pueda tomar la totalidad de esas audiencias, estar al día en sus despachos y adoptar resoluciones con un contenido jurídico de calidad. El observatorio permanente del funcionamiento de la Justicia ya detectó una baja en la calidad de las sentencias dictadas por los tribunales del interior de Córdoba.

-       Van más rápidos los cambios que la disponibilidad de recursos. ¿Cómo afecta la sobrecarga judicial a la tarea profesional?

Hace muchos años lo habíamos advertido con el doctor Mario Perrachione: la implementación del proceso oral requería necesariamente que se dote de los recursos que necesita la Justicia para funcionar. En este caso particular, lo que se necesitan son jueces. El TSJ no los puede designar, los tiene que crear la Provincia. Por eso estamos trabajando para elevar una propuesta al Poder Ejecutivo a través de la Federación de Colegios de Abogados, solicitando un relevamiento de la situación en cada circunscripción y designar o crear los jueces que resulten necesarios.

En San Francisco, por ejemplo, los jueces de primera instancia, prácticamente colapsados, han pedido el relevamiento de la competencia en materia de concurso y quiebra. La idea es trasladar esa competencia a Córdoba capital, lo que significa que concursados, síndicos y acreedores deberían trasladarse 250 kilómetros. Ni hablar de lo que ocurre con Huinca Renancó. Pero esa sobrecarga en otros tribunales también decantaría en más lentitud. ¿Qué pasaría si los juzgados de Arroyito, Morteros y Las Varillas derivan la totalidad de las causas penales al juez de control de San Francisco? Colapsaría. Es un sistema de frazada corta: antes de poner en práctica los procedimientos hay que relevar y planificar.

-       ¿Qué impacto tienen los cambios normativos en la labor cotidiana de los abogados? ¿Considera que la abogacía está perdiendo prestigio social?

Yo no creo que el abogado pierda prestigio frente al discurso del Gobierno nacional sobre las incumbencias. Cuando se determine ese análisis se verá que es imposible sacar de la competencia de los abogados materias como sucesiones o divorcios, porque en la mayoría de los casos requieren intervención judicial. Será una solución parcial, que no evitará los costos de un proceso ni acelerará el trámite. También se planteó eliminar la matrícula o el sistema de registración de los escribanos, permitiendo a los abogados realizar tareas propias de ellos. Nosotros creemos que cuando un sistema funciona, lo que se necesita es acelerar los procesos, pero no afectar incumbencias profesionales. Me parece que este intento va a quedar en la nada.

“No creo que el abogado pierda prestigio frente al discurso del Gobierno nacional sobre las incumbencias. Es imposible sacar de la competencia de los abogados materias como sucesiones o divorcios”

-       ¿Qué lugar ocupa hoy la ética profesional en un contexto donde muchas veces se percibe descreimiento hacia la Justicia?

El funcionamiento de la ética profesional es indispensable. El ejercicio de la abogacía sin un tribunal de disciplina es inviable. Todas las profesiones tienen su tribunal de disciplina y es indispensable el control interno para que el ejercicio profesional se haga adecuadamente.

-       ¿El Colegio está desarrollando capacitaciones para que los profesionales se adapten a la digitalización de los procesos judiciales?

Nosotros venimos sosteniendo la necesidad de que el abogado se mantenga actualizado y se capacite porque los procesos hoy son mucho más vertiginosos. El abogado que no se actualiza pierde el tren. Por eso estamos haciendo muchas capacitaciones y lanzaremos nuevas conferencias de primer nivel.

-       ¿Qué cambios está generando la inteligencia artificial en el trabajo de los abogados? ¿Es una amenaza o una oportunidad?

La inteligencia artificial puede servir, pero hay que tener cuidado. Ya hubo un antecedente en Rosario donde un abogado fue sancionado por usar ChatGPT y presentar citas falsas. Puede orientar, pero no razona. Hay que controlarla. En nuestro Colegio estamos estudiando implementar herramientas que faciliten la tarea del abogado, no que lo reemplacen. Bien utilizada, la IA mejorará la calidad de los servicios profesionales, como ya ocurre en medicina o ingeniería.

-       ¿Qué cree que debería cambiar en el sistema judicial argentino para fortalecer el ejercicio libre e independiente de la abogacía?

Yo creo que hay un problema vinculado a la pérdida de institucionalidad. No se respeta la división de poderes. El Poder Judicial es un poco el hermano pobre de este trío. Los recursos y la posibilidad de que se desarrolle de manera independiente se ven afectados si no tiene presupuesto adecuado. Si fuera entendido como verdadero poder, debería contar con la misma fuerza y recursos, al menos proporcionalmente, que los otros poderes.

-       ¿Cuál es el principal desafío que tiene el Colegio de Abogados hacia adelante?

La especialización hoy es fundamental. La actividad clínica ha desaparecido del ejercicio y se impone especializarse en alguna materia. Las universidades y colegios dictan cursos, y el abogado debe seguir estudiando incluso más que al inicio de la carrera, pero en áreas específicas.

 “En nuestro Colegio trabajamos con la Comisión de Jóvenes Abogados y pronto lanzaremos un programa de inicio en el litigio. Lo principal que les diría a los jóvenes abogados es que deben capacitarse de manera permanente y especializarse para estar a la altura de las circunstancias en este escenario complejo”, dijo Albero Arrieta.

En el marco del décimo aniversario de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, el Colegio de Abogados de San Francisco organiza una capacitación presencial titulada "Obligaciones de dar sumas de dinero en el Código Civil y Comercial", que estará a cargo del prestigioso jurista Dr. José Fernando Márquez. El encuentro se llevará a cabo hoy viernes 27 de junio, a las 16.30, en la sede de la institución ubicada en Bv. Roca 1119.

Los cupos son limitados, por lo que se requiere inscripción previa a través de la Secretaría del Colegio o mediante el correo electrónico administracion@colegiodeabogados.org.ar.

El disertante cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional: es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, donde también obtuvo su título de abogado. Además, Márquez es Académico de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, y miembro activo de la Asociación Argentina de Derecho Comparado.

En el ámbito de la docencia universitaria, se desempeña como Profesor Titular por concurso de la cátedra de Derecho Privado VII (Derecho de Daños) en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, institución en la que mantiene una reconocida trayectoria.

La capacitación abordará aspectos centrales de las obligaciones dinerarias en el derecho privado actual, un tema de creciente relevancia para los profesionales del derecho, en especial en el contexto económico y judicial contemporáneo. La propuesta formativa representa una oportunidad inmejorable para actualizar conocimientos y compartir un espacio de reflexión jurídica con uno de los referentes más destacados del ámbito académico nacional.

El Colegio de Abogados de San Francisco, a través de un comunicado difundido el lunes por la tarde, se expresó sobre el conflicto gremial que atraviesa a los empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y que desarrollan sus tareas en la sede local de Tribunales. 

La misiva, firmada por el directorio de la entidad que nuclea a los abogados matriculados de la ciudad, expresa su preocupación por las medidas de fuerza que realizan los judiciales que ”impacta directamente en el acceso a la justicia".  

Además, aseguran que están abierto al diálogo con el objetivo de  “encontrar soluciones efectivas que garanticen la continuidad de los servicios judiciales, en resguardo de nuestra comunidad y del ejercicio de la profesión”.

COMUNICADO CONFLICTO GREMIAL - PODER JUDICIALCOLEGIO SAN DE ABOGADOS SAN FRANCISCO

El Colegio de Abogados de la ciudad de San Francisco expresa su preocupación ante el cese de actividades por parte de los empleados del Poder Judicial, situación que impacta directamente en el acceso a la justicia.Desde nuestra institución hacemos un llamado a la reflexión y al diálogo, e invitamos al gremio de los judiciales a mantener una reunión para plantear sus problemáticas. Nuestro objetivo es poder elevar conjuntamente sus reclamos ante la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, buscando promover instancias de acercamiento y encontrar soluciones efectivas que garanticen la continuidad de los servicios judiciales, en resguardo de nuestra comunidad y del ejercicio de la profesión.Quedamos a disposición para colaborar en todo lo que sea necesario.

EL DIRECTORIO

En 2025, el Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados de San Francisco continuará siendo un pilar fundamental para quienes requieren orientación legal pero no tienen los recursos para acceder a un abogado. María Emilia Pedrone, sultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados de San Francisco sigue ofreciendo su valiosa asistencia a personas de escasos recursos que necesitan orientación legal. Según María Emilia Pedrone, coordinadora del espacio, esta iniciativa responde a la necesidad de acercar el acceso a la justicia a quienes no pueden contratar un abogado.

“El consultorio jurídico es un instituto que funciona en el Colegio desde hace varias décadas y nosotros lo que hacemos es asistir jurídicamente a personas de escasos recursos económicos de la ciudad y de Frontera que necesiten el asesoramiento de un abogado y que no cuenten con los recursos para contratar uno. La idea es dar un primer asesoramiento jurídico a esas personas acerca del problema que les compete y ver si con ese asesoramiento logran solucionar el caso y, si no, recomendarles que se contraten un abogado porque, por ejemplo, ya tienen un juicio en curso y sí o sí necesitan contratar un abogado”, explicó Pedrone.

Este servicio tiene un fuerte respaldo legal, ya que la Ley 5.805 de ejercicio de la abogacía establece que los Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba deben ofrecer estos consultorios, asegurando así el acceso a la justicia para aquellos en situación de vulnerabilidad.

“Es un primer asesoramiento jurídico. Lo que nosotros no hacemos es patrocinar y tomar esos casos”, aclaró Pedrone, destacando que el propósito es solo ofrecer la orientación inicial necesaria para que las personas comprendan sus derechos y la mejor forma de actuar.

El consultorio, que funciona con un equipo de abogados que trabajan ad honorem, está abierto todos los martes de 11 a 12 en la sede del Colegio de Abogados, ubicada en Bv. Roca 1119. Para acceder al servicio, las personas deben solicitar un turno previamente, completando un formulario con sus datos personales en la sede del Colegio, de lunes a viernes, entre las 8 y las 13.

“Lo que hacemos es asistirlos y, de acuerdo al problema que tenga la persona, si necesita contratar los servicios de un abogado, ponemos a disposición el padrón del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción para que elijan uno o les sugerimos que busquen un abogado de confianza. Pero no asumimos la defensa de esos casos”, reiteró Pedrone.

Las consultas que recibe el consultorio abarcan una amplia gama de temáticas, aunque hay un enfoque predominante en cuestiones relacionadas con el derecho civil y de familia. “Recibimos muchas consultas sobre patria potestad, tutela, adopción, cuota alimentaria y régimen de visitas”, detalló la coordinadora. Además, se abordan temas de violencia familiar, que ha cobrado relevancia en los últimos años. “Nuestro rol es brindar una orientación jurídica inicial, informando a las personas sobre sus derechos y los pasos a seguir ante su situación”, añadió.

El abanico de consultas es diverso. “Las consultas son de todo tipo, en todos los fueros de la Justicia. Puede ser en lo penal, en lo civil. Asesoramos en todos los fueros. La realidad es que la mayoría de las consultas que evacuamos están vinculadas con cuestiones de familia, de alimentos de los hijos, de visitas y contactos con los hijos, de violencia familiar”, explicó la abogada.

Un tema recurrente en las consultas es la violencia familiar, un aspecto complejo cuando existen medidas como la exclusión del hogar. “Hay muchísimo que ocurre cuando hay una denuncia de violencia y hay una orden de exclusión del hogar. La persona queda desamparada, pierde el contacto con los hijos. Entonces, ahí les comentamos los pasos a seguir de cómo resolver la situación”, señaló Pedrone.

Otros casos frecuentes son los relacionados con cuestiones patrimoniales, como contratos de alquiler. “Hay personas que firman un contrato de alquiler en una inmobiliaria y no comprenden alguna cláusula, sobre todo por las cuestiones de actualización que están rigiendo ahora. Vienen al consultorio, nosotros les explicamos el alcance de ese contrato que firmaron y con eso pueden continuar”, detalló.

El equipo del consultorio está compuesto por abogados jóvenes y también por profesionales con más experiencia. “Está integrado por abogados noveles, o sea, jóvenes abogados, y también por abogados de más antigüedad en la matrícula. Entonces, hacemos un complemento entre ambos. Las consultas se evacúan con dos abogados”, explicó Pedrone.

El servicio no es limitado a una sola consulta. “La persona que viene interesada puede venir sola o acompañada, eso no es ningún inconveniente. Y les aclaramos que pueden volver a venir todas las veces que necesiten. No es que es una única vez”, afirmó.

Pedrone repasó los logros del consultorio a lo largo de los años. “La experiencia es muy positiva, con los resultados, porque estamos notando que muchas veces con la consulta que evacúan en el colegio ya pueden comprender el alcance de los derechos, la situación en la que se encuentran y lo pueden resolver solo con nuestro asesoramiento. Otras veces no, porque ya hay juicios iniciados, entonces les explicamos cuál es su situación actual y les aconsejamos que inmediatamente contraten un abogado. Pero siempre es muy positivo porque la persona se va de la consulta ya sabiendo los pasos a seguir”, afirmó.

Además, enfatizó la importancia de este servicio para la comunidad. “Es fundamental que la comunidad sepa que tienen un espacio donde recibir orientación jurídica. Desde el Colegio de Abogados es un deber que tenemos para con la sociedad brindar este servicio de asistencia jurídica para aquellos que lo necesiten”, expresó.

Para Pedrone, la vinculación del Colegio con la comunidad es uno de los mayores desafíos. “Nosotros en el Colegio brindamos muchos servicios, pero uno de los servicios que más vínculo nos da con la sociedad es justamente este, el asesoramiento gratuito”, concluyó.

En un contexto judicial cada vez más complejo, Alberto Arrieta, presidente del Colegio de Abogados de San Francisco, expresó su preocupación por las vacantes en diversas fiscalías de la ciudad y la región, lo que impacta negativamente en el servicio de justicia. El titular del Colegio advirtió que la falta de cobertura en puestos clave, como fiscales y asesores letrados, podría generar un retraso significativo en la tramitación de causas y una posible afectación en la calidad de las investigaciones.

Al comenzar el año 2025, San Francisco enfrenta una escasez crítica de fiscales. Entre las vacantes más destacadas, se encuentran la Fiscalía de Delitos Complejos, que quedó vacante tras la salida de Bernardo Alberione, y la Fiscalía de la 4ª nominación, luego de la jubilación de la fiscal Leonor Failla. Además, sigue pendiente la designación de un fiscal para el Fuero Antinarcotráfico, función que hasta su salida también desempeñaba Alberione y que hoy está bajo la responsabilidad temporal del fiscal Oscar Gieco, quien también está a cargo de la fiscalía 1ª.

“Estamos en una situación muy complicada porque San Francisco, con dos fiscales (Oscar Gieco y Silvana Quaglia), tiene que cubrir cinco fiscalías. Eso marca una urgencia por la designación de estos cargos”, señaló Arrieta en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO. Según el abogado, las vacantes son un problema crítico no solo para los abogados, sino también para la sociedad en general, que se ve afectada por la demora en la resolución de casos.

Además de las vacantes en las fiscalías, también se suman otras el ámbito de la asesoría letrada. Arrieta explicó que la ciudad tiene vacantes en este sector debido a que funcionarios como Lucio Sarnado, quien aprobó el concurso para trasladarse a Córdoba, dejarán su puesto, mientras que la asesora letrada de Las Varillas, Virginia de la Vega, también dejará su cargo tras obtener su traslado. “La situación es preocupante, especialmente en áreas como violencia de género, menores y causas relacionadas con víctimas que no tienen recursos económicos para contratar abogados privados. Esto genera un verdadero conflicto porque ni siquiera hay suficientes abogados para cubrir esos cargos”, afirmó Arrieta.

El presidente del Colegio de Abogados destacó el impacto negativo que estas vacantes tienen en la calidad y eficiencia del servicio judicial. “Uno de los principales problemas es la demora. Un solo fiscal para dos fiscalías no puede hacerse cargo de todas las causas con la misma eficacia que si tuviera otro funcionario a su lado. Esto, además, afecta la calidad de la investigación”, explicó. 

Por otro lado, Arrieta resaltó que la demora en la cobertura de vacantes no se debe a una falta de voluntad por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sino a los largos tiempos que lleva el proceso de selección de nuevos fiscales. “El proceso de convocatoria, corrección de concursos y la posterior designación puede demorar casi un año. Es un proceso que, aunque se realiza de manera automática, es demasiado largo”, expresó. Según Arrieta, esto obliga a buscar soluciones temporales, como la designación de fiscales reemplazantes, para al menos cubrir provisionalmente los cargos vacantes.

Consultado sobre el estado de las vacantes en el fuero civil, Arrieta aclaró que, en este ámbito, la situación es más favorable. “Los cargos en el fuero civil están todos cubiertos. La única vacante que persiste es la de una camarista laboral en los tribunales sanfrancisqueños”, dijo.

La situación en el ámbito federal es aún más grave, ya que el Juzgado Federal de San Francisco se encuentra sin juez ni fiscal. El juez Pablo Montesi falleció en 2024, y su puesto está siendo subrogado por Sergio Pinto, juez federal de Bell Ville. Por su parte, la fiscalía quedó vacante tras la destitución de Luis María Viaut, quien fue condenado por corrupción. La fiscalía está siendo temporalmente ocupada por la fiscal María Marta Schianni de Villa María.

“El fuero federal es mucho más grave porque no tenemos ni juez ni fiscal. Ya se abrió la inscripción para la designación de un nuevo juez, pero este proceso también llevará tiempo. Se deben cubrir tres cargos en la provincia, uno de ellos en San Francisco”, explicó Arrieta. En cuanto a la fiscalía, el Consejo de la Magistratura aún no ha convocado a concurso para cubrir el puesto de manera definitiva. 

Arrieta también hizo hincapié en los problemas que enfrenta el sistema judicial para cubrir las vacantes en los tribunales locales y federales. “El Tribunal Superior de Justicia realiza las convocatorias cuando se producen vacantes, pero el proceso de selección es muy lento. En el caso de los jueces federales, por ejemplo, el proceso de convocatoria será más rápido, pero en el ámbito provincial las demoras son considerables”, indicó.

El presidente del Colegio de Abogados destacó que uno de los principales retos es lograr una designación más ágil para evitar que los cargos queden vacíos por tanto tiempo. “Estamos trabajando en encontrar soluciones para acelerar los procesos de selección, pero por ahora la única opción es buscar reemplazantes temporales que al menos cubran las vacantes hasta que se resuelva el concurso”, añadió.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llevó al Congreso la llamada Ley Hojarasca, que incluye modificaciones a la ley de divorcio. La propuesta, impulsada por el presidente Javier Milei, busca permitir la disolución del vínculo matrimonial mediante un acto administrativo en el Registro Civil, siempre que ambas partes estén de acuerdo. Este cambio, argumentan sus defensores, podría generar un ahorro significativo de tiempo y costos, eliminando la necesidad de asesoramiento legal.

Actualmente, “el proceso de divorcio en Argentina es expeditivo y unilateral. Desde 2015, no se requiere la aceptación ni la justificación por parte de la otra persona, por lo que esta iniciativa no introduce nada nuevo y podría vulnerar derechos constitucionales”, señaló a LA VOZ DE SAN JUSTO Alberto Arrieta, presidente del Colegio de Abogados de San Francisco. 

El Código Civil vigente establece que las causas para disolver un matrimonio son: a) muerte de uno de los cónyuges, b) sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, y c) divorcio declarado judicialmente. La nueva ley agregaría el "divorcio en sede administrativa", equiparándolo a los efectos del divorcio judicial.

Este divorcio administrativo se llevaría a cabo únicamente a petición conjunta de ambos cónyuges, ante el oficial del Registro del Estado Civil correspondiente al último domicilio conyugal. Sin embargo, “el proyecto presenta falencias legales al no reconocer la naturaleza judicial del divorcio”, sostuvo Arrieta.

“El proyecto presenta falencias legales al no reconocer la naturaleza judicial del divorcio”

“El divorcio no es un trámite administrativo; ha sido regulado como un procedimiento judicial desde tiempos de los romanos. Pretender convertirlo en un trámite administrativo ignora derechos que pueden ser vulnerados”, expresó.

Las preocupaciones se centran en la falta de información que recibirían las partes involucradas. Por ejemplo, “¿quién informaría a la mujer sobre su derecho a una compensación económica o sobre la cuota alimentaria? Estos son derechos que requieren homologación judicial; sin esa validación, no pueden exigirse ni cumplirse”, indicó el abogado.

El enfoque del proyecto se limita a la disolución del vínculo matrimonial, sin considerar las consecuencias que esta disolución conlleva. Arrieta informó que “en la mayoría de los casos, las parejas que se divorcian tienen hijos o bienes en común, lo que requiere acuerdos sobre la repartición de responsabilidades y capital adquirido. El 99% de las parejas que llegan a un divorcio necesitan acordar un régimen parental para sus hijos y repartir bienes, y si estos acuerdos no se homologan ante un juez, la parte más vulnerable puede verse perjudicada”.

“El enfoque del proyecto se limita a la disolución del vínculo matrimonial, sin considerar las consecuencias que esta disolución conlleva”

Conforme avanza el proceso, “las partes podrían terminar requiriendo un procedimiento judicial para regular los efectos del divorcio, lo que contradice el objetivo inicial de simplificar el proceso. Es fundamental que los acuerdos post-divorcio sean homologados por un juez para proporcionar respaldo legal en caso de incumplimiento. Sin esta homologación, los acuerdos verbales carecerían de autoridad legal”.

“Preocupa que desde el Gobierno se desconozca la importancia de los procesos judiciales y se presente este proyecto como una forma de abaratar costos”

“La propuesta del Gobierno confunde a la ciudadanía, haciéndoles creer que el divorcio se resolverá simplemente en el Registro Civil. La realidad es que el proceso judicial será inevitable y tampoco se abaratarán los costos”, agregó Arrieta.

“Desde el Colegio de Abogados, expresamos preocupación por la falta de reconocimiento de la importancia de los procesos judiciales en este ámbito. Se está preparando un comunicado para rechazar formalmente el proyecto y se considera presentar una acción judicial para cuestionar su constitucionalidad, argumentando que esta medida no solo no resuelve problemas existentes, sino que también genera más confusión en la sociedad”, concluyó.

El Colegio de Abogados de San Francisco cuenta con un consultorio jurídico gratuito que, a pesar de funcionar desde hace varios años, busca ser más visible para la comunidad. La coordinadora del servicio, la abogada María Emilia Pedrone, explicó a LA VOZ DE SAN JUSTO que la decisión de dar mayor difusión a esta iniciativa se basa en la necesidad de acercar la asesoría legal a quienes más lo necesitan.

"El consultorio es un instituto donde las personas pueden evacuar sus consultas jurídicas, especialmente quienes no cuentan con recursos para contratar a un abogado", comentó Pedrone. La Ley 5.805 de ejercicio de la abogacía establece que es una función y deber de los Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba ofrecer estos consultorios, asegurando así el acceso a la justicia para aquellos en situación de vulnerabilidad.

El consultorio funciona con un equipo de abogados que trabajan ad honorem y atienden los días martes, de 11 a 12, en la sede del Colegio, en Bv. Roca 1119. 

Aquellos interesados en recibir asesoría deben acercarse personalmente para completar un formulario que es una declaración jurada, que incluye los datos personales y una declaración de ingresos. "Este procedimiento nos permite evaluar la situación de cada persona y asignarles un turno para que puedan plantear sus consultas", explicó Pedrone.

Las consultas abarcan diversas temáticas, aunque se centran principalmente en cuestiones de derecho civil y de familia. "Recibimos muchas consultas sobre patria potestad, tutela, adopción, cuota alimentaria y régimen de visitas", detalló la coordinadora. También se aborda la violencia familiar, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos. "Nuestro rol es brindar una orientación jurídica inicial, informando a las personas sobre sus derechos y los pasos a seguir ante su situación", añadió.

Cabe destacar que, si bien el consultorio ofrece asesoría, no puede representar a las personas en juicios. "Cuando una persona llega con una notificación de un juicio ya iniciado, les indicamos que deben contratar a un abogado y les facilitamos un padrón de los matriculados en el Colegio", aclaró la entrevistada. 

En caso de que alguien no pueda contratar un abogado, el consultorio realiza derivaciones a la Defensoría Pública de Tribunales provinciales, que asiste a las personas que cumplen con ciertos requisitos económicos. "Las consultas más comunes que recibimos están relacionadas con el derecho de familia, como problemas de vecindad y violencia familiar", agregó.

Pedrone subrayó la importancia de reactivar el consultorio y darlo a conocer, especialmente en un contexto donde muchas familias jóvenes se enfrentan a nuevos desafíos legales. "Es fundamental que la comunidad sepa que tienen un espacio donde recibir orientación jurídica", afirmó.

Para quienes deseen acceder al consultorio, es necesario acudir de manera presencial para solicitar el turno y completar la declaración jurada correspondiente. 

Cada 29 de agosto se conmemora el Día Nacional del Abogado. La fecha se fijó en 1958 para homenajear al abogado, político y jurista Juan Bautista Alberdi, conocido por ser el autor intelectual de la Primera Constitución y uno de los pensadores más importantes e influyentes del siglo XIX.

Precisamente, el festejo fue determinado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), en la fecha del natalicio del mencionado prócer argentino. En este marco, LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con el presidente del Colegio de Abogados de San Francisco, Alberto Arrieta, quien analizó la actualidad del ejercicio de la profesión.

“Es un día en el que los abogados nos despejamos de los atributos profesionales y aprovechamos para poder intercambiar cuestiones más personales”, dijo. Sobre la realidad, Arrieta manifestó: “En términos generales, el abogado no está exento de sufrir la crisis económica que atraviesa el país puesto que somos parte de la sociedad. Estamos trabajando mucho para acomodar algunas cuestiones relativas a la profesión”.

“No tengo conocimiento de que hayan cerrado estudios jurídicos pero sí hubo reacomodamientos que es algo que pasa siempre, de igual manera, estamos recibiendo reclamos sobre cosas que no funcionan adecuadamente por la crisis”, indicó. 

La tecnología avanza a pasos agigantados y desde el Colegio de Abogados se capacitan permanente para aggiornarse. “Hasta hace algunos años hablábamos de redes sociales y hoy ya estamos hablando de inteligencia artificial (IA). Hay cambios que son muy vertiginosos y tiene que haber mucha capacitación, no sólo en cuestión de derecho sino que también en manejos de las nuevas tecnologías”, señaló Arrieta.

A su vez, el titular del Colegio analizó el impacto de la IA. En este sentido argumentó: “La inteligencia artificial tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, hay un agravante y es que se puede sustituir identidades y te pueden hacer decir lo que vos nunca dijiste. Es algo que hay que controlar. En las próximas jornadas sobre Derecho Civil habrá dos temas relativos a la IA. No podemos llegar tarde con la regulación jurídica como nos pasó con Internet, tenemos que estar preparados”.

Con respecto a la virtualidad, Arrieta sostuvo que “con o sin pandemia, era un paso que la Justicia debía dar” y que es beneficioso para la práctica de la profesión. “La virtualidad en el sistema de administración de causas vino para quedarse, estamos tratando de mejorar el sistema porque hay que resolver algunas fallas. La presencialidad ha quedado reducida a las audiencias personales. Es cada vez menor la presencialidad. Con o sin pandemia hubiéramos llegado al mismo puerto. La virtualidad es mejor en algunas cosas pero también tiene sus defectos. Los procesos judiciales tienen que tener sus tiempos, no lo puede imponer un sistema, no siempre la celeridad es la panacea del sistema judicial”, agregó.

Con el fallecimiento del juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, Arrieta aseguró que “no sólo se perdió un ser humano sino que también un puesto de relevancia para San Francisco. Es una vacante difícil de reemplazar”. 

Precisamente, días atrás el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres, visitó la ciudad para tomar contacto con funcionarios y empleados del Juzgado Federal y en entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO indicó que aguardan a que el llamado a concurso sea antes de fin de año, por lo que plantearán al Consejo de la Magistratura la rápida convocatoria para concurso para suceder a Montesi. Mientras tanto, explicó que vendrá un período de jueces subrogantes (por seis meses subrogará Carlos Ochoa, de Río Cuarto). 

“Todavía no lo podemos superar. Montesi era un funcionario con el que teníamos mucha relación. Era una persona que intentaba tener fluida relación con el Colegio de Abogados y con los profesionales. Estamos muy tristes, fue un balde de agua fría; para nosotros ha sido la peor noticia”, lamentó Arrieta.

Asimismo, compartió su preocupación para un buen funcionamiento de la Justicia Federal y señaló: “La Justicia Federal tiene un atraso superior al de la Justicia Provincial, hay muchos cargos que aún no están cubiertos. Cuando falta un funcionario con estas características no solamente se atrasa el funcionamiento del juzgado, sino que también se atrasa quien tiene que sustituirlo porque tiene una sobrecarga de causas. Indudablemente, habrá un retroceso en el funcionamiento de la Justicia, va a llevar un tiempo. Hay elevado contenido político en la designación del Justicia Federal puesto que lo hace la Poder Ejecutivo nacional. Será una pelea para que se cubran las vacantes”.

“Cada vez que se comete un delito hay dos víctimas, la víctima directa del delito y la sociedad" 

Con respecto a la virtualidad, Arrieta sostiene que con o sin pandemia era un paso que la Justicia debía dar y que es beneficioso para la misma. “La virtualidad en el sistema de administración de causas vino para quedarse, estamos tratando de mejorar el sistema porque hay que resolver algunas fallas. La presencialidad ha quedado reducida a las audiencias personales, es cada vez menor la presencialidad, con o sin pandemia hubiéramos llegado al mismo puerto. La virtualidad es mejor en algunas cosas pero también tiene sus defectos, los procesos judiciales tienen que tener sus tiempos no lo puede imponer un sistema, no siempre la celeridad es la panacea del sistema judicial”, agregó.

Finalmente, Arrieta reflexionó sobre los juicios por jurado que ahora también se implementan en la provincia de Santa Fe, sistema del cual Córdoba fue pionera, permitiendo la participación ciudadana en el juzgamiento penal. Lo consideró como algo muy positivo. “Cada vez que se comete un delito hay dos víctimas, la víctima directa del delito y la sociedad. La víctima del delito tiene su oportunidad de ser defendido pero también la sociedad necesita tener restablecimiento. Y los representantes de la sociedad que integran los jurados son los que mejor interpretan el contenido social o la secuela social que pudo tener ese delito. La participación de la sociedad es algo muy positivo”. 

De la mano de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba (FeCACor), el Colegio de Abogados de San Francisco llevará a cabo una interesante propuesta de formación académica: un curso virtual sobre Procedimiento Declarativo Abreviado por Audiencia Única (PDA) que rige desde abril de 2021 en el fuero laboral de la justicia provincial. 

El mismo está diseñado para abogados litigantes y público interesado en la temática. Contará con la disertación de jueces de Conciliación y Trabajo, funcionarios y referentes de la abogacía litigante laboralista de la provincia de Córdoba. Se extenderá certificado, material tratado y jurisprudencia.

El curso se dictará vía Zoom durante 6 miércoles consecutivos, a partir del 31 de julio, de 18 a 20. Tendrá un costo de $15.000 para los abogados colegiados y de $20. 000 para el público en general, que pueden ser auxiliares de justicia que no son abogados, peritos, etc. 

Desde el Colegio de Abogados destacaron la importancia de brindar a los profesionales formación continua acompañando los avances que en los últimos años hubo en el sistema judicial cordobés y en este caso, en el fuero laboral tras la implementación del PDA. 

“Uno de los disertantes será César Arese, ‘padre de la reforma’, principal promotor del PDA. También disertarán otros miembros del Poder jJudicial, profesionales litigantes. Por ejemplo, el juez de Conciliación de Bell Ville hará una bajada estadística sobre cuál fue El desempeño real de este procedimiento desde su aplicación, más allá de las intenciones y los fundamentos”, adelantó Enrique Pistone, del Colegio.

El abogado y profesor adjunto de la cátedra d Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de Uces San Francisco anunció además que “se analizarán los incisos de la nueva noma y sus variaciones respecto a la interpretación que hacen los jueces y lo que pedimos los abogados”. 

Por su parte, Cristian Godoy, también integrante de la entidad con sede en bulevar Roca, subrayó que “será un espacio común entre colegios de abogados de la provincia y el Poder Judicial de Córdoba”. 

Uno de los objetivos de la capacitación es “brindarles a los abogados más herramientas para la oralidad y el uso de la tecnología” que, según afirmaron a LA VOZ DE SAN JUSTO los entrevistados,  ayudaron a reducir la duración promedio de los juicios en materia laboral. 

“Luego de una introducción más general sobre qué se quiso hacer y cómo está funcionando el PDA, se abordarán los incisos, la parte procesal y la casuística”, explicó Pistone sobre la modalidad del curso. 

“La oralidad ayuda a resolver las cuestiones sin llegar a sentencia y por ello en el ámbito laboral tuvo un buen impacto”, acotó Godoy sobre esa reducción de los tiempos del proceso, que antes tardaba años en finalizar.

Pistone defendió el rol de los medios tecnológicos, porque “una de las cuestiones es que las audiencias orales en un Juzgado Civil son video grabadas y esto permite también que en las etapas posteriores los jueces que en instancia superior puedan acceder al contacto directo con la causa, algo que antes no era posible. Hay una modernización del sistema de justicia en general y para nosotros como profesionales es un desafío adaptarnos a estas nuevas tecnologías y métodos. Además, con roles de los jueves mucho más protagonistas que los abogados debemos acompañar”.

Los abogados celebraron que un gran porcentaje de las causas tramitadas a través del nuevo procedimiento terminaron mediante conciliación. Respecto a esa agilización, “por citar un caso, un juicio civil por un accidente de tránsito pasó de tres 4 años a un año o menos. Es un cambio muy importante que implica un gran desafío para nosotros los operadores jurídicos; estar a la altura y capacitados”.

“Será un espacio común entre colegios de abogados de la provincia y el Poder Judicial de Córdoba”. 

Otro de los propósitos del curso es “trascender San Francisco y conocer las experiencias de otras jurisdicciones”, dijo Godoy. 

 “Hay demostración estadística de cómo la oralidad y el proceso abreviado achicaron los tiempos de la justicia en los distintos fueros donde se aplicaron en comparación con el proceso ordinario -ratificó Pistone-. Esa agilidad de la administración de justicia no es solo una demanda de los abogados sino también a nivel social. La sociedad demanda mayor acceso a la justicia y tiempos más razonables, porque la justicia que llega tarde no es tal”, sostuvo. 

“La idea es que entre todos ayudemos a que haya un mejor servicio de justicia”, añadió su colega. 

“Los profesionales del derecho tenemos que estar siempre aggiornándonos y el lugar para hacerlo es el Colegio de Abogados, por ello desde el directorio se plantea estar permanentemente acompañando a los matriculados y escuchar sus necesidades y estas jornadas de capacitación, sin duda, son una buena oportunidad. Tenemos muy buenas expectativas en cuanto al nivel de convocatoria”, manifestaron.

“De alguna manera, hay una intención ‘federalista’ de FeCACor de acercar herramientas a los abogados del interior, de toda la provincia –siguió Pistone-. Esto se da en un contexto en que Córdoba está siendo pionera en reformas judiciales, tanto a nivel de tecnología como de procedimientos”. 

Las inscripciones para participar del curso virtual sobre Procedimiento Declarativo Abreviado por Audiencia Única (PDA) están abiertas y pueden realizarse a través del siguiente correo electrónico: CursosFecacor@gmail.com. 

Con la premisa de la capacitación para garantizar una mejor accesibilidad a la Justicia a la comunidad, Alberto Hernaldo Arrieta, asumió el viernes pasado como presidente del Colegio de Abogados de San Francisco.

Actualmente se encuentran colegiados cerca de mil profesionales de la ciudad y el departamento San Justo que enfrentan importantes desafíos en tiempos de crisis económica y cambios en el gobierno nacional, como por ejemplo la baja en la edad de imputabilidad en los menores. 

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, Arrieta analizó estos desafíos y destacó que la capacitación es fundamental porque el objetivo fundamental “es conseguir mayor accesibilidad a la Justicia”.

Analizó que San Francisco y el departamento de San Justo “en términos generales tiene una buena operatorio judicial, hay muy buenos magistrados, muy buenos funcionarios y muy buenos empleados que tratan en todos los casos de facilitar el manejo operativo de la de la actividad diaria. San Francisco siempre ha sido considerado una isla dentro del sistema judicial porque hay un adecuado funcionamiento de la totalidad de los organismos que dependen directa o indirectamente de la justicia”.

En los tribunales de San Francisco generalmente “la respuesta de la Justicia es buena, no obstante, existen atrasos en distintos fueros. Indudablemente hay que tratar de ver la manera de implementar modificaciones que permitan a adelantar esos términos porque sigue habiendo algunas demoras que perjudican no solo en la actuación de los profesionales, sino también la solución de la gente acude a tribunales para poder resolver sus problemas”.

El presidente del colegio afirmó que los abogados “no estamos ajenos a la crisis que se vive y tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad de trabajar para poder conseguir la mayor accesibilidad a la Justicia para los que necesitan de este servicio y a su vez para aportar con nuestro trabajo las leyes que permitan esa accesibilidad y que satisfagan las expectativas que tiene la sociedad en materia judicial que no es ni más ni menos que conseguir la paz social”.

Consideró que actualmente la sociedad “tiene una expectativa de respuesta por parte del sistema judicial que actualmente no está siendo satisfecha porque intervienen distintos factores que afectan la celeridad. Hoy la informática y la tecnología hacen que todo suceda mucho más rápido, la exacerbación de la litigiosidad ha colapsado los tribunales y los jueces no encuentran la forma sin infraestructura suficiente para poder evitar los cuellos de botella que se producen en sus juzgados”.

“Para poder dar respuesta a eso, los abogados tenemos que trabajar en la mayor capacitación –remarcó- para estar a la altura de los acontecimientos y en segundo lugar tratando de colaborar con las autoridades judiciales a los fines de implementar un sistema que sea mucho más abarcativo y mucho menos engorroso para facilitar el acceso a la justicia”. 

Afirmó que probablemente “no resolvamos la cuestión relativa a la memoria del sistema judicial, eso es histórico, desde la antigüedad la sociedad se queja de que la justicia no llega a tiempo. Pero lo importante es que podamos satisfacer las necesidades más urgentes de la manera más rápida posible y en eso tenemos que trabajar mucho desde el conocimiento desde la capacitación. Con una mayor capacitación vamos a estar a la altura de darle respuesta a quienes acudan a la consulta”.

Al respecto Arrieta recordó que el colegio de Abogados cuenta desde hace varios años con un Instituto de Estudios Jurídicos y remarcó que la idea “es reforzar la actuación de ese instituto y crear nuevos institutos para poder estudiar la situación de cada fuero en particular y de ese modo tratar de generar una especie de Escuela de Formación Profesional, que no esté dirigida solo a los nuevos abogados sino también a profesionales con experiencia, para que se encuentren a la altura de los cambios que se vienen produciendo, en algunos casos nada más que con acordadas sin modificar los códigos de procedimientos” 

“Queremos que los profesionales estén en conocimiento de estos avances y que puedan de esa manera ejercer mejor la profesión”, dijo.

El letrado remarcó que además de generar capacitaciones específicas con estudios de posgrado y diplomatura, desde el colegio “nos vamos a poner a disposición de todos los jueces de todos los tribunales e incluso del Tribunal Superior de Justicia a los fines de colaborar en lo que necesiten para tratar de mejorar el funcionamiento del sistema judicial. No tenemos que estar enfrentados ni considerar adversarios a los que están del otro lado de la barandilla sino que por el contrario”.

“Como auxiliares de Justicia tenemos la responsabilidad y la obligación de tratar de que las cosas funcionen de la mejor manera posible, así que nos vamos a entrevistar con todos los jueces que existan en nuestra circunscripción a los fines de ponernos a disposición de ellos en todo cuanto pudiéramos colaborar”, afirmó. 

Por otro lado, dijo que en este nuevo período que comienza al frente del Colegio, el objetivo “también es reforzar el consultorio jurídico gratuito ya que son muchas las personas que no alcanzan a satisfacer sus consultas con las asesorías letradas que funcionan y están abarrotadas de trabajo. Muchos no tienen accesibilidad económica a la Justicia y con la mera consulta la gente ya se tranquiliza o sabe a lo que se tiene que enfrentar y eso le da un margen de seguridad”.

Con respecto a los cambios que se plantean desde el gobierno nacional en cuanto a bajar la edad de imputabilidad, Arrieta consideró que desde “el punto de vista personal entiendo de que es necesario bajar la imputabilidad en función de que quien cometa de litros de mayores, requiere una atribución de responsabilidad de mayores”.

“Lo que pasa es que no se soluciona el problema nada más que bajando la edad de imputabilidad, hay que ver qué es lo que se hace con los menores a partir del momento en que se los puede empezar a detener y condenar por los delitos que se cometen”, afirmó.

Analizó: “Si se le permite a un menor de 16 años votar es porque tiene el razonamiento suficiente para poder elegir quién tiene que gobernar, entonces una persona de 17 de 16 años sabe lo que está bien está mal. Sabe que matar, robar o traficar está mal y por lo tanto no puede seguir siendo un sujeto sin responsabilidad penal”.

“Hay que ver hasta qué edad se baja la imputabilidad y también que se hace con los menores, por lo pronto no hay establecimientos penitenciarios ni siquiera para los mayores”, manifestó. 

Arrieta recordó que las causas del delito de menores “no es única influye la cuestión socioeconómica, la falta de educación, la situación de miseria por la que atraviesan un montón de familias. Todo eso si bien no se va a poder resolver con una ley, por lo menos sí se tiene que mitigar los efectos y las consecuencias para evitar que hoy siga siendo una característica especial el delito en los menores”.

El Colegio de Abogados de San Francisco tiene nuevas autoridades para el período 2024 - 2026. El Acto de Asunción de Autoridades se llevará a cabo en el Auditorio del Colegio de Abogados de nuestra ciudad.

El evento se llevará a cabo el día jueves 19 de abril a las 10:30 horas.

· Presidente: Mónica Raquel Gilli· Vicepresidente: Andrés Miguel Armando· Secretaria: Carolina Alejandra Fraire· Tesorero: Marcelo Alejandro Asan

Vocales Titulares:· Daniela Badía· Judith Melano· Horacio Marcelo Andreatta· María Celeste Peretti

Vocales Suplentes:· Cristian Alejandro Godoy· Juan Francisco Felizia· Carolina Mercedes Beltramino· María Elisa Cubría

· Presidente: Alberto H. A. Arrieta· Vicepresidente: Marcelo Alejandro Asan· Secretaria: Carolina Alejandra Fraire· Tesorero: Juan Francisco Felizia

Vocales Titulares:· Daniela Badía· Judith Melano· Horacio Marcelo Andreatta· María Celeste Peretti

Vocales Suplentes:· Cristian Alejandro Godoy· Andrés Miguel Armando· Carolina Mercedes Beltramino· María Elisa Cubría

La ceremonia también incluirá la asunción de las autoridades de las delegaciones de Arroyito, Morteros y Las Varillas.