El Gobierno nacional desreguló este martes los precios de las cuotas y matrículas de los colegios privados mediante la publicación del Decreto 787/2025 en el Boletín Oficial que insta a las instituciones a implementar su propia “política de precios”. La medida no provocaría ningún impacto en el sistema educativo cordobés que se rige a través de un régimen legal diferente.

El nuevo decreto deroga otro de 1993 que introducía regulaciones específicas para los aranceles y la comunicación de precios a los responsables de los alumnos. La norma complementaba el marco del financiamiento educativo establecido en 1991 con el Decreto 2542/91).

Ante esta modificación, y en medio de una etapa donde las instituciones definen el valor de sus matrículas para 2026, distintos referentes locales aseguraron al matutino La Voz del Interior que la reciente decisión del Gobierno nacional no producirá ninguna modificación en el sistema educativo privado cordobés.

La interpretación a nivel nacional de la norma es que el nuevo esquema regirá para colegios privados sin aportes estatales. Estas escuelas ya no estarán sujetas a la obligación de presentar proyecciones de aumentos ante el Estado antes de iniciar cada ciclo lectivo y podrán modificar sus cuotas durante el año.

La Ley Provincial de Educación 9.870 y la ley 5.326 de Funcionamiento de los Institutos de Enseñanza Privada son parte del marco legal que determina el sistema arancelario de los colegios privados en Córdoba, tanto de los que reciben aportes estatales, como de aquellos que no.

“En Córdoba siempre vamos un paso más adelante. Hace muchos años que las escuelas de gestión privada sin aportes del Estado tienen desregulado su sistema arancelario y las matrículas se definen entre la entidad educativa y las familias. Por eso esta medida nacional no tiene ningún impacto en nuestra provincia”, aseguró Luis Franchi, secretario de Educación de Córdoba.

En el caso de las escuelas de gestión privada, pero con aportes estatales, se fijan topes en el valor de las cuotas de acuerdo con el porcentaje de subvención con el objetivo de generar condiciones de accesibilidad a la educación pública.

“Las escuelas que tienen subvención pública no son reguladas por este decreto nacional, por lo que este cambio tampoco las afectará. Estos colegios continuarán con topes en el valor de sus matrículas y deben seguir informando los cambios arancelarios”, precisó Franchi.

En la misma línea. Javier Basanta Chao, presidente de la Cámara de Institutos Educativos Privados de Córdoba, sostuvo que la derogación del decreto 2.417 no debería afectar al sistema educativo provincial.

“En Córdoba se aplica un régimen diferente y los colegios que tienen aportes estatales deben presentar una declaración jurada a principios de año, a partir de la cual –de acuerdo a determinados parámetros y en función del porcentaje de aporte que reciben– se autoriza el incremento que pueden aplicar respecto al año anterior”, detalló.

Además, explicó que a lo largo del año se abren instancias de rectificación donde pueden nuevamente hacer una corrección de la cuota establecida al inicio del ciclo lectivo. Por el contrario aclaró que las escuelas sin aportes son libres de incrementar sus cuotas de acuerdo a sus requerimientos y a la modificación de sus estructuras de costo.

“A partir de 1995 esto se desreguló y se dio el manejo de la educación a cada una de las instituciones. O sea que son los Estados provinciales los que establecen de qué manera van a operar en determinados temas. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y la Provincia de Buenos Aires, siguieron utilizando la modalidad establecida por el decreto de 1993”, explicó Basanta Chao.

Florencia Cravero, presidenta de la Cámara de Colegios Privados de Córdoba (Cacpric) y representante de las instituciones cordobesas que no reciben aportes estatales, destacó la nueva medida como algo positivo.

“La normativa que teníamos era del año 1993, por eso creo que este nuevo decreto nos ayuda a avanzar porque moderniza un marco legal que había quedado antiguo frente a las necesidades pedagógicas y salariales que tienen las instituciones educativas hoy”, comentó. 

Según sostuvo, la normativa “reconoce la autonomía y libertad contractual” de los colegios privados para poder fijar sus políticas arancelarias. Esto, aseguró, lo seguirán haciendo bajo un “criterio de responsabilidad” que ya hoy se implementa.

“Hay que darle tranquilidad a las familias cordobesas, porque la situación no va a cambiar y la realidad local no se verá afectada. Recordemos que el sistema educativo ya había hecho una transferencia de las potestad a las provincias, por lo que ya tenemos un sistema descentralizado”, afirmó.

Desde la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (Jaec) afirmaron que la decisión del Gobierno nacional fue toda una “sorpresa” y esperan detalles oficiales sobre la aplicación o efectos que tendría a nivel local, aunque entienden que no habría efectos en el corto plazo.

“Las escuelas parroquiales tienen destinatarios específicos y se ubican en contextos sociales y geográficos determinados. Nuestros alumnos provienen de familias que han quedado debajo de la línea de la pobreza, sobre todo en el interior”, dijo Nicolás Bracciaforte, presidente de Jaec.

“Por lo tanto –aclaró–, aunque existiera una desregulación total, por opción no podemos cobrar una matrícula muy superior”.

Después de conocido el decreto desregulatorio, desde la asociación civil Familias por la Educación Córdoba expresaron sus inquietudes respecto a los efectos futuros de esta medida.

“Creemos que el principio de libertad contractual, o el derecho de propiedad de los establecimientos educativos que se subrayan en los considerandos del decreto no deberían importar un derecho absoluto que se encuentre en preponderancia respecto del derecho humano esencial que implica el servicio público de educación que brindan”, expresaron.

Subrayaron que su principal preocupación radica en que la libertad de las escuelas para “aumentar sin trabas” se traduzca en una “falta de libertad” de las familias para ejercer el derecho de elegir la educación para sus hijos, eliminando la posibilidad de escoger la escuela que la imparte.

La organización hizo hincapié en los efectos psicológicos, las dificultades académicas y los problemas sociales que podrían ocasionarse en los niños si por cuotas “imposibles de afrontar” debieran cambiar a sus hijos de escuela.

“También, pensar en el traslado de escuela, ya no, de un privado a un privado más barato, sino a un sistema público, nos invita a interrogarnos si este se encuentra en condiciones de albergar e impartir educación de calidad a una mayor cantidad de alumnos”, cerraron. 

El Gobierno derogó la norma que regulaba los aranceles de los colegios privados y las instituciones no tendrán que informar los valores de las cuotas y la matrícula con anticipación ni contar con el aval del Estado.

La desregulación del régimen de control sobre los aranceles de los establecimientos educativos de gestión privada, vigente hace más de 30 años, se dispuso mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La normativa derogó el Decreto 2417/1993 que obligaba a las instituciones educativas privadas a notificar a las familias el importe de la matrícula y las cuotas junto a la forma, el plazo de pago y los recargos ante el atraso en el cumplimiento.

Al argumentar la decisión, el Gobierno explicó en el texto oficial que la normativa eliminada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

En ese sentido, manifestó que el régimen “fue dictado en un contexto fáctico y normativo distinto al actual”, al precisar que “en aquel entonces la administración de la educación se encontraba bajo la órbita del gobierno nacional”.

Al respecto, señaló que “esta situación cambió a partir de la transferencia de esta competencia a las provincias, conforme al principio federal de nuestra organización constitucional, lo que justifica su revisión para adecuarlo al esquema actual de distribución de funciones”.

Asimismo, el Ejecutivo expresó que “la estructura de costos y consecuentemente de aranceles de la educación ha variado desde entonces, lo que también justifica la revisión del mentado decreto”.

Ante el descrito escenario, planteó que “la intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”.

En esa línea, aseguró que “dicha intervención, al exigir a los establecimientos la presentación de los montos de las cuotas y de la matrícula con anticipación, limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.

De esta manera, la administración de Javier Milei consideró que “el requerimiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.

En consecuencia, expuso que “este mecanismo de fijación de precios perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimientos de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.

Frente a dicho panorama, remarcó que “esta situación constriñe el derecho de propiedad de los establecimientos educativos, quienes, al ser entidades privadas, deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”.

Al mismo tiempo, el Gobierno argumentó que “el carácter predecible y fijo de las tarifas impuestas por el Estado puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente”.

En este contexto, afirmó que “el principio de libre contratación debe ser resguardado, permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.

El Gobierno anunció el inicio de la inscripción para el programa de Vouchers Educativos, que brinda asistencia a las familias con hijos en edad escolar que asistan a escuelas privadas. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien precisó que la inscripción debe hacerse a través de la web www.argentina.gob.ar/vouchers-educativos.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, proporciona una subvención del 75% o más y una cuota máxima de $54.396, y cada voucher tiene un tope de $27.198 por hijo.

Las familias interesadas en acceder a este programa deberán completar un formulario disponible en argentina.gob.ar, desde el 3 hasta el 30 de abril. En este formulario se solicitará la inclusión del CBU donde se acreditará el dinero, así como la información del establecimiento educativo al que asisten sus hijos.

El beneficio consiste en recibir el 50% del valor del arancel de jornada simple, excluyendo actividades extraprogramáticas, correspondiente a mayo, junio y julio, basado en la cuota base de marzo de 2024. 

De acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Educación, se estima que cerca de 2 millones de estudiantes de más de 6 mil escuelas en todo el país podrían beneficiarse, siempre que sus padres tengan un ingreso familiar inferior a 7 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, según lo establecido en el Consejo del Salario.

A pesar de que a primera hora de la mañana la página web para solicitar el beneficio permanecía caída, el Ministerio de Capital Humano pudo regularizar la situación. Las redes sociales fueron foco de quejas de usuarios imposibilitados a realizar el trámite virtual.

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) resolvió adherir al paro de actividades decretado por la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) previsto para el próximo lunes en una medida que impactará en el normal inicio de clases en nuestra provincia.

Desde el sindicato de docentes de escuelas públicas aseguraron que “es un paro nacional votado en el congreso de Ctera y nuestro gremio adhiere”. 

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) se despega de la medida de fuerza por lo cual los trabajadores de la educación nucleados dentro de esta organización gremial acudirán a las aulas el próximo lunes a la espera de lo que suceda al día siguiente, martes 27 con una reunión entre CGT y el gobierno nacional.

En el mismo sentido, la secretaria general de Uepc delegación San Justo, Rafaela Ludueña, explicó a LA VOZ DE SAN JUSTO que “vamos a adherir” al paro del lunes mientras que, en paralelo, se encuentran realizando asambleas escolares para debatir la aceptación o el rechazo de la última propuesta de recomposición salarial ofrecida por el gobierno de Martín Llaryora.

En este caso, la entrevistada destacó que “los compañeros se encuentran realizando asambleas escolares resolutivas e informativas” a partir de lo ocurrido en el plenario de delegados departamentales realizado el martes 20.

En esa fecha, según contó, “nos comunicaron a los delegados departamentales que había una propuesta y vamos a la asamblea para conocerla y empezarla a debatir. Fueron muchas horas de discusión y, por mayoría, se decidió activar los mecanismos de consulta porque queríamos que sean nuestros compañeros en las escuelas quienes decidan”.

A partir de allí, el gobierno provincial incorporó a la propuesta en debate el cierre de la negociación 2023. “Lo importante de esto es el reconocimiento de un pago que se propone trimestral entre febrero y abril. Además, la pauta salarial no se va a correr del 50 % de la inflación, pero nos tocan diferentes ítems en nuestro recibo de sueldo que incrementa un poco más” el haber.

Ludueña comentó que en la iniciativa unilateral del gobierno para con los docentes “nos incluyen un 10 % en concepto de ‘profesionalidad docente’ y un 4,6 % que queda como ‘adelanto por futuras negociaciones’. Ese porcentaje, si se acepta la propuesta, en febrero pasaría a ser bonificable y remunerativo impactando en zona desfavorable y antigüedad al igual que en nuestros jubilados”.

En medio de esta negociación entre Uepc y el gobierno provincial, la delegada departamental del gremio que nuclea a los docentes provinciales dijo que “estamos a la espera de que los compañeros resuelvan en las escuelas” por lo cual reiteró que el próximo martes “habrá una nueva asamblea resolutiva” en el ámbito departamental y al día siguiente, miércoles 28, “nos vamos a la asamblea provincial” como máximo órgano resolutivo donde se espera una definición respecto de la aceptación o rechazo de la propuesta de la Provincia.

En cuanto al paro decretado por Ctera para el próximo lunes, Ludueña comentó que “hemos decidido adherir a esta medida de fuerza porque Uepc es Ctera y para eso estamos organizando la movilización que se desarrollará el lunes a las 10 en Córdoba”.

Habrá una movilización en la capital provincial que partirá desde la sede de Uepc, sita en 25 de Mayo 427, donde se contará con la presencia de dirigentes sindicales de toda la provincia y otros tantos que provendrán desde distintos puntos de la geografía provincial. “Nosotros entendemos que será una marcha multitudinaria porque va por una merma del 10 % en nuestros salarios al no haber cobrado el Fondo Nacional de Incentivo Docente”.

Igualmente, Ludueña reconoció que “muchos compañeros están analizando” la adhesión a la medida de fuerza por el impacto que implica el descuento de un día de trabajo, “sobre todo porque llegar a fin de mes ya no es el día 30 sino que se acortó al 15 de cada mes y se hace muy difícil sostener un paro”.

Más allá del paro del lunes, desde Uepc las expectativas “están puestas en lo que pueda ocurrir el miércoles con la definición de nuestra situación”.

Contrariamente a lo dispuesto desde Uepc, en esta ocasión el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) no adhiere al paro docente dispuesto por Ctera por considerar que preferían estar a la espera de lo que ocurra en la mesa de diálogo convocada por el gobierno nacional para el martes 27.

Sadop es uno de los cuatro gremios que integran la CGT y que decidieron suspender la medida de fuerza a raíz de la convocatoria a paritaria del Gobierno. El resto de las organizaciones sindicales que siguen el mismo camino que los docentes particulares son la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

En este caso la secretaria de Acción Social de la seccional Córdoba de Sadop, Mónica Carrizo, manifestó a LA VOZ DE SAN JUSTO que “la idea de todos los gremios docentes nacionales era la de una jornada de paro el 26 pero el gobierno nacional llamó a una mesa de diálogo para el martes. Ante esto, los gremios que estamos adheridos a CGT decidimos suspender el paro debido a que no todas las provincias inician el 26 esperando la reunión del martes para ver si hay alguna posibilidad de acuerdo por diferentes cuestiones que se reclaman”.

“Vamos a esperar”, dijo Carrizo por lo cual reiteró que “no vamos a acompañar” lo dispuesto por Ctera aunque al mismo tiempo aclaró que “eso no quiere decir que no estemos en alerta y movilizados”.

El Gobierno prorrogó nuevamente la reducción de contribuciones patronales para los colegios privados hasta fin de año, a través del Decreto 134/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El beneficio impositivo, que se renueva todos los años, genera un importante alivio sobre las instituciones educativas de gestión privada, que este año tuvieron la incertidumbre de la permanencia del mismo por la demora del anuncio, en medio del cambio de Gobierno y de la implementación de políticas de ajuste generalizadas.

La tranquilidad llegó días atrás con la habilitación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la posibilidad para que los empleadores titulares de establecimientos de enseñanza privada puedan acceder a la reducción al presentar el formulario 931. En tanto que le oficialización de la continuidad del beneficio se hizo pública este jueves, en el documento que lleva la firma del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En el texto oficial, el Ejecutivo consideró “indispensable” prorrogar el plazo previsto en el artículo 24 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 27.541 hasta el 31 de diciembre de 2024, inclusive, que mantiene la exención del cargo establecido por dicha normativa, aplicando alícuotas diferenciadas en las contribuciones patronales de las escuelas de enseñanza privada.

La extensión de la dispensa tuvo en cuenta “que el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado por el componente salarial, en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales” y que en caso de autorizar la aplicación de la mencionada norma “produciría un incremento desmesurado en las contribuciones patronales a pagar por las instituciones a las que se hizo referencia”, según se expuso en el decreto.

Además, el documento oficial aseguró que el aumento “sería incluso mayor en jurisdicciones alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, ya que las reducciones de las que actualmente se benefician estos establecimientos difieren en las diversas áreas y regiones del país conforme a la normativa vigente”.

Al mismo tiempo, el Gobierno puntualizó que “la mayoría de los establecimientos educativos privados goza de aporte estatal, siendo estos financiados únicamente por las Provincias, en virtud de la transferencia de los servicios educativos a las jurisdicciones provinciales, atento lo establecido hace varios años por la Ley N° 24.049, el incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los docentes curriculares sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios”.

Asimismo, el Ejecutivo consideró que “en los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal, o lo reciba parcialmente, el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía”.

En el decreto, también quedó de manifiesto que “la elevación del nivel de contribuciones patronales que se produciría a partir del 1° de enero de 2024 agravaría el crítico contexto en el que las instituciones de que se trata se encuentran inmersas, repercutiendo en la economía de muchas de las familias que asisten a ellas, ya debilitada a raíz de las referidas medidas”.