Las amenazas de tiroteos en escuelas, replicadas en los últimos días en distintos puntos del país y también en San Francisco, no solo encendieron la alarma en la comunidad educativa, sino que dejaron al descubierto el fuerte impacto operativo y económico que cada caso genera para el Estado. En ese contexto, el comisario inspector Pablo Nieto, director de la Departamental San Justo de la Policía de Córdoba, puso el foco en la magnitud de los procedimientos y respaldó la decisión oficial de trasladar esos costos a los responsables.

Los mensajes, con frases como “Mañana, tiroteo. No vengan”, aparecieron en al menos tres instituciones locales y derivaron en intervenciones inmediatas. Aunque en todos los casos se trató de amenazas falsas, el protocolo obliga a actuar como si el riesgo fuera real. “No las podemos subestimar ni descartar. Trabajamos por protocolo, igual que con las amenazas de bomba, como si fuera un hecho real”, explicó Nieto a LA VOZ DE SAN JUSTO.

El jefe policial describió un despliegue que se activa desde el primer momento y que involucra a múltiples áreas. “Desde que se toma conocimiento, se activa un protocolo de seguridad que incluye servicios de emergencias, policía, guardias locales y unidades especiales como Eter (Equipo de Tácticas Especiales Recomendable) e Infantería”, detalló. Y agregó: “Tenemos que trabajar simultáneamente para confirmar o descartar la amenaza, lo que implica movilizar una gran cantidad de recursos”.

En términos concretos, el operativo en cada establecimiento no es menor. “Trabajamos con tres móviles por escuela, con un jefe de operativo, más un móvil de Investigaciones y una brigada”, precisó. A esto se suma el equipamiento específico ante la posibilidad de un tirador activo, como protección balística, escudos y unidades tácticas preparadas para intervenir.

“Mover móviles, movilizar servicios especiales, alertar sistemas de emergencia, tener todo un equipo preparado para un caso que, gracias a Dios, fueron solo amenazas, tiene un costo importante”, subrayó. En esa línea, se mostró de acuerdo con la decisión del Gobierno provincial: “Corresponde que se haga un resarcimiento y que los responsables se hagan cargo de los gastos”.

Córdoba endurece medidas

La Provincia dispuso que los costos derivados de estos operativos sean reclamados a los padres o adultos responsables cuando los autores sean menores. La medida apunta a recuperar los recursos utilizados y a desalentar este tipo de conductas que alteran el funcionamiento escolar y generan temor en la comunidad.

“Hay una responsabilidad penal, pero también una responsabilidad civil. Y corresponde el resarcimiento de los daños ocasionados”, sostuvo el comisario, al referirse al alcance de la decisión oficial.

Más allá del despliegue en territorio, el funcionario advirtió que la investigación continúa en el plano digital. “Esto no queda solamente en una broma o en un reto. Tenemos que investigar qué hay de fondo, quién está detrás, qué organización o qué red está influenciando a los chicos”, señaló. En ese sentido, destacó el trabajo de la división de Cibercrimen para rastrear direcciones IP, dispositivos y posibles conexiones con redes que operan a través de plataformas digitales.

“Creemos que hay una autoría intelectual detrás de esto que motiva a los adolescentes a generar estas amenazas”, afirmó Nieto, al tiempo que remarcó que estos hechos constituyen delitos. “No son bromas. Son amenazas contempladas en el Código Penal y deben ser investigadas como tales”, insistió.

El fenómeno, además, abre un debate más amplio sobre el rol de las familias. El comisario fue enfático al advertir sobre la falta de control en el uso de dispositivos. “Hemos perdido como padres el control de nuestros hijos a través de la pantalla de un celular. No sabemos qué hacen, en qué sitios están o con quién interactúan”, expresó.

Nieto dejó un mensaje dirigido a la sociedad: “Es un tema que se tiene que tratar desde la familia, que es la primera sociedad. Lo que pasa ahí después se refleja en la comunidad”. También llamó a recuperar el diálogo cara a cara y a supervisar el uso de la tecnología en adolescentes.

Mientras la Justicia avanza con las imputaciones en San Francisco, el endurecimiento de las medidas en Córdoba busca no solo sancionar estas conductas, sino también desalentar su repetición. El costo de cada falsa amenaza, advierten desde la Policía, ya no será solo simbólico.

La política de seguridad que se aplica en el departamento San Justo atraviesa una etapa de consolidación marcada por dos ejes centrales: la disminución de los índices delictivos y la incorporación de nuevo equipamiento policial de letalidad reducida. Así lo aseguró el comisario inspector Pablo Nieto, director de la Departamental San Justo de la Policía de Córdoba, en una entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, donde remarcó que los avances responden a una reacción coyuntural ante reclamos sociales, pero sobre todo a una planificación sostenida y de carácter integral.

 “La incorporación de estas nuevas herramientas, que son las armas de letalidad reducida o menos letales, es indispensable para el trabajo policial”, explicó Nieto. En ese sentido, detalló que estos dispositivos vienen a ubicarse “entre lo que tenía antiguamente la policía para trabajar, que era la propia humanidad, desde la mano del efectivo, y el arma de fuego”, la cual —subrayó— “siempre debe ser el último recurso”.

 Según el jefe policial, la implementación de este tipo de armamento se inscribe dentro del protocolo de uso legal, racional y progresivo de la fuerza pública. “Tiene que haber una racionalidad y una proporcionalidad de la fuerza empleada de acuerdo a la resistencia que ejerza la persona que tiene que ser controlada o puesta a disposición de la Justicia”, afirmó.

 Nieto sostuvo que actualmente la departamental a su cargo cuenta con una variedad de herramientas menos letales que amplían el margen de acción del personal policial. Entre ellas mencionó pistolas y carabinas lanzadoras Byrna, dispositivos Taser, gas pimienta, bastones rígidos y otros elementos de control.

 “Hemos incorporado pistolas lanzadoras Byrna y carabinas lanzadoras Byrna, que disparan proyectiles mediante aire comprimido para repeler una agresión ilegítima, siempre bajo los principios de racionalidad, proporcionalidad y legalidad”, indicó. Y enfatizó que estas herramientas permiten intervenir ante conductas agresivas que ponen en riesgo la integridad física del personal policial, de la propia persona o de terceros, sin tener que recurrir al arma de fuego.

 “Siempre tenemos que tener en cuenta que al momento de actuar en todo procedimiento policial el valor supremo es la vida”, remarcó. “La vida es lo que tenemos que proteger, y para eso vienen todas estas herramientas que están entre medio de la mano del policía y el arma de fuego”.

 En la misma línea, dijo que el uso de la fuerza es escalonado y gradual, y que la utilización de un arma letal solo se justifica cuando existe una resistencia potencialmente letal y un riesgo concreto para la vida.

 Consultado sobre los resultados de esta política, Nieto fue categórico. “Totalmente, hemos visto un cambio muy marcado y muy notable”, afirmó. Según detalló, hoy el personal policial prácticamente no utiliza armas de fuego en procedimientos cotidianos, algo que —contó— representa un cambio sustancial respecto de años anteriores.

 “Antes, ante una situación riesgosa, el policía tenía como única herramienta el arma de fuego para defenderse. Hoy, entre la mano y el arma de fuego hay distintas herramientas que puede optar por usar según la resistencia o la conducta del ciudadano”, explicó.

 En términos estadísticos, el comisario informó que los números acompañan esta transformación. “Tenemos un índice comparativo del 2024 al 2025 con una reducción del 20% en la comisión de delitos. Eso es sumamente positivo y alentador”, señaló, al destacar que se trata de una comparación interanual.

 Nieto vinculó parte de esa reducción a los operativos interfuerzas que se desarrollan de manera sostenida. Indicó que, desde la creación del Programa de Seguridad Nacional y el convenio con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba en el marco del plan 90/10, se fortaleció la presencia territorial.

 “Parte de esta disminución del delito tiene que ver con la participación de las fuerzas federales, con más compromiso e involucramiento en el territorio”, sostuvo.

En cuanto a la distribución geográfica del delito, precisó que se trabaja con un “mapa de calor” que permite identificar las zonas y los tipos de hechos más frecuentes. “Nos sigue marcando sectores cercanos al límite interprovincial con Santa Fe y el camino interprovincial como puntos sensibles”, indicó.

 Respecto al perfil del delito, aclaró que en San Francisco no se detecta crimen organizado. “Notamos que el delito está más violento, pero no tenemos bandas organizadas ni delitos tipo comando”, afirmó. Según detalló, los hechos más frecuentes son hurtos, robos al boleo e ingresos domiciliarios aprovechando la ausencia de moradores y la falta de medidas de seguridad.

Nieto puso especial énfasis en el trabajo conjunto con el municipio y los vecinos. Recordó que la política de seguridad en Córdoba se rige por la Ley de Seguridad Pública N° 10.954, reformada en 2020, que define un sistema integral con múltiples actores.

 Sostuvo que la seguridad ya no es solo responsabilidad de la policía, sino que involucra al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al Ministerio Público Fiscal, a los municipios, comunas, consejos barriales, fuerzas especiales, servicios penitenciarios y agencias privadas.

En ese marco, destacó el rol del Centro de Atención Ciudadana de San Francisco, al que calificó como “modelo” a nivel provincial. Señaló que allí confluyen el 911, el programa Ojos en Alerta, el sistema de videovigilancia, los botones antipánico y otros dispositivos, además de la incorporación de drones y nuevos sistemas de comunicación. “Todo este trabajo mancomunado nos permite tener más recursos para dar respuesta a la sociedad”, aseveró.

En el marco de la modernización del equipamiento policial, el pasado lunes el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de la Policía de Córdoba, Marcelo Marín, encabezaron la presentación de nuevos recursos destinados a la fuerza. En la ocasión se exhibieron 300 cascos balísticos RB3 para investigaciones criminales, además de escudos de última generación, municiones y kits de gas pimienta.

 Uno de los elementos que despertó mayor interés fue la prueba de concepto de guantes con descarga eléctrica, una herramienta que el Ministerio de Seguridad analiza incorporar. Según se informó, este dispositivo apunta a brindar una alternativa adicional para la reducción de personas en procedimientos regulados por el protocolo de uso escalonado de la fuerza pública.

 Se indicó que esta tecnología busca ampliar las opciones de intervención del personal policial en situaciones complejas, minimizando riesgos tanto para los efectivos como para la ciudadanía.

 Desde el Ministerio de Seguridad provincial se remarcó que la incorporación de tecnología es una prioridad. “Es fundamental invertir en herramientas que permitan a nuestros efectivos intervenir en situaciones de riesgo, desde la fuerza física hasta el armamento de baja letalidad, dejando el arma de fuego solo para casos de extrema necesidad”, se señaló oficialmente.

 En ese sentido, se destacó que la Policía de Córdoba cuenta actualmente con el 100% de su personal capacitado y equipado con armamento menos letal. Además, se subrayó que, desde el inicio de la actual gestión provincial, se realizó una inversión histórica en capacitación y tecnología, incluyendo la adquisición de 25 mil armas menos letales que posicionan a Córdoba como referente regional.

 Al cierre de la entrevista, Nieto dejó un mensaje dirigido a los vecinos. Les pidió que confíen en la policía y que denuncien los hechos delictivos. “Vamos a estar trabajando siempre para brindar la tranquilidad y la paz que necesitan para vivir”, afirmó.

 “Que confíen, que llamen al 911, que se sumen a los programas de alerta comunitaria. Vamos a estar en el territorio, trabajando mano a mano con el vecino, porque la seguridad es una construcción colectiva”, concluyó.