“El niño de 4 que murió baleado horas atrás en medio de una emboscada contra su padrastro es una víctima más de, la irracionalidad y la brutalidad con la que los mercaderes de la muerte dirimen sus conflictos. Todos síntomas de una degradación sociocultural y económica que no encuentra piso”, se expresó en nuestra editorial hace pocas semanas. 

El asesinato de Zamir Gael Torres reunió todos los rasgos característicos de los territorios donde el narcotráfico ha echado raíces. Aunque se avanzó en la investigación y se detuvo a los presuntos autores materiales, la Justicia tiene el imperativo de esclarecer por completo este crimen atroz y juzgar a todos los responsables.

Pocas dudas caben sobre el trasfondo del hecho: otro episodio -uno más- enmarcado en la sórdida trama vinculada comercio ilegal de estupefacientes. Autores intelectuales, sicarios, armas pesadas, balaceras interminables, emboscadas, ajustes de cuentas son variables omnipresentes en todos los crímenes ligados al narcotráfico.

Tampoco es la primera vez que un niño se convierte en víctima de esta violencia que, desde hace tiempo, siembra sangre y horror. Pero, al menos en nuestra región, las balas que impactaron en el cuerpo de Zamir marcaron un límite, colmaron el vaso, atizaron la indignación ciudadana. Si al sinsentido de su muerte se le puede hallar un sentido, éste es el de constituir una bisagra definitiva. Un punto de inflexión para abandonar la desidia, las palabras floreadas pero vacías, las complicidades -corrupción incluida- y se abrace, con convicción, el único camino posible: el de la acción firme y contundente de las fuerzas de seguridad, la Justicia y todos los resortes del Estado.

Apenas unas horas después del crimen, se desplegaron importantes operativos en San Francisco, Frontera y Josefina. Móviles patrullando, allanamientos, detenciones, acciones de saturación: el movimiento fue visible y constante durante algunos días. Era lo esperable frente a una tragedia de esta magnitud. También es esperable -y necesario- que ese despliegue no sea efímero. Nada cambiará si estas acciones constituyen apenas una respuesta espasmódica para calmar el estupor de la opinión pública. 

A un mes del crimen, se suma otro hecho que hace de este caso un punto de inflexión: después de años de dilaciones, Santa Fe y Córdoba firmaron un acuerdo para crear la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad. Un organismo que compromete a ambas provincias a implementar políticas públicas conjuntas, compartir recursos, coordinar operativos y generar inteligencia criminal de manera integrada. En otras palabras, a superar de una buena vez los límites jurisdiccionales que impiden dar respuesta a delitos graves, en particular los vinculados con el narcotráfico, que desde hace tiempo se asentó en esta “triple frontera”.

Este acuerdo responde a un reclamo largamente sostenido por este medio, especialmente desde la creación de la Región Centro, hace casi 30 años. Sin embargo, hasta hoy, las iniciativas interprovinciales no pasaron de buenas intenciones plasmadas en actas o declaraciones. Es de esperar que esta vez la voluntad política se traduzca en resultados concretos: trabajo coordinado, superación de trabas burocráticas, investigaciones profundas, clausura efectiva de todos los puntos de venta de drogas y encarcelamiento de quienes integran estas organizaciones criminales, que incluso después de un crimen tan brutal, siguen amenazando, sembrando terror y disfrutando de una impunidad grosera y provocadora.

Desde una pared en barrio Acapulco, la figura de Zamir nos observa, nos vigila, nos interpela. Su muerte debe ser una bisagra. 

El asesinato del niño, ocurrido el 9 de julio en Frontera, sigue generando repercusiones políticas, judiciales y sociales. La Justicia avanza en la causa con detenciones, pericias y nuevas pistas.

Zamir tenía apenas 4 años. Murió tras recibir disparos cuando viajaba en auto con su madre y su padrastro por una calle de Frontera. El ataque también dejó gravemente herido a Braian “Peladito” Martínez (31). La brutalidad del hecho y su contexto obligaron a Córdoba y Santa Fe a sellar un acuerdo de cooperación inédito para enfrentar la violencia armada y el narcotráfico en la frontera interprovincial.

La Justicia sostiene que no fue un hecho aislado. La fiscal Fabiana Bertero , al frente de la causa junto a la Fiscalía Regional a cargo de Carlos María Vottero y la Policía de Investigaciones (PDI), investiga una emboscada premeditada vinculada a una disputa entre bandas. La familia del padrastro de Zamir ya había sido blanco de amenazas: en enero, su hermano Horacio “Totín” Martínez fue baleado y murió meses después. Desde entonces, eran vigilados y seguidos.

El 9 de julio, esas amenazas se concretaron con una emboscada que terminó en tragedia. La violencia venía escalando, y el asesinato fue su punto más brutal.

Hasta el momento hay tres personas detenidas por el ataque: Valentín Escobedo (23), Thiago Nicolás Medrano (20) y Matías Escobedo (29). Se busca a una cuarta persona, una mujer que habría participado activamente del tiroteo.

También fue detenido un joven de 26 años, A.T., conductor de un Volkswagen Vento blanco, que podría haber colaborado con la fuga de los atacantes. Se investiga si el vehículo, secuestrado para pericias, fue utilizado para trasladar al grupo armado tras el crimen. 

Rocío Funes, la mamá de Zamir, estaba en el asiento delantero al momento del ataque. Según su abogado, Federico Scarinci, les gritó a los atacantes que había un niño y pidió que no dispararan. No la escucharon. Su declaración fue fundamental para imputar a los sospechosos. “No fue un impulso. Sabían quiénes iban en el auto y aun así dispararon”, aseguró el abogado.

Las cámaras de vigilancia confirmaron el seguimiento previo del auto, y el vehículo de los agresores apareció incendiado cerca de Josefina.

El autor intelectual sería un interno de la cárcel de Cruz del Eje, apodado “Nano”, preso por narcomenudeo. “Pertenece a una familia conocida en el mundo del narcotráfico” de San Francisco, apuntó Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, y solicitó su traslado a una cárcel federal, ante el riesgo de que continúe operando desde prisión.

San Francisco, Frontera y Josefina forman un corredor urbano con fronteras legales difusas y creciente actividad delictiva. Zonas liberadas, búnkeres, amenazas y ataques son parte del día a día. Según el fiscal Vottero, “la violencia está íntimamente ligada al tráfico y consumo de drogas”, aunque aún se investigan los vínculos directos con el caso.

Tras el crimen, se firmó un convenio interprovincial que compromete a Córdoba y Santa Fe a trabajar juntos en seguridad. Una de las medidas más concretas es la designación de un fiscal para Frontera, cargo vacante desde 2022. “Queremos que viva en la ciudad, que conozca el territorio y sus problemáticas”, remarcó Vottero. Los pliegos ya fueron aprobados en la Legislatura, en tanto, la Corte Suprema debe tomar juramento en los próximos días. 

En el barrio Acapulco de Josefina, un mural recuerda a Zamir. La obra fue realizada por el artista Ramón “Monchito” Cortez, conocido por retratar historias de dolor y memoria en murales. Lleva la frase: “Zamir, un ángel que vino a enseñarnos el amor más puro y ahora nos cuida desde el cielo”.

La muerte de Zamir Torres, el niño de cuatro años baleado el pasado 9 de julio mientras viajaba con su madre y su padrastro por la ciudad de Frontera, sacudió profundamente a la región y encendió las alarmas en los gobiernos de Córdoba y Santa Fe. El ataque no solo dejó a Braian “Peladito” Martínez (31), pareja de la madre del menor, con graves heridas, sino que también puso en evidencia una escalada de violencia que venía gestándose desde principios de año.

"A Zamir se lo llevaron las bandas de narcotraficantes. Su muerte sacudió al país y por su memoria tenemos que poner un freno y no ser indiferentes ante estas situaciones", afirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, durante un megaoperativo interfuerzas previo al acto de firma del convenio interprovincial en San Francisco.

Mientras tanto, la fiscalía investiga como móvil del crimen una represalia ligada a una interna entre dos bandas narcocriminales. La pista principal señala que el ataque fue planificado y que el autor intelectual sería un interno de la penitenciaría de Cruz del Eje, oriundo de San Francisco. “Sabemos que pertenece a una familia reconocida en el ambiente del narcotráfico y por eso pedimos su traslado a una cárcel federal”, aseguró Quinteros.

El miércoles pasado, en la Tecnoteca de San Francisco, se lanzó oficialmente la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad. Allí, los ministros Pablo Cococcioni y Juan Pablo Quinteros rubricaron el convenio que compromete a ambas provincias a implementar políticas públicas conjuntas, compartir recursos, coordinar operativos y generar inteligencia criminal en conjunto.

“El convenio y la creación de un ente metropolitano interprovincial aportarán día a día soluciones en materia de seguridad para nuestra gente”, expresó el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, quien también reclamó “superar los límites legales que dificultan una respuesta eficaz frente a los delitos que se extienden a ambos lados del Camino Interprovincial”.

También participaron del acto los intendentes Oscar Martínez (Frontera) y Jorgelina Sicardi (Josefina), y demás autoridades provinciales, municipales, policiales y del Poder Judicial.

Cococcioni fue enfático: “Esto no puede ser solo una demostración de presencia. Vamos a crear mecanismos de trabajo conjunto para una presencia policial disuasiva, preventiva y dinámica. Vamos a ir contra el narcotráfico y el microtráfico desde la provincia de Santa Fe”, dijo el ministro de Seguridad santafesino.

Quinteros, por su parte, lanzó una definición contundente: “Por la memoria de Zamir Torres, tenemos que estar más firmes que nunca diciéndoles no, diciéndoles basta. Queremos que Córdoba y Santa Fe se hagan un solo nudo para decirle basta a este flagelo que es la droga”.

La falta de fiscales en ambos márgenes del Camino Interprovincial representa una traba institucional que la dirigencia política busca revertir. San Francisco no cuenta con fiscal federal desde 2022, cuando Luis María Viaut fue condenado por corrupción. Desde entonces, la Fiscalía Federal de Villa María subroga el cargo. La vacante del juez federal también sigue sin cubrirse tras el fallecimiento del juez Pablo Montesi en 2024.

Bernarte fue claro: “Necesitamos resolver los problemas jurisdiccionales y analizar la posibilidad de extender la jurisdicción del Tribunal Federal de San Francisco para poder investigar y actuar también en territorio santafesino”.

En Frontera la situación es similar. Desde que Nicolás Stegmayer dejó su cargo en 2022 para asumir como juez penal, no se designó un nuevo fiscal. “Esto significa un retroceso —reconoció el intendente Oscar Martínez—, porque todas las gestiones judiciales deben volver a Rafaela y los vecinos sienten que la justicia no entiende su realidad”.

Ante este reclamo, el ministro Cococcioni anunció que “ya se enviaron a la Legislatura 38 pliegos para cubrir vacantes en toda la provincia” y que uno de los subrogantes por circunscripción judicial será designado en Frontera. “Los pliegos ya fueron votados. Resta que la Fiscalía General y la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe tomen juramento y realicen la designación”, añadió.

La creación de un comando conjunto entre Córdoba y Santa Fe no solo busca enfrentar con mayor eficacia el narcotráfico y la violencia urbana, sino también sellar un compromiso político e institucional que supere las divisiones geográficas. “Así como nosotros cruzamos el límite entre San Francisco y Frontera todos los días, necesitamos que las fuerzas de seguridad y justicia también puedan hacerlo sin una pared cuando sucede un delito o para prevenirlo”, reclamó Bernarte.

El crimen de Zamir se convirtió en el catalizador de esta transformación. Hoy, con la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad en marcha, el desafío será sostener este impulso y convertir el dolor en políticas concretas que eviten nuevas tragedias.

La investigación por el asesinato de Zamir Torres apunta a un interno de la cárcel de Cruz del Eje, oriundo de San Francisco, vinculado a una familia narcocriminal de alto perfil. En la causa, encabezada por la fiscal de Rafaela Fabiana Bertero junto la Fiscalía Regional a cargo de Carlos María Vottero y la Policía de Investigaciones (PDI), hay cuatro hombres detenidos, pero todavía se busca a más involucrados. Entre ellos, a una mujer que habría estado presente en el momento del ataque y sería autora de disparos, según detalló Vottero: “Estamos trabajando para localizar e individualizar a la otra persona de sexo femenino que estuvo en la escena”.

La declaración de Rocío Funes, madre de Zamir, fue clave. Según su abogado, Federico Scarinci, “estaba en el auto, reconoció a los atacantes y les suplicó que no dispararan porque había un niño. No se detuvieron”. Su testimonio permitió identificar a dos de los hermanos imputados como autores materiales del hecho.

La justicia también investiga el uso de distintos vehículos en la emboscada. Al Fiat Cronos gris, hallado incendiado cerca de Josefina, días atrás se sumó la detención de un joven, A.T. (26), que manejaba un Volkswagen Vento blanco que podría haber sido utilizado para la fuga.

Por su parte, el juez Nicolás Stegmayer dictó prisión preventiva para tres de los imputados: Valentín Escobedo (23), Thiago Nicolás Medrano (20) y Matías Escobedo (29), considerados presuntos autores del delito de “homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego, y homicidio doloso calificado en grado de tentativa bajo las mismas circunstancias”. En paralelo, las cámaras de videovigilancia y los peritajes aportan elementos para reconstruir el recorrido y la planificación del ataque.

La querella insiste en que no se trató de un hecho impulsivo. “Esto no fue un impulso. Sabían perfectamente quiénes estaban en el auto y aun así ejecutaron la emboscada”, dijo Scarinci.

Con la presencia de autoridades de Córdoba y Santa Fe, este miércoles por la tarde se lanzó oficialmente en Tecnoteca la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad, un espacio de articulación estratégica que integrará a los municipios de San Francisco, Morteros, Marcos Juárez, Frontera y Josefina. La puesta en marcha de esta nueva estructura quedó ratificada mediante la firma de un convenio entre Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, y Pablo Cococcioni, su par de Seguridad y Justicia de Santa Fe.

Durante el acto, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, expresó que la creación de este organismo interprovincial “no tengo dudas que la firma de este convenio y la creación de un ente metropolitano interprovincial aportarán día a día soluciones en materia de seguridad para nuestra gente”. En su discurso, también hizo hincapié en la necesidad de superar los límites legales que dificultan una respuesta eficaz frente a los delitos que se extienden a ambos lados del Camino Interprovincial: “No puede ser que las fuerzas de seguridad nacionales lleguen hasta el límite del Camino Interprovincial y del otro lado haya que esperar que vengan desde Rafaela”.

La Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad fue concebida como un ente de cooperación interjurisdiccional, con el propósito de establecer una planificación común en materia de seguridad ciudadana, prevención del delito y fortalecimiento institucional. A través del convenio, se formaliza una alianza entre municipios y provincias para llevar adelante acciones coordinadas, tales como:

Además, se prevé que este nuevo organismo tenga un rol activo en el diagnóstico conjunto de las problemáticas de seguridad, incluyendo la elaboración de mapas de conflictividad urbana y social, así como la definición de estrategias operativas y preventivas comunes. También se promoverán capacitaciones compartidas, gestión de recursos tecnológicos y de comunicación, y se buscará armonizar legislación entre las dos provincias en temas de interés regional.

El intendente Bernarte remarcó la importancia de superar las barreras jurisdiccionales actuales: “Necesitamos resolver los problemas jurisdiccionales y analizar la posibilidad de extender la jurisdicción del Tribunal Federal de San Francisco para poder investigar y actuar también en territorio santafesino”. Y agregó: “En los últimos tiempos la problemática que más preocupa a todos los vecinos de este gran núcleo urbano es la seguridad”.

Por su parte, el ministro santafesino Pablo Cococcioni señaló que la iniciativa no debe ser una mera declaración: “Esto no puede ser solo una demostración de presencia: vamos a crear mecanismos de trabajo conjunto para una presencia policial disuasiva, preventiva y dinámica. Vamos a ir contra el narcotráfico y el microtráfico desde la provincia de Santa Fe”. Además, adelantó que “desde la provincia ponemos a disposición a nuestra Policía de Investigaciones y a la Guardia Provincial para custodiar accesos y fronteras terrestres”.

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En sintonía con su par santafesino, el ministro cordobés Juan Pablo Quinteros fue contundente en su compromiso con la lucha contra el narcotráfico: “Por la memoria de Zamir Torres, tenemos que estar más firmes que nunca diciéndoles no, diciéndoles basta”. En otro tramo de su intervención aseguró: “Queremos que Córdoba y Santa Fe se hagan un solo nudo para decirle basta a este flagelo que es la droga”.

También apuntó contra las estructuras que financian el delito: “Estamos dispuestos a cambiar todas las leyes que haya que cambiar para que podamos atacar el narcotráfico en el verdadero lugar donde duele: el lavado de activos”. Y cerró con una frase en tono enérgico: “Cuenten con nosotros, cuenten con el gobierno de la provincia de Córdoba porque tenemos lo que hay que tener y lo vamos a poner donde hay que ponerlo”.

Con esta alianza entre dos provincias y cinco localidades estratégicas, se abre un nuevo capítulo en la lucha contra el delito en la región. La apuesta es ambiciosa: articular esfuerzos, eliminar fronteras administrativas y coordinar una respuesta común frente a un problema que afecta por igual a ambos lados del límite.