Estefanía Gisel Ayala, de 30 años, fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por delitos cometidos con un arma de fuego en la ciudad de Frontera.

La sentencia fue dictada por el juez Javier Bottero al finalizar un juicio oral desarrollado en los tribunales de Rafaela. La investigación y la acusación estuvieron a cargo del fiscal Martín Castellano, integrante de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras conocerse el fallo, Castellano manifestó su conformidad con la resolución. Si bien señaló que aún no se conocen los fundamentos del juez, destacó que la condena se dictó en línea con las calificaciones penales planteadas por la Fiscalía durante la acusación y los alegatos.

Los hechos por los que fue condenada ocurrieron minutos después de las 16.30 del miércoles 8 de enero de 2025. Según informó el fiscal, Ayala efectuó dos disparos contra la fachada de una vivienda ubicada en Calle 5 al 100.

Luego se dirigió a otro domicilio, situado en Calle 54 al 100, donde volvió a disparar hacia el frente de la vivienda. Como consecuencia de uno de los disparos, una mujer que se encontraba en el interior recibió un impacto de bala en la pierna izquierda.

De acuerdo con la investigación, Ayala utilizó un arma de fuego de puño que no estaba legalmente autorizada a portar ni a tener. Además, tras retirarse del lugar a bordo de un automóvil, continuó realizando disparos en distintas direcciones mientras se alejaba.

El tribunal la declaró autora de los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y lesiones graves dolosas agravadas por el empleo de arma de fuego, imponiéndole una pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La Justicia de San Francisco condenó a dos de los acusados por el crimen de Diego Alejandro Cavalo, el hombre de 32 años asesinado en junio de 2024 en la ciudad de Arroyito, tras una madrugada marcada por amenazas, peleas y disparos en distintos sectores de esa localidad.

El juicio se desarrolló en la Cámara del Crimen de Tribunales de San Francisco y culminó con penas de 22 años de prisión para Daniel Alberto Almada y de 19 años para Jessica Reta, ambos encontrados responsables del homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Además, Sabrina Marlene Ruiz Díaz fue condenada a una pena de ejecución condicional por falso testimonio.

De acuerdo con la acusación, el episodio fatal ocurrió durante la madrugada del 23 de junio de 2024. Cavalo circulaba en un Chevrolet Corsa acompañado por otras personas cuando se produjo un cruce con los ahora condenados, quienes se movilizaban en una camioneta Amarok y una motocicleta.

La investigación sostuvo que previamente se habían registrado amenazas, intimidaciones y enfrentamientos en distintos puntos de Arroyito, entre ellos un boliche y la terminal de ómnibus. Según testigos, la camioneta cruzó un semáforo en rojo e impactó contra el automóvil de la víctima, lo que derivó en una discusión.

En ese contexto, Almada descendió armado con una pistola calibre 9 milímetros y efectuó varios disparos. Uno de ellos impactó en Cavalo y le provocó graves lesiones internas que terminaron causándole la muerte. La autopsia determinó que el disparo fue realizado a corta distancia.

Durante el juicio, tanto Almada como Reta reconocieron haber participado en los hechos. Él admitió haber portado un arma durante la noche, mientras que ella declaró que pensó que los disparos habían sido efectuados al aire y negó haber tenido intención homicida.

Sin embargo, las pericias psicológicas incorporadas a la causa concluyeron que ambos actuaron con plena capacidad de comprensión y con una conducta “impulsiva y premeditada”. Los informes también señalaron que no existían alteraciones psicopatológicas y que la agresión fue ejecutada con intención de matar.

La fiscalía sostuvo que la secuencia de violencia quedó registrada en cámaras de seguridad y que los hechos se extendieron durante varias horas hasta culminar con el asesinato de Cavalo, quien alcanzó a conducir herido hasta llegar a La Tordilla, donde finalmente murió.

CORDOBA (Corresponsalía)-. La sentencia por el caso Dimensión Cielo dejó mucho más que una resolución judicial. Después de semanas de testimonios, acusaciones cruzadas y relatos contrapuestos, el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba concluyó que existió una estructura de explotación laboral encabezada por el pastor evangélico y youtuber sanfrancisqueño Elías Argüello, quien deberá cumplir una condena de nueve años de prisión efectiva tras ser hallado culpable del delito de trata de personas agravada.

El fallo también condenó como partícipes secundarios a Daiana Herrera, pareja de Argüello, a cuatro años de prisión; a Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”, a cuatro años y a Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, a cuatro años de prisión. En tanto, Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”, fue absuelto.

Los condenados continuarán en libertad hasta que la sentencia quede firme en la Cámara Federal de Apelaciones.

Además de las condenas, el tribunal integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís ordenó reparaciones económicas millonarias para las víctimas. Norma Gladis Rodríguez y Héctor Adolfo Kopp recibirán 3,5 millones de pesos; L.C., 48.034.445 pesos; y E.M.A., 28,8 millones de pesos.

La causa había sido instruida por la fiscal federal que subroga en San Francisco, María Marta Schianni, y tuvo como eje las denuncias sobre presuntas situaciones de trata de personas con fines de explotación laboral dentro de la organización Dimensión Cielo.

Alegatos

Los alegatos mostraron dos interpretaciones completamente distintas sobre lo ocurrido dentro de la comunidad religiosa. Para la fiscalía y las querellas, Dimensión Cielo funcionó como una organización coercitiva que captaba personas vulnerables mediante promesas espirituales y laborales. Para las defensas, en cambio, todo se reducía a un modo de vida comunitario y consensuado.

El fiscal oral Carlos Gonella sostuvo que “lo de Dimensión Cielo fue un engaño para persuadir a las víctimas y someterla a explotación laboral”. También afirmó que “la prueba habla por sí misma” y describió a la organización como “una organización coercitiva como nueva modalidad de trata de personas que usa a las redes digitales para captarlas”.

Durante su exposición, Gonella aseguró que las víctimas “trabajaban largas jornadas sin salario ni obra social” y dijo que “el fondo común era una pantalla”. Además, apuntó directamente contra Argüello al señalar que “disfrutaba la obediencia” y que era “el líder y ejercía el control”.

La fiscalía había solicitado 10 años de prisión para Argüello; ocho años para Ricardo Mercado; cuatro años para Burini; cuatro años para Herrera y la absolución de Maximiliano Mercado por considerar que “no se pudo comprobar que captó”.

La querella fue incluso más allá. Habló de “implantación del terror”, “manipulación” y “violencia psicológica”. “No cuestionamos la fe ni las creencias, pero sí el aprovechamiento de las vulnerabilidades”, expresó el abogado querellante.

Según la acusación particular, las víctimas debían pedir permiso para todo, sufrían aislamiento de sus familias y atravesaban un “proceso de despersonalización” que incluía cambios de nombre y control permanente. “La trata de personas opera sin cadenas sino con pérdida progresiva de autonomía”, planteó la querella.

Las defensas, por su parte, pidieron la absolución de todos los acusados. El abogado Eduardo Gómez Caminos insistió en que “no hay delito de trata, nadie coaccionó a nadie” y en entrevista con este diario había manifestado que Dimensión Cielo podría verse como “una sociedad de hecho” integrada por personas adultas que decidieron convivir bajo reglas comunes.

“Para que haya este delito tiene que haber algún medio coactivo que pueda restringir la libertad de las personas. Y acá no ha habido ninguna obligación de hacer absolutamente nada”, sostuvo.

La última palabra

Antes de que se conociera la sentencia, los imputados hicieron uso de su derecho a pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal.

“Me siento muy sorprendido”, expresó Argüello. Daiana Herrera señaló: “No es justo que se digan tantas mentiras”. Ricardo Mercado, alias “Eliseo”, manifestó: “Ninguno hizo esta locura que se dice. Somos un grupo de amigos que solo vivimos de una manera diferente”. Maximiliano Mercado afirmó: “Siempre fuimos felices y vivimos juntos”, mientras que Burini declaró: “Todo lo que se dice es mentira. Somos un grupo de amigos, no nos aprovechamos del otro”.

Sin embargo, el tribunal terminó respaldando la hipótesis acusatoria y ordenó mantener las restricciones de acercamiento hacia las denunciantes hasta el cumplimiento efectivo de las condenas, sostener los embargos y decomisar bienes y dinero secuestrado durante la investigación.

Lo que dejaron los testimonios

El juicio estuvo marcado por relatos opuestos. El testimonio más comprometedor fue el de L.C., quien declaró sin la presencia de los imputados y describió un escenario de control psicológico, dependencia económica y miedo constante.

“Me sentía captada”, aseguró. También sostuvo que trabajaba para los emprendimientos ligados a la organización sin cobrar un sueldo personal. Según describió, realizaban tareas en emprendimientos de panificación e inmobiliarios vinculados a Dimensión Cielo, entre ellos “Barritas y Más” y “Costumbres Light”. “A mí nunca me dieron paga de ese dinero. No podíamos comprar nada, no nos dejaban. Teníamos que consultar todo antes”, declaró.

La mujer aseguró que Argüello era “el enviado de Dios en la tierra” y que dentro del grupo no podían tener amistades fuera de la comunidad. También relató que en 2019 llegó junto a su hija de 10 años desde Córdoba a San Francisco para integrarse a Dimensión Cielo y convivió junto a otros integrantes de la organización, aunque no en el country Ayres del Golf donde, según expuso, sí vivían otras jóvenes vinculadas a la comunidad que “cuidaban a los hijos de Argüello y Daiana y hacían tareas de limpieza”. También describió episodios de maltrato verbal dentro del grupo y apuntó especialmente contra Herrera: “Daiana trataba muy mal a las chicas. Si bien el daño psicológico de Elías era grave, el maltrato verbal de Daiana también”.

Otros testimonios reforzaron la acusación sobre extensas jornadas laborales, control religioso y aislamiento familiar. Durante el juicio también declararon otras supuestas víctimas mencionadas en la investigación: M.K., alias “Samara”; LP, alias “Ari”; MB, alias “María” y DSF, alias “Anita”. Además, se incorporó por lectura el testimonio de GF, alias “Josué”.

La fiscalía sostuvo que las víctimas fueron persuadidas para cortar vínculos personales, cambiar sus nombres y someterse a una lógica de obediencia. Gonella incluso afirmó durante los alegatos que “las víctimas son víctimas a pesar de que no se perciban como tales” y sostuvo que varias denunciantes mantenían “un relato aleccionado”. Para el fiscal, el funcionamiento de Dimensión Cielo generaba mecanismos de dependencia y manipulación psicológica que impedían a algunas integrantes reconocer la situación de explotación que atravesaban.

Pero también hubo declaraciones que respaldaron la postura defensiva. M.K., quien negó haber sido manipulada y aseguró que el funcionamiento comunitario era voluntario. “Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, dijo ante los jueces.

Esa tensión entre relatos irreconciliables atravesó todo el debate oral. Finalmente, el tribunal entendió que las pruebas reunidas durante la investigación y las audiencias permitían acreditar la existencia de explotación laboral agravada dentro de Dimensión Cielo.

Marcelo Eduardo Troncoso, de 28 años, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión por haber agredido con un arma de fuego a la pareja de una mujer con la que había mantenido una relación sentimental en la ciudad de Frontera.

La sentencia fue dictada por el juez Javier Bottero en el marco de un juicio oral y público que concluyó el miércoles al mediodía en los tribunales de Rafaela.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Martín Castellano, quien también representó al Ministerio Público de la Acusación durante el debate oral. Tras conocerse el fallo, el funcionario judicial señaló que desde la Fiscalía consideran “positivo el fallo condenatorio”, aunque aclaró que la pena impuesta fue menor a la solicitada durante los alegatos.

“Una vez que contemos con los fundamentos del juez, decidiremos los pasos a seguir”, expresó Castellano.

Según precisó el fiscal, la pena de ocho años y seis meses surgió de la unificación de una condena de seis años de prisión con otra sentencia previa que Troncoso aún no había terminado de cumplir.

El hecho había ocurrido el miércoles 3 de julio de 2025, alrededor de las 19.30, en inmediaciones de un domicilio ubicado sobre calle 72, a pocos metros del camino interprovincial.

De acuerdo con la acusación, Troncoso se movilizaba en una motocicleta conducida por otra persona y desde allí efectuó disparos con un arma calibre 32 contra la víctima, que se encontraba en la vía pública.

“El hombre agredido recibió el impacto de tres proyectiles y sufrió heridas en distintas partes del cuerpo”, indicó Castellano.

Además, el fiscal remarcó que el condenado portaba el arma sin autorización legal y que ese delito fue agravado debido a que contaba con antecedentes penales condenatorios por hechos cometidos con armas de fuego.

Troncoso fue condenado como autor de lesiones graves dolosas agravadas por el uso de arma de fuego y por portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

En una reciente decisión, el Congreso de Brasil ha disminuido la condena de 27 años de prisión impuesta al ex presidente Jair Bolsonaro, medida que se anticipa será apelada ante el Supremo Tribunal Federal del país.

Si bien no se ha determinado el tiempo exacto que Bolsonaro deberá cumplir por su condena, relacionada con su papel en un intento de golpe de Estado, analistas estiman que esta modificación podría reducir su sentencia en hasta 20 años. Desde noviembre, el expresidente se encuentra bajo arresto domiciliario.

En diciembre, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva había vetado una propuesta similar, pero el Congreso logró anular este veto en una votación donde varios miembros de la oposición hicieron alusión a las elecciones programadas para octubre.

En el marco de la contienda electoral, Lula busca la reelección y enfrenta como principal rival al senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente.

El proyecto de ley aprobado incluye una reducción de penas para diversos delitos, entre ellos aquellos cometidos contra el Estado democrático de derecho y por intentar llevar a cabo un golpe de Estado.

Además, esta medida podría beneficiar a simpatizantes de Bolsonaro que enfrentan condenas por cargos similares.

En la mañana de este martes, la Cámara del Crimen de San Francisco condenó a seis años de prisión a dos hermanos que formaban parte de la fuerza policial cordobesa, por el delito de abuso sexual agravado contra una menor de edad de su entorno familiar.

La investigación fue instruida por el entonces fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, y se inició a partir de la denuncia realizada por la familia de la víctima, quien tenía 14 años al momento de los hechos, ocurridos en 2022. El juicio oral comenzó en noviembre del año pasado.

Durante la etapa investigativa se llevaron a cabo allanamientos en los domicilios de los acusados, donde se secuestraron teléfonos celulares y computadoras. En el marco de la causa también se incorporó información proveniente del National Center for Missing & Exploited Children, de Estados Unidos, que alertó sobre actividad sospechosa vinculada a uno de los imputados.

Tras analizar las pruebas reunidas a lo largo del proceso, el tribunal resolvió dictar la condena contra ambos acusados.

En los Tribunales de San Francisco, se condenó a dos hombres y una mujer por comercialización de estupefacientes, en el marco de una causa que reveló el funcionamiento de una banda dirigida desde la cárcel local.

En un juicio abreviado, los imputados reconocieron su participación en la venta de drogas que se desarrollaba en las localidades de Arroyito y Tránsito.

Las condenas fueron las siguientes:

Los tres fueron detenidos por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en un operativo realizado el 23 de junio de 2023. En aquella ocasión, se secuestraron varias dosis de marihuana, $772.500 en efectivo, una motocicleta y otros elementos vinculados a la investigación.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (2019-2022), fue condenado hoy jueves a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado y otros delitos, según resolvió el Supremo Tribunal Federal (STF) con una votación de 4 a 1. La Corte lo halló culpable de haber liderado una conspiración junto a una treintena de exministros y altos mandos militares para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor de las elecciones de 2022. 

“La ley debe ser aplicada igualmente para todos”, dijo la jueza Lucia al exponer su voto, destacando la importancia de este juicio para Brasil.

El líder de extrema derecha, de 70 años, enfrenta hasta más de 40 años de prisión en el caso donde se juzgó su lideró una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra su rival Luiz Inácio Lula da Silva.

“La Fiscalía aportó pruebas concluyentes de que un grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, compuesto por figuras clave del gobierno, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático para atacar las instituciones democráticas con el fin de obstaculizar la legítima alternancia en el poder en las elecciones de 2022 y socavar el libre ejercicio de los demás poderes constitucionales, especialmente el Judicial”, dijo la jueza Lucia.

El núcleo de las acusaciones formuladas estaba centrado en un intento de golpe de Estado y el intento de abolir el Estado democrático de derecho, señaló. “Los hechos descritos en la acusación no han sido negados en su esencia”, dijo Carmen. Y agregó: “No hay inmunidad absoluta contra el virus del autoritarismo, que se infiltra insidiosamente, destilando su veneno, contaminando la libertad y los derechos humanos”.

La sentencia se debía decidir por votación de cinco jueces: dos ya se habían pronunciado a favor de una condena y un tercero, Luiz Fux, optó el miércoles por la absolución y advirtió contra un juicio “político” a Bolsonaro. Se necesitaba una mayoría simple de tres votos para un veredicto. El otro juez que faltaba votar era Cristiano Zanin.

Bolsonaro, un excapitán del Ejército en arresto domiciliario desde agosto, no participó en las audiencias en el tribunal en Brasilia al alegar problemas de salud, mientras su defensa pedía su absolución “imperiosa”.

De remera verde y pantalón negro, Bolsonaro se hallaba este jueves junto a su cuñado Eduardo Torres en el patio frente a su casa en Brasilia antes del inicio de la sesión.

Tras obtener autorización judicial, el expresidente tiene previsto someterse a un procedimiento médico menor en un hospital de la capital el domingo, cuando ya podría ser objeto de una condena.

El exmandatario, que gobernó Brasil desde 2019 a 2022, está acusado junto a otros siete excolaboradores, entre ellos exministros y jefes militares, de haber conspirado durante meses para dar un golpe de Estado.

La trama golpista, que habría incluido un plan para asesinar a Lula, no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar.

“Brasil casi volvió a una dictadura“, dijo el juez relator del caso, Alexandre de Moraes, blanco también del presunto plan de asesinato. Moraes votó por una condena, así como el juez Flávio Dino, exministro de Lula.

Dino advirtió además que los crímenes juzgados no eran susceptibles de una amnistía, en momentos en que el bolsonarismo empujaba por un perdón legislativo a su líder si resultaba condenado.

A contracorriente de sus colegas, Fux estimó que el tribunal no era competente para juzgar a un expresidente y adujo una falta de pruebas para condenar a Bolsonaro.

“Este voto no va a interferir en el resultado final, pero va a interferir en la historia“, dijo el diputado bolsonarista Luiz Lima, para quien hay una “presión enorme” para incluir el proyecto de amnistía en la agenda del Congreso.

La sociedad brasileña, polarizada, se mostró dividida entre quienes consideraban el juicio un ejercicio de defensa de la democracia y quienes aducían motivaciones partidistas.

“Este juicio es injusto, no siguió el ritmo normal. Es más político que jurídico“, dijo a la AFP Germano Cavalcante, un ingeniero civil, de 60 años. Ana Karla Oliveira, una analista de sistemas, de 21 años, disintió. Bolsonaro “debe ser responsabilizado por tentativa de golpe”. “Trajo al país una nueva era de conservadurismo de una forma muy violenta”, estimó.

Los brasileños votarán en las presidenciales de 2026. Mientras Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección, una condena a Bolsonaro precipitaría la carrera en la derecha para sucederlo.

Hasta ahora, pese a estar inhabilitado políticamente, el expresidente ha afirmado su intención de volver a presentarse en los comicios.

El juicio se desarrolló en medio de presiones sobre Brasil del presidente estadounidense Donald Trump, que aplicó aranceles punitivos a productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra su aliado Bolsonaro.

Lo que en un principio parecía un caso de defensa propia frente a un robo violento terminó por transformarse en uno de los episodios criminales más impactantes de San Francisco. En 2017, el veterinario Hernán Vietti Colomé denunció haber sido víctima de un asaltante al que logró reducir y golpear hasta causarle la muerte. Sin embargo, la investigación judicial reveló que la víctima, Jorge Diep Jaider, no era un delincuente improvisado sino un sicario contratado por el propio veterinario.

La historia comenzó con una disputa familiar por una herencia, en la que Vietti buscó intimidar a su hermano Lucio. Para ello, recurrió a Diep Jaider y a Omar “Funyo” Funes, a quienes les prometió una suma de 150 mil pesos para que lo “apretaran”. Incluso los acompañó hasta la provincia de Santa Fe para identificar al supuesto objetivo.

Pero el plan se salió de control: los sicarios decidieron advertirle al hermano del veterinario y fingieron un secuestro con la intención de cobrar igualmente el dinero. En ese contexto, Diep Jaider se presentó en la veterinaria para exigir la suma pactada. Lejos de cumplir lo prometido, Vietti lo atacó brutalmente, provocándole la muerte por asfixia y traumatismo de cráneo, según determinó la autopsia.

Para cubrir el crimen, el veterinario alteró la escena e intentó hacerlo pasar por un robo seguido de legítima defensa, pero las pruebas —incluidos los vínculos previos entre acusado y víctima— terminaron derrumbando su versión. El testimonio de su hermano Lucio, quien describió la relación violenta y conflictiva que mantenían, fue clave en el juicio.

El 1 de septiembre de 2020, la Cámara en lo Criminal y Correccional de San Francisco lo condenó a 17 años de prisión por homicidio simple. La defensa apeló en distintas instancias, pero en 2023 el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirmó la pena. Finalmente, en los últimos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa y dejó firme la sentencia.

Así, un caso que en su inicio se presentó como legítima defensa frente a un asalto quedó sellado en la Justicia como un asesinato planificado en el marco de una disputa familiar, con una condena que ya no tiene retorno para el veterinario.

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 5° Nominación de la ciudad de Córdoba, integrada con jurados populares, dio a conocer los fundamentos de la condena a 13 años de prisión impuesta a D. N. H., quien había sido acusado de intentar matar a su esposa M. M. H. en dos oportunidades.

Para el tribunal, en la primera ocasión, el acusado desistió de la conducta por lo que resultó condenado por las lesiones gravísimas que –efectivamente- consumó; en tanto que, en la segunda, su accionar fue considerado “inidóneo” para provocar el fin fatal. En base a estas circunstancias, fue declarado autor responsable de lesiones gravísimas, y tentativa inidónea de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género sostenida en el tiempo, en concurso real.

Durante el juicio, el tribunal consideró probado que, en septiembre de 2018, D. N. H. golpeó a su esposa con un objeto contundente mientras ella regresaba a su domicilio en una motocicleta, en una zona descampada de la localidad de Colonia Tirolesa.

La agresión fue planificada con antelación y tuvo como objetivo simular un accidente de tránsito. La víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave que la dejó en coma durante varios meses. Como consecuencia de tales lesiones, fue sometida a múltiples cirugías y debió ser intervenida con una válvula de flujos en el cráneo.

Durante el proceso de rehabilitación domiciliaria, un año después de la primera agresión (que no fue denunciada por la víctima), D. N. H. intentó nuevamente causarle la muerte a su esposa. Ingresó a su habitación y le acercó un imán con la intención de desprogramar la válvula que le habían colocado.

En ese momento, le dijo: “la válvula se va a desprogramar y vos te vas a morir, y nadie se va a enterar, así como nadie se enteró de que yo te golpee con un fierro”. Conforme a la prueba reunida, el plan criminal no puedo concretarse porque el imán no logró desprogramar la válvula ya que no tenía la potencia necesaria para lograrlo.

Según los fundamentos de la sentencia, desde el inicio de la relación –cuando la víctima tenía 14 años y el acusado 23– D. N. H. ejerció un control abusivo, celos extremos, aislamiento social, violencia física, psicológica y amenazas constantes, incluso hacia los hijos en común.

El fallo remarca que, para el caso de la tentativa inidónea de homicidio, la ley establece que la pena puede disminuirse a la mitad e, incluso, reducirla al mínimo legal o eximirse de ella. Sin embargo, en este caso, la Cámara en lo Criminal y Correccional de 5° Nominación optó por la primera alternativa, por la elevada peligrosidad develada por el acusado, puesto que la víctima fue objeto de una violencia sistemática, prolongada y progresiva en el tiempo.

En su voto, la vocal Susana Blanc Gerzicich subrayó: “El imputado instauró desde el inicio de la convivencia un régimen de control de sus actividades y comunicaciones, ejerciendo violencia física y psicológica, lo que se volvió un control absoluto después del primer hecho”.

Al momento de graduar la pena, el tribunal consideró como agravantes la extensión del daño causado puesto que trascendió a sus hijos pequeños, así como también la circunstancia que debe afrontar la víctima de la mayor parte de su vida estar “disminuida físicamente, medicada, con riesgo de sufrir convulsiones de modo intempestivo”.

Asimismo, se destacó el impacto del accionar del condenado sobre los hijos de la pareja: “La acción no fue sólo a su cónyuge sino a sus hijos, quienes se vieron privados de su madre, que se salvó de milagro, y de su padre, hoy condenado”.

El tribunal estuvo integrado por los camaristas Alfredo Fernando Villegas (presidente), Blanc Gerzicich y Enrique Rodolfo Buteler, y por jurados populares.

Antes de comenzar la entrevista, entre llamados y mensajes que interrumpían brevemente la espera, Damián Bernarte se preparaba para una charla donde no evitó ningún tema. Con tono firme, sostuvo que las medidas de ajuste que comenzó a aplicar su gestión son necesarias. “Es muy sencillo: si entra menos, hay que gastar menos”, repite. La salida del secretario de Economía, Marcelo Moreno, hacia un cargo provincial, se da en ese marco, pero el intendente asegura que no se trata de una consecuencia directa de la caída de la recaudación.

En una extensa entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, Bernarte defendió las decisiones, habló del futuro del gabinete, cuestionó la falta de un plan productivo a nivel nacional y respondió sobre la tensión con el sindicato municipal. También se refirió, desde su mirada jurídica, a la condena de Cristina Fernández de Kirchner.

-¿Cuál fue el criterio para los cambios en el gabinete y la reducción de la planta política, que pasó de 9 a 7 secretarías?

Va a tener un impacto importante en la masa salarial y en el funcionamiento. No cambia la operatividad, pero la idea es clara: menos egresos. Cuando en una familia bajan los ingresos, hay que gastar menos. A la municipalidad le está entrando menos dinero por coparticipación y por recaudación propia, producto del freno económico. Es una lógica que se aplica también en el Estado. Vamos a seguir ajustando; es inevitable. 

-¿Cómo impactan estos recortes en el funcionamiento diario del municipio?

Estamos adaptándonos a una nueva realidad. Antes presupuestábamos con proyecciones que después se superaban por la inflación. Hoy, probablemente, no lleguemos a los ingresos estimados en diciembre. Las reglas cambiaron y nos toca jugar este partido con otras condiciones.

-¿Cuánto cayó la recaudación municipal en los últimos meses?

En valores reales, sumando caída de coparticipación y recursos propios, hablamos de un 38%. La tasa más afectada es la de comercio, industria y servicios. No es evasión, es menor actividad. Incluso vemos facturaciones que bajan en términos nominales. En una economía con alta inflación, los números se cortan con cuchillo; cuando baja, hay que usar bisturí.

-¿Estos ajustes serán sostenidos o son coyunturales?

Son coyunturales, pero hay que ser claros. Tenemos que reducir gastos y buscar más ingresos. No hay créditos impagos, no hemos tomado deuda más allá de los programas del Banco de Córdoba. Pagamos sueldos al día y seguimos haciendo obra pública, aunque con más cautela.

-¿Evalúan buscar nuevas fuentes de financiamiento?

No. No hemos tomado deuda ni lo estamos considerando por ahora.

- Entonces, ¿no hay deuda municipal actualmente?

No. Todos los cheques se pagan, los sueldos están al día. En este escenario, tratamos de defender lo que se puede, pero bajando gastos.

“San Francisco paga buenos sueldos. Queremos cuidar al empleado municipal, pero también cuidar los números”

-¿Cuáles son hoy las prioridades de gestión?

Atender lo social: aumentó un 35% la asistencia alimentaria y un 40% la demanda de medicamentos. Eso no se toca. Los servicios básicos, como alumbrado, limpieza y barrido, se siguen prestando, pese a las asambleas sindicales. Las obras públicas se ralentizan: si hicimos 40 kilómetros de pavimento en tres años, quizás ahora hagamos tres. Hay gastos que pueden esperar. Por ejemplo, desde la quita de subsidios sostener el Transporte Urbano de Pasajeros es una carga muy grande. Lo defendemos porque muchos chicos lo usan para ir a la escuela. Pero estamos negociando con la empresa (Autobuses Santa Fe SRL). Ellos dicen que no pueden seguir con el canon actual, y nosotros no podemos pagar más. Es una situación muy delicada.

-¿Cómo avanza la negociación con el Suoem por el reclamo salarial?

Está algo trabada. Defiendo mucho el trabajo municipal, y cuando se dice que esta ciudad está limpia y ordenada, es por ellos. Pero si baja la recaudación, la masa salarial toma un peso mayor. No queremos que el empleado sea variable de ajuste, pero tenemos que cuidar los números. San Francisco paga muy buenos sueldos en promedio si se lo compara con otros municipios de Córdoba.

-El sindicato planteó revisar tercerizaciones…

No quiero polemizar. Mirar solo el presupuesto es un error porque presupone algo que después no pasa. En verano, por ejemplo, necesitamos reforzar tareas por la extensión de la ciudad. Prestamos muchos más servicios que antes: tenemos más de 40 nuevos. Seguridad, prevención, CLE (Coordinaciones Locales de Educación), todos requieren personal y recursos. Las ciudades asumimos competencias que antes eran provinciales o nacionales.

-¿Ya está confirmado el reemplazo de Marcelo Moreno en Economía? ¿Regresa Juan Carlos Sola?

Todavía no está definido. Estamos evaluando distintos perfiles y tomándonos el tiempo necesario, porque entendemos que el reemplazo debe tener características muy claras. Necesitamos a alguien con experiencia en la gestión pública, con conocimiento del funcionamiento interno del municipio y que pueda adaptarse rápidamente al contexto que estamos atravesando. En este momento no podemos permitirnos un período largo de adaptación. Por eso buscamos un perfil que no solo tenga la capacidad técnica, sino también la experiencia para tomar decisiones con inmediatez y claridad. En ese sentido, el nombre de Juan Carlos Sola es una de las posibilidades que estamos considerando. Su perfil se ajusta al tipo de liderazgo que hoy necesitamos: alguien que entienda que estamos atravesando una coyuntura compleja, que hay que tomar decisiones con austeridad, pero sin afectar el funcionamiento básico del municipio.

Marcelo Moreno ha venido siendo requerido desde hace tiempo por el Gobierno de la Provincia, particularmente por la Secretaría de Ingresos Públicos, para desempeñar un rol estratégico en la articulación con los municipios. Hoy, todas las intendencias están buscando formas de mejorar su recaudación, de optimizar los vínculos con Rentas para tener una fiscalización más eficaz. Hay una demanda creciente de asesoramiento y acompañamiento técnico en ese sentido, y Marcelo tiene un perfil muy buscado para ese tipo de tareas.

Nosotros tratamos de retenerlo el mayor tiempo posible, porque fue una pieza clave dentro del equipo económico. Pero entendemos que este nuevo rol representa un crecimiento para él, un paso importante en su carrera profesional, y también una oportunidad para que aporte desde otro lugar, ayudando a otros municipios a mejorar sus finanzas. Marcelo es un funcionario de excelencia, muy comprometido, y además una gran persona. No tengo dudas de que va a aportar soluciones valiosas en su nuevo rol en el gobierno provincial.

– ¿Entonces no hay relación directa entre su salida y la caída de la recaudación local, que viene presionando las finanzas municipales?

No, absolutamente no. Su salida tiene que ver con una propuesta que lo invita a crecer profesionalmente. Para nosotros, es un reconocimiento a su capacidad. Es cierto que estamos atravesando una situación económica compleja, con una fuerte caída en la coparticipación y una retracción importante de la recaudación local. Pero esto no está vinculado directamente con su salida. Es una decisión que se venía conversando hace tiempo, con la Provincia. Nosotros sabíamos que este momento iba a llegar, y lo acompañamos porque entendemos que es bueno para él y también para el vínculo institucional entre municipios.

Mientras tanto, seguimos trabajando en definir quién será su reemplazo. No queremos apresurarnos. Como dije, necesitamos alguien que pueda tomar la posta sin perder tiempo, porque este es un momento en el que no podemos frenar. Hay que seguir gestionando, haciendo rendir cada peso, manteniendo servicios y atendiendo una demanda social que crece día a día.

–El contador Sola en 2007 asumió una gestión marcada por la austeridad y por decisiones estructurales como la creación del FOSP (Fondo de Obras de Servicios Públicos), que aún sigue vigente. ¿El contexto de hoy se parece en algo al de aquel entonces?

Son momentos distintos. Aunque los contextos son diferentes, hay aprendizajes de aquella época que pueden ser valiosos hoy. En 2007, la municipalidad estaba prácticamente paralizada, con embargos judiciales y muchas dificultades para cumplir con sus obligaciones. Hoy no estamos en ese nivel de crisis, pero sí atravesamos un escenario de mucha tensión financiera. Por eso creemos que el perfil ideal para este momento es alguien que tenga experiencia, que haya gestionado en situaciones difíciles y que pueda encontrar ese equilibrio entre ajustar el gasto y sostener los servicios esenciales. Porque si la situación continúa deteriorándose, va a llegar un punto en el que tendremos que decirle con claridad a la comunidad: "Antes podíamos prestar estos servicios, ahora solo podemos mantener estos otros". No estamos todavía ahí, pero hay municipios en todo el país que ya están discutiendo esto internamente. Todos estamos en alerta. Por eso es tan importante que quien llegue al área económica tenga la capacidad de leer bien la situación y tomar decisiones que nos permitan sostenernos sin comprometer la calidad de vida de los vecinos. Que tenga un ojo puesto en la contención del gasto y otro en mejorar la eficiencia de los sistemas de recaudación.

“No veo un plan productivo nacional. Solo un programa macroeconómico. Eso preocupa”

-¿Qué piensa del modelo económico que impulsa Javier Milei?

Hay cosas positivas: la baja de la inflación es importante. Pero preocupa la caída de la actividad. Si la industria no puede producir, importa, y eso necesita menos gente. Nuestros empresarios hacen un gran esfuerzo por sostener el empleo, pero si sigue cayendo la actividad, va a aumentar la desocupación. Vemos un programa macroeconómico, pero no uno productivo. Eso es lo que falta.

-¿Lo dicen también los industriales locales?

Hay preocupación. Si seguimos sin un plan de producción, sin una política de infraestructura, ¿nos resignamos a ser solo proveedores de materias primas?. Los países normales tienen inflación baja y producción alta. Me preocupa que repitamos la receta de los 90, que terminó en 2001. Espero que hayamos aprendido.

-¿Qué piensa de la condena a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Tiene impacto político en el peronismo local o provincial?

Lo digo como abogado: no leí el expediente, así que no opino sobre el fallo. Sería irresponsable. No puedo decir si la condena a la expresidenta está bien o debió ser una absolución, porque no leí el expediente, y la única verdad  para los que nos hemos dedicado al Derecho Procesal Penal, está en el expediente.  En lo político, no tiene impacto local ni provincial. La Argentina sigue siendo dos países: el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y el resto. Hay otro país que discute y reclama otras cosas. En Córdoba queremos trabajar. Tenemos tierra fértil, industria, empresarios pujantes, educación, universidades prestigiosas, y eso debería ser ejemplo para la Nación. Si la Nación tomara el modelo cordobés, no tengo dudas que la Argentina estaría mejor. 

-¿La alternativa para 2027 podría salir de Córdoba?

Sí, debería. Córdoba tiene potencial.

-Y en ese escenario, ¿en qué rol se ve usted?

A mí me encantaría seguir estando en esta ciudad. Amo San Francisco. Estoy muy enfocado acá. De cara a las próximas elecciones, hay grandes dirigentes del departamento San Justo como Ignacio García Aresca, Manuel Calvo, Gustavo Tévez. Y una generación joven liderada por Martín Llaryora. Nos representan muy bien.

En su mensaje de audio a la multitud reunida en la Plaza de Mayo el pasado miércoles, Cristina Fernández de Kirchner revivió un modo de comunicación política que remite a los viejos tiempos de predominio de la radio: el líder que habla directamente a su pueblo, sin intermediarios, sin imagen, solo con la voz. Se la escuchó, no se la vio. Una transmisión a la que apelaron innumerables regímenes políticos en el siglo pasado, especialmente los de tinte totalitario. Una manera de dirigirse “al pueblo” que reafirma la construcción de un relato para sostener su vigencia política aun desde la prisión.

El manejo de las emociones es consustancial a esta forma de hacer política. Se apela a ellas para generar identidad, dejando de lado -aunque sea en parte- la racionalidad. En esas circunstancias, el audio, como recurso, potencia la capacidad de generar imágenes mentales y despierta sensaciones. La voz sin rostro invita a imaginar, a completar con la emoción lo que no se muestra. En ese formato, la expresidenta ofreció frases como:

Estas expresiones condensan una narrativa donde el enemigo externo -el poder económico concentrado- es el causante de su condena judicial. Además, al mimetizarse con el pueblo, se victimiza. Y reescribe los hechos para hacer de su situación personal una causa colectiva apelando al concepto de proscripción: en verdad, se postuló como candidata porque sabía que iba a ser condenada. 

La lógica comunicacional de la radio todavía está viva. Retornó a la superficie en el momento en el que la militancia peronista se manifestó para protestar por su encarcelamiento. Y para ello, cualquier recurso simbólico vale. Por caso, el del balcón sin plantas que regar al que no la dejarían asomarse, aunque en el escrito que establece las condiciones de la prisión domiciliaria no se exprese esa prohibición y por lo que sus abogados -manifestando floja comprensión textual- presentaron un pedido de aclaración, finalmente respondido afirmativamente por el tribunal que interviene en la causa. 

Su discurso dejó en evidencia su intención de mantenerse al frente del peronismo. El objetivo es continuar digitando la vida de esa agrupación política. Sin embargo, todavía es demasiado pronto como para certificar que podrá preservar ese poder. Por eso, le otorga a su condición de convicta la misma épica que a su acción política pasada. “Tenemos que darnos maña para comunicarnos ahora, con esto de la tecnología”, dijo. A propósito, el colega Julio Perotti escribió que “pretendió inaugurar una nueva era de liderazgo: el audio por WhatsApp, la conducción telefónica, manos libres”. Y reflexionó que “va a ser difícil contener con mensajes a los que quizás en un tiempo no les claven ni el visto”.

A quién “le pasó de todo” en su vida, le entusiasmó que en la Plaza de Mayo se cante “vamos a volver”. Quien dijo alguna vez que “volvían mejores”, ahora afirma que volverán “con más sabiduría”. 

En su primer mensaje desde la prisión, Cristina Fernández de Kirchner utilizó lo que Mario Vargas Llosa llamó “la verdad de las mentiras”, un recurso de ficción narrativa para iluminar u orientar la mirada del destinatario del mensaje a zonas de la realidad que solo le interesan al autor. 

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un operativo sorpresivo este domingo a las 2 de la madrugada para desalojar a los militantes que acampaban en las inmediaciones del departamento de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en la calle San José al 1111, en el barrio porteño de Constitución. 

“No se reprimió a nadie. Se limpió la zona y se fueron”, aseguraron voceros policiales, quienes destacaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes ni represión.

El operativo incluyó el retiro de carpas, banderas y estructuras instaladas sobre la vía pública. No se reportaron enfrentamientos ni detenciones. 

Pasadas las 3 de la mañana, ya no quedaban efectivos en el lugar y la circulación vehicular había sido restablecida. 

Según las autoridades, el despliegue fue motivado por la necesidad de liberar el espacio público y se realizó de forma sorpresiva para evitar disturbios.

Este desalojo se produjo en un contexto en el que la expresidenta solicitó al Tribunal Oral Federal 2 cumplir la pena de seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La presentación fue realizada por su abogado, Carlos Beraldi, quien argumentó que “el contexto de seguridad personal y su rol institucional como exmandataria impiden una detención en una unidad penitenciaria común”.

El escrito remitido al tribunal destacó el intento de homicidio sufrido por Kirchner en septiembre de 2022 como principal antecedente para requerir medidas especiales de custodia. Además, la defensa sostuvo que, por su condición de expresidenta y exvicepresidenta, corresponde un régimen de reclusión aislado del resto de la población carcelaria. 

La solicitud incluyó, de manera explícita, el pedido de no utilizar tobillera electrónica, bajo el argumento de que la exmandataria cuenta con seguridad oficial permanente durante las 24 horas.

La dirección propuesta para cumplir la detención es la vivienda ubicada en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución, donde actualmente reside con su hija Florencia Kirchner. 

El lugar fue inspeccionado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, cuyos peritos concluyeron que “reúne las condiciones necesarias para el cumplimiento del arresto domiciliario”. El informe incluyó un análisis del entorno, la circulación en la zona, la configuración de las viviendas colindantes y otros elementos de interés para la evaluación judicial.

Sonia Ester vive a una cuadra del edificio en el que la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner pasará su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad y protesta contra la permanencia de la militancia kirchnerista que respalda a su líder política. 

“Es vivir en un caos. No poder dormir por los cantos, los gritos, no poder pasar para hacer mandados”, denunció en declaraciones a Radio Rivadavia, y sumó: “Es ver como la gente pierde su libertad porque la que tiene que estar presa es ella y los que estamos presos somos nosotros, los vecinos”.

Por su parte, se quejó de la suciedad en las calles del departamento ubicado en San José al 1111, correspondiente al barrio porteño de Constitución, y remarcó que hay olor a parrilla y a pis. Además, pidió que cumpla su pena en una cárcel común. 

“No hay respeto a la sociedad porque la que es ladrona es Cristina. La que tiene que estar presa es ella”, insistió, y completó: "Nos hacen querer creer que los que somos delincuentes somos nosotros. No nos dan lugar a vivir en paz, tendría que estar encerrada y no con prisión domiciliaria. Menos ahí.

Por su parte, cuestionó la toma de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicada a unos metros de su hogar, y planteó que el barrio está rodeado de “delincuentes que están en libertad” mientras los vecinos están “presos”.

“No es un lugar para que tenga una prisión domiciliaria. No tendría que tener ningún privilegio porque se demostró con muchísimas pruebas que la señora es una corrupta que nos robó a todos y la gente que está ahí, a la gente que vive en el barrio”, aseveró Sonia Ester. 

En la misma línea, agregó: “No puede ir presa con todas las comodidades. Si va presa ahí vamos a tener todo el tiempo a militantes gritando, escribiendo las paredes. El barrio es un desastre. Nos cuelgan carteles y banderas”.

“No hay derecho a que vivamos en paz”, subrayó, y sumó: “Bastante nos robó y vivimos soportando a sus militantes que no entienden porque son tan ladrones como ella o no quieren ver la realidad de que la persona vive feliz y contenta, aunque esté presa en su departamento, no le falta nada”. 

Por último, remarcó que las personas que permanecen en las inmediaciones del barrio padecen el frío y la lluvia, mientras Cristina Kirchner “desayuna y utiliza el aire acondicionado”. “Estoy indignadísima, estoy enojada. La justicia tiene que hacer más. Si tiene que estar presa que lo esté como cualquier delincuente, perdió todo derecho”, concluyó. 

“Yo soy el pueblo”, “El pueblo soy yo”. Expresiones que condensan la esencia de los idearios populistas, donde el líder no solo representa la voluntad general, sino que la monopoliza, cerrando el espacio a toda disidencia. Como señala Antonio Scurati en Fascismo y populismo, la diferencia entre ambas frases es sutil pero inquietante: la primera constituye una sinécdoque (figura retórica que designa la parte por el todo) desmesurada; la segunda, un enunciado que reduce la pluralidad democrática a la singularidad de un liderazgo carismático y omnipresente.

Esa lógica discursiva tiene antecedentes raíces históricas y excede geografías, pero en las últimas décadas ha tomado una forma definida en el escenario nacional. El kirchnerismo encarnó una versión local de este personalismo pretencioso en el que la voluntad de la conducción política intenta prevalecer sobre el imperio de la ley. En ese marco, desde una simple opinión critica hasta una condena judicial se interpretan como una agresión de los “anti”, de los que resisten la identificación entre el yo del líder y la totalidad del pueblo.

La confirmación de la condena por defraudación al Estado -seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos- resignifica el escenario político argentino. Sin embargo, la respuesta discursiva del entorno kirchnerista se mantuvo aferrada a consignas ajadas, amplificadas por la lógica de la posverdad: “ataque a la voluntad popular”, “ruptura del pacto democrático”, “proscripción”, “cárcel con dignidad”, “resistencia”, “partido judicial”, aderezadas con descalificaciones e insultos.

En este contexto, se agudiza una confusión deliberada entre política y justicia. Aunque el relato populista excede ideologías (el actual gobierno nacional también recurre a él), las voces que rechazaron la condena apelaron a un discurso que insiste en subsumir el concepto de “pueblo” en el “yo” de un liderazgo hoy en retirada. De este modo, toda institución que no derive directamente de un mandato electoral es percibida como una amenaza. Por caso, medios de comunicación y el poder judicial, si no se alinean, deben ser combatidos. Visión preocupante para la salud de una república.

Tras el pronunciamiento de la Corte Suprema, la perplejidad se adueñó del peronismo. Los sectores más fieles se manifestaron con alguna virulencia y fueron voceros de teorías conspirativas, otros emitieron comunicados descafeinados, algunos se llamaron a incómodos silencios. Con el paso de los días, hubo intentos de ordenar la respuesta, aunque ciertas ausencias revelaron lo difícil que será alcanzar una unidad de criterios. No obstante, podría esperarse que la estructura partidaria geste una acción más organizada y que facciones más extremas intenten escalar el conflicto.

En este marco, la reconfiguración del escenario político derivada de la decisión de la Corte interpela, no solo a las distintas facciones del peronismo, sino también a todos los actores, que deberán encontrar nuevas formas de tramitar los conflictos en el marco democrático. Es imprevisible determinar lo que sucederá, pero la inestabilidad podría ser la norma. También es probable que el debate parlamentario se radicalice y la campaña electoral se tense aún más.

La magnitud simbólica del fallo exhibe un dato relevante:  la dimensión épica del relato no siempre encuentra eco automático en la sociedad. La reacción fue acotada. La del peronismo, aun con todos sus bemoles, era esperable. El caso dominó los espacios de todos los medios de comunicación. La burbuja de las redes sociales expresó como nunca la grieta. Pero la vida continuó. No hubo multitudes en las calles, ni un nuevo 17 de octubre. Es cierto que se registraron reducidas manifestaciones, vigilias frente al domicilio de la expresidenta condenada, algunos cortes de calles o rutas, tomas de colegios universitarios y un vil ataque a un canal de televisión. Pero fueron hechos protagonizados por una minoría intensa y fanatizada, especialmente en el Amba. Hasta el fin de semana no había ocurrido eso de que “se iba a armar”, según los cantos militantes. 

Es hoy convicta por delitos vinculados con la corrupción quien gobernó al país durante dos períodos, fue vicepresidenta en otro -aunque intente borrar este último “pergamino” de su currículum- y también es titular del justicialismo. Desde sus orígenes, la narrativa simbólica del peronismo ha estado ligada a la imagen del líder en el balcón. El vínculo entre el conductor y el pueblo tiene a los balcones como escenario de un ritual de masas repetido, pese a barquinazos ideológicos, etapas de violencia, expulsiones a “imberbes”, proclamas flamígeras, momentos de gloria y episodios oscuros. Volviendo a las figuras retóricas, comparar aquellos balcones con el del lujoso departamento desde el que la expresidenta hoy se muestra bailando ante un reducido grupo de incondicionales es una hipérbole que revela el agotamiento de una narrativa. Una exageración más de una épica que, al parecer, va ingresando en su crepúsculo.

El Tribunal Oral Federal n°2 desestimó este miércoles el pedido de detención inmediata de Cristina Kirchner solicitado por los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola y ratificó que la expresidenta tendrá 5 días hábiles para presentarse en Comodoro Py.

El juez a cargo del Tribunal, Jorge Gorini, ratificó lo que había dictado tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia y sentenció: “estése a lo dispuesto en el día de ayer“.

Este martes, Gorini le dio cinco días hábiles a la expresidenta para presentarse en Comodoro Py y hacer efectiva su detención para comenzar a cumplir con su condena a seis años de prisión.

El mismo plazo también correrá para el resto de los condenados por la misma causa: Lázaro Báez (6 años), el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Santibañez (4 años) y Raúl Pavesi (4 años y 6 meses).

El TOF 2 sostuvo que este es un "plazo prudencial en atención a que algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas".

A su vez, el tribunal solicitó al Ministerio de Seguridad que "procure asignar una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas nombradas". Un punto a tener en cuenta es que el lugar de detención para Cristina Kirchner tendrá que poder asegurar su seguridad, no sólo por el rol de presidenta que ejerció en dos oportunidades sino también porque en 2022 sufrió un intento de asesinato.

El mercado financiero toma con indiferencia la condena a Cristina Kirchner y en consecuencia el dólar opera estable, mientras que bonos y acciones muestran resultados mixtos.

El dólar oficial en el Banco Nación opera sin cambios con relación a la víspera en $ 1.150 para la compra y $ 1.200 para la venta. El dólar mayorista lo hace a $ 1.179 y $ 1.188. En el promedio de los bancos se comercializa a $ 1.159 y $ 1.202. En la plaza financiera el MEP vale $ 1.190 y el Contado con Liquidación en $ 1.192. Por su parte, el dólar “blue” se ofrece a $ 1.160 y $ 1.180 para ambas puntas.

Las primeras operaciones en el mercado accionario registran una caída de 0,5% en el índice MERVAL.

Los bonos de la deuda pública tiene resultados mixtos y el Riesgo País permanece en la zona de 650 puntos.

"Una titana de la política en Argentina fue condenada a prisión” tituló hoy The New York Times al presentar la información de la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner en la Argentina.

El diario describió a la ex mandataria como una figura dominante durante más de dos décadas en la política argentina.

También fue más allá y señaló que el fallo marca el fin oficial de sus aspiraciones políticas, en tanto que destacó que, “aunque no irá a prisión efectiva por su edad, enfrenta consecuencias judiciales tangibles en un país con antecedentes de impunidad”.

Por su parte, el diario El País de España fue por la misma línea cuando tituló “Una figura central queda apartada”.

Telesur de Venezuela presentó hoy los mensajes de solidaridad a la ex mandataria bajo el título “Cristina Kirchner recibe apoyo de comunidad internacional ante episodio de lawfare judicial”.

La agencia de noticias ANSA se mete de lleno en la política argentina y señala “Golpe al peronismo”, para analizar más adelante que el caso no tiene precedentes.

En casi todos los casos,  los medios internacionales dan por sentado que la sentencia cierra las puertas a un eventual regreso de Kirchner al poder.

El diario El País de Uruguay se inclinó por presentar el caso como “Una decisión histórica”, en tanto que O Globo  de Brasil subrayó que, “aún hay recursos pendientes en tribunales internacionales”.

La agencia estadounidense Bloomberg resaltó la “prohibición de por vida” impuesta a la ex mandataria para ejercer cargos públicos en tanto que la agencia de noticias china Xinhua informó sobriamente del tema, con diferentes cables y actualizaciones minuto a minuto, nutridos de gran cantidad de detalles del caso.

La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional San Francisco difundió un comunicado en el que manifiesta su "repudio" al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual ratifica la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde la central obrera consideran que la decisión judicial representa una “proscrición política” y un nuevo ataque a la democracia.

En el documento, firmado por la secretaria general María Paula Cabrera, se advierte que "la justicia ahora se atribuye la potestad de definir quiénes pueden ser nuestros candidatos", y denuncian la falta de “seguridad jurídica” y “la independencia de poderes” en el país.

El pronunciamiento afirma que la condena contra la ex mandataria constituye una “persecución mediática, política y judicial”, y alerta sobre el contexto: “No estamos frente a una mera sentencia, sino que estamos viviendo un nuevo ataque a la democracia, como ya hemos transitado otros a lo largo de la historia de nuestro país”.

Finalmente, la CGT San Francisco convocó a todos los trabajadores a "seguir defendiendo la democracia" y a mantenerse organizados y militantes “del lado de los que más sufren”.

La reciente ratificación de la condena a seis años de prisión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner generó diversas reacciones en el ámbito político de todo el país, y San Francisco no fue la excepción. Representantes locales de distintos espacios se expresaron sobre el fallo judicial, que involucra a la exmandataria en una causa por corrupción durante su gestión.

Luciano Stoppani, concejal de Juntos por el Cambio, valoró el accionar del Poder Judicial y remarcó la independencia de la Justicia. “Me parece que la Justicia actúa en forma independiente. Se presentaron todas las pruebas, y el fallo de los jueces fue categórico”, expresó el edil.

“Es algo que siguió su curso con los tiempos que tiene la Justicia y finalmente se llega a esta condena que, por lo que leemos en el fallo, está bien que así sea. Esa es mi reflexión”, concluyó.

Por otro lado, Andrés “Bocha” Romero, referente local del Frente Renovador, cuestionó duramente la resolución judicial y la calificó como parte de una maniobra política para proscribir a la exmandataria.

“Considero que es un capítulo más de la persecución político-judicial que han efectuado sobre Cristina, quien es la principal dirigente política del país. En sus gobiernos se garantizaron condiciones de vida que permitieron a muchos argentinos acceder a una vivienda, a la educación pública y gratuita, a títulos universitarios, y a crecer económica y familiarmente”, señaló.

“Ese modelo de distribución que impulsó Cristina y que históricamente representa el peronismo, es lo que genera la reacción de los sectores de poder. En ese marco, se armó una causa muy floja de papeles, un mamarracho según juristas reconocidos, donde no hay pruebas ni testigos. Solo hay una condena basada en la convicción de un tribunal que, desde el inicio, ya tenía escrita la sentencia”, sostuvo Romero.

El ex concejal también apuntó contra el gobierno nacional y el funcionamiento del Poder Judicial. “Esta situación genera inestabilidad en un país que ya atraviesa una crisis profunda. Y justo cuando empezaba a organizarse una respuesta política con Cristina como candidata en la provincia de Buenos Aires, casualmente la Corte y la Justicia empezaron a mover el expediente para definir esta condena y proscribirla”, afirmó.

“Incluso el propio gobierno nacional es responsable, porque públicamente niega esta situación, pero por abajo está operando para que se concrete la condena. La justicia actúa con una velocidad inusual cuando se trata de Cristina, y claramente hay intencionalidad política”, agregó.“Esta justicia no representa a nadie y no tiene ningún rasgo de imparcialidad. Eso pone en riesgo también los derechos de todos los ciudadanos”, concluyó.

Mientras tanto, el fallo continúa generando ecos en todo el país y promete seguir marcando el pulso de la política nacional en los próximos meses.