Desde esta mañana a las 8, el sistema de navegación aérea nacional enfrenta una serie de interrupciones operativas debido al plan de lucha iniciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que ya ha provocado demoras y cancelaciones de vuelos.

La medida afecta hoy exclusivamente a los despegues de vuelos domésticos en todas las terminales del país, con una extensión prevista hasta las 11:00 horas, a pesar de que la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación para las 10:00 horas.

La contingencia ha generado alteraciones significativas en las programaciones de las principales líneas aéreas. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, gestionado por Aeropuertos Argentina, se registraron reprogramaciones desde la madrugada.

Al menos cuatro vuelos de Flybondi debieron ser cancelados, mientras que Aerolíneas Argentinas y Latam reprogramaron varios de sus servicios para después de las 11,30m según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas.

En Aerolíneas Argentinas, los servicios con destino a Catamarca, San Juan y Ushuaia, originalmente programados entre las 09:00 y las 10:00 horas, debieron ser postergados para después de las 11:30 horas. Por el contrario, los vuelos hacia Santiago del Estero y Jujuy fueron adelantados para evitar la franja del cese de actividades.

Flybondi, en tanto registró también demoras similares en sus servicios hacia la Patagonia, particularmente en la ruta a Ushuaia.

Este escenario de reprogramaciones y cancelaciones se replica en el Aeroparque Jorge Newbery y en el resto de las terminales del interior, donde se recomienda a los pasajeros la consulta permanente de los estados de vuelo a través de los canales oficiales.

El gremio fundamenta la medida en un reclamo de recomposición salarial derivado de las paritarias firmadas en septiembre. Según la dirigencia sindical, los acuerdos alcanzados tras el conflicto de agosto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) no han sido cumplidos por la parte empleadora.

El cronograma de paros, ratificado por ATEPSA, contempla una escalada progresiva:

Inicia este 17 de diciembre afectando vuelos nacionales.

Se extenderá hasta alcanzar la operatividad de los vuelos internacionales el próximo 27 de diciembre, coincidiendo con el pico de demanda por las festividades de fin de año.

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Transporte, ha manifestado un rechazo categórico a estas acciones.

Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA): En un comunicado oficial, la entidad calificó la medida como "ilegítima" e "inadmisible", subrayando que el transporte aéreo es un servicio esencial garantizado por ley. Advirtieron que la interrupción en fechas de alta demanda estacional perjudica directamente a cientos de miles de ciudadanos.

Fuentes Gubernamentales señalaron que la actitud del sindicato ha sido de una "inflexibilidad total" ante las propuestas de diálogo, lo que motivó la nueva convocatoria de urgencia por parte de la Secretaría de Trabajo.

Para una correcta planificación de los usuarios, se detallan las ventanas de afectación previstas para los próximos días:

Miércoles 17: Interrupción de despegues nacionales de 08:00 a 11:00 horas (en Aeroparque finaliza a las 10:00).

Jueves 18: Afectación de vuelos nacionales entre las 16:00 y las 19:00 horas (en Aeroparque finaliza a las 18:00).

Martes 23: Cese de operaciones nacionales de 19:00 a 22:00 horas (en Aeroparque finaliza a las 21:00).

Sábado 27: Primera afectación a vuelos internacionales, programada entre las 14:00 y las 17:00 horas.

Lunes 29: Paro general de despegues (nacionales e internacionales) de 08:00 a 11:00 horas.

Dada la naturaleza dinámica del conflicto y el "efecto dominó" que estas interrupciones generan en la red de aeropuertos de Aeropuertos Argentina, se sugiere no trasladarse a las terminales sin antes haber confirmado la nueva hora de embarque con su transportador.

Aerolíneas Argentinas informó que “cerca de 60 vuelos programados entre las 6:00 y las 10:00 de mañana, podrían registrar demoras como consecuencia de una nueva medida de fuerza dispuesta por el gremio de pilotos APLA, que podría afectar los planes de viaje de más de 7.000 pasajeros”.

“La compañía lamenta profundamente esta situación que genera perjuicios directos sobre los pasajeros, en un momento en que Aerolíneas Argentinas atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado”, indica el comunicado de la empresa estatal.

Sostienen, además, que “este proceso, que permitió alcanzar niveles de eficiencia y sustentabilidad inéditos en la última década, requiere del compromiso de todos los sectores que forman parte de la empresa. Medidas como estas no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector y dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía”.

“Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”, señalan.

Finalmente, recomiendan a los pasajeros con vuelos programados entre las 5.30 y las 11.30 hs del viernes 24 de octubre “verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. Además, se solicita verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria”.

Aclaran que, “si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma”.

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas, nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), volverán a realizar este viernes “asambleas informativas” en el Aeroparque Jorge Newbery.

“Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 𝟲:𝟬𝟬 𝘆 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟬:𝟬𝟬 𝗮.𝗺.”, indicó el gremio a través de su cuenta en la red social X.

Agregaron que, “hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”.

Una nueva marcha universitaria se llevará a cabo este jueves para exigir un aumento presupuestario, además de la “urgente” actualización salarial y garantizar una universidad pública “gratuita, inclusiva y de calidad".

La concentrción comenzará a las 17hs en la Plaza Houssay (Av. Córdoba al 2.100), donde gremios docentes, no docentes y estudiantes acompañarán el paro que se realizará el jueves y el viernes con el objetivo de visibilizar la situación de ajuste y recorte que atraviesan desde 2024.

En este contexto, las movilizaciones y actos en las distintas universidades del país, tendrán una serie de actividades bajo la consigna "¡Prendete a defender la universidad pública!".

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitario (CONADU Histórica) fue quien anunció este plan de lucha, ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional, que continúa postergando la discusión paritaria.

En sintonía con la marcha, el paro nacional de 48 horas no sólo exigirá la recomposición salarial, sino que también reclamará que se trate la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso de la Nación, que agrupa a las federaciones docentes y no docentes; al Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a rectores y a la Federación Universitaria Argentina, que representa al estudiantado.

"Este proyecto es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino y, por eso, convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto, a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad", indicó la CONADU a través de un comunicado.

Por su parte, Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y dirigenta nacional de la Juventud de Izquierda Socialista (JIS) le indicó a Noticias Argentinas que es importante remarcar que, el aumento presupuestario, se exige en medio de una situación “de emergencia”, como así también, las becas integrales, el boleto educativo nacional, las mejoras en infraestructura y “todo lo necesario” para “garantizar el acceso y la permanencia” en una universidad pública y gratuita.

“Ante la presentación de la Ley de Presupuesto Universitario pensamos que es fundamental para su aprobación la presión en las calles. Por eso exigimos a las otras conducciones de la FUA y la FUBA pongan fecha para una Marcha Universitaria Federal. Razones para luchar sobran, fuerza y ganas también”, concluyó.

Este jueves 5 de junio, la atención al público en las sucursales del Banco de Córdoba del interior provincial se vio afectada por una asamblea convocada por la Asociación Bancaria.

La medida fue impulsada por las seccionales de San Francisco, Río Cuarto, Villa María y Marcos Juárez, en el marco de un conflicto que, según denunciaron en un comunicado conjunto, se ha profundizado ante la falta de respuestas por parte de las autoridades del banco.

Desde el gremio afirman que las condiciones laborales vienen deteriorándose progresivamente. Entre los principales reclamos señalan la falta de personal, la precarización laboral, el vaciamiento de sucursales, la eliminación de horas extras, la existencia de sistemas informáticos obsoletos y la ausencia de un plan de carrera.

A su vez, cuestionan que, mientras se aplican “ajustes sobre los trabajadores”, la entidad destina “importantes recursos a consultorías externas y cargos jerárquicos”, sin atender los planteos que vienen realizando desde hace tiempo.

“El conflicto se profundiza”, afirmaron desde la Asociación Bancaria, y aseguraron que las autoridades del banco han respondido con “indiferencia y falta de acción” frente a los pedidos de diálogo.

Entre los puntos exigidos, el gremio plantea la “incorporación urgente de personal”, la “regularización de los vínculos laborales”, el “fin de la flexibilización”, una “revisión salarial” y mayor inversión en tecnología y en mejores condiciones de trabajo.

El Ministerio de Capital Humano dictó este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen los médicos y trabajadores del Hospital de Pediatría “Juan P. Garrahan”, que habían iniciado una reducción de tareas por reclamos salariales e iban a concretar desde este jueves un paro de residentes por 24 horas.

En la resolución, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la cartera Capital Humano que conduce Sandra Pettovello dio por iniciado "un período de conciliación obligatoria por el término de 15 días".

El Gobierno dispuso así "dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de 15 días, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11° de la normativa preindicada, debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio".

También intimó a los gremios ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan a "dejar sin efecto, durante el período indicado en el artículo anterior, toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual".

Además del paro de residentes que había sido convocado para mañana, los trabajadores de esa institución tenían previsto concretar la semana próxima un "paro por tiempo indeterminado", debido al "atraso salarial" de ese sector.

La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso la derogación de la Decisión Administrativa 244/2013, que obligaba a las jurisdicciones y entidades del sector público a contratar exclusivamente con Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas para los traslados de sus funcionarios y terceros.

La normativa original formaba parte del marco regulatorio establecido por el Decreto 1191/2012, que buscaba priorizar la contratación con empresas en las que el Estado Nacional tuviera participación accionaria. No obstante, con el Decreto 70/2023 que declaró la emergencia pública en múltiples aspectos hasta 2025, se introdujo un programa de desregulación que limitó los beneficios otorgados a dichas compañías, y el posterior Decreto 747/2024 eliminó específicamente la obligatoriedad de dichas contrataciones.  

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a través de la medida publicada hoy en el Boletín Oficial bajo la Decisión Administrativa 1017/2024, argumentaron que la medida busca garantizar un régimen de contrataciones más equitativo, basado en licitaciones públicas y concursos que fomenten la transparencia y promuevan la concurrencia. La decisión entra en vigencia a partir de su publicación.   

Tras una serie de reuniones entre el martes y la madrugada de este miércoles entre autoridades de la empresa y representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), las partes lograron firmar un preacuerdo.

Si bien aún no hay información oficial, trascendió que las partes lograron cerrar un entendimiento económico y sobre el convenio laboral y la negociación todavía debe ser aprobada por la asamblea de los afiliados para que los acuerdos queden en firme.

Las firmas de las actas finalizaron a las 4:15 de este miércoles, tras una reunión de más de 13 horas, que por momentos estuvo a punto de fracasar por la intransigencia de APLA, que se resistía a ceder algunos de los privilegios del Convenio Colectivo de Trabajo.

Pero la posición dura del gobierno al respecto y la necesidad de no “escalar” más el conflicto, llevó finalmente a un recorte que, aunque no los dejó muy satisfechos, fue consensuado con los titulares del gremio.

Los representantes de los tres sindicatos del personal de la línea aérea aceptaron un aumento del 16 por ciento y también cedieron algunos “privilegios” que figuran en el convenio laboral, y si bien las firmas están supeditadas a la aprobación por parte de las respectivas asambleas, fuentes gremiales anticiparon que lo acordado “está bien”, por lo que aseguran que solo será un trámite.

En lo que hace específicamente a los pilotos, se suma la figura de “productividad” que implica una mejora de entre un 3 y 4 por ciento según la cantidad de horas extras voladas y aceptaron que los pasajes gratuitos serán en clase Turista con up grade a Ejecutiva sujeto a disponibilidad.

Respecto al otro punto controversial, los remises, se seguirán utilizando, al menos hasta que venzan los contratos con las respectivas empresas, pero desde ahora, tanto pilotos como tripulantes de cabina, inician su jornada laboral cuando llegan al aeropuerto y no cuando se suben al vehículo, como regía hasta ahora.

El tema de la productividad es interesante, ya que los pilotos de Aerolíneas Argentinas vuelan menos que sus colegas de otras líneas aéreas de la región. Un comandante de vuelos trans oceánicos de la línea de bandera no supera las 40 a 50 horas por mes contra 70 horas de un piloto de LATAM, Copa o Avianca.

Otras cuestiones acordadas fueron el achicamiento de los tiempos de descanso en destinos remotos como Madrid y Roma y dejar de disponer de asientos en clase ejecutiva durante el tiempo de vuelo, al igual que una reducción en los pasajes con descuentos para los pilotos, tripulantes de a bordo y sus familiares.

Para facilitar las negociaciones, los líderes de los sindicatos, Pablo Biró (APLA), Juan Pablo Brey (AAA) y Edgardo Llano (APA), no participaron de las reuniones y delegaron la tarea en sus responsables del área Gremial, con quienes estaban en contacto permanente desde sus celulares para monitorear lo que se estaba hablando en la sede de la empresa en Aeroparque.

Ahora, solo resta esperar que las asambleas ratifiquen todo lo acordado y luego se hará un anuncio oficial desde el Gobierno nacional.

La municipalidad de San Francisco, a través de la Dirección de Transporte Urbano de Pasajeros, informó que debido a la medida de fuerza dispuesta por el Suoem, el Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros funciona con un cronograma de emergencia y una reducción del 50 % de las unidades.  

En tanto, la línea que se dirige al IPEA 222 "Agrónomo Américo Almes Milani", se encuentra funcionando con total normalidad.

Aerolíneas Argentinas denunciará a los gremios de pilotos y tripulantes de cabina por las medidas de fuerza adoptadas contra la compañía y comenzará el proceso destinado a expulsar a Pablo Biró, titular de APLA, del Directorio de la empresa, según se conoció hoy a través de un comunicado.

“Las recientes medidas de fuerza llevadas a cabo por los gremios APLA (pilotos) y AAA (tripulantes de cabina), originalmente denominadas "asambleas informativas" para ocultar su naturaleza abusiva e ilegal, ya le provocaron a Aerolíneas Argentinas pérdidas por más de 2 millones de dólares”, arranca señalando el comunicado.

Agrega que “como consecuencia, la compañía avanzará en una demanda a los gremios involucrados por los perjuicios ocasionados, principalmente por el lucro cesante de la operación y por los reclamos de los pasajeros perjudicados. También se denunciará a los principales representantes de estos sindicatos como responsables de estas medidas: Pablo Biró por APLA, y Juan Pablo Brey por AAA”.

“El caso de Biró implica además una responsabilidad mayor por formar parte del Directorio de Aerolíneas Argentinas. Es decir que por sus manifestaciones públicas y su accionar directo en contra de los intereses de la compañía, Biró actuó en forma desleal en contra de la propia empresa y es responsable "ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión", de acuerdo al artículo 59 de la Ley General de Sociedades”, indica el documento.

Y anticipa que, “por esta razón, por pedido de la Secretaría de Transporte, accionista principal de la compañía, se tomarán las acciones necesarias para iniciar el proceso de expulsión de dicho órgano”.

Añade que “ya se realizaron más de 400 descuentos a pilotos, copilotos y tripulantes por incumplir con sus tareas y afectar la programación de vuelos de la compañía. Estos descuentos son de un promedio de 150 mil pesos por día para pilotos, y de 50 mil pesos por día para tripulantes”.

Y concluye afirmando que “desde Aerolíneas Argentinas pondremos todo nuestro empeño en evitar mayores complicaciones en los itinerarios de viaje de nuestros pasajeros, y continuaremos denunciando todo tipo de medida gremial que esté deliberadamente diseñada para perjudicarlos”.

La industria aceitera solicitó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantiene paralizada la actividad en el sector desde hace una semana.

“La industria decidió solicitar la conciliación obligatoria frente a la imposibilidad de lograr recuperar el diálogo con los líderes sindicales y la negativa a permitir a los trabajadores ingresar en las plantas para retornar al normal desarrollo de las actividades”, señalaron los empresarios del sector en un comunicado de prensa.

El pedido también se realizó este pedido a la Secretaría de Trabajo de la Nación “dado que los sindicatos ya ha generado enormes daños económicos a transportistas de granos que quedaron varados o que no pudieron realizar sus viajes a puertos debido a  la imprevista y meditada decisión de decretar un paro sin aviso previo”.

“Recordemos que las demandas salariales de tener un ingreso superior a la inflación ya han sido atendidas por la industria, que ofreció un 12% de aumento al mes de julio y un 5% para septiembre, llevando el total al 107% anual y con un salario mínimo conformado superior a los 2 millones de pesos, así como un salario promedio superior a los 3 millones de pesos”, indicaron las cámaras.

En ese sentido enfatizaron que “es el momento de lograr acuerdos salariales y dejar de lado aspiraciones o cuestionamientos de políticas públicas que exceden el marco de la paritaria”.

La medida de fuerza por reclamos salariales empezó el martes pasado y  se profundiza frente al distanciamiento de las posiciones entre los representantes de los trabajadores y las empresas, afectando a la actividad en todas las plantas del país y la liquidación de divisas del sector agroexportador.

Tras la intervención del Ministerio de Trabajo provincial, representantes del Sindicato de Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoem) se reunieron con autoridades locales en Devoto para abordar el reclamo por precarización laboral en la municipalidad. Este encuentro marca el inicio de un diálogo ante las demandas sindicales, que incluyen denuncias de condiciones laborales injustas y salarios insuficientes.

El reclamo, impulsado por el Suoem, ha alcanzado una primera audiencia programada para el próximo martes 18 de junio, donde se espera que se discutan las demandas planteadas por el sindicato. Este acontecimiento sigue a una olla popular realizada la semana pasada como parte de las protestas, que recibió atención nacional tras un enfrentamiento con inspectores de Bromatología y la detención de un manifestante por presunta agresión a un funcionario municipal.

Las acciones sindicales denuncian la precarización en la contratación de trabajadores municipales, incluyendo salarios insuficientes y malas condiciones laborales. 

La firma láctea SanCor estimó que el conflicto con la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA) que paralizó la producción en distintas plantas, le produjo pérdidas por más de $4.500 millones en el lapso de dos meses y frente a posibles nuevas medidas de fuerza advirtió que solamente “quien trabaja, cobra”.

Ante el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional el pasado 26 de diciembre y la probabilidad de que el gremio lácteo retome los bloqueos, SanCor expresó mediante un comunicado los perjuicios económicos que tuvo y lanzó una contundente advertencia para los trabajadores que se pleguen a nuevos reclamos que paralicen la actividad.

Desde la compañía, expusieron las pérdidas económicas indicando que “la falta de elaboración, distribución y venta de productos durante el período comprendido entre el 18 de octubre al 22 de diciembre de 2023, concentrado en tres grandes conceptos, condujo a una pérdida que supera los 4.500 millones de pesos”.

De acuerdo a lo manifestado por la firma, el conflicto gremial estuvo motivado por la caída del Fideicomiso de Administración y reclamos salariales. Al respecto, según describieron, ATILRA sostenía que SanCor es responsable del vencimiento de los plazos acordados para que el fideicomiso pueda funcionar  “por no haberse aportado los fondos comprometidos ni cumplimentado las condiciones básicas previamente acordadas”.

En este sentido, el comunicado expresó que “si SanCor no hubiera defendido el cumplimiento de esas condiciones, efectivamente hoy podría haber sido acusada de vaciamiento de activos empresarios, defraudación de los acreedores y del fisco y de abandono del personal” y aseguró que “por el contrario, con su postura, aseguró que, además del cumplimiento de su responsabilidad legal, logró que los activos sigan siendo respaldo de la actividad”.

Al respecto, días atrás, delegados gremiales denunciaron que “SanCor viene tercerizando unidades de negocio, desguazando su actividad productiva y produciendo de esta manera un vaciamiento de empresa” y anticiparon que “esta despreciable estrategia, no cierra sin despidos masivos y sin violentar todos nuestros derechos laborales”.

Por el lado de los reclamos salariales, desde SanCor remarcaron que en todo momento “la cooperativa realizó propuestas superadoras, las cuales nunca fueron consideradas por el gremio y ni siquiera trasladadas a los trabajadores, teniendo como única respuesta la negativa tajante de las autoridades gremiales”.

En esa línea, recordaron que “en todo momento, SanCor señaló a sus empleados que, al retomar las tareas, se comenzaría a aplicar un cronograma de pagos que conduce a una rápida recuperación salarial” e informaron que “en el transcurso de esta semana, todos los trabajadores que desempeñaron sus tareas recibieron la suma de $250.000 comprometida en el plan”.

Apelando a la capacidad coercitiva del cobro regular de los salarios y anticipándose a una nueva paralización de las plantas, el comunicado señaló que “la Cooperativa depende de sus ingresos para cumplir con sus obligaciones, por lo cual tiene la firme determinación de aplicar fielmente el plan de pagos, siempre bajo la premisa de que 'quien trabaja, cobra'”.

Otro aspecto que expusieron los delegados sindicales en el comunicado difundido el fin de semana pasado fue la imposibilidad de garantizar el control sobre los alimentos producidos para que estén aptos para su consumo al expresar que “en una empresa ruinosa, sin mantenimiento, ¿Quién asegura la inocuidad de los productos? Las y los trabajadores no queremos convertirnos en cómplices de la mafia responsable”.

Frente a esto, desde la cooperativa láctea señalaron que “para tranquilidad de todos, la reconocida calidad de los productos SanCor tiene su fundamento en la materia prima de excelencia, en sus instalaciones tecnológicamente aptas, en procesos de elaboración certificados y en el profundo conocimiento de todas las personas que intervienen en la elaboración”.