El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación que viajó junto al presidente Javier Milei en el ARG 01 rumbo a Nueva York durante el informe de gestión que brinda en el Congreso Nacional, y rechazó la existencia de “delito” para justificar su patrimonio.

“Fue aclarado en la justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026”, expresó, y completó: “Se concluyó que la documentación vinculadas al manifiesto de vuelos y las resoluciones aprobatorias no representan ninguna irregularidad”.

Asimismo, el funcionario destacó que la causa fue archivada por la justicia y subrayó que “la misión fue debidamente autorizada y no hubo delito”. “Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado y que no existió incumplimiento en su invitación”, aseveró.

“Esto prueba que, cuando se le permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara”, añadió desde Diputados, y completó: “Pedí disculpas a los argentinos, entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia. Estas disculpas han sido utilizadas por algunos como una herramienta política para obstaculizar la gestión del Gobierno, lo cual no me sorprende”.

Por otra parte, Adorni pidió dividir sus gastos privados del público y diferenciar las actividades de su vida privada con “actos de gobierno”. “Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables. He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar”, expresó.

“El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones. Las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y, además, falsas. Tendenciosas y falsas”, aseveró además.

Asimismo, se comprometió a presentar la nueva declaración jurada, con fecha de vencimiento el 31 de julio, en la detalla su patrimonio integral. “Las autoridades judiciales son las competentes para investigar y conocer en todas las denuncias presentadas. También, las actuaciones que se encuentran en trámite ante la Oficina Anticorrupción tienen carácter reservado y han sido puestas a disposición de la Justicia”, especificó.

“Todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito”, se expidió el funcionario, y rechazó contrataciones entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío.

Por último, desmientió la existencia de contratos entre el Estado y Bettina Angeletti, “ni directa ni indirectamente”, y sostuvo que “no existe ni existió incumplimiento alguno al régimen de incompatibilidades y conflictos de interés previsto en la Ley de Ética Pública o en sus reglamentaciones”.

“Nunca un Gobierno anterior colaboró de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Por el contrario, los funcionarios anteriores hoy cuentan con condenas firmes y participan de un espacio político que hoy quiere simular una igualdad de condiciones”, afirmó, y concluyó: "Han sacado conclusiones equivocadas y quiero ser más claro todavía: no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

La Policía abocada al operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso dispersó este jueves a manifestantes con camiones hidrantes y gases lacrimógenos, luego de que estos arrojaran piedras y botellas contra los uniformados.

Desde el mediodía comenzaron a concentrarse manifestantes en las inmediaciones del Congreso como parte del paro general contra la reforma laboral que se debatía en la Cámara de Diputados, pese a que la conducción de la CGT había llamado a una huelga sin movilización.

También hubo manifestantes de las dos CTA y de sectores de izquierda como el Partido Obrero, el MST, el Polo Obrero y el MTR.

Algunos de ellos arrojaron botellas y palos contra las fuerzas de seguridad e intentaron derribar una de las vallas. Pese a la intervención, continuaron los disturbios y las fuerzas utilizaron gases para contener la situación.

Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que la Policía Federal detuvo a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, mientras la Policía de la Ciudad reporto 8 detenidos más, lo que arroja un total de 12 aprehendidos durante las protestas.

Tras el fuerte revuelo generado por el artículo de la reforma laboral que recorta el sueldo durante las licencias por enfermedad, la senadora Patricia Bullrich dio marcha atrás y anticipó que impulsarán modificaciones en la Cámara de Diputados para que los casos de mayor gravedad sigan cobrando la totalidad de sus haberes.

En recientes declaraciones televisivas, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta explicó que la excepción de pago al 100% aplicará exclusivamente para "enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables", siempre y cuando exista una "corroboración concreta y fehaciente" del cuadro médico.

El polémico punto, introducido a último momento y que pone en duda el acompañamiento de algunos bloques aliados, forzó al oficialismo a recalcular su estrategia. Bullrich adelantó que ya están "trabajando" para incorporar este parche durante el inminente debate en la Cámara baja, buscando la ingeniería legislativa necesaria para sortear un eventual retorno del proyecto al Senado, lo que demoraría la promulgación que busca la Casa Rosada.

Cabe recordar que la media sanción del Artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, frente a un accidente o enfermedad ajena al ámbito laboral, el trabajador cobrará solo el 50% de su sueldo si el cuadro es producto de una "actividad voluntaria y consciente del riesgo" (ejemplo que el Gobierno graficó días atrás con "lastimarse jugando al fútbol"), y un 75% si no hubo intención.

Ante las críticas por este duro ajuste, Bullrich justificó la esencia original del recorte denunciando una "mafia de certificados truchos" a nivel nacional que perjudica a las empresas.

"Tendríamos que tener muchos más presos, hay presos en todo el país por certificados truchos. Hay médicos presos, clínicas que han tenido juicio. La Libertad Avanza llegó para terminar con las mafias", sentenció la legisladora para defender la columna vertebral de la reforma.

Fuente: Agenca NA

El verano político argentino transcurre con episodios que marcan el clima de época. Mientras la rosca se mueve entre sombras, algunas playas bonaerenses, teatros marplatenses y festivales cordobeses son escenario propicio para la aparición de gobernantes con la intención de “bañarse” de aplausos y vítores. Negociaciones arduas para sumar adhesiones a la reforma laboral y un suspenso que mantiene en vilo a los actores de la política nacional.

En este marco, el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso prevé ajustadas expectativas. Todo parece indicar que el Senado aprobará el proyecto de reforma laboral, aunque deberá ceder en algunos aspectos puntuales, especialmente referidos a disposiciones tributarias que son resistidas por varios gobernadores. Llamativo es este aspecto: sobre una ley que reformula o moderniza las condiciones de trabajo de los argentinos se discuten las aún no resueltas cuestiones impositivas y fiscales entre Nación y provincias.

Esta situación, además, expone los límites reales del poder. Y coloca a la ley laboral en el sitial que ocupan las pruebas de gobernabilidad. El debate exigirá la acción de equilibristas políticos que, pragmatismo mediante, asuman con realismo hasta dónde se puede tensar la cuerda ante un respaldo que existe, pero que exhibe condicionamientos.

La negociación encarnada en las giras por el interior del ministro Santilli no constituye un dato sorprendente. Sí lo es la ausencia de un conflicto mayor. Puede ser que el verano haya amainado los reclamos. Sin embargo, ante la inminencia del debate y pese a las amenazas de algunos gremios combativos, la conducción de la CGT solo expresa su oposición de modo verbal. La resistencia históricamente explosiva a los anteriores intentos de reformas laborales aún no se manifiesta. Es muy posible que esta circunstancia exprese la incapacidad de buena parte de la dirigencia política para leer el presente político y sus disrupciones nacionales e internacionales.

Sin haber demostrado todavía que se aprendieron las lecciones de los fracasos legislativos del año pasado, el gobierno confía en que la reforma laboral saldrá del Senado. Es así como Milei mantiene su protagonismo oscilando entre anuncios de racionalidad (tendremos leyes de “países normales”, dijo) y su habitual histrionismo especialmente cuando se encuentra con los militantes más fervorosos. Sus apariciones públicas, sus números musicales en festivales folklóricos cordobeses y el teatro marplatense le sirvieron para captar la existencia de un clima que mantendría las expectativas expresadas en las urnas en septiembre pasado. Es su estilo confrontador y polémico. Pero también una manera de ocupar el espacio que otros han dejado vacante.

El discurso que pronunció Milei en la Cumbre de Davos no hizo ruido como el del año pasado, cuando arremetió sin miramientos contra la cultura “woke”. Sin embargo, los conceptos allí expuestos permiten entender la controversia abierta a partir de la decisión oficial de adjudicar a una empresa extranjera -con una oferta más competitiva- una licitación millonaria para la provisión de caños destinados a un oleoducto en Vaca Muerta. La disputa expresa la mirada tajante que descarta la intervención del Estado para beneficiar a actores locales, en nombre de un “capitalismo justo”. Y, al mismo tiempo, ratifica el intento de producir un quiebre de las prácticas económicas y empresariales del pasado, al exponer a un poderoso grupo industrial de origen nacional como símbolo de discrecionalidad y búsqueda de beneficios.

Tanto es así, que no hesitó en colocarle el apodo de “Dr. Chatarrín” a uno de los empresarios más poderosos del país, quien se quejó porque una empresa de la India obtuvo la referida licitación. De este modo, repuso en la escena nacional la discusión tan añeja como no resuelta, que enfrenta a las posturas aperturistas con las proteccionistas que, por imperio de las disrupciones de Donald Trump, hoy también envuelve al mundo.

Lejos del estilo didascálico de Davos y aun considerando las enormes diferencias entre los auditorios, su discurso en el evento “Derecha Fest” renovó su faceta más ácida y provocadora. “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, sostuvo en clara alusión a las críticas que hizo el líder del grupo Techint. Y afirmó que “siempre existen piedras en el camino”, en referencia directa al apellido Rocca. 

Así, entre ironías, excesos, “Rock del gato”, “Amores salvajes”, viajes a las provincias del ministro del Interior, poroteos en el Senado, reclamos provinciales ante la posible merma de recursos que pueda generar la reforma laboral, incertidumbre de dirigentes opositores y gremiales que no aciertan en su lectura del presente y  el sonoro choque con un peso pesado del empresariado,  transcurre un verano argentino en el que afloran las mismas controversias no saldadas de siempre -coparticipación, importaciones versus producción nacional, por caso. Para no perder la costumbre, el estío nos encuentra -otra vez- hasta los caños.

Con la baja de la edad de imputabilidad nuevamente en la agenda legislativa, La Libertad Avanza decidió reimpulsar en el Congreso un debate que había quedado inconcluso en 2025 por falta de consensos políticos. La iniciativa, enviada oportunamente por el gobierno de Javier Milei, había logrado dictamen de comisiones en mayo del año pasado, pero nunca llegó al recinto y caducó el 30 de noviembre con la renovación parlamentaria.

La decisión de incorporar la reforma del Régimen Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias de febrero fue tomada esta semana en una reunión de la denominada “mesa política” del Gobierno. El tema recobró impulso tras el crimen del adolescente Jeremías Monzón en Santa Fe y cuenta con el respaldo de la exministra de Seguridad y actual jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

El proyecto original proponía bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, aunque durante el tratamiento en comisiones el oficialismo aceptó modificar el texto y fijar el nuevo umbral en 14, ante la resistencia de bloques dialoguistas y de sectores como la Iglesia. Esa versión fue la que obtuvo dictamen el 6 de mayo, en un plenario encabezado por la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado.

“La baja de edad de imputabilidad es una ley que la ciudadanía pide a gritos. Vamos a trabajar en obtener los consensos necesarios”, afirmó Rodríguez Machado, quien volvió a quedar al frente del plenario de comisiones. La legisladora señaló que el objetivo es avanzar “cuanto antes” hacia una media sanción, aunque reconoció que el debate debe reiniciarse desde cero.

Actualmente, ya están conformadas las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, mientras resta definir las autoridades de Familia, Niñez y Juventudes y de Justicia. Una vez completado ese paso, se establecerá un cronograma para emitir un nuevo dictamen.

En 2025, el proyecto había cosechado apoyos del PRO, la UCR e Innovación Federal, además de adhesiones con disidencias de otros bloques, mientras que Unión por la Patria y algunos diputados firmaron dictámenes alternativos para mantener la edad en 16 años, en línea con recomendaciones de organismos como Unicef.

 Uno de los puntos que generó mayores objeciones fue el costo fiscal de la iniciativa. El texto prevé que los menores sean alojados en institutos especializados y cuenten con supervisión específica, lo que implicaría mayores erogaciones para las provincias. Ese aspecto, que había quedado sin resolución clara, vuelve a ser uno de los principales desafíos del debate que el oficialismo busca reactivar en el inicio del año legislativo.

El cierre de listas para las elecciones de medio término en Córdoba dejó, según Andrés Romero, “una sensación de expectativa” frente a un escenario competitivo. El exconcejal de San Francisco y referente del Frente Renovador destacó que espacios como Hacemos por Córdoba apostaron fuerte al colocar a Juan Schiaretti al frente de la boleta, con un armado que reúne a dirigentes territoriales de peso y busca revalidar la identidad del peronismo en la provincia. “Han puesto toda la carne al asador”, subrayó Romero, aunque advirtió que lo central será conocer las propuestas concretas para los cordobeses.

Respecto de la decisión de Natalia de la Sota de apartarse y conformar un espacio propio, Romero defendió la valentía de la dirigente y su compromiso con los valores históricos de Córdoba, como la producción y el trabajo. Aseguró que su posicionamiento responde al rechazo a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, que —dijo— “han sido claramente destructivas para el tejido productivo y social de nuestra provincia”. Romero valoró en De la Sota su capacidad de transmitir cercanía y empatía con la sociedad, especialmente con sectores vulnerables como jubilados, personas con discapacidad y trabajadores afectados por la recesión".

En cuanto a las críticas que señalan que esa ruptura del peronismo cordobés sería funcional al gobierno nacional, Romero fue categórico: “No estamos de acuerdo. Natalia ha sido la antítesis de las políticas de Milei, marcó diferencias todo el tiempo y votó en contra de las medidas más perjudiciales, como la Ley Bases”. Según el referente del Frente Renovador, el verdadero acompañamiento a Milei provino de sectores del peronismo provincial que, en el Congreso, avalaron proyectos clave del oficialismo nacional.

Al proyectar el escenario nacional, Romero trazó un diagnóstico preocupante. Remarcó la “incertidumbre económica y política” y cuestionó la medición oficial de la inflación, al tiempo que denunció el impacto de los aumentos de tarifas y la caída del poder adquisitivo. “Muchos argentinos se están endeudando con la tarjeta de crédito para poder comer”, señaló.

Finalmente, expresó inquietud por la baja participación ciudadana que se viene registrando en las elecciones. A su juicio, la abstención “beneficia a los oficialismos y a los candidatos conocidos”, aunque insistió en que el voto sigue siendo la herramienta más poderosa para expresar disconformidad y buscar cambios reales.

El Senado entró en un receso invernal tras la aprobación de los proyectos jubilatorios, emergencias y fondos provinciales, iniciativas que tensaron al máximo el vínculo con el gobierno del presidente Javier Milei, quien se apresta a vetar esas leyes en los próximos días.

El Congreso remitió ayer las tres leyes sancionadas el 10 de julio y, a diferencia de 2024, el oficialismo se encuentra ahora en una situación de mayor fragilidad para sostener el veto, que fue ratificado en las últimas horas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La relación de Francos con los gobernadores atraviesa su peor momento, más allá de la foto que Francos se saco con los mandatarios en La Rural la semana pasada.

El ministro coordinador deberá desplegar todo su manual político para recomponer la relación dinamitada no solo por el armado electoral libertario, sino también por incumplimientos económicos por parte de la Casa Rosada con las provincias.

Más allá del veto, que se jugará en primer término en la Cámara de Diputados, el Senado retomará en su retorno su agenda previa a la embestida opositora contra Balcarce 50.

Entre los temas que aparecen en el horizonte podría reactivarse la discusión por la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, un tema que es de poco interés para el Gobierno ya que aspira a encararlo después del período electoral o bien poner en discusión las vacantes actuales, que son dos.

Además, en el tintero espera la situación de la Auditoría General de la Nación (AGN), que funciona sin representantes de Diputados y Senado.

El proyecto que avanzaría en este sentido, aunque en etapa inicial, no establecería cambios en la composición original y distribución del organismo, como pretendía un proyecto libertario, pero sí modificaría el mandato de los auditores, que quedaría en cinco años con posibilidad de una reelección.

Para el recinto queda pendiente la sesión secreta por el caso YPF; otros dos proyectos que estarían en condiciones de ser tratados en el Senado si pasan el filtro de Diputados son los que declaran la emergencia en pediatría y fondos para universidades, que ya cuentan con dictamen y sobre los cuales los diputados avanzarían en pocos días.

Luego de que la Cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto para elevar las jubilaciones, el mercado de bonos reacciona en forma negativa, con un alza del riesgo país, que se vuelve a acercar a los 700 puntos.

Los títulos en dólares bajan hasta 1,3%, encabezados por el Global 2046, seguido por el Global 2035 (-0,9%); y el Bonar 2041 (-0,8%).

El riesgo país elaborado por el J.P. Morgan sube 3,8% y llega a los 688 puntos.

Consultoras adjudican este escenario al aplazo de la primera revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que pasó a fines de julio.

Esto indicaría que el Gobierno está más complicado de lo esperado en materia de reservas internacionales, según analistas como los de la consultora Outlier.

Pablo Grillo, el fotógrafo herido durante la represión policial en la marcha de los jubilados, salió de cirugía y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado y crítico, según informó su padre esta noche en la puerta del Hospital Ramos Mejía.

Los médicos lograron bajar la presión intracraneal y reconstruir parte del tejido dañado, mientras que la respuesta pupilar fue, en principio, positiva. Sin embargo, su estado sigue siendo delicado y los próximos días serán clave para su evolución.

El fotógrafo sufrió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, lo que le provocó traumatismo de cráneo grave, fracturas múltiples y pérdida de masa encefálica. La agresión ocurrió en medio de la violenta represión policial contra manifestantes, jubilados y trabajadores de prensa en las inmediaciones del Congreso.

La familia de Grillo y organizaciones de derechos humanos denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad y exigieron explicaciones al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

En tanto, se solicita donantes de sangre de cualquier grupo y factor. Quienes puedan colaborar deberán presentarse el jueves 13 de marzo por la mañana en el Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía (General Urquiza 609, CABA) con DNI, mencionando que la donación es para Pablo Grillo.

En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei destacó los logros de su gobierno y aseguró que "el país es radicalmente distinto a lo que era hace un año". En su discurso, subrayó que se ha cumplido el 97% de las promesas de campaña y defendió las políticas implementadas, como la reducción de la inflación, el crecimiento económico del 5% en 2024 y el ajuste fiscal logrado en su primer mes de gestión.

Milei también abordó temas como las privatizaciones, la seguridad, y la reforma migratoria. Reiteró su compromiso con la reducción del tamaño del Estado y la "motosierra" como símbolo de cambio, enfatizando la necesidad de privatizar empresas públicas y reducir el gasto estatal. Además, pidió avanzar en la ley de baja de edad de imputabilidad y en una reforma migratoria que incremente los aranceles a extranjeros.

El evento se desarrolló en un Congreso marcado por la tensión política. Numerosos miembros de la oposición, incluidos gobernadores peronistas y senadores, decidieron no asistir, lo que dejó bancas vacías en el recinto. En su lugar, militantes libertarios llenaron los palcos para apoyar al presidente. La controversia también se reflejó en la ausencia de figuras como el expresidente Mauricio Macri, mientras que aliados como Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora estuvieron presentes.

El discurso de Milei fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, mientras que los opositores lo criticaron, acusando al gobierno de mentir y maltratar a la oposición.

La primera semana de las sesiones extraordinarias que comienzan hoy estarán monopolizadas por las negociaciones que encarará el Gobierno con los bloques dialoguistas, con el fin de conseguir respaldo para eliminar las elecciones primarias PASO, con el cual se definían los candidatos a cargos electivos.

El Poder Ejecutivo convocó desde este lunes y hasta el 21 de Febrero a sesiones extraordinarias para debatir un paquete de iniciativas de índole electoral, de seguridad, y económicas,  y los  pliegos de Ariel Lijo y de Manuel Mansilla al alto tribunal de la Nación.

Para poder avanzar en el tema central propuesto por el Gobierno que es la eliminación de las Paso, el oficialismo debe alcanzar un acuerdo con bloques opositores ya que esa iniciativa se debe aprobar con 129 votos positivos y 37 en el Senado, con lo cual solo podrá concretarlo si existe respaldo de las bancadas dialoguistas.

Hasta ahora, el PRO y un sector de la UCR estarían a favor de solo suspender las PASO para las elecciones de octubre de este año, y analizar para el futuro una reforma de fondo sobre las elecciones primarias.

El argumento del Gobierno es que la realización de las Paso genera un gasto de 150 millones de dólares, según señaló Francos. En este escenario, el oficialismo solo podría acceder a una suspensión de las elecciones primarias, lo que hasta es rechazado por el presidente Javier Milei que solo quiere la anulación de las Paso.

Por ese motivo y hasta que no se alcance un acuerdo entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas no se convocará al tratamiento formal en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, que conducen los diputados Nicolás Mayoraz, y Manuel Quintar.

También el Gobierno incluyó en el temario el proyecto de Ficha Limpia para que no puedan ser candidatos los dirigentes condenados en segunda instancia por hecho de corrupción, que el Poder Ejecutivo debe girar al Congreso Nacional.

 En cuanto al temario vinculado al paquete de proyectos de Seguridad, la ley Antimafia para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, tiene sanción de Diputados y dictamen de comisión en el Senado, con lo cual se podría tratar en la cámara alta.

Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre crimen organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos. Una de las modificaciones que se contempla es una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.  Otro de los proyectos que quiere aprobar el oficialismo es la reforma del Código Procesal Penal sobre Reincidencia para evitar la puerta giratoria de los delincuentes, cuando ya tienen otros procesos por otros delitos. 

En el temario se incluyó  una reforma del Código Procesal Penal para implementar el Juicio en Ausencia que se podría aplicar para los acusados iraníes y libaneses del atentado terrorista a la sede de la AMIA, que tiene despacho de las comisiones de Legislación Penal y Justicia

La agenda se completa con otra iniciativa de Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos que deberá ser enviado por el Gobierno Nacional.

El Gobierno Nacional envió hoy al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, que busca eliminar leyes obsoletas o que limitan las libertades de los ciudadanos y fueron aprobadas en los gobiernos militares y en las gestiones de presidentes constitucionales del siglo 20. 

La información fue suministrada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien detalló que se buscan eliminar unas 70 leyes entre las que figuran normas donde no se podían realizar protestas y se imponía cárcel por defender en ámbitos internacionales los derechos humanos o tener un carnet de mochilero.

"La ley promueve la seguridad jurídica y remueve los obstáculos para el desarrollo personal y el conjunto del país", agregó.  

En un comunicado, señaló que se apunta a eliminar aquellas normas que "generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios, entre otros". En ese sentido, el funcionario especificó a través de la red social X, que se derogan las leyes que "limitan la libertad individual y que restringen el derecho de propiedad".  

Entre ellas, mencionó una ley del Gobierno de Juan Domingo Perón que "impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país".

También informó que se busca eliminar la ley 18312 del Gobierno militar de Juan Carlos Onganía que "el Estado intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel de diario".  

El ministro también señaló que se busca anular la ley 19.787 del gobierno militar de Alejandro Lanusse que obligaba "a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba se debía escuchar, lo cual es un ataque directo a la libertad de expresión". 

Otra norma que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que "obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal".   

Otra de las que se deroga es la ley 20959 del gobierno de Isabel Perón por el cual se otorgaba a los legisladores libre circulación y libre estacionamiento que, para Sturzenegger, "hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática". 

También se intenta eliminar la ley 20983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.

La aprobación en el Senado de la Nación del proyecto que establece una nueva fórmula para la movilidad de los haberes jubilatorios es la nueva saga de enredos en los que se ha sumido la dirigencia política argentina. Como si no tuviéramos sobresaltos los ciudadanos de este país, cada día despertamos sacudidos por nuevas polémicas, revelaciones escandalosas y discusiones sobre asuntos que deberían haberse saldado hace años. El tema del sistema previsional es uno de ellos. 

Tras la sanción de la ley en el Congreso, gobernantes y opositores se lanzan dardos cruzados, las internas rugen en algunas alianzas, los cuestionamientos son airados, los silencios también aturden y nadie, absolutamente nadie, asume su responsabilidad de haber sido partícipe en la forja de una realidad dramática para millones de argentinos que apenas sobreviven pese a haber aportado durante toda su vida laboral para gozar de un retiro más o menos digno. 

La de tirar la piedra y acusar al adversario es una actitud tan antigua como ajada. Pero vuelve con fuerza en este tiempo de desmesuras verbales y violencias que se pretenden encubrir. Lo cierto es que la irresponsabilidad de quienes gobernaron en anteriores períodos es tan evidente como el dogmatismo de los que hoy ocupan los espacios de poder.

La irresponsabilidad de quienes gobernaron antes es tan evidente como el dogmatismo de los que hoy ocupan los espacios de poder. Quienes hoy se duelen por los jubilados deberían reflexionar sobre sus propias acciones, en lugar de solo criticar el ajuste actual. 

Legisladores de la oposición que hoy se duelen por los jubilados deberían reflexionar sobre sus propias acciones cuando estuvieron en el poder, en lugar de solo criticar el ajuste actual. Otros líderes también tendrían que pensar seriamente en no utilizar el tema de las jubilaciones para resolver disputas internas. Asimismo, sería importante que quienes gobiernan hoy muestren empatía hacia la difícil situación que enfrentan millones de personas “beneficiarias” de un sistema previsional que ha sido gravemente afectado por el uso de sus fondos con fines políticos, la implementación de moratorias populistas y la gestión incompetente de militantes sin idoneidad ni la preparación necesaria. 

En este escenario complejo, el aquelarre político ha tomado una nueva confusa dirección. Son pocas voces aportan claridad sobre los posibles beneficios de mantener el sistema actual o modificarlo según la nueva ley aprobada por el Congreso. En medio de la destemplanza, no hay respuestas concretas a la pregunta acerca de si este nuevo esquema de movilidad será la solución definitiva para solucionar el drama de las jubilaciones en el país. 

Mientras la dirigencia se enfrasca en otro debate estéril de la política más retorcida, con final todavía incierto, entre amenazas del veto presidencial y de su factible rechazo posterior en el Parlamento, los jubilados asisten, incómodos, marginados y sin voz a esta discusión que impacta en sus vidas. Como convidados de piedra, los millones de jubilados que cobran la mínima podrían invitar a sentarse a su mesa a estos Tenorios de la política, con la esperanza de que, por fin, tomen nota de sus penurias.

La senadora de la Unión Cívica Radical (UCR) Carolina Losada informó que los titulares de todos los bloques de la Cámara de Senadores presentaron una nota para rechazar el aumento del 6,5% en las dietas. 

“No se va a cobrar. Se está presentando una nota en este momento de todos los presidentes de bloque juntos para desengancharse”, reveló la legisladora en la previa al ingreso al Congreso. 

En la misma línea, explicó: “Esto es algo que se hacía automáticamente, no es que lo votamos. Hubo una resolución que se votó hace un tiempo que enganchaba los sueldos a los aumentos del resto de los empleados”. 

"Los aumentos que se le dan a los empleados durante tres meses, no es ese monto que se dijo públicamente, era de un 2% por mes: eran 2% para junio, julio y agosto. En el último mes se hubiera cobrado eso", completó.

Asimismo, subrayó: “Lo cuento para que los que están buscando tapar lo que realmente es importante en Argentina hoy”.

Por otra parte, insistió en rechazar la postulación del Poder Ejecutivo para que el juez Ariel Lijo forme parte de la Corte Suprema. “Hay cosas que también tenemos obligación como medios de comunicación que es explicarle a la gente las cosas que van a afectar su vida. El tema de Lijo, por ejemplo”, planteó. 

“El juez Lijo tiene 32 denuncias y es uno de los tres jueces más denunciados en Comodoro Py y se está proponiendo como integrante del máximo tribunal. Eso afecta la vida de cada uno de los argentinos. Y está bueno que le contemos a la gente cómo afecta eso”, insistió la senadora. 

Para Losada, la seguridad jurídica es central por lo que anticipó que rechazará la propuesta de Lijo: “No podemos traicionar el voto de los argentinos. La gente votó transparencia y la transparencia incluye a la justicia porque es uno de los organismos fundamentales para que la transparencia exista”.

“No hay casta política si no hay una casta judicial que la ampara. Entonces no votemos casta judicial que la ampara. No votemos casta judicial. No le fallemos a la gente que quiere transparencia en la política, en la justicia y en todo lo que afecta la vida de los argentinos”, concluyó.

El Gobierno giró hoy a la Cámara de Diputados un proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los trece años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.

El oficialismo puntualiza que es necesario bajar la edad de imputabilidad ya que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.

Los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio que iba a mandar esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años que es la edad establecida en el actual régimen penal.

El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.

Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy), aunque se estima que no será sencillo ya que es un tema que divide las aguas dentro del Congreso Nacional.

El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

A lo largo del proyecto se establece que no se le impondrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20, aunque si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes. 

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”

“En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”, agrega.

En ese sentido, el oficialismo destaca que “por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social"

Subraya que desde la sanción de la ley penal juvenil “el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes - muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales- y con las necesidades de la sociedad”.

El oficialismo logró hoy firmar dictamen de mayoría junto a diputados de los bloques “dialoguistas” a favor del paquete fiscal, iniciativa en la cual se insiste con la vuelta de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, aunque las voluntades para reflotar este tributo están muy ajustados y corre serios riesgos de caerse en la votación del próximo jueves.

El dictamen de la Ley de Medidas Fiscales, que será votado en la sesión del próximo jueves seguidamente del tratamiento de la Ley Bases, fue firmado por 27 diputados que integran la comisión de Presupuesto y Hacienda, cuatro de ellos en disidencia (Juan Manuel López de la Coalición Cívica, y los radicales Martín Tetaz, Mariela Coletta y Lisandro Nieri).

Además de La Libertad Avanza, refrendaron la iniciativa el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica; mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda evitaron plegarse, tal como se esperaba. Tampoco lo hizo el radical bonaerense Pablo Juliano, quien ya había marcado diferencias en la votación anterior de fines de abril.

Mirando de reojo el panorama complicado para resucitar el impuesto a las Ganancias, urgidos por la necesidad de concretar el retorno de este impuesto coparticipable que hasta su cancelación aportaba ingentes recursos a las provincias, un grupo de siete gobernadores recibió más temprano a diputados nacionales de la UCR y de Hacemos Coalición Federal para hacerles sentir la presión. 

En la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones fueron parte de ese operativo los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco), el del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y los peronistas Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). 

No pudo estar Ignacio Torres (Chubut), quien se excusó por estar afectado a un viaje a Italia para asistir a un foro internacional, ni tampoco Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), y Claudio Poggi (San Luis).

Ya resuelto el apoyo a los cambios del Senado tanto a la Ley Bases como al grueso del contenido del paquete fiscal, la expectativa pasa ahora sobre qué sucederá con el impuesto a las Ganancias. 

La media sanción de Diputados incluía la restitución de ese tributo que había sido eliminado por ley a instancias del Gobierno anterior (con el singular apoyo del actual presidente Javier Milei y de la actual vicepresidenta Victoria Villarruel), pero después el oficialismo no pudo sostener ese capítulo en la votación particular del Senado, como tampoco la rebaja en las alícuotas de Bienes Personales.

En este marco, la decisión que tienen en sus manos los diputados es si insistir en el dictamen que había salido con media sanción de Diputados, que incluía la reposición de Ganancias y la reforma de Bienes Personales, o bien aceptar el rechazo parcial del Senado.

Atento a esta circunstancia y a sabiendas de que al oficialismo no le sobra nada para insistir con Ganancias, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, volvió a reunirse con los referentes de los bloques dialoguistas para “porotear” los votos.

En el dictamen de mayoría, el oficialismo y los bloques dialoguistas aceptan las modificaciones del Senado a la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes, con la salvedad de insisten con los artículos que reponen la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y rebaja de Bienes Personales.

A su vez, el dictamen de mayoría insiste en la redacción del artículo 111° de la sanción de Diputados sobre gastos tributarios, que sugiere la eliminación de regímenes especiales en determinadas provincias.

Dolorosa y lamentable es siempre la violencia política. Nace de la intolerancia y la carencia de espíritu democrático de minorías exaltadas y recalcitrantes de extrema izquierda que se auto adjudican la representación del pueblo. Se desata en las calles cuando los verdaderos representantes de ese pueblo discuten el contenido de una ley en el Congreso de la Nación. Y termina siempre con un triste saldo que se mide en bienes destrozados y vidas en peligro. 

Lo que sigue también es conocido: los vándalos denunciarán la represión policial “contra el pueblo que se manifiesta” y los “intelectuales” justificadores de la violencia lanzarán toneladas de “fake news” intentando despegarse de los incidentes y atribuyéndolos a fuerzas oscuras infiltradas por el gobierno para desvirtuar los “sagrados” fines de la movilización popular. 

Las historias se repiten. En especial cuando los gobiernos no son del signo político que más ha ejercido el poder desde 1983 a hoy.  En diciembre de 2017, el gobierno de Mauricio Macri pretendía aprobar la ley de Movilidad Jubilatoria. Antes de aquella sesión, algunos voceros de estos grupos radicalizados se sumaron al palabrerío de gremialistas acostumbrados a navegar por las lodosas aguas de la extorsión como método de acción política. “Se los decimos a los senadores de la Nación: el que levante la mano en contra de los jubilados va a salir publicado con foto y fecha de nacimiento. Se acabó lo de votar en contra de un pueblo a cambio de nada”, afirmó uno de ellos en aquel diciembre caliente que albergó una jornada dramática donde se tiraron 14 toneladas de piedras. Lo mismo hicieron esta vez. Amenazaron primero y generaron luego los disturbios. 

Aquella tarde de 2017, los manifestantes intentaron tomar el Congreso para evitar la sesión. En los alrededores del palacio legislativo hubo gravísimos incidentes entre los activistas con la Policía. Sebastián Romero, mejor conocido como el Gordo Mortero, se convirtió en una de las caras visibles de esa jornada. La sesión, finalmente, se abortó. 

Ayer, mientras se debatía la Ley Bases, volvieron a la carga. No llegaron a arrojar 14 toneladas de piedras. Pero la imagen dramática del incendio del automóvil de Cadena 3 se convirtió de inmediato en el símbolo contundente de cómo el fanatismo y el sectarismo se conjugan para debilitar las instituciones democráticas de la Nación. 

Solo pudieron dar vuelta algunos autos. No consiguieron dar vuelta el curso de los acontecimientos porque la sesión continuó y la Cámara Alta anoche tras el desempate de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, aprobó una votación crucial. Los violentos de siempre pretendieron –otra vez- dar vuelta la historia. No lo consiguieron. Moraleja: llenan plazas y tienen muchas piedras, sí. Pero no representan a quienes dicen representar. Basta recordar que cuando se dan vuelta las urnas, recogen muy pocos votos.

Manifestantes de izquierda y movimientos sociales, y efectivos de fuerzas federales protagonizaron hoy momentos de tensión frente al Congreso, en momentos en que se trataba en el Senado el proyecto de la Ley de Bases, mientras que arrojaron gases lacrimógenos que afectaron, entre otros, a cinco diputados kirchneristas, quienes debieron ser asistidos por servicios de emergencia.

En ese marco, una de las imágenes del día fue cuando los manifestantes dieron vuelta un auto del móvil de Cadena 3 y posteriormente lo prendieron fuego en las inmediaciones del Congreso. 

Los legisladores de Unión por la Patria Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés fueron hospitalizados tras los incidentes ocurridos por la tarde frente al Congreso, mientras en el Senado se trataba la Ley Bases que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Esos diputados realizaban un acto, cuando se produjeron choques entre fuerzas federales, que arrojaron gas pimienta, y manifestantes en las inmediaciones del edificio legislativo.

Los uniformados, que realizaban un doble cordón para rodear el edificio parlamentario, arrojaron algunos gases lacrimógenos contra los manifestantes en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia, donde se produjeron forcejeos.

Del operativo implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación participaban, además de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería y Prefectura.

"Empezamos a caminar hacia la Plaza y empezó a acercarse gendarmería y la Policía a rodearnos y a tirar gases", se quejó la diputada Cecilia Moreau, hija de Leopoldo Moreau, en declaraciones a la prensa.

"Nos identificamos como diputados y la respuesta fue tirarnos gases", lamentó por su parte su compañero de bancada Pedrini.

Los cinco diputados afectados en los ojos por los gases recibidos debieron concurrir al Hospital Oftalmológico Santa Lucía. 

Horas más tarde, los incidentes retornaron con los manifestantes lanzando piedras a los uniformados y estos respondiendo con gases y chorros de agua, mientras que instantes después se produjo la quema del auto del medio Cadena 3.

De esa situación se hizo eco el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de las redes sociales: "Tiran piedras a las fuerzas de seguridad. Pocas cosas son tan antidemocráticas como la izquierda argentina", escribió el funcionario.

NOTICIA EN DESARROLLO 

Dirigentes de todo el arco político se manifestaron hoy luego de que el presidente, Javier Milei, dio esta noche su mensaje ante la Asamblea Legislativa por el inicio de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. 

“Un mensaje claro, firme y con coraje. Todos los argentinos tenemos que apoyar al Presidente y la clase política aceptar esta invitación en un gesto de humildad y grandeza. Presidente, el PRO estará en Córdoba para firmar el Pacto del 25 de Mayo”, posteó el ex mandatario nacional Mauricio Macri con relación a la convocatoria del jefe de Estado. 

En declaraciones a la prensa presente en el parlamento, el mandatario cordobés, Martín Llaryora, expresó: “Todos los gobernadores de destinos tenemos que ir a la convocatoria del Presidente". 

“Creo que tiene ser más amplia. Estarán las mesas productivas y de los trabajadores. Argentina necesita una reforma estructural, pero no un capricho ni decisiones autoritarias”, aseguró el mandatario provincial respecto del llamado a un pacto por parte de Milei.   

“Señor presidente @JMilei, comparto la necesidad de austeridad y de recuperar el valor de la política al servicio de la gente. Siempre que me convoque a trabajar por la Argentina, a motorizar el cambio para que los argentinos de bien puedan trabajar y progresar libremente, ahí estaré presente. Cuente con eso”, escribió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. 

“ES TODO O NO ES NADA. Enorme discurso del presidente @JMilei. Llegó la hora: los argentinos de bien nos merecemos un mejor país, sin los obscenos privilegios de la clase política”, posteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras las palabras de Milei. 

“El discurso más emocionante de nuestra historia!”, escribió en la misma línea que Bullrich el ministro de Economía, Luis Caputo. 

Por su parte, con relación a la convocatoria del Presidente a lo que denominó “El pacto de Mayo”, el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi expresó: “El Pacto de Mayo es un abrazo del oso (o en este caso del león ). Extorsivo: cambia ley ómnibus por alivio fiscal (plata para las provincias)"

 "Abre la puerta para las AFJP. Es anti industrial. Intento de apropiarse de la explotación de los recursos naturales de las provincias”, consideró.

El presidente Javier Milei convocó a gobernadores, expresidentes y líderes de partidos políticos a "deponer intereses" y los llamó a que el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba se firme "un nuevo contrato social" con diez políticas de Estado, que estará sujeta a la aprobación de la Ley Bases y a un nuevo Pacto Fiscal, y anunció el envío al Parlamento de un paquete de leyes "anticasta".

En un discurso de un poco más de una hora, Milei dijo que el objetivo es "dejar atrás las antinomias del fracaso y abrazar ideas de la libertad", con las diez políticas de Estado que el país necesita", que enumeró al hablar ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el 142 período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

En ese marco, informó que instruyó a sus ministros para que, "antes de firmar el Pacto de Mayo", el 25 de mayo en Córdoba, convoquen a los gobernadores "a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo" para "sancionar la ley Bases y un paquete fiscal de alivio para las provincias".

"A los argentinos les pido paciencia y confianza. Vamos por el camino correcto. Viva la libertad carajo", concluyó el mandatario su discurso, en el que realizó un duro diagnóstico de la "herencia" recibida del gobierno de Alberto Fernández.

"A los argentinos les pido paciencia y confianza. Vamos por el camino correcto. Viva la libertad carajo"

Javier Milei

En un mensaje a los sectores opositores, el Presidente dijo que en la política "si bien no elegimos el camino de la confrontación tampoco lo escapamos" y aseguró que, "si eligen el camino de la confrontación, se encontrarán" con algo "diferente a lo que conocen".

"La política no es un fin en sí mismo, no vivimos de la política, lo único que tenemos es sed de cambio. Si bien no elegimos la confrontación, tampoco le escapamos. Si buscan conflicto, conflicto tendrán", advirtió el mandatario.

En su mensaje, anunció asimismo el envío al Congreso de un "paquete de leyes anticasta" que, entre otras cuestiones, contempla la eliminación de jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes.

Asimismo, dijo que obligarán a sindicatos "a elegir autoridades de forma periódica supervisados por la justicia electoral, con una sola reelección posible, y los convenios colectivos específicos primarán sobre convenios colectivos del sector".

Como parte de las reformas que impulsará se encuentra también la "eliminación del financiamiento de partidos políticos" y la reducción "de los contratos para senadores y diputados de la Nación" y "se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar con motivo de paro".

En el inicio de su discurso, Milei cuestionó en duros términos el funcionamiento del Estado, al que calificó como una "asociación criminal" diseñada "para que detrás de cada trámite haya una coima para el político de turno", algo que "afecta a todos los poderes del Estado".

En ese marco, afirmó que la Argentina se encuentra en "el momento más crítico su historia" y afirmó que, "luego de más de 100 años de modelo empobrecedor, los últimos 20 años han sido un desastre económico, con una orgía de gasto público, emisión descontrolada y la peor herencia que un gobierno haya recibido".

Entre otras medidas, el Presidente destacó el cierre del INADI que "gastaba millones de pesos para mantener militantes rentados" y anunció que "en esta misma línea" su gestión va a "a cerrar la agencia Télam".

La vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel abrió a las 20.02 la Asamblea Legislativa del Congreso, donde brindará su primer discurso el presidente Javier Milei para dejar inaugurado el 142 período de sesiones ordinarias.

La titular del Senado abrió la sesión acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Luego, se designaron las comisiones de Exterior y Interior que recibieron al primer mandatario en la calle Entre Ríos: la Comisión de Exterior estuvo integrada por los diputados de La Libertad Avanza, Mercedes Llano, de Avanza la Libertad José Luis Espert, del Pro Karina Bachey, de Innovación Pamela Calletti, de Unión por la Patria, Jorge Chica, y de la UCR, Roberto Sánchez, y por los senadores Martín Enrique y Martín Gerling Lara, de la Justicia Social, Beatriz Ávila, del Frente de Todos, Silvina García Larraburu, de Unión Ciudadana, Carlos Linares, de la Libertad Avanza Ivana Arrascaeta y de la UCR, Carolina Losada.

En tanto, la comisión de Interior estuvo integrada por el diputado de La Libertad Avanza Carlos Zapata, del Pro Sabrina Ajmechet, de Unión por la Patria, Martín Aveiro y Mónica Litza, de Hacemos Coalición Federal, Florencio Randazzo, y de la UCR, Gabriela Brouwer de Koning, y por los senadores de la UCR, Flavio Sergio Fama, de La Libertad Avanza, Antonio Olivero Lucero, del Frente de la Concordia Por Santa Cruz, Natalia Elena Gadalo.

El presidente Javier Milei arribó a las 20.44 al Congreso Nacional, bajo un importante dispositivo de seguridad y escoltado por el regimiento de Granaderos a Caballo y acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei.