La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó patrullajes y controles en Miramar de Ansenuza, Marcos Juárez y Río Cuarto, en el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal. Como resultado de los procedimientos, se secuestraron estupefacientes y dos personas quedaron detenidas.

En Miramar de Ansenuza, en un camino rural sin denominación, los efectivos controlaron a dos jóvenes de 14 y 18 años que se movilizaban en una motocicleta en infracción al artículo 111 de la Ley N° 10.326. Durante el procedimiento, se dispuso el secuestro del rodado y, ante la resistencia de los individuos, la Fiscalía de Turno ordenó que el mayor quedara a disposición de la Justicia por resistencia a la autoridad, mientras que el menor fue restituido a sus progenitores.

Por otra parte, en plaza Sarmiento de la ciudad de Marcos Juárez, ubicada en la intersección de 9 de Julio y Santa Fe, personal de la FPA controló a un joven de 21 años, a quien le secuestraron varias dosis de marihuana. El joven fue detenido y trasladado a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Finalmente, en Río Cuarto, durante un dispositivo preventivo, se incautaron dosis de marihuana y cocaína a dos hombres mayores de edad que circulaban por calle Dr. Rodríguez al 1400 y en la intersección de bulevar Almafuerte y Luis Laspiur. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia competente.

En el marco de los operativos de prevención vial, la Dirección de Seguridad Vial llevó adelante este martes un nuevo control vehicular en San Francisco que finalizó con la incautación de 14 motocicletas por distintas infracciones.

El procedimiento se realizó en la intersección de Paraguay y General Paz, en barrio Catedral bajo la supervisión de la Secretaría de Gobierno y la Dirección General de Prevención y Movilidad Urbana, con la participación conjunta de personal de la Departamental San Justo, Grupo de Saturación Móvil, Motorizada, Policía Federal Argentina y DFI.

Durante el operativo fueron controlados un total de 75 motos. Tras las verificaciones correspondientes, 14 unidades fueron retenidas por diversas infracciones a la normativa vigente, entre ellas la falta de casco, licencia de conducir y dominio.

Los vehículos incautados fueron trasladados al Depósito Municipal, donde quedaron a disposición del Tribunal de Faltas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que, a partir de la Disposición Nº 510/2026, quedó prohibido el producto “Aceite de oliva virgen extra, clásico” de la marca Nucete, en botella de 500 mililitros.

La medida fue tomada luego de un reclamo que recibió dicha Administración Nacional, el cual fue confirmado por la empresa Agro Aceitunera S.A, titular del producto genuino, desde donde avisaron que el producto identificado con el lote L. C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026 es falsificado.

Desde la ANMAT indican que “debido a que se trata de un producto ilegítimo, no es posible garantizar su calidad e inocuidad, por lo que se recomienda a la población que se abstengan de consumir el producto en cuestión. Asimismo, quienes lo tengan en su poder para su expendio deben cesar con su comercialización". 

Personal de Seguridad Vial y la Policía de Córdoba llevaron adelante un control en avenida Los Inmigrantes que derivó en la retención de dos motovehículos por distintas infracciones, en el marco de los operativos de fiscalización de tránsito en la ciudad.

El procedimiento se realizó en inmediaciones de Plaza San Francisco y contó con la participación de unidades especiales y personal de Seguridad Vial. Durante el operativo, se constataron diversas irregularidades que motivaron la retención de los vehículos involucrados.

Desde las autoridades de Seguridad Vial informaron que este tipo de controles se mantienen de manera periódica con el objetivo de garantizar la correcta circulación de vehículos y velar por el cumplimiento de la normativa vigente, buscando reducir riesgos y promover la seguridad de todos los conductores y peatones de la ciudad.

El operativo de seguridad dispuesto por la final de la Primera División de Fútbol Femenino en el estadio Juan Pablo Francia de Sportivo Belgrano concluyó con resultados positivos y sin incidentes. El dispositivo se extendió hasta las 22 del domingo y permitió que el evento deportivo se desarrollara con total normalidad, según informaron fuentes oficiales.

De acuerdo a los datos brindados, el estadio contó con la presencia de aproximadamente 1.000 simpatizantes de Belgrano de Córdoba y unos 100 de Newell’s Old Boys. El despliegue fue supervisado por autoridades de la plana mayor de la Policía de Córdoba, entre ellas el comisario general Antonio Urquiza, el comisario general Ariel Vargas y la comisaria mayor Analía Ludueña.

El esquema preventivo incluyó la participación de más de 300 efectivos policiales pertenecientes a distintas áreas y fuerzas, como Unidades Especiales S.E.O.M., Infantería, Caballería, D.U.A.R., División Explosivos, División Canes, además de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Guardia Urbana y Seguridad Vial. El balance oficial indicó que la jornada deportiva finalizó sin novedades ni situaciones de riesgo.

En el marco del mismo operativo de seguridad, las fuerzas realizaron controles vehiculares en los accesos a la ciudad. A las 17:30, personal de la Policía de Córdoba, junto a Policía Caminera, S.E.O.M., Policía Federal y Gendarmería Nacional, interceptó un colectivo de la empresa Glaswo en el puesto de control ubicado en el peaje de la Ruta Nacional Nº 19.

En el vehículo se trasladaban 40 simpatizantes y, tras la inspección correspondiente, se procedió al secuestro de bebidas alcohólicas y pirotecnia, elementos cuyo ingreso se encuentra prohibido en el estadio de Sportivo Belgrano. El procedimiento permitió reforzar las medidas preventivas y contribuir al normal desarrollo de la final de fútbol femenino entre Belgrano de Córdoba y Newell’s Old Boys.

La inminencia de la temporada estival vuelve a poner en primer plano una realidad tan dolorosa. Y también evitable. Se trata del riesgo que corren niños y adolescentes ante la posibilidad de morir ahogados en piscinas o natatorios. El recuerdo de algunos casos que conmovieron a nuestra comunidad debería bastar para comprender que ninguna medida preventiva es menor cuando se trata de proteger una vida.

En este contexto, las directrices difundidas por la Sociedad Argentina de Pediatría, en consonancia con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, resultan oportunas en este tiempo. Entre ellas se destaca la instalación de barreras que impidan el acceso irrestricto de los niños a las piscinas. Estos cercos perimetrales adecuados, imposibles de sortear, actúan como primera línea de defensa frente a un descuido momentáneo. A esto se suma un principio básico como lo es la vigilancia permanente de un adulto responsable cada vez que un menor se encuentre cerca del agua.

Las medidas preventivas no se agotan allí. Se recomienda propiciar el aprendizaje temprano de la natación y, del mismo modo, asegurar que quienes están a cargo de los niños conozcan técnicas de resucitación cardiopulmonar. También es indispensable el uso de elementos de protección homologados, como chalecos salvavidas aprobados por autoridades competentes, evitando aquellos productos recreativos que se comercializan como juguetes y no están diseñados para emergencias acuáticas.

Asimismo, la prevención debe adecuarse a la edad y al grado de autonomía de cada niño. Los menores de un año son los más vulnerables. Pueden ahogarse en pocos segundos incluso en recipientes domésticos como baldes o tachos que contengan una cantidad mínima de agua. En el caso de los menores de cinco años, las piletas representan el principal foco de riesgo. Y en edades mayores, incluidos adolescentes, los peligros se trasladan a ríos y lagos, donde la subestimación del entorno o un exceso de confianza en las propias habilidades suelen derivar en situaciones riesgosas con la posibilidad de saldos luctuosos.

Frente a este panorama, la responsabilidad es compartida pero indelegable. Las familias deben adoptar todas las medidas de cuidado disponibles y sostenerlas sin excepciones. Y los distintos niveles del Estado -en especial los municipios por la cercanía propia de sus funciones y atribuciones- tienen la obligación de controlar con rigurosidad las condiciones de seguridad en los natatorios públicos, garantizando que se cumpla con las normas establecidas.

Proteger la vida de los menores implica actuar con anticipación. No puede haber margen para la improvisación cuando las consecuencias pueden ser irreversibles. La prevención, entonces, es un deber ético y social impostergable para evitar que el dolor vuelva a imponerse donde debería haber solo disfrute, aprendizaje y crecimiento.

Un hombre de 39 años fue detenido en la madrugada de este sábado en el barrio Consolata luego de oponer resistencia y agredir verbalmente al personal policial durante un control preventivo. El hecho ocurrió en la intersección de calles Salta y Marconi, en el marco de un operativo llevado adelante por el Comando de Acción Preventiva (CAP).

Según el parte oficial, cuando los efectivos intentaron identificar al hombre, este comenzó a alterarse e increpar al personal actuante y oponiendo resistencia en todo momento al procedimiento.

Ante la situación, los policías procedieron a su detención y posterior traslado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la fiscalía de turno.

El municipio de San Francisco recordó que la venta de anteojos pregraduados o para sol solo está permitida en ópticas habilitadas y atendidas por profesionales matriculados, conforme a la Ordenanza N° 4443, vigente desde agosto de 1997. La medida busca resguardar la salud visual de los vecinos y asegurar que los productos ópticos cumplan con los estándares de calidad y adaptación necesarios para cada usuario.La legislación prohíbe expresamente la venta de anteojos en comercios no habilitados, ferias o vía pública, así como a través de plataformas digitales cuando no exista un responsable técnico matriculado. El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y el decomiso de la mercadería.“El intendente Damián Bernarte me recibió para dialogar sobre esta problemática, la verdad que la reunión fue muy productiva”, expresó Laura Morassut, representante en San Francisco de la Cámara de Óptica de la Provincia de Córdoba. La profesional destacó que fue “la primera vez que nos estaban esperando con una propuesta y dispuestos a ocuparse del tema”.Morassut explicó que la iniciativa local despertó interés en la entidad provincial: “Desde la Cámara se comprometieron a promocionar todo lo que se está haciendo en San Francisco para que otras ciudades lo tomen como modelo a seguir”.Según señaló, el crecimiento de la venta informal de anteojos, tanto en ferias como por redes sociales, representa un riesgo para la salud visual de la población, ya que “los productos no cuentan con el control óptico necesario ni con la garantía de adaptación que brinda un profesional”.“Un lente mal graduado o de baja calidad puede generar desde dolores de cabeza hasta problemas visuales más graves”, advirtió Morassut, y subrayó la importancia de recurrir siempre a ópticas habilitadas y profesionales matriculados.El municipio, en tanto, reforzará los controles y campañas de concientización para evitar la venta irregular de anteojos y proteger la salud visual de la comunidad. 

Sigue en marcha en San Francisco la campaña dermatológica gratuita orientada a la prevención y detección temprana de enfermedades de la piel, especialmente el cáncer de piel. La iniciativa se desarrolla en la Asistencia Pública, ubicada en Colón 165, y está dirigida a toda la comunidad.

El programa municipal apunta a reforzar la importancia del control periódico de lunares y manchas, promoviendo prácticas de cuidado preventivo que permitan advertir a tiempo cualquier alteración cutánea.

 Las consultas serán realizadas por los médicos dermatólogos Julia y Reinaldo Blanzari en los siguientes días y horarios: viernes 31 de octubre, de 9 a 11; viernes 7 de noviembre, de 9 a 11; y jueves 20 de noviembre, de 15 a 17.

Para acceder a los turnos, los interesados deben presentarse previamente en la Asistencia Pública. Desde el municipio remarcan que revisarse la piel de manera regular es clave para detectar a tiempo posibles lesiones malignas y evitar complicaciones futuras, bajo el lema que guía la campaña: “Tu piel también habla, aprendé a escucharla”.

En el marco de un importante dispositivo de seguridad dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desplegó móviles y efectivos en distintos puntos de San Francisco y de varias localidades del departamento San Justo.

Los controles preventivos se realizaron en espacios públicos, zonas comerciales, terminales de ómnibus y sectores considerados vulnerables. Además, se llevaron a cabo patrullajes estratégicos y paradas preventivas con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y detectar posibles maniobras vinculadas al narcomenudeo.

El operativo alcanzó a las ciudades y localidades de San Francisco, Las Varas, Saturnino Laspiur, Marull, Balnearia, Miramar, Devoto, La Francia y Arroyito.

Desde la FPA destacaron que este tipo de intervenciones se desarrollan en el marco del plan territorial de lucha contra el narcotráfico que impulsa el Ministerio Público Fiscal en toda la provincia de Córdoba.

Durante el mes de junio, la Dirección de Seguridad Vial de la Municipalidad de San Francisco intensificó los operativos de control vehicular con resultados que preocupan: el 19% de los rodados inspeccionados fue retenido por diversas infracciones. Esta cifra, que representa casi dos de cada diez vehículos, pone de relieve un problema persistente en la ciudad: el bajo cumplimiento de las normas básicas de tránsito, especialmente entre los conductores de motocicletas.

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos del ejido urbano y contaron con la participación coordinada de la Policía de Córdoba —a través del Grupo de Saturación Móvil—, la Guardia Local de Prevención y Convivencia, y el monitoreo constante del Centro de Atención Ciudadana. Según el informe oficial, las principales infracciones fueron la falta de casco, la ausencia de patente o documentación obligatoria. En su mayoría, las faltas se registraron en motos, que fueron luego trasladadas al Depósito Municipal y quedaron a disposición del Tribunal Administrativo de Faltas.

Desde el municipio insisten en que estos controles no buscan sancionar sino prevenir. "Son herramientas fundamentales para generar conciencia. La seguridad vial no es solo un tema de multas, sino de responsabilidad social", indicaron desde la Dirección de Seguridad Vial. El diseño de estos operativos se basa en datos del Observatorio de Seguridad Vial, que orienta las acciones hacia zonas de mayor riesgo.

Pese a estos esfuerzos, el reclamo vecinal no se hace esperar en sectores donde los siniestros se repiten. Tal es el caso de la esquina de Trigueros y Bv. Roca, donde en los últimos días se registró otro choque con importantes daños materiales. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales ni heridos graves, pero la reiteración de este tipo de incidentes alimenta el pedido de intervención.

El concejal Marco Puricelli, de Juntos por el Cambio, volvió a insistir con el proyecto que propone la instalación de un semáforo en ese cruce. “No es un capricho, es adelantarse a los hechos de lo que surge de la experiencia y del conocimiento técnico”, explicó, y recordó que el pedido ya fue presentado en dos ocasiones, la primera de ellas el año pasado. “¿Hasta cuándo hay que pelear por lo obvio?”, se preguntó el edil, visiblemente molesto porque la iniciativa fue enviada a comisión sin mayores avances.

El reclamo de Puricelli incluye también la reconfiguración de otras esquinas críticas como Juan de Garay y Trigueros. "Hay que trasladar el semáforo de Ecuador y convertir esa calle en mano única", sostuvo, en línea con propuestas presentadas en el Concejo con base en relevamientos técnicos y el testimonio de los vecinos.

A la par de los operativos y los reclamos, el año 2025 suma hasta el momento un saldo trágico en cuanto a víctimas viales. En apenas seis meses, ocho personas perdieron la vida en accidentes de tránsito dentro del radio urbano o en zonas cercanas a San Francisco.

La primera tragedia del año ocurrió el 1 de febrero. Diego Luis Bolaños, de 34 años, falleció tras chocar con su moto Suzuki AX100 contra un Peugeot 2008 en avenida 9 de septiembre. Apenas un día después, el 2 de febrero, Agustín Battistino, de 18 años, murió en la ruta provincial 1 como acompañante de una motocicleta que despistó.

Durante marzo, el 14, Sergio Carlos Sánchez (74) falleció cuando su auto cayó en un canal de desagüe en la intersección de Brigadier Bustos y Rosario de Santa Fe. Dos semanas más tarde, el 28 de marzo, Tomás Nahuel Bravo (22) murió al perder el control de su Yamaha XTZ 250cc e impactar contra un poste en avenida Urquiza e Independencia.

El 1 de abril, Ignacio Albarracín (27) falleció en un violento choque frontal entre dos motos en bulevar 9 de Julio, en barrio Sarmiento. El 18 del mismo mes, Enzo “Pipo” Vega (17) fue atropellado por un automovilista que se dio a la fuga mientras circulaba en bicicleta por la autopista 19. El conductor fue detenido horas más tarde.

Ya en mayo, el día 7, un accidente en Trigueros y Castelli le costó la vida a Rubén Ludueña, de 70 años, quien viajaba en moto y colisionó con una camioneta. Finalmente, el 22 de junio se conoció la muerte de Franco Lagrost Vaca (20), quien había sufrido un grave accidente en mayo y permaneció internado por más de un mes.La Fiscalía de Delitos Complejos imputó por presunto homicidio culposo agravado al conductor de la camioneta Ford EcoSport involucrado en el accidente en Cervantes y Falucho que derivó en la muerte de Franco , tras más de un mes de internación.

Cada nombre, cada caso, se inscribe en un registro doloroso que da cuenta de lo lejos que aún estamos de una circulación segura. Los esfuerzos institucionales y los reclamos ciudadanos parecen ir en paralelo, pero no siempre se cruzan. Los controles existen, pero las estadísticas de muertos y heridos siguen marcando una realidad alarmante. Entre vehículos sin casco, esquinas sin semáforo y vidas truncadas, San Francisco enfrenta el desafío de transformar su cultura vial.

La madrugada del sábado fue agitada para la Guardia Local de San Francisco, que debió intervenir en dos episodios con potencial riesgo para la seguridad vial y ciudadana.

Pasadas las 00.30, el Centro de Atención Ciudadana envió una patrulla a la avenida Cervantes, en la zona costanera, donde se reportaban maniobras peligrosas por parte de un grupo de motociclistas. Al llegar, los agentes constataron la caída de un joven que circulaba en una motocicleta Honda Wave blanca sin dominio visible. Mientras se procedía a la retención del vehículo, un grupo de acompañantes reaccionó con violencia: comenzaron a golpear el móvil oficial a patadas y puños e intentaron sustraer la llave del mismo. Ante esta situación, se solicitó apoyo y personal policial y de Tránsito se presentó en el lugar para garantizar la intervención y proceder a la retención de la moto.

Horas más tarde, alrededor de las 6 de la mañana, personal de la Guardia Local detectó un automóvil Volkswagen blanco circulando en contramano sobre calle Iturraspe. Tras detenerlo, se constató que el conductor, un hombre mayor de edad, presentaba signos de intoxicación. La prueba de alcoholemia realizada por Tránsito arrojó un resultado positivo de 2,1 g/l, más de cuatro veces el límite permitido por ley. El vehículo fue inmediatamente retenido.

En la madrugada del miércoles 30 de abril, personal policial llevó a cabo dos secuestros de motocicletas en barrio Sarmiento de San Francisco, por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana (Ley 10.326).

El primer procedimiento ocurrió a la 1.30 en la intersección de Brigadier López y Larrea, donde se secuestró una motocicleta Zanella ZB de 110 cc. El conductor, un joven de 23 años, no llevaba casco, el vehículo no tenía dominio visible y carecía de la documentación obligatoria.

Media hora después, a las 2, en la misma calle, fue retenida una Honda Wave de 110 cc por las mismas irregularidades: el conductor, también de 23 años, no usaba casco, no presentó los papeles del rodado y este tampoco tenía patente visible.

Ambos casos constituyen infracciones al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana, que establece sanciones por la conducción de vehículos sin cumplir con las normas de seguridad y documentación requeridas.

Control policial en la autopista Buenos Aires – La Plata. Se le pide a un conductor que haga la prueba de alcoholemia. La persona se niega a hacerlo. Aduce que alguien lo está filmando y de inmediato pide que le labren el acta de infracción, invocando para ello su supuesto derecho a negarse a cumplir la orden de los uniformados. Como se le retira la licencia, el conductor obliga a un empleado de la empresa Autopistas de Buenos Aires a que lo lleve a su casa. Y dispone que otro automóvil traslade de regreso al agente hacia el lugar donde se está llevando a cabo el operativo. 

La escena, que de por sí raya el escándalo, se volvió aún más grave cuando se supo que el protagonista del episodio —el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Blanco— acumula más de 20 millones de pesos en multas impagas por infracciones de tránsito. Una cifra que no solo habla de impunidad, sino también de una conducta sistemática de desprecio por la ley.

El hecho no es aislado. Expone una práctica arraigada en distintos espacios del poder político: la idea de que algunos funcionarios están por encima de las normas que rigen al resto de la ciudadanía. Que gozan de privilegios, amparados en el ejercicio de cargos públicos que deberían, en cambio, exigirles un estándar ético más elevado.

Sobran ejemplos de esta lógica muy particular: desde el vacunatorio VIP y la fiesta clandestina en Olivos durante la cuarentena más estricta, hasta la admisión de que asesores estatales son pagados con dinero público solo para hacer política partidaria o los caprichos de un consultor todopoderoso que opera desde las sombras. Pasando, claro, por “románticos” viajes en yate al Mediterráneo. Todo eso mientras los dirigentes de todos los signos ideológicos se jactan, en público, de ser intérpretes de las necesidades ciudadanas.

Se podrá argumentar que la anomia -esa costumbre de mirar para otro lado ante la infracción- es una constante en la sociedad argentina. Que eludir las normas aún es visto como un gesto de picardía criolla. Pero cuando el poder abusa incluso en los gestos más simples -como en un control vial-, el daño se profundiza. Porque muestra un rostro del poder en el que detrás de sonrisas impostadas y floreados discursos se esconden conductas de dudosa o nula estatura ética, amenazas veladas contra quienes se animan a disentir, operaciones montadas desde las sombras, “carpetazos” y teorías conspirativas como herramientas cotidianas.

La democracia se debilita cuando el poder deja de dar el ejemplo. Cuando el ejercicio de un cargo se convierte en escudo para no cumplir la ley. Cuando la distancia entre lo que se dice y lo que se hace ya ni siquiera intenta disimularse. La mentira entronizada y la hipocresía como sistema no son simples defectos: son síntomas de agonía de la moral. 

San Francisco atraviesa una situación alarmante en cuanto a la seguridad vial, con la pérdida de dos vidas en solo cuatro días a raíz de siniestros de tránsito. La tragedia de estas muertes exige una reflexión profunda sobre el comportamiento de los conductores en las calles y plantea un debate urgente sobre las medidas que las autoridades deben tomar para evitar más víctimas. La relación entre las motocicletas y los accidentes de tránsito en esta ciudad se convirtió en una cuestión central que no puede ser ignorada.

El último siniestro fatal ocurrió este 2 de abril, a las 6 de la mañana, cuando un joven de 27 años, identificado como Ignacio Albarracín, perdió la vida tras un choque frontal entre dos motocicletas en el barrio Sarmiento. En la moto que conducía iban tres personas. La otra motocicleta involucrada en el accidente era conducida por un joven de 22 años, quien viajaba acompañado de una mujer. Las circunstancias del accidente aún están siendo investigadas, pero lo cierto es que el saldo fue trágico: Albarracín murió en el lugar y los otros involucrados fueron trasladados al hospital con heridas de diversa gravedad.

Solo cuatro días antes, el 29 de marzo, un nuevo siniestro, esta vez protagonizado por un motociclista de 18 años, elevó la preocupación en la comunidad. Tomás Nahuel Bravo perdió el control de su moto y terminó estrellándose contra un poste en avenida Urquiza e Independencia. Este tipo de accidentes, sumados a los numerosos incidentes "auto-moto" o "moto-moto" que ocurren todos los días, evidencian un patrón de inseguridad que se repite.

El crecimiento de los siniestros viales, especialmente los relacionados con motocicletas, enfrenta a la ciudad a un dilema complejo: ¿cómo mejorar la seguridad vial? Por un lado, algunos sectores exigen la declaración de la "emergencia vial" que implique medidas más drásticas y urgentes. Por otro, desde la municipalidad insisten en que la clave está en los controles y la planificación vial, con obras y medidas específicas para que las motos circulen de manera segura. Instan a la prevención y educación para una cultura vial más responsable.

A nivel global, la seguridad vial es uno de los objetivos prioritarios, y en concordancia con los esfuerzos de Naciones Unidas, el Plan Mundial para el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial busca reducir a la mitad las fatalidades y lesiones para 2030. Sin embargo, en un país como Argentina, donde se registran entre 10 y 11 muertes diarias en accidentes viales, los desafíos son enormes.

La respuesta de las autoridades locales fue principalmente el refuerzo de los controles viales. Los operativos de control vehicular realizados por la Departamental San Justo de Policía de Córdoba, en conjunto con la Dirección de Seguridad Vial y el Grupo de Saturación Móvil, buscan reducir las infracciones y evitar la circulación de vehículos sin documentación, casco o con vehículos en mal estado. Durante la última semana, se llevaron a cabo controles en diversos puntos de la ciudad, con el secuestro de varias motocicletas por diversas infracciones, incluyendo la falta de documentación y el incumplimiento de normas de seguridad.

El objetivo de estos operativos es claro: prevenir la siniestralidad y asegurar que los conductores respeten las normativas. Sin embargo, la efectividad de estos controles sigue siendo un tema de debate. Las estadísticas internacionales muestran que un control más estricto del tránsito, junto con la educación vial, puede reducir considerablemente los accidentes graves. Es que cuando los controles disminuyen, también lo hace el respeto por las normas, aumenta la velocidad y la imprudencia, especialmente entre motociclistas listas jóvenes.

En este contexto, es necesario preguntarse: ¿cómo lograr que el tránsito en San Francisco sea más seguro? La respuesta parece estar en una combinación de medidas, que incluyan no solo más controles, sino también una mayor concientización sobre la importancia de respetar las normas y una planificación vial.

En un operativo de control, personal de la Dirección de Seguridad Vial de la municipalidad de San Francisco detuvo un ómnibus en la intersección de calle México y avenida Maipú, constatando que transportaba un número de pasajeros superior al permitido, entre ellos varios menores de edad. Se informó también que se secuestraron bebidas alcohólicas en el interior del rodado. Ante esta situación, “se solicitó la intervención de la Central de Monitoreo, personal policial y la Guardia Local, además de tomar contacto con la jueza de Faltas, quien estableció los procedimientos a seguir”.

El episodio generó una fuerte reacción en redes sociales, cuya dinámica polarizadora se encendió durante varios días, con comentarios y entredichos sobre distintos aspectos del control, incluyendo la posible presencia de alcohol en el ómnibus y la legalidad del operativo. También se discutió sobre el cumplimiento de la normativa vigente y las competencias de las fuerzas intervinientes, entre otros aspectos.

Por cierto, se trata de temas que deben ser convenientemente esclarecidos. Pero en ellos subyace una problemática compleja que afecta a una porción importante de nuestros jóvenes: la falta de espacios seguros para que los menores de edad puedan divertirse bajo un marco que los proteja y, más profundo todavía, el amparo que la comunidad en su conjunto debe promover para garantizar el bienestar de los jóvenes, especialmente en un contexto donde el delito, las adicciones y otros riesgos están presentes en la vida nocturna.

El traslado de adolescentes hacia localidades de la región para asistir a distintos lugares de diversión nocturna no es un fenómeno nuevo. Durante generaciones, esta práctica ha sido habitual, pero en muchos casos se ha realizado sin las condiciones adecuadas. Existen antecedentes en los que se constataba fácilmente que las condiciones en las que se emprendía viaje no eran las adecuadas. Determinadas situaciones lamentables, algunas con saldo doloroso, lo que subraya la necesidad de un mayor control y responsabilidad en estos desplazamientos.

En este punto, un aspecto clave es el rol de los padres. En casos, por desconocimiento o desidia. En otros, por la propia rebeldía adolescente. Un aspecto clave es la participación de los padres. En algunos casos, no se cuenta con su autorización, ya sea por desconocimiento, desinterés o por la propia rebeldía de los adolescentes. A esto se suma el consumo de alcohol, que incrementa los riesgos, incluso cuando los conductores de los vehículos cumplen con las normativas de tránsito. Además, muchos jóvenes optan por viajar en vehículos particulares, lo que aumenta aún más los peligros.

En definitiva, el debate central debe enfocarse en la protección y seguridad de los menores de edad. Este aspecto debe ser prioritario por encima de cualquier otra discusión. La vida y la salud de los jóvenes deben estar en el centro de las decisiones y acciones relacionadas con la diversión nocturna, tanto en San Francisco como en el resto de la región.

Los operativos de seguridad vial realizados en la madrugada del domingo, coordinados entre la Guardia Local de Prevención y Convivencia, Seguridad Vial y la Policía de la Provincia de Córdoba, dejaron como saldo una serie de intervenciones significativas en nuestra ciudad.

Durante el operativo, que tuvo lugar en distintos puntos de la ciudad, se labraron un total de 21 actas por diversas infracciones. Entre los resultados destacados, se retuvo un motovehículo que circulaba sin dominio y se secuestraron 4 automóviles cuyos conductores dieron positivo en los controles de alcoholemia.

Además, se detuvieron dos vehículos cuyos conductores no contaban con la licencia de conducir correspondiente, y un remis fue retenido por tener la visa de habilitación vencida.

Según informaron fuentes de la Guardia Local de Prevención y Convivencia, estos operativos forman parte de un trabajo conjunto entre las distintas fuerzas de seguridad para prevenir accidentes de tránsito y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La Municipalidad de San Francisco, a través de la Secretaría de Prevención y Movilidad Urbana, llevó a cabo durante la jornada de ayer controles vehiculares en distintos puntos de nuestra ciudad.

Los mismos fueron concretados en calle Pellegrini esquina Libertad, en Bv. 9 de Julio al 2200 y en Av. Libertador Norte esquina Independencia; contando con la participación de personal del Seguridad Vial y de la Guardia Local de Prevención y Convivencia.

Durante los operativos fueron retenidos 4 motocicletas por infracciones varias como falta de caso y de dominio, entre otras. Además se secuestraron 2 remises dado a que no contaban con la habilitación correspondiente. Los vehículos retenidos fueron puestos a disposición del Tribunal Administrativo de Faltas.

Un joven de 23 años fue detenido tras frenar en un control policial y huir por tenencia de drogas, al escapar del mismo arrastró a un agente por más de cinco kilómetros y atropelló a otro.

El episodio sucedió en la madrugada del viernes, en el kilómetro 7 de la Ruta 38, a la altura de Alta Gracia en la provincia de Córdoba, cuando un conductor a bordo de un Toyota Corolla quiso eludir un procedimiento policial, se llevó por delante a un efectivo y atropelló a otro.

Previamente, los agentes descubrieron que llevaban un bolso con distintos tipos de estupefacientes. Al verse acorralados, se produjo un forcejeo y los jóvenes arrancaron el auto a toda velocidad.

Tras el hecho, los policias persiguieron al conductor y realizaron un operativo cerrojo que permitió la detención de ambos jóvenes. El Corolla fue interceptado en el Camino del Lechero, donde les incautaron más de 10 envoltorios con cocaína, 14 envoltorios con tusi, más de 60 comprimidos de éxtasis y marihuana.

Según fuentes locales, ambos efectivos se encuentran internados en el Policlínico Policial y luego derivados a la Clínica Vélez Sarsfield con politraumatismos. 

Por último, uno de los agentes que presenció el momento, ayudó a sus oficiales y mencionó: “Es un milagro que esté vivo, ya que sufrió heridas en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Afortunadamente no tiene ninguna lesión ósea”.

En un operativo de control vehicular realizado por personal de la División Infantería de la Policía de Córdoba, un joven de 27 años fue detenido en San Francisco y se secuestraron estupefacientes. 

El procedimiento comenzó cuando los efectivos policiales interceptaron un remis en la calle San Lorenzo. Al identificar a los ocupantes, se llevó a cabo un control de rutina, durante el cual se hallaron varias dosis de cocaína y marihuana en poder de uno de los pasajeros. Un test realizado por personal de la FPA confirmó la presencia de sustancias ilegales. Además, se descubrió que el detenido tenía un pedido de captura vigente. 

El hombre fue trasladado a la sede policial y puesto a disposición de la Justicia.