El Gobierno nacional prorrogó la intervención de la empresa estatal Corredores Viales hasta completar su privatización y disolución, mediante el Decreto 464/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La extensión en la intervención de la concesionaria de rutas, autopistas y autovías nacionales, dispuesta originalmente a principios de abril, busca consolidar el proceso de privatización autorizado en la Ley Bases y en el Decreto 97/2025, que determinó avanzar en esa dirección bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje.

Al respecto, el Ejecutivo sostuvo en el texto oficial que “resulta necesario continuar con las medidas trazadas en el plan de acción previsto a fines de instrumentar las restantes acciones para consolidar las mejoras, renegociar contratos y asegurar que la transición sea ordenada y eficiente y no ponga en riesgo la continuidad operativa de los corredores”.

En este sentido, consideró que “la complejidad de estos asuntos exige para su resolución de un plazo mayor al período que fuera inicialmente estimado para la Intervención” y estipuló que el tiempo otorgado para dicho proceso “debe ser lo suficientemente amplio para contemplar, entre otras cuestiones, las tareas fundamentales para la transición hacia la privatización y posterior disolución y liquidación”.

El decreto ratificó en el cargo de interventora a Anastasia María de los Ángeles Adem, quien entre otras tareas se ocupa de realizar una auditoría del estado de los corredores viales y otra de gestión al inicio y al final del proceso, evaluar e informar el estado financiero, la estructura orgánica y el funcionamiento en general de la empresa, y elaborar un plan de acción, reformulación y readecuación para presentarlo al Ministerio de Economía.

En ese sentido, expuso que “en el transcurso de la intervención se ha llevado a cabo un análisis respecto de la situación de Corredores Viales S.A. en el cual se determinó, entre otras cuestiones, la existencia de falencias estructurales en la organización, deficiencias en el manejo de la administración, finanzas, compras y contrataciones de la sociedad, de la coordinación legal y de capital humano y en el relevamiento de activos fijos”.

Ante dicho panorama, indicó que “producto del diagnóstico efectuado se iniciaron acciones tendientes a mejorar cada uno de los ámbitos de la empresa a fines de mejorar y eficientizar la actividad de Corredores Viales S.A”.

En esa línea, precisó que “se llevaron a cabo, entre otras acciones, la aprobación de un nuevo organigrama de la sociedad, de normas y procedimientos, reglamentos de compras y contrataciones y pliegos de bases y condiciones generales para una gestión eficaz y transparente del organismo, la constitución de un Comité de Inversiones y la regularización en el área legal, en línea con los objetivos propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional”.

El Gobierno nacional avanzará en la privatización de más de 600 kilómetros de rutas que atraviesan la provincia de Córdoba, incluyendo las rutas 7, 8 y 19. Esta medida se enmarca en un plan más amplio que contempla la privatización de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. En este contexto, se ha anunciado que se instalarán peajes en puntos clave de las rutas, como Sampacho y Vicuña Mackenna.

La ruta 7, ubicada en el sur de Córdoba, ya ha recibido un pedido para convertirse en autovía, mientras que la ruta 8, que pasa por Río Cuarto, presenta un flujo de más de 13.000 vehículos diarios. Por su parte, la ruta 19, que conecta San Francisco con Córdoba, está incluida en los planes de transformación hacia una autopista.

El Gobierno detalló los tramos específicos que serán concesionados, que incluyen:

Tramo IV: Un total de 687 kilómetros entre Pilar (Buenos Aires) y Villa Mercedes (San Luis), pasando por Córdoba y Santa Fe. Este tramo incluye peajes en Larena, Sampacho, Solís y Venado Tuerto.

Tramo VIII: Un recorrido de 722 kilómetros desde Acceso Oeste en Buenos Aires hasta la frontera con San Luis, pasando por Córdoba y el sur de Santa Fe, con peajes en La Paz, Junín, Vicuña Mackenna y Villa Espil.

El plan también contempla la apertura de concesiones en otros tramos no actuales, como la ruta nacional 33 en Santa Fe y la ruta nacional 18 en Entre Ríos. Estas concesiones se dividirán en once segmentos.

El objetivo de la medida es "reducir la carga estatal sobre la infraestructura vial y fomentar la inversión privada para mejorar las condiciones de las rutas y autopistas", según los responsables del proyecto. Esta privatización forma parte de un plan más amplio que incluye la privatización de varias empresas públicas.

A fines de febrero, se realizará una audiencia pública para discutir los detalles del proceso.

El Gobierno Nacional tomó la decisión de privatizar la compañía estatal Corredores Viales S.A. pic.twitter.com/r5vWZIRmJy